Por Camila Parodi 

Este domingo, Perú realizará elecciones presidenciales a pesar de una evidente pérdida de legitimidad del régimen político y la tibia emergencia de un proceso constituyente popular al estilo Chile. Por su parte, en Ecuador, se realizará la segunda vuelta electoral, que definirá si el progresismo correista vuelve a la presidencia o si se continúa el camino neoliberal. Son dos países caminando entre la supervivencia ante la pandemia, las limitaciones de las democracias y la esperanza popular y feminista que no calla. En Marcha y FM La Tribu abrimos el #bunker y nos seguimos preguntando, ¿las liberaciones de los pueblos, caben en las urnas?

Perú: con 18 listas reina la indecisión 

Como decíamos, el próximo domingo se realizan las elecciones presidenciales en el país andino. Este evento, acontece en un contexto complejo que se entrelaza entre la reciente precarización de la vida acentuada por la pandemia por COVID 19 con la histórica crisis de representación política. Es por ese motivo que el actual escenario electoral se caracteriza por una preocupante fragmentación del sistema partidario que, con 18 listas, se disputan al día de hoy las migajas de votos donde quien concentra mayor cantidad en intención de votos no llega a superar el 10% con un empate casi técnico entre 6 de las y los candidatos. Si bien este contexto nos habla de un proceso tan abierto como incierto lo único seguro es que habrá ballotage. 

En las elecciones presidenciales anteriores, realizadas  en el año 2016, decíamos que en Perú “no había esperanzas de  cambio”, hoy nos preguntamos si hubo algún cambio para caracterizar el actual contexto. Ciertamente el escenario es otro –y no nos referimos solamente al impacto provocado por la pandemia mundial por COVID 19 que actualiza en esta nota TeleSur– sino también a la generalización del sentimiento de rabia e indignación popular ante el descreimiento del sistema político y económico heredero del fujimorismo. Antes de continuar con lo que veníamos hablando es importante recordar quién es y qué hizo Alberto Fujimori en Perú hacia finales del siglo XX, para eso les recomiendo que se chusmeen este trabajo realizado por nuestro compañero Tadeo Bourbon  sobre la “esterilización forzada” de más de 270 mil mujeres y 22 mil varones como parte del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar. Claro que nos referimos a una política dirigida mayoritariamente a la población indígena y campesina, por ende nos habla de un plan de exterminio racista y machista.

Siguiendo con el tema, esta situación llegó a su cúspide tras las manifestaciones realizadas durante el mes de noviembre del año 2020 donde desfilaron tres presidentes con el objetivo de mantener control frente a la demanda de una constituyente exigida por el pueblo peruano como comunicamos en esta nota. Y ya que estamos, en esta otra nota también, compartimos la experiencia del movimiento feminista para sacar a Merino del poder manteniendo el cuidado del pueblo ante la represión. Sin embargo, no todo es descontento y organización popular en Perú, es evidente el alto número de indecisos e indecisas ante las 18 listas presentadas y nos habla de un correlato histórico de crisis política e institucional difícil de saldar ¿será que sus proyectos no se centran en las prioridades del pueblo? Veamos qué proponen sus algunos/as de sus candidatos/as:

• Yonhy Lescano:  Fue congresista de la república en representación la provincia de Puno y, posteriormente, de Lima Metropolitana de forma que tiene unos 18 años como parlamentario. En su actual lista, que por ahora encabeza las encuestas, se presenta como parte del partido “Acción Popular” el mismo que representó por escasos cinco días el ex presidente Manuel Merino durante el estallido de noviembre pasado. A lo largo de la campaña ha sido enfático en que, de llegar a la Presidencia, exigirá el pago de más tributos a las grandes empresas mineras y que le dará un respiro tributario a los micro y pequeño empresarios, creando un fondo de apoyo empresarial. Del mismo modo advirtió que utilizará a las Fuerzas Armadas para “poner control en las calles”. Todo indica que se propone como candidato camaleón con proyectos ambiguos que alternan entre enunciados progresistas y conservadores para llegar a una mayor audiencia. 
• Keiko Fujimori: Posiblemente ya habremos dicho todo lo que pensamos y conocemos sobre la hija del expresidente de Perú condenado por delitos de lesa humanidad, Alberto Fujimori. Fue diputada y en el año 2016 se disputó la presidencia en segunda vuelta con Kuczynski, desde ese entonces cuenta con un proceso judicial por implicación en el caso Lava Jato por lavado de dinero para su campaña y actualmente se propone defender la constitución creada por el gobierno de su padre en 1993. Esta nota la escribimos con Laura Salomé Canteros sobre el rol de Keiko Fujimori en las elecciones 2016 y habla del contexto adverso que podría implicar para los derechos de las mujeres y las personas del colectivo lgttbiq+ en ese momento como ahora.
• Veronika Mendoza. En ella están puestas todas las fichas del progresismo peruano. Su perfil es disruptivo frente a los dinosaurios conocidos: es feminista, jóven y antropóloga. En el año 2011 fue electa diputada y en las elecciones de 2016 llegó al tercer lugar. Veronika junto a su equipo -compuesto por diferentes activistas y lideresas de perfiles muy interesantes- propone realizar la reforma de la Constitución tal como lo manifestaron las y los peruanos durante protestas del año pasado.

Ecuador: correísmo o anti correísmo es (otra vez) la cuestión

Como decíamos, ese mismo domingo Ecuador define en ballotage a su próximo presidente. En este evento se enfrentan el consevador Guillermo Lasso contra el heredero del correísmo, Andrés Arauz. El tercer candidato en disputa -recordarán que fuimos contando voto a voto esta elección- fue Yaku Pérez de Pachakuti quien si bien se arrogó la representación del movimiento indígena como si éste fuera homogéneo y sin tensiones, evidenció un importante voto popular, indígena y anti extractivista en oposición a las políticas del correísmo, rompiendo con el conocido binarismo entre oligarquía y progresismo en Ecuador.  

Al respecto, hace unas semanas hablamos largo y tendido con la investigadora feminista e integrante de la Colectiva Ruda, Alejandra Santillana que nos propuso este “Ecuador para principiantes”. Ante el nuevo escenario, volvimos a hablar con Alejandra en una suerte de “Bonus Track” y nos comentó que “estamos nuevamente en un escenario de polarización donde la posibilidad de salirse del correísmo/anticorreismo se ve truncada”. Sobre esto, explica la investigadora que  parte del movimiento indígena, organizaciones sociales y feministas llaman a votar nulo como propuesta ideológica para “reafirmar que el proyecto del campo popular organizado no es ni la derecha neoliberal ni el progresismo populista”. 

Si bien no creemos en las estadísticas ni en los poroteos, vale aclarar que existe una ventaja para Arauz con una posibilidad de 10 puntos sobre Lasso en algunas de las encuestadoras, aunque otras se muestran con menos seguridad y atinan un resultado más ajustado. Otra vez, como en Perú, el alto número de indecisos/as así como la decisión política del voto nulo impulsada por los movimientos populares aparece como factor sorpresa sin posibilidad de asegurar certezas.

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Por Laura Salomé Canteros @laurasalome | Fotos: @sannnnnti para @laperiodicanet

Jueves en la tarde. Cierre de campaña presidencial del candidato Andrés Arauz en Quito, Ecuador. Palco, wiphala, transmisión en vivo, reggaeton; todo a la primera vuelta, la inscripción “recuperemos la esperanza” en una bandera naranja y un pañuelo verde. El discurso encendido del frontman que pretendía conmover a quienes lo acompañaban. No sucedía. Será la pandemia.

Arauz es el favorito de las encuestas rumbo a las elecciones del domingo a pesar del desencanto tras el estallido indígena popular de octubre de 2019. Es quien se muestra como “el verdadero sucesor” del ex presidente Rafael Correa -el más conservador entre los progresistas de la región-, y quien pretende posicionarse como el político que retomará la senda de los derechos y los proyectos colectivos tras la traición y el endeudamiento neoliberal del presidente Lenin Moreno.

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Según las entrevistas realizadas a les 16 candidatos y candidata presidencial por el medio Plan V  para saber qué opinan en relación a la despenalización del aborto, siete dijeron estar a favor; tres se pronunciaron en contra; tres sugieren realizar una consulta popular y cuatro no respondieron a la información solicitada. Entre éstos últimos se encuentra Andrés Arauz.

Desde la redacción de Plan V son contundentes, el aborto “no es un tema de los planes de gobierno ni de sus agendas”, afirmando que “la mayoría de los 16 candidatos a la presidencia han evitado exponer su posición respecto a la despenalización del aborto mientras el Ecuador escala en el ranking de los países de la región con la más alta tasa de embarazo adolescente”.

Arauz, sin embargo, sí brindó información a través de su plataforma sobre otras propuestas “para mujeres”: un plan contra las violencias, erradicar la trata (sic), salarios y viviendas para víctimas del odio machista, superar las brechas salariales, paridad en la administración pública y reconocimiento del trabajo de cuidados. Nada sobre Educación Sexual Integral, acceso a los métodos anticonceptivos ni a las causales de aborto que al momento son permitidas.

Las elecciones presidenciales y legislativas en el Ecuador se dan en un contexto de descontento y fragmentación social, crisis económica debido a la pandemia y crisis de representación política. Con instituciones débiles, concentración mediática y falta de acceso al derecho a la información y una democracia centralista del poder que es cada vez más cuestionada pero que no obstante, sigue siendo golpeadas cada vez que proyectos populares avanzan a paso firme contra los privilegios de los dueños de todo en América Latina y el Caribe. Aunque este no es motivo para señalar que los derechos de las mujeres y personas LGBTTIQ+ siguen sin incluirse o a lo último.

En el Ecuador, el aborto es legal en caso de violación a una mujer con discapacidad mental y cuando el embarazo pone en riesgo la vida o salud de la persona gestante. Organismos internacionales ya exigieron al país que despenalice el aborto en casos de violación, incesto y serias malformaciones del feto. Lo hicieron desde 2015, cuando el Comité de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres (CEDAW) alertó sobre la problemática de salud pública: el limitado acceso al aborto terapéutico recae en riesgo de vida para las mujeres.

En 2013 y 2019, dos fueron las iniciativas que propusieron en la Asamblea avanzar en causales de la despenalización del aborto y que no fueron escuchadas por quienes ocupaban el parlamento. La primera, con la famosa intervención del entonces presidente Rafael Correa, quien amenazó con renunciar si se aprobaba la propuesta, que ordenó a su partido votar en contra, que terminó con tres legisladoras sancionadas y represión a las colectivas feministas en las calles.

La segunda, en septiembre de 2019, con una propuesta para la despenalización del aborto para víctimas de violación y en casos de incesto, estupro o inseminación no consentida que obtuvo 65 votos de los 70 necesarios para que sea aprobada. Esta, acompañada por grupos conservadores y antiderechos que como en toda la región se encargan de bloquear la agenda feminista y LGBTTIQ.

