Por: Redacción Marcha

Diseño a cargo de: Francisco Farina

¿Quién defiende a lxs defensorxs?

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Revista Marcha Final 

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Por Camila Parodi

¿Cómo es abortar en el conurbano bonaerense?

Abortar en el conurbano bonaerense es complicado. En la zona la que yo trabajo, que es el conurbano sur, es muy heterogéneo. Hay muchos dispositivos que acompañan de manera responsable y amorosa sobre todo en el primer nivel de atención pero al ser tan extenso es complejo. Nosotras trabajamos en nueve municipios, que es lo que corresponde a la región sanitaria sexta y al ser tan extensa eso hace que haya mucha iniquidad en el acceso al derecho. Porque hay municipios que no tienen casi dispositivos que acompañen o en los que todos los efectores de salud son objetores o dificultan el acceso, incluso a la información. A veces parece raro que estamos en el 2020, a nada de Capital Federal y, sin embargo se viven situaciones de mucha precarización.

¿Cuáles son los principales obstáculos para la tarea de acompañar?

Los principales obstáculos en la tarea del acompañar tienen que ver con los recursos y la estructura del sistema de salud con los lugares puntuales donde están los dispositivos. También con los circuitos que se necesitan para hacer estudios complementarios en caso que haga falta, esto es una ecografía, un análisis de sangre, una interconsulta. A veces eso se hace muy complejo. Y después el acceso al método, si bien este año estamos contando con tratamiento farmacológico para los tratamientos que son ambulatorios sobre todo en el primer nivel, no contamos con la opción de poder ofrecerle a la persona que quiere interrumpir un embarazo si quiere hacerlo por la práctica Ameu. Eso no tenemos hoy en día ni contamos con todos los métodos anticonceptivos para que puedan después pensar de qué manera quiere continuar con su vida sexual.

¿Cuál es la principal demanda, relacionada con la garantía del acceso a los derechos sexuales y reproductivos, que le harías a las y los responsables políticos de tu provincia?

La principal demanda está relacionada a la garantía de los derechos sexuales y reproductivos qué le hacemos a los responsables políticos de la provincia, esto tiene que ver con la infraestructura del sistema público de salud trabajamos en condiciones de mucha precarización. Actualmente eso hace que los equipos se quemen por la gran cantidad de demanda que llega. Por lo tanto, se visibiliza que es muy necesario poder tener más políticas relacionadas a los derechos sexuales dentro de los efectores de salud que tiene que ver por un lado, con la capacitación y sensibilización profesional y, por el otro lado, con los recursos concretos con se necesitan para la atención de esa manera podemos garantizar el acceso a la práctica de ILE (Interrupción legal del embarazo) a todo lo que sea relacionado con salud sexual y necesitamos contar con todos lo que implica la práctica en sí. Por ejemplo en lo que respecta a los tratamientos, actualmente contamos con Misoprostol para los tratamientos ambulatorios pero necesitamos con urgencia que se pueda empezar a implementar el Ameu, esto es la aspiración manual endouterina, ya que hay evidencia que avala que no sólo se puede hacer en los centros de segundo nivel sino que también se puede hacer con infraestructura necesaria en el primer nivel de atención. Y además necesitamos contar con Mifepristona para poder garantizar la práctica sobre todo en segundo trimestre de manera que sea más efectiva para la persona que está solicitando la ILE.

Entonces depende de la gestión y que se habiliten las vías necesarias para la aprobación de la Mifepristona, que se bajen los recursos necesarios para garantizar los tratamientos en todos los efectores de salud, y que sean no sólo farmacológicos sino también el Ameu. Finalmente, necesitamos que no haya más hostigamiento a las y los profesionales. Eso tiene que ver con las directivas que se bajan desde la gestión a personales que garantizamos derechos, se nos hostiga hacía dentro de nuestros propios espacios de trabajo por personas que están a cargo de direcciones de hospitales, por ejemplo de jefes de servicio que no están de acuerdo y que son anti derecho, eso también es responsabilidad de tener políticas públicas y sanitarias y que garanticen una perspectiva de derecho y que rompe también con el modelo médico hegemónico del paradigma actual.

¿Por qué eligen acompañar y porqué piensan que es una práctica feminista?

Elegimos acompañar porque pensamos que cada persona tiene derecho a elegir sobre su cuerpo y su vida. Entonces, desde la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir creemos que nuestro rol como profesionales de la salud es acompañar en la toma de decisiones y a las personas. Acompañar desde nuestro rol de la salud es realizar transparencia activa, que es brindar toda la información necesaria y que la persona sea la que decida en ese momento qué es lo que mejor, qué le conviene para su vida y que no tiene que ver solamente con los derechos sexuales y reproductivos sino en general y por eso es un posicionamiento diferente al modelo paternalista, que es también patriarcal, de la salud: donde el profesional es el que decide sobre la otra persona por eso es por el derecho a decidir y, puntualmente el acceso a la intervención legal del embarazo, pero no funcionamos desde ese lugar.

Es una práctica feminista porque va más allá de la intervención que se puedan ser del sistema de salud, las personas deberían poder decidir sobre su vida en general, a su vez es un tema que es tan tabú en la sociedad que sólo gracias a la lucha y realización pudimos ir posicionándonos en las calles y eso nos devuelve también a nosotras como la conexión sobre nosotras mismas y con nuestro cuerpo, empezamos a hablar desde la sexualidad no solamente reduciéndola a la reproducción o no sino que a los deseos. Es, también, una práctica feminista de por sí porque nos devuelve el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y sobre nuestra vida que va más allá de la intervención médica nos posicionan un lugar de pensar la sexualidad en el deseo y nuestras propias proyecciones de lo que queremos hacer y con nuestro cuerpo y con nuestra vida. Entonces si bien es responsabilidad del Estado garantizar la práctica de forma segura para generar equidad en el acceso al derecho, es una práctica feminista de por sí por eso es importante que todos los acompañamientos sean en ese lugar de esa perspectiva. No es una práctica médica más que tiene que estar sistematizada desde ese lugar, porque todo el acompañamiento que se hace alrededor de una interrupción del embarazo tiene que ser de manera integral, acorde a lo que la persona trae o necesita en este momento de su vida. Muchas veces sucede que hay situaciones de violencia, a veces más explícitas y otras no tanto, transitar por una consejería donde se abren otras herramientas para poder tomar decisiones en nuestra vida y generar movimientos que nos hagan bien y que nos hagan mejor, es también una oportunidad para pensarnos de ese lugar. Por eso, nosotras desde la Red, reconstruimos acompañamientos que son amorosos desde una perspectiva de derechos y feminista, y no como una práctica médica más.

¿Cuál fue la historia donde más les alegró ser acompañantes de las decisiones soberanas de otras y otres?

