Entrevista a Mario Diamonte de Jubilados Clasistas.

–Ya empezamos a ver los primeros “brotes verdes” de la reparación histórica a los jubilados. Se ha anunciado que con el pago de los haberes de diciembre, 600.000 jubilados van a estar cobrando el reajuste que corresponde al programa de reparación histórica instrumentada por el gobierno nacional. ¿Qué opinión te merece este tema?

-En principio hay una opinión generalizada de los beneficiarios que están absolutamente desencantados. Apenas una minoría obtuvo aumentos de entre 2 .000 y 3.000 pesos y el resto son aumentos ridículos que promedian el 10.5% por lo que en realidad la famosa reparación histórica se ha convertido en la estafa histórica, cosa que anticipamos.

Estos 600.000 jubilados que recibieron el ajuste son aquéllos que no iniciaron juicios y en orden decreciente desde los mayores de 80 años a los más jóvenes. Ese ajuste es absolutamente miserable y además el beneficiario lo tiene que homologar con un acuerdo con el Anses y si no lo hace dentro de los 6 meses pierde el ajuste que le otorga la ley.

Es muy probable que muchos opten por iniciarle un juicio al Anses, por el hecho de que no hay retroactivos, solo hay ajuste. Porque en los casos en los que no se inició juicio al beneficiario solo le corresponde el ajuste y no el retroactivo. En general, por los datos que tenemos, excepto los que están en una situación sumamente complicada, mantienen el juicio.

-¿Hablamos de 450.000 juicios?

Hay quienes dicen que son 700.000. Es un dato sobre el que no tenemos mayores precisiones.

-Tomando la cifra oficial de 450.0000 y siendo 2 millones los beneficiarios de los reajustes de haberes, habría un 25% de jubilados que no serían beneficiarios del reajuste porque ya tienen sus juicios iniciados.

-Sí, pero no se sabe cuántos son realmente los que realmente van a ser beneficiarios de esta ley. Hay quienes hablan de un millón. Todo está muy inflado y el objetivo de inflar las cifras tiene que ver con el hecho de que el gobierno plantea que para el año que viene va a haber un gasto de 75.000 millones de pesos destinado a la reparación histórica, lo que está muy lejos de la realidad. Es para justificar meter mano en el fondo de garantía y sustentabilidad (FGS) y liquidar las acciones de empresas privadas en poder del Anses que es un paquete de dinero muy grande.

–Son acciones de empresas de primera línea que quieren recuperar esos títulos que en su momento pasaron a ser propiedad del Estado nacional cuando se estatizaron las Aseguradoras de fondos de pensión (AFJP).

-Exactamente, eran acciones que tenían las AFJP que habían adquirido como inversiones por los fondos de los jubilados y cuando se produce la nacionalización pasan al poder del Anses y esto lo habilita para tener directores en las empresas.

-Esto de las AFJP no solamente fue una estafa sino que lo sigue siendo porque tengo entendido que todavía hay jubilados que cobran un haber ridículo a través de ese sistema.

-Es un tema que estamos siguiendo muchísimo. Son un grupo de compañeros de rentas vitalicias, muchos de ellos integrantes de Jubilados Clasistas. El tema es que cuando se nacionalizaron las AFJP había un sector de esos jubilados que se calculan son 300.000.

-Cómo difieren tus datos de los oficiales, porque el gobierno afirma que son 130.000.

-El tema de las rentas vitalicias es que los jubilados, o quienes estaban por jubilarse a través de las AFJP, eran tentados con las rentas vitalicias y pasaban sus aportes acumulaos como capital a una aseguradora que le garantizaba a la persona una renta durante el resto de su vida. Lo que sucedió es que cuando se realiza la nacionalización, en el artículo 5º de la ley, quedan fuera de la nacionalización. Hay toda una argumentación legal para esto, la Ley 24.241 establecía un sistema público con dos componentes, uno privado, de las AFJP, y otro estatal que era el sistema de reparto. Cuando se nacionalizan las AFJP lo que era sistema público pasa sin problemas, pero lo que eran rentas vitalicias estaban en las aseguradoras que eran privadas.

En realidad a toda esta gente la estafaron, por muchas razones pero, sobre todo, porque muchos habían optado por una renta en dólares que luego fue pesificada, la actualización que recibieron fue tan ridícula que efectivamente hoy los haberes que perciben estas personas en promedio son de 700 pesos.

Lo que se está hablando en diputados, con Néstor Pitrola y otros, es el hecho de que todos los jubilados que están en rentas vitalicias pasen al Sipa (Sistema Integrado Provisional Argentino) y esto está en principio aprobado en la Comisión previsional del Congreso, pero de ahí va a tener que pasar a la Comisión de Presupuesto y recién entonces al Plenario de Diputados, así que esto puede llevar un largo proceso y, mientras tanto, los compañeros siguen penando y te puedo asegurar que quieren incendiar todo.