Desde una mirada feminista, la interrogante está planteada: de ganar el candidado por “Unión por la Esperanza”, ¿qué postura tendrá en relación al derecho al aborto? ¿Podrá, en caso de estar de acuerdo con avanzar en las causales de despenalización, “desobedecer” a lo que Rafael Correa opina sobre el derecho a decidir? ¿Cómo será la política pública en función de reducir las consecuencias de los abortos inseguros, cómo se abordará en su gobierno el acceso a los derechos sexuales y (no) reproductivos? ¿Podrá algún gobierno progresista en la región, gestionar estando en contra del aborto voluntario legal tras el reconocimiento de este derecho en Argentina?

En el acto de cierre de campaña del candidato a la presidencia Andrés Arauz había un pañuelo verde, en el puño de seguramente alguna feminista que la peleará “desde adentro”. Porque en el Ecuador, la vuelta del progresismo será con aborto voluntario legal o no será más que una farsa.

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Por María Paula Granda Vega* @paulitagran / Foto: Karen Toro

El día martes 17 de septiembre de 2019, la Asamblea Nacional ecuatoriana no aprobó la reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP) para ampliar las causales de aborto. En medio del frío quiteño, en las afueras de este edificio, recibimos la noticia como un balde de agua helada y como un baño de realidad: luego de seis años volvimos a perder en algo tan básico y humano como legalizar el aborto en casos de violación, incesto, estupro, inseminación no consentida y malformación letal del feto, que produjera inviabilidad extrauterina. A pesar de las cifras escalofriantes de las niñas obligadas a ser madres en todo el territorio nacional, los votos no fueron suficientes; las presiones de los grupos religiosos y conservadores de incluso enjuiciar penalmente a los y las asambleístas en caso de aprobar la reforma, los cálculos políticos y el conservadurismo individual fueron más fuertes a la hora de votar.

En la calle nosotras lloramos, nos abrazamos, nos indignamos, gritamos y pocos segundos después del shock, pasamos a la acción. Nuestras consignas y cánticos se volvieron más fuertes, opacando a los rezos y agradecimientos de quienes en la otra vereda festejaban la decisión de la Asamblea. Prendimos antorchas y permanecimos allí, expresando nuestro profundo rechazo a las y los asambleístas que se comprometieron con la causa y al final se ausentaron, se abstuvieron o finalmente votaron en contra. Al día siguiente se empapeló las afueras de la Asamblea con sus rostros y se los llenó de sangre de pollo, creando un muro de la vergüenza para no olvidarlos.

A la par, desde el día de la votación, las redes sociales se llenaron de mensajes de protesta, de reclamos y de análisis del por qué la reforma no pasó. Muchas personas nos llamaron “ingenuas” por creer que el aborto por violación se iba a aprobar, otras por confiar en figuras de la derecha política como María Mercedes Cuesta (asambleísta independiente) o Jeannine Cruz (CREO) quienes se pronunciaron a favor de cambiar el COIP en ese aspecto y luego no fueron o se abstuvieron. También nos denominaron “racistas” por criticar a asambleístas de Pachakutik que votaron en contra y “poco entendedoras” de la realidad del movimiento indígena. Muchas otras se solidarizaron y dieron alternativas legales y de movilización.

En este contexto, el presente artículo pretende analizar no solo el voto de las y los asambleístas, sino mostrar un panorama más amplio de dónde y cómo estamos posicionadas como movimiento de mujeres y feministas, y de lo que se viene más allá de la lucha por la despenalización del aborto en un escenario de múltiples retrocesos en el ámbito político, económico y, en general, en las conciencias de la sociedad, a lo que se suma una ola mundial de reactivación de las posiciones más retrógradas en contra de los feminismos y, en general, de los derechos de las mujeres y diversidades sexuales, además de expresiones de racismo, xenofobia etc.

La votación

Para poder aprobarse la reforma se necesitaban 70 votos afirmativos. Se obtuvieron 65, mientras que 59 fueron en contra, más las ausencias y abstenciones que sumaron 13. Ximena Peña, presidenta de la Comisión de Justicia, días antes aseguró tener 75 votos a favor, con lo que se aseguraba el cambio en elCOIP que permitiría a niñas y mujeres, víctimas de violación, acceder a un aborto legal y seguro si así lo decidían. Esta afirmación dio paso a que los grupos religiosos y conservadores redoblaran sus esfuerzos para evitar la reforma a toda costa. Hicieron ruedas de prensa conjuntas (Iglesia católica y evangélica), amenazaron a asambleístas con destitución, hicieron misas, vigilias, e incluso utilizaron el sermón de las misas del domingo para persuadir a quienes debían tomar la decisión de ampliar las causales de aborto. Algunas voces de dentro de la Asamblea inclusive hablan de la compra de conciencias y de movidas de último momento de líderes políticos de los partidos para presionar a sus bancadas. El resultado de esas acciones fue que en el camino 10 personas cambien de parecer, lo que afectó la decisión final.

Votación de la “derecha” e “izquierda”

Es evidente que la discusión del aborto todavía dentro de los partidos y movimientos políticos representados en la Asamblea gira en torno a una decisión “individual”, de acuerdo con las creencias y moral de cada quien. Por ello, en todos los bloques se decidió no imponer una posición a los legisladores, sino dejarles “en libertad”. Esto es preocupante porque refleja una incomprensión enorme de la problemática por parte de quienes hacen las leyes y deberían enfrentarla con seriedad. Los movimientos de mujeres y feministas, con aliados médicos, psicólogos, cientistas sociales y genetistas demostraron hasta la saciedad el por qué de la urgencia y necesidad de la medida. Se dejó más que claro que la violación a niñas en el Ecuador es algo de todos los días, al igual que las consecuencias de una maternidad forzada, no solo para su salud, su cuerpo, sino para su futuro y su estado mental. Lo mismo ocurrió en la demostración de la afectación psicológica hacia las mujeres violentadas sexualmente. Se dieron cifras por provincias, por edad, de cuántas mujeres y niñas son violadas a diario, de cuántas mueren en abortos clandestinos, de las que han sido criminalizadas por abortar y de las que llevan a cabo su maternidad en condiciones de pobreza. Nada importó, sino se trató el tema como algo relacionado con la religión, la personalidad y la conveniencia política de cada asambleísta.

En ese sentido, se explican los votos de los diversos personajes. Dejó de ser un tema de justicia social, de salud, de derechos fundamentales, agendas tradicionalmente cumplidas por la “izquierda”, y pasó a ser tomado como un tema de humanismo, liberalismo y conciencia individual, lo que explica la adhesión de asambleístas de derecha; mujeres y hombres del PSC e incluso una de CREO votaron a favor. Mientras que cuatro de cinco asambleístas de Pachakutik votaron en contra. Cabe mencionar que, según grupos de mujeres que estuvieron encargadas de hacer el lobby respectivo, el voto del movimiento Pachakutik no fue sorpresivo, ya que desde el inicio se mostraron en contra e indecisos y solo uno se pronunció a favor (quien finalmente votó así).

Lo ocurrido en la votación, entonces, abre los debates correspondientes sobre la calidad de la clase política en nuestro país, de la falta de representación de la ciudadanía en la Asamblea, de la responsabilidad de las estructuras de los partidos y movimientos políticos sobre la actuación de sus asambleístas y de las estrategias del movimiento de mujeres para negociar y llegar acuerdos con actores políticos y sociales para conseguir objetivos fundamentales.

En primer lugar, por la comprensión que se tiene del aborto en todas las bancadas políticas, está claro que en el imaginario social este dejó de ser una reivindicación exclusiva de la izquierda y de sectores progresistas. Es así que, si bien la mayoría de asambleístas de CREO votaron en contra, Gloria Astudillo votó a favor, así como ex parlamentarios de ese movimiento como Fabricio Villamar y Mae Montaño. Lo mismo ocurrió con los votantes del Partido Social Cristiano. En la votación de 2013, estos últimos fueron con Biblia en mano a oponerse; el día martes la mayoría votó sí con poquísimas excepciones. Incluso, una de las mayores voceras en la actualidad a favor de la despenalización del aborto y de los derechos de las mujeres es de este partido político.

Asimismo, en esta votación se cayó la falacia de que hay una vinculación automática entre las organizaciones sociales y los partidos y movimientos políticos; además, el mito de que quienes se identifican con la “izquierda” necesariamente están de facto a favor de la despenalización del aborto. La votación de Pachakutik así lo refleja, causando una gran decepción. A pesar de que la Conaie y Ecuarunari se pronunciaron a favor de la despenalización del aborto por violación, esto no se tradujo en los votos de sus supuestos representantes directos. Si bien no se puede especular por qué estos legisladores y legisladoras votaron por el no, se puede observar una falta de diálogo entre las partes, una ausencia de compromiso de la dirigencia de Pachakutik para extender la sensibilización y formación en género de sus miembros en todas las provincias, y también de enmarcar los derechos de las mujeres, donde se incluye el del aborto dentro de las cuestiones fundamentales para obtener un cambio estructural, lo que es supuestamente un objetivo central del movimiento.

Por otro lado, las ausencias y abstenciones de asambleístas mujeres que habían asegurado su voto a favor, demuestran el oportunismo político de ciertos actores que vieron en el debate la oportunidad de ganar protagonismo: pero también nos interpela a nosotras, como movimiento de mujeres, para diferenciar quiénes son las aliadas coyunturales que pueden o no fallarnos, y quiénes están en realidad comprometidas y comprometidos con nosotras y, por ende, son compañeros y compañeras de lucha.

En 2013, Paola Pabón, ex asambleísta de Alianza PAIS, luego de la presión extrema que ejercimos un grupo de mujeres en la Asamblea, mocionó votar por la despenalización del aborto en casos de violación y, al día siguiente, por amenazas de renuncia de Rafael Correa, en ese entonces Presidente de la República, y por la violencia política recibida por otros de sus coidearios, decidió retirarla “en nombre del proyecto”. En ese entonces, Gabriela Rivadeneira, quien ejercía como presidenta de la Asamblea, decidió ausentarse y desentenderse del tema, y Marcela Aguiñaga, ahora convertida en vocera de los derechos de las niñas y mujeres víctimas de violación, estuvo totalmente en contra y fue quien obligó a Rosana Alvarado, quien presidía la sesión, a suspender la votación, frenando así la oportunidad histórica de favorecer a miles de mujeres. Con ese antecedente nefasto, es inexplicable cómo ahora segmentos del movimiento de mujeres traten a estas asambleístas como “auténticas representantes”, y les dejen la cancha abierta para que se sigan posicionando políticamente. Lo mismo se puede decir en el caso de María Mercedes Cuesta y de otras, quienes, a cuenta de que estaban a favor de la reforma, se las endiosó, olvidándonos de con quiénes y con qué agenda llegaron al puesto donde están. Estas observaciones no quieren decir, de ninguna manera, que las organizaciones de mujeres no deben conversar con otras facciones políticas, están en todo su derecho; pero sí debemos ser más cuidadosas en el manejo de nuestras alianzas y, sobre todo, saber que un apoyo coyuntural tiene sus riesgos. En este caso, nos costó la aprobación del aborto por violación y las otras causales, afectando sobre todo a las mujeres y niñas más empobrecidas.

