Estuvimos en dos de las ciudades más grandes de Brasil, San Pablo y Río de Janeiro. Allí, la lucha por el derecho a la ciudad se sostiene por diferentes movimientos, organizaciones e institutos que exigen la implementación de políticas reales frente a un estado que desaloja, precariza y marginaliza a les más pobres a la vez que mercantiliza el espacio urbano. 

En esta nota, hablamos con la urbanista Raquel Rolnik, integrantes de ocupaciones populares del MST y FML y Henrique Frota del Instituto Pólis para analizar una de las problemáticas más invisibilizadas en la campaña y pensar los desafíos de cara a la segunda vuelta electoral del 30 de octubre.

Por Camila Parodi, Mariángeles Guerrero y Francis Lópes | Ilustración: Emitxin | Fotos: Julianite Calcagno

San Pablo es la urbe de los rascacielos y las carpas. La arquitectura de los edificios y las grandes avenidas encandila pero miles de personas viven bajo los puentes. Extienden cartones y frazadas grises, acampan sobre el pavimento y se abrigan al fuego bajo el cielo encapotado y la llovizna como parte del paisaje urbano. 

Quienes reclaman por el derecho a vivir en una casa saben que no alcanza con planes de vivienda que les expulsen a los suburbios, donde el acceso a derechos básicos se complejiza y la vida se vuelve más precaria que en los centros urbanos. Por ese motivo, la organización que existe en torno al hábitat exige su derecho al “centro” con sus privilegios y conexiones. 

De esta manera, diversos movimientos sociales llevan a cabo ocupaciones organizadas como una continuidad de las prácticas de toma de tierra comenzadas en la década del ´80 por el Movimiento de Trabajadores y Trabajadoras Sin Tierra valiéndose de la Ley 188 sobre la función social de los inmuebles abandonados. Este accionar se replica en gran parte de las ciudades del país desde la década del noventa ante el avance del agronegocio y su consecuente desplazamiento de las comunidades rurales. 

“Estamos viviendo una de las más graves crisis de vivienda de la historia”

Raquel Rolnik es arquitecta y urbanista brasileña. Ha sido Directora de Planeamiento del Municipio de San Pablo entre 1989 y 1992 y Secretaria Nacional de los Programas Urbanos del Ministerio de las Ciudades en el primer mandato de la presidencia de Luiz Inacio Lula da Silva en 2003. Desde el año 2008 hasta el 2014, fue relatora especial de las Naciones Unidas sobre vivienda adecuada.

Hablamos con ella en el marco de las elecciones en Brasil frente a la compleja situación de vivienda que atraviesan millones de personas en el país. Una de las primeras preocupaciones se centra en la falta de propuestas claras por parte de los candidatos más votados en la primera vuelta electoral, Lula da Silva y Jair Bolsonaro, el tema de vivienda no está en ninguno de los dos programas. Mientras que el primero propone retomar el plan “Mi casa, mi vida” como respuesta únicamente asistencialista, Bolsonaro propone continuar con el programa de la “casa verde-amarilla” orientado únicamente a las capas medias de la población.

Si bien, la arquitecta aborda la problemática de la vivienda desde hace muchos años sostiene que en la actualidad se está viviendo “una de las más graves crisis de vivienda de la historia”. En ese sentido, expresó con preocupación que existe “una cantidad absolutamente inédita de gente viviendo en las calles”. Sin embargo, destacó también, “una multiplicación de nuevas ocupaciones de edificaciones vacías”. 

Pero la situación es más compleja, a la par del proceso de precarización “tenemos uno de los mayores booms inmobiliarios de la historia de la ciudad” explicó Rolnik. “Nunca se construyeron tantos metros cuadrados de área residencial nueva”. Esto se debe a la financiarización de la vivienda, es decir a su incorporación en el mercado que, para la arquitecta, se organiza en base a la disponibilidad de capital financiero: “Vemos que está dirigido al ladrillo por la falta de rentabilidad de otras de otras acciones financieras y, también, porque son capitales con expectativas de largo plazo” sostuvo.

De esta manera, el gigante brasilero atraviesa una paradoja que no es ajena a los demás países de la región: “Hay un plus de capital financiero excedente volcado a la inversión en el espacio construido. También hay una valorización de los precios inmobiliarios, de venta y una subida de los alquileres. Esto provoca cada vez más desalojos por la falta del pago del alquiler” explicó Rolnik.

