El próximo 1 de octubre la Generalitat (gobierno regional de Cataluña), con la aprobación del Parlamento regional, ha convocado un referéndum en el que se le consultará a los electores la siguiente pregunta “¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?”.

No es el primer cuestionamiento a la integridad territorial del Estado español (de hecho desde las guerras de independencia americanas de principios de siglo XIX no ha dejado de perder territorio) ni el único desafío a ella de los últimos años (en 2014 la Generalitat ya convocó una consulta, pero a diferencia de ahora acató su prohibición por el Tribunal Constitucional, y los vascos han intentado varios procesos soberanistas, de los cuales el llamado “Plan Ibarretxe” del 2004 fue el que más lejos llegó), pero la diferencia de éste es su profundidad, planteando abiertamente la desconexión unilateral e incondicional si es que en el referéndum triunfa el “Sí”.

La “cuestión nacional” en España hunde sus raíces en su propio proceso de construcción como Estado moderno. A diferencia de la mayoría de Estados europeos, durante el siglo XIX España no avanzó en su resolución, y se mantuvo hasta el presente una tensión entre centralismo y federalismo, entre uniformidad y plurinacionalidad. De hecho, la Guerra Civil de los años 30 no sólo fue una lucha entre proyectos sociales, sino también la continuación de la lucha entre ambas concepciones del Estado, que ya se había manifestado durante las “guerras carlistas” y que, con la pérdida de las últimas colonias en América, en 1898, se volvió a reabrir.

Durante los 40 años de dictadura de Franco alcanzó su apogeo la concepción centralista y uniformadora: se eliminaron las instituciones de autogobierno de las nacionalidades históricas y se impuso el castellano como idioma obligatorio en el ámbito público (persiguiendo al vasco, el catalán, el gallego…). Como reacción, se produjo un fuerte resurgir de los nacionalismos periféricos que alcanzó su punto más alto (hasta el momento) durante la transición a la democracia.

Además, Cataluña (un territorio en el que viven casi 7 millones y medio de personas, de las cuales la mitad se concentran en el área metropolitana de Barcelona) tiene, como el País Vasco, un Estatuto de Autonomía con amplias atribuciones legislativas, operacionales y fiscales, un nivel de renta superior y un tejido económico diferente al del resto de España, con mayor dinamismo desde su industrialización temprana (acompañada de constitución de clase obrera fabril y adopción de tecnología punta), así como altos niveles de politización y asociatividad y señas de identidad muy marcadas, entre ellas un idioma propio. Es una sociedad que, en líneas generales, tiene una alta conciencia de su hecho diferencial y se siente más cercana a Europa que a Madrid.

En los últimos años, los efectos de la crisis subprime del 2008, particularmente fuerte y con características crónicas en el sur de Europa, volvieron a agitar, en el tejido económico catalán, la necesidad de un pacto fiscal más ventajoso con el Estado central. Ese factor, alimentado con las políticas económicas, jurídicas y culturales del Partido Popular (heredero del franquismo y en el gobierno desde 2011), explican en buena medida el auge del soberanismo catalán que ha llevado a este escenario, escalando desde la propuesta de un nuevo Estatuto de Autonomía con más atribuciones (aprobado en 2006 y rechazado parcialmente por el Tribunal Constitucional en 2010 tras ser impugnado por el PP) a un referéndum de secesión unilateral.

La intransigencia del PP (y el seguidismo a él del PSOE) frente a las propuestas provenientes de las instituciones catalanas fueron aumentando la tensión y abriendo el abismo entre las instituciones españolas y las catalanas.

En el momento clave del conflicto, en 2012, cuando la propuesta secesionista comenzó a abrirse paso, en lugar de intentar llegar a un acuerdo con el gobierno y el parlamento regional catalán que fijara las condiciones para un referéndum viable (como hicieron, por ejemplo, británicos y escoceses en 2014), el gobierno de Rajoy optó por la vía de la confrontación, alimentando el afán independentista de franjas de la población catalana que antes se sentían tan catalanas como españolas o eran indiferentes.

Aunque estratégicamente, como política de Estado, haya sido un desastre, como política de supervivencia partidaria ha resultado un acierto. Debido a su actitud negadora de la plurinacionalidad, el PP es una fuerza política minoritaria en Cataluña y País Vasco, pero en el resto de España esa actitud le sirve para cohesionar a su electorado: es una forma de contrarrestar su descrédito por la corrupción y por el empeoramiento en las condiciones de vida de las franjas sociales más pobres.

Cuenta a su favor con el liderazgo en este campo sobre las fuerzas políticas de ámbito español. De las otras tres fuerzas políticas relevantes, el PSOE critica que no se hayan hecho más esfuerzos para evitar llegar a este punto, pero avala la actuación de Rajoy, Ciudadanos (partido que de hecho nació contra el nacionalismo catalán) la aplaude y sólo Unidos Podemos (UP) plantea el derecho de autodeterminación de Cataluña, planteando que su posición no es a favor de la independencia sino de un Estado plurinacional.