La movilización, lo que se ganó

A diferencia de 2013, donde se aprobaron las reformas al COIP bajo el mando correista, hoy, en 2019, se puede decir con toda seguridad que se logró despenalizar el aborto por violación en las calles, en el conjunto de la sociedad. Hay varios datos que confirman que, en general, la gente aprueba una reforma de esa naturaleza, por lo que la Asamblea se habría ido en contra de la mayoría de sus representados. Eso, de por sí, ya es un pequeño triunfo ganado con muchísimo esfuerzo de las diversas colectivas, quienes elevaron el debate y, sobre todo, lo posicionaron en el ámbito público.

Esto se reflejó en las calles de diversas provincias del país, donde hubo una importante movilización social. Mientras que en 2013, fuimos pocas las que emprendimos acciones por la despenalización, seis años después estuvimos muchísimas más de distinta clase social, etnia y edad. Sin duda, esta puede ser considerada una ganancia en medio de la tragedia, porque la expresión en las calles nos da la garantía de que la presión social va a continuar hasta que se logre legalizar. Esto es algo que se dejó muy claro la misma noche de la votación, donde con nuestros pañuelos verdes, tambores, banderas, carteles y consignas reafirmamos nuestro compromiso con las vidas de miles de mujeres y niñas ecuatorianas.

Cabe reiterar que, a pesar de la cobardía y traición de ciertos elementos al interior de la Asamblea Nacional, la reforma para la legalización del aborto en casos de violación y en las otras causales mencionadas, alcanzó la mayoría de votos de los legisladores. Esto sienta un precedente positivo en el ámbito legislativo y en la sociedad para continuar luchando por la propuesta, no solo a nivel de la Asamblea, sino ya en otras instancias, además que permite ejercer presión sobre el Gobierno Nacional para que se tomen medidas que remedie el despropósito de no haber aprobado la reforma, dejando en la completa indefensión a las víctimas.

Lo que se viene

Además de estas acciones concretas de presión y de movilización, lo que nos corresponde es seguir entablando diálogo con todos los sectores sociales organizados y no organizados. Tomando en cuenta nuestra falta de recursos, debemos aunar esfuerzos para elaborar estrategias conjuntas de comunicación y de formación que contrarresten de manera efectiva el embate de los grupos conservadores y religiosos, que cada vez toman más fuerza y logran incidir políticamente. Es hora de armar un frente que aglutine a las diversidades de las distintas organizaciones para poder construir alternativas que sean viables, que sean bien recibidas por la ciudadanía y que se adecuen a las diferentes realidades de nuestro país.

Debemos dejar de lado un feminismo blanco, colonizado por los discursos europeos o argentino y otros feminismos que han tomado fuerza en otras regiones de Latinoamérica, pero que no necesariamente se corresponde con las vivencias cotidianas de Ecuador. Hay que tomar lo mejor de estos, pero armar nuestra propia resistencia antirracista, anticolonial, antipatriarcal, no heteronormada y anticapitalista. Esto implica, también, recoger las experiencias de quienes nos antecedieron en esta lucha en el mismo movimiento de mujeres ecuatoriano y tender puentes con diversas compañeras de experiencia, como un ejercicio de humildad y reconocimiento, sin dejar de ser críticas e innovadoras para caminar hacia adelante.

Con todo esto, debemos repensar nuestras formas organizativas y nuestra relación con el Estado y con los partidos y movimientos políticos, y no descartar por completo la conformación de organizaciones que puedan acceder a la Asamblea y otros espacios que nos permitan cambiar la realidad desde las leyes y políticas públicas. Debemos reconciliarnos con la política y con el hacer política activa, para poder atacar desde varios frentes y no depender de alianzas que, el rato de los ratos, velarán por sus intereses y no por los de nosotras ni los de nuestro pueblo. ¡Vamos a transformarlo todo!

*original en La Periódica de Ecuador 

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Una gran incertidumbre atraviesa la coyuntura política ecuatoriana. Trascurridos menos de tres meses desde que Lenín Moreno asumió la presidencia en un ajustado triunfo del oficialismo de Alianza País, se desconoce el rumbo que tomará la continuidad del proyecto político que articuló la Revolución Ciudadana desde hace 10 años. Si al inicio dio señal de apertura hacia las organizaciones, movimientos y fuerzas políticas de oposición por el espectro de las izquierdas, luego varios hechos concretos expresaron un peligroso acercamiento a los sectores de poder económico tradicional del Ecuador. En el límite, las declaraciones sobre la situación económica responsabilizan a la Revolución Ciudadana por la crítica situación de la economía y llama al pueblo ecuatoriano a la austeridad.

Orígenes del distanciamiento

Inmediatamente después de su asunción como presidente, Moreno anunció un conjunto de primeras medidas que venían a reforzar su perfil consensual y dialoguista en oposición a Rafael Correa. Algunas de las acciones anunciadas en primera hora eran esperadas por gran parte de los sectores excluidos de la arena política. Así, el llamado al diálogo con organizaciones indígenas y la devolución de la sede a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), sumado al reclamo de cesar la criminalización de la protesta, queda efectivamente en entredicho.

A la poco fortuita acusación de Correa de que “entregar la sede a la CONAIE por 100 años era una ofensa a título casi personal”, le sobrevino la aún más baja respuesta de Lenín de que Correa estaba teniendo cierto “síndrome de la abstinencia de poder”. Frases que sellaron el tono de acusaciones que, expresadas por Twitter, van marcando la agenda política. Es cierto que Moreno no fue la figura de transición consolidada por su rol en la escena política, tampoco que fuera el “nombre” elegido por Correa. De hecho, desde el terrible terremoto que sufrió el pueblo ecuatoriano el 16 de abril de 2016, Correa pareció hacer un guiño de legitimidad al entonces vicepresidente Jorge Glas, ubicándolo en el cargo de las responsabilidades sociales para la “Reconstrucción” económica (que en un momento tan sensible podrían traducirse en mayor popularidad). Glas ha sido un hombre clave de la política productiva, encargado de sectores estratégicos, con poca aceptación de los sectores críticos al Gobierno y salpicado por las denuncias de corrupción. Por su parte, Moreno gozaba de mayor aceptación por su capacidad de maniobra en áreas como la salud y las políticas públicas implementadas para las personas en condición de discapacidad; además, fue vicepresidente en la época dorada de Alianza País (AP) donde logró articular diferentes expresiones de su propio partido. Todo esto tuvo su correlato cuando en plena campaña, Carlos Pareja Yanuzelli (exgerente de Petroecuador y exministro de Hidrocarburos) vinculó a Glas con casos de corrupción, sin embargo la fórmula Lenin/Glas triunfó en las urnas, y el nuevo Gabinete de Moreno expresó las diferentes tendencias internas existente.

Simbaña: “Sigue siendo una debilidad de las organizaciones populares no consolidar una propuesta electoral nacional”

Dialogo u oposición

Las inquinas se generalizaron cuando Correa denunció que Moreno había cerrado un pacto con los Bucaram para entregar la gestión de la Corporación Nacional de Electricidad. Luego, en un guiño hacia los sectores de la derecha empresarial vinculada a las cadenas comunicacionales, Moreno se comprometió a “revisar” la Ley de Comunicación, y nombró a Andrés Michelena como nuevo gerente general de los Medios Públicos, sustituyendo a figuras del círculo de lealtades de Correa. La designación de Fernando Larenas, exjefe de redacción de El Comercio (principal medio de la oposición) al frente del diario El telégrafo (oficialismo) provocó rechazos dentro de AP, al tiempo que fue celebrada por el paladín de la derecha Guillermo Lasso (movimiento CREO).

Luego de la aparición de una supuesta conversación entre el excontralor general Carlos Pólit y un exejecutivo de la empresa Odebrecht donde se involucra a Glas, Moreno le quitó las funciones dentro del Comité Ejecutivo del Consejo Consultivo Productivo y Tributario, así como del Comité para la reconstrucción. Comenzaron a proliferar las exigencias de destitución o juicio político, mientras Pareja Yannuzzelli retornaba a Ecuador a dar declaraciones. En el limitado margen que tiene la figura del vicepresidente en el actual sistema político, Glas manifestó que aun así, seguirá siendo el vicepresidente de Ecuador.

Finalmente, la disputa se instaló en el núcleo del binomio de gobierno, la corrupción quedó mediáticamente asociada con Glas y no con las comprobadas cuentas off shore de Lasso, y la oposición en la Asamblea se articuló para presentar una “agenda de gobernabilidad” (sujeta a una consulta popular) a fin de desmontar el “correismo” en los organismos de control, anular la reelección indefinida y eliminar el concepto de la comunicación como servicio público. Mientras la oposición ataca al correismo, Moreno pone en duda su propia representatividad, subestimando el componente afectivo de la política al atacar duramente al proyecto de la Revolución Ciudadana y sus figuras claves.

Ecuador: marchas y contramarchas por la Ley de Herencia

“Winter is coming”

El escenario es aún más preocupante cuando lo cruzamos con las declaraciones en materia económica. El reciente discurso de Moreno en la presentación de la reforma de presupuesto nacional para 2017, responsabiliza al gobierno anterior de haber consolidado una deuda total inmanejable de más de 60 mil millones de dólares, poniendo en riesgo la soberanía nacional. Moreno propone una estrategia consistente en aumentar el ingreso de dólares, dinamizar el sector de la construcción, revisar la ley de plusvalía, fomentar la repatriación de capitales, impulsar el uso de medios de pago digitales (dinero electrónico), llevar a cabo medidas de optimización de recursos del Estado y direccionar la inversión pública hacia lo “estrictamente necesario”. La propuesta presupuestaria de 36.818 millones de dólares, representa un incremento de 2% con respecto al presupuesto del año anterior y establece un conjunto de prioridades de gasto y previsión de ingresos. En septiembre se presentará el plan de gestión económica para el periodo completo de su mandato. En líneas generales no hay grandes transformaciones, ni en el sistema cambiario, ni en las prioridades de gasto, pero sí se le da mayor margen de acción a la banca privada permitiendo su participación en los mecanismos de dinero electrónico junto al Banco Central.

La estrategia de gobernabilidad del “Diálogo Nacional” ha triunfado logrando la aceptación al gobierno de todos los sectores de oposición que ya ni se acuerdan de sus denuncias de fraude electoral y de las manifestaciones para anularlas. Sin embargo, asustan los signos de demasiada permeabilidad que parece tener el presidente con los intereses especulativos financieros. La ambivalencia del dialogismo es inversamente proporcional a la del mismo Correa, quien, en tantos años de combate contra la “corporativización” también había aglutinado a toda la ‘otredad’ en el bando de enfrente. Ni antes ni ahora estos dos bloques de oposición eran/son lo mismo, aunque sus límites se fueron desdibujando tanto en las articulaciones políticas locales, como en las movilizaciones de junio de 2015, y en el marco de la polarización de la segunda vuelta electoral donde el candidato de las izquierdas, Paco Moncayo, llamó a votar a Lasso, y tras él también lo debatieron un conjunto de fuerzas políticas y organizaciones sociales.