Finalmente, agregó que, desde un punto de vista urbano, hay otra crisis muy importante en torno al transporte público. Porque “los sistemas de bus están concesionados con privados” y que, “la mezcla entre crisis económica y la pandemia generó la disminución de la circulación de la gente. Por lo tanto, las tarifas y el modelo económico de la circulación colapsó junto a la crisis de la crisis de transporte y de vivienda” expresó. Por lo dicho, para la arquitecta resulta imprescindible en este contexto la emergencia de “un movimiento en torno al derecho a la ciudad y al transporte”.

“Con esta ocupación queremos mostrar que el Estado está fallido”

En las ciudades más pobladas de Brasil la precarización de la vida se despliega como un contraste en las calles. En las grandes avenidas conviven suntuosos rascacielos y carpas donde la gente sin vivienda trata de sobrevivir. La luta pela moradia (lucha por la vivienda) es una de las demandas más resonantes en el marco de la contienda electoral. Diferentes organizaciones sociales decidieron, en los últimos años, ocupar edificios ociosos para demostrar en la práctica que si hay familias sin techo es por decisión política. 

A metros de la Avenida Paulista, la principal de San Pablo, la ocupación Penhas Pietra’s recuperó hace seis meses un hotel abandonado de once pisos que quebró en la pandemia. Hoy alberga a 40 niñes y 60 familias, cada una integrada por dos a cinco personas, y es una de las 28 ocupaciones que en San Pablo integran el Frente de Lucha por la Vivienda (Frente de Lutta pela Moradía, FML). 

“Aquí hay una lucha, no solo una vivienda barata. Con esta ocupación queremos mostrar que el Estado está fallido, que el sistema no está funcionando y que hay familias que pasan hambre y que están en la calle mientras hay inmuebles vacíos. Hay un trabajo para generar la conciencia de que este es un lugar de lucha por la vivienda definitiva. La gente tiene un prejuicio sobre quienes habitamos las ocupaciones y es que somos vagabundos, gente que no trabaja, traficantes, pero la mayoría somos mujeres jefas de las familias. Las mujeres están al frente de las ocupaciones porque tenemos hijos y tenemos que alimentarlos. Queremos visibilizar que somos mujeres trabajadoras luchando por nuestros derechos”. relató Giulia Assunçao, una joven de 24 años que nos recibió en la ocupación.

Según la Constitución Nacional de Brasil de 1988 todas las personas tienen derecho a la vivienda, pero esos derechos no se cumplen. Durante este año y hasta el próximo 28 de octubre los desalojos están frenados, pero luego de esa fecha las demandas de los propietarios de los inmuebles abandonados seguirán su curso judicial y las personas que recuperaron esas construcciones pueden volver a las calles.

Explican desde la ocupación que durante la pandemia en San Pablo hay al menos 25 mil personas en las calles: “Desde ese momento hay familias enteras en las calles y no hay avances en materia de políticas habitacionales”.

“La ciudad es un derecho, tenemos derecho a una vida en el centro”

La ocupación Vito Gianotti inició el 15 de enero de 2016. Se encuentra ubicada en el morro do Pinto del barrio puerto de Río de Janeiro. Referente en el tema urbanístico del estado, la ocupación inició el 16 de enero de 2016, con la llegada de 28 familias al edificio del Instituto Nacional del Seguro Social (INSS). Actualmente, el lugar alberga a unas 25 familias y recibe grupos y movimientos de toda América Latina para sus actividades.

Desde sus inicios, esta ocupación es construida por la Central dos Movimentos Populares (CMP), el Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB) y la Unión Nacional de Vivienda Popular (UMP), que también se articula con otros movimientos, como el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST).

“La ciudad es un derecho, tenemos derecho a una vida en el centro: eso implica obtener y acceder a los beneficios que la ciudad otorga para nacer, educarse, recrearse, alimentarse, entre otras. No una política que nos manda a la periferia y nos margina de la ciudad. Tenemos derecho de vivir cerca del estudio y el trabajo. Si hay tantas edificaciones abandonadas, esa es nuestra lucha” explicó Pablo Vergara, referente de la ocupación en Río de Janeiro.

Las ocupaciones transforman la vivienda es una experiencia colectiva de resistencia. No solo son lugares para dormir, sino para socializar las tareas de cuidado y para crear conciencia de que tener una casa es un derecho, pero no basta con políticas que construyan hogares lejos de los centros urbanos. Ante la amenaza de los desalojos, el día a día se construye con la certeza de que los beneficios de las ciudades y sus servicios no pueden ser para unos pocos.