Además de esas 4 fuerzas, en el ámbito catalán existen 3, todas ellas apoyando el voto al “Sí”: una de derecha (Convergencia), otra socialdemócrata (ERC) (unidas en la plataforma “Junts pel Sí” de cara a las elecciones al Parlamento catalán del 2015 para impulsar este referéndum de autodeterminación) y una de izquierda anticapitalista (la CUP). Las dos primeras forman el gobierno regional catalán que ha convocado la consulta y la tercera lo apoya críticamente. En el Parlamento catalán la suma de estas fuerzas alcanzó el 47% de los votos emitidos, pero su representación fue mayor:

– Partidarios del referéndum y del voto por el “Sí” a la independencia: Junts pel Sí 62 + CUP 10: 72 diputados
– Contrarios al referéndum: Ciudadanos 25, PSOE 16, PP 11: 52 diputados
– Partidarios del derecho a la autodeterminación pero no de la independencia, sino de una reforma del Estado: la versión catalana de UP (que está muy tensionada en torno a qué posición tomar respecto al referéndum): 11 diputados

Con base en esta correlación de fuerzas es que el Parlamento aprobó el 6 de septiembre la convocatoria de referéndum, con 72 votos a favor, 11 abstenciones y el abandono de la sala de 52 diputados.

Desde entonces comenzó la ofensiva del Estado para evitar la celebración de la consulta. Además de declarar ilegal el referéndum, ha lanzado toda su maquinaria judicial, policial y comunicacional contra sus promotores, prohibiendo actos políticos, secuestrando publicaciones, cerrando locales y amenazando con inhabilitar a todos los cargos públicos que lo autoricen.

Con posterioridad al 1 de octubre, la evolución de la situación dependerá, más que de los resultados de la consulta, de la voluntad de diálogo entre ambas partes o la falta de ella, y la pelota está, en el actual momento de confrontación, en el tejado del gobierno español. Si se empeña en seguir dinamitando los puentes con la sociedad catalana (atacando su cultura y sus instituciones electas), se seguirá deteriorando la legitimidad del Estado español en Cataluña y la “cuestión catalana” seguirá en el centro de la agenda pública española. Eso objetivamente perjudicará a las fuerzas políticas que tienen su eje en la cuestión social o que no se sienten cómodas en la polarización entre nacionalismo español y catalán.

El movimiento que podría conducir a desbloquear la situación sería una reforma constitucional y un referéndum pactado en el que ambas partes se comprometieran a aceptar sus resultados, pero ese escenario en la España hegemonizada por el PP es altamente improbable, al menos en el corto plazo y mientras no varíen las correlaciones de fuerzas a nivel estatal, a no ser que medie una fuerte presión desde la Unión Europea para evitar las consecuencias imprevisibles de que siga escalando la confrontación.

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*Analista internacional.

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Un agudo y polémico análisis del referendo en Bolivia y del futuro del proceso de cambio liderado por Evo Morales.

Preferiría no hablar de las razones de la “derrota” del MAS, Evo Morales y el llamado “proceso de cambio” en Bolivia. Más bien hablemos de la esperanza de ésta “derrota”. Porque si la derrota no sirve para buscar en nuestros propios errores y corregir el rumbo, estamos fritos. Como dijo el gran capitán Obdulio Varela en esa histórica gesta revolucionaria llamada Maracanazo: “Los de afuera son de palo”.

Pensar que un presidente que llegó al poder desde su humilde lugar de campesino y dirigente sindical -tras años de vivir perseguido por la DEA, la CIA y ser calificado de “narcotraficante” en la televisión mundial,- luego de diez años de ejercicio del poder institucional, con un enorme aparato no solo estatal sino de movimientos sociales, y un enorme apoyo a nivel internacional, puede perder un referendo debido al “imperio” y “los medios”, me parece un argumento falaz. Al menos menor.

Patear la pelota afuera

Las “razones” de la “derrota”, que si se entienden con humildad y pensamiento crítico pueden generar una “esperanza”, deben rastrearse, físicamente, al interior del movimiento, y temporalmente, bastante más atrás de la campaña por el referendo. Ponele 2008, año en que gracias a un inédito apoyo de los movimientos sociales y populares en alianza con sectores intelectuales de clase media (el llamado Pacto de Unidad), el gobierno del MAS y el Evo Morales logran consolidar su “poder” dentro del Estado boliviano, derrotando las fuerzas imperiales de la Media Luna (gesta digna de la Guerra de las Galaxias).

Paradójicamente, la victoria tuvo enormes concesiones. Dicen que fue el propio vicepresidente Álvaro García Linera el encargado de negociar con el sector más moderado del empresariado cruceño (hoy representado por Rubén Costas) algunas desviaciones en el rumbo del llamado “proceso de cambio” con el fin de garantizar “la paz” para el país. Una de esas concesiones fue la reforma, a última hora y a puertas cerrada, de la nueva Constitución, donde se descartó la posibilidad de una democracia directa fundada en las organizaciones sociales pasando a un esquema continuista de la partidocracia neoliberal y capitalista. La otra, como denunció el entonces viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, fue el freno de la reforma agraria y la apuesta en el Oriente (soja, maíz y otros cereales), Centro (coca) y Occidente (quinua) por una agricultura extensiva y de exportación.

