Los hechos en el pasado

Santiago Maldonado fue desaparecido en el marco de un operativo represivo desatado por Gendarmería Nacional con el argumento de liberar un corte de ruta en la Patagonia Argentina. El hecho ocurrió el 1 de agosto de 2017, en el Pu Lof en Resistencia de Cushamen, ​ situado en la provincia de Chubut.

El cuerpo sin vida de Maldonado fue hallado en un rastrillaje efectuado en el río Chubut, dentro del Pu Lof, cuando habían transcurrido 77 días sin noticias de su paradero. En una ceremonia emotiva, sus restos fueron inhumados el 25 de noviembre de ese mismo año en un encuentro íntimo realizado en el Cementerio Parque Paraíso, en 25 de Mayo, su ciudad natal.

Ese mismo día, el 25 de noviembre de 2017, mientras en Buenos Aires despedían a Santiago Maldonado, en Bariloche mataban a Rafael Nahuel en el marco de un operativo del Grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina. El joven mapuche fue asesinado de un disparo por la espalda de arma de fuego. Ambos crímenes, fueron avalados y respaldados por Bullrich, quien defendió el accionar de los agentes en territorio patagónico.

En aquella jornada del 25 de noviembre de 2017, las primeras informaciones que se daban a conocer eran confusas y aparecían en los principales portales de noticias. Clarín y La Nación, casi en simultáneo y con la misma pluma titularon: “Un mapuche murió baleado tras un enfrentamiento con la Prefectura en Villa Mascardi” y “Un mapuche murió de un tiro en Villa Mascardi durante un enfrentamiento con Prefectura”.

“Esta situación ocurrió en el marco de una acción legal, legítima, totalmente enmarcada en la ley, frente a una acción ilegal, violenta e inaceptable para la democracia de un pueblo que quiere vivir en paz”, argumentó Patricia Bullrich, el 27 de noviembre, en su condición de Ministra de Seguridad de Mauricio Macri.

Esa teoría, que Bullrich plantó ante los medios en una conferencia de prensa realizada junto al ex ministro de Justicia Germán Garavano, fue un guiño hacia los magistrados que avanzaron sobre la hipótesis del enfrentamiento armado para alivianar las penas bajo la figura de “la legítima defensa”.

El Ministerio Público Fiscal avaló esa versión y dio por acreditado que aquel mediodía hubo un enfrentamiento con armas de fuego entre los prefectos y algunos manifestantes, y que los agentes federales sobrepasaron los límites que impone el protocolo de acción.

“El fallo no es lo que pedimos en nuestro alegato, lo que consideramos que se acreditó durante el debate oral: acá hubo un homicidio calificado, una persecución donde se dispararon 150 municiones de plomo, no hubo exceso de ningún tipo y ese no fue el resultado que entendió el tribunal oral, por eso no estamos de acuerdo”, agregó luego el abogado Przybylski.

Los hechos en el futuro

Luego del denominado “Pacto de Acassuso”, sellado entre Mauricio Macri, Javier Milei y Patricia Bullrich, la socia fundadora de esta alianza ya se prepara para ocupar un lugar en el gabinete del gobierno libertario y no se descarta su retorno a la cartera de Seguridad.

Sin embargo, mientras Bullrich toma carrera para pasar de la ‘Doctrina Chocobar a la Masserista’, esta última vinculada a la reivindicación que el presidente electo Javier Milei hace de la última Dictadura Militar. Esa doctrina, que se limita a reducir a “excesos” los crímenes de lesa humanidad ejecutados durante el Terrorismo de Estado, es la bajada línea que sale desde el poder central.

Por si fuera poco, los tribunales Federales de Comodoro Py – que se mueven al ritmo del nuevo clima político – ya dieron señales positivas para el libertario con las recientes resoluciones que favorecieron a Mauricio Macri en la causa ARA San Juan y perjudicaron a Cristina Fernández en la llamada “Ruta del Dinero K”. Como si fuera un un revival del periodo 2015-2019, todo indica que otra vez la sociedad argentina será víctima de medidas económicas y un plan represivo que tendrá un aval institucional gracias al nado sincronizado del Partido Judicial y la Quinta de Olivos.

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Por Vivian Palmbaum

El territorio ancestral de la Lafken Winkul Mapu Lof, ubicado en Villa Mascardi es disputado por poderosos intereses. Una situación que no es nueva. Recordamos que Rafael Nahuel, parte de la comunidad mapuche de Mascardi, fue asesinado hace tres años en medio de un operativo de la Prefectura, bajo las órdenes de Patricia Bullrich y su asesinato aún se encuentra impune.

El llamado a movilizarse se realizó a través de redes y los medios masivos con un perfil anti-mapuche. Desde algunos medios locales se incitaba a llevar “elementos de defensa personal, gomeras, piedras y palos para defender lo nuestro con justicia por mano propia”. También desde los medios masivos como algunos canales de noticias nacionales, se respaldó abiertamente la movilización con entrevistas a los presuntos damnificados de las recuperaciones ancestrales, que no son nuevas.

La marcha se justificaba con el argumento: “dado el abandono de la Justicia y de las Fuerzas de Seguridad, la ciudadanía de Bariloche sale a respaldar a los vecinos y propietarios de Mascardi ante el atropello de un puñado de delincuentes que van por las reservas naturales y la propiedad privada”. Inicialmente se citó en la rotonda de Diarco, donde intersectan la ruta 40 y Juan Marcos Herman, a las 15 hs.

La gobernadora Arabela Carreras también se hizo presente en uno de los cortes, tratando de disuadir el enfrentamiento, con expresiones más cercanas a las y los manifestantes, “Ustedes son vecinos honestos y de buena voluntad. Estoy segura que quieren vivir en paz igual que yo”.

Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación se interpuso una denuncia penal por la presunta comisión de los delitos de “instigación a cometer delitos”, “apología del crimen” y “asociación ilícita”, ya que temían que la situación derivara en un enfrentamiento, lo que luego fue  desestimado por el juez que entendía en la causa.

Desde la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Rio Negro se denunciaba al diario El Cordillerano por haber convocado a esta movilización, que además es violatoria del aislamiento social obligatorio en el contexto de pandemia. Desde la Coordinadora también acusan a otros medios nacionales y regionales por estar publicando noticias falsas para crear un clima de odio racial contra integrantes del pueblo mapuche.

La marcha con tintes racistas antimapuches se produce luego de reiterados hechos que vienen sucediendo en medio del aislamiento social obligatorio. Tal es el caso por el cual en el último mes de mayo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se expidió por los reiterados ataques, recomendando al Estado argentino que “adopte las medidas necesarias y culturalmente adecuadas para proteger los derechos a la vida e integridad personal de los miembros de la comunidad mapuche Lof Buenuleo”[i].

Desde medios locales y nacionales se emprendía una campaña contra las recuperaciones territoriales y en defensa de las propiedades de corporaciones y magnates propietarios.

Una de las voceras de la comunidad mapuche, explicaba: “Queremos compartir desde el territorio mapuche la información sobre quiénes son los vecinos de Villa Mascardi, Bariloche, que cuida Patricia Bullrich”. La ex ministra de seguridad, que actualmente encabeza el Pro, respaldó la movilización en Bariloche, al igual que lo hizo durante su función de gobierno.

Hay una trama de intereses que la vocera de las comunidades mapuches identificó para los cuales las marchas parecen ser funcionales: “Elsztain es el director empresarial del Hotel Llao Llao que junto a (grupo) Sutton quieren levantar un nuevo hotel lujoso de cinco estrellas en la zona. El grupo Burco, con más de 20 socios de empresas anónimas de Bélgica, se apropiaron ilegalmente de más de 24 mil hectáreas a valores irrisorios para proyectos vacacionales de lujo, entre otros proyectos”. La vocería también menciona algunos nombres como los de Alfredo y Tomás Bertger, y Federico Van Ditmar que usualmente actuarían en nombre de Joe Lewis, el magnate amigo de Macri, con fuertes intereses en la zona.

En 2017 el diputado provincial por Río Negro Luis Bardeggia (FpV) denunciaba penalmente por la adjudicación directa de miles de hectáreas de tierra que, al cabo de poco tiempo, quedaron en manos del Grupo Burco SA, originario de Bélgica. “Fue una verdadera sustracción de porciones de naturaleza”,  afirmaba[ii], por una situación sin antecedentes, en cuanto a la asignación de un total de 24.543 hectáreas en tan sólo dos años y siete meses. Entonces no parecen casuales las expresiones del entonces gobernador y actual senador por Rio Negro, Wertilneck condenando la intervención del Ministerio de Seguridad de la Nación, afirmando que están “a favor de quienes son violentos” o “es la validación de una política que significa que en la Argentina de hoy el Estado te reconoce más por violar la Constitución y las leyes que por cumplirlas.”