Historias hay muchas, de las cuales nos hemos sentido bien nos alegra haber acompañado ese proceso porque muchas veces hay situaciones de opresión donde el tránsito por la consejería brinda nuevas herramientas para tomar decisiones que van más allá de la interrupción en sí que, muchas veces, es lo más sencillo de resolver. Sino que hay un montón de otras cuestiones y aristas en la vida de una persona que hacen que en ese momento no la esté pasando bien y muchas veces volver a reconectarse con la sexualidad desde un lugar de deseo y de proyección personal junto con otras está buenísimo. Se generan un montón de situaciones que terminaron desencadenando otros movimientos en la vida de las personas. Muchas personas que transitan por el espacio a lo mejor no conocían su cuerpo o no se habían puesto a pensar es bueno más allá de maternar o no en este momento de que otras cosas y podían decidir y acompañar todo ese proceso de manera integral y de manera muchas veces colectiva que se genera está buenísimo porque también no se enfrenta nuestras propias violencias y a nuestros propios machismos que tenemos en la vida cotidiana. También nos hacen mirarnos a nosotres como equipo de salud y hacer movimientos en nuestra vida. Entonces es un aprendizaje constante donde más allá de que podamos aprender o actualizarnos sobre el uso de la medicación, es un posicionamiento político que abre otros caminos. Nosotras estamos muy contentas con los dispositivos y queremos que sigan creciendo. Queremos cambiar el paradigma de salud hegemónico y patriarcal que hoy tenemos, entonces, también es un posicionamiento de lucha constante hacia dentro de las estructuras porque estamos creando cosas que no estaban en el sistema de salud y es muy gratificante desde el lado también.

¿Por qué el aborto tiene que ser legal, seguro y gratuito?

Tiene que ser legal seguro y gratuito para garantizar la equidad en el acceso al derecho. Hoy en día es muy heterogénea la experiencia de los efectores de salud, las pujas de poder entre los distintos niveles de atención, incluso formas de organización del país en distintas provincias, municipios y jurisdicciones, así que si bien tenemos el aborto legal por causales, que no haya un presupuesto desde la estructura del Ministerio de Salud que pueda garantizar la capacitación y los métodos, los circuitos para estudios complementarios en todos lados. Por otro lado, porque al ser legal por causales terminan siendo les profesionales quienes deciden si la interrupción es legal o no, y lo que se busca con la leyes,  es que sea de la persona la que tiene el poder sobre su cuerpo y sobre su vida. Por eso es importante que salga la ley ya y con urgencia. Que sea seguro tiene que ver con nuestra práctica, todes tenemos derecho a acceder a las prácticas seguras y que tengan la mayor evidencia, que las hay, por eso también necesitamos que salga la ley de IVE (interrupción voluntaria del embarazo) para poder solicitar la Mifepristona y para poder tener Ameu y garantizar así los tratamientos que son de segundo trimestre en los hospitales. Y que sea gratuito para que todas las personas puedan acceder desde nuestro sistema de salud, pensamos que la salud es un derecho por lo tanto tiene que ser garantizado por el Estado.

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Por Ana Paula Maragoni | Arte: Iván Barrera

En la provincia de Corrientes, un grupo de feministas trabaja asistiendo a mujeres que desean abortar hace cuatro años a través de la “línea rosa”. Ellas son las socorristas, quienes acompañan y defienden derechos evitando la muerte y las consecuencias provocadas por abortos inseguros y clandestinos. Donde falta el Estado, las mujeres y disidencias organizadas dan una respuesta y acompañan todo tipo de situaciones: desde mujeres que deciden abortar por distintas causas hasta niñas que han sido abusadas y a las que el sistema obliga a parir.

Más que una entrevista colectiva, esta nota es un tejido de solidaridad, donde la voz de las socorristas pueda emerger desde un territorio concreto y ayudarnos a ver todo aquello que Estado, iglesia e instituciones se empeñan en esconder.

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¿Cómo es abortar en Corrientes?

Abortar en Corrientes, con un decreto antiderechos que impide a las personas con capacidad de abortar, acceder a la interrupción legal del embarazo y como en toda sociedad cristiana y patriarcal, es abortar en soledad, abortar con culpa, abortar presionada, en secreto, con vergüenza, mientras los otros hijos duermen, como puedo, con una amiga, con una socorrista al teléfono. Después, implica soportar la violencia institucional en cada control post aborto, no poder contar la verdad a ningún médico o médica por miedo. Y a la vez, es un acto de resistencia que cobra mucha más fuerza en ese contexto tan hostil. Es la creación de estas redes afectivas y políticas como el socorrismo y como la amistad. Es reforzar esos vínculos. Abortar hasta contra nosotras mismas.

¿Cuáles son los principales obstáculos que observan en su tarea de acompañamiento?

A la hora de abortar, el principal obstáculo es la falta de un Protocolo de Interrupción del Embarazo (ILE), en primer lugar; y en segundo, la falta de articulación con el sistema de salud público. La resistencia que tienen los médicos y las medicas a conocer nuestra tarea, a validar nuestras prácticas, y los métodos sobre los que informamos. Ellas y ellos tienen una gran resistencia a capacitarse, a formarse con alguna perspectiva que no sea la hegemónica en la provincia (que es moral y cristiana). Ese es el principal obstáculo: la falta de politización y compromiso de las y los profesionales de la salud.

¿Cuál es la principal demanda, relacionada con la garantía del acceso a los derechos sexuales y reproductivos, que le harías a las y los responsables políticos de tu provincia?

La principal demanda es el acceso la interrupción legal del embarazo por causales, que ya existe, pero que en Corrientes no se cumple. Es enorme la cantidad de niñas madres, de adolescentes madres, de personas adultas con problemas de salud que no pueden acceder. Y estamos hablando de un derecho adquirido hace casi un siglo. Necesitamos que se garantice el cumplimiento de ese protocolo que ya existe y que tiene validez nacional. Luego, en general, necesitamos que se cumpla con el acceso a información sobre salud sexual y reproductiva, que hoy es inexistente en nuestra provincia.

¿Es la ESI de cumplimiento efectivo en las escuelas de tu provincia?

Con respecto a la ESI, no solo no existe el cumplimiento efectivo en las escuelas, sino que existe todo un movimiento contra la Educación Sexual Integral por parte de agrupaciones religiosas. También muchas escuelas semiprivadas religiosas se manifiestan en contra e incluso obligan a sus docentes a participar de las marchas contra la ESI. Existe todo un imaginario colectivo de que vienen a pervertir a la niñez y a la adolescencia. Y además de eso, yo como docente de escuela pública lo puedo decir, la persecución ideológica, política, institucional, la violencia que sufren las pocas docentes que pelean a favor de que se implemente la ESI en las escuelas y en la sociedad. Quienes hemos intentado su implementación, hemos pagado un precio muy alto, relacionado a nuestra salud mental dentro del ámbito laboral.

Las personas que las contactan, ¿por qué razones deciden abortar?

En general, nosotras entrevistamos a todas las chicas o personas con capacidad de abortar que nos contactan, y una de las preguntas que les hacemos es por qué deciden abortar. Y la mayoría de las respuestas es por proyecto de vida, económico y también por violencia naturalizada dentro de la pareja o el vínculo sexual.

Frente a este panorama, ¿por qué deciden acompañar?

