Por el Equipo de Derechos de los Pueblos Indígenas de Andhes | Foto: Susi Maresca

Desde el primer encuentro realizado en Buenos Aires en 1986, se promovió la participación pluralista con el fin de incluir a los distintos sectores sociales organizados en instituciones, grupos o comisiones de mujeres desde gremialistas, diferentes partidos políticos y hasta organizaciones de derechos humanos. Aunque a todas se les reconoce desde aquel entonces y hasta ahora una participación individual, y no en representación a su organización o partido. 

Fue en 2022 cuando se cambió su denominación a Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries, tras una lucha incansable de mujeres indígenas y afrodescendientes que buscaban una representación legítima, y, al mismo tiempo, se  expresaban en contra de las fronteras nacionalistas e imaginarias impuestas por los Estados modernos.

¿Porque Jujuy como sede?

Fue en Bariloche, en el último Encuentro de 2023, cuando se decidió de manera casi unánime que en el 2024, el norte de la Argentina recibiría a las miles de mujeres, lesbianas, trans, travestis, bisexuales, intersexuales y no binaries, que año a año se reúnen en distintos puntos del país. Esto ocurrió debido a que el foco de los últimos meses había estado apuntando directamente a la provincia, y no solamente por conmemorarse tres años de los cuatro femicidios de aquel trágico septiembre del 2020 —ubicando en ese año a la provincia con la tasa más alta de femicidios en el país (2.8) —, sino también por los acontecimientos de violencia institucional que se desplegaba a lo largo y ancho de Jujuy, por órdenes del entonces gobernador Gerardo Morales. Es que el mandatario provincial, no dió lugar a una participación real y por ello hubo un legítimo rechazo de la sociedad jujeña a la reforma (in)constitucional que tan apresuradamente decidió aprobar, con la complicidad de la mayoría parlamentaria. 

Sin embargo, además de la violencia que ejerció el gobierno por casi cuatro meses en las calles y permanencias de las rutas, lo que más resonó en la sociedad argentina, y lo que quedará grabado en la memoria y en la historia de Jujuy, fueron las respuestas que los jujeños y jujeñas dimos ante este avasallamiento antidemocrático, el cual se denominó como El Jujeñazo, una respuesta social masiva y plurisectorial pocas veces vista, donde confluyó también el Tercer Malón de la Paz como parte de un largo proceso histórico de lucha y resistencia que caracteriza a nuestro pueblo.

Ésta tercera marcha histórica de las comunidades, fue una decisión política llevada adelante porque se veían particularmente afectadas con la reforma, peligrando derechos conquistados con sangre de nuestros ancestros y ancestras. En la misma, el rol que asumieron las mujeres indígenas como defensoras del territorio, de la vida, la naturaleza, la cultura y la identidad fue fundamental para poder permanecer más de cuatro meses, peregrinar desde Jujuy a Buenos Aires y resistir ante la criminalización de sus protestas en situaciones de constante hostigamiento y persecución por parte del Estado, las fuerzas de seguridad y demás aliados del poder. De esta manera, se instaló en todo el país una consigna clara que hasta hoy se mantiene viva: “Abajo la reforma, arriba los derechos, arriba las wiphalas”.

Hoy, nuevamente estamos ante la oportunidad de levantar nuestras voces y llamar a visibilizar el rol fundamental que llevan adelante las mujeres indígenas y campesinas de Jujuy, en la tarea de defender nuestros derechos, nuestros territorios y la identidad de nuestros pueblos. Como guardianas de la Pachamama y de la sabiduría que heredamos de nuestras abuelas, nos proclamamos en contra de la explotación y expropiación de nuestros cuerpos/territorios como también de nuestros conocimientos y de nuestra cultura; en contra de la megaminería, del avance neoliberal y capitalista que nos envenena, destruyendo toda forma de vida alrededor, condenándonos a la miseria, al destierro y a la muerte.

Somos nosotras las que ponemos el cuerpo y nuestro espíritu en cada tarea doméstica y productiva, en las calles y en los campos. Nos entregamos a las tareas y responsabilidades del “Cuidado” de nuestras familias, de nuestras comunidades y de una sociedad que muchas veces nos invisibiliza, subestima y discrimina por nuestra apariencia o por nuestra cultura. Por eso hoy más que nunca tenemos la necesidad de hacer oír nuestros reclamos históricos, ejerciendo nuestros derechos de poder hablar por nosotras mismas, de estar informadas y ocupar los espacios de decisión tomando la palabra de forma genuina y acompañadas de nuestras hermanas para unir nuestras voces y exigir al Estado el justo reconocimiento que se nos debe como parte constitutiva y sostenedora del mismo. 

Como jujeñas, como andhinas parte de la organizacion de derechos humanos ANDHES, acompañamos y nos comprometemos en la lucha y reclamamos la reparación histórica de los derechos vulnerados a nuestras mujeres indígenas y campesinas, por los Estados que se han erigido a partir del genocidio indígena. Queremos que nuestros pueblos y naciones sean respetados y se garantice el acceso a derechos elementales reconocidos por numerosos estándares internacionales: desde la autodeterminación, la consulta libre, previa e informada, el derecho al agua, a preservar nuestras formas de vida tradicionales, a la salud, la educación y nuestras lenguas, entre otras. No queremos vernos ni ver a nuestras hermanas relegadas únicamente a ser parte ornamental de las políticas públicas y de los proyectos en nuestros territorios, folklorizando nuestras formas de vida y vaciándolas de su contenido esencial de lucha y resistencia a lo largo de nuestra historia. 

Por eso hoy más que nunca repetimos: ¡Abajo la reforma, arriba los derechos, arriba las wiphalas! ¡Por un encuentro plurinacional que nos incluya a todas y a todes! Jallalla!

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Desde el inicio de las protestas sociales en Jujuy en contra de la reforma constitucional de la provincia impulsada por el gobernador Gerardo Morales, hasta la fecha, ha habido al menos 4 personas que perdieron la vista a consecuencia de las graves heridas sufridas por los disparos de las fuerzas policiales. Un análisis biopolítico para comprender la depredación extractivista sobre los cuerpos-territorios.

Por Aldo Sebastián Vergara Duveaux * | Foto: gentileza, Susi Maresca.

Misael Lian Lamas en Purmamarca el sábado 17 de Junio, Ernesto Aguirre y Jorge Rodríguez en San Salvador el martes 20 de junio y Joel Paredes en Humahuaca el sábado 01 de julio. Los pobladores que han participado de las movilizaciones y reclamos han denunciado que el personal policial dispara de manera deliberada al rostro de los manifestantes.

La académica queer Jasbir K. Puar en su texto “El derecho a mutilar. Debilidad, capacidad, discapacidad” (editorial Bellaterra, 2022), haciendo pie en las modalidades de ataque de las fuerzas israelíes sobre los cuerpos palestinos, afirma que, en este último tiempo, además del derecho a matar “legalmente” en determinadas circunstancias, los Estados Modernos se han ido arrogando el derecho a mutilar determinados cuerpos que considera “dañables”. Ello a fin de producir un debilitamiento masivo de los cuerpos como una forma de biopolítica, es decir, una técnica de control y disciplinamiento sobre cuerpos otros, rebeldes, insumisos.

La mutilación ocular sucede cuando el globo ocular estalla o debe ser extirpado a raíz de los graves daños que ha sufrido. El cegamiento implica la pérdida de la visión, total o parcial, sin perder necesariamente el globo ocular. Como lo muestra la investigadora, artista y curadora Gabriela Golder, en su obra “Los ojos desiertos”, la práctica por parte de las fuerzas policiales de disparar a los ojos de los manifestantes en diversas protestas sociales, empieza a evidenciarse como una política deliberada de los gobiernos en diversas partes del mundo.

La obra de esta artista propone recorrer diversas imágenes con los rostros de manifestantes víctimas de mutilación ocular en países como Colombia, Líbano, Chile, Francia y Hong Kong. A dicha lista, la artista podría sumar hoy a Jujuy, Argentina, además de España, Perú, EE.UU, Ecuador, Brasil y seguramente algunos otros que las investigaciones desde abajo irán logrando visibilizar.

En argentina, los antecedentes de víctimas de mutilación ocular por disparos de las fuerzas policiales en contexto de protesta social se remontan al año 2017, en las movilizaciones contra la reforma previsional impulsada por el gobierno de Mauricio Macri. Ya en ese momento se denunciaba que la policía disparaba en forma deliberada al rostro de los manifestantes.