En este punto se generó una nueva alianza entre los antiguos terratenientes cruceños (leales socios del imperio, que no solo financiaron la casi guerra civil del 2008 sino también todos los golpes militares que hubo en Bolivia) y los nuevos terratenientes campesinos quechua-aymara nucleados en las seis federaciones cocaleras del Chapare (cuyo presidente sigue siendo Evo Morales) y la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), cuya historia fusiona la mítica lucha katarista de los años setenta con un prontuario de sangrientas internas, corrupción y abusos de poder en los noventa y la actualidad.

A estos conclaves se le sumó la poderosa Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin), de importante factura en el esquema de poder del gobierno de Evo Morales. Y también importantes facturas pendientes con la Pachamama. Por abuso indiscriminado de recursos, explotación laboral y asesinato sistemático de dirigentes sociales. Eso sin contar la evasión tributaria. No son multinacionales, pero mantienen la misma lógica. “Queremos socios, no patrones”, aclara una y otra vez Evo Morales. ¿Socios para qué?

2012 marcó otro quiebre para el “proceso cambio”. La represión por parte del gobierno de la VIII Marcha Indígena por la Defensa de los Territorios, la Vida y la Dignidad y los Derechos de los Pueblos Indígenas fue la gota que rebalsó el vaso. La caminata desde Trinidad a La Paz había sido convocada para evitar la construcción de una carretera que atravesaba el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Secure (TIPNIS) y que, misteriosamente, además de tumbar selva y desplazar poblaciones originarias, coincidía con la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura  Regional Suramericana (IIRSA), una viejo anhelo del “Imperio” (que ahora además de Estados Unidos, se llama Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, o sea, los BRICS).

El anhelo “imperial” de exportar soja y minerales brasileños a China coincidía con el de los “lacayos” imperiales en Bolivia de exportar granos y aceites industrializados a China y coca a Brasil (segundo consumidor de cocaína en el mundo). Claro que el término “lacayos imperiales” en esta parte de la historia se empieza a poner difuso. Ya que incluye a los campesinos “cocaleros” del Chapare, transformados en terratenientes sojeros en Santa Cruz y escuchando al vice García Linera decir que el “buen vivir” es también tener un televisor y mandar a sus hijos a la universidad, y que para eso la única opción es multiplicar por diez la superficie agrícola, aceptando el uso de agroquímicos y en alianza con la agroindustria cruceña.

¿Y la Pachamama? Bien gracias, cómodamente instalada en los discursos del Evo en la ONU y en los pocos cultivadores de coca orgánica que quedan en Bolivia frente al avance de los agrotóxicos con el fin de aumentar la rentabilidad para “vivir bien”.

El TIPNIS marca la ruptura definitiva del “Pacto de Unidad”, la coalición de movimientos sociales e intelectuales de clase media que llevaron y defendieron al Evo en el “poder”, de organizaciones y personalidades fundamentales para este proceso. Por dar una somera lista: el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Kollasuyu (Conamaq), la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), el vocero de la Coordinadora del Agua, Oscar Olivera; los intelectuales de Comuna (grupo de reflexión que integraba García Linera) y varios ex ministros y funcionarios, incluyendo al intelectual aymara Felix Patxi, ex ministro de Educación y hoy gobernador de La Paz.

La “derrota” del domingo pudo anticiparse en las elecciones departamentales y de alcaldes del año pasado, donde además de perder la gobernación en manos de Patxi (algo así como la izquierda aymara), el MAS debió dejar la alcaldía de El Alto en manos de Soledad Chapetón (algo así como la nueva derecha), aymara, hija de un policía y una comerciante, estudiante de Ciencias de la Educación, del partido Unidad Nacional (UN); y del empresario, ex-ministro del Goñi Sánchez de Losada, y principal oponente del Evo Morales en las elecciones presidenciales, Samuel Doria Medina (alias el “Macri” boliviano).

Chapetón representa una poderosa nueva burguesía aymara que contrabandea informática, vestimenta y automotores chinos; compra chalets en el exclusivo barrio de Cala Coto o construye palacios neotiwanakotas en El Alto; viaja en cuatro por cuatro, inunda los shopings y restaurantes de lujo y manda sus hijos a la universidad privada. Esta poderosa clase comercial aymara ha tenido más de un enfrentamiento con el gobierno del MAS por su afán de lucha contra el contrabando y la evasión de impuestos. Una vez empoderados simbólicamente por el presidente “indígena”, quizás prefieren negociar con la antigua derecha, que ahora además toca sus puertas y les ofrece los cargos que Evo les retacea.

