Por Redacción Marcha y BiodiversidadLa (*)

En el país del Amazonas, el pulmón de la humanidad, luchar contra las violencias del modelo establecido por la agroindustria en detrimento de los saberes de las comunidades y el bienestar del ambiente es urgente. Pero también histórico. El MST surgió en el período 1970- 1985; precisamente, tras el proceso de concentración de grandes extensiones de la tierra en manos de pequeños grupos de la sociedad, situación que provocó el empobrecimiento de las y los pequeños campesinos y propietarios. Una respuesta de articulación territorial del movimiento de reforma agraria que se consolidó en un congreso celebrado en enero de 1985 con la participación de 1500 delegados de todo el país.

“Cuando la gente se despierta, ya estamos al pie del fuego, que lentamente convierte el agua en café, la masa en cuscús, el arroz en baião, el pensamiento en palabras y gritos y peleas. ¡Estamos despiertas!”. Con estas palabras se difundió en marzo de 2022, la “Carta abierta de amor y de lucha de las mujeres sin tierra”, un registro audiovisual de la resistencia de los últimos años. “¡Estamos despiertas”, dicen las mujeres del MST, en acción contra los extractivismos que se traducen en transgénicos y en venenos sobre la comida. “Nos fortalecemos para luchar por nuestros cuerpos y nuestra tierra”, afirman en la Carta, un grito colectivo de furia pero también de alegría convocado al calor de los tambores ancestrales para la supervivencia de los pueblos indígenas, las quilombolas y la agricultura familiar.

En Brasil hay quienes se organizan por nuestras vidas: son Defensoras afrodescendientes, indígenas, migrantes, negras, LGBTIQ+ y alzan la voz por las que cargan las marcas de las violencias y la pobreza producto de la desigualdad. El MST realiza hace décadas un llamado a la organización para dar vuelta las condiciones de propiedad: “ni somos de los varones ni nuestra tierra es de las grandes empresas en manos de las minorías blancas y ricas”. En sus actividades hay amor, felicidad y potencia para transformar el mundo. En los campos y las ciudades se lucha por territorios libres para disfrutar de la vida, la música y la poesía. Por tierra, trabajo y el derecho a existir. Sobre esto dialogamos con Lucineia Miranda De Freitas.

Para comenzar, ¿nos podrías situar en el territorio que te encuentras, cuáles son las principales tareas que realizan allí desde el MST y cuál es tu experiencia en la organización?

Me llamo Lucineia Freitas, vivo en el estado de Río de Janeiro hace cuatro años. Soy del estado de Mato Grosso, son dos situaciones muy diferentes, porque Mato Grosso es un estado al interior del país, más agrícola, y Río de Janeiro está en el litoral, más urbanizado, pero con una agricultura muy importante. En el MST, colaboró en el sector de género y ahora estamos enfocadas en la construcción de la “jornada de las mujeres”, que va del 7 al 11 de marzo. Este año formó parte de la dirección nacional del sector.

Elegimos tomar el concepto de “defensoras” y “guardianas” de los territorios y derechos para hablar del lugar central que tienen las mujeres  campesinas, indígenas y rurales en la defensa de los bienes comunes. ¿Qué significa hoy ser defensora en Brasil y cuál es el escenario al que se enfrentan?

Aquí estamos dando un debate entre los pueblos del campo, pueblos originarios, quilombolas [comunidades rurales ancestrales afrodescendientes], campesinos, ribereños. En Brasil existe la designación de “pueblos del campo, de las aguas y los bosques” como guardianes. Entre estos pueblos, las mujeres tienen un papel central en el proceso de organización de las comunidades para las resistencias necesarias. Y para nosotras, en la coyuntura de Brasil, ser defensora es hacer frente a un proyecto de avance permanente del capital sobre los territorios, ya sea los demarcados o en los territorios donde se lucha por lograr que haya más zonas de asentamientos o campamentos.

Ser Defensora es repensar el propio proceso de la producción agrícola, la producción en la agricultura, desde una perspectiva de la agroecología, comprendiendo que supone una ruptura con un modo de hacer agricultura que viene de la revolución verde y nos permite repensar la relación con la naturaleza y el medio ambiente. Y la agroecología, al permitir que repensemos las relaciones con la naturaleza, también nos pone [la tarea] de repensar las relaciones humanas que se organizan desde nuestro círculo familiar hasta nuestras relaciones sociales en la comunidad, como las cooperativas, los sindicatos, las escuelas.

Ser Defensora en el actual escenario brasileño es un proceso muy peligroso, hay un incremento constante en el número de casos de violencia en el campo, lo que afecta sobre todo a los pueblos indígenas, pero también a los campesinos de modo general, incluso las mujeres. Y en este momento de ofensiva, la violencia viene tanto de procesos de empresas privadas, como la invasión de grileiros [acaparadores de tierras] y mineros ilegales como del Estado con los desalojos autorizados durante la pandemia.

¿Qué es el sector de géneros del MST? ¿Cómo es la situación de los movimientos campesinos con respecto al acceso a la tierra, la reforma agraria y el reconocimiento de los derechos en el marco del gobierno de extrema derecha de Jair Bolsonaro?

El sector de género del MST se conformó en el año 2000 a partir del planteamiento de que era necesario repensar las relaciones de género dentro del movimiento, y que no era una tarea de las mujeres, sino que debía involucrar a toda la organización. La presencia de las mujeres en el MST es un hecho, siempre estuvieron presentes, desde las primeras acciones en la década de 1980. Sin embargo, había una distancia entre estar en la vida cotidiana del movimiento y en los momentos de enfrentamiento y estar en los espacios de toma de decisiones. Fue precisamente para romper con esta división que las mujeres comenzaron a organizarse, hasta que se constituyó el sector de género y la paridad en los espacios de decisión del movimiento.

Desde la construcción de la “Jornada de Lucha de las Mujeres”, también profundizamos en el estudio de la perspectiva del feminismo, no de un feminismo único, sino de sus múltiples posibilidades. Y como mujeres de la vía campesina, construimos el concepto de feminismo campesino y popular. Hoy nosotras, como mujeres sin tierra, nos reconocemos como mujeres feministas, construimos el debate práctico y teórico del feminismo campesino popular en esta articulación de La Vía Campesina, tanto a nivel nacional como en La Vía Campesina a nivel internacional, y construimos con las mujeres urbanas y las organizaciones de mujeres de la clase trabajadora urbana otras perspectivas de lucha que implican la cuestión de los derechos de las mujeres en su conjunto.

