Por Raul Palencia

La Mesa Nacional de Diálogo por la Paz se realizó en el palacio de Miraflores el 16 de septiembre y contó con la presencia de una delegación del Gobierno en donde estuvo presente la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, el vicepresidente de comunicaciones, Jorge Rodríguez y el Canciller de la república, Jorge Arreaza. Del lado de la oposición estuvo una fracción compuesta por distintos representantes de partidos políticos: Felipe Mujica, Partido MAS. Luis Romero,Partido Avanzada Progresista (AP). Timoteo Zambrano, Partido Cambiemos, Claudio Fermín, Partido Soluciones para Venezuela y Pedro Véliz, Partido Bandera Roja.

“El paso que se da con esta firma de acuerdos con una fracción aunque minoritaria, marca una avance en la agenda más urgente del país”. Este diálogo busca traccionar otros actores que puedan sumarse a construir una serie de pasos para alcanzar la paz, que esté por fuera de la estrategia de los Estados Unidos quienes buscan establecer un gobierno paralelo, atropellando la democracia y la soberanía del país. “Esta otra fracción -que en febrero de este año, acompañó la autoproclamación de Juan Guaidó- hoy se encuentra sin capacidad de convocatoria ni fuerza a nivel nacional pero sigue siendo la cara visible, a nivel internacional”. Como continuidad a este plan del sector más aferrado al pentágono, el país ha sido sometido al sufrimiento de apagones, desabastecimiento y traumantes incertidumbres.  

Alcances y límites de los diálogos

Los diálogos realizados en Oslo, Noruega y luego en la isla de Barbados, auspiciados por el mismo gobierno lograron sentar a los sectores de la oposición más cercanos a Juan Guaidó y por ende a los más alineados a Estados Unidos. Estos intercambios fueron una continuidad de sus agendas: La oposición busca -bajo la consigna cese a la usurpación y la petición de elecciones libres- que el Gobierno Venezolano abra la posibilidad para un periodo electoral sin la candidatura de Nicolás Maduro. Por parte del Gobierno Bolivariano la prioridad es el levantamiento del bloqueo por parte del gobierno de D. Trump, que es la principal causa de la crisis para el pueblo Venezolano y la principal presión que utiliza la oposición para acumular fuerza política. Aunque han logrado avanzar en otros puntos, las tensiones y la continuidad de estos diálogos dependerá de la voluntad política de la oposición. Lo cierto es que por parte del sector del llamado presidente interino, no hay capacidad de tomar decisiones ni poner nada en la mesa que no sea autorizado en Washington, su táctica apunta más a continuar construyendo fuerzas con Colombia y amenazando con intervencionismo militares. 

Venezuela apuesta la Paz

El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela es quien impulsa esta mesa de diálogo en el país. Desde la Cancillería Venezolana sostuvieron para Marcha “este acuerdo es una expresión más mesa de la voluntad política del Gobierno Nacional por utilizar el diálogo como mecanismo político para la resolución de conflictos, en ese sentido es positivo en cuanto oposición y gobierno puedan sentarse a dialogar ante las diferencia”. Para la Cancillería Venezolana el principal riesgo de este contexto es “que hay sectores dentro de la oposición que no reconocen al gobierno nacional como un actor con el cual hay que sentarse a dialogar” y advierten “es la oposición quien justamente ha seguido apostado las medidas violentas y es el sector que cerró una vez más el diálogo facilitado por el Gobierno de Noruega”. Inclusive recuerdan que “en plena mesa de diálogo han apostado a la sanciones que le Gobierno estadounidense le ha impuesto al pueblo Venezolano y la reciente activación en el marco de la OEA del convenio interamericano de asistencia recíproca y estas medidas siempre han venido empujando la posibilidad de un hecho violento y de una confrontación directa”.

Basta con recordar que desde el 2014 la oposición impulsó las guarimbas como una medida de presión directa y desestabilización hacía el Gobierno Venezolano. Luego esta crisis agudizó en el 2017 y como respuesta se generó un proceso de diálogo infértil en República Dominicana. Este recorrido muestra la dificultad de negociación de la oposición quienes también no han promovido diálogos amplios en donde se puedan escuchar las voces de los movimientos populares, quienes han sido los sectores que han dado respuestas concretas a las crisis generadas. Este sector es importante ya que ha sido el pueblo Venezolano quien propone organizadamente, alternativas a las presiones del bloqueo. Estos sectores sufren el acoso de la oposición, como el sector campesino que es acosado por latifundistas que buscan sabotear el proceso de fortalecimiento del aparato productivo. 