Chile, por su gran cantidad de víctimas de trauma ocular, es una especie de laboratorio estremecedor, mucho más que la propia palestina en todos estos años de ocupación y política de apartheid por parte de Israel. El caso de Gustavo Gatica es extremo, ya que recibió de lleno el impacto del disparo en su rostro y perdió ambos ojos, lo que deja en evidencia el accionar deliberado del poder policial en esta biopolítica de la mutilación ocular.

Las cifras oficiales de Chile hablan de casi 400 víctimas de cegamiento y mutilación ocular en las protestas iniciadas en 2019. A principios de marzo del 2020, alrededor de 3.838 personas habían resultado heridas y según la Sociedad Chilena de Oftalmólogos y organizaciones de derechos humanos, 460 de ellas terminaron con complicaciones oculares graves, pérdida del glóbulo ocular y también de la vista. Esta cifra ha convertido a Chile en récord mundial en mutilación ocular. Sobre este punto, el presidente de la Sociedad Chilena de Oftalmología, el Dr. Dennis Cortés, llegó a afirmar que nunca, en toda la historia de la especialidad, en ningún lugar del mundo, había habido tantos traumas oculares como en su país.

Las armas “no letales”, biopolítica del trauma y disciplinamiento de las subjetividades subversivas.
El 16 de noviembre de 2019, cuando se habían registrado más de doscientos casos de traumas oculares, la Universidad de Chile publicó un estudio que concluía que los balines antidisturbios no eran de caucho, como insistía la versión oficial, sino que contenían metales de alta dureza, incluidos plomo, silicio y sulfato de bario, y apenas 20% de goma, otro dato que evidencia la intención deliberada de causar lesiones en los cuerpos de la población movilizada y no sólo procurar “dispersar” o “disuadir”.

Por este motivo, muchas organizaciones de derechos humanos a nivel internacional proponen dejar de hablar de armas no letales. Se trata de armas y como cualquier arma, sea un lanzagases, sea un arma cargada con balas antitumulto, sea una pistola eléctrica tipo taser, en todos los casos se trata de armas potencialmente letales o que pueden causar graves daños a la salud física y psíquica de los ciudadanos. Una investigación colaborativa y transfronteriza liderada por CLIP (Centro Latinoamericano de Investigación Periodística), en alianza con UOL, Interferencia de Chile y otros nueve medios de América Latina logró determinar que al menos 33 personas han muerto por impacto de este tipo de armas en siete países desde 2017.

Ha sido sólo a raíz de las graves consecuencias que estas armas han tenido en el pueblo chileno que la ONU, el primero de junio de 2020 ha abordado el tema y ha publicado un documento oficial al respecto: “Orientaciones de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos sobre el empleo de armas menos letales en el mantenimiento del orden”.

La impunidad en este tipo de casos, previsiblemente, es abrumadora. Prácticamente ninguna investigación logra determinar quién fue el autor del disparo y, eventualmente, ser condenado. La policía jamás lleva una identificación visible en su accionar en las protestas, e incluso, en muchos casos, se denuncia que actúan vestidos de civil y en móviles sin identificación oficial. Esto lleva a pensar, una vez más, en lo inadecuado del abordaje del caso por caso, y en la necesidad de investigar y juzgar a los responsables jerárquicos dentro del propio cuerpo policial y a los jefes políticos de este accionar deliberado por parte de las fuerzas de seguridad.

En su libro “Gasear, mutilar, someter. La política de las armas no letales”, Paul Rocher (editorial Katakrak, 2022), intenta analizar los impactos y usos de las armas mal llamadas armas no letales en contextos de protesta social principalmente en Francia en donde el autor llevo adelante su investigación, aunque intentando encontrar una lógica subyacente que permitiera comprender como el uso de este tipo de armas y sus efectos en los cuerpos se vuelve cada vez más extendido y sus impactos cada vez más graves. El argumento principal del libro es que, aquellas narrativas que sostienen la justificación del uso de las llamadas armas no letales para evitar daños mayores es falso ya que su investigación le ha permitido observar, entre otras cosas, que, al proveer de este armamento a la policía, ésta apela a su uso de manera más frecuente, y lo hace de manera mucho más rápida y anticipada que antes de haber aprobado su portación. Es decir, antes que apelar a cualquier otra forma de abordaje del conflicto, el recurso al uso de la fuerza en general, y al disparo de estas armas en particular, es más frecuente. Esto conlleva a que haya cada vez más heridos en las movilizaciones y protestas a nivel global y que incluso algunas llegan a ser letales.

La práctica de mutilación ocular por disparos con munición antitumulto, suele ser enmarcada en una narrativa que caracteriza estos hechos como “accidentes” en un contexto de “contención” de la protesta con “armas no letales”, es decir, en un marco de “uso racional de la fuerza”, con el fin de mantener “el orden y la paz sociales”. Este discurso busca legitimar y consolidar no sólo una biopolítica de la mutilación y el trauma por parte de los gobiernos, sino una campaña de marketing y difusión de una industria en franca expansión.

A partir de este discurso, las mal llamadas “armas no letales” se convierten en una especie de coartada para invisibilizar los fines biopolíticos de dicha práctica (la de disparar al rostro) en particular, y de la represión de la protesta en general, camuflando así los deliberados impactos que se buscan en los cuerpos, esto es, la producción del trauma, como forma de control y disciplinamiento social, y el consiguiente impacto en las subjetividades del cuerpo social movilizado en su conjunto.
Para los investigadores Duran Rojas y Veto Honorato:

“(…) las mutilaciones oculares ocurridas en el estallido social en Chile, no solo actúan como una estrategia de control policial (es decir, para herir, cegar o impedir ver lo que se ha comenzado a ver). La mutilación de los ojos de muchos/as ciudadanos/as fue dirigida, como intentaremos mostrar, hacia el presupuesto de un sujeto dado en un rostro, como si el ataque deliberado a esos ojos –un ataque al sujeto cuyo rostro se organizaría en torno a ellos– fuera un ataque hecho, según el dicho popular, contra “el espejo del alma” (p. 208)

Si, por un lado, esta acción estaría destinada a marcar los cuerpos, a infringirles dolor y daño de manera deliberada, los autores sostienen que con estas prácticas se busca generar además un impacto subjetivo, en tanto ataque a esa forma otra de subjetivación rebelde, movilizada, insumisa, que emerge en el contexto de protesta buscando subvertir el orden establecido. Una subjetividad que muchas veces logra trascender las consignas y las motivaciones iniciales del reclamo original, y que termina desbordando de alguna manera las identidades políticas conocidas y enunciadas hasta ese momento.

Pacificación y nuevo ciclo de acumulación por desposesión en la era del capitalismo del colapso.
A nivel global, no solo resulta escandaloso e insostenible, al mismo tiempo que innegable, el enorme nivel de desigualdad social profundizado luego de la pandemia de Covid-19, sino que, además, empiezan a aparecer signos de agotamiento y colapso de los ecosistemas a nivel mundial debido al cambio climático y los enormes impactos en la naturaleza generados por el extractivismo propio de la dinámica de producción capitalista. Como esto se muestra de manera irrefutable, las soluciones “verdes” del capital, aparecen a través de nuevas formas de acumulación por desposesión (Harvey, 2006). El litio, mineral protagonista de la denominada transición energética, empieza a generar mayor conflictividad por la apropiación de esta renta extraordinaria que promete su explotación. Y también cada vez mayor resistencia por parte de quienes habitan de manera ancestral estos territorios que en otros tiempos fueron considerados como “desiertos” por parte de las elites políticas y económicas.