Aquí en Brasil tenemos dos consignas: “sin feminismo no hay agroecología”; y “sin feminismo no hay socialismo”, desde el entendimiento de que o el feminismo es una bandera asumida por las organizaciones que se proponen cambiar las relaciones productivas y a partir de ahí tienen que pensar también en las relaciones reproductivas, o no habrá transformaciones.

La explotación minera, el desmonte y el agronegocio avanzaron notablemente sobre los territorios y bienes comunes. Asimismo, las resistencias de los pueblos indígenas y campesinos han advertido y desafiado al gobierno por este saqueo.  ¿Qué experiencias y respuestas organizadas podrías compartirnos ante este contexto?

En el último período, desde 2015 particularmente, con las acciones que antecedieron el golpe contra la presidenta Dilma Rousseff, la lucha por la tierra en Brasil se volvió muy difícil. Y se ha vuelto más difícil en general y especialmente para las mujeres. Algunas políticas para las agricultoras, que fueron muy importantes para su proceso de organización interna, como el Programa de Adquisición de Alimentos (PAA), que impulsaba la producción diversificada en sus patios, fueron suprimidas bajo el gobierno de Michel Temer (2016- 2018) y esto tuvo un fuerte impacto en la autonomía financiera de las mujeres.

Bajo este programa, el Estado adquiría la producción directamente de las y los agricultores familiares, con reparto directo en las escuelas, residencias de ancianos, hospitales o para familias en situación de vulnerabilidad. Así se compraba una producción diversificada y de temporada y no era necesario que fuera la misma producción todo el año, algo que no está presente en la práctica de las mujeres. A nivel legal, hay logros en cuanto al acceso a la tierra en Brasil, como la titulación a nombre de una pareja, una mujer y un hombre, y también está la prerrogativa de la titulación a nombre de parejas homosexuales, dos mujeres, dos hombres. No hay decreto ministerial, pero ya está consolidado. Sin embargo, en los últimos cuatro años, en realidad, no hubo asentamiento de familias ni demarcación de territorios quilombolas o indígenas. No existe un decreto del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA) para los casos de parejas homosexuales. Así que cada pareja tiene que realizar un proceso individual, pero ya tenemos consolidados casos.

En los últimos dos años, pese a los ataques, logramos resistir a algunos desalojos que iban a afectar a una gran cantidad de personas, como un campamento del MST en Minas Gerais, el Quilombo Campo Grande, donde viven 450 familias y que, a través de la solidaridad de la población urbana e internacional, logramos impedir con la policía ya en la entrada. En este periodo también profundizamos la construcción de la unidad en algunas agendas importantes, de la resistencia al avance del fascismo a la denuncia del racismo y también en los procesos de formación y estudios que nos preparan para el momento subsecuente. Orgánicamente y considerando además un periodo histórico más largo, avanzamos en la constitución de un colectivo LGBT+ para pensar en una población que ha sido invisibilizada en el campo; y en el periodo más reciente, en los últimos 4 años, en la constitución de un colectivo para pensar las relaciones raciales vinculadas a la cuestión agraria.

En lo que respecta al sector de géneros del MST conocemos su experiencia de bloqueos a las empresas del agronegocio cada 8 de marzo. ¿Cómo surgió esa acción y qué impacto genera?

Nosotras organizamos los 8 de Marzo desde los años 90, pero inicialmente eran actividades, encuentros de formación y estudio; no tenían este carácter de enfrentamiento y lucha directa contra el capital. A partir de los años 2000, junto con los cursos de formación, con esos encuentros de estudio, empezamos a organizar acciones públicas para denunciar el avance del capital en el campo y la violencia contra las mujeres. El año 2006 marcó un hito en el proceso de lucha del 8 de Marzo porque se inició con el avance de las plantaciones de eucalipto en diversos territorios, sobre todo indígenas en Espírito Santo, pero también de interés para la reforma agraria por tratarse de tierras públicas en la región sur. Construimos la primera acción de confrontación directa con el capital al ocupar la planta de Aracruz Celulose, donde se desarrollaba un experimento con eucaliptos transgénicos.

Esta acción tuvo un gran impacto y repercusiones, tanto por parte de quienes criminalizaron las intervenciones de las mujeres, como internamente, porque fue algo que construyeron las propias mujeres, por lo que se criticó que era necesario involucrar a toda la organización para poder responder colectivamente a las críticas externas y enfrentarlas. Varias compañeras fueron enjuiciadas en ese momento; sin embargo, éste fue un hito muy importante porque, desde entonces, nos dimos cuenta de que no hay forma de poner en la agenda la participación política, el combate a la violencia contra las mujeres, sin enfrentar y denunciar al capital en este proceso. Así que desde entonces estamos armando el debate sobre el feminismo campesino y popular porque en esos momentos de confrontación al capital es cuando nos articulamos también a través del feminismo.

En 2022 hay elecciones en Brasil y son muy claras los dos proyectos que competirán en ellas. ¿Qué lectura hacen de este proceso electoral y cuáles son los posibles escenarios que se podrían abrir para ustedes?

Ojalá que los vientos favorables de América Latina soplen en Brasil este año. Pero sabemos que será un proceso muy difícil la campaña electoral; aunque las encuestas demuestren la victoria de Lula da Silva, no creemos que este proceso esté consolidado o decidido. Como MST tenemos una definición política de que las elecciones y la derrota de Bolsonaro son las agendas centrales para este 2022 desde la comprensión de que en el proceso de resistencia subsecuente solo habrá victorias si logramos derrotar a Bolsonaro en las urnas.

Entonces, tenemos dos definiciones que son muy importantes; la primera, la de [disputar] las elecciones parlamentarias en los estados y nacionalmente con la presentación de algunos militantes del MST como candidatos. Y la otra decisión que corresponde a la participación, junto con los demás movimientos que forman parte del comité “Fuera Bolsonaro”, de construir comités populares para la campaña electoral. Y creemos que en la segunda vuelta, el segundo semestre, la fuerza política de la militancia de base estará implicada de algún modo en el proceso electoral, en las acciones de la campaña política.