El “No” no pone en peligro al gobierno del MAS. En primer lugar, porque aún le quedan más de dos años y medio de gestión. En segundo lugar, porque muestra una oposición fragmentada y dispersa, con intereses a veces antagónicos más allá de posibles alianzas. A saber: a) antiguos empresarios, terratenientes y políticos de las derecha neoliberal; b) nuevas burguesías comerciales aymaras (¿de derecha?) no alineadas con el gobierno, amén de consumidores globales que, como en el resto de países del mundo, confían mucho más en la derecha a la hora de mantener sus privilegios individuales (la tan mentada “seguridad”); c) movimientos sociales, intelectuales y personas desencantadas del nuevo rumbo extractivista, antipachamamesco, imperialista, consumista y criminalizador por parte del gobierno (no es un dato menor la vía libre a la represión de los pueblos que contiene la nueva Ley de Minería aprobada por el MAS y el Acuerdo de Seguridad Interior con el históricamente genocida gobierno colombiano); d) ciudadanos o campesinos normales, hartos del avance de los casos de corrupción, verticalismo, soberbia y abuso de poder en el MAS. Estos casos tocan cada vez más cerca al presidente y a los líderes de los movimientos sociales que siguen apoyándolo. No solo son numerosos, sino reales, más allá del uso que de ellos haga el “imperio” y “los medios”.

¿Y si Evo no puede ser reelegido? Al revés que en el caso de Cristina Kirchner o Hugo Chávez, son varios los posibles delfines. Por dar un ejemplo: David Choquehuanca, sindicalista, intelectual y político aymara ligado a la teoría del Buen Vivir y ministro de Relaciones Exteriores. Uno de los pocos que ha quedado en su cargo desde el principio del “proceso de cambio”. En su gabinete resisten los defensores de la Pachamama en el gobierno del MAS, los casos de corrupción no lo han tocado, tiene buena proyección internacional y apoyo de los movimientos sociales.

La única piedra en el zapato es haber liderado el proceso electoral del año pasado en que el MAS perdió en el distrito de La Paz. Pero, ¿a qué votante u hombre común le interesan las internas de un partido? Desafortunadamente en estos días que corren, tampoco son muchos los votantes u hombres comunes a los que les interesa un proyecto de gobierno. La sociedad individualista y capitalista que también se ha infiltrado en esta nueva Bolivia “rica” e “insertada en el mundo” no pone sus ojos en la Pachamama. Compra Evo como compra Coca Cola. Es permeable a ser convencida y cooptada por el “imperio” y los “medios”.

Pero hay una esperanza, la de esos pueblos originarios que hoy en Bolivia, como en todo el mundo, están siendo criminalizados por el gobierno. Una verdadera base social y electoral contra la cual el “imperio” y los “medios” nada tiene que hacer. Ni las balas le importan. Así, con esa gente, fue que llegaron Evo y el MAS al poder. Y es bueno que lo recuerden para reconducir el “proceso de cambio” y transformar la derrota en esperanza.

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Todavía no hay cifras definitivas en el referendo para la reforma constitucional en Bolivia. El gobierno afirmó que existe un “empate técnico”

Con más de un millón y medio de votos contabilizados hasta el momento, los resultados del referendo que busca una modificación a la Constitución boliviana todavía no tiene un resultado definitivo. Según los datos difundidos por el Tribunal Supremo Electoral, el SI obtiene 36,49% y el NO 63,51%.

En tanto, la titular del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Katia Uriona, informó anoche desde la ciudad de Sucre que, según los resultados preliminares al 72,5% del cómputo de actas a nivel nacional, el Sí tendría un 43,2% y el No un 56,5%.

La funcionaria resaltó “que se ha tenido una masiva participación, superando como hemos indicado, más del 80% de participación en las urnas”.

En el referendo desarrollado ayer se ponía en juego la posible reelección del binomio Evo Morales-Álvaro García Linera, ya que el cambio constitucional, si es respaldado, permite cambiar el artículo 168 de la Carta Magna para que luego del período de cinco años de gestión, el presidente y su vice “pueden ser reelectas o reelectos por dos veces de manera continua”. Si en la elección triunfa el NO, el período presidencial será de cinco años, y pueden ser reelectos una sola vez de manera continua, como se establece en la actualidad.

La propuesta de modificación a la Constitución fue presentada por movimientos sociales y sindicatos, luego de una discusión de varios meses. Posteriormente, la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam) entregó la iniciativa al Parlamento y una comisión del órgano legislativo aprobó la propuesta.

En este referendo, las seis millones y medio de personas habilitadas para votar debían optar por el Sí o por el NO a la pregunta “¿Usted está de acuerdo con la reforma del artículo 168 de la Constitución Política del Estado para que la presidenta o presidente y la vicepresidenta o vicepresidente del Estado puedan ser reelectas o reelectos por dos veces de manera continua?”.

Las primeras repercusiones

En la noche del domingo, las primeras voces sobre los resultados parciales se comenzaron a escuchar, tanto desde el sector gubernamental como desde el abanico de la derecha boliviana. El vicepresidente del país, Álvaro García Linera, declaró que se deben esperar las cifras oficiales, aunque los datos arrojados por las encuestadoras privadas a boca de urna dan “un empate técnico”.