Desde la comunidad mapuche agregaban que “los otros vecinos que están cuidando son de los Emiratos Arabes, del Grupo Roemmers –farmaceutica-, Zorreguieta que es la princesa de Holanda, hija de un militar de la dictadura, el grupo Benneton, el grupo Lewis y por ultimo Parques Nacionales. Todos estos nombres son grupos que rodean al Lafken Winkul Mapu y que están instalados en zonas de comunidades en lo que es El Bolsón, la Comarca Andina del paralelo 42”.

Las comunidades mapuches que conocen muy bien el territorio, nos esclarecen sobre el valor de lo que se disputa. “Dentro de las propiedades están: el Cerro Carreras Nevado Mayor, la división de las aguas con actividad glaciaria, las nacientes del rio Chubut, Pichileufu, Foyel y Villegas que son reservas de agua dulce con especial interés hidroeléctrico”. Agregan, “son tierras fiscales, tierras de frontera que no deben ser vendidas a extranjeros” y afirmaron que  “es increíble como hacen marchas en contra de ellos pero no dicen nada contra este grupo Burco que se está quedando con las nacientes de la zona”.

Señalan que: “Estas son las personas que defienden los medios hegemónicos de comunicación tanto nacionales como regionales. Lamentablemente se sigue instalando el relato de estigmatización hacia el pueblo mapuche, como el mapuche delincuente, el mapuche terrorista, el usurpador cuando en realidad se están cuidando los intereses de estas empresas de estos empresarios extranjeros”. La vocera de la comunidad finalizó afirmando enfáticamente: “como sigan avanzando dentro de poco nos van a vender el agua a todos”.

Derechos territoriales

La Constitución Nacional establece en su Artículo 75 inciso 17 reconocer “la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan las Comunidades Indígenas”. También en el Art. 18 del Código Civil y Comercial de la Nación se establece que “las comunidades indígenas reconocidas tienen derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y de aquellas otras aptas y suficientes para el desarrollo humano según lo establezca la ley, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional.”

Por otra parte además de las garantías que establece la Constitución Nacional y el Código Civil, se encuentra en vigencia la prórroga de la Ley N° 26.160 sancionada con el objetivo de relevar las tierras ocupadas por las comunidades indígenas a lo largo del territorio nacional. La norma suspende los desalojos de las tierras ocupadas tradicionalmente por las comunidades indígenas y establece la realización del relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas, cuya dirección pone a cargo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

El Equipo Nacional de Pastoral Aborigen, elaboró un Informe Especial[iii] con fecha de abril 2020, sobre la deuda histórica que aún está sin saldar con las comunidades indígenas de nuestro país. Allí se concluye la preocupante situación dado que “el 61,35% de las Comunidades Indígenas del país aún no han concluido el relevamiento de las tierras que tradicionalmente ocupan. La segunda cuestión de gravedad es que un 42,35% del total de Comunidades Indígenas no registra tareas iniciadas de relevamiento”. La falta de ejecución del Relevamiento Territorial implica la imposibilidad de acceso a derechos legítimos por parte de las comunidades indígenas.

[i] Fuego en Mascardi: Continúa la avanzada territorial sobre territorio ancestral mapuche https://www.marcha.org.ar/fuego-en-mascardi-continua-avanzada-sobre-territorio-ancestral-mapuche/

[ii] https://www.rionegro.com.ar/caso-burco-la-mayor-acumulacion-de-tierras-en-rio-negro-XF2117550/

[iii] Informe Especial Endepa https://www.endepa.org.ar/contenido/INFORME-ESPECIAL-LEY-26160-4-min.pdf

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Por Iván Barrera y Vivian Palmbaum

Puelmapu, el territorio ancestral mapuche ubicado en el lado este de la cordillera vuelve a sufrir reiterados embates. En una nueva acción coordinada, el Estado, los medios hegemónicos de comunicación y las fuerzas represivas suman fuerzas para perpetrar un ataque sobre los territorios recuperados, operando sobre el sentido común para justificar el accionar. Una fórmula que ya conocemos. 

El accionar represivo

La cuarentena no detiene a quienes buscan apropiarse de las tierras ancestrales del pueblo mapuche a través de la violencia y con las complicidades de los poderes del Estado. El 29 de abril pasado, en pleno aislamiento social, preventivo y obligatorio se produjo un brutal ataque a la Lof Buenuleo. Una patota ingresó en territorio ancestral mapuche, golpeó a mujeres y niños e hirió a una persona de la comunidad con arma blanca. Fueron reconocidos encabezando la agresión Emilio Friedrich y Víctor Sánchez acompañados de la abogada Laura Zanoni (ex presidenta del Instituto de Tierras municipal de Bariloche) y el empleado Alejandro Vera, junto a un diverso grupo de personas. Los agresores contaron con tal impunidad que hasta filmaron el acto delictivo. Friendrich detenta la propiedad de esas tierras que están habitadas por la comunidad desde hace muchos años. La recuperación territorial de las comunidades mapuches afecta intereses de usurpadores y especuladores. 

El  15 de octubre pasado, la Pu Lof había elevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un pedido de medidas cautelares en demanda de protección frente a las reiteradas situaciones de violencia de las que son objeto y frente al desamparo en que se encuentran. Pasadas algunas semanas luego del ataque, la CIDH se expidió con una resolución del 14 de mayo pasado que recomienda al Estado argentino que “adopte las medidas necesarias y culturalmente adecuadas para proteger los derechos a la vida e integridad personal de los miembros de la comunidad mapuche Lof Buenuleo”.

Sin embargo, la avanzada sobre el territorio recuperado no se detiene y también resiste la Lof Lafken Winkul Mapu, ubicada en Lago Mascardi. Esta comunidad comenzó su proceso de recuperación territorial hace pocos años con su correlato de violencia represiva estatal. Uno de esos episodios terminó con la vida de Rafael Nahuel por un disparo de los tantos que realizó el grupo Albatros de Prefectura Naval sobre la comunidad. A dos años de aquel episodio, que aún se mantiene en la impunidad, la familia de Rafael y su comunidad vuelve a sufrir las balas de plomo del aparato estatal.

El pasado jueves, fuerzas represivas que responden a la Comisaria 42 irrumpieron en la comunidad propinando insultos y amenazas a sus miembros y a las lamien, a las que les siguieron balas de plomo de pistolas 9mm y de escopeta. La comunidad respondió con su autodefensa y, si bien no hubo heridos, la retirada de las fuerzas represivas coincidió con el incendio de una de las cabañas.  

Un integrante de la comunidad detalla: “Ellos tienen zona libre, vienen, disparan. Nosotros usamos la autodefensa, defendemos el territorio. Lo que pasó hoy es que vino la policía, vino a disparar e incendiaron una cabaña Uno de los peñi vio policías cuando se iban retirando con los bidones en la mano, dos policías. Justo empezó a llegar la gente del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) y comenzamos a ver el fuego que salía de las cabañas”.

El conflicto comenzó hace dos años y medio a partir de la recuperación Mapuche del territorio ubicado en Lago Mascardi. En ese proceso de recuperación sucedió el ataque en el que asesinaron a Rafael Nahuel. Respecto a este suceso, un integrante de la comunidad relata que “Dispararon al cuerpo. Los newenes nos acompañan y por suerte no salió nadie herido, así que estamos acá y vamos a seguir acá. El gobierno provincial viene insistiendo en que haya violencia policial. Tendría que haberse puesto primero a pensar y a solucionar el tema del asesinato del Peñi Weichafe Rafael Nahuel que ya van 2 años y medio y la justicia no hace nada. Desde la comunidad se quiso hablar con provincia, la provincia no quiso hablar, pero ahora salen en defensa de los burgueses que viven en nuestros lugares”.

Las responsabilidades apuntan al gobierno provincial y al accionar en conjunto con el poder judicial que permite ingresos de fuerzas represivas en las comunidades para perpretar estos ataques. La historia del accionar policial y militar nos enseña que cuando las fuerzas represivas quieren, pueden. Si ante estos ataques no hubo muertos y heridos, es porque no hubo intención.  

Entonces, ¿por qué disparan con postas de plomo? La única respuesta es el terrorismo de Estado que se ejerce en forma ininterrumpida sobre las comunidades Mapuche para alejarlos de sus territorios ancestrales. “Nosotros hace 3 años que estamos acá. Para ellos debe ser una pérdida de capital que nosotros vivamos acá. Nosotros siempre estuvimos acá, nuestros apellidos son mapuche, nuestro linaje es mapuche. Vivimos muchos años en los barrios marginados, vivimos en la pobreza, en espacios infértiles, donde no pueden vivir animales, donde no puede tener una siembra. Nosotros recuperamos este territorio, no nos importa el interés inmobiliario, queremos tener nuestros animales, nuestra cosecha, vivir tranquilos en este territorio tan sano”, respondieron desde la comunidad. 

El accionar mediático

El accionar represivo fue acompañado de una ola mediática que busca desprestigiar al pueblo Mapuche, su lucha por la recuperación de las tierras y su real pertenencia al Territorio Ancestral Mapuche. Algunas semanas antes del ataque a la Lof Lafken Winkul Mapu, los medios hegemónicos de comunicación venían anticipando el ataque a fin de perpetuar el sentido común del Mapuche malo, el Mapuche extranjero y el Mapuche delincuente. Discriminación y xenofobia es parte del sentido común que intentan instalar en la conciencia colectiva, la amenaza del diferente, del extranjero, del negro y del indígena. 