“No hay hoy en Brasil alternativas en materia de vivienda pública”

El Instituto Pólis de San Pablo es una organización de la sociedad civil que aborda el derecho a la ciudad como un derecho humano y colectivo. Desde esta perspectiva, sostienen que el derecho a la ciudad es intergeneracional ya que concierne tanto a quienes la habitan hoy como a las generaciones futuras. De forma que se convierte en “un compromiso ético y político de defender un bien común esencial para una vida plena y digna frente a la mercantilización de los territorios, la naturaleza y las personas”.

Para conocer su mirada, hablamos con el abogado e investigador, Henrique Frota. Fue director y secretario ejecutivo del Instituto Brasileño de Derecho Urbanístico (IBDU) entre 2009 y 2017. Desde 2015, integra el equipo de programa del Instituto Pólis, ocupando actualmente el cargo de coordinador ejecutivo. Desde 2018 es asesor de la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad.

Para el investigador del Instituto Pólis, hablar de este derecho en ciudades como San Pablo y Río de Janeiro, unas de las más grandes de Brasil y con mayores poblaciones, nos permite comprender cómo se produce la desigualdad en las ciudades. “Nuestro proceso de urbanización históricamente dejó ciudades que excluyen a su población, especialmente a las personas pobres. No solamente por una cuestión de ingresos: son ciudades que también excluyen a las mujeres y a LGBT de los espacios públicos, en las que hay mucha violencia urbana, donde hay mucha violencia contra estas personas, especialmente aquellas que son racializadas” manifestó.

Frota, explica que si bien “este proceso de exclusión territorial está muy marcado en San Pablo o en Río de Janeiro también ocurre en otras ciudades del país” ya que es un problema estructural. En ese sentido, sostuvo que para lograr el derecho a la ciudad “necesitamos enfrentar la situación de desigualdad porque no es un derecho que unos tienen y otros no, es un derecho colectivo”. 

En San Pablo y Río, además, vemos una radicalización de las violencias: “Hay un problema de violencia pública que ejercen oficiales de la Policía contra jóvenes negros. Hay un problema con los milicianos que controlan grandes territorios, entonces el derecho de ir y venir y de manifestarse políticamente en muchos de los territorios de nuestras ciudades están cada vez más limitados porque hay un control muy grande de estos grupos milicianos o de narcotraficantes”.

Para el investigador la historia del país configuró una estructura social particular que hoy se visibiliza en cada desigualdad o violencia: “Este es un país que por muchos años tuvo una economía basada en la esclavitud de las personas, entonces aquí la sociedad se constituyó a partir de una jerarquía entre las personas blancas con privilegios y las personas racializadas que no tenían derecho si quiera a votar o a tener salarios equitativos. La Constitución de 1988 garantiza los derechos de estas personas pero la sociedad aún reproduce esas estructuras de discriminación y las ciudades son frutos del proceso racista de la sociedad brasileña” explicó.

Esta situación se acentuó durante el desgobierno de Jair Bolsonaro ya que desde su inicio, denuncia Frota, “canceló todos los programas de vivienda”. Y sostuvo: “hoy en Brasil no hay alternativas en materia de vivienda pública. El otro retroceso tiene que ver con los derechos de las mujeres, que están cada vez más desempleadas y pobres y esto afecta su derecho a la ciudad. Las políticas de movilidad tampoco avanzaron en estos años ni tampoco la política de residuos”.

Los últimos datos oficiales de vivienda datan del censo de 2010 por lo que no hay datos actualizados. Sin embargo se estiman que son más de cuatro millones de familias sin hogar en todo el país. “La solución no es construir más hogares lejos de los centros de las ciudades sino urbanizar y mejorar integralmente los barrios y asegurar la tenencia de la tierra”, aseguró Frota.  

De cara a la segunda vuelta electoral del próximo 30 de octubre, los desafíos en materia de vivienda y hábitat son múltiples. Para el investigador, la llegada del PT al gobierno podría habilitar la creación de políticas públicas para enfrentar la exclusión social, racial y de género que atraviesa Brasil. Pero no sólo eso: “El desafío es más grande porque el cambio climático y la crisis energética se hacen sentir cada vez más y las personas están perdiendo cada vez más sus hogares y el gobierno debe transversalizar y trabajar en este sentido” manifestó el investigador.  