Elegimos acompañar porque en este contexto social, político e histórico, lo consideramos un deber desde el activismo feminista y un acto de resistencia, mientras se sigue peleando en las calles, y en todos los lugares, cada una desde su rincón, por la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Considero que es una práctica feminista, por la creación de redes que trascienden nuestra provincia y nuestro país, ya que tenemos vínculos con redes de aborto en toda América Latina y el Caribe; porque es horizontal; porque es autogestiva; porque es libre; porque sistematiza datos; porque acompaña historias de vida; porque está en lugares donde hay mucha soledad, donde a veces no hay nadie mas que nosotras. Y ese es el acto de sororidad, o la práctica feminista concreta y activa de poner el cuerpo real y literalmente donde se nos necesita.

Se trata de poner el cuerpo, la escucha activa, muchas veces, incluso dinero o nuestras casas, porque hay personas que no tienen siquiera un espacio de intimidad para poder abortar, nuestro tiempo, acompañar a las personas a hacerse los estudios pre y post, contener emocional y psicológicamente dentro de lo que podemos o derivar a otras redes, algo que podemos hacer a través de las redes que teje el feminismo, para poder contar con profesionales en salud mental, derecho, u otras profesiones según lo que necesite la persona asistida, porque no podemos contar con el Estado. Nos tenemos a nosotras y estamos armando el mundo feminista, como lo decimos en nuestras banderas, marchas y folletos. Y creo que eso es concreto, y a su vez también es visible y palpable, y todos los días puedo comprobarlo. Por esas razones creo que el socorrismo es una práctica feminista.

Con resguardo de la identidad, ¿cuál fue la historia donde más les alegró ser acompañantes de las decisiones soberanas de otras y otres?

En mi caso, tuve dos que me resonaron y alegraron mucho. La más sorprendente que me pasó fue poder acompañar a una chica que estaba en México. Ella estaba ahí por un intercambio estudiantil y tenía un amigo que era de Argentina, de Chaco. Su amigo se contactó a través de la línea publica, y a la vez yo pude contactarlos con “Fondo María”, que son las acompañantes en México, y ellas pudieron asistirla. Donde estaba ella, el aborto no era legal. Se había hecho un aborto con la indicación de un médico, que se lo había indicado mal, y luego, a través de las socorristas de allá logramos que tuviera la información y el acompañamiento adecuado, y que se resolviera bien su situación. Después ella volvió a su país, y nos hizo llegar la noticia de que se quería sumar a la red de acompañantes en su país. Esa fue una de las cosas más increíbles que me pasó, porque pude ver realmente como trascendía las fronteras lo que estábamos haciendo.

También recuerdo a otra chica que había venido a trabajar acá, sin celular, sin plata, de 17 o 18 años, que estaba muy sola, apenas con una prima. Ella había llegado de Venezuela ya embarazada. El primer o segundo día que llegó, salió con su prima de paseo, y vio en una plaza donde estábamos por un evento, nuestra bandera con el número de teléfono de la línea de aborto seguro. Cuando se dio cuenta de que estaba embarazada, primero recurrió a su prima, pero ella le manifestó que estaba en contra de que se hiciera el aborto. Entonces, se acordó de la bandera y empezó a googlear. Así llegó a nosotras y pudo hacerse el aborto con nuestro acompañamiento. Eso también, a escondidas de la prima, con su mamá en Venezuela, sin celular, contactándonos a través del teléfono de un amigo de su prima, que era el único que le hacía el aguante. Fue toda una travesía hasta que pudimos, se lo hizo en mi casa, con nuestra contención. Ese fue un acompañamiento muy lindo porque pudimos ver lo empoderante que es la decisión sobre nuestro cuerpo, sea cual sea. Y ella, a pesar de que era tan chiquita, vimos lo valiente que era de venirse de otro país para poder buscar trabajo, para traer a su madre, y decidir abortar sin conocernos, con todo el miedo que debe implicar eso. Y finalmente fue una experiencia muy linda.

Y después, en general, lo más conmovedor son las niñas que vienen con las mamás. Hay talleres donde están la niña con su madre y su madrina, o las hermanas. Y una ve varias generaciones tratando de darle el apoyo, la contención, de que no sienta que está haciendo algo malo, que no se sienta culpable; que sepa que es una decisión que, aunque le esté costando, con el tiempo la va a valorar; que no la va a traumatizar, sino que la va a reivindicar. Y es muy lindo formar parte de eso.

¿Reconocen alguna historia en su provincia que sea representativa de los obstáculos, dificultades y /o actores y poderes que impiden el derecho al aborto?

La historia más representativa que se me viene es la de una niña de Monte Caseros de 10 años, abusada por su padrastro, que terminó con una cesárea en el Hospital Vidal de la ciudad de Corrientes. Previamente, en su ciudad natal hubo marchas “por el derecho a la vida”, desinformación por parte de la ecógrafa y de la médica general que la atendió, baby showers organizados por la iglesia a la que asistía la madre. Es decir, un hostigamiento por parte de toda la comunidad de su ciudad y una desinformación total. Cuando llegó a Corrientes (capital), su embarazo ya estaba muy avanzado, y finalmente le hicieron cesárea porque su cuerpo no iba a poder resistir el parto. El periodismo acosó a las trabajadoras sociales que la acompañaban a ella y a la madre, filtraron detalles morbosos y sensacionalistas de la vida de la niña, pedían explicación a las activistas y a las trabajadoras sociales y a la madre. Nadie fue a hablar con el gobernador por este decreto llamado “pro vida” (antiderechos), ni con el Ministro de Salud, o con el personal de salud del hospital. Nadie visibilizó que tenemos un decreto que impide la interrupción del embarazo hasta en estos casos. Nadie visibilizó que esta niña debería haber tenido desde el primer momento el derecho de abortar. Ni siquiera ahondaron en el padrastro abusador. Se centraron en ella y en su entorno. Fue la vulneración sobre la vulneración y la revictimización de los medios nacionales. Se trataba de una nena abusada y embarazada a punto de hacerse una cirugía, que después llevaría para toda la vida. Las declaraciones del médico fueron que, así como jugamos a la mamá cuando somos niñas, esto es lo mismo, pero con un bebé de verdad. Y que esa nena, así como aprendió a caminar y hablar, va a aprender a ser mamá. Y que la responsabilidad recaía en ella también, porque al no estar educada sexualmente no pudo o no quiso denunciar a su padrastro y el abuso. Una irresponsabilidad total por parte de todos los agentes, incluyendo a les periodistas, cómplices y revictimizantes, deshumanizados.

También hubo otras historias en las que vulneraron los derechos de niñas y adolescentes abusadas y donde enciman abren una causa judicial. Eso es lo que suele hacer el estado en Corrientes. Llegan a sus casas. Vulneran todos sus derechos, las invisibilizan, las desoyen y las exponen. Y hablan con los supuestos adultos responsables, que nunca se dieron cuenta de que fueron abusadas. Es un mensaje de aleccionamiento por animarse a contar lo que les pasó. Les familiares, en muchas ocasiones, en vez de contener y darle opciones a la niña o adolescente, se ponen en el lugar de protagonistas del sufrimiento, el dolor y la vergüenza, generándole mas culpa. Además del trauma, del abuso, del embarazo, de toda una situación difícil con los amigos y en la escuela, se afronta la culpa de “lo que le hice a mis padres”.