García Linera expresó que el resultado conocido anoche “muestra que pese a la guerra sucia, a la infamia y a la tergiversación que la oposición ha desplegado, la mitad del pueblo boliviano ha optado porque se modifique la Constitución Política del Estado”. De esta forma, el vicepresidente se refirió a las múltiples denuncias presentadas por el gobierno de Morales sobre las operaciones de injerencia en la campaña del referendo orquestadas por la derecha y respaldadas por sectores políticos de Estados Unidos.

Por su parte, el ministro de Autonomías Hugo Siles calificó de “irresponsable” festejar con datos extraoficiales, en referencia a las declaraciones de dirigentes opositores. “Ahora hay resultado de boca de urna y están festejando cuando sabemos que el conteo rápido no tiene primero efectividad y oficialidad”, advirtió el funcionario.

Uno de los líderes que anunció el triunfo del NO a las pocas horas de cerradas las meses de votación fue Rubén Costas, gobernador del departamento de Santa Cruz y vinculado con los grupos más radicales de la derecha, que afirmó que el rechazo a la modificación constitucional es “gracias a todo un pueblo que defiende la libertad”. “No queremos estar eufóricos, pero sí celebramos con el corazón”, agregó el dirigente, acusado de participar en varios planes de desestabilización contra el gobierno de Morales.

También se expresó el empresario y líder de la opositora Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, que pidió al mandatario que reconozca los resultados y cumpla su gestión durante los próximos cuatro años. Doria Medina argumentó que ahora en Bolivia se debe convocar a la unidad y no a la revancha, porque “debemos asumir esta decisión que ha tomado el pueblo con humildad y optimismo”.

OEA y Unasur coinciden en normalidad de votación

Tanto las misiones de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Unión de Naciones del Sur (Unasur), expresaron que la jornada electoral fue “normal” y “tranquila”.

El jefe de la misión de la OEA, ex presidente de República Dominicana Leonel Fernández, destacó que el referendo “ha transcurrido normalmente en paz”. El funcionario indició que según los informes recibidos no se produjeron inconvenientes, salvo algunos problemas de logística en la entrega de las boletas en Santa Cruz.

A través de un comunicado, Unasur resaltó el “clima de absoluta tranquilidad” de la votación, mientras que el Fiscal General de Bolivia, Ramiro Guerrero, calificó de jornada tranquila y normal. Guerrero se refirió a los inconvenientes registrados en Santa Cruz en la Unidad Educativa “Carmen Ortiz”, en la cual se quemaron papeletas marcadas y ánforas, por el retraso del inició del sufragio, a los cuales apuntó como “hechos aislados”.

Luego de este incidente, el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz dispuso la realización del referendo para el próximo 6 de marzo.

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Frente al referéndum constitucional, algunos puntos para analizar la actual Bolivia.

En enero de 2015 viajamos con Marcha a cubrir la tercera asunción de Evo Morales como presidente de Bolvia. Aprovechamos días antes y días después de la gran fiesta para recorrer algunos pueblos del oeste y otros del este e indagar en el desarrollo del Estado Plurinacional. Un recorrido por algunos medios de comunicación alternativos, cosechas y mineras nos permitió entrar en debate sobre el rol del Estado, qué es lo Plurinacional, el lugar de las autonomías y el del modelo de desarrollo industrial.

Para indagar más profundo entrevistamos a Jorge Viaña, consultor en Ministerio de Autonomías, quien desde su libro Configuración y horizontes del Estado Plurinacional, plantea una crítica abierta y un aporte al debate político en función de las contradicciones de lo que él llama “el germen de un estado Plurinacional”.

Si bien la entrevista fue realizada en hace casi un año, unos días previos a la asunción de Evo, su publicación un año después cobra relevancia en un momento en el que, pese a las contradicciones, Bolivia pelea por sostener un modelo de país en el marco de un claro avance de la derecha sobre América Latina.

-¿Cómo llega a pensar en la idea del germen del estado Plurinacional?

Es muy importante ir pensando lo que estamos viviendo. Se puede hacer por etapas. Yo creo que del 2005 al 2008, incluso hasta el 2010, era un momento de confrontación muy grande y en verdad era muy difícil plantearse desafíos y profundización más grandes del Estado Plurinacional, como ser las formas de autogobierno. Pero el problema es que ya desde el 2010 hasta el 2014 ha pasado un buen tiempo, desde el 2008 incluso, que es el momento que se comienza a derrotar a los sectores más conservadores. Ahí comienza una cuestión que yo creo que es muy importante. En verdad creo ahora que no existe ningún estado plurinacional. Existe el germen de un estado plurinacional.