“Avanzan las tomas de tierras Mapuche” avecinaba La Nación en diciembre del año pasado. “Temor por una ola de violentos ataques en Villa Mascardi”. “Vecinos denunciaron nuevos actos vandálicos de mapuches en Villa Mascardi”, anticipaba ese mismo multimedio e Infobae, en una especie de premonición de lo que sucedería semanas después.

El accionar de los medios no es nuevo ni sorpresivo. Se puede ver desde la irrupción de la cuestión Mapuche que durante el gobierno cambiemita sufrió el constante y sincronizado  desprestigio hacia las comunidades, que se agudizó durante la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado y el posterior asesinato del mencionado Rafael Nahuel. 

Desde la comunidad denunciaron que “Estas últimas dos semanas comenzaron a salir montajes desde los medios de comunicación que trabajan para el capitalismo, para la sociedad burguesa, comenzaron a sacar montajes para nuestra comunidad. Son los mismos medios de comunicación que vienen trabajando desde la campaña del desierto. La intención es crear un miedo para que la sociedad y la gente vengan a reprimir y desalojar del territorio. Quieren que nos vayamos del territorio, pero acá estamos conscientes, estamos firmes en el territorio y vamos a seguir acá. La lucha no es contra la sociedad, que por ahí nos cree chilenos, es una lucha contra el Estado Argentino que tiene escrita la grilla católica, tiene escrita la masacre que hicieron en nuestro territorio desde hace 150 hasta hace 2 años y medio que fue la última muerte. ”  

El accionar estatal

La tercera pata del ataque hacia las comunidades Mapuche es la piedra angular del conflicto. La coordinación estatal responde necesariamente a los intereses inmobiliarios y extractivistas de la zona. Los distintos ataques tienen la similitud de la complicidad estatal y judicial para el violento accionar de fuerzas represivas y de grupos parapoliciales bajo la excusas de la propiedad de esas tierras. 

En La Lof Buenuleo fue el mismo Emilio Friedrich, quien dice ostentar el título de 90 hectáreas, quien irrumpió en la comunidad, amenazó, atacó, filmó el ataque y hoy camina impunemente. ¿Qué estado de leyes puede permitir eso? Solo uno cómplice a los negocios inmobiliarios y exctactivistas de la zona. 

En Lago Mascardi la situación no dista demasiado. Los intereses turísticos pueden más que la soberanía de una nación que ya había sido reconocida desde antes de 1810. Desde la comunidad comentan que “nosotros vivimos tranquilos, no molestamos. La gente de la playa tampoco tuvo problema nunca. El Estado no pudo lucrar más con este territorio y tiene mucha pérdida”.

La deuda del Estado Argentino para con la nación Mapuche va mucho más allá del reconocimiento del territorio. “Nosotros reconocemos a nuestros Pu Lonko, a nuestras autoridades espirituales, y vamos a seguir estando por ellos, por los newenes que viven en nuestro territorio. No nos vamos a ir, este lugar no lo van a utilizar nunca para lucrar, nosotros no queremos lucrar con nuestro territorio, queremos vivir como mapuches, como vivieron nuestros antepasados. Este territorio es mapuche y vamos a seguir acá, pase lo que pase. Protegiendo de que el capitalismo, el winka, no venga a destruirlo”.

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Genocidio indígena en tres actos.

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Por Santiago Rey*

La tercera pericia balística en torno al asesinato estatal de Rafael Nahuel está a punto de naufragar. Y con ella toda posibilidad de alcanzar Justicia.

Este miércoles debía realizarse en el Cuerpo de Investigaciones Fiscales del Ministerio Público de la Provincia de Salta la tercera pericia para determinar la procedencia del proyectil que acabó con la vida del joven mapuche. Esta nueva pericia fue ordenada por la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca, luego de dos pericias con resultados contradictorios. La primera de ellas fue realizada por peritos independientes de la Policía de Río Negro -Roberto Nigris y Karina Uribe- y había arrojado como resultado indubitable que el proyectil que mató a Nahuel salió del subfusil MP5 que portaba el Cabo Primero Francisco Javier Pintos, uno de los cinco integrantes del grupo Albatros que ingresó a la comunidad Lafken Winkul Mapu el 25 de noviembre de 2017.

A pesar de la contundencia de la pericia realizada por los prestigiosos profesionales, el por entonces Juez subrogante del Juzgado Federal de Bariloche, Gustavo Villanueva, ordenó un segundo informe y lo encargó a la Gendarmería Nacional, una fuerza dependiente del ministerio de Seguridad que conducía Patricia Bullrich, al igual que la Prefectura que es investigada en la causa.

Tal como era previsible, esa pericia no pudo determinar de qué arma salió el disparo letal.

Así, la Justicia Federal ordenó una tercera pericia. Pero la misma, a pesar de la antelación con la que fue convocada (principios de noviembre de 2019) no pudo ser realizada este miércoles debido a los significativos faltantes.

Según pudo saber En estos días, los peritos constataron que entre las armas que fueron secuestradas tras el asesinato de Nahuel y que permanecían en custodia no están el subfusil MP5 correspondiente a Pintos y el que portaba el Cabo Segundo Juan Ramón Obregón.

Además tampoco fue incluido en el material enviado a Salta el proyectil extraído del cuerpo de Rafael Nahuel, pieza clave para realizar la comparación microscópica que podría determinar con qué arma fue disparado.

Así quedó registrado en un acta, que da cuenta de los elementos recibidos en el Ministerio Público de la Provincia norteña, y donde no figuran las dos armas y el proyectil.

Los abogados querellantes de la familia, Natalia Araya, y de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Sebastián Feudal, analizaban esta tarde los pasos a seguir ante el escandaloso hecho, y no descartaban la presentación de una denuncia penal.

Los tres elementos faltantes estaban en poder de la Gendarmería, desde la realización de la segunda pericia. A esa fuerza de seguridad correspondía la custodia, así como al Poder Judicial de Bariloche.

El abogado Sebastián Feudal dijo a este medio que lo sucedido “es en el mejor de los casos una torpeza inadmisible que sirve para describir la negligencia con la que se investiga”.

Feudal confía en que los elementos aparezcan y puedan ser peritados.

Sin embargo otro dato arroja sombras sobre el proceso: Entre los peritos que iban a participar del estudio en Salta no había ninguno que represente al Ministerio Público del Juzgado Federal de Bariloche.

Es decir que la estructura pública que tiene la carga de la investigación no participaría de la medida clave para determinar la responsabilidad del disparo mortal.

*Publicado originalmente en enestosdías

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La semana pasada la Comunidad Mapuche Curruhuinca, realizó una acción de reserva territorial en Quila Quina, ante la amenaza de venta de territorios sobre los que detenta legitimidad. Frente al temor de una nueva acción judicial y represiva desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, el Concejo Deliberante de San Martín de Los Andes impulsó una mesa de diálogo, que se realizó el viernes pasado y que abrió un compás de espera a un nuevo encuentro el próximo viernes 22 de marzo.  

Una larga historia de despojo sufre el pueblo mapuche y los pueblos originarios de nuestra región. Con renovados impulsos favorecidos y promovidos por la actual gestión del gobierno de la alianza Cambiemos, amigos del presidente Mauricio Macri, promotores de su gestión, anfitriones para sus descansos están en la lista de los nombres célebres por los intentos de usurpación en la región.

Villa Quina Quina se encuentra a 18 kilómetros de la ciudad de San Martín de Los Andes, sobre la margen sur del lago Lácar. Se trata de un conjunto de casas residenciales que tienen su origen en el loteo que la Administración de Parques Nacionales llevara a cabo en el año 1942 de las tierras que expropiara a los pobladores originarios (mapuches) con motivo de la creación del Parque Nacional Lanín.

Desde Marcha entrevistamos a Luis Alberto Curruhuinca, que hasta hace poco tiempo llevaba la voz de la comunidad y es descendiente del Lonko Bartolomé, que estaba en el territorio cuando llegó la Conquista del Desierto y se funda San Martín de Los Andes.

“Hace dos años Parques Nacionales hace entrega de las tierras de la comunidad para un emprendimiento privado, nuestras tierras son usurpadas sin aviso y sin consulta previa, tal como lo establece el Convenio 169”, relata Luis Alberto Curruhuinca, sobre los más recientes sucesos de usurpación territorial y emprendimientos comerciales. La fecha no parece casual ya que ese mismo año avanzan las fuerzas de Gendarmería y Prefectura con acciones represivas en defensa de la propiedad privada de grandes terratenientes, lo que les cuesta la vida a Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.

“Hemos pedido a Parques Nacionales esos terrenos que son de la comunidad que nunca se fue de esos territorios y nos niegan” relata Curruhuinca y agrega “en esas tierras hay un lugar de ceremonia que debe ser restituido y que también entregaron”.

