Por Bruna Bronoski

En el norte de Paraná, en el sur de Brasil, la comunidad indígena guaraní Verá Tupã ‘i teme por el futuro de la aldea. Cerca de 20 indígenas viven en el área de influencia de una central hidroeléctrica, aún en construcción, sobre el río Mourão, en el municipio de Campo Mourão.

En Brasil, esta es considerada una planta pequeña, con un potencial de generación de hasta 5 MW (megavatios), por lo que tiene menos requisitos legales para estudios de impacto socioambiental que otras centrales. Aunque provocan impactos menores, hay estudios que apuntan a los efectos que tienen estas instalaciones en los territorios.

“Nuestra agua y nuestros alimentos están amenazados”, señala la líder indígena Jaxy Rendy. Ella dice que su comunidad depende del ecosistema en equilibrio en la región del pequeño pueblo, que ya está rodeada de plantaciones de soja.

El lanzamiento de pequeñas y medianas centrales es parte del Plan Energético Decenal 2031, que mira la transición energética brasileña a partir de fuentes de generación más diversificadas, como eólica, biocombustible e hidráulica.En Brasil, un tercio de la matriz energética proviene de derivados del petróleo. La energía hidráulica, aquella producida por la fuerza del agua, es responsable del 12,6% de la generación en el país. Las regiones sur y sudeste concentran la mayor cantidad de usinas hidroeléctricas, siendo Paraná, donde se encuentra el río Mourão, el sexto estado con más centrales.

En territorios colectivos y con una forma de vida única ligada a la tierra, las familias quilombolas también son presionadas por las nuevas plantas. En Brasil, los quilombos son áreas de resistencia para las poblaciones negras, cuyos antepasados ​​fueron esclavizados por más de 300 años. Sus territorios son considerados tradicionales y protegidos por el artículo 68 de la Constitución Federal. 

A unos 600 kilómetros de la nueva usina en río Mourão, las futuras obras de la Pequeña Central Hidroeléctrica de Itaoca son la mayor preocupación de 10 comunidades quilombolas de la región de Vale do Ribeira, en el estado de São Paulo. Según la CETESB, el estado ha emitido 11 licencias de instalación de centrales hidroeléctricas en los últimos 10 años, con tres solicitudes actualmente en análisis. 

Carla Galvão, quilombola de la Comunidad João Surá, en Vale do Ribeira (SP), explica que los protocolos de consulta y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) no son respetados por los empresarios.

“Nunca somos consultados. Aquí en Vale do Ribeira, comunidades enteras ya fueron expulsadas de sus territorios y tuvieron que buscar otro lugar para vivir, de manera precaria, porque las empresas inundan las áreas habitacionales”, critica Galvão.

Para aprobar emprendimientos, la legislación establece audiencias públicas. Como signatario del Convenio 169 de la OIT, el país debe escuchar a las poblaciones indígenas y tradicionales. Según las comunidades consultadas para esta nota, esto no es lo que ha sucedido.

El impacto ambiental de las hidroeléctricas

La central hidroeléctrica Saltinho/Maria Cavaleira, en el río Mourão (PR), comenzó a ser instalada en mayo de este año por la empresa Saltinho Energias Renováveis ​​​​S.A. en un tramo de 17 kilómetros donde ya existen otras dos plantas.Los locales dicen que una planta instalada en el mismo río hace algunos años secó el agua en el Salto Santa Amália. “Bebemos el agua del río, pescamos, es donde juegan los niños. Necesitamos el bosque, los animales, el equilibrio allí depende del río. La planta cambiará ese equilibrio”, señala Rendy.

Debido a que se considera renovable, la energía hidroeléctrica parece inofensiva. Pero según la geógrafa Maristela Mezzomo, profesora de la Universidad Tecnológica Federal de Paraná, incluso las plantas pequeñas causan “gran impacto ambiental” donde están instaladas. “Ocurre la disminución del caudal del río, escasez hídrica, pérdida de biodiversidad, pérdida de áreas cultivables, entre otros”, afirma Mezzomo.

Para interrumpir las obras de la represa en el río Mourão, el Ministerio Público de Paraná hizo una recomendación a la agencia licenciadora solicitando la suspensión inmediata de la licencia de instalación de la obra, luego de considerar un estudio que señala que faltan análisis ambientales locales por parte de la empresa. 

Según el documento, “no se presenta ninguna información [por la empresa] de la fauna de especies de peces propias del río Mourão”. El estudio aún señala que la fragmentación del río por barreras físicas influye en el proceso reproductivo de las especies fluviales, siendo “una de las principales responsables de la pérdida de la biodiversidad general”. 