Por ello es importante valorar los acuerdos generados en este diálogo ya que han podido firmar 6 acuerdos: (1) incorporación del sector del PSUV para ampliar el diálogo y las diferentes voces de los sectores. (2) La conformación de un nuevo consejo electoral para garantizar un período de elecciones. (3) conformar una comisión de la verdad que pueda exhortar a la justicia a tomar medidas con los detenidos. (4) La defensa de la Guyana Esequiba. (5) Rechazo y levantamiento inmediato de la sanciones económicas, y (6) instrumentar un programa que permita el intercambio de petróleo por alimentos y bienes necesario.

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Por Raúl Palencia 

El domingo 11 de agosto se llevó a cabo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Guatemala. Los comicios se caracterizaron por un 61% de abstencionismo, casi el mismo número que participó en la primera vuelta pero que parecía tener esperanzas en fuerzas políticas menos conservadoras y con propuestas que salieran del discurso común y acartonado. La presidencia la definió un 47,2% del padrón de guatemaltecos y guatemaltecas que acudió a las urnas. Alejandro Giammattei fue electo presidente por el 57% de los votos, es decir 1.907.696 de los más de 17 millones que integran el país, lo cual lo define como jefe de estado para los próximos 4 años.

Tanto Giammattei como Sandra Torres se disputaron un público en común, el voto conservador. Ambos candidatos y sus partidos, enfocaron su estrategia electoral en pelear el voto indeciso de quien quiere apenas ciertos cambios en el país con un histórico racismo, clasismo y patriarcado que se expresan en la realidad concreta en un país donde la mayorìa de la población es indígena. En Guatemala el 60% de la población está debajo de la línea de pobreza y el 12% sufre de analfabetismo. Además se encuentra en el primer lugar en Latinoamérica y sexto en el mundo en desnutrición severa en la población infantil.

Pese a la presión desde Washington por una 2da vuelta que ya se había definido desde el 16 de junio, ninguna de las causas estructurales que actualmente son el resultado palpable de un estado corrompido por los poderosos capitales empresariales, el poder militar y el narcotráfico, van a ser siquiera reformadas en nombre del “progreso”.

Cómo ganó y quién es el nuevo presidente

La diferencia de votos entre los candidatos es de 520,641, es decir un 15,9%. Una distancia aplastante en términos porcentuales pero que en votos refleja que Gianmmetti ganó con un 23,40% del total del padrón electoral inscripto. Es decir que este resultado lo definió un 6,38% de las personas que podían votar en toda Guatemala. Este nivel de participación sobrepasa por muy poco al de las elecciones de 1995, año previo a la firma de los Acuerdos de Paz que ponía fin a 36 años de conflicto armado en el territorio centroamericano.

El restante 42% de los votos se los llevó Sandra Torres, candidata por el partido de la Unidad Nacional de la Esperanza, (UNE). Partido de centro fundado en 2002 que en las últimas contiendas electorales encabezadas por Sandra no ha podido pasar el techo del 1,3 millones de votos. Es la tercera elección en la que Sandra pretende disputar la presidencia, si tomamos en cuenta la del 2011 en donde un fallo de la Corte de lo Constitucional no validó su divorcio del ex presidente Álvaro Colom impidiendo presentarse como candidata. Luego, en el 2015 logró entrar a la contienda pero nuevamente en la segunda vuelta perdió contra Jimmy Morales (el presidente saliente), acumulando el mismo número de votos. La imposibilidad de superar ese número parece estar en la misma candidata, quien está siendo investigada por la CICIG de financiar ilícitamente su campaña de 2015. Esto la coloca en una impopularidad irremontable, sobre todo si tomamos en cuenta el avance del discurso anticorrupción y su manejo para inmunizar candidatos.

El electo presidente, Giammattei, ganó con una estrategia que marca la tendencia de las elecciones de la región. Al igual que en el país vecino, El Salvador, los discursos y las estrategias que caracterizaron estos triunfos son similares. Lo primero es mostrar una cara “renovada” de la política. Primero, el partido VAMOS es un partido recién fundado. Según Giorgio Bruni secretario del partido, el 85% está compuesto por jóvenes. Aunque se complet con militares retirados, empresarios tradicionales y algunos técnicos. El discurso que acompañó es el de una amplia participación de distintos sectores, buscando dejar a fuera a “la vieja política”. En este armado participó una parte de SEMILLA, el movimiento político progresista que impulsaba la candidatura de Thelma Aldana. Lo segundo tiene que ver con sus relaciones internacionales, llevando un diálogo directo con Trump buscan hacer un lobby de campaña para las próximas elecciones en Estados Unidos, en donde el actual presidente pretende una reelección. Esto en el discurso busca acompañar la “crisis migratoria” negociando escasas oportunidades para la numerosa población centroamericana que vive en el país del norte del continente e invisibilizando la realidad de esta población migrante la cual está siendo cruelmente perseguida, encerrada, torturada y deportada a sus países de origen. El tercero tiene que ver con la corrupción, tema en el cual Guatemala ya tiene una experiencia caminada y también saboteada por intereses de Estados Unidos y sectores parásitos del Estado, sin embargo Gianmmettei dice que creará una nueva CICIG con cooperación bilateral y no multilateral, señalando como la principal falencia de la anterior comisión creada por la ONU.