También planteamos que los daños que sufrimos con Bolsonaro aún estarán presentes por algunos años, como el incremento de la violencia social como los crímenes de racismo y feminicidios, contra la población LGBT+, y en las acciones de desmantelamiento de las leyes ambientales y sociales en este periodo. Tardará algunos años para que volvamos a encontrar el camino; pero en este momento el objetivo es derrotar a Bolsonaro en las urnas.

¿Encuentran experiencias afines en América Latina con relación a las luchas que están dando los pueblos de la región?

El MST tiene dos experiencias de solidaridad que son fundamentales para pensar la unidad. Una de las experiencias son nuestras brigadas de solidaridad, con militantes del MST o de la Vía Campesina en este proceso de articulación y que intervienen en otros territorios. Hoy, en América Latina, tenemos una brigada en Haití, que trabaja en el proceso de organización de la producción a partir de las experiencias de nuestras cooperativas y en la agroecología, y tenemos brigadas en Venezuela con la misma perspectiva de organización de la producción. Tenemos una brigada menor en Cuba, con esta perspectiva de articulación, de pensar estratégicamente también la lectura de América Latina desde este territorio.

El otro campo de la solidaridad es la que el MST recibe desde diversos territorios, desde la organización de comités de amigos y amigas del MST, que existen en varios países a partir de la construcción de procesos de formación en las escuelas, sobre todo desde nuestra “Escuela Nacional Florestán Fernandes”, incluso como América Latina, antes de la pandemia, teníamos anualmente dos procesos, el Curso de Formación en Teoría Política Latinoamericana, una versión menor y otra mayor, de 30 a 40 días y 60 a 70 días, respectivamente. Además de estas experiencias, el MST construye múltiples procesos de intercambio, ya sea acogiendo a organizaciones que vienen a vivenciar las experiencias del movimiento en los asentamientos y campamentos, en las cooperativas, en las escuelas, o con militantes del MST que van a vivenciar y conocer experiencias en otros territorios.

Para nosotras y nosotros la lucha en el campo, la lucha por la reforma agraria no es solo una lucha campesina, sino una lucha que interesa a la sociedad. Y la lucha en Brasil no tiene impactos sólo en Brasil, así como otras luchas en América Latina tienen impacto en Brasil, nuestra lucha tiene impacto en otros países. Por eso es importante que seamos conscientes y nos dispongamos a ser solidarios ante cualquier situación.

Esta entrevista hace parte de la serie  “Defensoras. La vida en el centro”, un trabajo conjunto de  Marcha Noticias y  Acción por la Biodiversidad, editado por Chirimbote, con apoyo de la Fundación Siemenpuu.

*La entrevista fue realizada por Laura Salomé Canteros, Camila Parodi y Maru Waldhüter en el año 2022.

Edición: Laura Salomé Canteros y Nadia Fink.

Ilustración: Ximena Astudillo

Source

Por Colombia Informa

El MST surgió como resultado de distintos factores socioeconómicos durante la década que comprende los años 1975 y 1985; el periodo de desarrollo capitalista de la agricultura. Este proceso permitió la concentración de la tierra en manos de las grandes empresas transnacionales y nacionales y, en consecuencia, el aumento del campesinado sin tierra.

El movimiento se fundó oficialmente en el mes de enero del 1985, en la ciudad de Curitiba, estado de Paraná, con la participación de 1.500 delegados de todo Brasil. El objetivo: recuperar las tierras y restituirlas a los campesinos, favoreciendo una mejor distribución de la propiedad del territorio brasilero.

La Reforma Agraria en Brasil

La reforma agraria, como concepto general, es el sistema que regula y promueve la división justa de la tierra. Específicamente en el caso de Brasil, la Reforma debe funcionar para reparar siglos de distribuciones injustas de la tierra entre grandes terratenientes. Existe la ley de expropiación, garantizada por la Constitución de 1988, instituida por el Plan Nacional de Reforma Agraria, en virtud del decreto de la Ley N ° 3365, de 21 de junio de 1941, que garantiza el derecho de expropiación de las llamadas tierras privadas, consideradas improductivas.

Desde la llegada a la Presidencia de Jair Bolsonaro, se suspendieron ya dos veces los procedimientos de reforma agraria por el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria – Incra–

-¿Qué está generando el aumento de la violencia en el campo?

El factor principal que lleva al aumento de la violencia en el campo se debe mayoritariamente a la concentración de las tierras en las manos de los grandes grupos económicos, sean de empresas transnacionales o locales. La apropiación de la tierra por parte de las grandes empresas, causa, enseguida, la expulsión de los campesinos y de los pueblos indígenas de los territorios.

En ese sentido, el rol y el mayor trabajo del MST es recuperar esas tierras, para favorecer una justa distribución. Respecto a eso, cabe destacar que Brasil es el 5º país con mayor desigualdad en el mundo. Por eso es fundamental una reforma agraria. Con el MST, en más de 35 años de lucha, hemos recuperado tierras para miles de familias.

Cuando hablamos del aumento de la violencia, no olvidamos que estamos hablando de un gobierno de extrema derecha, el de [Jair] Bolsonaro, que eligió como principal enemigo en el tema agrario al propio el MST. Para debilitarnos, su gobierno crea grandes campañas y utiliza la judicialización en contra de nosotros: así hay dirigentes procesados, presos, y otros asesinados.

Lo anterior ya pasaba durante el gobierno de [Michel] Temer, que tenía la misma línea del gobierno Bolsonaro. Además, con la ley del gobierno Bolsonaro, aprobada el 17 de septiembre de 2019, se permitió usar armas de fuego en propiedades rurales, y eso aumentó la violencia en el campo de forma drástica. Hasta ahora, el dueño de una hacienda sólo podía usar el arma en su domicilio, pero ahora puede hacerlo en toda la extensión de su terreno.

La motivación utilizada para la aprobación de esta ley es la defensa de la propiedad privada: ahora un terrateniente es autorizado a matar en su predio para “defender su propiedad privada”.