En defensa de la comunidad guaraní, el Ministerio Público Federal (MPF) también intervino. En un recurso de apelación contra una sentencia judicial, el MPF afirmó que “la empresa Saltinho sabía de la existencia de la comunidad indígena allí existente y, a pesar de ello, la ignoró”. 

La aldea guaraní cuenta con el apoyo del movimiento social urbano Guardiões da Cachu. “El daño de esta obra ya está causado, por el irrespeto no solo a la comunidad indígena sino a la población rural y de la ciudad que frecuenta este río como espacio de recreación”, dice Alana Bottega Lima, integrante del movimiento.

La empresa Saltinho Energias Renováveis ​​​​respondió a la recomendación indicando que, en 2020, realizó dos visitas en el área para recabar datos de la fauna y que no corresponde a otra institución “determinar la forma en que se deben realizar los estudios durante el proceso de licencia”, excepto a la agencia licenciante. 

La empresa indicó en una nota que cumplió con todos los protocolos de consulta previa, que cuenta con las autorizaciones legales para la construcción de la planta y que no hay necesidad de mayores estudios sobre el tema indígena, según sentencia judicial (lea la nota completa aquí).

Último río mediano de São Paulo sin represas

Las comunidades de Vale do Ribeira, en la frontera entre los estados de São Paulo y Paraná, luchan desde hace décadas contra la instalación de represas. El único río de São Paulo considerado mediano que aún no tiene represas es el Ribeira do Iguape, pero no por falta de solicitudes. MSul Energias Renováveis ​​es la empresa que busca crear una Pequeña Central Hidroeléctrica (PCH) entre las ciudades de Adrianópolis (PR) e Itaoca (SP).

En febrero de 2020, la Agencia Nacional de Energía Eléctrica autorizó la revisión de los Estudios de Inventario Hidroeléctrico de Ribeira do Iguape. En 2021, Eletro Energias Renováveis ​​​​Ltda, socia de MSul, asumió los registros. En el mismo río, la empresa todavía tiene la intención de instalar la PCH Sete Barras. 

En el video publicitario de la PCH, la empresa menciona dos veces a las comunidades quilombolas con los términos “Seguridad, empleo y preservación de los quilombolas”. La quilombola Carla Galvão dice, por el contrario, que las represas traen impactos negativos incluso años después de finalizadas las obras. 

“Es una ilusión decir que las represas traen empleos a las comunidades. Al principio hay un boom, pero con el tiempo queda sólo el personal técnico de la empresa, que es de fuera”, dice Galvão.  

Según ella, las situaciones de racismo y violencia están aumentando y la atención pública a las comunidades está disminuyendo. “Cuando se instala una represa, la gran empresa se hace cargo del presupuesto municipal; los ayuntamientos ya no sirven a las comunidades, sino a los intereses de las empresas”.

El 22 de junio de este año, una audiencia pública reunió a residentes de la región, además del Ministerio Público, investigadores y el Equipo de Articulación y Asesoría a las Comunidades Negras del Vale do Ribeira (EAACONE). Se discutieron los impactos de las plantas y las estrategias comunitarias para evitar que el río Ribeira de Iguape sea un río libre. 

Climate Tracker trató de contactar a MSul Energias Renováveis, que no respondió a las preguntas sobre posibles irregularidades en el proceso de concesión de licencias.

Transición energética justa, ¿para quién?

El beneficio de la generación de energía no siempre llega a la comunidad afectada por la instalación de la planta. Según el fiscal del Ministerio Público de Paraná, Robertson de Azevedo, hay comunidades cercanas a pequeñas centrales hidroeléctricas que no cuentan con alumbrado público. “La energía va a un sistema integrado nacional, o a una industria local, pero no a la gente que vive cerca de la planta”, dice Azevedo.

Además del avance de otros modos de energía, como la eólica y los biocombustibles, la transición energética brasileña implica cientos de solicitudes de liberación de centrales hidroeléctricas. Al mismo tiempo, el país vive con los impactos de las represas en varias regiones, según registró el Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB). 

“En términos de una transición energética justa, la fuente renovable ideal será aquella en la que la sociedad civil también participa en la toma de decisiones sobre qué modelo causa menos impactos ambientales y sociales, así como qué tipo de beneficios socioeconómicos tendrá”, concluye Mezzomo.