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Continuidad y profundización del dominio de EE.UU. en la región

El próximo 14 de enero del 2020 el Estado de Guatemala comenzará una transición de gobierno amena dando continuidad al pacto de corruptos que caracteriza esta etapa en el país. Entre el 2008 hasta el 2018 el Estado se vio reformado por una limpieza judicial de las facciones más poderosas y retrógradas del país, ganando reconocimiento internacional al llevar al banco de los acusados el genocida militar Efraín Ríos Mont y al sacar de la presidencia, enjuiciar y encarcelar al militar retirado, Otto Pérez Molina en el 2015 gracias a las fuertes y multitudinarias manifestaciones.

Entre el 2016 y el 2018, la CICIG llevaba a juicio por corrupción a 650 poderosos enquistados en estructuras del Estado. El 3 de septiembre de este año se termina el mandato de la CICIG y el recién electo ya declaró que no lo renovará, lo cual nos da muestra que las estructuras viciadas del Estado, las que generan enormes desigualdades, estarán intactas.

En Centroamérica la misoginia de lo mandatarios, la ostentación del poder político por parte del sexo masculino, de raza blanca y de familias tradicionalmente adineradas siguen gobernando sus Estados. A esto se le suma la reciente reacción conservadora global de parte de los fundamentalismos religiosos. En la región que más personas expulsa hacia Estados Unidos y que paradójicamente más depende de los países poderosos y sus políticas internacionales, se logra colocar en el gobierno a presidentes con alto nivel de sumisión a estos poderes pero bajo nivel de representación y legitimidad social.

Estas elecciones no dejan solo un nuevo presidente sino que ponen en jaque el gobierno de los poderes y los sistemas tradicionales de construcción de los Estados capitalistas que dejan afuera y destinan a la miseria a las mayorías originarias. Sin embargo, hay un mensaje que subyace y que debe ser escuchado tras este proceso eleccionario: Giammattei no será, por más que intente engañarles, quien liderará estos pueblos. Porque a la corrupción se la combate y la población está en pie. Por eso, a fuerza de llamar a Paros, protestas urbanas, piquetes rurales, construcción desde abajo, reafirmación de la identidad plurinacional y denuncias de los asesinatos de defensores/ as de derechos humanos ante la prensa internacional, será Thelma Cabrera, la primera candidata indígena en la historia de ese país -junto al surgimiento de nuevos actores políticos aliados-, quien liderará la dignidad y la esperanza para toda Guatemala.

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Por Raúl Palencia y Laura Salomé Canteros 

El 1 de junio Nayib Bukele asumió la presidencia de El Salvador con poca claridad de sus políticas y plan de gobierno. Desde entonces, su forma de gobernar se ha caracterizado por utilizar las redes sociales como despacho y lugar virtual desde donde se emiten mandatos a integrantes de su gabinete y de las instituciones del Estado. Parece ser el único espacio por el que se dan a conocer sus políticas y también el canal directo para comunicarse con las demandas de la gente. Esto logra que el presidente maneje las redes de tal forma que su popularidad sea reconocida cada vez más y que se desconozca la totalidad de su programa de gobierno. Mientras destituye a funcionarios/as del gobierno anterior y hace despidos públicos de familiares de funcionarios del FMLN, en para el despido de 400 empleados/as de 5 secretarías aludiendo el parentesco que tienen con dirigentes del gobierno anterior.

Este estilo de gobierno ha sido aceptado y celebrado por gran parte de la población que tiene acceso a redes sociales, es más, encuestas difundidas por medios afines a su partido político de línea de derecha, afirman que su popularidad asciende al 80%. Sin embargo, son muchas las personas que, por otra parte, están expectantes de las medidas que va a tomar Bukele para dar respuesta a los problemas más importantes y estructurales del país como la migración masiva, la falta de empleo, desigualdad y la inseguridad.