El problema de permanecer en esta delimitación del antagonismo es que las luchas populares pueden salir aún más fragmentadas. En gran parte, la recomposición de las fuerzas populares ecuatorianas depende de que las luchas y organizaciones sociales que durante años enfrentaron la continuidad rentista, primario-exportadora del régimen de AP no se vean envueltas en una promesa de diálogo que fortalezca al Gobierno mientras este se sume en una política regresiva para el campo popular. De otra parte, las bases que aún sobreviven dentro de AP, si ven al gobierno actual traicionar las banderas de la propia Revolución Ciudadana, deberán luchar por asumir una agenda que abandone la dicotomización construida durante todos estos años entre el “bienestar general” en términos redistributivos y las “causas particulares”, y reconocer (articulándose con ellas) el componente de universalización que tienen estas luchas que hasta aquí fueron excluidas como corporativas. Por último, las figuras de AP que permanecen formando parte de las funciones públicas y el propio Buro político, deben presionar para evitar la profundización que impone la contracción económica, para que no lleve al gobierno ecuatoriano bajo las propias banderas de la Revolución Ciudadana a protagonizar el giro a la derecha en que están sufriendo los pueblos latinoamericanos.

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El próximo domingo en Ecuador se juega una pulseada continental: si Lenín Moreno gana, los gobiernos pos-neoliberales en América Latina podrán recobrar un vital impulso; si pierde, la derecha regional insistirá con dar por cerrado el ciclo inaugurado por Hugo Chávez en 1998 y acelerará su ofensiva contra los gobiernos alternativos que aún quedan en pie. El enfrentamiento de Rafael Correa con el movimiento indígena y sectores de izquierda, y la reticencia de éstos a apoyar al candidato oficialista, podría ser determinante frente a una segunda vuelta reñida. Aprendizajes para lo que viene.

En esta segunda vuelta el oficialista Lenín Moreno enfrentará al banquero neoliberal Guillermo Lasso, quien aglutina a distintos sectores conservadores tras su promesa de destronar al “régimen” de Alianza País. En primera vuelta, Moreno no logró –por muy poco– el 40 por ciento necesario para imponerse sin balotaje. Lasso obtuvo el 28 por ciento, seguido por Cynthia Viteri (16 por ciento); otro candidato con programa conservador, Abdalá Bucaram (hijo del expresidente) obtuvo cerca del 5 por ciento. Esos tres candidatos congregaron un voto opositor por derecha que, si se mantiene ahora concentrado en el principal contrincante de Alianza País, podría garantizarle un piso cercano al triunfo (la suma de los tres guarismos da 49 por ciento). Por su parte, las encuestas… las encuestas suelen fallar –así sucedió en la primera vuelta–, por intencionalidad manifiesta o por desacople de la realidad más profunda, así que sigamos el análisis con base en elementos más verificables.

En medio de los dos contendientes principales quedó la candidatura de Paco Moncayo con 6,7 por ciento. Con fuerte apoyo de organizaciones indígenas y sectores populares opuestos al correísmo, Moncayo recogió el descontento con el gobierno pretendiendo desmarcarse de las propuestas neoliberales. Siguiendo con el análisis de los resultados de primera vuelta, cabe señalar que, con apenas un 0,7 por ciento más de los votos a su favor, Lenín Moreno hubiera ganado la presidencia sin balotaje. ¿Es legítimo especular con que parte de los votos que fueron al centroizquierdista Moncayo, al ser de origen de izquierda o popular, bien podrían haber reforzado la candidatura oficialista con la intención de bloquear definitivamente el acceso al gobierno a la derecha neoliberal?

Lo que en las matemáticas electorales resulta evidente en política no lo es tanto. Entre el correísmo y los sectores populares que apoyaron a Moncayo hay un antagonismo alimentado por diez años de conflicto que, a esta altura, parece insalvable. El caso resulta emblemático porque esa escena, que podríamos simplificar con la imagen de un progresismo en el gobierno enfrentado con expresiones del movimiento popular que se afirman en posiciones de izquierda, no es exclusiva de Ecuador: en general, los gobiernos que protagonizan o protagonizaron el “ciclo progresista” (Argentina, Brasil, Bolivia, Venezuela, Uruguay, Nicaragua, El Salvador), han tenido –o incuban– similar contradicción.

Progresismos e izquierdas

En un análisis que excede a Ecuador, el investigador uruguayo Eduardo Gudynas marca “una divergencia cada vez mayor de los progresismos con las posiciones de las izquierdas que les dieron origen”. Caracteriza que los progresismos en el gobierno resignaron la necesidad de debatir las concepciones de desarrollo desde posiciones anticapitalistas, como sí proponía la izquierda que alentó las luchas que precedieron a los gobiernos pos-neoliberales; que la concepción de justicia social de aquellas izquierdas excedía el asistencialismo en el que recayó la gestión de los gobiernos en cuestión, y que la agenda de derechos humanos, pilar de la resistencia a las dictaduras primero y al neoliberalismo después, fue abandonada “poco a poco” desde los gobiernos (1).

La crítica resulta válida, aunque tal vez injusta si se aplica a todos los gobiernos como si fueran un sólo bloque (en esa fórmula suelen caer los críticos por izquierda al “ciclo progresista”, haciendo énfasis en las limitaciones o claudicaciones de los gobiernos más moderados y englobando en ello a procesos más complejos y coherentes en sus intenciones de cambio). La diferenciación más habitual que suele hacerse desde la izquierda es entre gobiernos “neodesarrollistas” moderados (Argentina, Brasil, Uruguay) y otros que el economista Claudio Katz denominó como “nacionalistas-radicales” (Venezuela, Bolivia). Puede resultar válido señalar que la idea de justicia social con la que surge el Partido de los Trabajadores (PT) en Brasil o que se reclamó en las calles argentinas a fines de 1990 dista mucho del asistencialismo del plan Fome Cero o del manejo clientelar de los subsidios que hizo el kirchnerismo; sin embargo, resulta claramente desacertado calificar como “asistencialismo” o “clientelismo” a las experiencias de autogestión comunal en la Venezuela bolivariana o las conquistas notorias de derechos históricamente negados a los pueblos originarios en Bolivia.

Siguiendo con ese análisis, ¿en cuál categoría entra Ecuador?

¿Revolución? Ciudadana

“El modelo de acumulación no lo hemos podido cambiar drásticamente. Básicamente, estamos haciendo mejor las cosas con el mismo modelo de acumulación, antes que cambiarlo, porque no es nuestro deseo perjudicar a los ricos, pero sí es nuestra intención tener una sociedad más justa y equitativa.” (Rafael Correa en entrevista a El Telégrafo, enero de 2012)

La brecha creciente que, en términos genéricos, marca Gudynas entre el progresismo y la izquierda tiene expresiones particulares en cada realidad concreta. En Argentina, el kirchnerismo y la izquierda (la trotskista vinculada a luchas obreras y con presencia parlamentaria, o la independiente con anclaje en el movimiento barrial y estudiantil) no han congeniado en 12 años; en Ecuador ese desacuerdo tomó forma de confrontación entre el gobierno de Alianza País y los movimientos indígenas, ambientalistas, feministas y sindicales. La imagen de un caudal determinante de votos provenientes de sectores populares contrarios al correísmo en las últimas elecciones grafica un conflicto que tiene raíces de fondo en el modelo económico y político por el que optó Alianza País.

Durante los primeros años el gobierno de Correa promovió cambios sustanciales, en sintonía con las demandas populares que habían puesto en crisis el paradigma neoliberal: el fin del convenio militar con Estados Unidos que impidió la continuidad de su base militar en territorio ecuatoriano; la caducidad del contrato con la petrolera norteamericana Oxy; la suspensión del TLC con Estados Unidos y la declaración de ilegitimidad de un tramo de la deuda externa; la incautación de bienes de banqueros implicados en la quiebra del sistema financiero en 2000 y la creación de una Comisión de la Verdad para investigar casos de violación a los derechos humanos, entre otros. La Constituyente de 2008 incluyó definiciones de avanzada, como el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado y el robustecimiento de mecanismos de democracia “directa, participativa y deliberativa”. A la vez, Ecuador acompañó los indicadores de crecimiento que tuvieron otros gobiernos: en toda la región la pobreza global disminuyó de 44 a 31,4 por ciento promedio entre 2001 y 2011, y la pobreza extrema de 19,4 a 12.3 por ciento. Tras esos indicadores favorables hubo incrementos salariales y políticas asistenciales que mejoraron la situación objetiva de los sectores excluidos (2). En ese contexto, y durante el primer impulso de gobierno con el grueso del movimiento popular organizado de su lado, Correa logró de entrada altos porcentajes de popularidad, por ejemplo el 63 por ciento con el que se ratificó la nueva Carta Magna en 2008.

En aquella coyuntura inicial, Alianza País mantuvo alianzas con el movimiento indígena y diversos sectores sociales. Pero con los años, “el movimiento gobernante tendió a subestimar el aporte de las organizaciones sociales mientras éstas exigían real participación” (3). De ahí en más (2011-2012), la Revolución Ciudadana sumó a la confrontación que ya tenía por derecha, la enemistad de una parte importante del movimiento indígena, sectores sindicales, organizaciones feministas, movimientos ambientalistas y pequeñas fuerzas de izquierda.

El movimiento indígena, expresado centralmente en la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), le reclamó al gobierno la Ley de Recursos Hídricos (2014), y chocó con el gobierno en luchas por la defensa del territorio ante proyectos extractivistas; los gremios de maestros confrontaron las reformas regresivas en materia de educación; los colectivos feministas resistieron una política de agresión discursiva y estigmatización promovida desde la propia voz presidencial… Así el correísmo fue desgastando en parte su adhesión popular.

El hecho de que la Revolución Ciudadana haya contado durante toda su primera etapa (2007-2014) con un ciclo económico internacional favorable por los precios de los commodities, no aminoró la conflictividad con sectores populares organizados, sino al contrario. En un rapto de sinceridad que no volvió a repetir después de la entrevista de 2012 con el diario El Telégrafo, Correa reconoció no haber cambiado el modelo de acumulación (“no es nuestro deseo perjudicar a los ricos”, justificó) aunque, siendo estrictos, deberíamos decir que el modelo, entendido en términos de su matriz extractivista, no sólo no se cambió sino que se profundizó en perjuicio de las comunidades y a favor de las multinacionales que hicieron sus grandes negocios con la Revolución Ciudadana. Los proyectos extractivos se multiplicaron con los años y, de la mano de eso, el correísmo definió un modelo político burocrático-estatal, aséptico a los sectores movilizados y refractario a cualquier voz popular disidente.

La primera vuelta electoral graficó las consecuencias de este enfrentamiento: el partido gobernante perdió votos decisivos en la mitad del país campesino e indígena, principalmente en las regiones donde hubo mayor conflictividad social por cuestiones ambientales y extractivistas (ver gráfico). Por supuesto que hay otros factores de incidencia electoral más complejos, como la pérdida de apoyo de sectores medios beneficiados por el consumismo fruto del crecimiento económico que entró en crisis durante los últimos años, o el poderío económico y propagandístico de la oposición de derecha que logra mostrarse como cordero ante un electorado receptivo a propuestas de cambio. También hay un cuestionamiento genuino sobre posiciones que adoptaron algunos referentes indígenas en clara alianza con sectores de la derecha; aunque minoritarias, esas expresiones resultaron funcionales a los sectores conservadores sobre los que se apoyaron y también a quienes, desde el oficialismo, se regodearon en estigmatizar al movimiento indígena en su conjunto. Como fuera, unos y otros factores no son el objeto de este análisis. A los fines de un balance útil al campo popular, mantengamos el foco en analizar el costo que debió pagar el correísmo (y que, esperemos que no pero aún puede pagar, de cara a la segunda vuelta electoral) al subestimar y enfrentar a sectores dinámicos del campo popular en nombre de un modelo económico que, a la larga, también terminó quitándole base social.