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Por Colectivo de Mujeres CONAQ

En 2011, en el IV Encuentro Nacional de la Conaq (Coordinación Nacional para la Articulación de las Comunidades Rurales Negras Quilombolas), en Río de Janeiro, se decidió realizar el I Encuentro Nacional de Mujeres Quilombolas, que tuvo lugar en Brasilia, en 2014. Desde este primer evento, el colectivo ha estado trabajando activamente en las deliberaciones políticas y en las tomas de decisiones relevantes para las mujeres quilombolas dentro del movimiento. En 2015, el movimiento de mujeres quilombolas se fortaleció en sus alianzas con la participación en la coordinación ejecutiva de la Marcha de Mujeres Negras, que se llevó a cabo el 18 de noviembre de 2015. De 2016 a 2018 se realizaron seis talleres nacionales de mujeres quilombolas contra el racismo, la violencia y por el buen vivir; más de mil mujeres participaron directamente en los talleres. Desde entonces, el colectivo de mujeres de Conaq ha colaborado y reforzado encuentros y actividades de mujeres negras en diferentes localidades del país.

Las mujeres quilombolas han asumido la tarea de establecer un intenso diálogo contra la violencia en los quilombos de Brasil, a partir de sus especificidades y de la coyuntura actual, que hace que esta violencia sea más frecuente y evidente. Nuestra búsqueda es señalar los desafíos de esta lucha, centrándonos sobre todo en las mujeres quilombolas.

No es nuevo que los derechos de las mujeres que luchan con su cuerpo en defensa de sus territorios, sean invisibilizados. Actualmente, vemos la formación de un preocupante escenario de retroceso de los derechos de los pueblos quilombolas, dentro de una ideología conservadora y fascista que ha encontrado ecos a nivel mundial. Esta crisis, que es sobre todo económica, implica aún mayor explotación y violación de la vida de las mujeres quilombolas. En los últimos años hemos observado un aumento de diversas formas de violencia contra ellas: feminicidio, sobrecarga de trabajo, privación de derechos sexuales y reproductivos, y aumento de la informalidad laboral. Este contexto tiende a agravarse con la crisis social reforzada por la pandemia del coronavirus y el paquete de reformas que impulsa el Estado. Pesará injusta y desproporcionadamente sobre las mujeres negras, especialmente las del campo, no solo las consecuencias de la crisis, sino también las soluciones que implementará el Estado para superar los problemas y recuperar la economía.

Lamentablemente, las violencias que sufren las mujeres quilombolas no ha disminuido, al contrario, continúan multiplicándose y diversificándose. La lucha por el territorio desempeña un rol central en la reivindicación de los derechos de los pueblos quilombolas, ya que del territorio depende el ejercicio de varios derechos fundamentales, como el acceso a la educación escolar quilombola, el libre uso y preservación de la sociobiodiversidad, el derecho a la producción agrícola tradicional y el derecho a la cultura.

El liderazgo de las mujeres quilombolas, por su parte, es central en la lucha política por el territorio, puesto que sostiene, protege y desarrolla el principal elemento de sustentación del quilombo: la colectividad.

Es en el contexto de la lucha por el territorio que se produce la violencia contra las defensoras quilombolas, en forma de amenazas explícitas, calumnias y difamaciones, además de intimidaciones a familiares. Estas prácticas de violencia impactan no solo a estas mujeres, individualmente, sino también al colectivo quilombola, ya que pretenden desestabilizar el liderazgo, la comunidad y, en consecuencia, la lucha por los derechos.

En Brasil, existe una estrategia institucional enmascarada de prolongar indefinidamente los procesos de titulación de territorios, asociada a la restricción de recursos presupuestarios. Así, además de impedir el ejercicio de varios derechos directamente relacionados con los territorios, la demora injustificada en el proceso de titulación perpetúa el contexto de violencia al que se ven sometidos los quilombos y sus defensoras.

Es, por tanto, urgente y necesario que se escuche a los quilombos, que sus demandas sean recibidas y que se tomen medidas para respetar los procesos de titulación y los derechos territoriales de los pueblos quilombolas, de lo contrario alimentaremos un ciclo extenso de violencias y vulnerabilidades sociales.

Los crímenes cometidos contra los quilombolas siguen marcados por la impunidad. Sobre todo, los casos de feminicidio son alarmantes. Casos en los que mujeres quilombolas víctimas de violencia tuvieron sus vidas aniquiladas, como Francisca Chagas, quilombola de Joaquim Maria, en el estado de Maranhão, asesinada en 2016, y Maria Trindade, del Quilombo Moju, en Pará, asesinada en 2017, requieren respuesta eficaz y acción rápida del Estado para detener el ciclo de violencia. Las mujeres quilombolas en posiciones de liderazgo han vivido bajo persecución política, amenazas de muerte y juicios criminales ilegítimos destinados a intimidar su lucha. Este es un contexto feroz de violencia con graves consecuencias para la salud física y emocional de las defensoras de derechos humanos quilombolas.