-El sistema de las AFJP desde sus inicios era una estafa. Recuerdo que yo era el único afiliado que había en el Banco Río al sistema estatal, el resto de mis compañeros estaban en las AFJP y en una oportunidad me llamaron de la Oficina de personal, yo había sido delegado general del banco durante muchos años y el Gerente de personal me preguntó por qué yo era el único que no estaba en una AFJP. Le dije que ese sistema había sido un fracaso tanto en EE. UU., como lo iba a ser en Chile y otros países. No me pudo replicar nada porque conocía bien el tema. Así quedé como la mosca blanca.

-Recordarás que la burocracia sindical de esa época, que todavía hoy muchos dirigen los sindicatos, tenían sus propias AFJP y los delegados eran comisionistas. Esa fue una gran lucha política. Donde yo trabajaba también era delegado y logramos que una gran cantidad de compañeros quedaran en el reparto y la burocracia estaba enfurecida.

-Los sindicatos tenían sus aseguradoras, sus negocios y sus ART vinculadas, parte de ese sindicalismo patronal, empresario que hoy sigue vigente fueron cómplices y partícipes de la estafa a los trabajadores.

-También era una estafa porque te comían en comisiones el 35% de la capitalización, que era una brutalidad desde cualquier punto de vista.

-Ya había fracasado el sistema en EE. UU. y en Chile ahora se está viendo lo que de alguna manera se conocía desde hace 20 años atrás.

-En Chile lo que está sucediendo es que hasta hace muy poco tiempo no había jubilados por el sistema privado y ahora se están empezando a jubilar quienes están en las AFJP. Estas funcionan como fondos de inversión, hacen sus inversiones en este sistema financiero que hoy está en boga en el mundo y en la actualidad las tasas son negativas. Entonces, el negocio financiero se hundió y con ellos las inversiones de los pobres jubilados que tenían su capital en las AFJP. Este es el caso de Chile. Por eso es tan encarnizada la lucha de los jubilados chilenos, es como el caso de las rentas vitalicias acá.

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Un repaso por las privatizaciones en el sistema previsional, lo falaz del sistema de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJPs), la política kirchnerista y la búsqueda de hacer negocios a costa de los jubilados en el gobierno macrista.

Menem lo hizo

El 1° de mayo de 1993 el presidente Menem afirmaba en su discurso de apertura de las sesiones legislativas que “1993 tiene para este presidente una prioridad principalísima: los jubilados”. Algunos meses después el congreso aprobaba un proyecto de reforma previsional que redundaría en la mayor estafa perpetrada contra los jubilados en toda la historia argentina: las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJPs).

En 1994 entró en vigencia el nuevo régimen, que supuestamente corregiría los vicios del anterior y lo convertiría en un mecanismo para canalizar ahorros hacia inversiones productivas que generarían trabajo, crecimiento y bienestar. El esquema vigente hasta 1993 era de reparto: los aportes recaudados financiaban los haberes corrientes; como estos no alcanzaban, las rentas generales tenían que socorrer a un sistema previsional quebrado. Este régimen fue reemplazado por uno mixto: el trabajador podía elegir si quería seguir en el reparto o pasarse a uno de capitalización en el que una AFJP administre sus aportes cual portafolio de inversiones. Tanto las condiciones institucionales como el discurso oficial estaban orientados a que los trabajadores elijan la segunda opción, y eso hizo el 80 por ciento.

El maravilloso mundo prometido por las AFJPs se demostró falaz muy rápidamente. La posibilidad de que los aportes se canalicen hacia la producción y el trabajo se esfumó cuando el principal componente de la cartera consistió en títulos públicos. Al proceso de megaendeudamiento para sostener la Convertibilidad hay que agregarle la reforma previsional: sólo el 20 por ciento de los trabajadores siguieron aportando al reparto, pero todos los jubilados permanecieron allí. El Estado necesitaba endeudarse más para cubrir este déficit y las AFJPs tenían muy buena voluntad para participar del negocio. Los aportes de los trabajadores iban al Estado, igual que antes, pero ahora acumulando deuda.

Pero las AFJPs no sólo invirtieron en títulos públicos. También compraron acciones de las empresas privadas más grandes del país, en muchos casos por vía de acuerdos no del todo transparentes. Convirtiéndose en su principal fuente de fondos, el sistema previsional de capitalización fue el principal engranaje del sistema financiero de la Convertibilidad, el que decidía a quién oxigenar y a quién ahogar.

Mientras tanto, el haber mínimo estuvo durante toda la década congelado en 150 pesos/dólares y la cobertura cayó a menos del 50 por ciento hacia 2001. La crisis de la Convertibilidad encontró a la mitad de los adultos mayores del país viviendo bajo la línea de pobreza. Muy lejos de esa línea se encontraban, claro está, los gerentes de las AFJPs.