Según la ONU, El Salvador está dentro de los países más violentos de América Latina y desde 2014 hasta la fecha el país no ha salido de los primeros cinco más violentos de la región, superando inclusive a sus hermanos del llamado triángulo norte de Centroamérica. La mayoría de las muertes se categorizan como muertes violentas y se atribuye la responsabilidad a las pandillas, constituidas en su mayoría por jóvenes entre los 14 y 25 años, con presencia en todo el territorio nacional y con articulación internacional que conecta a Centroamérica con México y los Estados Unidos. Según datos oficiales de la Policía Nacional Civil -PNC-, la inseguridad provocó que 231 personas fueran asesinados en lo que va del mandato de Bukele. Un promedio de 8 salvadoreños/ as menos por día.

A pesar de que fue una de sus promesas apenas electo, Bukele tardó un mes en dar a conocer la primera acción en respuesta a esta problemática. Fue el pasado 20 de junio con que se comenzó el llamado “Plan Control Territorial” que consiste en un despliegue de la presencia de fuerzas de seguridad combinadas entre la Policía Nacional Civil y las Fuerzas Armadas de El Salvador en 12 de los municipios con mayor presencia de las pandillas. Para ello dispusieron de 2.500 agentes de la PNC y 3.000 soldados de las FAES, quienes realizaron operativos de búsqueda y captura. A este plan de seguridad se le suma el traslado de 1.624 reos de los distintos centros penales con el fin de desarticular a las pandillas, que desde 2004 estaban distribuidas en distintas cárceles según su grupo de pertenencia.

El Plan Control Territorial es la aplicación de una vieja receta utilizada por los gobiernos anteriores. Estas medidas represivas fueron utilizadas durante el período de 20 años del gobierno de ARENA (1989-2009) cuando le llamaron “mano dura” y “súper mano dura” y buscó la modificación de leyes para poder criminalizar a las pandillas, lo cual sobre saturó de población las cárceles. Durante el gobierno del FMLN (2009-2019) las políticas de seguridad tuvieron cierta impronta integral en búsqueda de construir un diálogo con las pandillas para poder alcanzar la anhelada paz. Esto se vio saboteado por Estados Unidos y la falta de voluntad política con distintos sectores. A pesar de los considerables resultados y la reducción de la criminalidad, el mal manejo del diálogo y la presión de los medios hizo que rápidamente se perdiera legitimidad en la salida por medio de la llamada “Tregua entre pandillas”, y los homicidios volvieran al país en uno de los lugares más peligrosos de la región en el 2014. Esto tuvo como resultado el recrudecimiento de las políticas de seguridad a tal punto de re- categorizar a las pandillas y colocarlas como grupos “terroristas”.

Desafiar a las pandillas vía Facebook Live

 El 1 de julio el presidente Nayib Bukele lanza por sus redes un video enviando un mensaje a las pandillas. El mensaje tiene tonos benévolos de amenaza, en donde lo primero que menciona es: “nosotros no queremos muertes… paren de matar… ¿Cúal es el futuro que les queda? ¿Muerte, la cárcel?” a lo que le sigue es nombrar que el único futuro que les queda ahí es la muerte, “vayanse a sus casas…”. El presidente luce un lujoso atuendo de reconocida marca mientras se burla de la vestimenta de un pandillero capturado en la operación y mientras repite, tres veces, las armas que le encontraron a dos pandilleros que luego asesinó la policía en “supuesto” enfrentamiento buscando justificar y dibujar un enemigo público. Estos pandilleros de los que habla Bukele por redes son jóvenes que dentro de la pobreza y la ausencia del Estado en los barrios en los que viven sólo tienen una alternativa a su futuro. 

En su video de 2:38 minutos, sin protocolos y al mejor estilo Facebook Live, el presidente deja un mensaje claro que se logra colar en un lenguaje que intenta ser ameno y cercano: la política que está siendo ejecutada por las fuerzas de seguridad hacia el pueblo salvadoreño es represiva y busca pasar por encima de los derechos fundamentales de las y los jóvenes pobres y excluídos de la sociedad salvadoreña. Pero también es un vídeo que le habla a la población en general, y en específico a ese público de las redes (que sería un 10,8% mayor de 18 años) que aprueba estos perversos planes de seguridad. Lo otro menos evidente es que no se tiene una opción para combatir una estructura económica que empuja a miles de jóvenes sin opciones de educación ni empleo a las pandillas, la migración y el trabajo precarizado.

Un mensaje a las pandillas… pic.twitter.com/STdBPhFRcX

— Nayib Bukele (@nayibbukele) July 1, 2019

“Plan Control Territorial” fase 2: ejecutado, ¿por quiénes?

En una mesa llena de varones, la mitad de ellos uniformados, Nayib Bukele encabezó el martes 2 de julio una conferencia de prensa en Casa Presidencial donde presentó la fase 2 del “Plan Control territorial”, llamada “Oportunidad” y que fue noticia para la ciudadanía, los medios y el ejército de trolles que obstruyen el debate público en las redes sociales. Una iniciativa destinada a generar opciones para evitar el reclutamiento y provocar la deserción de jóvenes en las pandillas y que equivaldría al desembolso de 91 millones de dólares por parte del Estado salvadoreño, previa consulta a las/ os diputados de la Asamblea Legislativa.