¿Con esta nueva ley se estarían armando milicias paramilitares entre los agricultores?

Después del asesinado de Marielle Franco está comprobado que ya había milicias que trabajaban en el gabinete del Gobierno. Las milicias están en el mismo Gobierno, no solamente entre los agricultores, y eso ayuda en evitar la reforma agraria. Con esta ley lo que se gana son nuevas proporciones de las milicias, mucho más grandes y poderosas de las que ya existían.

¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno de Jair Bolsonaro?

El Gobierno acabó con todas políticas que se había construido para las agriculturas familiares y para la reforma agraria, incentivos de crédito, comercialización de nuestros productos y apropiación de tierras.

Ahora el Gobierno entrega un título de propiedad privada a la familia para que luego pueda vender su predio, decisión totalmente en contra de la reforma agraria, y un avance hacia la privatización de la tierra.

Otro punto, es el uso de los agrotóxicos, autorizados ahora en Brasil y prohibidos en Europa.

Una verdadera política del Gobierno en contra de la reforma agraria.

Le puede interesar: Bolsonaro regresa privilegios a la dictadura brasileña

¿Puede profundizar un poco en el tema de los agrotóxicos?

Primeramente, una visita del Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas -ONU- sobre las obligaciones de derechos humanos, relacionadas con la gestión y eliminación ecológica racional de las sustancias y los desechos peligrosos, Baskut Tuncak, es prevista entre el 4 y el 13 de diciembre de este año, justamente para investigar sobre este tema.

Ya es una realidad que el uso de los agrotóxicos afecta la vida de los seres humanos. En Brasil, consecuentemente a eso, varias muertes por cáncer han sido confirmadas por investigaciones científicas.

Nosotros, desde el MST estamos denunciando que la utilización de los agrotóxicos contamina el subsuelo. Las aéreas más productivas de Brasil ya están contaminadas. Sus aguas son envenenadas hasta los 40 metros de profundidad. La situación es muy alarmante y ya ha sido denunciada al gobierno brasileño.

Ahora estamos denunciando eso a órganos de derechos humanos, y esperamos la visita del Relator Especial de la Organización de Naciones Unidas -ONU-.

¿Y cuál es el rol de las las transnacionales?

Sin duda, las transnacionales tienen un impacto directo en la situación actual de Brasil.

Son ellas, por ejemplo, las que tienen tremendos beneficios de los incendios de la Amazonia, para los cultivos de la soja transgénica de Monsanto, y la explotación de la tierra para ganado.

Esa situación no es una novedad que emerge con el gobierno de Bolsonaro. Sin embargo, si antes estas empresas eran más controladas, ahora ya no hay control. Eso coincide con el inicio de los incendios en la Amazonia.

Respecto a eso, el silencio de la prensa brasileña es total. Bajo acuerdos con las grandes corporaciones, nadie denunció estos hechos. Fue la prensa internacional la que empezó a denunciar lo que estaba pasando, y eso favoreció la sensibilización del mundo entero para llamar la atención de la opinión pública sobre la situación de la Amazonia y los daños medioambientales que eso podía engendrar.

A pesar de los conocimientos actuales, y de la atención mundial respecto al tema medioambiental, la prensa brasileña sigue en silencio, tanto en el tema de los incendios como de los agrotóxicos, al igual que la violencia en el campo.

También puede leer: Con gobierno de Bolsonaro se agrava la situación de pueblos indígenas en Brasil

Source

Por Vivian Palmbaum | Foto: Foro Agrario

En el marco del Día Internacional de las Luchas Campesinas este 17 de abril y del Indio Americano, las organizaciones campesinas, indígenas y de la agricultura familiar realizaron una jornada de lucha a nivel global. En distintas plazas de nuestro país se realizaron acciones para visibilizar las necesidades y exigir políticas públicas para el sector. La actividad finalizó con una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados de la Nación, convocando al Primer Foro Agrario Nacional para los días 7 y  8 de mayo de este año.

En unidad por la tierra  

Este Día Internacional de las Luchas Campesinas encuentra al sector de las y los pequeños productores campesinos atravesando una situación muy grave. Así lo expresan en distintos lugares del país, con necesidades comunes y particulares en cada región. Cortes de ruta, feriazos y jornadas de formación fueron algunas de las iniciativas que llevaron adelante las y los campesinos en distintos lugares del país.

En la Ciudad de Buenos Aires, en la Plaza del Congreso, diversas organizaciones realizaron un Feriazo. Elías, de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) de La Plata, dijo en diálogo con Marcha que “el Feriazo se hace para visibilizar al pueblo que nosotros y nosotras existimos y que somos los y las que producimos los alimentos todos los días. Luchamos por la tierra. La tierra es lo que nosotros no tenemos, porque trabajamos en tierras alquiladas. En los campos del norte del país, a las y los compañeros los están excluyendo de sus propios campos, los sacan los terratenientes o las empresas multinacionales. Sacan a las y los pequeños productores que trabajan la tierra desde hace muchísimo tiempo. Acá en La Plata el 60, 70% de las y los productores alquilan y no son dueños de la tierra”.

Además se refirió a las crecientes dificultades a partir de las políticas públicas que “nos hacen trabajar en negro. Sin el Monotributo Social Agropecuario no podemos facturar y quedamos excluidos de la comercialización”. Agregó también que debido al desguace de la Secretaría de Agricultura Familiar, esta se transformó en una instancia administrativa sin respuestas.

En Mendoza también se realizó un Feriazo campesino en Plaza Independencia, en la capital provincial. La principal dificultad de la provincia cuyana “sigue siendo el acceso a la tierra”, a lo que se suma la problemática del agua. “No es fácil acceder al agua y menos acceder a créditos para producir”.

Frente al Congreso Nacional Marcha dialogó con un trabajador de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), Gustavo Montiveros, que contó que “estamos acá acompañando a las y los trabajadores de la tierra que son los que producen la mayor cantidad de alimentos, que con mucho esfuerzo sostienen a su familia y aportan al sostenimiento alimentario de la población argentina. Estamos convencidos de que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria no debe estar al servicio de los grandes grupos económicos o de las grandes empresas exportadoras sino que consideramos que debe garantizar la sanidad y la inocuidad de los alimentos que produce nuestro pueblo  y para eso tiene que estar al servicio del pueblo”.