Mark Neocleous, en su texto “la lógica de la pacificación: guerra- policía – acumulación” (2016) aborda el análisis de la categoría “pacificación” en la teoría política a partir de textos y discursos de militares y figuras políticas a nivel global, para dar cuenta del carácter colonial de determinadas violencias estatales-policiales. Así llega a firmar: “(…) la “pacificación” es un concepto tan nuclear y útil para entender la violencia porque nos permite analizar detalladamente la naturaleza productiva de la violencia. En particular, su naturaleza productiva en la fabricación del orden capitalista.” (p. 10)

La seguridad es pacificación, sostiene, y ésta es la vía por la cual se busca legitimar el uso de la violencia policial en la imposición de un nuevo orden social burgués. Es decir, un nuevo proceso de acumulación capitalista que, en el contexto del mundo actual, solo es posible a través de nuevas formas de colonización, es decir de nuevas formas de despojo. El autor sostiene: “Es esto lo que entendemos por pacificación: la articulación de un espacio para la construcción de un orden social organizado a través de la acumulación y el dinero. Desde este punto de vista, la pacificación es una guerra de clases: el ejercicio de la violencia en la colonización sistemática del mundo por el capital con el fin de construir un orden burgués.” (Neocleous, 2016, p.19)

Es principalmente a través del poder policial que esta violencia “pacificadora” y garante de “la seguridad” y “el orden” es ejercida hoy en contra de la población civil, en las democracias neoliberales. Pero no por ello, hay que perder de vista la lógica de la guerra, de la cual proviene. Neocleous se muestra crítico de aquellos pensadores que se alarman por la creciente militarización de las policías o el desdibujamiento de los límites del poder militar y el poder policial en la actualidad. Sostiene que: “el concepto de pacificación nos permite entender los poderes convergentes de la guerra y la policía y comprender que estos poderes siempre han sido convergentes. Las implicaciones de este argumento son que las consideraciones de la “politización de lo militar” y “la militarización de la policía” están basadas en una dicotomía liberal entre “la policía” y “lo militar”.

Pero desde la perspectiva de la teoría crítica esta dicotomía no tiene sentido. Desde la perspectiva de la teoría crítica, los poderes bélicos y policiales siempre han funcionado conjuntamente en tanto que medios a través de los cuales el orden social se constituye.” (p. 20). Frente a algunas simplificaciones en la teoría política liberal acerca de la complejidad del poder estatal en la actualidad, Neocleous propone “(…) pensar la guerra y la policía como procesos que funcionan de forma conjunta como parte del poder estatal y para la fabricación del orden social burgués.” (p. 21)

A fines de 2020 se conoció una noticia estremecedora: el agua comenzaba a cotizar en la bolsa de Wall Street y, aquellas definiciones que aseguran que “la minería de litio es una minería de agua” empezaron a tomar una dimensión cada vez más honda de las implicancias de estas nuevas formas que puede adquirir la guerra contra los pueblos que se opongan al “desarrollo” o que sencillamente comiencen a sufrir cada vez más la apropiación y expoliación de sus fuentes de agua.

Reprimir para desarrollar y desarrollarse reprimiendo.

Si estas nuevas expresiones de la violencia estatal aparecen como funcionales al nuevo ciclo de acumulación por despojo es, además, como parte de un círculo “virtuoso”, un gran negocio en sí mismo. La producción de “armas no letales” es un mercado cada vez más prometedor para “los jugadores” del mercado global. Según un informe de la consultora internacional “Mordor Intelligence”, el mercado de armas no letales tiene una proyección de crecimiento de 4.540 millones de dólares en 2021 a 5890 millones en 2027. La misma consultora, en su informe sobre el “prometedor” mercado de armas no letales en América Latina afirma, entre otras cosas: “La creciente demanda de armas no letales está brindando enormes oportunidades de crecimiento para los jugadores en América Latina.”

“El segmento de aplicación de la ley tuvo la mayor participación de mercado en 2019 y se espera que mantenga su dominio durante el período de pronóstico. Los últimos tres años vieron numerosos disturbios en países, como Brasil, Venezuela, México, Chile, Perú y Argentina, siendo la crisis económica local y la inestabilidad política en los países las principales razones de los disturbios. En tales situaciones, las armas no letales juegan un papel importante en el control de disturbios, ya que pueden usarse como una alternativa menos peligrosa a las armas de fuego, para reducir el riesgo de daño al público, o en situaciones donde se requiere cierto grado de fuerza. necesario, pero donde el uso de armas de fuego sería desproporcionado.”

El informe señala que Brasil lidera la producción de armas no letales en América Latina, a través de la empresa CONDOR, líder en el mercado. Sobre Brasil, el informe refiere: “Las armas no letales, como gas lacrimógeno, balas y porras de goma, gas pimienta y pistolas Taser, tienen prioridad en las operaciones policiales en todo Brasil. Las empresas de tecnología no letal han sido testigos de un aumento de ingresos de casi el 30 % en Brasil, y se anticipa que la política general del gobierno hacia el uso de dispositivos menos dañinos impulsará más ventas en el país. Además, ciertas unidades del ejército brasileño también están aumentando gradualmente el stock de armas no letales, como las pistolas Taser de electrochoque. Se espera que todos estos factores ayuden al crecimiento del mercado en Brasil en los próximos años.” (sic)

Son al menos 5 las principales empresas identificadas por este informe en competencia por ampliar su mercado de ventas en los diversos países de la región, e incluso en otras partes del mundo:
Condor Non-Lethal Technologies; Lampord Less Lethal Inc.; Rheinmetall AG; Axon (Taser International Inc.) y Genasys Inc. La investigación colaborativa y transfronteriza “El Negocio de la Represión”, de Interferencia de Chile en alianza con el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (Clip) y otros nueve medios de la región, tuvo acceso mediante solicitudes de información vía Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública a las compras de armamento no letal realizadas por Carabineros luego del estallido.

Este informe señala que: “…a lo largo de esos cinco meses de manifestaciones, Carabineros disparó 193 mil cartuchos lacrimógenos y lanzó 45 mil granadas químicas. Durante los primeros tres, percutaron 152 mil cartuchos de perdigones en sus escopetas antidisturbios. Mientras los chilenos contaban los muertos, heridas y pérdidas, otros sacaban cuentas alegres. El mercado de armas no letales vivía un verdadero boom.

Durante 2018, un año antes de que comenzara el denominado estallido social chileno, Carabineros gastó US$360 mil en armamento no letal, según información obtenida desde la propia institución. En 2019 y hasta octubre, el mes que iniciaron las protestas, no se compró ningún elemento disuasivo. Pero el 18 de aquel mes, con la llegada de las manifestaciones, los vendedores de armas expandieron su negocio en 2.300%. En apenas cinco meses y mediante al menos 34 órdenes de compra, la policía adquirió armas y municiones no letales por un total de US$8.290.922; 23 veces lo desembolsado desde 2018 hasta octubre de 2019.”

Reflexiones finales

“Pueden quitarte los ojos
Pueden quitarle los sueños
Debes cuidar que no apaguen
El fuego que llevas dentro.
Hoy el fuego está creciendo
Las voces son llamaradas
Coplas nacidas del alma
Van quemando las gargantas.”

Jacinto Piedra (1984)

El derecho a la protesta social y la obligación de su respeto y protección por parte de las autoridades estatales ha sido reconocido en varias ocasiones por los órganos interamericanos (Corte y Comisión Interamericana de Derechos Humanos) y por Naciones Unidas. Se dice que, de alguna manera, el derecho a la protesta es “el derecho a tener derechos”, es decir, la garantía que, en última instancia, ante la falta de reconocimiento de otros derechos, siempre la ciudadanía y, sobre todo, las minorías, tienen la protesta como medio para hacer oír sus reclamos y reivindicaciones. Cualquier cercenamiento, recorte o regulación por parte de los estados, debe entonces, ser analizado con mucha meticulosidad y con gran rigurosidad ya que, de alguna manera, es la última instancia a la que puede apelar quien, por motivos de raza, género, clase social u otra condición, puede encontrar restringida la garantía de acceso a la justicia para obtener el reconocimiento y protección de sus derechos.

El reconocido constitucionalista argentino, Roberto Gargarella, en una nota publicada en Clarin ha señalado con mucha precisión los motivos de la inconstitucionalidad de las legislaciones que limitan el derecho a la protesta. La nota es del 05 de junio, es decir, más de diez días antes del recrudecimiento de la represión en Jujuy pero con la ley que restringe el derecho de protesta ya sancionada en Salta. No parece casual que este tipo de legislación se esté ensayando y consolidando en 2 de las 3 provincias que conforman el triángulo del litio en argentina. La otra es Catamarca. Como tampoco es casual que estas formas de expresión de la represión y la violencia hayan iniciado en Chile, hayan continuado casi inmediatamente después por Bolivia y ahora se esté produciendo en el altiplano argentino.

Nótese que ante la avanzada extractivista que promovía la sanción de legislación que favorezca o habilite las explotaciones o la derogación de la normativa que prohibía las mismas, lo único que en la historia reciente de nuestro país logró hacer dar marcha atrás a los gobernantes fueron las protestas y movilizaciones masivas del pueblo en las calles. Los casos paradigmáticos en nuestro país son los pueblos de Mendoza y Chubut, cuyos gobiernos sancionaron leyes que promovían la megaminería y debieron derogarlas días después a raíz de las masivas y contundentes manifestaciones públicas. En ambos casos, lo central de la resistencia se dio en torno a la defensa del agua.