El avance de emprendimientos, obras, proyectos de desarrollo (como puertos y ferrocarriles), la especulación inmobiliaria (construcción de condominios y resorts) en territorios quilombolas y la presencia de personal militar en ciertos quilombos han restringido históricamente el libre ejercicio de derechos.

Hay muchos ejemplos de proyectos que generan conflictos por la propiedad, el acceso a la tierra, el uso y la preservación de los territorios, comprometiendo la autonomía de los quilombos y su supervivencia:

> la instalación de la base espacial Alcântara, la duplicación de la carretera BR 135 y la construcción de una línea eléctrica, afectando varios quilombos en el estado de Maranhão;

> los proyectos para la construcción de pequeñas centrales hidroeléctricas en diferentes territorios de quilombos como Kalunga, en Goiás, e Invernada Paiol de Telha, en Paraná;

> proyectos ferroviarios y portuarios, amenazando los quilombos Contente y Barro Velho, en Paulistana, en Piauí (construcción del ferrocarril Transnordestina) y en Santarém, Pará (construcción de puertos en el lago Maicá);

> proyectos de construcción de centrales nucleares en quilombos como Negros de Gilú, Poço dos Cavalos e Ingazeira, en Itacuruba, Pernambuco;

> la expansión de la agroindustria, impactando quilombos como Invernada dos Negros, en Campos, Santa Catarina; proyectos de construcción de proyectos inmobiliarios, como los que han afectado al Quilombo de Mesquita.

También es necesario señalar el impacto de los delitos ambientales cometidos por empresas, como el que sufrieron los quilombolas en la región de Brumadinho, en Minas Gerais, con la ruptura de la represa Vale en enero de 2019.

Esta ofensiva contra los derechos y la vida de las mujeres quilombolas, ya sea por iniciativas del Estado o por el interés de la expansión económica por parte de actores privados, está orquestada por dos conjuntos de violaciones fundamentales de los derechos de los pueblos quilombolas. El primero se deriva de la negación del derecho al título definitivo de propiedad del territorio. El segundo se refiere al incumplimiento del derecho a la consulta de los pueblos quilombolas, en total desacuerdo con el compromiso asumido por el Estado brasileño en el Convenio N.º 169 de la Organización Internacional del Trabajo, de 1989. En este punto, la violación de derechos es cómplice del retraso en la titulación de los territorios quilombolas, de los recortes presupuestarios y de la mala ejecución presupuestaria para asegurar los procesos de titulación, así como de los reordenamientos administrativos que dificultan las políticas de regularización de los quilombos. Cabe señalar aquí los cambios realizados por la Medida Provisional N.° 870/2019 y por la Instrucción Normativa N.° 1/2018 de la Fundación Cultural Palmares, que trata sobre los procesos administrativos de licenciamiento ambiental de obras en comunidades quilombolas.

Son condiciones previas para que las instituciones del Estado reconozcan las mujeres quilombolas como sujetos de derecho:

> medidas gubernamentales para garantizar la protección de las mujeres quilombolas;

> medidas efectivas contra los delitos violentos cometidos contra quilombolas;

> una política eficaz para defender a las mujeres quilombolas contra la violencia doméstica y otras formas de violencia de género;

> medidas efectivas para frenar el discurso racista, especialmente de las autoridades públicas, y el discurso de odio contra los quilombolas;

> garantía de continuidad y celeridad en la titulación de los territorios quilombolas y el derecho a la Consulta Previa, Libre, Informada y de Buena Fe de los pueblos quilombolas, con transparencia y acceso a la información.

En defensa de nuestros territorios, de la lucha y de la reivindicación por más visibilidad y derechos, y en defensa de la vida de quilombolas que han sido aniquiladas por todo Brasil, las mujeres quilombolas han actuado en diferentes contextos para afirmar: ¡vidas quilombolas importan!

Este texto fue publicado originalmente en el libro “Mulheres quilombolas: territórios de existências negras femininas”, organizado por Selma dos Santos Dealdina, publicado por la editorial Jandaíra en 2020.

Forman parte del colectivo de mujeres Conaq: Ana Carolina Fernandes, Ana Maria Cruz, Andreia Nazareno, Célia Cristina da Silva, Edna da Paixão Santos, Érica Monteiro, Geisiane Paula Pacheco, Greice Martins, Ingrede Dantas, Isabela da Cruz, Kátia dos Santos Penha, Laura Ferreira, Maria Aparecida Sousa, Maria Rosalina dos Santos, Maria do Socorro Fernandes, Nilce Pontes, Rejane Maria de Oliveira, Sandra Maria da Silva Andrade, Sandra Pereira Braga, Selma dos Santos Dealdina, Vercilene Francisco Dias y Valéria Carneiro.

• Extraído de Capire. Traducido del portugués por Aline Lopes Murillo

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