Este integrante de la comunidad cuenta que en esas tierras tenían previsto hacer una salita de primeros auxilios, un vivero y otros emprendimientos productivos que llevaría adelante la propia comunidad como una manera de generar sus fuentes de recursos, para una población empobrecida y muy explotada, en un territorio que tiene un gran flujo turístico.  “Queremos que nuestro territorio sea restituido para que podamos manejar nuestros recursos y no ser mano de obra barata para los trabajos de las empresas concesionadas”.

Desde el propio Concejo Deliberante de San Martín de Los Andes reconocen la importancia de estas iniciativas comunales, “la comunidad Curruhuinca vienen gestionando, en los ámbitos políticos institucionales, terrenos en Villa Quila Quina para una posta sanitaria que será de uso de todos los pobladores y vecinos de la villa residencial; un espacio para la concreción de un vivero de especies nativas en el marco de un programa de conservación de recursos naturales dentro de la propiedad comunitaria, dado que las investigaciones científicas dan cuenta que las poblaciones de roble pellín en los bosques de la región son los más biodiversos de toda la cuenca, siendo su conservación de máximo interés en contextos de cambio climático”.

Luis Curruhuinca explica que la primera mesa de negociación pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo viernes 22, porque le ofrecieron a la comunidad que los terrenos sean entregados en comodato, una figura de tenencia precaria: “nuestra intención no es el comodato, sino que los terrenos sean restituidos”.

Legitimidad territorial

Dentro del Parque Nacional Lanin la comunidad mapuche tiene derechos territoriales, sin embargo desde años esas tierras vienen siendo concesionadas, sin la consulta a la comunidad, para diferentes emprendimientos privados como pistas de Ski, concesión de explotación fluvial del lago, entre los más importantes.

“En la comunidad de Quila Quina hay un territorio que tiene una larga historia”, así relata Luis Alberto Curruhuinca. “Ya en el año 1937 las tierras se entregaron a una elite porteña y durante muchos años se hizo este reclamo. En 1938 hubo una reunión con el Lonko en un acuerdo que luego en 1947 es violentado con la quema de todas las casas de la comunidad”. Una historia que sufre el pueblo mapuche en cualquiera de sus territorios y que adquirió gran notoriedad con la llegada de las actuales políticas del gobierno nacional. “Los Perez Companc, los Zubizarreta y otros apellidos de notables y oligarcas porteños son los nombres que encabezan el despojo”, tal como lo hace saber Luis. Esas tierras están mezcladas con la sangre de sus pueblos, una herencia que se trasmite de generación en generación y que viene desde Julio A. Roca, célebre como exterminador de los pueblos de la Patagonia, con la lógica de apropiación territorial.

Tal como lo establecen los tratados incorporados al a Constitución Nacional, la comunidad debe ser consultada.  Así lo establece la Constitución Nacional y el Convenio 169 de la OIT.

El Convenio 169 fue adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo el 27 de junio de 1989. El Convenio es, hasta la fecha, el tratado internacional más avanzado específicamente dedicado a la promoción de los derechos de los pueblos indígenas. El Convenio incorpora una serie de disposiciones relativas, entre otros, a la administración de justicia y el derecho consuetudinario indígena; el derecho a la consulta y a la participación; el derecho a la tierra, territorio y recursos naturales; derechos sociales y laborales; educación bilingüe, y cooperación transfronteriza.

El avasallamiento de sus derechos, las noticias periodísticas que circulan sobre la posible venta de esos lotes y la negativa a responder al pedido por parte de Parques Nacionales impulsó una acción de reserva de la comunidad sobre el territorio, con una ocupación pacífica. Desde el Concejo Deliberante habilitaron el espacio de la Mesa de Protocolo Intercultural que ayude a abrir un diálogo entre la comunidad Curruhuinca y Parques Nacionales, ante la posibilidad de que se produzca un escenario represivo con la intervención del Ministerio de Seguridad. Situaciones similares terminaron con la vida de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel (los más conocidos entre tantos casos de represión que sufren las comunidades).

“Hemos sido traicionados por el Intendente del Parque porque ni nos consultaron, corre el rumor que están en venta el diez por ciento de las tierras de Parques Nacionales”, afirma enfáticamente Luis Curruhuinca.

Organizaciones sociales y gremiales locales en un comunicado expresaron su aval al reclamo histórico de la Comunidad Mapuche Curruhuinca, mientras  que denuncian las maniobras y hacen notar la legitimidad del reclamo mientras advierten  “no aceptamos la militarización del Territorio y exigimos a la Administración de Parque Nacionales, que la situación desatada sea tratada bajo la figura de la Resolución No Violenta de los Conflictos, tal como lo recomiendan todos los organismos internacionales incluyendo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU)”.

Facundo Jones Huala

Hace pocos días conocimos la noticia de la absolución que dictó la justicia de Facundo Jones Huala y otros integrantes de la Pu Lof en Resistencia Cushamen, de los cargos de abigeato y ocupación territorial que impulsaban Benetton y el gobierno de la provincia de Chubut y que estaba avalado desde el gobierno nacional.

Esta parece ser una de las continuas situaciones que viven las comunidades originarias mapuches en el sur de nuestra región, a un lado y otro de la Cordillera, con sus integrantes criminalizados por defender la legitimidad territorial.

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A raíz de la muerte de Osvaldo Bayer, se lanzó en forma espontánea una campaña en redes sociales para exigir que se impusiera su nombre a la calle Ramón Falcón. Ayer se presentó el proyecto en la Legislatura porteña y se están juntando firmas para impulsar el cambio. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con las miles de escuelas que llevan nombres de genocidas de pueblos originarios?

Exigir que la calle Ramón Falcón pase a llamarse Osvaldo Bayer tiene que ser sólo un comienzo, no un final.

¿Por qué una escuela se puede llamar Roca, Rostagno o Victorica y no podría llamarse jamás Jorge Rafael Videla?

¿Por qué permitimos que dependencias públicas expongan cuadros que enaltecen las “Campañas al Desierto” y jamás permitiríamos que hagan lo mismo con la última dictadura cívico militar?

¿Por qué nos reconocimos en los ojos celestes de Santiago Maldonado, pero no tanto en los marrones de Rafael Nahuel?

No nos vamos a cansar de decirlo: hay que entender cómo nos cruza ese genocidio indígena que nunca fue reconocido por el Estado. Pero no sólo hay que preguntarle a las instituciones, hay que ponerle primera persona, hay que interpelarse individual y colectivamente. Porque hay racismos obscenos, pero también sutiles, casi imperceptibles, que en principio negamos tener. Y si nos rascamos un poquito, podemos reconocer que hay muertes y luchas que nos conmueven más que otras.

Y –aunque sea incómodo decirlo– hay que preguntarse por qué organismos y militantes de derechos humanos se movilizan mucho menos por un genocidio que por otro.

Repetimos una y otra vez: si el Estado y la sociedad no reconocen el genocidio indígena en el que se fundó esta Nación, si no podemos comprender por qué hay dolores y víctimas que nos afectan y comprometen más que otras, si no podemos mirar hacia atrás y hacia adentro para poder cambiar lo que sigue; no hay igualdad, diversidad, interculturalidad ni reparación histórica real posible.

Osvaldo fue (pucha, ¡cómo cuesta escribirlo en pasado!) una de las personas que más luchó para que se reconociera el genocidio contra los pueblos originarios.

Yo no quiero más genocidios de segunda.
No quiero genocidas en calles, escuelas, ni efemérides escolares.

Exijamos con la misma furiosa rebeldía memoria, verdad y justicia tanto para muertes no indígenas como indígenas.

Ponerle el cuerpo, palabra y acción. Todo junto. En todas las luchas. Como nos enseñó el viejo. Como nos sigue enseñando Norita.

Honremos estos ejemplos con más y más lucha.

Memoria, Verdad y Justicia para los Pueblos Originarios.

(*) Periodista, integrante de la Red de Investigadorxs en Genocidio y Política Indígena en Argentina

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A un año del asesinato, de Rafael Nahuel, que aún está impune,  y mientras su comunidad lo recordaba, volvió a ser reprimida y criminalizada. Una sucesión de abusos de las fuerzas de seguridad avaladas por el Estado y la Justicia en defensa de los terratenientes globales que desconocen la propiedad comunitaria ancestral de los territorios.

El domingo pasado se cumplió el primer aniversario del asesinato de Rafael Nahuel, de 22 años, a manos de Francisco Javier Pintos, integrante del Grupo Albatros de la Prefectura Nacional. Pocos días han pasado del asesinato de Camilo Catrillanca en Chile con el mismo modus operandi: asesinato por la espalda a un hermano mapuche en el seno de su comunidad  por parte de grupos especiales, y el intento desde el poder de instalar un supuesto enfrentamiento.