Las últimas noticias señalan que el gobernador de la Rioja avanza con un intento de reforma constitucional, luego de haber aprobado una ley que declara al litio como recurso estratégico de la provincia. Mientras, en Catamarca, se abre una sede del ejército en la provincia, bajo el argumento que es la única provincia de frontera que no tenía sede del ejército argentino. Catamarca, es una de las cinco provincias, junto a La Rioja, que forma parte del acuerdo firmado por el estado nacional con Mekorot, la empresa israelí para la elaboración de un plan maestro hídrico para estas provincias.

La nueva constitución provincial de Jujuy está aprobada, por lo que las protestas continúan en Jujuy, y previsiblemente continuarán hasta tanto el titular del poder ejecutivo no dé marcha atrás en esa reforma. Ante este escenario, las estrategias de resistencia y de autocuidado de la ciudadanía en las protestas deberán tomar nota de las nuevas modalidades que va adquiriendo la violencia policial en este nuevo ciclo de acumulación por desposesión del capitalismo “verde”.

*Abogado de ddhh e investigador

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Por Silvana Melo * | Foto: Susi Maresca

Una constitución refaccionada para disfrute del sistema político, que votó –sin oficialismos ni oposiciones- el avance sobre los territorios para regalar el commodity litio al mundo desarrollado. Que busca enverdecer su energía con autos a batería, a costa de la colonización –una vez más- de tres países de la América Latina oculta en los pies del mundo. Una criminalización de la protesta de hecho y de derecho y una pauperización salarial disciplinadora son el contexto de época en que crecen, viven y temen los niños y adolescentes en Jujuy. Una provincia atravesada por el extractivismo feroz, como gran parte de la geografía del país. Del que dependen las divisas que se esperan desesperadamente. A pesar de jugarse el futuro, en las entrañas de la tierra y en los niños y las niñas de este tiempo.

Mara Martínez tiene una biblioteca popular y un espacio de alimentación integral –del cuerpo y el alma- para los chicos y las chicas de un asentamiento a diez minutos del centro de San Salvador de Jujuy. Ella, un reservorio de lucha, ha visto pasar a infancias y adulteces envueltas en la resignación y el acostumbramiento a la pobreza. Curtidos en el sufrimiento.

El piberío jujeño, cansado del fracaso de ser sujeto de derecho –cuando los derechos casi nunca se convierten en realidad tangible- va levantando la cabeza de la serenidad de la puna. En la punta de un cerro protestan  desde una escuela. No son más que diez, dice Mara. Pero que despiertan. Han salido a los caminos.

“Recién nos vamos a enterar en un tiempo cómo decanta todo esto en ellos”, piensa Mara. “Jujuy es tierra de saqueos; nosotros venimos desde hace años denunciando una situación que recae sobre los pibes y las pibas”. La militante social habla de “la falta de acceso a la educación, a la salud, al entretenimiento”. Para ella,  “un objetivo claro de toda esta represión son los pibes, los jóvenes, los adolescentes; hay un ensañamiento. Son sus enemigos los chicos y los jóvenes”. Se trata de evitar el nacimiento de sujetos políticos, constructores colectivos de un camino nuevo.

“Quieren que las generaciones que vengan sean sumisas, calladas, completamente dormidas”. Mara trabaja desde hace veinte años en los barrios con niños y adolescentes. “A partir de la situación particular de Jujuy, dentro de la biblioteca tenemos comedor y merienda, aunque hace unos ocho años no recibimos recursos de la provincia ni del municipio. En la provincia no se aporta al futuro de los niños”.  

En esta lucha, dice Mara, “los chicos están mirando y hay adolescentes que por primera vez se han animado a participar desde la discusión. Han salido a expresarse, han hecho permanencia en las escuelas; tenemos también chicos cuyos padres han sido perseguidos y encarcelados. Y se está despertando otra conciencia”

Pobreza, situación alimentaria grave, un 44 por ciento de los chicos jujeños malnutridos, carencia de calidad en la salud, en la educación, falta de libros, cine, deportes. Y Mara sigue enumerando. “Se van acostumbrando a no exigir. Si podés comer un plato de fideos apenas con aceite, ya está, ya comiste. Y es suficiente. Pero no es así, perdemos calidad de vida, dignidad de vida” y un crecimiento infantil con déficit de nutrientes y menos herramientas para enfrentar un futuro  que se promete hostil. “Todo es apenas para sobrevivir. Lo de los sueldos docentes no es chiste. En el municipio hay gente que cobra con un Potenciar Trabajo, es una locura. Pero todo se naturaliza. La gente agradece tener esos cuarenta mil pesos, con una changa suma otros cuarenta mil más y todos agradecen tener sueldos de alrededor de 100 mil pesos”.

Mara asegura que “no es que hemos sido mansos y de pronto nos volvemos locos y salimos a la calle”, sino que “Jujuy es una tierra maravillosa, con gente muy pacífica que siempre ha optado por la paz. Por eso me molesta que ahora seamos los violentos. Es un pueblo aguerrido, que tiene una historia de lucha muy fuerte”. Entonces saca las cartas de esa historia: “Jujuy ha sido partícipe de las guerras de la independencia y esto lo llevamos todos en nuestro chip. Un pueblo al que no le gusta la violencia también tiene un límite”.

Hoy están en la calle, siguen estando en la calle a pesar de que otra vez pasaron a ser noticia dentro de su territorio y nada más. “Hace rato que hemos visto cosas tremendas, que las hemos denunciado pero a nadie le importó”. Y recuerda el episodio en su asentamiento, Campo Verde donde “nos sitió la policía, nos mandaron 600 efectivos con caballos, nos pegaron a todos. Simplemente porque queríamos un espacio central del barrio para una cancha: las casitas son muy chiquitas y la mayoría no tienen patio”. La memoria es tremenda: “me suspendieron del trabajo por denunciarlos, nos encerraron en la cancha. Fue terrible”. Es decir que “hace tiempo que hay represión en comunidades, organizaciones. Todo se venía cocinando en Jujuy”.

Pero acaso el litio, el oro blanco en las sales de los territorios que expulsa a las comunidades, que irrumpe en la constitución para legitimar el saqueo, haya sido la chispa para esta hoguera que no se apaga. “Acá vemos cómo bajan el litio y se lo llevan. Y la gente de los barrios cae en los hospitales públicos y que dios los ayude. De los grandes logros con el litio, no vemos un peso y las comunidades ven el avance sobre sus territorios, sobre el agua, que es lo único que tienen”. Pero ahora la gente sola de la puna, “la que vive con un animalito”, se ha empezado a reunir. “Nosotros somos mucho de asambleas. En el norte se convoca a asamblea y vienen de distintos parajes y discuten. Algunos vienen caminando kilómetros hasta llegar”. Y van con sus crías, que van creciendo en la discusión y en la lucha.

“No es que de la noche a la mañana enloquecimos y salimos a los golpes”, dice Mara. “No. Nosotros venimos con una lucha desde hace muchos años para denunciar el saqueo. Y no es una disputa local, es un saqueo feroz hacia todo el país”

El ojo que perdió Misael por una bala policial se volvió una bandera de lucha. Tiene 17 años y estudia en un bachillerato de Purmamarca. Su ojo –y los que otros también perdieron- son el símbolo de lo que hay que visibilizar a pesar de todo. Mara recuerda también la muerte de Matías Puca, un chico carrocero atropellado en un episodio en el que se habla de la implicancia de hijos del  poder. Ahora la imagen de Matías “es también un emblema de esta lucha”.

San Salvador de Jujuy es una “Tacita de Plata”. Rodeada por cerros siempre verdes y contorneada por dos ríos: el Xibi-Xibi y el Grande. Detrás de la brillante belleza natural los niños y las niñas soportan la intimidación y el embate de un estado que sólo los ve cuando se vuelven amenaza. Cuando son capaces de comprender y decidir.

Este mismo mes la Defensoría del Niño denunció malos tratos a dos adolescentes y una niña de 6 años cuando allanaron una casa en medio de las protestas. Dieciséis policías y ocho más vestidos de civil rompieron la puerta y ordenaron a todos que se tiraran al piso. Mientras, la nena lloraba y rogaba que no le dispararan.