Programa Agrario Nacional

En el Día Internacional de la Lucha Campesina se realizó una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados de la Nación, donde se leyó un breve comunicado y se convocó al Primer Foro Agrario Nacional, que se realizará los días 7 y 8 de mayo en el microestadio de Ferrocarril Oeste. Participaron organizaciones campesinas, indígenas y de la agricultura familiar, junto a agrupaciones gremiales, cátedras de universidades, abogadas y abogados ambientalistas, entre otros y otras.

En la Argentina, tal como lo revelan los primeros datos del Censo Nacional Agropecuario 2018, realizado por el INDEC, hay una superficie productiva un poco mayor a 161 millones de hectáreas que se destinan al uso agropecuario y forestal. Estos primeros datos informan “una pérdida de 100.000 unidades productivas y de mayor concentración de la tierra”, tal como revelaron en la conferencia de prensa. “En Argentina más del 70% de quienes producen no son dueños de la tierra”.

En Latinoamérica y el mundo las y los campesinos continúan siendo desplazados, expulsados y discriminados, sin que se les reconozca como las y los principales productores de alimentos. “Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (más conocida como FAO),  la agricultura familiar de cada país produce hasta el 80% de los alimentos que consumen los pueblos”.

Organizaciones campesinas de todo el país se vienen reuniendo para deliberar acerca de la construcción de un Programa Agrario Nacional, que más allá de lo reivindicativo sea una propuesta de política pública “para organizar la producción y la regulación de lo que sucede en el ámbito rural y su impacto en las grandes ciudades y pueblos del interior”.

Vía Campesina

En 1993 nació Via Campesina, un movimiento internacional que reúne a millones de campesinos y campesinas, pequeños y medianas agricultoras, sin tierra, jóvenes y mujeres rurales, indígenas, migrantes y trabajadores agrícolas de todo el mundo. Un movimiento político, autónomo, plural, multicultural, que demanda justicia social a la vez que se mantiene independiente de cualquier partido político y de cualquier tipo de afiliación económica o de otro tipo, tal como se definen.

Recién el año pasado, y después de 17 años de trabajo, consiguieron que las y los campesinos fueran reconocidos como sujetos con derechos humanos, algo que en pleno siglo XXI parece sorprendente. “Este es un reconocimiento al papel estratégico que cumple el campesinado en la producción de alimentos. Alimentar a los pueblos y luchar contra el hambre plantea la necesidad urgente de la reforma agraria como política fundamental para garantizar los derechos de las campesinas y los campesinos”.

En este nuevo aniversario, Via Campesina exigió, una vez más, “la reforma agraria, dentro un proceso de construcción de la Soberanía Alimentaria y para el fortalecimiento de la agricultura campesina”.

Vida digna, derechos de las mujeres y derechos humanos continúan siendo una necesidad urgente que no puede esperar. “Los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales tienen derecho a disfrutar plenamente de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales que se reconocen en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y todos los demás instrumentos internacionales de derechos humanos”.

Notas relacionadas:

Derechos campesinos, saldar una deuda histórica en pleno siglo XXI

Foro Agrario 

#17Abril2019 – “La Declaración de Derechos Campesinos debe ser una herramienta política para la Reforma Agraria y la justicia social” 

Source

Dos leyes cambiaron la fisonomía del campo y la sociedad chilena en 1967: la Ley de sindicalización campesina y la Ley de Reforma Agraria. Fue el fin del latifundio, cuyas raíces se hundían en la Colonia. Luego vino el golpe y sucesivos decretos sepultaron lo conquistado. Fue la llamada Contrarreforma, cuyos mecanismos son los que han estructurado el campo actual.

José Bengoa, Memoria, patrimonio y terremoto en haciendas y pueblos de Chile central, señala: “El Estado de Chile se construyó en los hombros de la sociedad que existía en el valle central […] No es el Estado el que construye la sociedad del valle central. Esta sociedad ya estaba construida.”

Se trataba de otro país cuya mayor población se encontraba en el campo. Una época donde los fundos, muchos herederos de las encomiendas de la Colonia, se extendían por miles y miles de hectáreas. Por ejemplo, el caso de la hacienda Catapilco de la familia Ovalle, que se mantuvo casi sin modificaciones desde 1599. Época de “la obligación”, como era conocido el vínculo que los campesinos sin tierra y los inquilinos tenían con el hacendado. Tiempos donde el terrateniente tenía poder sobre la vida de quienes vivían al interior de la hacienda. De tratos como “mande patrón”, “mande mesía” y miradas al suelo. De castigo físico con el cepo donde se amarraba de los pies a los rebeldes. De paga en regalías con sacos de porotos, trigo y leña para el año. De “la galleta”, que era la colación que le entregaban a los trabajadores cuando se presentaban en la llavería de la hacienda, al despuntar el alba, antes de iniciar su faena diaria. De descuentos en las colas de pago, de analfabetismo y carencia de escuelas. Ni siquiera había radio ni diarios dentro del fundo. El que los tenía debía esconderlos.

Mayoría de edad

En 1967 fue promulgada la Ley 16.625 de sindicalización campesina por el gobierno de Eduardo Frei (padre).

“La Ley de Reforma Agraria y la de sindicalización campesina no se explican por separado”, señala Sergio Gómez, quien a partir de 1967 trabajaría en el Instituto de Capacitación e investigación en Reforma Agraria (ICIRA), desarrollado por la FAO y el gobierno chileno de la época.

Gómez agrega otra causa más: la reforma electoral de 1958 y la creación de la cédula única. “Hasta ese momento no había libertad electoral. Los patrones decían por quién se votaba en la hacienda. El nuevo sistema crea las condiciones para que los partidos progresistas hagan un trabajo electoral. El voto rural pasa a ser disputable”, recalca.