Aquel 25 de noviembre de 2017, (mismo día en que se realizaba el entierro de Santiago Maldonado, en la provincia de Buenos Aires), las fuerzas de seguridad federales ingresaron al territorio de la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu, -ubicada cerca del Lago Mascardi- torturaron y encarcelaron mujeres y niñxs de la comunidad, y llevaron adelante una cacería con balas de plomo, dejando como saldo dos heridos y la muerte de Rafa. Los Albatros tendieron una emboscada a los mapuches, varios kilómetros más arriba, determinado por una orden de desalojo que dictó el juez anti-mapuche Gustavo Villanueva. Irónicamente, el mismo juez Villanueva,  que estaba como juez subrogante y hasta hace poco a cargo  de la investigación de estos hechos de los que él mismo es responsable.

Patricia Bullrich, los medios, y la habilidad para ocultar la verdad

En los días siguientes a la represión se sucedió la ya conocida estrategia de desinformación por parte de las y los funcionarios estatales -responsables políticos del hecho- en connivencia con los medios de comunicación hegemónicos. Solo pasaron dos días para que la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, junto con el ministro de justicia Germán Garavano, justificaran el accionar de Prefectura en una conferencia de prensa donde aclararon “no tenemos que probar lo que hacen las fuerzas de seguridad en el marco de una tarea emanada de una orden judicial. Le damos a la versión que nos da la Prefectura con carácter de verdad (…) fueron a enfrentarse con un grupo violento”.  Un discurso que luego repetirían reiteradas veces en distintos medios practicando aquella triste máxima de propaganda nazi que la ministra parece haber tomado como propia: “miente, miente, que algo quedará”. El enunciado de una política de estado que quedó estampado en la realidad.

En marzo de 2018, las pericias oficiales confirmarían lo que la comunidad mapuche dijo desde el primer momento: todas las balas fueron disparadas por las fuerzas de seguridad del Estado y las recibieron las y los mapuches.

A Rafa lo mataron de un disparo por la espalda, más precisamente en su glúteo. Fueron -al menos- 114 disparos contra quienes allí resistían, y simplemente defendían su derecho a propiedad comunitaria de la tierra como pueblo preexistente.

Las versiones falaces circularon y lograron su cometido: reforzar la figura del enemigo interno, que tan fácil prende en el sentido común de una sociedad fuertemente racista. Enseguida, sin pruebas, se señala como culpable a un grupo de mapuches, pobres, que se deciden a pelear por sus derechos. Y vale recordar, que esos mismos derechos son reconocidos en la Constitución Nacional en el artículo 75 inciso 17, pero esto no parecen reconocerlo quienes desde sus mesas de verborragia televisiva hablarían impunemente de “usurpación”, como habitualmente lo hacen en relación a este tipo de conflictos.

Un discurso instalado que beneficia a los grandes terratenientes, amigos y aliados del gobierno, que quieren liberar sus territorios de esos que llaman “intrusos” porque limitan el uso y abuso de esas tierras.

Lautaro González y Fausto Jones Huala de testigos clave a imputados

Elízabeth Loncopan, vocera de Fausto y Lautaro, el pasado lunes fue entrevistada por Radio La Retaguardia*.

“Lautaro y Fausto son continuamente sometidos a una judicialización sistemática.  Hoy imputados por resistencia a la autoridad y usurpación dentro de la misma causa donde se investiga el asesinato de Rafa. Es importante dejar en claro que ellos no sólo bajaron el cuerpo de Rafael hasta la ruta 40, tratando de auxiliarlo, sino que son sobrevivientes y principales testigos de la emboscada sufrida aquel día por parte del Grupo Albatros. Al llegar a la ruta, fueron detenidos, y a partir de ahí comienza la persecución judicial que hoy les imposibilita ser testigos en la causa.”

“Fueron excarcelados 4 días después y el 15 de mayo se les revocó la excarcelación por una orden de la Cámara de Casación que pretende acusarlos por otro delito: atentado al orden constitucional.  A los pocos días sale la orden de detención. A pesar de los reiterados pedidos de excarcelación en junio la Corte Suuprema lo rechazó”.

“La fiscal a cargo de la causa introduce un nuevo elemento en la causa: tenencia de arma, aunque no haya ninguna prueba de esto. El 10 de agosto se les dicta una nueva orden de captura, y días después se les suspende la defensa. Posteriormente se pide nuevamente la pericia sobre las ropas de Rafael, Lautaro y Fausto, para constatar si habían restos de pólvora, y se volvió a probar que los mapuches no portaban armas.” Y prosiguió: “ellos no decidieron darse a la clandestinidad sino que fueron obligados por las presiones que les impusieron tanto jurídicamente como políticamente. Esperamos que las comunidades, las organizaciones sociales y de derechos humanos tomen una postura necesariamente política y salgan a defenderlos.  Ellos son quienes pueden decir lo que pasó durante esa emboscada y pueden decir quienes dispararon además de Pintos (que ya está probado) pero también hay 6 Albatros que intervinieron y cuyos roles no están definidos, hoy están llamados solamente como testigos”, concluyó Loncopan. Hace dos días, y estando ya a días del comienzo del juicio a Facundo Jones Huala en Chile, Interpol libró un alerta roja como pedido de captura para Lautaro y Fausto”.

Actividades en reclamo de justicia, y más represión como respuesta

Los días 25 y 26 se llevaron a cabo distintas actividades en el país reclamando justicia para Rafael Nahuel. Una forma de darle visibilidad al caso, pero también de encuentro entre organizaciones sociales, originarias, culturales; y para darse newen (fuerza) ante un contexto político cada vez más hostil hacia los sectores oprimidos.

En Buenos Aires también el domingo se realizó una actividad en Parque Los Andes que incluyó un Palin Weichan (juego tradicional mapuche), ceremonia-encuentro político y social de las organizaciones, colectivos y personas allí presentes, mizawün (almuerzo compartido), radio abierta, muestra fotográfica y panel sobre el genocidio en los territorios. Irma Caupan del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir nos dijo que, “hoy estamos recordando el asesinato, el fusilamiento de nuestro lamien Rafael Nahuel. En el recordamos a todos los lamien que han ido desapareciendo que siguen siendo oprimidos a lo largo de todo el territorio, por este sistema que nos sigue aniquilando y que va profundizando a un lado y otro de la cordillera un genocidio sistematico. Este es un dia de lucha resistencia y sobre todo de seguir proponiendo la vida, a pesar de la impunidad que castiga a nuestros pueblos originario. Nos reunimos acá hasta las 18 hs y mañana en el monumento del genocida roca, para seguir sosteniendo la memoria, nos reunimos a las 17 hs. como una manera de no olvidar pero si de seguir haciendo propuestas ante un Estado que nos quiere desaparecer, que nos aniquila y nos sigue hostigando permanentemente”

Patagonia

Este lunes 26 en Bariloche, familiares y amigos de Rafael Nahuel junto con integrantes de distintas comunidades marcharon reclamando por acciones judiciales concretas que determinen responsabilidades y condenas, por el asesinato que ya lleva un año en plena impunidad. El Cabo Pintos, prefecto cuyo disparo terminó con la vida de Rafa aún no está procesado.  El juez a cargo de la causa se negó a un pedido de reunión, lo que representa un nuevo acto de ninguneo y desprecio del Estado hacia la familia.

Una vez más, cuando las y los integrantes de la comunidad presentes comenzaron a desconcentrarse, integrantes de las fuerzas federales comenzaron a perseguir y detener manifestantes, entre ellos tres menores de edad, con una mujer que se encontraba herida y también detenida. Además también fueron amedrentados y cercados por las fuerzas federales la madre, el padre y el hermano de Rafael Nahuel. Esta acción de amenaza y represión también se repitió en el día de ayer. La presencia e insistencia de la comunidad logró el excarcelamiento de la mayoría de las y los detenidos.

En Esquel también hubo una marcha hacia el juzgado de la ciudad, en donde participaron distintas organizaciones como las comunidades Lago Rosario, Gualjaina, Costa de Lepa, Pillan Mawisa, Vuelta del Río, Lof Cushamen, APDH,  No A la Mina, docentes y estudiantes, que entregaron una carta al célebre juez Otranto, conocido por entorpecer la causa de la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado.

Mapuche significa en lengua Mapudungún “gente de la tierra”. Sus poblaciones que viven principalmente en el sur de Chile y suroeste de Argentina constituyen una comunidad lingüística, cultural e histórica. La comunidad mapuche lucha desde hace mucho tiempo por recuperar las tierras que les fueron arrebatadas con engaños y violencia.

La potencia de los hechos y sus verdades parece que solo puede ser contrarestada por el ejercicio del poder y de la (in) justicia.

*Radio La Retaguardia 

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Hoy se cumple un nuevo aniversario de la segunda desaparición de Jorge Julio López, esta vez en democracia. Entrevista exclusiva con Myriam Bregman, su abogada.

Cada 18 de septiembre, desde hace 12 años, no es un día cualquiera. Ni siquiera nos anuncia la llegada de la primavera. Aquella vez, el 18 de septiembre de 2006, era el día previo a la sentencia que condenara al genocida Miguel Etchecolatz. Sin embargo, en una demostración de la oscuridad que rodeó (y sigue rodeando) a los crímenes de Estado durante la última dictadura, Jorge Julio López –quien había declarado como víctima y testigo en el juicio por delitos de lesa humanidad en el que fue condenado a prisión perpetua el represor Etchecolatz– fue desaparecido. Hasta la fecha nada más se supo de él.