Esa policía de ese gobernador que intenta ser vicepresidente no es una ave rara en un territorio singular. Es una foto nítida del brazo más eficaz del capitalismo: el extractivismo arrasa a su paso con los árboles y las mariposas, con las abejas y los niños, con los territorios y la cultura.

La esperanza se ilumina en esa infancia y esa adolescencia, crecidas en este fuego, que seguirán intentando remontar esta tierra baldía.

* Publicada originalmente en Pelota de Trapo

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Hay una historia que sucede aquí y ahora. Hay otra que viene de tiempos antiguos. Los pueblos de la sal saben de batallas, de luchas y resistencias, pero también de pérdidas, de despojos y de derechos vulnerados. No es una noticia nueva. Es una historia que tiene más de 500 años.

El Tercer Malón de la Paz lleva casi un mes en las calles contra la reforma constitucional de Jujuy. Bajaron de la quebrada y los salares, llegaron a San Salvador y no fueron escuchados. Tomaron las rutas, sintieron en sus cuerpos la represión y allí están. Los días pasan, en esos cuerpos y en los vínculos que surgen alrededor de las rondas y los campamentos.

En el corte de Purmamarca están divididos por comunas, pero confluyen en el centro del cruce, en el transitar de las horas, en las músicas y vientos, en las comidas compartidas que llegan de todos lados. Esa es la solidaridad que enseñan y practican los pueblos que saben resistir: “Acá dejaremos la vida si es necesario, ¡Jalllala!”, gritan entre muchas voces. Esto va en serio.

Una constitución a espaldas del pueblo

Con la aprobación de la reforma constitucional impulsada por Gerardo Morales en Jujuy, se expuso el interés extractivista y empresarial que existe sobre los territorios y el agua en el norte argentino. Pero se evidenció, también, la fuerza y la organización de los pueblos indígenas que defienden la vida y el agua de la puna, las yungas y los salares. Durante el último mes, las más de 400 comunidades que habitan la provincia están realizando cortes y manifestaciones contra la nueva carta magna que fue firmada a sus espaldas.

Los pueblos indígenas son de los grupos más afectados por esta nueva constitución y no es casual, todo lo contrario: “Vienen por el litio, vienen por todo”, reza un cartel en el corte de Purmamarca. Las comunidades nucleadas en el Tercer Malón por la Paz aseguran que se quedarán en los cortes hasta que el gobernador dé marcha atrás con la reforma. Denuncian el intento de provincialización de los recursos naturales, así como el desconocimiento de sus tierras ancestrales. Una ecuación sencilla para tomar posesión sobre los bienes comunes y desplazar a quienes los defienden.

Esta decisión tampoco es azarosa: se da en un proceso de valorización global del litio, el hidrógeno verde y otros metales críticos. La no tan nueva crisis climática, así como la imperiosa necesidad de un proceso de descarbonización, colocó al discurso de la “transición energética” como central. Sin embargo, esa transición únicamente fue de un modelo de explotación a otro: uno que sólo ve territorios como zonas de sacrificios para el desarrollo de los países del norte que siempre se beneficiaron de la explotación de recursos en el sur global.

Los territorios que habían sido históricamente postergados, como son los salares altoandinos donde se encuentra el litio en grandes proporciones, comenzaron a tener un interés financiero. Allí, la historia de los pueblos de la sal tanto en Jujuy, como en Salta y Catamarca, comenzó a cambiar y aquellas otras formas que sostenían la vida se vieron alteradas.

Equilibrio ancestral: sal y agua

“Estamos parados ante escombros milenarios”, señala Agustín, guía turístico indígena de la Comunidad Tres Pozos. Las salinas se conformaron hace al menos 6.000 años y sus ojos naturales, donde se conserva el agua dulce de manera subterránea, “deben tener 5 millones de años”, agrega mientras disuelve las partículas de sal entre sus dedos. 

Tres Pozos es una de las 33 comunidades que habitan los salares grandes y lagunas aledañas, y todas tienen una relación vital con la sal y el agua. Mientras la primera abunda y rebrota todas las mañanas, la segunda escasea y se esconde en los intersticios del salar. La sal sin el agua no emerge, por eso la conserva y administra en un equilibrio que es mutuo.

“El agua para el salar es como el aire para nosotros, sin ella no se puede respirar”, explica Agustín quien, además de ser guía turístico, está pronto a recibirse de instrumentador quirúrgico. Desde su visión, el salar puede ser entendido en términos fisiológicos: “El salar sería como el pulmón y las líneas grandes podrían ser sus branquias; durante la noche se dilatan y en el día se comprimen para conservar su agua y que no se evapore en su totalidad”.

El agua y la sal se complementan para sostener la vida. Por eso son elementos sagrados que deben respetarse: “Nosotros la cuidamos como parte de nuestra vida. Estamos muy agradecidos porque es como un regalo de la Pachamama hacia nosotros”, explica Agustín. Y es que, agrega: “La continuidad del agua dulce es muy frágil acá, estamos en un desierto de sal, no se la puede alterar”.

La sal tiene múltiples usos en la vida de las comunidades y garantiza su autonomía. Además de haber funcionado como bien preciado para intercambio de alimentos con pueblos agricultores durante siglos, hoy distintas familias conformaron cooperativas locales para fraccionarla y comercializarla respetando sus tiempos de rebrote. La sal aporta hierro a los animales silvestres y de pastoreo, conserva la carne sin necesidad de energía, así como también la belleza majestuosa de sus salares convoca al turismo y lo convierte en una economía local. 

Durante las últimas décadas, la sal también comenzó a ser codiciada y disputada por gobiernos y empresas en la corrida mineral del litio. Las 33 comunidades de Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc prohibieron el ingreso de las empresas que se acercaron a explorar el territorio sin instancias consultivas previas.

Desde entonces, aseguran, la violencia contra los pueblos de la sal se acentuó y denuncian que con la nueva constitución pretenden poder desplazarlos del salar: “Quieren hacer lo mismo que hicieron en el Salar de Olaroz, pero no van a pasar”, relata Agustín.

Salar de Olaroz: donde hubo sal, sequía queda

Llegar al Salar de Olaroz luego de pasar por las Salinas Grandes no es recomendable: su paisaje dista demasiado de la inmensidad blanca recorrida hace unas horas atrás. Tan sólo en trece años de explotación minera, el impacto es radical: la sal se encuentra concentrada en pequeños espacios mientras que grandes piletones se esconden detrás de la tierra removida a escasos metros de la ruta. 

Tras años de exploraciones y diálogos unilaterales con la comunidad, en 2010 se instaló el proyecto “Sales de Jujuy”, que reúne a los accionistas Allkem, Toyota y Jemse. El segundo proyecto, “Cauchari-Olaroz”, prevé comenzar a producir unas 40.000 toneladas por año de carbonato de litio hacia finales de 2023.

“No cumplieron con su palabra”, se lamenta un trabajador de Sales de Jujuy, a metros de la planta. El operario, a quien no nombraremos para resguardar su identidad, vive en Susques, como algunos de los trabajadores. Explica que, cuando llegó la propuesta de “Sales de Jujuy”, no les transmitieron toda la información: “Nos dijeron que el impacto iba a ser mínimo, que era limpio y que nosotros siempre podríamos opinar”.

Sin embargo, para aprobarla, no se cumplieron las instancias consultivas e informativas necesarias como requiere el Convenio 107 de la OIT, que reconoce los derechos políticos, sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas. En un estudio realizado por FARN, se explica que “los miembros de las comunidades describieron el proceso de participación y las relaciones establecidas con las empresas que desean extraer litio como una comunicación mayormente unilateral ya que no podían expresar libremente sus opiniones a fin de alcanzar un entendimiento mutuo”. El 85% de las personas entrevistadas manifestó que no se les consultó y que no fueron debidamente informadas sobre las actividades de las empresas. 

A partir de las voces entrevistadas, el informe sostiene que “las empresas no divulgaron toda la información pertinente sobre los factores de riesgo previsibles y sus potenciales impactos en el ambiente”. A su vez, los miembros de las comunidades destacaron el impacto significativo que los proyectos de minería de litio tienen sobre el agua.

“Ya no hay más sal, la sacaron toda”, señala el operario mientras recorremos los largos kilómetros de lo que fue el salar. “En su momento se aceptó por la propuesta laboral y porque dijeron que no habría impactos, pero después no fue así; el impacto está a la vista: en esta zona ya no hay salar ni agua”, agrega.