No son casuales los perfiles de dos de los nombramientos de la presidencia Bukele en el área: Mauricio Arriaza Chicas como Director de la Policía Nacional Civil y de Osiris Luna Meza como Viceministro de Seguridad y Director de Centros Penales. Arriaza, un oficial de línea dura, fundador de la PNC y cuestionado en varias investigaciones por supuesto fraude procesal e irrespeto a los Derechos Humanos. Luna, aún diputado del partido de derecha -GANA- que llevó a Bukele a la presidencia, quien se declaró a favor de la pena de muerte y de la “eliminación” de pandilleros. Con esto se descarta la posibilidad de diálogo y tregua, una medida que en 2012 redujo a la mitad la cantidad de homicidios, y se consolida una política de mano dura desde el Estado que en dos décadas no ha mostrado ser exitosa sino todo lo contrario, ha fortalecido el control de las pandillas sobre algunos territorios. 

Si bien del plan poco se sabe, según declaraciones de funcionarios, “por cuestiones de confidencialidad”, en Twitter abundaron expresiones que poco tienen que ver con gobernar con responsabilidad y/ o buscar la concordia en una sociedad que aún padece los dolores de la guerra interna. “Estamos obligando a los pandilleros a irse a las montañas”, declaró Rogelio Rivas, Ministro de Justicia y Seguridad Pública, quien también afirmó “vamos a combatir frontalmente al crimen organizado, no cabe ninguna negociación o tregua”. Por su parte Osiris Luna Meza, Viceministro de Seguridad y director de Centros Penales “ad honorem”, fue más allá con su entusiasmo represivo y declaró: “Cumpliendo la orden del Presidente Nayib Bukele de endurecer las políticas”… “Hemos puesto a todos los grupos terroristas en un mismo centro. Les vamos a demostrar que el Estado se respeta”.
Mientras, la primera reacción fue la de jueces quienes, a través de una carta formal pidieron a la Corte Suprema de Justicia que interceda ante el Presidente de la Nación ya que “hay un manejo mediático del problema”, “existe información tergiversada sobre las declaraciones de emergencia” (que no pueden decretarse de forma indefinida ya que la ley penitenciaria otorga 15 días sin prórroga) y que “se pretende estigmatizar y deslegitimar la función jurisdiccional”. El peligro es evidente, la matriz política represiva se trasladará a los territorios donde determinar quién es pandillero o quién ciudadano quedará a criterio de los integrantes de la PNC o las FAES. Una división entre buenos y malos, asesinos y víctimas, amigos y enemigos que se dirimirá con el poder de las armas. Una lógica de enfrentamiento que requiere ser superada en El Salvador. Y más si se requiere la construcción de una narrativa millenial, de una política que mire al futuro y que no repita recetas que no funcionaron.

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 Por Raúl Palencia y César Saravia Foto Contra Corriente

Crisis política y resistencia popular a 10 años del Golpe

En las últimas semanas, un nuevo episodio de movilizaciones populares y represión estatal se ha vivido en las calles de Honduras. La gota que derrama el vaso de un pueblo golpeado y convencido del fraude electoral, fue la aprobación en la cámara Legislativa del primer debate de la ley de Reestructuración y Transformación del Sistema de Salud y Educación. Esto es posible una vez que el gobierno de Juan Orlando Hernández declara al Sistema Nacional de Salud en estado de emergencia y justifica su decreto en la necesidad de la mejora del servicio. Las palabras suenan a despidos, privatización y concesiones para quienes desde las organizaciones sociales y movimientos populares llevan más de una década de lucha organizada en las calles y en las instituciones del Estado.

Desde finales abril, las protestas en las calles son multitudinarias y las componen estudiantes, trabajadores y sindicatos del sistema de salud que exigen que se anule los decretos aprobados por el Congreso. Para el 30 de mayo se llamó a un paro general al que se sumaron las ciudades de Copán, El Progreso, La Paz, Comayagua, Atlántida, San Pedro Sula, Olancho, Valle y Choluteca llegando a la cantidad en diez mil personas movilizadas en contra de los dos decretos que buscan privatizar la salud y la educación.