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A fines del mes de abril, la urbanista brasileña Raquel Rolnik visitó la Argentina y presentó, entre otras actividades, su último libro “La guerra de los lugares . La colonización de la tierra y la vivienda en la era de las finanzas”. A continuación, una reseña para seguir pensando el acceso a un hábitat digno.

Por Agustín Bontempo | Foto: Camila Parodi

“La cuestión de qué tipo de ciudad queremos no puede separarse del tipo de personas que queremos ser, el tipo de relaciones sociales que pretendemos, las relaciones con la naturaleza que apreciamos, el estilo de vida que deseamos y los valores estéticos que respetamos. El derecho a la ciudad es por tanto mucho más que un derecho de acceso individual o colectivo a los recursos que esta almacena o protege; es un derecho a cambiar y reinventar la ciudad de acuerdo a nuestros deseos. Es, además, un derecho más colectivo que individual, ya que la reinvención de la ciudad depende inevitablemente del ejercicio de un poder colectivo sobre el proceso de urbanización. La libertad para hacer y rehacernos a nosotros mismos y a nuestras ciudades es, como argumentaré, uno de los más preciosos pero más descuidados de nuestros derechos humanos. ¿Cómo podemos entonces ejercerlo mejor?” [1]

David Harvey, “Ciudades rebeldes. Del derecho de la ciudad a la revolución urbana”

El siglo XXI, este que irrumpió en nuestras vidas con trasformaciones culturales a gran escala a partir, especialmente, del acelerado desarrollo de las tecnologías, también vino con la profundización de un modelo de exclusión vinculado al acceso a un hábitat digno. Este paralelismo no es caprichoso, pues el nuevo mundo es cada vez más desigual, excluye a las mayorías y priva a la población de todo el planeta a que pueda tener garantizado un derecho humano fundamental: la vivienda propia.

De esto discurre “La guerra de los lugares. La colonización de la tierra y la vivienda en la era de las finanzas”, el último libro de la urbanista brasileña y ex relatora del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el Derecho a una Vivienda Adecuada, Raquel Rolnik, quien participó de la presentación de su libro en Argentina durante la última semana de abril -material editado por la Editorial El Colectivo en conjunto con LOM Ediciones-, en una serie de encuentros organizados por la Fundación Rosa Luxemburgo Oficina Cono Sur.

El trabajo de Rolnik es riguroso para comprender la escandalosa crisis habitacional que azota al mundo en general y a nuestra América Latina en particular. Poder habitar un hogar de manera digna, en ciudades integradas y con acceso a los servicios básicos, se vuelve un anhelo cada vez más lejano para una porción inmensa de la humanidad. Hablar de este tema es involucrarse de lleno con la desigualdad en esta angustiante expresión: no tener donde vivir o hacerlo a un costo altísimo.

Según un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)[2] que relevó 109 países, en octubre de 2021 había 1.300 millones de personas en situación de pobreza. Además, destaca que al menos 1.000 millones de individuos carecen de una vivienda digna. Como contrapartida, un informe reciente de la Confederación OXFAM[3] asegura que en el mundo hay 2.668 milmillonarios que concentran riquezas equivalentes al 13.9% del PBI mundial, donde se destaca que 10 de estas personas poseen más que el 40% de las personas en situación de pobreza en todo el mundo.

Este escenario pone de manifiesto las dificultades que tienen miles de millones de seres humanos para dormir bajo un techo en todo el planeta mientras una pequeña porción de personas posee riquezas superlativas. Esta aproximación da cuenta de que la amplia brecha en materia de ingresos es estructural y estructurante del problema planteado.

A los bajos ingresos, se le suma que el mercado inmobiliario se fue imponiendo por sobre las obligaciones de los Estados en garantizar la vivienda de las familias. Es interesante que podamos hacer un breve recorrido. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945 hasta la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) en 1991, el mundo se conformó de una manera bipolar donde el bloque capitalista debió implementar un modelo que pueda intervenir en la estructura de las relaciones sociales. La necesidad de recuperar la calidad de vida post conflicto bélico y la confrontación con el comunismo, decantó en el surgimiento del Estado de Bienestar que tomaba partido en ámbitos que garanticen derechos para la ciudadanía. Esa lógica (que en nuestro país se vio truncada hacia la década del 70, especialmente con el inicio de la dictadura cívico y militar que se instaló el 24 de marzo de 1976) se rompió para que se termine imponiendo lo que algunos llamaron el pensamiento único que tuvo su enclave a través del consenso de Washington para desarrollar una visión de un mundo que, a través de la globalización, iba a resolver todas las necesidades estructurales de la población a nivel global.