Si bien su trabajo no le demanda suficiente energía, el largo viaje que conlleva cambiaron las dinámicas de su vida cotidiana. “Ahora ya casi no tengo tiempo para mis animales y mi casa”, destaca el operario y explica que todas esas tareas que antes eran divididas de manera equilibrada ahora sobrecargan a su esposa e hijas porque, de todas formas, “el sueldo no alcanza y a la casa hay que mantenerla”.

Su historia se repite en cada una de las familias de sus colegas. Mientras que los varones cuadruplican la participación femenina en las tareas del sector de energía, las mujeres son las que deben asumir las tareas domésticas. Las mujeres de Susques y comunidades aledañas, quienes además históricamente han sido las encargadas de gestionar la energía del hogar, hoy deben reforzar su aporte en las tareas de cuidados y/o relegar la posibilidad de trabajar de manera remunerada para sostener la unidad doméstica.

Una comunidad tan ancestral como la sal que pisamos

En la zona Salinas Grandes, las comunidades no están dispuestas a cambiar su modo de vida ni de producción. Desde 2011 se opusieron a los intentos de licitación y exploraciones mineras. Desde ese año, también, padecen la violencia estatal por haberse negado. “Acá no van a pasar porque estamos organizados”, anticipa Érica Cañari, presidenta de la Comunidad Pozo Colorado.

“Las personas mayores nos han ido inculcando a los jóvenes por qué tenemos que defender lo ancestral de las comunidades y seguimos en esa lucha”, explica la joven presidenta. Para Érica, “organización” es defender al territorio, pero también, y sobre todo: “es organizar los trabajos y mejorar la economía de la propia comunidad para que no migre nadie, para quedarnos y que vivamos bien, para que la minería no aparezca como una opción superadora”.

Érica sabe que su comunidad es tan ancestral como la sal que pisamos, por eso su lucha trasciende las generaciones: “Mis ancestros trabajaban la sal acá, hasta mi papá todavía sigue trabajando, tenemos toda una relación con ella. Nosotros, también, estamos fomentando actividades turísticas para que se conozca lo que hacemos y cómo lo hacemos”. El parador “La curva”, ubicado en Salinas Grandes, es un sitio turístico atendido por la comunidades de la zona. Allí trabajan 50 familias y reciben más de 500 autos por día: “Esta es una manera sustentable de subsistir”, explica la joven.

En los últimos tiempos, las violencias se convirtieron en una constante para desplazarlas. “Es una guerra enorme y está disfrazada”, explica la comunera, para quien decir transición energética “es un verso” ya que, en realidad, “el litio se va para otros lados, es para los países ricos. Se van a llevar nuestros minerales, los van a procesar y van a volver a vendernos a nosotros; a cambio nos dejan destruidos nuestros lugares como estos humedales donde están los salares”.

Durante todos estos años de lucha, diferentes colectivos acompañan a los pueblos de la sal para visibilizar sus denuncias. Entre ellos, Melisa Argento, del Grupo de Estudios en Geopolítica de Bienes Comunes de la UBA, trabaja con las comunidades de Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc hace mucho tiempo. Para la investigadora, la respuesta de las comunidades frente a la reforma constitucional no es ninguna novedad: “Hoy resisten como hace más de diez años contra el avance de la frontera extractiva de litio en sus territorios”. Explica, también, que en la zona de las salinas “nunca fue implementada la consulta previa libre e informada que regula el artículo 179 del convenio de la OIT”.

Desde su experiencia, Melisa sostiene que la minería de litio es “minería de agua” y que “destruye no solo ecosistemas, cuencas hídricas, vegas y humedales altoandinos, sino también las formas de reproducción de la vida, las actividades productivas de las poblaciones que trabajan en la ganadería, de la agricultura en pequeña escala y los alimentos que producen desde la tierra”. 

“Las comunidades están organizadas y han resistido a los primeros intentos de 2011, a las licitaciones de 2019 y a las nuevas licitaciones, como la que pasó hace muy poco, de 11 mil hectáreas del territorio que el Estado provincial entregó al capital privado”, recuerda la investigadora. Por ese motivo, la reciente aprobación de la reforma constitucional no es casual: “Lo que vemos es que atenta directamente contra las herramientas de defensa y de protección de la tierra de estas comunidades porque se avanza sobre sus personerías jurídicas, porque se avanza legitimando el desalojo y la no entrega de títulos territoriales y porque, básicamente, el gobierno provincial tendría todos los territorios y la regulación de los pueblos indígenas”, denuncia.

La vida y la muerte, un círculo sagrado que une la tierra con el cielo

Es sábado y la represión en el corte de ruta de Purmamarca, Jujuy, cumple una semana. El sol pega fuerte en los rostros curtidos por el frío y por el fuego de la noche anterior, de las noches anteriores. Contra todo pronóstico, el espíritu colectivo está intacto porque saben, en lo profundo, que la vida siempre vuelve a resurgir.

Una caravana de autos se aproxima. Llegan los restos de Felipe Mamani, uno de los primeros maloneros que, en 1946, viajó a pie con hermanos y hermanas kollas hasta Buenos Aires en el primer Malón por la Paz para reclamar al presidente Juan Domingo Perón la titularidad de las tierras preexistentes al Estado.

Su presencia de 97 años necesita traspasar a otro plano y comienza la ceremonia. “La coca, para nosotros, es una medicina, es una abuela, una sabia. Nos conecta con nuestra cultura, con nuestra memoria histórica, con el corazón de la madre tierra, con el espíritu del aire y de los elementos”, expresa el Chaski Nelson durante la ceremonia. Proveniente de Abra Pampa, al norte de la provincia, cuenta que a la coca “la han sembrado nuestros abuelos de distintos pueblos amazónicos, quienes han logrado la conexión con este espíritu de la mamá coca y luego lo han ido trasladando”. Nelson mira atentamente el fuego: “Esas hojas de coca solo se queman cuando un alma viaja. Es una conexión, un puente, entre esta dimensión y la otra. Al quemarla se da aviso que un alma está de viaje para que sea bien recibida”, asegura.

Los pueblos de la sal saben de despedidas y de encuentros, saben de agradecimientos y ofrendas, de dejar ir y de resistir, saben de conservar sus territorios con la guía de sus ancestros. Conservar, eso que hace la sal desde el principio de los tiempos.

* Esta crónica fue publicada originalmente en LatFem, la misma fue realizada en el marco del taller “Energía, economía y ambiente. Miradas feministas desde Latinoamérica”, organizado por el Observatorio Petrolero Sur y LatFem.

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El pueblo jujeño está movilizado contra el gobierno de Gerardo Morales hace más de un mes. Si bien la primera alarma se encendió ante el reclamo de las y los docentes que convocaron a un paro provincial en busca de mejoras salariales, el descontento popular no es nuevo. Las políticas de muerte impulsadas por Morales reflejan con claridad su objetivo: ampliar el modelo extractivista, reducir el gasto público y garantizar su permanencia y la de su gobierno en el tiempo.

Estos intereses fueron expresados en mayor o menor medida en la reforma constitucional recientemente aprobada. La nueva Constitución provincial fue jurada el pasado martes 20 de junio a puertas cerradas, sin transmisión en vivo e ignorando las consultas previas necesarias. El proceso constituyente duró tan solo un mes. Si bien la elección de los convencionales constituyentes había sido votada por el pueblo jujeño durante las elecciones provinciales del 7 de mayo, la difusión de este proceso como sus artículos no habían sido informados de manera adecuada.

Las políticas de muerte impulsadas por Morales reflejan con claridad su objetivo: ampliar el modelo extractivista, reducir el gasto público y garantizar su permanencia y la de su gobierno en el tiempo.

La nueva Constitución modifica 66 de los 212 artículos que poseía la Carta Magna local y, como sostienen desde las comunidades indígenas, su aprobación es inconstitucional porque fue hecha a espaldas del pueblo. La reforma es inconsulta y regresiva ya que reduce derechos consagrados por la Constitución Nacional e ignora tratados internacionales de igual jerarquía, entre ellos, prohíbe el derecho a la protesta. Además, concentra el poder y gran parte de las decisiones políticas en el Ejecutivo provincial ya que mantiene la posibilidad de reelección en la gobernación, prohíbe los indultos por corrupción, quita poder a los organismos de control y legitima el achicamiento del estado.

“¿Qué están esperando para cuidarnos?”