¿Por qué el aborto tiene que ser legal, seguro y gratuito?

Tiene que ser legal para que la corporación medica tenga la obligación y el compromiso de formarse con una perspectiva feminista e inclusiva que reivindique y respete el deseo y las decisiones de las personas con capacidad de abortar. Que dejen de excusarse en la legalidad y esa doble moral de que cumplen con todas las leyes dentro del servicio de salud pública, porque resulta que, si pagas 30.000 pesos en sus consultorios privados, se olvidan de que existen esas mismas leyes que reivindican. Pienso que tienen que ser seguros, como son los abortos seguros acompañados por socorristas, que la información sobre el aborto tiene que socializarse, que todas las mujeres tenemos que saber cómo abortar. Que esa información, que ya es pública, y que es el método recomendado por la OMS, debe ser un conocimiento ya expropiado a la corporación médica, un conocimiento que hemos tenido ancestralmente las mujeres y que nos fue arrebatado.

Lo que va a hacer que sea seguro es que contemos con la información. Y que sea gratuito para que todas las personas que lo deciden, puedan acceder, y que bajen las tasas de mortalidad, de maternidades no deseadas, de niñas y adolescentes forzadas a parir y maternar. También pienso que tiene que ser libre y feminista, porque los cambios sociales no vienen rápidamente a partir de una ley. Por mas que exista la ley, la discriminación, la violencia, el maltrato, la hostilidad siguen existiendo. Es importante que podamos decidir cómo queremos abortar, que puedan ser tratamientos ambulatorios, que decidamos con quien queremos estar acompañadas, y hacerlo donde nos sintamos cómodas, tranquilas y seguras, que en general no son los servicios de salud, con profesionales que están automatizados y que ven en cada paciente un número y no un ser social, biológico, político, emocional, y demás.

Cada aborto es distinto, como cada persona. Cada proceso es particular y viene cargado de la historia de la persona que lo va a atravesar, y todo eso debe ser respetado y considerado. Y no creo que se pueda dar dentro de esa institución que es el hospital, al menos todavía. Se necesita mucha formación, sobre todo emocional, empatía, respeto, compromiso con la vida y la salud de esa otra persona que nos necesita.

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Por Laura Salomé Canteros y Ana Paula Marangoni | Arte: Iván Barrera

“Somos Socorro Rosa Córdoba, una colectiva feminista y autogestiva que brinda información acerca de cómo realizarse un aborto seguro con pastillas y acompaña a las personas que desean interrumpir su embarazo”. Así, les integrantes de esta colectiva de acompañamiento se presentan, y responden nuestras preguntas que abordan la problemática del acceso a los derechos sexuales y (no) reproductivos durante la pandemia de COVID- 19 y de forma histórica.

Sobre el marco de clandestinidad, el peso de dobles y triples jornadas sobre quienes acompañan, sobre quiénes abortan y la necesidad de construir mundos vivibles, voces colectivas para el ejercicio de soberanías desobedientes. Desde los territorios y para el especial “¿Quién defiende a lxs Defensores?”.

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¿Cómo es abortar en Córdoba?

Tan diverso como los modos en que se pueden entramar variables como la ubicación geográfica, la capacidad económica, la edad, entre otras. No es el mismo acceso en zona rural que en la ciudad, en un barrio céntrico periférico, si se cuenta con dinero o no, si se está acompañada, o si se aborta sola y a escondidas. Se viene tejiendo una red de espacios, tanto públicos como privados, que buscan garantizar el acceso al aborto seguro. Sin embargo, esos contactos son escasos y aún hay personas sometidas a maltratos, desinformación, criminalización y prácticas inseguras.

El Protocolo de ILE en la provincia de Córdoba estuvo suspendido desde 2012 hasta fines de 2019 por un amparo presentado por la Asociación Civil católica ortodoxa “Portal de Belén”. El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba se tomó siete años para considerar la cautelar presentada por la ONG como inadmisible. Y que fue gracias a la lucha territorial de los movimientos feministas que empujaron durante esos años para su aplicación. Rige en la actualidad en nuestra provincia, el Protocolo elaborado por la misma en 2012, no habiéndose adherido aun al Protocolo actualizado a nivel nacional. Aun así, estos sectores antiderechos tienen lugar en la justicia, tal es el caso en que la jueza federal, Cecilia Madariaga Guilardi de Negre, dio lugar a un amparo presentado por esta misma ONG y ordenó la suspensión de la venta de misop200 bajo receta en farmacias.

¿Cuándo y cómo surgió la colectiva y por qué?

Socorro Rosa Córdoba surge en 2012, cuando un grupo de militantes feministas, a partir de la cantidad de consultas que recibían personalmente sobre cómo y dónde abortar, decidieron formarse y organizarse para empezar a compartir información sobre cómo interrumpir un embarazo de manera segura con pastillas; y además de compartir información, empezó a acompañar esos procesos de las personas que llegaban en busca de ayuda.

Entonces surge “Socorro Rosa Córdoba”, con su nombre inspirado en nombres de feministas italianas que entre las décadas 60 y 70 se organizaban para resolver situaciones similares.

¿Cuáles son los principales obstáculos para la tarea de acompañar?

En el contexto actual, hay un obstáculo muy evidente, en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio, que es la imposibilidad de circular y encontrarse en espacios públicos para tener talleres, que es el momento en el que brindamos la información, cara a cara, de manera presencial. Previo a este contexto, uno de los mayores obstáculos es el marco de clandestinidad que rodea al aborto y que dificulta las dinámicas sociales vinculadas al acontecimiento.

Además, la persecución y el hostigamiento de grupos antiderechos nos lleva a pensar de manera permanente, estrategias de cuidado para prevenir y protegernos, a nosotres y a quienes acompañamos, de sus acusaciones y maltratos. Otro obstáculo es la precarización y sobrecarga a la que estamos sometidas; en rutinas cotidianas signadas por la precarización laboral y las tareas domésticas, hacernos de tiempo para organizarnos y acompañar, es un verdadero desafío.

¿Cuál es la principal demanda, relacionada con la garantía del acceso a los derechos sexuales y reproductivos, que le harías a las y los responsables políticos de tu provincia?

La principal demanda es que dejen de violentarnos y de impedirnos el acceso a derechos que nos garantizan una vida digna; que dejen de obstaculizar la posibilidad de decidir sobre nuestros propios cuerpos y maneras de ser y vivir; que podamos parir como queremos; abortar como queremos; cuidarnos con el método anticonceptivo que queremos y que se garanticen los recursos y leyes para poder efectivizarlo. En nuestra provincia, exigimos que se brinde la información necesaria, los recursos e insumos para acceder al aborto seguro y a los métodos anticonceptivos como política pública universal, independiente de la voluntad del equipo de profesionales.

¿Es la ESI de cumplimiento efectivo en las escuelas de tu provincia?