Parto de pensar que hay dos visiones equivocadas. Una exitista y triunfalista que piensa que estamos viviendo la revolución democrática, la revolución educativa, la revolución cultural, productiva. Y hay que pensar hasta dónde esto es revolución. Y para salir del lugar de las cosas mal intencionadas que piensa que todo es puro complot. Entonces esta visión está vinculada a una tendencia que yo llamaría un pragmatismo estatalista. Ese eslabón está priorizando un desarrollo de un tipo de modelo que justamente ha empezado a descuidar los temas centrales del estado plurinacional: autonomías indígenas, procesos más profundos de autogobierno y autorepresentación social. Por ejemplo, el Ejecutivo propone dejar entrar a 14 representantes indígenas en el Parlamento del 2008. Y en esta negociación, se bajan a 8 y en un día, quedan en 7, uno por departamento. Pero aparentemente ninguno de esos siete se elige por democracia comunitaria sino por lógica liberal electoral, además de generar conflictos internos porque, por ejemplo en Beni hay un representante para 18 pueblos indígenas. Se ha implementado un diseño que en términos prácticos se ha ido menguando en cuanto a lo plurinacional.

Por otro lado, el catastrofismo sobre el Gobierno donde todo es una visión negativa. Desde mi punto de vista, esto se usa para acusar de populismo y neoliberalismo y yo no estoy de acuerdo con eso tampoco. Esta visión es muy peligrosa. Hay un germen de un estado Plurinacional, es decir, en desarrollo de algunas cosas y en estancamiento de otras.

-¿Cómo puede avaluar entonces el proceso de desarrollo de este nuevo Estado?

El proceso ha sido una visión muy pragmático estatalista. Por ejemplo, el ideal de que el Estado aporte al desarrollo de las economías comunitarias con el 30% del PBI no fue fructífero.

Asimismo, las autonomías indígenas están en una situación grave. Ha habido un Referéndum en el 2010 para que los municipios dejen de ser municipios y se conviertan en autonomías indígenas. Pero sólo se ha hecho en once un referéndum pero les han puesto requisitos autonómicos tan fuertes que hasta bordean la inconstitucionalidad. No es sólo un cambio de nombre pues este cambio les otorgaría atribuciones legislativas. Si ven la Constitución dice que las autonomías dice que éstas se regirán por sus usos y costumbres, pero si ven los estatutos esto no es así, es más, les piden certificado de ancestralidad, certificado de gobernabilidad. Sólo después de cuatro años de pelea, tres han conseguido que el Tribunal Supremo Electoral les de su certificación de constitucionalidad de que sus estatutos autonómicos son constitucionales.

-¿Es decir que se han burocratizado instancias de reconocimiento para dilatar las autonomías?

En los hechos, lo que está pasando es que esta burocracia y trámites para el reconocimiento, queda tapado por las elecciones de alcaldes que no reconocen las autonomías y no son obligados a reconocerlas, por lo tanto quedan prácticamente en la nada. A este paso, las autonomías indígenas no van a incrementar.

Ese es un aspecto muy importante. Porque 2008 acaba el pleito, 2009-2010 despliega los elementos más rudimentarios del Estado Plurinacional, diez grandes leyes, entre ellas las autonomías. Pero estamos en el 2015 y estamos en riesgo de que no aumenten las autonomías indígenas en ningún lado.

Creo que hay ciertas cosas que al ir priorizado un modelo y no otro el panorama se va complicando. Por ejemplo, ha salido la Ley de Deslinde Jurisdiccional (justicia comunitaria) y era muy complicada porque, luego de maravillar los principios de la justicia comunal, en su artículo 10 dice que no se puede aplicar ni en la justicia agroambiental, ni en la minera, ni en la justicia agraria, sólo en los lugares donde está titulada la tierra. La justicia comunitaria no podía aplicarse en ningún lado. Quedaron en cambiar la ley luego de varios talleres. Pero no se sabe. Es un problema de horizonte político. Nos estamos encaminando a un modelo que descuida la justicia comunitaria, la autorepresentación indígena, y por lo tanto, lo fundamental de lo plurinacional, más progresivo o revolucionario. Es complejo discutir esto adentro de las estructuras del Estado.

-Un claro ejemplo de la profundización de esta contradicción Estado – autonomías fue el conflicto del Tipnis, ¿cómo puede analizarlo?

La represión del Tipnis fue otro tema muy complicado porque antes nadie se había atrevido a reprimir. El problema era político porque no se podía reprimir y lo hicieron. Lo que las comunidades pedían era la previa consulta y el respeto a la autodeterminación de las comunidades. Se agrava más cuando pensamos en quién tiene la administración de todos los recursos de ese territorio.

-¿Es posible entonces el desarrollo de un Estado Plurinacional?

El gran debate es qué es el Estado Plurinacional. Para construirlo creo que hay que poder romper con las lógicas liberales y abrir aunque sea lugares mínimos de autogobierno y autorepresentación, es decir, ir reduciendo el monopolio de la política en manos de unos pocos representantes. El gran debate es cómo construir otra práctica política.