En esta oportunidad, dialogamos de manera exclusiva con Myriam Bergman, legisladora porteña por el PTS-FIT, y una de las abogadas de Jorge Julio López.

–Ante un nuevo aniversario de la segunda desaparición de Julio López, ¿existen novedades sobre su búsqueda o, como todo indica, no se está haciendo nada por parte del Estado?

–Creo que después de 12 años no hay mucho para decir. La búsqueda terminó rápidamente. Habría que preguntarse si la búsqueda alguna vez empezó. Porque ahora hablamos con un balance también de lo que ocurrió. Nosotras, apenas desaparecido Julio López, a las dos horas que desapareció, ya presentamos un hábeas corpus para dar cuenta de lo que entendíamos rápidamente que no era que Julio era un viejito que estaba perdido como se decía por ahí o que se había asustado y se había ido. Creo que si lo miramos desde ahí es difícil pensar si alguna vez se lo buscó, porque desde el Estado rápidamente se tuvo conciencia de lo que había pasado y todo lo que se hizo si una mira en el expediente –primero en mano de la justicia provincial después en manos de la justicia federal– verá que búsqueda de una persona secuestrada no hubo. Todas las primeras horas, los primeros días, que son los más valiosos, lo que se buscaba era una persona perdida, con lo cual se dio un tiempo enorme para los secuestradores, para que borraran las pistas que pudiese haber con relación al secuestro.

Después de mucha pelea y mucho tiempo, hubo algunas pericias que se hicieron en la causa, algunas medidas de pruebas que podrían haber indicado a dónde estaba Julio López. Pero buscarlo, buscarlo, nunca se lo buscó.

Creo que también es importante señalar esto porque si hubo avances, como por ejemplo identificar a la persona que le hizo el seguimiento a Julio López, fue por pruebas aportadas por los propios querellantes, no porque la justicia lo haya encontrado. Y esto es muy doloroso decirlo, porque sabemos que a Julio no lo mandó a secuestrar el Estado, no fue el propio aparato de Estado el que lo secuestró, como podemos decirlo claramente en el caso de Santiago Maldonado, donde hubo una desaparición forzada que como mínimo los gendarmes sabían donde estaba Santiago durante los 78 días que estuvo desaparecido. Pero en el caso de Jorge Julio López, el aparato de Estado decidió encubrir el hecho para mantener, como algún Ministro lo dijo en aquel momento, la gobernabilidad de la bonaerense. Mantener ese pacto, terrible, nefasto que funciona en la provincia de Buenos Aires, donde los grandes delincuentes, lo que se llama habitualmente el “crimen organizado, funcione en connivencia con la policía. Y todos esos elementos fueron los que actuaron también en el caso de Julio López. Porque no se puede entender cómo ninguno de la patota de Etchecolatz ha sido verdaderamente investigado. O que la persona que le hizo el seguimiento a Julio López no haya sido inmediatamente detenida, sino que se mandó a allanar la casa recién nueve meses después de la denuncia que hicimos nosotros.

–¿Cómo está la causa en la que Julio López era testigo? Porque hace poco el envalentonamiento de las fuerzas represivas motivó incluso a que Etchecolatz se postulara para la policía nuevamente…

–Julio López era testigo en varias causas y era querellante en varias causas. La mañana del 18 de septiembre, Guadalupe Godoy,  Liliana Mazea y yo estábamos esperándolo para poder alegar en su nombre; es decir, íbamos a acusar a Etchecolatz en su nombre. Él no era un simple testigo como tantos otros pueden serlo de un hecho ajeno o de un hecho propio. Él era un querellante, estaba allí para acusar a Etchecolatz en el primer juicio que se abrió después de la nulidad de las leyes de Obediencia debida y punto final. Es decir, Julio López había adoptado en nuestra nueva etapa de la pelea por justicia un rol protagónico; eso es importante destacarlo. Como tal, el testimonio de Julio es muy valioso para todos los juicios que se desarrollaron posteriormente, porque él estuvo en varios centros clandestinos, pudo ver a otros detenidos-desparecidos, otras detenidas-desaparecidas, entonces su testimonio es valioso. No en una causa puntual, sino en todo lo que es el circuito Camps del período en el cual él estuvo secuestrado.

Julio era albañil y siempre contaba en sus testimonios cómo esa actividad, ir a lugares (el había estado trabajando incluso al lado de algunas de las comisarías en las que después estuvo secuestrado), le permitía reconocer a muchos de los policías que después involucró con su testimonio. Entonces para investigar había montones de elementos, lo que no se quiso es profundizar en esas lineas investigativas.

Por otra parte, Etchecolatz es un provocador. Siempre lo fue, así actuó durante todo el juicio. Fue un juicio lleno de provocaciones, lleno de amenazas, que denunciamos. Durante el transcurso del juicio, nos amenazó a nosotras, a Chicha Mariani. Chicha sufrió amenazas muy graves, las abogadas sufrimos amenazas, los días posteriores que desapareció Julio también. Etchecolatz es un provocador.

La noticia de que quiere volver a la bonaerense tiene dos lecturas. Una es que quiere volver y la otra es qué poco tiempo hacía que lo habían sacado de la bonaerense (NdeR: estuvo en la Policía Bonaerense hasta el 8 de agosto de 2017 bajo la figura de Retiro Activo Voluntario). Cómo puede ser que Etchecolatz, que estuvo involucrado en la desaparición de Julio, fue condenado por delitos de lesa humanidad y seguía perteneciendo a la bonaerense, como un jubilado seguramente. Yo creo que estas noticias hay que mirarlas por la espectacularidad que tienen, que provocan, que es Etchecolatz proponiéndose volver y también por qué todos estos genocidas siguen formando parte de las Fuerzas Armadas y de seguridad, salvo algunos que han sido alejado por otro tipo de cosas. Incluso Astiz, que es el ejemplo emblemático que fue dado de baja de la Armada, fue dado de baja por otros motivos, no por los secuestros y su accionar en la ESMA. Ahí hay un tema mucho más profundo que es la continuidad de los genocidas como parte de las Fuerzas Armadas y de seguridad y atendiéndose en los mismos hospitales, como Astiz atendiéndose en el hospital Naval y etcétera.

Cómo esto, que a veces provoca el rechazo y la reacción social, a veces tiene como una contracara más profunda que es cómo puede ser que después del genocidio cometido en la Argentina, estos personajes sigan formando parte de las Fuerzas Armadas y de seguridad. Muchos de ellos siguen cobrando pensiones, por ejemplo en el caso de la Armada ahora que la nombré, como héroes de Malvinas, por haber participado en la Guerra. Cómo hay una continuidad de Estado que, salvo que se generen escándalos alrededor de ellos, prácticamente sus privilegios no son tocados. Etchecolatz no había sido dado de baja de la Bonaerense y ¿cómo puede ser que desde el año 2006 hasta ese momento a nadie se le ocurrió, a ningún funcionario, político ni a los jueces, que no podía seguir siendo parte?

–El gobierno viene respaldando a las fuerzas de seguridad en cada accionar, con casos tremendos como el de Chocobar, que fue felicitado por el presidente Macri y la ministra Bullrich, el gatillo fácil, la Prefectura y la Gendarmería con los casos de Rafael Nahuel y Santiago Maldonado respectivamente, por mencionar algunos ejemplos ¿A qué obedece este posicionamiento del gobierno?

–A eso yo le agregaría un elemento más: patotas estatales o paraestatales que le escriben a una docente en su cuerpo “ollas no”. Porque me parece que lo que ocurrió ayer (en referencia al miércoles 12 de septiembre) es un salto importante que habrá que ver si es el accionar de una patota estatal o paraestatal, pero que la gravedad es muchísima. Y lo señalo porque lo del ataque a Corina, la docente de Moreno, se da en un marco de estigmatización permanente de los que luchan, de los dirigentes sociales y de los dirigentes gremiales. Esta estigmatización permanente, que también la hemos sufrido desde la izquierda –en mi caso, junto a Nicolás Del Caño , cuando fue el año pasado la lucha de PepsiCo–, de todos los medios de comunicación masivos, y esto crea el clima para que se sufran ataques. A veces estatales, pero también paraestatales que funcionan a ese amparo.

Hay que señalar que este es un gobierno que está pasando nuevamente un saqueo, en mi entender: el cuarto saqueo de la dictadura a esta parte, de enorme transferencia de los sectores populares hacia los sectores más concentrados de la economía, de saqueo de los recursos naturales, un redoblar del peso que implican las ataduras de la deuda externa en el país y que todo eso va acompañado de un discurso lo suficientemente atemorizador como para que ese ataque económico y social pueda llevarse adelante. No hay manera de llevar un ataque tan fuerte si no es agudizando los mecanismos de represión, espionaje y, como decía recién, hay que ver que esto de Moreno no sea un precedente de ataques de aquellos como empezaron a ocurrir con la Triple A, de bandas paraestatales que atacan activistas, dirigentes de izquierda, militantes. La verdad es que es gravísimo lo que ocurrió y tenemos que ponerlo en ese contexto.