El anterior gobierno de Alessandri ya había realizado una reforma agraria que, debido a sus limitaciones, fue conocida como “la de los maceteros”. No obstante, “a mediados de los 60 había un acuerdo nacional sobre el tema”, plantea Gómez. No solo coincidían la Democracia Cristiana (DC), el Partido Socialista (PS) y el Comunista (PC), sino también las organizaciones campesinas, la Iglesia Católica -el Cardenal Raúl Silva Henríquez entregó los fundos de la curia para su expropiación- y organismos internacionales como la mencionada FAO, CEPAL y hasta la Alianza para el Progreso, creada por Kennedy a inicios de la década, para contrarrestar el fuego de la Revolución Cubana.

El 27 de julio de 1967 se promulga la Ley 16.640 de Reforma Agraria. Entre 1964 y 1970, se expropiaron 1.408 predios, el 23,4% de la tierra fértil del país, beneficiando a 21.270 campesinos, especialmente de la zona central.

Haciendas gigantes como Ñuble-Rupanco o El Huique llegaron a su fin. A los antiguos propietarios se les dejaron 80 hectáreas de riego básico como reserva. La Comisión Nacional de Reforma Agraria (CORA) no solo mensuraba terrenos sino que capacitaba y financiaba. Así se iniciaron los asentamientos, forma de propiedad colectiva cuyo objetivo era la producción agrícola a cargo de los campesinos organizados.

“La tierra para el que la trabaja”

En consecuencia, la tierra que no era explotada se expropió. Durante el gobierno de la Unidad Popular (UP) la reforma agraria se profundizó. En tres años se expropiaron 4.401 predios, correspondientes al 35,3 % de la mejor tierra cultivable chilena. Se favoreció a 39.869 familias.

El plan de gobierno era transformar los asentamientos en Centros de Reforma Agraria (CERAS). Así ocurrió en los lugares donde los campesinos favorables a la UP eran mayoría. En otros casos, se mantuvieron los asentamientos. Otro objetivo fue la creación de los Centros de Producción (CEPROS) que pretendían ser granjas modelo de propiedad estatal. Hacia 1972, se repartían en los campos chilenos 300 asentamientos, 700 Comités campesinos, 100 CERAS y 30 CEPROS.

En territorio mapuche, el gobierno de Allende usaría la Reforma Agraria para devolver tierras usurpadas a las comunidades.

El golpe

El golpe de Pinochet modificó de raíz lo que pasaba en el campo. Desde los primeros momentos, la represión contra dirigentes sindicales y campesinos cercanos a la UP fue brutal. Los crímenes de Paine, los fusilamientos de Lonquén, el encarnizamiento con que fueron perseguidos los obreros del Complejo Forestal Panguipulli o la persecución a los mapuches de Malleco, pueden considerarse revanchas con fines ejemplificadores.

El Decreto Ley 208, en los hechos, expulsó de las tierras a la dirigencia sindical de izquierda y a quienes participaron de tomas de fundo.

En 1978, otro decreto ley disolvió las organizaciones sindicales. La CORA corrió similar destino en ese año.

Sin embargo, no todas las tierras expropiadas fueron devueltas a sus antiguos propietarios. Un tercio se reasignó a campesinos, algunos pertenecientes a asentamientos. La dictadura profundiza un proceso de privatización de la tierra. Tal como en el llamado “capitalismo popular” se hizo creer a los campesinos, en tanto pequeños propietarios rurales, que tenían alguna posibilidad de desarrollo. Paralelamente se desincentiva la organización cooperativa y se paraliza la ayuda estatal. La Reforma Agraria fue derogada en los hechos, por el mencionado Decreto Ley 208 y los 1600 y 2262, que entre otras cuestiones permitieron la venta de parcelas del proceso derivado de la Reforma.

Asfixiados por deudas, los campesinos empezaron a vender. Por ejemplo, en la región de Maule, de 9.750 asignatarios de tierra en 1974, el número baja a 2.061 en 1980, y apenas 640, un par de años después. La superficie en hectáreas, en manos de pequeños propietarios desciende de 225.464 a 14.632 en 1982. Hacia 1984, el 50 % de las tierras entregadas por la CORA habían sido vendidas.

Los nuevos actores

Los nuevos actores del campo provienen del empresariado y la banca. Es el inicio del agronegocio. La dictadura permite y promueve que el campesino venda el pedazo de tierra individual que le tocó con la Reforma Agraria. Al no tener capital, ni recursos, ni asistencia técnica, las tierras son vendidas o arrendadas por unos pocos pesos, pero no se reconstituye el latifundio, sino que se produce una inyección de capital y tecnología en el campo. Eso la realiza la banca o la industria.

En este sentido el Decreto Ley 701, que bonifica la reforestación, en los hechos, subsidia la plantación de miles de hectáreas de pino insigne y eucaliptus por parte de empresas privadas como Mininco y CMPC, o antiguas estatales privatizadas como Arauco. Las gigantescas extensiones del Complejo Maderero Panguipulli acabaron en las manos de un puñado de apellidos de la élite empresarial.

Vastas zonas del campo chileno se transformaron en un complejo agroindustrial con plantaciones de cítricos, paltas, arándanos, kiwis, viñedos, flores mayormente para exportación. También comienza el incremento de centros productores de aves y cerdos.

¿Una nueva reforma?

Francisca Rodríguez es vicepresidenta de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, Anamuri y sostiene: “Ya terminamos con el latifundio pero tenemos que terminar con la extranjerización de la tierra, con la reconcentración para los grandes negocios; el campo no se puede convertir en parques del recuerdo, canchas de golf, parques privados, poblaciones. Tiene que alimentar al pueblo”, sostiene.

“Habría que sacar los (agro) tóxicos y la transformación genética, especialmente de la semilla”, agrega Carlos Opazo, antiguo dirigente de la Confederación Campesina Ranquil y hoy guardador de semillas. “Esa nueva reforma debiera garantizar la protección de la naturaleza, desarrollando tecnologías limpias. El derecho a la tierra de mujeres y jóvenes, campesinos y de los pueblos originarios. Que le otorgue valor de bien de uso común a las aguas dulces. Que se garantice que el trabajo en el campo sea permanente. Que haya una verdadera educación rural para los niños”, señala entre varias demandas.

Fuente: El Ciudadano, Santiago, Chile, Julio-Agosto 2017.