La autora desarrolla estas ideas asumiendo que el sistema -con sus variantes nacionales- no dio respuestas definitivas a la problemática, aunque sí hubo procesos de intervención y regulación. La caída de la URSS y la idea del fin de la historia se comenzó a imponer con fuerza en la década de 1990 poniendo en jaque el concepto de vivienda como derecho humano[4] y, en su lugar, ser pensado como un instrumento del mercado que priorice las ganancias de algunos sectores. La propia Rolnik lo sintetiza con claridad:

“En países postsocialistas, en Estados Unidos y en buena parte de los países europeos la privatización de los complejos de vivienda pública y los cortes drásticos en la inversión y en los fondos habitacionales se sumaron a las reducciones en los programas de bienestar y en las ayudas al alquiler. Esas medidas estuvieron acompañadas por la desregulación de los mercados financieros y por una nueva estrategia urbana, a fin de permitir la movilización del mercado doméstico y el reciclado del capital internacional”[5]

Raquel Rolnik, “La guerra de los lugares”

Un sistema expulsivo

El período abierto en 1990 tuvo un desarrollo de variables que, evidentemente, fueron agitando escenarios de crisis. Una población global que crecía aceleradamente en un mundo que cada vez daba menos respuesta a las necesidades existentes, con un mercado laboral que comenzó a modificarse a partir del impulso de las nuevas tecnologías propias de la Sociedad de la Información[6] que, a su vez, tuvo un reflejo en los territorios

Pablo Ciccolella destaca que “Los procesos de reestructuración económica global, entonces, han dado lugar en los últimos años al rediseño de la relación entre economía, sociedad y espacio, generando nuevas estructuras territoriales de producción, gestión, circulación, así como nuevas formas de fragmentación territorial”. Y agrega que “También ha desencadenado una nueva oleada de modernización, planteando un nuevo esquema territorial de la antinomia atraso/modernidad, determinando, por ejemplo, un nuevo modelo selectivo de incorporación/exclusión de áreas, determinando la declinación de unas y el ascenso de otras, en el contexto del capitalismo global”[7].

El problema es doble. Las ciudades se organizan no ya en base a la integración ordenada de sus comunidades sino de acuerdo a las necesidades que se imponen desde el mercado. De esa manera, los aún vigentes cordones industriales quedan cada vez más en zonas marginales del tejido urbano y, consecuentemente, los ámbitos habitaciones también, mientras que los “centros” urbanos vinculados al nuevo mercado laboral tecnológico, por ejemplo, tienen cada vez menos espacio para habitar. Por lo tanto el modelo de ciudad es excluyente.

Este reordenamiento también es abordado por Rolnik quien destaca que el mecanismo expulsivo en las ciudades se acelera en el Siglo XXI. En este período se destaca el colapso de las hipotecas subprime en Estado Unidos que culminaron con la crisis económica de 2008 y que sus efectos en todo el mundo persisten aún hoy. Este régimen trató de incluir en un sistema crediticio a millones de familias que realmente no podrían cumplir con las exigencias económicas, causando un colapso financiero de gran escala para ellas y al modelo en general.

En los países del “tercer mundo” el efecto fue mayor. Por un lado, por las propias consecuencias del estallido financiero aunque, a su vez, el mercado inmobiliario que se imponía tornó cada vez más difícil la posibilidad de acceder a créditos y sistemas de vivienda propia así como también de alquileres, desarrollándose con intensidad las producciones informales de barrios completos. En Argentina esto tuvo su expresión. De acuerdo con el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP)[8], más de 5 millones de personas viven en más de 5.600 barrios o asentamientos precarios en todo el país.

En el caso argentino hay una caso aún más elocuente: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se estima que, en la Capital Federal -el distrito más rico del país-, más de 300 mil personas viven en este tipo de barrios. Con excepción del barrio Padre Mugica (un asentamiento centenario construido en zona portuaria porque recibía a sus primeros habitantes que llegaban desde Europa para trabajar), la inmensa mayoría se ubica en zonas marginales de la ciudad. Como contrapartida, se estima que casi un 30% de las viviendas formales están vacías y a disposición de la especulación inmobiliaria.