Para que la clase política y empresarial sea beneficiada, necesariamente, habrá colectivos afectados. Este es el caso de las comunidades indígenas contra quienes la reforma se ensaña particularmente y no es para nada casual: “Vienen por nuestros territorios, somos un tesoro que no supieron cuidar”, manifestó frente a la Casa de Gobierno la lideresa de la comunidad Ava Guaraní, Gabriela Situé.

La nueva Constitución elimina a los pueblos indígenas del texto constitucional y les niega el reconocimiento. Los pueblos que habitan los territorios de Jujuy tienen una larga historia de defensa de la vida, por lo que la creación de una nueva constitución que niegue sus derecho al territorio es, en parte, una demostración del interés extractivista que existe sobre ellos: “De nosotros depende la custodia del agua y el cuidado del territorio, ellos van a acabar con la vida ¿qué están esperando para cuidarnos?”, preguntó Situé en una de las primeras movilizaciones en San Salvador de Jujuy. 

Los artículos más controversiales de la nueva Constitución atentan directamente contra los derechos de los pueblos originarios, entre ellos se encuentra “la provincialización de recursos naturales como el suelo y el agua”. Un artículo que posibilita el desplazamiento de las comunidades que se encuentran habitando territorios de interés extractivista. Del mismo modo, desconoce los territorios ancestrales a las comunidades que no poseen personería jurídica luego de años de negarles ese derecho. Una Constitución que le dará más valor al título “fiscal” que al “ancestral”. 

Además, con este artículo, el Gobierno tendría control total sobre recursos estratégicos como el litio en un territorio donde las comunidades se encuentran fuertemente organizadas para prohibir el ingreso de los proyectos mineros. En este sentido, Jujuy es una de las tres provincias argentinas que ocupan el mal llamado “triángulo del litio” en la región y su valorización mundial lo ha configurado como una commodity de exportación. 

Desde esta perspectiva, los modos de vida y las economías domésticas sostenidas por los pueblos de las salinas estorban y deben ser desplazados: “Nosotros creamos toda una economía regional para que no sólo las comunidades de Salinas sean las beneficiadas con el turismo, sino que queremos que las 33 comunidades de la zona trabajen de manera articulada y se puedan quedar en el territorio”, explicó Erica Cañari, presidenta de la comunidad Pozo Colorado de Salinas Grandes. “Sabemos bien que no nos quieren acá, que quieren el litio y destruir el salar. Todo este conflicto comenzó, justamente, en 2019, cuando le dijimos que no a la minera”, agregó.

Corte de ruta y asamblea de los pueblos

El miércoles 14 junio, las comunidades indígenas habían comenzado a descender desde sus territorios hacia la ciudad capital, San Salvador de Jujuy, en lo que llamaron  “Malón de la Paz”, refiriéndose a las caminatas realizadas en 1946 y en 2006 para el reconocimiento de sus derechos. Pero el malón se vio interrumpido por la aprobación express de la constitución el 15 de junio. 

Desde entonces, las comunidades se asentaron en los diferentes puntos neurálgicos de la provincia y los cortaron de manera pacífica. Sin embargo, la represión no se hizo esperar: desde el viernes 16, diferentes operativos se desplegaron por la provincia para criminalizar la protesta social. Una muestra —para nada gratis— de qué entiende por “gobernar” Gerardo Morales: represión policial, detenciones ilegales, violación de los derechos, persecución y violencia política. “La represión ha sido salvaje, no han tenido piedad ni con abuelos, mujeres, niños o turistas”, denunció Érica Cañari, desde la Comunidad Pozo Colorado.

“La represión ha sido salvaje, no han tenido piedad ni con abuelos, mujeres, niños o turistas”

Érica Cañari, Comunidad Pozo Colorado.

Con el antecedente de la detención ilegal de Milagro Sala por ser una lideresa mujer e indígena, el actual operativo vuelve a exponer, también, un claro sesgo de violencia racista y machista. Tal como lo indicaron desde el Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS): “En las detenciones del sábado 17, las últimas en ser liberadas fueron 8 mujeres indígenas”. En su comunicado agregaron que, tras la represión del 20 de junio, “de las 33 personas detenidas, 23 son mujeres”. Y que, si bien se supone que las detenciones fueron a quienes ingresaron a la Legislatura y en las grabaciones solo se ven varones, “las mujeres los superan en la representación dentro de los patrulleros” y se ve cómo son detenidas y violentadas por oficiales varones. Desde el CELS explicaron que se las acusa principalmente de “resistencia a la autoridad, daños y lesiones, tres acusaciones que, juntas, pueden terminar en encarcelamiento”.

A pesar de las múltiples y brutales represiones que se desplegaron en la última semana, son más de 20 cortes los que continúan activos. Luego de una gran asamblea de pueblos originarios, las comunidades decidieron salir a las calles y quedarse allí hasta que Morales dé marcha atrás con la Constitución: “En este momento pedimos la derogación de la reforma porque él lo hizo a espaldas de las comunidades y no lo consultó ni con nosotros ni con los gremios ni con nadie. Es mentira que se reunió con las comunidades porque estamos todas en diálogo”, explicó Delia de la Comunidad de Hornaditas. 

Luego de la jura de la Constitución seguida de represión y desinformación, Érica Cañari recordó a LatFem: “Lo que sucedió es inconstitucional; el gobernador no abrió el diálogo con las comunidades, solamente el día martes sacó dos artículos que según él era los que estábamos reclamando, pero nosotros reclamamos por toda la Constitución”. En ese marco, declaró que hay muchos artículos que afectan directamente a los pueblos originarios por los territorios y recursos que tienen y que su preocupación mayor es el agua.

“Fue salvaje la represión del día de ayer. No vamos a aceptar los atropellos que le hizo a la gente, nuestras hermanas y hermanos detenidos, tantos heridos y amenazados”, denunció Delia. Tras la represión, el paro continúa y los apoyos se multiplican: “Hoy bajaron las comunidades de Abra Pampa, Mina del Aguilar y la Quiaca para reforzar todos los puntos”. Para Delia “la fuerza es unánime”: “Estamos todos los pueblos de la puna, la quebrada y los valles. Todas las comunidades están presentes en las rutas pidiendo la renuncia inmediata o la intervención de la provincia contra este desastre”.  El reclamo también es unánime y así lo sintetizó Cañari: “Queremos una nueva reforma que dé la oportunidad a las comunidades y organizaciones de participar”.

Recibir el nuevo sol en las calles

Como la cosmovisión andina lo indica el 21 de junio es un día de celebración. Cuando “Tata Inti” (el sol) se acerca a la tierra marca el comienzo de un nuevo ciclo. Para recibirlo, cada 20 de junio las comunidades indígenas que comparten esa cosmovisión se encuentran en sus espacios ceremoniales para pasar la noche más larga del año en comunidad. Esta vez, el Inti Raymi se trasladó a los cortes, allí algunas comunidades decidieron abrir el paso de manera interrumpida durante la noche para evitar posibles tensiones con la polícia y realizar su ceremonia como corresponde: “La potencia de la celebración del Inti Raymi es superior y no lo están respetando, es un acto sagrado de conexión con la madre naturaleza, es un día espiritual”, manifestó Nelson Chasqui de Abra Pampa.

Para recibir el nuevo ciclo las comunidades andinas levantan sus manos al amanecer en espera de los rayos del nuevo sol. En el corte los puños siguen alzados: “No vamos a bajar los brazos hasta que Morales renuncie y se vaya con todo su gabinete”, aseguró Delia desde el corte de Purmamarca. “Estamos en las calles por los pueblos originarios y por toda la sociedad. Es un momento muy doloroso para las comunidades, para los gremios y los docentes. Queremos que se escuche la voz de la provincia de Jujuy que está sufriendo mucho, nosotros vamos a seguir adelante pero necesitamos de su apoyo”, aclaró.

* Publicada originalmente en LatFem

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Por Camila Parodi y Susi Maresca | Cobertura conjunta desde Jujuy entre Tierra Viva y Marcha.

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, logró aprobar de forma exprés su reforma constitucional, con apoyo unánime tanto de radicales como de peronistas y la renuncia de los convencionales del Frente de Izquierda. El pueblo jujeño rechazó la reforma constitucional porque refuerza el poder del gobernador, limita y criminaliza la protesta social y habilita el avance de la propiedad privada sobre territorios en disputa. Además, no existió un proceso democrático y participativo para modificar la nueva Carta Magna, ya que se hizo sobre un proyecto bajado desde la gobernación en septiembre pasado. La reforma se concretó en el marco de paros de gremios docentes y estatales, y el “Tercer Malón de la Paz” de las comunidades originarias que, desde el miércoles, bajaron desde las yungas, la puna y los salares con sus whipalas y esta mañana llegaron a la capital jujeña.