Source

El Movimiento de Trabajadores Sin Tierra de Brasil (MST) se movilizó en protesta por los recortes en el presupuesto para la Reforma Agraria. Esta medida viene en respuesta a la política económica de los sectores más conservadores del Partido de los Trabajadores y del gobierno de Dilma Rousseff. Marcha dialogó con Kelli Mafort, de la Dirección Nacional del MST sobre esta medida de lucha y la situación de Brasil.

En la mañana del lunes 3 de agosto, los ministerios de finanzas de distintos estados amanecieron ocupador por miles de trabajadores sin tierras en Brasil. La medida toma lugar luego de la eliminación del 50% de los recursos de la Reforma Agraria, de esta forma los 3,5 mil millones de Reales de presupuesto se recortaron a 1,8 millones de Reales.

Durante la jornada de movilización contra los ajustes fiscales que promueve el Gobierno Federal, fueron 13 las sedes de los ministerios ocupadas y las movilizaciones se extendieron a 18 estados y la capital federal.

Las ocupaciones fueron focalizadas en los Ministerios de Finanzas y a su ministro, Joaquim Levy. En noviembre de 2014, Levy fue designado por la re-electa Dilma Rousseff, lo que significó un claro guiño para los sectores empresariales –dada la impronta y curriculum neoliberal del elegido–. Frente a esta situación, los movimientos sociales y los sectores de izquierda advirtieron de las posibilidades concretas de los recortes y los ajustes, como también de las respuestas de las organizaciones sociales en defensa de sus derechos y conquistas.

El Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra emitió un comunicado donde se explica que “la política económica del gobierno federal pone en riesgo las conquistas en los derechos de los trabajadores ya que reduce la financiación de la reforma agraria y la clase obrera para seguir inyectando dinero en el capital financiero y transnacional, en beneficio de la elite brasileña”. Además denuncia que el aumento de capital y financiación para la agroindustria es de un 20% más que para la cosecha anterior.

Marcha entrevistó a Kelli Mafort, integrante de la Dirección Nacional del MST para conocer los motivos de la jornada de lucha, los responsables de los ajustes que denuncian y conocer los devenires del conflicto.

 ¿Cuáles son los motivos de esta toma?
Ocupamos el Ministerio de Finanzas por ser el lugar donde se decide sobre las políticas económicas del gobierno.
Frente a la crisis económica que estamos viviendo, desde hace algunos meses el ministerio vino con una serie de medidas para reorganizar las cuentas brasileñas, los llamados ajustes fiscales. El problema es que en la propuesta del gobierno quien paga la factura de la crisis son los trabajadores.
El Ministerio de Finanzas es el responsable por los ajustes fiscales, programas y medidas que vienen impidiendo permanentemente que las inversiones públicas den prioridad a la educación, a la salud, la reforma agraria, entre muchas otras políticas necesarias para mejorar las condiciones de vida del pueblo.
El recorte en el Ministerio de Desarrollo Agrario fue de casi 50% del presupuesto que sería destinado a la reforma agraria durante este año -de los R$ 3,5 mil millones sólo quedó R$ 1,8 millón.

¿En qué consistió la medida y hasta cuando se extenderá?
Luego de dos días de movilizaciones, nosotros nos reunimos este martes con el gobierno, que anunció la posibilidad de recomponer el presupuesto para la reforma agraria. Ellos quedaron en informar hasta el día 20 de este mes cuál será el nuevo valor a ser destinado para la reforma agraria. Pero seguiremos atentos para que efectivamente esto se cumpla, y en caso de que no lo hagan volveremos a golpear la puerta sin pedir permiso.

¿Por qué apuntan contra el Ministro de Finanzas? ¿Cuáles son las responsabilidades de Joaquim Levy?
Queremos que toda la sociedad sepa que es en el Ministerio de Finanzas donde se pone en práctica la política económica dictada por el capital y por la burguesía, en contra del pueblo brasileño.
Es allá donde se garantizan las condiciones para resolver los problemas en el déficit de las cuentas públicas, en nombre del equilibrio económico entre los ingresos y los gastos. Condiciones que posibilitan que el capital financiero siga ganando mucho dinero por medio de la especulación, de las altas tasas de interés y de la exención fiscal para las empresas, además de retirar derechos de los trabajadores y trabajadoras.
El gobierno necesita tener coraje de rever y adoptar medidas que resuelvan los problemas económicos, pero cobrando de quienes de hecho deben pagar la cuenta, que son los ricos. Tener coraje de tasar a las grandes fortunas y hacer que los más ricos paguen más impuestos.

¿Cuáles son las próximas medidas a seguir?
Ahora tenemos una tarea organizativa interna muy grande para garantizar que los compromisos y los acuerdos firmados realmente sean ejecutados, que generen buenos frutos y alcancen a cada acampado y asentado. Más allá de eso, nosotros seguiremos sumando a las luchas de la clase trabajadora de Brasil, que en este segundo semestre deberán ser cada vez más intensas.

Source

La actual crisis económica mundial, el avance del agronegocio y los transgénicos, la histórica lucha campesina en todo el mundo y las propuestas de la Vía Campesina Internacional para impulsar modelos de producción y de vida que rompan con el actual sistema de consumo, fueron algunos temas abordados por Unai Aranguren, miembro del Comité Coordinador de la principal articulación de organizaciones campesinas a nivel global.

-¿Cómo es la situación actual del campesinado en Europa?

-En Europa el campesinado representa solo el 3% del activo. La crisis se está aprovechando para reducir mucho más los derechos de los campesinos y de las personas en general. Hay una crisis climática, energética y social, sobre todo en el sur de Europa, y los estados han perdido sus soberanías. Los lobbys económicos están diciendo qué medidas tienen que tomar los países: bajar las jubilaciones o desahuciar casas que quedan en manos de los bancos. Ante esta situación, el campesinado tiene una resistencia fuerte. Esta crisis sirve como oportunidad para que muchos jóvenes que están en las ciudades y se han quedado sin trabajo, pero tienen acceso a un pedazo de tierra, puedan empezar un proyecto de autoempleo en el campo. Vemos cada vez más que hay jóvenes que se están planteando, por necesidad y para salir adelante, volver al campo. Ahora mismo somos uno de los pocos sectores que está generando empleo.

-¿Cómo es la presencia de los agrotóxicos y los transgénicos en Europa?