Espejos

Días pasados, organizaciones de Argentina y Brasil difundieron una carta abierta titulada “Pueblo del Ecuador: ¡No elijas a un representante de la derecha financiera!”. El texto lleva las firmas de importantes sectores populares como el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), Patria Grande o el Movimiento Evita de Argentina, y la Central Única de Trabajadores (CUT) y el Movimiento Sin Tierra (MST) de Brasil. Allí ponen como ejemplo los casos de ambos países en los que la reacción conservadora logró hacerse con el control del Estado después de más de una década de gobiernos progresistas. El caso que podría ser más similar a Ecuador es el de Argentina, ya que allí el cambio de gobierno se produjo por medio de una contienda electoral. La carta advierte: “Hace poco más de un año, Argentina vivió un momento similar. El 22 de noviembre de 2015, en el balotaje, triunfó por un margen muy pequeño (2,7 por ciento) el candidato Mauricio Macri (…) A partir de su asunción, las políticas de su gobierno no dejaron lugar a dudas: gobierna sólo para los ricos. Las tarifas de agua, luz y gas aumentaron inmediatamente: en los primeros meses de 2016 el tarifazo alcanzó entre el 100 y el 400 por ciento. Y a principios de 2017 volvió a aumentar. El precio del transporte se duplicó hace un año y ahora pretenden aumentarlo otro 60 por ciento más”.

La voz de alerta es justa y necesaria; los perfiles de los candidatos de derecha en uno y otro caso son similares y, más allá de los aspectos personales de cada cual, el programa de la restauración conservadora es continental, lo que puede variar son los niveles de ilegitimidad (Brasil) o violencia (Venezuela) a los que estén dispuestos a acudir para lograr sus objetivos.

Pero hay otra imagen del espejo argentino que se replica en Ecuador, que suele ser más incómoda para quienes defienden de manera acrítica a los gobiernos progresistas. Tanto en un país como en otro, desde el gobierno se dieron dinámicas de exclusión, desmovilización y en algunos casos persecución a expresiones del movimiento popular. Esto, además de ser contradictorio con la retórica popular y hasta revolucionaria que sin excepción estos gobiernos esgrimieron, a la larga les restó un apoyo vital. Esas actitudes erradas desde los gobiernos por lo general fueron y son acompañadas por una notoria falta de sentido crítico entre quienes se constituyen en bases de sustento y defensores de lo que, de hecho, es un gran proceso de cambios digno de ser defendido. Pero el silencio acrítico suele ser una mala receta, más en momentos en los que toca rectificar.

¿Medidas económicas y políticas contra el movimiento popular deben entenderse como hechos “menores” respecto al factor geopolítico? ¿Señalarlas es hacerle el juego a la derecha? ¿Hay que callar los aspectos antipopulares de los gobiernos progresistas “más allá de la justicia o no del reclamo, más allá de la mayor o menor importancia del tema”, como propuso el sociólogo Emir Sader antes de la primera vuelta electoral, mientras el pueblo Shuar era reprimido en favor de la incursión minera de capitales chinos? No habían pasado 48 horas de la elección de primer término cuando Enrique Tiwiram, vocero del pueblo Shuar, fue detenido como parte de un largo proceso de criminalización de la protesta social. Si bien ya fue liberado, su proceso penal es parte de los más de 700 casos de persecución judicial documentados durante los 10 años de Revolución Ciudadana (4). Peor suerte corren el líder indígena Agustín Wachapá (5) y el sindicalista Stalin Robles (6), ambos en prisión, uno por “incitación a la discordia” y el otro por haber apoyado el levantamiento indígena de 2015.

La exigencia de libertad a los militantes populares perseguidos por luchar es una bandera de la izquierda continental que suele defenderse con generosidad más allá de mayores o menores afinidades políticas. Sin embargo, es estridente el silencio en torno a los presos políticos en Ecuador. ¿Los líderes populares encarcelados durante el gobierno de Rafael Correa no merecen ser defendidos, política y públicamente, más allá de las fronteras? Hay una cuestión de principios que debería motivar a alzar la voz. Desde una ética guevarista, si se quiere, por aquello de “sentir cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo”. Y si no, en el caso de los gobiernos, tal vez por mero pragmatismo, ya que es evidente que cierta pérdida de apoyo social tiene que ver con las decisiones económicas y políticas que contradicen los intereses de sectores populares, los que deberían ser considerados base y esencia de un proyecto de transformación social y no contrincantes a los cuales someter y disciplinar.

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Ahora bien, volvamos al principio: el próximo domingo se juega una partida de importancia continental para los progresismos, los movimientos populares, las izquierdas y las personas de bien en general: nada bueno podrá esperarse si el candidato de Alianza País es derrotado. Ojalá Lenín Moreno se imponga y que quienes se lamenten de la derrota sean los grandes dueños de todas las cosas que esperan readueñarse del aparato del Estado ecuatoriano con el triunfo del banquero Lasso.

Ya que estamos con expresiones de deseos: sería bueno que Alianza País, una vez que gane, tienda puentes y reconvoque al conjunto del movimiento popular, desarrolle una gestión de gobierno que profundice reformas estructurales, revea esa limitación reconocida por el propio Correa y sí se decida por “cambiar el modelo de acumulación” sin miedo a “perjudicar a los ricos”.

Por último, más allá y más acá del resultado electoral: es deseable también que, tanto para defender los avances logrados allí donde los hubo como para resistir el embate neoconservador y preparar un reimpulso de los proyectos populares a nivel continental, nos animemos a balances críticos sin temor a debilitar por ello procesos que, aun con sus contradicciones, defendemos y valoramos. A fuerza de algunos reveses vamos dándonos cuenta que las debilidades no están en la crítica y autocrítica necesaria desde el campo popular sino en las flaquezas y claudicaciones que se manifestaron, desde esos procesos, en favor de la derecha y el gran capital; ante ello, la capacidad de cuestionar para rectificar, sumado a la reafirmación del principio de que “con el pueblo todo, sin el pueblo nada”, tenemos una base posible donde hacer pie para reacumular fuerzas e ir por más.

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* Pablo Solana es editor de la editorial La Fogata y la revista Lanzas y Letras (Colombia). Coordinador, junto a Gerardo Szalkowicz, del libro América Latina. Huellas y retos del ciclo progresista (en prensa).

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(1) Gudynas, E. “Los progresismos sudamericanos: Ideas y prácticas, avances y límites”. En Rescatar la esperanza. Más allá del neoliberalismo y el progresismo. Entrepueblos, Barcelona, 2016.

(2) Datos de la CEPAL. Citado en Svampa, M. “Crítica a los progresismos realmente existentes”. En América Latina. Huellas y retos del ciclo progresista. Sudestada, Buenos Aires, 2017 (en prensa).

(3) Ramírez Gallegos, F. y Stoessel, S. “Una década de Revolución Ciudadana: posneoliberalismo y conflictividad”. En América Latina. Huellas y retos del ciclo progresista. Sudestada, Buenos Aires, 2017 (en prensa).

(4) Karla Calapaqui Tapia, K. Criminalización de la protesta 2007-2017. https://es.scribd.com/document/343034612/Ecuador-850-criminalizados-en-el-gobierno-de-Rafael-Correa

(5) “Agustín Wachapá fue pisoteado y humillado durante su detención”. En Resistir es mi derecho. http://resistiresmiderecho.org/?s=agust%C3%ADn+wachapa

(6) “Stalin Robles, uno de los 7 de Pastaza”. En Resistir es mi derecho. http://resistiresmiderecho.org/stalin-robles-uno-los-7-pastaza-conoce-historia/

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El gobierno de Rafael Correa logró la aprobación de un paquete de enmiendas constitucionales, en medio del rechazo de la derecha y de sectores de izquierda.

El pasado 3 de Diciembre, la Asamblea Nacional Legislativa, aprobó con 100 votos a favor, 1 abstención y 6 votos en contra, el proyecto de enmiendas constitucionales promovido desde el Ejecutivo. A las afueras del palacio, se vivía una verdadera batalla campal. Sectores de izquierda (liderados por la Conaie, el Frente Unitario de Trabajadores, el Frente Popular, etc.) que consideran que el paquete de reformas son un retroceso respecto de los derechos conquistados en la Constituyente del 2007, protestaban contra las enmiendas, así como también lo hacía la derecha liberal.

La enmienda es la figura jurídica para realizar una corrección al texto constitucional, allí donde la gramática o un error lingüístico no permiten la correcta interpretación del espíritu de los artículos. Por lo mismo, son resueltas por la Asamblea Legislativa. Sin embargo, una reforma constitucional, que transforme el sentido y los alcances de cualquier artículo, es potestad única del conjunto del pueblo, por lo que la propia Constitución de Ecuador exige  una convocatoria a consulta popular.

Con un cinismo inigualable, las figuras legislativas de Alianza País promocionaron el paquete de enmiendas constitucionales como una oportunidad para “ampliar la democracia”, establecer igualdad de derechos para los trabajadores y velar por el derecho a la comunicación. Sin embargo no fue suficiente. Según CEDATOS, el día anterior a la votación el 85% de la población desconocía los contenidos de las enmiendas y el 86% consideraba que debían tramitarse a través de Consulta Popular.

Las reformas más polémicas

• Las FFAA a la calle

Hace unos meses, el gobierno de Rafael Correa utilizó el Ejército para reprimir el levantamiento indígena en Saraguro, bajo la figura de Estado de Excepción decretado por el supuesto peligro por la erupción del volcán Cotopaxi. Esta situación pasará a ser la norma: Las Fuerzas Armadas incorporan con las enmiendas un rol complementario en la seguridad interna del Estado, dándole la facilidad al gobierno de militarizar las calles. La asambleísta de Alianza País, María Augusta Calle ha justificado la decisión argumentando que “la guerra y la defensa ya no están en las fronteras, sino dentro de las ciudades” y que “hoy más que nunca, el Ecuador se enfrenta a nuevas amenazas que superan la tradicional visión sobre conflicto armado, dando paso a guerras no convencionales donde el enemigo no defiende la bandera de ningún país pero sí ataca a la soberanía nacional, a nuestro valores, a nuestro modo de vivir […] ya no estamos en la época de la doctrina de seguridad nacional […] pero han surgido nuevos retos y nuevos desafíos”. 

• La desaparición del sindicalismo en el sector público.

La Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) de 2010 diferencia entre obreros y servidores públicos, quitando a estos últimos la posibilidad de acogerse al Código del Trabajo, cuerpo legal donde se garantiza el derecho a la contratación colectiva y todo aquello que asegura la estabilidad laboral y el derecho a la libre asociación de los trabajadores y trabajadoras. La enmienda elimina la categoría de “obreros” en el sector público, poniendo a todos los trabajadores del Estado bajo la LOSEP, y aboliendo de un plumazo los derechos más básicos obtenidos en la lucha sindical del último siglo para el sector público. Cabe mencionar que en el Ecuador, el sindicalismo público aglutina al 70% de los trabajadores agremiados, demostrando la brutal política anti obrera del correísmo.