La política kirchnerista

En 2005 Kirchner lanzó su primera moratoria previsional. Se trató de un plan de regularización de deudas para adultos mayores que no llegaban a los 30 años de aportes. En realidad, la misma no apuntaba a los evasores, sino a todos los ancianos no cubiertos: desocupados, informales, cuentapropistas y sobre todo amas de casa. Hacia 2010 la cobertura había alcanzado el 90 por ciento; hacia 2015 el 97 por ciento.

En 2008 el gobierno de Cristina Fernández lanzó un proyecto de contra-reforma para volver al sistema de reparto. Los activos financieros que estaban en manos de las AFJPs pasaron a integrar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES, constituyendo la cartera más grande del país. Originalmente se estableció que más allá del tamaño de la participación accionaria la representación de ANSES en los directorios de las empresas no podía superar el 5 por ciento. Esta restricción fue levantada en 2014. La ANSES pasó a tener un flujo de ingresos muchísimo mayor, lo que le permitió hacer otras erogaciones, como el plan Conectar Igualdad, el PROGRESAR o la Asignación Universal por Hijo.

En síntesis, si el modelo del menemismo fue el de una protección social supeditada al mercado, el del kirchnerismo recuperó las nociones de derechos sociales entendidos como derechos ciudadanos. Por un lado, el modelo económico entendió que aumentar las jubilaciones –en cantidades y en montos– empujaba la demanda y ayudaba al crecimiento del empleo. Por el otro, la inclusión social se convirtió en una de sus principales banderas –si fue una bandera genuina o tuvo que levantarla para legitimarse socialmente es algo que no discutiremos aquí–. Las moratorias configuraron un modelo de inclusión previsional que no solo aumentó la cobertura, lo hizo contemplando bajo el mismo paraguas institucional a todos los jubilados, los que accedieron por moratoria y los que no. Es cierto, el paraguas es el de la protección contributiva y algunos preferiríamos el de la protección no contributiva. Pero el que no se configure una segmentación de la política previsional es sumamente positivo.

La historia se repite: “donde hay una necesidad hay un negocio”

Llegamos al año 2016, gobierna Mauricio Macri y envía al congreso un proyecto de “reparación histórica a los jubilados”. Junta a un montón de ancianos en un club de barrio, los abraza y afirma la voluntad de solucionar definitivamente sus padecimientos. Propone crear una pensión universal a la vejez, equivalente al 80 por ciento de la jubilación mínima, la cual puede ser percibida por cualquier adulto mayor que no perciba otro ingreso previsional o asistencial. En comparación con las moratorias, esta pensión no genera derecho a pensión para cónyuges, no puede ser percibida si la persona ya está percibiendo una pensión y las mujeres pueden acceder a partir de los 65 años, no desde los 60. La diferencia principal, sin embargo, es más profunda: la pensión universal se configura como un sistema separado al de las jubilaciones, con derechos distintos. Se propone una jubilación de primera y una de segunda. Al mismo tiempo, propone un mecanismo para saldar las deudas pendientes por juicios previsionales ofreciendo incentivos para que los jubilados abandonen los litigios.

¿Cómo proponen financiarlo? De dos maneras. Por un lado, con un blanqueo de capitales. Por el otro, vendiendo los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. En ambos casos se trata de necesidades empresariales. La primera es bastante obvia, y también el kirchnerismo la ha puesto en práctica. La segunda es más compleja: al “mercado” le interesa que el Estado venda esas acciones, no tanto por la efectiva injerencia en las decisiones sino por la capacidad de presión que puede ejercer. Controlar el 20 por ciento de las acciones de una empresa implica un gran poder de presión si uno decidiera ponerlas a la venta; controlar el 20 por ciento de veinte o treinta grandes empresas implica un gran poder de presión sobre todo el sistema financiero. No es casual que el actual ministro de producción, Francisco Cabrera, haya sido en el pasado gerente de Máxima AFJP.

Al igual que Menem, el gobierno de Macri construye su retórica desde los problemas de los jubilados, pero lo que ve son soluciones. No a los problemas de los jubilados, sino a los de los empresarios. La promesa de bienestar de los abuelos no es otra cosa que una zanahoria: es la forma de legitimar reformas que nada tienen que ver con ellos. Como decía José Luis Di Lorenzo en referencia a la reforma previsional de los noventa: “donde hay una necesidad hay un negocio”, y si hay algo de lo que los miembros del gabinete de Macri saben es de negocios.

*Doctor en Ciencias Sociales (UBA), Becario posdoctoral CEIL-CONICET, Docente de la UNM, Miembro de la Sociedad de Economía Crítica

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