Son pocas las instituciones que garantizan la aplicación de la Ley Nacional de Educación Sexual Integral (ESI) en nuestra provincia. Muchas impiden su aplicación y se manifiestan en contra, aglutinadas en el eslogan “Con mis hijos no te metas”; y otras utilizan el marco de la ESI para bajar contenidos que son contrarios al espíritu de la Ley, como en escuelas que celebren el “día del niño por nacer” y que se oponen a la Ley de Indentidad de Género, reniegan del Matrimonio Igualitario y prohíben el uso de lenguaje inclusivo. En los colegios en los que se busca respetar la Ley, es difícil encontrar iniciativas comprometidas y transversales. A veces las instituciones obstaculizan su implementación o las plantas docentes manifiestan no estar preparadas para ejecutarlas. Así, la aplicación de la ESI queda en la voluntad, posibilidad y creatividad de cada docente en particular.

Si pudieras identificar las tres principales causas por las que las personas gestantes abortan, ¿cuáles serían?

Las personas que deciden abortar, se encuentran motivadas por situaciones muy diversas, difíciles de encasillar. La situación económica; la falta de trabajo o vivienda; salario por debajo del mínimo necesario para vivir; el proyecto de vida, estudiar, viajar; encontrar un trabajo deseable; de tener otres hijes y no querer volver a maternar; la ausencia de compañía a la hora de compartir la responsabilidad de la crianza (quién aporta el esperma se borra), suelen ser algunas de la principales causas que motivan la decisión de interrumpir un embarazo en quienes acompañamos.

¿Por qué eligen acompañar y porqué piensan que es una práctica feminista?

Acompañamos a personas que deciden abortar porque creemos que es un acto políticamente potente en contra de la clandestinidad del aborto y a favor de la libertad y la autonomía corporal. Compartir la información que existe, socializar la experiencia acumulada y hacerla pública, es una forma de lucha contra la imposición de silencios y tabúes. Creemos que esta práctica es feminista porque opone al poder unilateral del modelo médico- hegemónico patriarcal que gobierna y legisla sobre nuestros cuerpos de manera autoritaria, otras lógicas basadas en los cuidados, la contención, las redes de solidaridad, la independencia.

Creemos que las vivencias de sufrimiento que rodean a los abortos se vinculan a condiciones de criminalización y condena social; y que por eso, habilitar mecanismos de escucha y de sostén colectivo, puede hacer de las interrupciones, experiencias que empoderan y brindan autonomía sin hostilidades ni prejuicios. Nos proponemos desdramatizar el aborto sin banalizar la carga que socialmente se le asigna, lo pensamos como experiencia que puede relacionarse al deseo, a la elección, a la sensación de alivio, libertad y al ejercicio de la autodeterminación.

Con resguardo de la identidad, ¿cuál fue la historia donde más les alegró ser acompañantes de las decisiones soberanas de otras y otres?

Una de la que más nos alegró fue la de una enfermera, que tenía miedo de poner su vida en riesgo al abortar de manera clandestina tras ver cómo se moría una joven en la guardia ginecológica por un aborto mal practicado. Nos alegró también acompañar a una adolescente que se encontraba en una relación de noviazgo violenta; a una señora, madre de tres hijes, cuyo embarazo ponía en riesgo su salud e interrumpirlo le garantizaba poder seguir compartiendo la vida junto a quienes quería. Nos alegró acompañar a personas migrantes; y cuando nos tocó acompañar a ex estudiantes de las escuelas en las que algunas de nosotras ejercemos la docencia.

¿Reconocen alguna historia en su provincia que sea representativa de los obstáculos, dificultades y/o actores y poderes que impiden el derecho al aborto? ¿Podrían contarla? ¿Por qué es para ustedes una historia o situación emblemática?

Existen varias historias emblemáticas en las que se interpusieron poderes eclesiásticos gubernamentales para impedir el acceso al aborto. Sin embargo, a nosotres nos interesa destacar todas aquellas vivencias cotidianas e imperceptibles que sufren las consecuencias de la clandestinidad, atravesando padecimientos innecesarios, junto al miedo y el dolor; en donde los poderes que se interponen son múltiples y a escalas micro, como puede ser la pareja, la escuela, el hospital, que al final encarnan de manera local, los planteos morales de grandes instituciones como la iglesia. Por eso, colaboramos en que sean menos traumáticos y dificultosos.

¿Por qué el aborto tiene que ser legal, seguro y gratuito?

Es necesario que el acceso al aborto sea legal, permitido y garantizado por el Estado; gratuito, accesible para todas las personas más allá de su posición de clase; seguro, ultilizando métodos probados y eficaces; y libre, sin trabas ni restricciones o juicios estigmatizantes.

Esto ayudaría a terminar con las muertes evitables, daños físicos y malestares psicológicos vinculados a la criminalización de la práctica, formalizaría el derecho de las personas con capacidad de gestar a decidir sobre su cuerpo sin coerciones ni tratos hostiles, habilitaría la maternidad como elección, surgida del deseo y no como destino impuesto cuya evsaión debe ser castigada; y permitiría la construcción de nuevas subjetividades respecto del aborto alternativas a la culpabilización y la victimización.

Todos estos cambios, sin embargo, no se producurían de manera automática ya que así como toda Ley es resultado de largos procesos históricos de lucha, su implementación debe ir acompañada de condiciones materiales que garanticen su funcionamiento como partidas presupuestarias, iniciativas para la formación profesional, aprobación de los medicamentos recomendados para prácticas seguras, campañas de concientización, etc.

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Por Laura Salomé Canteros* | Arte: Iván Barrera

La despenalización social del aborto y la creciente movilización política de los feminismos llegaron en 2018 al debate de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, interpelando a los poderes tradicionales desde un rol histórico. Sin embargo, a pesar de los evidentes avances y que hoy, con otro signo político en el gobierno, el Ministerio de Salud de la Nación tomó las iniciativas de generar políticas públicas que garanticen los derechos sexuales y (no) reproductivos, hay territorios del país donde abortar sigue siendo un sinónimo de desigualdad y de poner en riesgo la vida, la salud o la libertad.

Con Estados provinciales y municipales ausentes y poderes judiciales presentes para criminalizar y encerrar, las mujeres y personas con capacidad de gestar ejercen la soberanía sobre sus cuerpos- territorios y abortan o piden auxilio de la mano de redes feministas y profesionales de la salud o de las leyes que circulan de boca en boca.

Por eso, aun con un tipo penal que transforma en delito nuestras decisiones, mujeres, lesbianas, bisexuales y varones trans ejercemos soberanía desobediente. Y muches más, acompañamos. En esta parte del especial “¿Quién defiende a lxs defensorxs” realizado por Marcha, nos proponemos visibilizar historias, testimonios y problemáticas de personas que abortaron o padecieron un evento obstétrico y sus acompañantes en: Tucumán, Corrientes, Córdoba, Mendoza, San Juan y Buenos Aires. Para eso, entrevistaremos a colectivas autónomas de acompañamiento en abortos. Mientras caminamos a la mayor conquista de los últimos años, aborto legal, seguro y gratuito.

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En Argentina, la emergencia sanitaria por el COVID-19 implicó que se determine el aislamiento social preventivo y obligatorio en todo el territorio nacional desde el 20 de marzo de 2020. Esto, ¿cómo afectó la difusión de información para el acceso a abortos seguros? ¿Cómo las restricciones de movimiento amplificaron las vulneraciones de derechos en aquellas provincias o territorios más conservadores política y socialmente?