Entonces, en esta coyuntura hay grandes debates como por ejemplo, qué vamos a hacer con el barril de petróleo en 40 dólares cuando estaba en 120, estamos entrando en déficit fiscal, Bolivia ha crecido muy rápido y ahora está complicado. Creo que este perfil se va a profundizar. Lo que estoy planteando en términos económicos es un modelo que prioriza el desarrollo de infraestructura caminera, ciertos grandes proyectos de energía e industrialización, y que por lo tanto repercute políticamente. No se puede renunciar a una cierta ruta de industrialización. Pero ese es el problema. Cómo haces para que eso no plantee una tensión, un descuido tan grande que pierda de vista la construcción de lo plurinacional desde una visión estratégica.

-Pero el Estado tiene que generar recursos propios para lograr soberanía, ¿cómo se resuelve el lugar de las autonomías indígenas en este modelo de Estado?

Ahí tenemos un dilema. Gramsci decía que los subalternos sólo pueden construir unidad en la ocupación del Estado, que es un tema interesante. Pero en Bolivia hay un gramsciano muy interesante que se llama Javier Zavaleta y que planteó lo siguiente: está bien, los subalternos sólo pueden construir unidad en el Estado y en sostener ahí, en un horizonte más general para que no primen sus intereses particulares, pero también todo Estado niega las masas por mucho que las representen o intenten representarlas. Él tiene la idea de que la democracia debe ser una autorepresentación de las masas. Nos plantea un debate muy interesante práctico y teórico. Desde mi punto de vista estamos viviendo este dilema y es el punto de vista desde la que he elegido preguntarme sobre nuestra realidad. Sólo puedo entender la coyuntura analizando este dilema.

Por ejemplo, hay que atender a los departamentos, como Potosí, donde se han perdido gran cantidad de votos, o evaluar cuánta capacidad hay de cohesionar a la gente que venía de la derecha y que sigue estando en el Parlamento, ¿Es estrategia de hegemonía? ¿Cuál es el costo? Pero tampoco hay que ser fatalista. Hay que poder ver las tensiones de este modelo en desarrollo, las tensiones en las relaciones sociales y políticas. ¿Por qué no avanzamos más en el desarrollo del Estado Plurinacional? Hay que ver donde se han puesto las prioridades y que esas prioridades no mengüen otras visiones y cosmovisiones, y esa es la contradicción en sí misma de lo que se llama, para esta etapa, el capitalismo andino.

-¿Cuál cree que ha sido el rol de las organizaciones sociales en este sentido?

Creo que hay una co-responsabilidad. El Estado juega un papel muy importante en una especie de relación entre tutelaje y subordinación, que no es lo mismo que clientelismo y prebendalismo generalizado. Pero también hay una cierta característica de las organizaciones sociales que frenó el desarrollo del autogobierno. El Estado tiene el monopolio de la fuerza y de las decisiones de gobierno. Hay que salir de la retórica estatalista y de la retórica victimista de las organizaciones. Lo que hay que atender es si tú puedes tomar el Estado o el Estado te toma a ti. A dónde hemos podido transformar al Estado y a donde no.

No es radicalidad, no es antiestatalista. Tampoco es un justo medio. Es tener la capacidad de tener compromiso con las corrientes más autodeterminativas pero con principios de realidad. Si se cae el Evo, ¿qué va a venir? Pues la derecha radicalizada.

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El referéndum griego dejó un aplastante triunfo del No al ajuste, No a la Troika, constituyendo una renovación del regalo heleno al mundo: democracia popular en toda su potencia.

Resulta difícil escribir unas líneas que reflejen la alegría del NO ganador del domingo. La plaza Syntagma mostró al pueblo griego festejando en pleno su decisión, mostrando no sólo su soberana potestad. La auténtica fiesta de decidir, de afirmarse contra la petulancia del poder político y económico.

El domingo 5 de julio de 2015, el pueblo griego votó programáticamente: ejerció democracia no solo de mandatarios, sino de mandato; no quiénes, sino qué. La pregunta del referéndum era “¿Debería aceptarse la propuesta sometida por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el FMI durante el Eurogrupo del 25 de junio de 2015?” Un contundente 61,3% dijo que No. Entre la juventud, en distritos obreros y en varias de las islas, todos sectores que se veían particularmente afectados por las medidas de austeridad de la Troika, los guarismos llegaron a superar el 70%.

Un NO impactante, que desafió toda la campaña de terror mediático compuesta por los multimedios del mundo y las falsas encuestadoras. Un No que dejó atrás la dirección titubeante del Partido Socialista y la artera campaña del doble No del Partido Comunista (no a la Troika y a Syriza). Un No que puso en escena la inconmensurable potencia de lo político: la decisión última ante soluciones en el filo de la navaja. Syriza había anunciado que, de ganar el Sí, renunciarían al gobierno; la Troika y sus emisarios se encargaron de amenazar con que la votación era en realidad seguir dentro de Europa o salirse del mapa. Los griegos castigaron esta intromisión en su democracia, votando contra la arrogancia de la Troika.

Las reacciones

El resultado fortalece a Syriza y siembra dudas en la Troika. Quedó claro que un acuerdo en los términos que propone esta última, de mayor ajuste social, es completamente inviable, y por lo tanto, deberá modificar el testarudo programa. Las reacciones han sido diversas.