• Eliminación de las consultas populares en los gobiernos locales.

Se especifica que los gobiernos autónomos descentralizados sólo podrán convocar a consultas populares sobre los temas que sean de su competencia, eliminando la posibilidad de que las autoridades locales den voz a la ciudadanía para expresarse sobre las medidas del Ejecutivo que afectan sus territorios, particularmente cuando se ha comprobado innumerables veces que la consulta previa conducida por el Estado como un “requisito” para avanzar en los procesos de explotación minera y petrolera.

• Desmontar la Contraloría para continuar la corrupción de los caudillos locales de Alianza País

 En adelante, la Contraloría ya no podrá auditar a la ejecución presupuestaria en relación a “la consecución de los objetivos de las Instituciones del Estado”, librando a las autoridades públicas de cumplir con la planificación y los presupuestos participativos, alimentando la corrupción ya groseramente estructural del Estado ecuatoriano, y dando mayor libertad para que los recursos públicos se defalquen en actos políticos (las acostumbradas contra marchas) y en alimentar la voracidad de los caudillos locales.

• El control sobre la comunicación 

La comunicación como un servicio público se prestará a través de medios públicos, privados y comunitarios. El derecho a la comunicación refiere a una necesidad humana, que hace parte de la cultura no refiere sólo libertad de expresión e información. La definición de la comunicación como servicio público restringe este derecho y lo subordina a la lógica de una prestación administrada o regulada por el Estado. Como si eso fuera garantía alguna de la calidad, accesibilidad o libertad en la comunicación. Por el contrario, evidencia que para este gobierno, la lucha contra los monopolios mediáticos y la garantía del derecho a la comunicación estarían dadas por el control del Estado, y no en la democratización y descentralización a lo popular y lo comunitario. Todo consistente con una Ley de Comunicación que demagógicamente democratiza las frecuencias mientras establece un control minucioso que socava la libertad de expresión.

Alianza País: ¿al fondo a la derecha?

En este contexto, las otras enmiendas que permiten la reelección indefinida y la postulación a la presidencia de la República desde los 30 años, que fueron el eje de la crítica de los partidos de derecha, no son precisamente lo más preocupante. El condumio de las enmiendas constitucionales vulnera los derechos de los sectores populares y resquebraja las garantías democráticas para la resistencia y la lucha social. Frente a ello fue posible una alianza obrero-campesina-indígena que ha estado convocando a la sociedad a movilizarse todo el último año, alcanzando picos de lucha como el Levantamiento del Pueblo el agosto pasado, que fue brutalmente reprimido dejando un saldo de más de 130 luchadores indígenas y populares procesados. El 3 de Diciembre no fue diferente: 21 personas detenidas y condenadas a 15 días de prisión sin pruebas.

Dos días más tarde, con el mismo cinismo que ha envuelto todo este proceso, Correa anunció un segundo paquete de enmiendas que incluye: armonización de la regulación de la propiedad intelectual hacia el TLC con la Unión Europea, flexibilización a la prohibición de apropiación de los conocimientos ancestrales, levantamiento a la prohibición de introducir semillas y cultivos transgénicos, restricción al derecho a la resistencia y mayor control del Estado sobre el agua (siempre en contradicción con la gestión comunitaria). Una estocada al mundo indígena y campesino.

Algunos pugnan por la necesidad de un nuevo acercamiento de los gobiernos progresistas a los movimientos sociales a la luz de las derrotas electorales de Argentina y Venezuela. Sin embargo, ante estas señales pareciera más fácil dudar de los caminos que está tomando la Revolución Ciudadana. Ante este gobierno o futuros gobiernos de derecha, lo cierto es que se ha dejado consolidando un Estado con una capacidad de control y represión que no se conoció en el periodo neoliberal, atentando contra la posibilidad de las clases populares de defenderse de lo que se viene.

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 Por Jacqueline Aimacaña

 El pasado 11 de noviembre, el gobierno de Rafael Correa enfrentó una movilización popular desde movimientos sociales, en rechazo a las enmiendas constitucionales, que permitirían la reelección del mandatario y críticas a la política extractiva.

 El Colectivo Unitario de Trabajadores Organizaciones Sociales e Indígenas encabezó un nuevo ciclo de movilizaciones que se llevaron a cabo el miércoles pasado en diferentes ciudades del Ecuador, en rechazo a las 16 enmiendas constitucionales que el oficialismo buscar aprobar en el segundo y definitivo debate que la Asamblea Nacional (órgano legislativo) llevará a cabo el próximo mes de diciembre.

A las 16 partió la movilización en la ciudad de Quito. Estuvieron presentes la  Confederación de Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador (CONAIE), el Frente Unitario de Trabajadores -que agrupa a CEDOCUT, CEOSL, UGTE y CTE, estudiantes, jubilados y otros colectivos sociales. Se estima que más de 30 mil personas participaron de la movilización solo en Quito. También, hubo una amplia convocatoria en Imbabura, Guayaquil y Cuenca, así como en Puyo, Saraguro y Loja provincias del sur del país y las más afectadas por los proyectos mineros impulsados en la zona desde la aprobación de la Reforma a la Ley de Minería en 2013, que echó por tierra  las garantías que la constitución del 2008 había establecido sobre los derechos de la naturaleza, los pueblos indígenas y su territorio.

Las movilizaciones se reanudan tres meses después de la jornada que se inició el 2 de agosto con la “Marcha por la vida”, que partió del sur del país rumbo a la capital llevada adelante por la CONAIE. La marcha se articuló el 10 de Agosto en el Levantamiento Indígena y Popular, y en Quito el día 13 con el Paro Nacional del Pueblo convocado por el Colectivo.

El primer Paro Nacional que afronta el gobierno ecuatoriano  terminó con agresiones y detenidos, una cuestionada declaración de estado de sitio (por la expulsión de ceniza del volcán Cotopaxi ubicada en la provincia del mismo nombre) en todo el país, la militarización de zonas puntuales -en especial en las provincias del sur- y denuncias por allanamientos y empleo de la fuerza contra personas que no estaban armadas. Estos hechos están documentados y desarrollados en el informe sobre control social y represión elaborado por el colectivo de investigación y acción psicosocial de Ecuador.

Después del recorrido por el centro histórico de la ciudad capitalina de Ecuador, la movilización llegó a la plaza de Santo Domingo, donde dirigentes gremiales e indígenas se pronunciaron pidiendo el archivo del proyecto de enmiendas constitucionales impulsada desde el Ejecutivo. La carta magna ecuatoriana aprobada en 2008 señala tres formas en que puede ser reformada la Constitución. La primera es por enmiendas, la segunda como reforma parcial y la tercera por convocatoria a una nueva asamblea constituyente. En mayo de 2014 la convención de Alianza País (coalición de gobierno) solicitó a sus asambleístas que impulsen una serie de reformas a la Constitución vía enmiendas. Este hecho ha sido recibido con fuertes críticas por parte de amplios sectores de la sociedad que señalan que los cambios que se buscan alteran la estructura fundamental de la Constitución y el carácter del Estado, además de establecer restricciones a los derechos y garantías de los ciudadanos por lo cual han pedido se haga una Consulta Popular en todo el país.

El colectivo Montecristi Vive señala que los cambios que se pretenden hacer a la Constitución no son simples “enmiendas” sino cambios profundos, que afectan varios puntos y principios fundamentales. “Estas alteraciones contribuyen a que exista una mayor concentración del poder y, por lo tanto, representan un retroceso para la democracia, la participación y los derechos de las personas y los pueblos del Ecuador”. Por su parte, el presidente Rafael Correa ha desestimado la posibilidad de una consulta y la asamblea se prepara para su aprobación.

El proyecto denominado “Enmiendas a la Constitución de la República del Ecuador 2008”, consta de 16 propuestas de cambios; entre las principales están: la restricción del llamado a consulta popular -gran logro de la constituyente del 2008, que supone un mecanismo de democracia directa que permite que la ciudadanía puede participar en la toma de decisiones sobre asuntos que considere de su interés-; la asignación de las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad interna, que, de ser aprobada no se requerirá de un decreto para declarar una emergencia ni el Gobierno estará obligado a explicar los derechos que restringe ni el tiempo de permanencia de los militares en las calles; la reelección presidencial, que es actualmente de un solo período y pasaría a ser indefinida; reducción de las competencias de la contraloría general para controlar a las instituciones del Estado; restricción de la capacidad de negociación y de derechos laborales de las y los trabajadores del sector público que pasarían a ser regulados ya no por el Código de Trabajo sino por la Ley orgánica de servicio público LOSEP, reformada en 2013 y que promueve la flexibilización, sanciones, acoso laboral, la cesación de funciones a las y los trabajadores del Estado por compra de renuncias, entre otras.

A este último punto se refirieron quienes representan los organismos gremiales nucleados en el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y que revalidaron sus reclamos para que la Corte nacional de Justicia se pronuncie sobre la demanda de inconstitucionalidad a la Ley Orgánica de Justicia Laboral que entre otras cosas elimina el 40% del aporte obligatorio del Estado a la Seguridad Social.

Nelson Erazo, representante del Frente Popular, ha denunciado que se están llevando a cabo despidos masivos en el sector privado y público. En una entrevista televisiva el día anterior señaló que el gobierno miente al decir que no habrá despidos como consecuencia de la crisis económica. Por el contrario, según registros de la organización en enero de 2015 fueron despedidos más de 600 trabajadores/as en Petroamazonas y 300 en Petroecuador, los últimos números dan cuento de 2 mil despidos en tan solo 15 días.

Los anuncios que ha hecho el gobierno nacional con respecto a la eliminación del subsidio al gas y la regulación de precios de la gasolina, la reducción en la asignación de recursos para el bono de desarrollo humano, el congelamiento de sueldos y salarios ponen de manifiesto que los efectos de la crisis económica no van a afectar a los grandes grupos económicos en el poder sino que empiezan a ser pagados por los trabajadores y las trabajadoras.

Para Doris Solis secretaria ejecutiva de Alianza Pais las movilizaciones dan cuenta de “una oposición antidemocrática, que no respeta el proceso constitucional que se vivió por un año para tratar las enmiendas”. Dijo también que “hoy, supuestamente, las movilizaciones son en contra de las enmiendas constitucionales, pero también hay que ver los antecedentes que son las constantes reuniones con la derecha del país, lo que los une es definitivamente cómo combatir la Revolución Ciudadana.”

Sin embargo, para Apawki Castro, parte de la Comunicación de la Conaie, ”el gobierno se encuentra en un momento de desesperación por la crisis social y económica, dado que es notorio el trabajo de unidad de los sectores sociales (CONAIE, FUT, Frente Popular) lo que ha permitido consolidar una fuerza social importante en la que las y los trabajadores del campo y la cuidad participan de forma masiva y en las calles”.

El escenario próximo anuncia más movilizaciones. El 14 de noviembre se llevó a cabo con todas las organizaciones la VII Convención Nacional en Guayaquil para tomar decisiones frente a la aprobación de enmiendas y las jornadas de paro nacional que se anuncian para diciembre próximo.