La movilización popular de amplios sectores es el resultado de un Honduras en plena crisis social, por consecuencia de una serie de medidas neoliberales presionadas por el Fondo Monetario Internacional que busca profundizar el modelo extractivista, promoviendo la inseguridad en los territorios, la migración, la impunidad, la falta de justicia, la privatización, las concesiones transnacionales, el crimen organizado, los femicidios y el narcotráfico vinculado al gobierno. Todo esto estrangula a un pueblo que hoy sale a las calles gritando y condensando su bronca en el “Fuera JOH, convencido de que la lucha popular y la dignidad son todo lo que les queda para alcanzar ese objetivo estratégico de refundar Honduras. Pese a todos estos golpes, hoy siguen más vivas que nunca las palabras que el río susurrara a Berta y que todo Honduras grita a una sola voz: ¡Vamos a vencer!

Golpe contra el pueblo

La madrugada del 28 de junio del 2009, el ejército hondureño, amparado por la oligarquía y la intervención de Estados Unidos, entró a la casa presidencial, a punta de fusil, para capturar al entonces presidente Manuel Zelaya, electo vía voto popular, y enviarlo en un avión vestido todavía con su pijama, hacia Costa Rica. Esta acción autoritaria fue la respuesta de la derecha y del imperialismo al intento de Zelaya de llevar a cabo un proceso de consulta popular, que se presentaba a los ojos del movimiento popular como una herramienta legítima para avanzar en el objetivo de alcanzar, en palabras de Berta Cáceres, “la refundación de Honduras”.

Durante su gobierno el presidente Zelaya había mostrado una tendencia progresiva a alinearse a las organizaciones sociales y a los gobiernos populares aglutinados en el  ALBA, del cual Honduras se había hecho parte. Este acercamiento con los movimientos generó una radicalización de la política pública empujada desde abajo, cabe recordar que Zelaya llegó a la presidencia a través de uno de los partidos tradicionales como lo es el partido liberal, de corte derechista. Al momento del golpe, la región vivía un auge de gobiernos progresistas y/o populares, que alcanzaba a diez países en ese momento. Estas y otras medidas llevaron a Estados Unidos a actuar contra uno de los países que fue históricamente uno de sus bastiones, por su ubicación geográfica, tanto para acciones militares como para experimentos políticos y económicos.

Las respuestas internacionales fueron que la OEA desconociera a Honduras y la ruptura de relaciones por parte de varios países de la región. Sin embargo, esta presión duró poco y rápidamente se dio paso a la “normalización” de la situación en Honduras, mediante los acuerdos de Cartagena, que habilitaban la vuelta de Zelaya a Honduras pero reconocían al régimen golpista.

De alguna forma, lo ocurrido en Honduras fue visto con relativo desdén por buena parte del progresismo latinoamericano, como antes había ocurrido en Haití. Esta falta de interés representaría años más tarde una debilidad a la hora de dar respuesta a la avanzada conservadora en la región y dejaría abierto en Honduras el camino hacia un régimen autoritario y asesino.

Durante estos 10 años posteriores al golpe, la resistencia en las calles y en los territorios ha sido constante. La movilización popular durante el Golpe fue amplia, pero no logró revertir la imposición del presidente y la instauración de un modelo extractivista – militar. Se estima que cerca del 35% del territorio hondureño ha sido concesionado a transnacionales. Entre las primeras medidas que el régimen golpista adoptó fue la aprobación de una Ley de Agua, que privatizó el servicio,  y la prohibición de la comercialización de la pastilla del día después, que se suma a la prohibición total del aborto en Honduras. De esta manera, estos 10 años han estado marcados por el avance del Capital sobre los territorios de las comunidades y  por un aumento del control sobre los territorios- cuerpos de las mujeres.

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Este proyecto que, como lo ha denominado el COPINH, es un proyecto de continuidad y de permanente Golpe de Estado, que se expresa en la persecución, criminalización y asesinato de líderes sociales. De 2010 a la fecha más de 150 líderes y lideresas sociales han sido asesinadas y asesinados, entre ellas, Berta Cáceres el 2 de marzo de 2016. El crimen contra Berta levantó la voz para exigir justicia a nivel mundial, a pesar de lo cual hasta hoy continúa la lucha contra la impunidad, a la espera de que se juzguen a los autores intelectuales, entre los altos puestos de la empresa DESA, encargada del proyecto de la represa Agua Zarca, y algunas de las familias más ricas del país.

Fue la propia Berta quien denunció esta política represiva: “la criminalización del movimiento indígena y negro es una política del régimen sucesor del golpe de estado, en particular contra todo el que está en resistencias y en construcción del proceso constituyente originario, refundacional, democrático, multicultural, multilingüe e incluyente”. 