Este panorama muestra no solamente el carácter expulsivo de las nuevas ciudades sino que sintetiza una de las máximas de este tiempo: la gente sin casas y las casas sin gente.

La financiarización de la vivienda

“La propiedad inmobiliaria [real state] en general y la vivienda en particular configuran una de las más nuevas y poderosas fronteras de la expansión del capital financiero. La creencia de que los mercados pueden regular el destino del suelo urbano y de la vivienda como forma más racional de distribución de recursos, combinada con productos financieros experimentales y <<creativos>> vinculados a la financiación del espacio construido, hizo que las políticas públicas abandonaran el concepto de vivienda como un bien social y el de ciudad como un artefacto público. Las políticas habitacionales y urbanas renunciaron a la función de distribuir la riqueza, bien común que la sociedad coincide en dividir o proveer a aquellos que tienen menos recursos, para transformarse en mecanismos de extracción de ingresos, ganancia financiera y acumulación de riqueza. Este proceso derivó en la desposesión masiva de territorios, en la creación de pobres urbanos <<sin lugar>>, en nuevos procesos de subjetivación estructurados por la lógica del endeudamiento, además de haber ampliado significativamente la segregación de las ciudades”.

La cita es de la propia Raquel Rolnik y describe de manera elocuente el mundo habitacional actual y el análisis general que plantea en todo su libro. Los hogares en tanto activos financieros en lugar de derechos humanos básicos que deben ser garantizados, sistemas crediticios limitados que condicionan la vida de las personas, el capital ficticio y la extracción constante de la renta productiva. Estamos hablando de un proceso denominado como financiarización que se trata de “el dominio creciente de actores, mercados, prácticas, narrativas financieras en varias escalas, lo que resulta en la transformación estructural de economías, empresas, Estados y grupos familiares”[9].

El proceso de financiarización que la autora aborda en detalle también es la contrapartida de las necesidades que la población en todo el mundo necesita para acceder a un hábitat digno. Los Estados (en todos sus niveles, en todos los países y regiones) deben planificar los territorios de manera integral, equitativa y ambientalmente sustentable. Se requiere que el suelo urbano sea accesible para las mayorías en ámbitos que permitan generar comunidad y socialización. Que la vivienda pueda ser un derecho humano efectivamente y no de manera declarativa.

La hegemonía del mercado financiero global atenta contra estas necesidades y demandas, excluyen y consecuentemente empobrecen a millones de familias en todo el mundo. Por supuesto que este escenario no puede ser abordado de manera aislada y eso también lo entiende Rolnik. Las relaciones desiguales de producción y explotación del ámbito laboral también construyen marginalidad, de un lado, y riqueza obscena, del otro. Es difícil acceder a trabajos y que estos sean estables, permitiendo encarar los proyectos de vida en todas sus dimensiones. Esto, que también es uno de los grandes problemas que el capitalismo ha generado y no puede dar soluciones, también produce informalidad en la vivienda y en los barrios, que carecen de servicios básicos y accesibilidad al conjunto del ejido urbano.

Tal como lo anuncia el título del libro, la autora entiende que los territorios son una nueva arena de disputa entre poderes fácticos y la enorme masa de ciudadanos, ciudadanas, parte de una inmensa clase trabajadora que reclama lo que les corresponde.

Rolnik cree -y con todo derecho-, que las nuevas formas de gobernabilidad juegan un rol destacado en esta guerra y que la democracia, en concreto, no resuelve lo que debería. En síntesis, lo que está ocurriendo es una expansión de las fronteras del mercado. Sin embargo, este proceso no es lineal. Del otro lado hay comunidades enteras que se organizan y resisten, que plantean alternativas, soluciones y salidas. Hay batallas políticas y sociales con variadas alternativas y orientaciones políticas.

En definitiva, de eso se trata la guerra de los lugares: si el capital impone sus reglas de mercado, la organización de las y los asalariados se darán sus mecanismos para que su derecho humano vulnerado pueda ser garantizado por sus propios medios.

Estructura de los capítulos

El libro tiene un abordaje exhaustivo de la problemática que estudia. En la primera parte, que se divide en 5 capítulos se aborda la financiarización global de la vivienda. Escenarios, impactos desiguales en diversos territorios del mundo, las propuestas e iniciativas que los gobiernos y el real state ha impulsado.