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El extractivismo se amplía cada vez más en Ecuador. En medio de la ofensiva petrolera apoyada por el gobierno de Rafael Correa, el doctor Mario Melo repasa el caso de pueblos originarios en conflicto con el Estado ecuatoriano.

En la región amazónica ecuatoriana sobreviven los pueblos indígenas en aislamiento. Los Tagaeri y los Taromenane, han sido víctimas de constantes ataques y masacres por parte de un sector de los Waoranis. En los últimos doce años el conflicto ha ido en aumento y se teme un etnocidio. Esta situación de extrema vulnerabilidad se debe a la ampliación de la frontera petrolera, y se ha agudizado después del 15 de agosto de 2013, fecha en la que el presidente del Ecuador, Rafael Correa, dio por finalizado el proyecto ITT-Yasuní. El mencionado proyecto pretendía que los países más industrializados indemnicen al Ecuador a cambio de que no se realizaran actividades extractivas en una de las reservas de biodiversidad más importantes del mundo, el Parque Nacional Yasuní. Sectores de la sociedad civil, ecologistas y movimiento indígena, llevaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 2006 y el pasado 19 de octubre de este año se realizó la audiencia de fondo. Para comprender el caso, realizamos una entrevista al doctor Mario Melo, quien tiene una larga trayectoria de defensa de los pueblos indígenas amazónicos y es uno de los abogados peticionarios.

¿Cómo llegó el caso al Sistema Interamericano de Derechos Humanos? ¿Qué se espera de la Comisión IDH?

En realidad se trata de un caso que se inició en el 2006. Fue una petición presentada por un grupo de ciudadanos ecuatorianos, vinculados con la protección ambiental y los derechos de la naturaleza que estaban preocupados por la situación del Yasuní y de los pueblos en aislamientos. En ese momento uno de los hechos que más preocupaba era la masacre que se había cometido en contra de los pueblos en aislamiento en el año 2003 que dejó un número alrededor de 30 personas muertas. El trámite desde entonces ha tenido algunas demoras y algunas complicaciones. Paralelamente los peticionarios solicitaron medidas cautelares en favor de los pueblos en aislamiento que fueron dadas en el mismo año 2006. El Estado emprendió un plan de cumplimiento de las medidas cautelares en el año 2007, el cual ha venido funcionando hasta la presente fecha. La CIDH realizó una audiencia la semana pasada para presentar pruebas y alegatos. En definitiva, el caso se refiere a la violación del derecho a la vida y a la integridad a los pueblos en aislamiento, así como sus derechos económicos, sociales y culturales y el derecho a la tutela judicial efectiva. En los hechos, esto tiene que ver con una violación sistemática por parte del Estado de su deber de proteger la vida e integridad de estos pueblos. Esta falta ha llevado a que sean víctimas de varias masacres en los últimos diez años. En el 2003 hubo una en la zona de Cuchiyacu dentro de la zona intangible de la provincia de Orellana. En el año 2006 se ha señalado que hubo otra masacre pero no se ha podido documentar. En el año 2013 se registró la última que ha sido judicializada y donde se presumen murieron alrededor de cuarenta personas. Frente a estos hechos de violencia no ha habido tutela judicial efectiva de los derechos por parte de la justicia ecuatoriana. No han habido sentencias que hayan sentado precedentes, que den orientación a la sociedad respecto de cómo tratar la violencia directa en contra de los pueblos en aislamiento. A esto se suma, por supuesto, la actividad petrolera, la industria maderera que ponen en peligro la vida y la integridad de estos pueblos.

Esperamos entonces que la Comisión se pronuncie y emita un informe de fondo donde establezca la responsabilidad del Estado ecuatoriano por la violación de los derechos de los pueblos en aislamiento y que dicte un conjunto de medidas de reparación; es decir, disponga que el Estado redoble los esfuerzos para proteger la vida e integridad de estos pueblos. Que haga cumplir las disposiciones constitucionales respecto de que no pueda haber actividad petrolera dentro de sus territorios como está sucediendo ahora. Si esto ocurre se reduciría la presión que hay sobre sus tierras, y por lo tanto habría más posibilidades para la paz y armonía interétnica entre los pueblos en conflicto.

¿Es cierto que el pueblo contactado waorani se encuentra dividido? Se dice que un sector apoya a los peticionarios y otro al Estado. Tengo entendido que la vicepresidenta de la Nacionalidad Waorani del Ecuador (Nawe) está con ustedes mientras que el presidente está con el Estado.

Nosotros como abogados de los peticionarios solicitamos el testimonio de Alicia Cahuilla, quien es una dirigente histórica del pueblo y ha estado vinculada con el trabajo de las bases en la Asociación de Mujeres Waorani; además, proviene de la zona que está al borde de la zona intangible; es decir, comparte el territorio con los pueblos en aislamiento y conoce directamente, desde la cotidianidad, las relaciones entre los waoranis y los pueblos en aislamientos. La posición de Alicia ha sido muy clara en defensa de los territorios, de la cultural e integridad de los waoranis, los tagaeris y los taromenane. Alicia fue clara ante la Comisión IDH al denunciar que la vida de los pueblos en aislamiento está en peligro, que no ha habido suficientes acciones y políticas públicas por parte del Estado ecuatoriano para prevenir efectivamente la violencia directa contra estos pueblos y que hay una situación de zozobra en la zona. Por otro lado, es cierto que el Estado solicitó el testimonio del señor Moi Enomenga quien es el presidente de la NAWE. Fue un testimonio importante en la medida que permitió ver la relación que tiene el Estado con la organización mediante la firma de convenios, entrega de recursos. Sin embargo, el señor Enomenga coincidió en que existe mucha presión en los pueblos en aislamiento y también dejó ver que hay un ambiente de violencia en la zona.

Quisiera decir algo más: un incidente preocupante ocurrió después de la audiencia ante la Comisión IDH, luego de las declaraciones, Alicia denunció que había recibido amenazas por parte del presidente Moi Enomenga. Estas amenazas en el contexto cultural amazónico son extremadamente graves. Esto nos llevó a pedir a la Comisión medidas cautelares que fueron otorgadas el lunes 26 de octubre. Esto muestra el nivel de violencia y vulnerabilidad que existe; además, no se puede permitir que un testigo sea intimidado, debemos garantizar su integridad para que el Sistema de Protección de Derechos Humanos no se debilite.

El Estado alega que la violencia es producto de un conflicto interétnico; es decir, que es un tema entre los pueblos indígenas de la zona ¿Qué tan cierto es esto?

El acervo probatorio, tanto los testimonios como los documentos que presentamos en el proceso, demuestra que hay un ambiente de violencia estructural ocasionado por los intereses económicos que están alrededor de los territorios de los pueblos en aislamientos. Se originan porque se cree que en esos territorios hay petróleo; entonces, siempre han sido ambicionados por la actividad petrolera y maderera. Sin lugar a dudas también hay conflictos étnicos entre diferentes pueblos, los waoranis, tagaeri y taromenane, pero movidos por la presión que ejerce la actividad petrolera en la zona. Aun así, si se tratara solo de una conflictividad interétnica, la obligación del Estado es ejercer tutela y garantía respecto de todos los derechos de los ecuatorianos, con mayor razón de los pueblos en aislamiento por su situación de vulnerabilidad. Entonces, el hecho que haya un elemento de conflicto interétnico no exime al Estado de su responsabilidad.

¿Quiere decir que es un caso que pondría límites al modelo extractivista? ¿Creen ustedes que es posible esto: revertir un modelo que se viene imponiendo desde los años setenta?

Mire, desde 1972 la actividad petrolera ha sido protagónica en la vida económica, social y política del Ecuador. A lo largo de los años, los gobiernos de turno han mantenido la política de priorizar la actividad petrolera sobre cualquier otro interés, incluso sobre los derechos fundamentales de los ecuatorianos. Esa apuesta al extractivismo como la única posibilidad de crecimiento y desarrollo del Ecuador ha sido muy mala en todas las épocas: desde el fracaso del boom petrolero en los setenta, que llevó a un endeudamiento externo gigantesco por parte del Ecuador, hasta el pequeño boom que vivimos en la última década. Desde el 2007 hasta el 2014 logramos tener un precio de barril de cerca de 100 dólares, lo que permitió al Estado tener recursos suficientes para que pudiera invertir en otro tipo de desarrollo que apueste por la diversificación de la actividad económica. Todo lo contrario, la decisión que se tomó fue fatal: seguir insistiendo completamente en el modelo extractivista; incluso se habla de un eslogan, “salir del extractivismo profundizando el extractivismo”. Ha sido una decisión errónea. Entonces, por supuesto, si es que hay tantas esperanzas puestas en este modelo se entiende que se vea a los pueblos en aislamiento como un obstáculo para la libre circulación de la actividad petrolera en esos territorios. Por lo tanto, es entendible que no haya habido políticas eficaces, acordes a los derechos humanos. Ahora bien, este caso está visibilizando los límites del proyecto extractivista. No nos olvidemos que una de las decisiones más graves que se han tomado en los últimos años respecto de los territorios indígenas y de megadiversidad, fue la decisión de poner fin al Proyecto Yasuní ITT para explotar petróleo, lo cual afecta directamente a los pueblos en asilamiento, porque se ha establecido técnicamente que es una zona de ocupación y de tránsito de estos pueblos. Nuestro testigo, Eduardo Puchilingue, explicó como él, cuando fue coordinador del plan de medidas cautelares del Ministerio del Ambiente, diseñó algunos mapas en los que se señalaba presencia de estos pueblos en la zona del ITT. Estos mapas, según el testigo, fueron arbitrariamente cambiados para reubicar la posición geográfica de estos pueblos fuera del ITT para presentar un informe burdamente alterado a la Asamblea Nacional y viabilizar que autorice la explotación de ese proyecto.

Finalmente ¿Cómo contribuye este caso a la región, sobre todo en aquellos países donde existen pueblos indígenas en aislamiento voluntario, como Brasil, Bolivia y Perú?

Este caso de llegar a la Corte IDH va a establecer precedentes muy importantes. La problemática de los pueblos en asilamiento de la región amazónica es extremadamente compleja. Se ha visto que poca respuesta judicial parte de los Estados para proteger la vida de estos pueblos. Actualmente este es el único caso que ha avanzado en la Comisión IDH. Es necesario que se dicten estándares para que los Estados, respeten y protejan la vida de estos pueblos, cuya identidad está dada precisamente por la decisión del aislamiento. Sin lugar a dudas es un caso de gran importancia para los derechos humanos de los pueblos indígenas en la región.

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El Levantamiento y el Paro confluyen como ríos caudalosos para juntar pueblos y sus tradiciones de lucha y rebeldía bajo el mismo horizonte.

Armando Muyolema

En junio de este año se conmemoró los 25 años del primer levantamiento indígena del Continente de la segunda mitad del siglo XX. (Ver Ecuador: 25 años del primer levantamiento indígena). Posteriormente sucedieron cinco levantamientos más: en 1992 contra el gobierno socialdemócrata de Rodrigo Borja por la adjudicación de tierras y contra el festejo de los 500 años de “Conquista de América”; en 1994 contra la Ley del Desarrollo Agrario; en 1997 el levantamiento se adhirió al paro nacional contra el gobierno populista de Abdalá Bucaram y por una nueva Asamblea Constituyente. Petición que finalmente llegó con la Constitución de 1998, la cual consagró los derechos colectivos de los pueblos indígenas. El quinto levantamiento ocurrió en enero de 2001 en contra de los tratados de libre comercio, que produjoel derrocamiento de Jamil Mahuad. Hasta entonces, los cinco levantamientos tuvieron como bandera reivindicativa la resistencia al modelo neoliberal que había empobrecido al país.