La problemática no es una cuestión sectorial -ni mucho menos ideológica- y habla sobre el acceso (des)igualitario al derecho a la salud integral de más de la mitad de la población; ya que en Argentina, según los últimos datos del Ministerio de Salud de la Nación, son entre 370.000 y 520.000 los abortos por año -41 por hora- y son 39.025 las internaciones por consecuencias del aborto inseguro. En Corrientes, 1.278; en Córdoba, 1.325; en Mendoza, 2.392; en San Juan, 1.008; en Buenos Aires, 13.819; y de Tucumán no hay datos.

Y según los últimos datos del Ministerio de Salud de la Nación, en el año 2018, 2.350 niñas menores de 15 años fueron obligadas a gestar y parir; y 84.768 adolescentes entre 15 y 19 años se convirtieron en madres. Situaciones biográficas que refuerzan el mandato heteropatriarcal y colonial de la maternidad obligatoria, quitando soberanía en un mensaje violento y disciplinador sobre los cuerpos de niñas, adolescentes y mujeres.

Según la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, la articulación que nuclea a más de 700 organizaciones alrededor de la demanda, no garantizar la interrupción voluntaria del embarazo, con un Estado presente con sus instituciones, presupuesto y capacitación para les profesionales de la salud, constituye una problemática de salud pública. Y una deuda con la justicia social y los Derechos Humanos.

Según el informe de la Red de Socorristas, con presencia de colectivas feministas organizadas en casi todas las provincias del país, solo en 2019 acompañaron a 12.575 mujeres, lesbianas, bisexuales y varones trans en sus abortos para la salud integral y desobedientes. Siendo las regiones del noroeste y bonaerense donde más les contactaron, respectivamente. Son aquellos accesos seguros, con medicamentos, que no pertenecen al sistema público y en una etapa única, ya que tras 2018, se registran la mayor cantidad de consultas, denuncias y pedidos de acceso a la información.

La demanda política obliga a reconocer y garantizar derechos desde el momento en que fue emprendida.

Sin embargo, ¿cuáles son las historias tras las cifras? ¿Cómo es abortar en pandemia en los territorios más conservadores? ¿Quiénes están dispuestas a acompañar y cuáles son los principales obstáculos para esa tarea feminista? ¿Cuáles son las historias representativas de los obstáculos que nos impiden el derecho al aborto? Y finalmente, ¿por qué seguimos exigiendo la gran deuda de la democracia: aborto legal, seguro y gratuito?

 

DESDE MAÑANA, LEÉ ESTAS ENTREVISTAS COLECTIVAS EN:

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*periodista feminista. Editora de la sección Géneros. Activista de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito

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Por Agustín Bontempo

Luego de que se postergue en varias oportunidades, finalmente se cumplió el plazo determinado por la justicia para que el gobierno provincial avance en el desalojo de la toma de Guernica.

Desde hace alrededor de tres meses, 2500 familias se alojaron en un sector del sur del conurbano bonaerense, como una medida extrema ante la crisis que pega cada vez más fuerte. Sin vivienda digna ni empleo formal, vivir se hace cada vez más complicado. Frente a un déficit habitacional que se agrave, el gobierno provincial que encabeza Axel Kicillof solo ofrece como solución un desalojo forzoso que, en caso de concretarse, estará a cargo de Sergio Berni y 4 mil efectivos policiales.

En la actualidad, la provincia de Buenos Aires cuenta con más de 1500 villas y asentamientos donde viven aproximadamente 1.500.000 personas. Que en este contexto de agudización de la crisis, la respuesta no puede ser un desalojo.

En el marco del especial “¿Quién defiende a lxs defensorxs”, en conjunto con la Fundación Rosa Luxemburgo – Oficina Cono Sur, entrevistamos a Yamila Rodríguez, integrante de la Coordinación de Delegados y Delegadas del barrio, que nos habla de la situación aunque también de la importancia de la organización.

-Vos integras la Coordinación en el reclamo por vivienda digna en Guernica, ¿cómo se formó y con qué objetivos?

-Soy una de las delegadas generales del predio junto con otros tres o cuatro compañeres. La verdad es que se formó un poco a los topetazos, más teniendo en cuenta de que esto no fue planificado, nos conocimos todos y todas ahí en el predio y bueno fuimos formando un poco lo que es el cuerpo de delegados y delegadas.

Cada manzana tiene sus delegados, cada barrio tiene su delegado general, que somos cuatro. También funciona la asamblea feminista, coordinación de salud y de niñez, entre otras cosas.

-¿Cuál era la situación en materia de vivienda en la que se encontraban las 2500 familias antes de la toma?

-La situación en la que nos encontrábamos en su mayoría es que éramos trabajadores y trabajadoras que a partir de la pandemia y la crisis económica agravada por esta situación, nos quedamos sin trabajo ya que en otros casos éramos trabajadores precarizados y alquilábamos. Muchos y muchas quedaron en situación de calle en ese momento, la urgencia conllevó esta situación.

-¿Cómo se vienen organizando las y los vecinos en la toma y cuál es el rol de las organizaciones sociales y políticas que vienen acompañando el reclamo?

-Nos venimos organizando justamente de manera asamblearia y con cuerpos de delegados y delegadas, responsables de diferentes tareas.

Las organizaciones tanto sociales como políticas vienen acompañando este reclamo desde los primeros días. Ellos y ellas se acercaron luego de que muchos y muchas vecinas que participaban de sus organizaciones llegaron a comentar de lo que estaba pasando en el predio y cómo venía la situación judicial y se preocuparon. Ahí  ingresan las organizaciones en su rol que en este momento es de acompañamiento y de brindarnos un apoyo real del cual carecemos por parte del Estado, más teniendo en cuenta que son quienes nos acompañan. Estamos haciendo una coordinación conjunta, en toda reunión con las organizaciones estamos presentes los delegados y delegadas generales y quien quiera participar de forma más activa.

-¿Más allá de las novedades que se pueden leer en los medios, ¿cuál es el vínculo que vienen construyendo con el gobierno? ¿Creen que le interesa resolver el problema en favor de las y los vecinos?

-El vínculo que venimos construyendo con el gobierno fue prácticamente nulo en este tiempo que estuvimos dentro del predio, más teniendo en cuenta que la única opción que tenían y tienen es el desalojo. Esto es bastante inminente. Desde día cero lo único que proponen es el desalojo. Hace unos 20 días hizo una intervención formal el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de provincia, quienes proponen un desalojo pacífico. Yo la verdad que, a mi criterio, no tengo memoria de ver jamás un desalojo pacífico. No hay propuestas reales y concretas que impliquen de que si nos retiramos de ahí, de forma pacífica, vamos a tener una respuesta inmediata, nos van a poner en una base de datos que supone vamos a tener en algún momento una solución.