La segunda parte, repartida en 4 capítulos, se centra en la inseguridad en la tenencia. Se trata de los padecimientos que atraviesan las familias que son desafiadas o directamente expulsadas de sus hogares y barrios, con destinos diversos, complejos y muchas veces desoladores. Desplazamientos producto de guerras y desastres naturales, desalojos por incapacidades económicas y nuevos arraigos en lugares que son ajenos y precarios.

La tercera parte consta de tres capítulos y analiza los lineamientos generales del libro en la experiencia particular de Brasil, confrontando los métodos institucionales y gubernamentales, el rol del mercado inmobiliario, la situación de la población y las alternativas que se plantean frente al escenario esbozado.

A continuación, la autora hace un balance sobre los efectos de los acontecimientos en desarrollo y las respuestas organizadas de la comunidad y un análisis de los nuevos procesos de financiarización con su más actual expresión: los alquileres.

Una breve conclusión

Raquel Rolnik es una profesional con una acabada y comprobada experiencia, tanto en sus roles académicos como de práctica política. La Guerra de los lugares es un amplio y riguroso estudio sobre la organización urbana en términos sociales y de infraestructura. Como señala Ana María Vázquez Duplat en el prólogo, el estudio de conceptos y experiencias en decenas de ciudades que la autora evidencia a lo largo de todo el trabajo nos permite comprender el entramado de las ciudades de hoy.

Hablar de ciudades expulsivas en el Siglo XXI es, sin duda, referirse a los efectos del neoliberalismo a escala mundial. La caída del bloque comunista fue la punta de lanza para consolidar este modelo excluyente, de ciudades desiguales que se fue consolidando y expandiendo, garantizando que la pobreza económica tenga su correlato habitacional.

Por tanto, es urgente que podamos analizar en detalle el análisis de Rolnik porque la estructura social hegemónica es voraz y amplia sus márgenes sin contemplaciones. Pero también, como señala incluso la autora, esta misma voracidad siembra la fuerza de su destrucción.

El neoliberalismo hegemoniza, sí, pero ya no de manera estable. Innumerables procesos y movilizaciones populares en todo el mundo lo ponen en jaque, resisten sus consecuencias y ofrecen alternativas. La inestabilidad que presenta América Latina donde nuevos gobiernos populares son el resultado electoral de las luchas llevadas adelante por las y los campesinos de Colombia y Ecuador, los pueblos originarios de allí pero también de Perú, Bolivia o Chile, la clase obrera organizada junto a los sin tierra que resisten el fascismo de Brasil.

La guerra de los lugares es, a veces, angustiante frente a la claridad con la que expone este mundo en el que vivimos. Pero también es provocador y, por momentos, nos ilusiona al ver que el pueblo en su resistencia y organización también presenta alternativas que nos incluyen a todos y todas.

[1] D. Harvey, “Ciudades rebeldes. Del derecho de la ciudad a la revolución urbana”. Akal, Buenos Aires, 2014.

[2] “El índice de pobreza releva profundas desigualdades entre grupos étnicos”. Informe PNUD, octubre de 2021. Consultar aquí: https://www.undp.org/es/comunicados-de-prensa/el-%C3%ADndice-de-pobreza-revela-profundas-desigualdades-entre-grupos-%C3%A9tnicos#:~:text=A%20nivel%20mundial%2C%20en%20109,y%20Asia%20meridional%20(532%20millones

[3] Beneficiarse con el sufrimiento, mayo de 2022. Puede consultar el informe aquí: https://www.oxfam.org/es/informes/beneficiarse-del-sufrimiento

[4] En Argentina, la vivienda es un derecho que debería estar garantizado por el Estado según lo establece el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

[5] R. Rolnik. “La guerra de los lugares. La colonización de la tierra y la vivienda en la era de las finanzas”. Editorial El Colectivo y Ediciones LOM. Buenos Aires, 2021.

[6] El término Sociedad de la Información fue acuñado por Manuel Castells, quien afirmó que en la década de 1970 comenzó a imponerse un modelo de estructuración de la sociedad y del trabajo que remplazaría la hegemonía industrial.

[7] M. Ciccilella. “Metrópolis Latinoamericanas. Más allá de la globalización”. Editorial Café de las Ciudades, Buenos Aires, 2014.

[8] Se puede consultar aquí: https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/renabap

[9] Consultar aquí: https://www.academia.edu/7359027

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