La primera década del nuevo milenio tuvo un cierto repliegue del movimiento por la fallida alianza con el partido Sociedad Patriótica,que llevó a la presidencia a Lucio Gutiérrez en el 2003, quien fue derrocado dos años después. El gobierno de Gutiérrez no cumplió con las expectativas del movimiento que lo había respaldado. En este sentido, el neoliberalismo continuó intacto en las políticas del Estado.

Con la llegada a la presidencia de Rafael Correa en el 2007 se proyectó un cambio en la política ecuatoriana. El nuevo discurso del mandatario anunciaba el fin de “la larga noche neoliberal” que convocaba a la izquierda y al movimiento indígena, quienes mantuvieron su respaldo durante el primer año de gobierno.  La nueva Constitución de 2008 prometía también una transformación jurídica con la consagración de los derechos de la naturaleza, así como la declaración de plurinacionalidad e interculturalidad del Estado, tradicionalmente unitario y monolingüe. Sin embargo, el primer conflicto con la comunidad de Dayuma (2007) anunciaba un modelo de desarrollo que no era el concertado con la izquierda ni con el movimiento indígena. Algunos economistas críticos han llamado a este modelo como “neodesarrollismo”. Este modelo no abandona la política económica internacional del neoliberalismo, sino que la profundiza. Si bien es cierto que las políticas sociales al interior se expandieron para fortalecer al Estado, sus relaciones de dependencia con el capital internacional continúan intactas.

Por otro lado, al interior del país, en concordancia con el modelo de acumulación, se promulgaron leyes como la Ley de Aguas, Ley de Tierras y el nuevo Código de Justicia Laboral. Además, se aplicaron políticas de reforma en el acceso a la Universidad Pública, a la planificación familiar y al Código Penal Integral que promueven el control social y el patriarcalismo.

La CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) desde el 2008 ha venido movilizándose en rechazo al Estado neodesarrollista. A lo largo de estos ocho años no han sido convocados al diálogo, sino a la aceptación de las leyes que se promulgaban. Uno de los puntos más tensos de la relación del Estado con el movimiento se lo vivió en el 2014 con un dictamen administrativo que ordenaba el desalojo de la Casa sede de la CONAIE en la ciudad de Quito. El acto fue suspendido recientemente. A esto se agrega la persecución a los líderes indígenas, el cierre de cientos de escuelas interculturales bilingüesy la suspensión de la Universidad Amawtay Wasi.

Junto a la CONAIE se encuentran los demás sectores clasistas: Frente Único de Trabajadores, movimiento de mujeres, ecologistas y estudiantes universitarios. Esta plataforma intersectorial ha creado el Colectivo Único que convocó al Paro Nacional este 13 de agosto. La alianza intersectorial con esta fuerza de convocatoria es histórica, puesto que desde 1990 el movimiento obrero en el Ecuador, después de la caída del bloque socialista en la URSS, estaba debilitado. Durante la década del noventa el movimiento indígena tuvo que enfrentarse casi en solitario contra la envestida neoliberal. Con la rearticulación del movimiento obrero, así como el auge y consolidación de nuevas organizaciones de lucha durante los últimos años, la alianza se ha fortalecido y promete una propuesta política con independencia de clase.

Desde el dos de Agosto la CONAIE y demás organizaciones indígenas emprendieron la marcha “Por la vida y la dignidad de los pueblos” desde el sur del país, provincia de Zamora Chinchipe, pasando luego por la sierra central. Desde allí continuó la marcha hasta la ciudad de Latacunga donde llegaron el 10 de agosto, día que se conmemoraba el primer grito de la Independencia (10 de agosto de 1809).

La marcha que recorre al país, a pie y en autos, ha sido acompañada por una gran Vaca alcancíaque recoge dinero de los simpatizantes en el camino; además, la gente en los pueblos y ciudades ofrecieron alimentos y bebidas para los manifestantes. No se han registrado incidentes con el oficialismo, salvo los insultos racistas cotidianos y el haber manchado a la Vaca con pintura roja. Se espera que la marcha indígena llegue a Quito el 13 de agosto para juntarse con los demás sectores clasistas y anunciar así el Paro Nacional. Las peticiones de la movilización ya han sido publicadas en el Manifiesto de la CONAIE: derogatoria de la Ley de RecursosHídricos, de la Ley para la Justicia Laboral, de las enmiendas constitucionales que llevarían a la reelección indefinida al presidente; así como la suspensión del cierre de las EIB y el libre acceso de la Universidad pública, entre otras.

La Vaca entrará a la ciudad de Quito sin las pretensiones bélicas del caballo de Troya, sino con la sencillez y la tenacidad de cientos de años de resistencia. La unidad anuncia la vigencia de la vieja consigna de los estudiantes miristas de los años setenta: “Con la fuerza de los trabajadores romper las leyes de los explotadores”.

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Ecuador se enfrenta a una coyuntura compleja de doble polarización. Las posiciones de la derecha, el llamado al Dialogo Nacional desde el gobierno y las movilizaciones que sostienen las organizaciones populares.

El llamado al Dialogo Nacional

El mes pasado Ecuador vivió un intenso clima de movilización y repudio, cuyo detonante fue el anuncio de la propuesta de Ley de Herencia, para gravar toda herencia superior a los 35 mil dólares, y la Ley de Plusvalía que buscaba la creación de un impuesto a las ganancias extraordinarias en las transferencias de bienes inmuebles. Estas marchas fueron en gran medida “fogueadas” por figuras de la derecha ecuatoriana, y se articularon en ellas importantes sectores medios, todo lo cual ocluyó mediáticamente las diferencias con las más antiguas demandas de sectores de oposición impulsados por representativas organizaciones sociales.

Como resultado de marchas que se multiplicaron por el territorio nacional, Rafael Correa anunció el 15 de junio, el retiro temporal de estas leyes. Luego, pocos días después el Presidente lanzo una convocatoria al “Dialogo Nacional por la justicia social y la equidad”, a fin de involucrar a toda la sociedad para discutir y analizar las condiciones estructurales que causan la pobreza, la desigualdad y evaluar las rutas que debe tomar el Ecuador en el futuro inmediato.

Las agendas y cronogramas de encuentros –que se prolongarán hasta el mes de diciembre–, están siendo coordinados por la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo –SENPLADES– y por la Asamblea Nacional. Según Pavel Muñoz (presidente de la primera) esta iniciativa no busca solamente discutir las leyes que han desatado el conflicto, sino que se trata de un debate profundo sobre el “el país que se quiere construir”. En este sentido se ha logrado en el transcurso del primer mes un total de 15 encuentros con comunidades y nacionalidades indígenas; sectores empresariales, de la economía popular; trabajadores y sindicatos a lo largo de siete provincias. A su vez Gabriela Rivadeneira, (presidenta de la Asamblea) indicó que las comisiones legislativas se desplazarán por todo el país hasta el mes de diciembre. Finalmente, y de acuerdo con lo informado en Telesur, Correa ha pedido al Canciller Ricardo Patiño, la relevante tarea de fortalecer los centros de la Revolución Ciudadana en el territorio nacional.

Entre los sectores que ya están participando de los encuentros del diálogo nacional se encuentran: organizaciones sociales, indígenas y campesinas del Ecuador como la Confederación de Pueblos, Organizaciones Indígenas y Campesinas del Ecuador (FEI), y la Federación de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), y el Frente Unido (FU), que aglutina a 15 agrupaciones políticas que apoyan a la Revolución Ciudadana.

La convocatoria al paro nacional y movilización indefinida

De otra parte la FUT (Frente Unitario de los Trabajadores) ha convocado a un paro nacional para el mes de agosto (del 6 al 13). Mientras que la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador –CONAIE–, en Asamblea General junto a organizaciones de base y regionales CONFENIAE, ECUARUNARI y CONAICE, han resuelto convocar una movilización indefinida que inició el 2 de agosto en Zamora Chinchipe y articulará para el día 13 con el paro nacional convocado por los trabajadores.

La CONAIE expresa así, la necesidad de posicionar su agenda propia en disonancia tanto con el gobierno como con los sectores de derecha, defendiendo la autonomía histórica de las demandas del Movimiento Indígena en el Ecuador. Entre sus principales puntos establecen: a) Recuperar la autonomía de la Educación Intercultural Bilingüe e inmediata reapertura de la Universidad Amawtay Wasi; b) Frenar el despojo de las tierras y territorios que se impulsa mediante la Ley de tierras, Ley de aguas y Ley de minerías; c) Fortalecer el control en los territorios; d) Archivar la propuesta de las enmiendas constitucionales propuestas por el Poder Ejecutivo, que promueve la restricción de derechos conquistados en la Constitución; e) Detener la persecución y judicialización implementada en contra de los líderes sociales, y sectores sociales organizados; f) Acabar con la corrupción institucionalizada y el estado de represión para construir la democracia plurinacional; g) Fortalecer la agenda unitaria con los demás sectores sociales; h) Ratificar pleno compromiso para derrotar el modelo de economía capitalista sustentada en la explotación petrolera y minera y establecer una economía comunitaria alternativa en coherencia con el Estado Plurinacional.

A contramano de la polarización

Tal y como se ha planteado en nota anterior por este medio (Ecuador: marchas y contramarchas por la Ley de Herencia), es una mirada simplista la que plantea el conflicto social en el Ecuador contemporáneo en términos de oficialismo y oposición desestabilizadora. Los móviles de las actuales medidas de fuerza son ampliamente diversos, asi mientras un Lasso (CREO), un Nebot o un Rodas (alcaldes de la derecha Guayaquileña y Quiteña) son claros exponentes de una oposición neoliberal, otros son los móviles del cuestionamiento al régimen por parte de los movimientos sociales y de sectores sindicalizados.

Preciso es caminar a contramano de esta doble polarización. Por un lado es necesario reconocer esta distancia de las pretensiones desestabilizadoras y electoralistas, frente a exigencias genuinas de los movimientos sociales; y por el otro, superar el diálogo de sordos que parece tener el gobierno de Rafael Correa específicamente con representantes de CONAIE o ECUARUNARI. Estos sectores son reiteradamente acusados tanto de “hacerle el juego a la derecha” como de haberse “alejado de sus bases” y por tanto ya no ser representativos.

De parte de estas organizaciones se acusa al gobierno de haber traicionado las premisas revolucionarias y anti coloniales de la misma Constitución de Montecristi. Es por esto que basados en que ya existió un “dialogo” en el año 2009 en torno al conflicto por la Ley de Aguas y Minería, en el cual las demandas del Movimiento Indígena no fueron incorporadas, y en los sucesivos embates y procesos de judicialización a sus líderes, estas organizaciones rechazan el actual diálogo y llaman a la movilización indefinida que vive Ecuador desde el pasado domingo 2 de agosto.

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Ecuador: trabajadores e indígenas convocan a paro nacional

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