Estos días fueron de bastante discusión por su intervención ya que hemos sido amenazados de que si no nos vamos seremos judicializado, algo que ya sabemos desde el día uno, pero ellos cuando llegaron vinieron con esa propuesta de que nadie va a ser judicializade y acá estamos. Están queriendo dividir a las familias, más teniendo en cuenta de que temas como, según ellos, la heterogeneidad corre un poco el eje de que si le das un bolsón de mercadería o 50 mil pesos a la familia, le solucionas todo el problema habitacional. Yo la verdad que disiento en esa cuestión ya que las mismas familias deciden quedarse o irse. Nosotros simplemente somos voceras y voceros que damos a conocer esta posición. Nosotros no decidimos por nadie. Están manejándose de forma bastante de prepo con las familias y eso genera un poco de rupturas en el diálogo entre las dos partes.

-¿Cómo crees que se resolverá la situación y cuáles son los riesgos del desalojo?

-La verdad que la única solución que encontramos nosotros es tierra por tierra ya que si prima la propiedad, la falsa propiedad privada porque la verdad que sí ellos como Estado no hacen respetar la ley y únicamente judicializan y criminalizan al pobre, a quién no tiene la posibilidad, el gobierno popular del que tanto hablan es bastante falso.

Nosotros tenemos un grupo de compas que están colaborando, son quienes están en la parte urbanización, el cual nos comentan de que una solución real puede haber pero bueno, ellos no la proponen y no tienen intención de escucharla. Hay leyes que amparan este tipo de soluciones, como una ley de expropiación, con negocios inmobiliarios que nos den una posibilidad, la compra de algunos de los predios. Algo así llevaría a poder solucionar la totalidad de la situación de las familias en el predio.

Obviamente, es una problemática habitacional. Acá estamos en un complejo de situaciones bastante extenso, pero peleando por la tierra y es lo que no se nos está solucionando.

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Por Agustín Bontempo / Foto por Germán Romeo Pena

La situación en la Argentina previo a la llegada de la pandemia es, en términos sociales y económicos, de una escala similar a los efectos del virus. Cada persona que habita estas tierras tuvo que torearse con las políticas destructivas del gobierno de Mauricio Macri. Millones de empleos que se perdieron, miles de PyMES que cerraron sus puertas, escalada inflacionaria constante (en 2019, cerró con el 53,8%, siendo la más alta desde 1991) y su consecuente pérdida de poder adquisitivo de las y los trabajadores que, cada vez más, vieron cómo sus salarios caían derrotados mes a mes sin siquiera poder cubrir sus necesidades básicas.

Cambiemos, la coalición que gobernó los cuatro años precedentes a la pandemia, intentó generar una transformación estructural en nuestro país que iba de lo económico, político y social hasta lo cultural. El discurso de la meritocracia como único camino de desarrollo, era el estandarte para poder avanzar en reformas como la previsional y la laboral, enfrentadas en las calles por levantamientos populares en cada rincón del país, con alternancia de resultados. Sin embargo, la perseverante debilidad política de un gobierno que fracasó en cada intento de imponer su modelo, iba acumulando derrotas tras derrotas que llevaban al país hacia un abismo inexorable. Y esa caída se inició a finales de 2017, poco después de una victoria electoral importante pero con un envalentonamiento en las urnas que no pudo traducirse en el resto de los escenarios.

Las recordadas jornadas del 18 y 19 de diciembre de aquel año que se vivieron como una pueblada que ponía un freno al ajuste macrista, coincidieron con el agotamiento de un modelo económico liberal que ponía de rodillas al país, nuevamente, frente al Fondo Monetario Internacional (FMI). La historia que siguió es bien conocida. Endeudamiento a 100 años, rifando el futuro de varias generaciones y el retorno obsceno de una bicicleta financiera que fugó de nuestro país casi 90 mil millones de dólares. Este monto sería que suficiente para paliar los efectos de la crisis actual, al mismo tiempo de ir resolviendo cuestiones estructurales ,como las que aquí más nos interesa: la vivienda, la educación y la salud.

La herencia eterna

Los años pasan y hay cada vez más gente sin techo y casas sin gente. En innumerables oportunidades hemos hablado del creciente negocio inmobiliario, sustentado en un fuerte mercado de especulación, al mismo tiempo que las personas se agolpan en las villas o en las calles de a miles y millones.

Según el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), en 2018, Argentina ya acumulaba 4288 barrios populares o asentamientos. En la actualidad, esa cifra ya asciende a 4416, es decir, casi 200 villas y asentamientos más en el país en apenas 2 años.

Hablar de condiciones de hábitat no debe ser una tarea sencilla. Hablamos de millones de personas que viven hacinadas, en espacios reducidos y sin servicios básicos como agua potable, gas natural o servicio eléctrico.

En particular, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenta con 38 villas o asentamientos, según la Dirección General de Estadísticas y Censos de la ciudad. Allí viven más de 300 mil personas, según datos del IVC, CELS y ACIJ, así como también más de 7000 personas están en situación de calle. Hablamos de familias enteras, niños y niñas, adultos mayores, que transitan su vida entre el barro, con un Estado que garantiza su presencia por la ausencia misma.

Sin embargo, la obscenidad de la desigualdad se traduce en que: mientras vemos el escenario en la ciudad más rica del país, allí mismo alrededor de 140 mil viviendas se encuentran vacías. Estas podrían albergar al menos a 560 mil personas, es decir, a toda la población que vive en villas, asentamientos, en la calle y aún queda resto.

La Provincia de Buenos Aires, foco de la crisis habitacional recrudecida durante esta pandemia, no se queda atrás. De acuerdo al Registro Público Provincial de Villas y Asentamientos Precarios, en 2018 a lo largo de todo el territorio provincial había 1584 villas o asentamientos. De ese total, 981 se encontraban en el primer y segundo cordón del conurbano bonaerense, con alrededor de 350 mil familias viviendo en estos barrios, es decir, casi 1.500.000 personas. Una catástrofe. Solo imaginemos lo que puede implicar hacer cuarentena para estos millones de habitantes, que su día a día es de precariedad habitacional, con empleos irregulares o directamente desempleados.

En materia de educación, la pandemia permitió destacar tanto el rol de las instituciones educativas como el carácter esencial de las telecomunicaciones, el acceso a dispositivos tecnológicos y conexión a internet.

La gestión macrista no hizo más que profundizar la precariedad del sistema. Desde las viandas escolares de miseria en CABA hasta el desguace en infraestructura en Provincia de Buenos Aires con, por ejemplo, la explosión en una escuela de Moreno que se cobró la vida de Sandra Calamano y Rubén Rodruíguez, pasando por la implementación de la UNICABA, las paritarias de miseria, la persecución constante.

Sobre ese terreno, el gobierno que encabeza Alberto Fernández tomó algunas medidas para poder sobrellevar la cuarentena: licencias para las y los trabajadores que tengan hijes menores y que sus instituciones educativas estén cerradas, la promoción de planes y estrategias para seguir el ritmo pedagógico desde los hogares (con una repercusión invaluable en el trabajo docente), el acompañamiento con el IFE para las millones de familias de bajos recursos (recordemos que, según el INDEC, la pobreza en Argentina asciende al 40,9% llegando a ser en los menores de 14 más del 52%), entre otras.

En este escenario, una medida trascendental que tomó el gobierno fue la sanción del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 690/20 que declaró como servicios públicos a la telefonía móvil, internet y televisión paga. En sí mismo, este DNUadquiere suma importancia en un país donde la baja regulación hace que los servicios tengan valores de lujo con prestaciones sumamente precarias. Son herramientas importantes tanto para que las y los adultos lleven adelante tareas remotas, como para que les niñes puedan seguir su proceso pedagógico.