Creo que lo de Rafael Nahuel, lo de Santiago Maldonado, fue un mensaje muy claro de cómo iba a proteger la propiedad terrateniente este gobierno. La represión en PepsiCo fue un mensaje muy claro de cómo iba a actuar este gobierno en el cierre de empresas y para la enorme cantidad de despidos y cierres que vinieron después. Es decir, es un gobierno que actúa muy fuertemente protegiendo el capital más concentrado y que sabe que la represión y la persecución es parte de la política que tiene que llevar adelante.

–Carlos Rosenkrantz, nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia, fue uno de los abanderados del 2 x 1 a los genocidas, ¿qué implica su designación?

–Me resulta difícil analizarla como persona. Más a nivel continental, creo que hay un fenómeno que se viene dando de la injerencia de Estados Unidos en las decisiones políticas de nuestros países. El caso más paradigmático es el de Brasil, pero también en Argentina. Hace ya una década que Estados Unidos viene pugnando porque se implementen leyes que permiten la injerencia política con dos aspectos: uno es formando jueces directamente en sus países. Todos los jueces federales, fiscales, son invitados permanentemente a congresos, a reuniones que organiza tanto el Comando Sur como el Departamento de Estado en Estados Unidos. El juez Sergio Moro es un juez notoriamente formado allí. Por el otro lado, la implementación de determinadas leyes que son necesarias para que Estados Unidos pueda intervenir directamente en la política local. La Ley de Delación premiada en Brasil, Arrepentido en Argentina, la legislación antiterrorista también aprobada durante la gestión del gobierno anterior, la Ley de Ficha Limpia promulgada durante el gobierno de Lula. Son distintas leyes que a veces, con la excusa del narcotráfico, otras del terrorismo o de la corrupción, Estados Unidos utiliza para intervenir en nuestros países. Entonces todos estos reacomodamientos que estamos viendo en el Poder Judicial me parece que tienen que ver con un lineamiento profundo hacia ese tipo de políticas.

La Corte Suprema, de Argentina y de Brasil, viene sacando fallos muy reaccionarios que atacan directamente a las condiciones de vida del pueblo trabajador. En Argentina salió hace dos meses aproximadamente el fallo sobre un médico del Hospital Alemán donde se autoriza la tercerización. La Corte Suprema de Brasil, los últimos días de agosto, sacó un fallo habilitando absolutamente todas las tercerizaciones de trabajadores, que es lo que proponía la reforma laboral de Temer. Entonces uno puede pensar que hay muchas coincidencias o puede pensar que hay políticas dirigidas, como bien dijo el jefe del Pentágono (NdeR: James Mattis, Secretario de Defensa de Estados Unidos), que estuvo en Argentina hace unas semanas, en una notita en Clarín, al pasar: que veía con mucha preocupación que en Argentina hubiesen avanzado tanto las empresas chinas y rusas. Yo no creo que sea una persona preocupada por la soberanía argentina, sino más bien preocupada por los negocios estadounidenses.

Lo que veo en los poderes judiciales en América Latina es un aumento en la injerencia de Estados Unidos, mucho más directa de lo que ha sido siempre. Porque si bien las intervenciones que Estados Unidos hacía en la región a veces eran más directamente militares, organizadas en las Escuelas de las Américas y demás, ahora intervienen a través de los poderes judiciales.

–¿Qué significa Julio López para quienes exigimos memoria, verdad y justicia?

–Julio significa compromiso. El compromiso que él tuvo de ir a declarar, de ser uno de los primeros testigos, de involucrarse en la causa, de acompañarnos. Él sabía que íbamos a acusar a Etchecolatz por genocidio, la primera vez que se iba a hacer esa acusación en la Argentina. Era una acusación que tenía muchos resquemores, muchas resistencias. Hoy parece unánime hablar de genocidio, pero en aquel 2006, cuando tuvimos que llevar adelante esa acusación no fue fácil y Julio decidió acompañarlo porque él coincidía con la visión que nosotros queríamos plantear de que lo que había ocurrido en la Argentina era un proceso mucho más amplio que torturas, desapariciones, apropiaciones de niños. Tal vez, siguiendo con aquello que había dicho Rodolfo Walsh de los motivos económicos, hay que buscar las verdaderas razones de la dictadura.

Julio fue parte de esa acusación y me parece que hay que reivindicarlo como eso, como alguien que quiso analizar y acusar a los genocidas no por hechos individuales, incluso por él propio, sino acusarlos por todo el proceso que vinieron a llevar adelante en el país.

Y de la lucha por la aparición de Julio siempre digo que tiene un final triste, muy duro para nosotras porque le pusimos mucho a esa pelea y no logramos saber aún que pasó con Julio más allá de que tenemos muchos indicios y muchos datos ciertos. Pero creo que haber respondido tan rápido como se respondió desde La Plata, desde la multisectorial, del Colectivo de Justicia que representábamos a Julio, desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires y de todos los que en el país se sumaron a la pelea por decir “Julio no está abajo de un puente”, “Julio no está en la casa de la tía”, como dijo Anibal Fernández. Julio está desaparecido. Creo que esa enorme pelea sirvió para evitar casos similares, sirvió para que los testigos siguieran yendo a declarar, para que el miedo no ganara y por ende que no ganaran los genocidas. Eso me parece que es muy doloroso, pero que es una conclusión también de esa pelea. No creo que haya sido en vano, sirvió para que se sepa la verdad de lo que había pasado con Julio e impedir que vuelva a ocurrir en otros casos. Luchar siempre sirve.

Nota relacionada: Rubén López: “tenía la necesidad de contar más sobre lo que había visto que de lo que él había sufrido”

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Frente a la decisión del gobierno de Mauricio Macri de incorporar las FFAA a tareas de “seguridad interior”, medida extrema para sostener el ajuste exigido por el FMI que genera el repudio de amplísimos sectores populares, cientos de personas y de organizaciones se movilizaron con una consigna clara: Ni un milico en la calle.

“Es importante que las Fuerzas Armadas puedan colaborar con la seguridad interior”, disparó el presidente en la conferencia de prensa organizada en Campo de Mayo, lugar donde funcionaron cuatro centros clandestinos de detención durante la última dictadura cívico-militar-eclesiástica. El anuncio, que había sido anticipado por el ministro de Defensa la misma semana que se confirmaron los acuerdos con el FMI, coincidencia que nada tiene de casual, viene a completar el escenario que hace meses venimos definiendo como “estado de excepción” en materia represiva en el país.

La sola enunciación de que los militares dejarán sus cuarteles para tener presencia en el territorio nacional, fue suficiente para desatar el repudio generalizado. El diario Ámbito Financiero tuvo que congelar el acceso a los resultados de la encuesta cuando más del 80% de sus lectores contestaron un rotundo “NO” a la pregunta “¿Estás de acuerdo con que las FFAA actúen en cuestiones de seguridad interior?”. Es que, en la conciencia popular colectiva, “seguridad interior” y “fuerzas armadas” en una misma frase significan una sola cosa: más represión, y el pueblo no está dispuesto a tolerarlo sin protestar.

A partir de esta situación, ayer una multitud acompañó la ronda de las Madres en Plaza de Mayo primero, luego la lectura de la declaración del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVyJ) para luego confluir en las puertas del Ministerio de Defensa, enmarcado por una amplia diversidad de organizaciones sociales y políticas. Una clara iniciativa de los sectores populares que ya vienen sufriendo las políticas de hambre y ajuste por parte de Cambiemos.

Un objetivo definido

No hay espacio para dudas en cuanto a las tareas que el gobierno de Cambiemos quiere asignar al ejército, la fuerza aérea y la marina. Macri habló de “apoyo logístico en la zona de frontera”, lo que, como explicó el ministro de Defensa Oscar Aguad hace más de un mes, tiene como fin “liberar gendarmes” para desplazarlos a “zonas calientes” (es decir, en conflicto) del resto del país. Pero el presidente dio más precisiones cuando mencionó la intervención “en eventos de carácter estratégico”, como las inminentes reuniones del G20 con la presencia del mismísimo Trump en nuestro país; la “protección de objetivos estratégicos”, es decir, la defensa de las inversiones capitalistas vinculadas al saqueo de nuestros bienes comunes, como Vaca Muerta o los acuíferos, y “el desafío del ciberespacio”, en clara referencia a la reiterada preocupación del gobierno por el espionaje informático.

Para que los militares puedan llevar adelante sus nuevas tareas, el presidente aseguró que habrá “recursos extra presupuestarios” esos que no aparecen para salud, vivienda o educación- para más sueldos y reequipamiento logístico.