Este proyecto de golpe permanente, tiene como su contracara lo que podemos denominar como resistencia popular permanente. La resistencia del pueblo Lenca y el COPINH, contra la represa Agua Zarca, del pueblo Tolupán, de la OFRANEH, de los movimientos estudiantiles y el movimiento feminista han sido claves para que a 10 años el régimen golpista no haya sido capaz de estabilizarse. Esto explica que pese al cerco mediático que rodea al país, de manera muy frecuente se desaten crisis políticas en Honduras que trascienden las fronteras. El pueblo hondureño ha estado constantemente en la calle durante estos años, frente al agotamiento de la soberanía popular y el deterioro de los marcos de participación y de respeto de los derechos humanos, que se agravaron con el fraude electoral del 2017, donde se impuso a Juan Orlando Hernández como presidente por segundo periodo consecutivo.

Luego del fraude de 2017, el despojo de los bienes comunes, el deterioro de los servicios públicos y la precarización general de la vida de la población, con cifras de pobreza que alcanzan el 60%, ha convertido en Honduras en un país expulsivo. Si bien es cierto la migración hondureña hacia Estados Unidos es antigua, en 2018, la misma se expresó en su forma más clara con el surgimiento de las caravanas migrantes, donde más de 5 mil hondureños y hondureñas, junto a migrantes de otros países, principalmente de Centroamérica, caminaron kilómetros para llegar a la frontera con Estados Unidos, en algunos casos con el objetivo de permanecer en México. Las caravanas mostraron en todo su esplendor la situación de deterioro social que vive Honduras, en la que en muchos casos la lógica ya no solo es migrar para buscar una mejor calidad de vida, sino donde está en juego la existencia misma.

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Por Iván Barrera y Raúl Palencia

Son ya trece años de gobierno del estado Plurinacional de Bolivia por Evo Morales Ayma, tiempo en el cual se han realizado importantes cambios que han beneficiado a las clases históricamente más desfavorecidas del país. Para el año 2005, el índice de pobreza extrema alcanzaba el 38,24% de la población. En los últimos 13 años 1,8 millones de personas han salido de dicha situación, alcanzando al 15,2% en la gestión de Evo Morales.

En temas de salud y educación sus avances han tenido las mismas características, durante 180 años de vida republicana de construyeron 2870 hospitales y centros de salud. mientras que en los últimos 13 años de gobierno se construyeron 1061 establecimientos de salud generando mayor acceso y cobertura.

Una de las más claras reivindicaciones del Estado Plurinacional de Bolivia ha sido la visibilización y dignificación de sus pueblos originarios. Al dejar de lado la república y asumirse estado plurinacional, en febrero del 2009, el gobierno de Evo Morales Ayma da un lugar a todas las naciones del territorio Boliviano: “se constituye en Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías, fundada en la pluralidad y pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico dentro del proceso integrador del país”. El Estado Plurinacional reconoce como lenguas oficiales los 37 dialécticos que conviven en el territorio boliviano, incluyendo al castellano.

El próximo 20 de Octubre, el pueblo boliviano volverá a las urnas para elegir al presidente y vicepresidente del Estado Plurinacional para el período 2020-2025, así como también a 130 diputados y 36 senadores. En esta contienda, Evo Morales Ayma junto a Álvaro García Linera apuestan a un tercer mandato del MAS que permita continuar con la transformación y el crecimiento del Estado Plurinacional.

Un abrazo a la comunidad boliviana

Para Iber Mamani, Aymara nacido en Oruro, quien reside en la Argentina hace ya 25 años, la visita de Evo Morales Ayma significa “un abrazo a la comunidad Boliviana por el momento de crisis que pasa el país. Ver desde el otro de la vereda como tu país (Bolivia) va creciendo, como van creciendo las condiciones económicas y las políticas hacia el pueblo. Vemos como el presidente Evo hace escuelas y hospitales, mientras vemos aquí en la Argentina como Macri cierra escuelas y saca presupuestos. Son dos realidades distintas.”

Por su parte, Sandra Carreño Pai militante del Frente Popular Darío Santillán e integrante de la Federación Bartolina Sisa Argentina en diálogo con Marcha comentó la importancia de la visita del primer mandatario boliviano y del acompañamiento que se dará a su candidatura desde tierras vecinas. “Para nosotros y nosotras ha sido muy gratificante la visita del hermano presidente Evo Morales. Nos hemos organizado entre todas las colectividades para darle la bienvenida a nuestro hermano. El objetivo como bolivianos y bolivianas es llegar a la mayor cantidad de empadronados posibles aquí en la Argentina y el 20 de octubre volver a ganar las elecciones con nuestro presidente Evo Morales”

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Por Cesar Saravia, Iván Barrera y Raul Palencia

El programa que permite que ciudadanos y ciudadanas migrantes puedan retornar a Venezuela y ya repatrió a más de 300 personas y se preparaba para trasladar a 90 más cuando el gobierno nacional impidió la llegada del avión proveniente de Caracas.