El ministro de finanzas francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro italiano, Matteo Renzi, ya han llamado a sus colegas al diálogo, para evitar un desmembramiento de la Unión Europea. Sin embargo, otros colegas han reforzado su rechazo al proceder griego. En Holanda y Alemania se ha sugerido que la Unión estaría mejor sin Grecia. El sistema político alemán de conjunto ha sido el que más ha presionado por el ajuste, de acuerdo con su interpretación no sólo del problema griego sino de la crisis mundial: es necesario profundizar el ajuste. El ministro de economía socialdemócrata Sigmar Gabriel afirmó que “Tsipras y su gobierno están llevando al pueblo griego en un camino de amargo abandono y desesperación”. Dos grandes cámaras patronales alemanas –de cajas de ahorros y de exportadoras– ya se han expresado públicamente por expulsar a Grecia del Euro. La canciller Angela Merkel, sin embargo, no ha cerrado las puertas al diálogo, y en el día de ayer atendió el llamado de Tsipras para reanudar las negociaciones sobre esta nueva base.

Dentro de la Troika, las reacciones son diversas también. El FMI, acorde con las intenciones de Estados Unidos, ya suavizó su posición, y señaló a través de un comunicado que estaría dispuesto a prestarle a Grecia. La Comisión Europea, en cambio, no ha puesto demasiadas esperanzas. “El resultado del referéndum amplía la brecha entre Grecia y sus socios del euro”, dijo su vicepresidente, Valdis Dombrovskis. Junto con el Banco Central Europeo (BCE), que aportó la friolera de 89.000 millones de euros, estas instituciones han estado prestando desde 2010 con el exclusivo objetivo de salvar a los bancos y el capital especulativo, sin ningún beneficio para Grecia.

Ante la inminencia del referéndum, el BCE suspendió los ELA (préstamos de emergencia), lo que llevó al gobierno griego a implementar un impopular corralito. Esto le ganó el enojo de pensionados, que en el marco de un desempleo que afecta a un cuarto de la población, han devenido en jefes de familia. El 20 de julio próximo vence un bono de 3.500 millones de euros: si el BCE no otorga un aplazamiento, Grecia entraría en cesación de pagos, y no hay ningún mecanismo previsto sobre cómo operar. Si el BCE otorga nuevos créditos sin ajuste, otros países de la Unión podrían tomar este camino de negociación (España es la siguiente preocupación, con Podemos en ciernes). Pero Alemania está negada a cualquier negociación que no implique una quita, omitiendo el rol que este proceder tuvo en su propia historia de reactivación económica. Los mercados financieros europeos y asiáticos mostraron su antipatía, cayendo entre 2 y 3% en el día de ayer. Las primas de riesgo para los bonos españoles e italianos se han elevado, a sabiendas de que son los siguientes países en la lista de deudores con posibles complicaciones de pago.

Si el BCE no le otorga nuevos fondos, estaría básicamente condenando a la bancarrota al sistema financiero griego: los especuladores nunca fondearán sus filiales en el país, a pesar de haber recibido miles de millones en salvataje. Grecia podría explorar diversos caminos. Islandia estatizó su sistema bancario y repudió deuda, iniciando un camino de reactivación. En este caso, Grecia tendría que volver a emitir su propia moneda (dracma), abandonando el euro. Rusia y China ya prometieron fondos frescos en este escenario; amenaza de “intromisión” en Europa que complica el camino testarudo de Alemania, al introducir problemas de geopolítica mundial.

El gobierno griego ya se comunicó para reanudar el diálogo, pero tomando nota de la nueva situación. El ministro de finanzas, Yanis Varoufakis presentó su renuncia, alegando que su figura complicaba las negociaciones, aunque sostuvo su apoyo total a Syriza. “Considero que es mi tarea ayudar a Tsipras a explotar, tal y como considere adecuado, el capital que el pueblo griego nos ha concedido a través del referéndum del domingo, y portaré el odio de los acreedores con orgullo” dijo el domingo. Su reemplazante es el coordinador del equipo griego en las negociaciones y viceministro de Exteriores, Euclidis Tsakalotos. Este prestigioso economista se ha mostrado más dispuesto al diálogo que Varoufakis, por lo que su nombramiento es un gesto de que no todos los puentes han sido quemados. Pero no debemos engañarnos: Tsakolotos tiene una postura ideológica más radical que Varoufakis y es parte orgánica de Syriza, todo lo cual permite anticipar mayor firmeza en la negociación.

Tal como anticipara el diputado Stathis Kouvelakis, esto pone a Grecia ante un escenario de disputa más tenso. Las salidas intermedias parecen cada vez más lejanas, con un poder financiero y mediático amenazado, y un pueblo griego envalentonado. Los poderes imperialistas y el capital concentrado han leído –correctamente– este referéndum como un acto de valentía que, tras 4 décadas de neoliberalismo, ya no creían posible.

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