La letra del decreto habla eufemísticamente de “proteger la soberanía y la integridad territorial de nuestro país”, argumento que esgrimieron los mismos funcionarios nacionales cuando, por turno, defendieron a gendarmería y prefectura después de la desaparición forzada y muerte de Santiago Maldonado y el fusilamiento por la espalda de Rafael Nahuel. Los considerandos del decreto presidencial definen lo que Macri llamó los “nuevos desafíos” de este siglo como “agresiones no sólo son de carácter estatal militar, sino que en ocasiones se manifiestan de otras formas que, sin dejar de tener su origen en el exterior, se desarrollan en nuestro territorio y/o tienen efectos en él, afectando intereses que la Defensa Nacional puede y debe contribuir a preservar”. Es la misma tesis del enemigo interno a la que aludía la ministra Patricia Bullrich cuando advertía sobre el terrorismo “anarco-mapuche-trosco-iraní” con la que justificaba los ataques de gendarmería y prefectura.

Ante la gravedad del anuncio y su inminente implementación, resulta casi colateral la discusión sobre las formas técnicas utilizadas para su sanción. El recurso elegido para eludir un debate parlamentario que podría ser molesto y estiraría los tiempos, fue anunciar la reforma de un decreto por vía de otro decreto, sin tocar las leyes de Seguridad Interior y Defensa Nacional. Sin perjuicio de la impugnación formal que el asunto merece (por caso, la oposición parlamentaria al gobierno, ya hizo el pedido para una sesión especial que tire atrás el Decreto), la decisión de habilitar la intervención de las fuerzas armadas en la represión interior es tan mala por decreto, por ley o de facto.

En un escenario de tarifazos, despidos, inflación y recesión, el gobierno de Cambiemos reconoce que necesita más capacidad represiva para el nuevo ajuste que exige alcanzar las metas que le impone el FMI. Con sus fuerzas de seguridad desplegadas al extremo, echa mano ahora de los militares, prometiendo fuerzas de despliegue rápido y contingentes de 10.000 uniformados entrenados y equipados con tecnología represiva de punta aportada por EEUU y el Estado de Israel. Ya se abrió la licitación del ministerio de Seguridad para la adquisición de pertrechos “antidisturbio”, con una base, que se prevé se duplicará cuando se conozcan los proveedores definitivos, de $105 millones y más de u$s500 mil, destinados a reprimir las movilizaciones contra la presencia del G20.

El año pasado, cuando a través de la Corte Suprema el gobierno de Mauricio Macri intentó garantizar la impunidad de los genocidas con el 2×1, no fueron los recursos legales ni las iniciativas institucionales lo que los obligó a retroceder. Al 2×1 lo frenamos en la calle, con masivas y unitarias movilizaciones de millones de personas en todo el país, con una campaña de lucha organizada que se sostuvo en el tiempo hasta que logramos el objetivo. Con ese antecedente, la rápida reacción que ya estamos viendo, debe ser el inicio de una campaña que crezca y se extienda hasta frenar este nuevo ataque al pueblo trabajador.

* Referente de Correpi y Poder Popular.

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A ocho meses del asesinato de Rafael Nahuel y un año desde la desaparición de Santiago Maldonado, continúan la impunidad del gobierno y de las fuerzas de seguridad involucradas. Asimismo, persiste la persecución a las comunidades mapuches. En Rio Negro y Neuquén, autoridades de gobierno presentaron recientemente denuncias judiciales con intenciones de criminalizar al pueblo mapuche.

Comunidad de Rafael Nahuel denunciada por intendente del Parque Nahuel Huapi

Damián Mujica, intendente del Parque Nahuel Huapi de Rio Negro, denunció a la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu por ocupar el hotel de Villa Mascardi. Se trata de la misma comunidad mapuche de Rafael Nahuel, el joven asesinado por Prefectura en noviembre pasado a 30 kilómetros de Bariloche.

La Lof Lafken Winkul Mapu ha recuperado un territorio frente al Lago Mascardi sobre la Ruta 40, que se encuentra muy cercano al hotel. Es el lugar donde Rafael recibió el impacto de bala del Grupo Albatros en un operativo de desalojo sobre el territorio. Luego, la orden fue suspendida por decisión del juez que entiende en la causa.

Parques Nacionales pretendía usar el viejo edificio para crear una Escuela de Guardaparques, pero desde hace casi diez años está abandonado. El intendente Mujica denunció en la fiscalía a la Lof de querer ocupar el lugar, luego de que la policía rionegrina habría visto huellas, luces y personas encapuchadas.

La comunidad se molestó con la denuncia y consideraron que se trata de una injuria por parte de Parques Nacionales y los grandes medios de comunicación. Para ser escuchados y desmentir la acusación, algunos miembros de la Lof realizaron una protesta sobre la ruta 40 en cercanías del hotel.

María Nahuel, la tía de Rafael negó que los miembros de su Lof hayan ocupado el hotel y afirmó que desde Parques Nacionales se acusa a los mapuches de violentos, con el objetivo de criminalizarlos y perseguirlos con la justicia.

María y otras integrantes de la comunidad fueron atendidas para conversar con el intendente de Parques Nacionales, en presencia de la prensa y en un contexto pacífico. Mujica las recibió en el Centro Cívico de la ciudad donde acordaron fijar una reunión formal para el próximo martes entre los dirigentes de la Lof y las autoridades del parque. Si bien el desalojo está suspendido, continúa vigente la causa por usurpación.

María, tía de Rafael Nahuel. Por Joaquin Salguero

El intendente de Neuquén pretende desalojar a comunidades mapuche

Otra denuncia judicial al pueblo mapuche fue realizada por el intendente de Cambiemos de Neuquén Capital. El intendente Horacio “Pechi” Quiroga efectuó un pedido de desalojo de dos comunidades mapuches, acusándolas de usurpación de un predio que habitan. Las comunidades Lof Newen Mapu y el Lof Puel Pvjv expresaron que Quiroga pretende anular un convenio y obligarlos a desocupar un territorio que les fue entregado por la gestión anterior.

El lugar está ubicado cerca de la ciudad de Zapala, con cincuenta hectáreas de extensión y cuenta con un centro ceremonial llamado rewe. Se trata de un lugar sagrado para la comunidad, donde hace pocos días celebraron el año nuevo mapuche. Antes pertenecía a la municipalidad neuquina, hasta que en 2011 fue cedido para el desarrollo del pueblo mapuche. El anterior intendente, Martín Farizano entregó ese territorio a través de un decreto y un convenio firmado con las autoridades de las Lof.

A través de un comunicado, la Confederación Mapuche de Neuquén denunció el  atropello del intendente de Neuquén, acusándolo de tener un plan inmobiliario que lo motiva a echarlos por la fuerza de su territorio comunitario. “Intendente Quiroga, usted que acostumbra a utilizar la violencia solo con los más débiles: le informamos que acá estamos y no nos vamos. La población es consciente que este atropello está motivado por los intereses de un municipio que más que un órgano público es hoy una inmobiliaria para beneficio de unos pocos”, advirtieron.

En otra parte del documento, dejaron ver la hipocresía del funcionario con el manejo de tierras fiscales: “Hoy Quiroga nos acusa de usurpación. El mismo Intendente que le regaló 20 hectáreas al Basurero petrolero COMARSA para que incinere residuos hidrocarburíferos, al lado de miles casas que no tienen gas. El intendente que respalda la apropiación de más de 30 hectáreas de la costa del río Newken, la tierra más costosa que usurpó el country Rincón Club de Campo. El intendente que le cedió la tierra para la construcción de la Base Militar de EEUU a orillas de la Autovía”, cercano al mega-yacimiento de Vaca Muerta.

En un primer momento, el fiscal Pablo Vignaroli aceptó el pedido de desalojo y dio orden a la policía que intime a los mapuches a desocupar el territorio “bajo apercibimiento en forma compulsiva con el auxilio de la fuerza pública”. Luego de que la situación se hiciera pública, el fiscal tuvo una reunión con representantes de las comunidades y suspendió el pedido.

Micaela Gomiz, abogada de las comunidades comentó que el lugar ya fue relevado de acuerdo a Ley 26.160 de Relevamiento Territorial, recientemente prorrogada. Ésta norma suspende toda ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos cuyo fin sea el desalojo o desocupación de las tierras habitadas por poblaciones indígenas.

No a la base militar yanqui en Neuquén

Como menciona el comunicado, el intendente cedió tierras para una Base Militar norteamericana. En mayo de este año, se retomó su construcción justo al lado de Vaca Muerta, uno de los yacimientos de gas y petróleo no convencionales más grande del mundo, con 27 mil millones de barriles de petróleo para ser extraídos.

La base es financiada por el Comando Sur de los Estados Unidos (US. Southern Command). Se trata de un organismo militar cuya finalidad es brindar apoyo a los objetivos de seguridad nacional norteamericanos. Proveerían defensa a las inversiones que realicen en Vaca Muerta, empresas petroleras como Exxon, Chevron y Halliburton.

Desde la Multisectorial San Martin de los Andes y la Multisectorial No a la Base Yanqui en Neuquén denunciaron un pacto entre la Provincia, la Nación Argentina y Estados Unidos para entregar nuestra independencia y soberanía. Disfrazado de ayuda humanitaria que nadie pidió, en el lugar se asentaría un Comité Operativo de Emergencias, una fuerza del gobierno estadounidense para hacer pie en territorio argentino.

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