Plan Vuelta a la Patria

El plan Vuelta a la Patria, lanzado en agosto del año pasado por el presidente del gobierno bolivariano de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, brinda apoyo solidario, permitiendo que aquellos y aquellas que decidieron migrar y se encuentren en situación de vulnerabilidad puedan regresar a tierras venezolanas en vuelos financiados por el propio Estado. Desde dicha fecha, tres vuelos han partido con destino a Caracas con más de 300 venezolanas y venezolanos.

En ocasión del 4to plan, programado para el viernes 12 de abril, el gobierno argentino negó los permisos para que se realice dicho vuelo, impidiendo que 90 venezolanos y venezolanas se beneficien de este. Juan José Valero, encargado de negocios de la Embajadas de Venezuela en Argentina, denuncia: “Estas 90 personas, entre las que se encuentran niños, niñas, ancianos, personas con discapacidad y con enfermedades que requieren tratamiento urgente, no van a poder trasladarse a la patria como así lo anhelan. Consideramos que la negativa a dar los permisos necesarios para el aterrizaje, la pernocta y el despegue del avión designado por el Estado Venezolano para cumplir esta misión, supone un atentado directo contra los derechos humanos fundamentales de todas estas personas”.

Sin respuesta por parte del gobierno

Si bien no hubo un comunicado público por parte de cancillería ni de ningún organismo público, esta se suma a una larga lista de medidas que atentan contra la soberanía del pueblo venezolano, partiendo desde el no reconocimiento del presidente constitucional, Nicolás Maduro Moros, así como también de la embajada venezolana en Argentina. Esto se suma a las acciones que distintos gobiernos en el continente vienen coordinando retirando apoyos, como la salida de Argentina de UNASUR el pasado 12 de abril, y ataques a Venezuela.

Esta actitud entra en disonancia con la política antimigratoria que viene llevando a cabo el gobierno argentino desde el arribo del gobierno de Cambiemos, con un fuerte acento en los últimos meses con deportaciones express. Con un excesivo tinte xenófobo, desde el poder ejecutivo y desde distintos ministerios se vienen promocionando listas negras de migrantes a deportar y cifras insostenibles de delitos y del sistema penitenciario. En pleno discurso purista, el gobierno impide que 90 migrantes en situación de extrema vulnerabilidad retornen a su país, condenandolos a continuar viviendo en estas circunstancias.

El plan B

Ante la negativa del gobierno nacional argentino a efectivizar el vuelo que permitía que 90 personas beneficiadas por el plan retornen a Caracas, la embajada venezolana ensayó un plan B. Este lunes 15 de abril, se designó un buque que partió desde puerto argentino con destino a Uruguay. Según declaraciones de personal de la embajada de Venezuela, “no hubo manera con las autoridades argentinas. No hubo ninguna posibilidad siquiera que nos explicase por qué rechazaron los permisos. Se sabe que fue una orden del más alto nivel pero no dieron detalle”. Los costos del traslado fueron asumidos en su totalidad por el gobierno venezolano, sorteando así un nuevo bloqueo de parte de la derecha regional, esta vez a las acciones solidarias.

A minutos de emprender el viaje de vuelta, Maribel contaba su situación “nosotros vinimos a vivir a la Argentina, a hacer muchas cosas que nos habían prometido, sobre todo de la parte laboral. Yo soy paciente oncológica, vine buscando recursos y no lo pude lograr. No conseguí trabajo por mi edad. Ahora me encuentro muy feliz por regresar a Venezuela, volver a mi casa, a estar con mi familia, con mi gente. Este viaje nos lo mereciamos, somos muchos los que queremos volver a allá.“

Como Maribel, hoy son 90 personas las que vuelven a su patria, Venezuela, luego de viajar a la Argentina y enfrentar el retroceso en políticas migratorias y las medidas económicas que la posicionan en el 2do país con mayor inflación en América Latina. Este que antes era en uno de los 5 países receptores de personas que reafirmaba la migración como un derecho desde el 2004, hoy el gobierno promulga la migración como un delito promoviendo la xenofobia y el racismo, expulsando arbitrariamente y pasando por encima de convenciones internacionales.

Con este nuevo vuelo ya son más de 13 810 personas que han vuelto a Venezuela en todo el continente, 344 de ellas lo han hecho desde Argentina, como parte de una política única en el mundo para países con población migrante, en que se busca no dejar a nadie que por diversas razones no haya podido adaptarse en su proceso migratorio. Con el Plan Vuelta a la Patria el gobierno envía un mensaje contundente: volver también es un derecho.

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