-Europa es uno de los continentes que más ha empujado la producción y la venta de agrotóxicos en el mundo. Varias de las empresas más potentes están en Europa y en Estados Unidos. Gracias a la presión de los ciudadanos hemos conseguido que algunas empresas se hayan tenido que cambiar de sede a otros países porque en Europa la presión era muy alta. Pero todavía siguen intentando darle una vuelta de tuerca más y ahora están planteando una nueva revolución verde. Hablan de la agricultura climáticamente inteligente, entonces venden un paquete de semillas modificadas, de abonos y pesticidas modificados que van a ayudar a que las semillas se acoplen mejor a un medio climático cambiantes. Ese cambio climático es la consecuencia de que el sistema capitalista está acabando con todos los recursos del mundo. El cambio climático es una consecuencia de que el sistema no funciona, por eso planteamos cambiar el sistema. Para eso, planteamos que la alternativa política es la soberanía alimentaria, que es el derecho que tienen los pueblos a volver a decidir qué queremos comer y cómo queremos producir. Necesitamos acceso al agua, a la tierra, a las semillas y necesitamos gestionar nuestro territorio. Además necesitamos políticas públicas que acompañen para avanzar en la soberanía alimentaria y hacer frente a las estrategias capitalistas que intentan vendernos productos que dicen que son inteligentes. Para nosotros lo inteligente es la agricultura campesina que se ha hecho toda la vida.

-¿Cómo es la propiedad de la tierra y el agua en Europa?

-No son tan grandes los espacios de los latifundistas, por lo cual allá lo llamamos el Estado del minifundio. Hay muchas pequeñas parcelas a las que son muy difíciles acceder, porque desde Europa se está financiando y ayudando a esas pequeñas parcelas porque los productos no tienen un coste real, entonces si produces un litro de leche estás perdiendo dinero. Europa te ayuda con un dinero para esas hectáreas y obtener materia prima barata para poder exportar a otros mercados y acapararlos. Es una práctica de dumping que denunciamos. Sí estamos viendo que en algunos lugares hay agresiones hacia la tierra. Se ha puesto bastante de moda el tema de la extracción de gas y el fracking, entonces hay muchas regiones que están luchando contra esa práctica. Los Tratados de Libre Comercio (TLC) que se quieren firmar entre Europa y Estados Unidos van a abrir la puerta a ese nuevo tipo de agresiones hacia la tierra. Ahora hay unos tribunales arbitrarios que lo que quieren es que bajen las leyes para poder aprovechar y explotar mucho más la tierra y los bienes que tenemos.

-¿Cuál es la situación campesina en África?

-Las situaciones a nivel mundial son muy parecidas. En África y en Asia también está pasando algo muy parecido con el tema de acaparamiento de tierras, pero en algunos lugares la situación es mucho más dramática que en Europa, porque ya no son las empresas sino también los estados del norte los que están intentando acabar con los recursos. Hay estados como China que están tratando de entrar y meter el morro en África y en Asia para intentar competir a nivel mundial dentro del libre mercado. Los compañeros de África están muy concientizados de que uno de los ejes es la defensa del territorio y de los derechos humanos y las migraciones. Ellos están viendo que la mayoría de los jóvenes africanos no tienen alternativas y están tratando emigrar para países de Europa y cómo evitar eso. Algunas campañas que están haciendo son sobre que es posible ser joven y vivir en África. Están planteando alternativas ligadas a pequeñas producciones, a la venta local y a modelos agroecológicos. Algunos lugares como Senegal o Mali están consiguiendo que los jóvenes se queden luchando en sus tierras.

-¿Cómo podrías describir la situación del campesinado en Palestina teniendo en cuenta que es un territorio ocupado por Israel hace 60 años?

-Hace unos meses unos compañeros estuvieron en Palestina con una delegación de solidaridad, porque campesinos de Europa fueron y estuvieron compartiendo con los campesinos palestinos. Cuando estamos hablando sobre el acaparamiento de la tierra o sobre la privatización de los bienes, estos casos en Palestina se multiplican por cien. Vieron cómo campesinos a los que se les había destruido en un año tres veces sus plantaciones y cada vez que cultivaban se la volvían a destruir. Esta es una manera que tiene el gobierno israelí para que esos campesinos dejen de serlo y pasen a ser refugiados o abandonen esas tierras. Pero los palestinos y las palestinas tienen la convicción de que esas son sus tierras y quieren seguir trabajándolas, y a pesar de que sigan destruyendo sus olivos, sus huertas y sus fincas, tienen la fuerza de saber que van a seguir trabajando para defender sus derechos a la tierra, al agua, a las semillas y a los conocimientos. Pero ahora no tienen esos derechos asegurados.

-Hace más de 10 años en América Latina surgieron diferentes gobiernos progresistas y de izquierda. ¿Qué política se da Vía Campesina ante estos procesos que no están exentos de contradicciones con respecto a la tierra y su utilización?

-En Vía Campesina es un debate continuo cómo desde las políticas públicas se puede favorecer el avance de la soberanía alimentaria. El avance es muy grande cuando las políticas públicas acompañan. Estamos analizando y trabajando para que diferentes gobernantes, que pueden ser aliados estratégicos y puntuales, avancen en esas políticas públicas. Hay países que han introducido dentro de sus constituciones el concepto de soberanía alimentaria y hay muchos que llevan años haciendo reformas agrarias. En Cuba hemos visto cómo cuando las políticas públicas acompañan, y cuando un país tiene la necesidad, como Cuba, de producir su alimentación porque está bloqueada, cómo han avanzado hasta conseguir en pocos años el 80 o 90 por ciento de toda su producción. Ahora mismo ellos son autosuficientes y han conseguido una gran parte de la soberanía alimentaria y sobre todo lo han hecho en procesos agroecológicos. Es posible que cuando toma esa determinación el país vuelva a recuperar esa soberanía que en la mayoría de los países los productos llegan de cualquier parte del mundo y los que producimos en nuestros países los mandamos a otra parte del mundo, y en ese intercambio de mercancías el campesino y la persona de a pie nunca gana, solo ganan las multinacionales y las trasnacionales que hacen negocios con las mercancías.

Source