Morales, quien presidió la Convención Constituyente, logró la aprobación en general de la modificación de 66 de los 212 artículos de la carta magna provincial, que le da al gobierno provincial mayor discrecionalidad en el manejo de los bienes comunes, como el litio, ya declarado como “recurso estratégico”. La rápida aprobación de la reforma, adelantándose a la agenda propuesta por el oficialismo, resulta otra estrategia política para frenar las movilizaciones. Luego de la primera semana de paro, Morales intentó detenerlas con la firma del decreto N°8464, publicado el viernes pasado, que multaba y criminalizaba la protesta social. El miércoles comunicó en conferencia de prensa la decisión de derogar la medida, cuyos objetivos están ahora en el nuevo texto constitucional, pero eso no cambió la actitud de protesta del pueblo jujeño.

La modificación —sin debate participativo ni acuerdo social más allá de la elección de los convencionales en las elecciones provinciales de mayo pasado— no sólo profundizará la desigualdad social y económica manifiesta, que beneficia a la clase política y empresarial, sino que también desconoce derechos básicos consagrados en la Constitución nacional. Por ejemplo, el desconocimiento del derecho a la tierra ancestral y las consultas previas e informadas, la criminalización de la protesta social —en el artículo que sostiene “la expresa prohibición de cortes totales de calles y cortes de ruta, así como toda otra perturbación al derecho a la libre circulación—, además del artículo 36 de “derecho a la propiedad privada”, que vuelca a favor de las empresas cualquier conflicto de tierras, en una provincia en la que los relevamientos y entrega de título a las comunidades originarias está paralizada.

Desde el comienzo del paro provincial, las comunidades originarias definieron acciones comunes para rechazar la reforma que terminaron decantando en la realización de un “Tercer Malón de la Paz”, recordando las dos históricas caminatas realizadas por los pueblos indígenas de Jujuy en los años 1946 y 2006 para exigir su derecho al territorio. Las comunidades comenzaron a bajar desde las yungas, la puna y las salinas para unificar sus voces en un mismo reclamo: “¡No a la Reforma!” y “Arriba las whipalas, abajo la reforma!”, en un grito común con el reclamo docente que exigían: “¡Arribas los salarios, abajo la reforma!”. Las voces de los pueblos originarios contra la modificación de la carta magna provincial llegaron desde todos los rincones de la provincia.

Comunidad Pozo Colorado: “Nuestra calidad de vida se defiende, es por el aire y por el agua”

Erica Chañari es la presidenta de la comunidad “Pozo Colorado” que se encuentra, junto a otras comunidades, en la zona de Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc. La comunidad trabaja en las salinas de manera articulada con el turismo en su territorio ancestral. Para Erica esta reforma constitucional no es casual y se relaciona directamente con la valorización global que ha obtenido el litio durante los últimos años.

“En 2019 tuvimos el primer intento de avanzar con exploraciones de litio en las salinas, rápidamente comenzamos a repudiarlo porque no fuimos informados y porque no lo queremos. El gobernador nunca se acercó y desde entonces comenzó a inhabilitar las movilizaciones. Desde ese momento que se viene armando todo esto. Ahora aquello que hacía en cada territorio lo pensó más grande con la modificación de la constitución provincial”, sostiene Chañari.

Para la presidenta de la comunidad “Pozo Colorado” esta situación es muy grave porque “cada vez tenemos menos protección sobre nuestros derechos y territorios. Mucha gente lo votó (a Morales) sin saber que implica esta reforma porque no fuimos informados”. En el salar, la vida se defiende: “Nuestra calidad de vida se defiende, es por el aire y por el agua. Esa es nuestra riqueza, como nos enseñaron nuestros ancestros, este es nuestro lugar y lo protegemos”.

Nación Omaguaca: “Vamos a perder el agua”

Mercedes Maidana es docente indígena de la nación Omaguaca y junto a pares de la nación Kolla se manifestaron en la ciudad de Humahuaca para denunciar las condiciones laborales y rechazar la reforma constitucional. “Como no somos abogados ni juristas no sabemos lo que significa esta reforma en su aplicación, porque no hubo consultas ni información”, denunció la docente.

Sin embargo, los derechos sí se conocen y defienden: “El convenio 169 de la OIT, de rango constitucional y adecuación nacional, exige la consulta previa, libre e informada y eso no ha ocurrido. Queremos denunciar esta situación porque tenemos derechos nacionales que nos habilitan. Sino aquello de ser ‘sujeto de derecho’ es solo un enunciado”.

Para la docente esta modificación exprés “es gravísima porque Jujuy es tierra minera y podría significar que toda la producción y modos de vida de la población sean modificados“. Además agregó: “Lo más grave es que vamos a perder el agua y no solo las comunidades, la vamos a perder todos”.

Comunidad kolla de Caspalá: “Duele que nos maltraten”

Lucía y César Apaza son de la comunidad kolla del pueblo de Caspalá, departamento de Valle Grande. El pasado lunes marcharon hasta San Salvador de Jujuy para rechazar la constitución y visibilizar la situación particular de su pueblo. “Estamos apoyando a los docentes, pero también venimos por la baja la reforma constitucional porque es injusto lo que están haciendo”, lamentó Lucía y advirtió sobre los peligros de la puesta en marcha de la modificación de la carta magna: “Ya hubo en nuestro pueblito una usurpación del territorio y tenemos muchos problemas para que nos respeten”.

Por su parte, César explicó que se están reuniendo con diferentes comunidades para frenar la reforma “porque toda nuestra tierra, todas las comunidades y todo el pueblo de Jujuy va a estar afectado con este cambio. Ya no se puede vivir más con esta tiranía”.

“Estamos levantando nuestras voces para que nos escuchen”, aseguró César. Para el comunero kolla la reforma implica la quita de todas las garantías y la posibilidad de vivir en paz. “Con las usurpaciones y represiones no se puede vivir. Nosotros vivimos una vida tranquila, sencilla. Nosotros vivimos de nuestra agricultura, nuestro ganado, hacemos nuestras artesanías. Duele que nos maltraten, duele que nos traten de esa manera, no solo en mi pueblo, en mi comunidad, sino también toda la provincia de Jujuy”.

Comunidad Chalala: “Queremos defender la vida en comunidad”

Sara Choquevilca es integrante de la comunidad indígena de Chalala, una población ubicada a dos kilómetros de Purmamarca. Sara explicó que, desde Chalala, consideran a la reforma ilegal: “No fue participativa, denunciamos la falta de consulta y de consentimiento de los pueblos indígenas que conforman esta provincia”. En el caso puntual de la comunidad de Chalala, Sara explicó que están atravesando hace más de dos años un conflicto específico por las tierras comunitarias en el que “el Gobierno desconoce los derechos de la comunidad sobre su propiedad comunitaria, que ya tiene veinte años de existencia legal”.

Tras la especulación inmobiliaria y turística que avanza en la Quebrada de Humahuaca, acceder a un lote es imposible: “Nuestras tierras se valúan millones de dólares, se hace imposible que la gente pueda adquirirlos de forma común”. Y agregó: “Recuperando los derechos ancestrales es que los pobladores recuperan y se asientan en sus tierras. Así se conformó la comunidad indígena que reúne a 102 familias y trabaja con el turismo en Purmamarca, un turismo conocido mundialmente”.

“Las familias tienen derecho a poseer sus tierras y a vivir dignamente en ellas. Hoy tenemos a muchas familias afectadas en el acceso a los servicios de agua y luz porque el Estado provincial no reconoce los derechos de los títulos propietarios de la comunidad y amenaza con desalojar a las familias de la comunidad“.

En ese sentido, explicó los riesgos de la aprobación de la reforma: “Sabemos que nuestros derechos se van a ver fuertemente limitados. Sabemos de la riqueza de minerales que hay próxima a Purmamarca, el litio en las salinas. Y también sabemos el interés que tienen las empresas privadas para acaparar esos recursos naturales. Queremos defender la vida en el lugar, en comunidad, en Purmamarca. Seguir defendiendo el paisaje, la naturaleza y el turismo“.

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Tengo tanta arpillera, tanta ventana abierta, tanta ausencia, tanta mano tendida, tanto fuego, tanta pasión, tanta poesía, tanta canción.

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