Para dimensionar este panorama, es importante resaltar los datos: de acuerdo con la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, en el último trimestre de 2019, casi el 40% de los hogares en el país no tenían acceso a computadoras y un 17% no tenía acceso a internet (incluyendo el acceso móvil). De acuerdo con el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), para el segundo trimestre de 2020 la cifra de hogares sin acceso a internet de ningún tipo ascendió al 36%, es decir, se duplicó en 6 meses. La situación económica es una de las grandes razones y por eso el DNU 690/20 que, entre otras cosas, prohibió los aumentos de tarifa y promovió la suspensión de cortes, es central.

Finalmente, la salud. Con la llegada de la pandemia a la Argentina se puso de relevancia el rol del conjunto de las y los trabajadores de salud en cualquiera de sus roles. Los aplausos invadieron las calles y la sociedad se animaba a reconocer que ante cada reclamo del sector por mejor infraestructura, condiciones de trabajo y salarios, requerían del apoyo de toda la sociedad.

El sistema de salud pública se encontró con el COVID19 con un escenario adverso. El gobierno saliente había degradado el Ministerio en una Secretaría en el lapso 2015-2019; el presupuesto se subejecutó en un 22%, según los informes del Ministerio de Hacienda. Sin embargo, no todo estaba perdido. En consonancia con los lineamientos generales del macrismo, la industria farmacológica en nuestro país tuvo un crecimiento en sus arcas económicas de casi el 12% -industria que, por supuesto, también es una de las grandes ganadoras en la pandemia-.  Un buen ejemplo de esto es que, en 2018, mientras se profundizó la crisis que afectaba a los sectores populares, Alberto Roemmers (dueño del laboratorio homónimo), tuvo ganancias por más de mil millones de pesos gracias al guiño gubernamental que le permitió aumentar sus productos en un 87%, más del doble que la inflación.

Todas estas situaciones suelen verse agravadas para las y los migrantes, que no solamente deben lidiar con la estigmatización de algunos sectores de la sociedad, sino que muchas veces las mismas instituciones vulneran sus derechos. Un ejemplo claro de esto es la lucha, ya de largo aliento, frente al DNU N° 70/17 firmado por Macri y que se mantiene vigente, precarizando la situación de las y los migrantes (por supuesto que no de cualquier nacionalidad), habilitando la posibilidad de expulsiones arbitrarias de nuestros país.

Como se puede observar, el panorama a lo largo y ancho del territorio es adverso. Las condiciones estructurales nos invitan a preocuparnos por los efectos de la pandemia. Sin embargo, allí donde el Estado no llega y los sectores privados intentan descargar sus crisis, aparecen las y los defensorxs, las organizaciones que se plantan en la primera línea y luchan día a día, codo a codo, por un mundo más justo. Hacia estas experiencias nos dirigimos.

La vivienda es un derecho

Cuando se decretó la cuarentena en todo el territorio nacional, y gracias a un nivel de acatamiento elevado, el aislamiento en los hogares daba sus resultados, manteniendo niveles de contagios y muertes sumamente bajos mientras en otros lugares del mundo la situación se agravaba.

Sin embargo, con el paso del tiempo, se ponía en escena una realidad que no aparecía en los medios: la situación en los barrios populares. Aquellos lugares donde quedarse en casa no era opción, ya sea por las condiciones de hacinamiento, la inexistencia de un techo, la necesidad de salir a buscar el plato de comida. En aquella oportunidad, pudimos retratar la pandemia desde el pie, esas vivencias y batallas en los barrios, donde el COVID empezaba a diseminarse, elevando las tasas de contagios y llevándose la vida de decenas de villeros y villeras, luchadoras y luchadores como Ramona Medina o Agustín Navarro, referentes de la lucha por igualdad y vivienda digna en Villa 31. Pero pasaba también en la 1-11-14 de Bajo Flores, con reacciones ineficaces del gobierno porteño, siempre tan ajeno a las necesidades de los sectores populares.

La situación escaló a un pico insólito cuando se conoció lo acontecido en Villa Azul, un barrio del conurbano bonaerense, dependiente de Avellaneda y Quilmes. Según datos del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires  (2018), en el barrio vivían 3128 personas en 837 casas (un promedio de casi cuatro personas por hogar) y se estima que, para este año, la población es de casi el doble. A finales de mayo, el COVID se hizo presente, llegando a infectar a casi 350 personas en un lugar donde, como se advierte, las condiciones no eran las mejores para hacer una cuarentena estricta y saludable.

En aquella oportunidad, el gobierno provincial, de la mano de Sergio Berni, dispuso un cierre absoluto del barrio por dos semanas, medida sanitaria discutible en términos de efectividad pero que contrastaba con, por ejemplo, los brotes que se veían en los barrios adinerados de la Capital Federal e incluso de la misma provincia.

Villa Azul fue la antesala del conflicto que hoy está en todos los medios: la toma de Guernica. Allí se sintetiza el verdadero efecto de una crisis que golpea a los sectores más vulnerables.

Yamila Rodriguez, integrante de la Coordinación de Delegados y Delegadas de Guernica, nos dijo que “La situación en la que nos encontrábamos en su mayoría es que éramos trabajadores que a partir de la pandemia y la crisis económica agravada por esta pandemia, nos quedamos sin trabajo, ya que éramos trabajadores precarizados y alquilábamos. Muchos quedaron en situación de calle. En ese momento, la urgencia conllevó esta situación”. Son alrededor de 2500 familias, casi 10 mil personas luchando por vivienda digna.

La empatía debería convocar a toda la población. No es una situación entre quienes pagan impuestos frente a quienes no. Hablamos de personas en situación de suma vulnerabilidad que nos enseñan la necesidad de organizarse para ir a la conquista de derechos. “La verdad es que se formó un poco a los topetazos, más teniendo en cuenta de que esto no fue planificado, nos conocimos todos y todas ahí en el predio y bueno fuimos formando un poco lo que es el cuerpo de delegados y delegadas. Cada manzana tiene sus delegados, cada barrio tiene su delegado general, que somos cuatro. Tienen ahí asamblea feminista, coordinación de salud y de niñez también, entre otras cosas”.

A la lucha de las y los vecinos, se suma la solidaridad de quienes día a día batallan por un mundo más justo. Yamila nos cuenta que “Ahí  ingresan las organizaciones (sociales y políticas) en su rol en este momento que es de acompañamiento y de brindarnos un apoyo real del cual carecemos por parte del Estado, más teniendo en cuenta que son quienes nos acompañan y están con los abogados. Estamos haciendo una coordinación conjunta, en toda reunión con las organizaciones estamos presentes los delegados y delegadas generales y quien quiera participar de forma más activa”.

La toma en Guernica lleva más de 70 días. En ese tiempo, hubo prórrogas judiciales ante la posibilidad de desalojo. El gobierno de Axel Kicillof presentó un plan de vivienda que apuntaría al abordaje estructural del déficit habitacional en la provincia, aunque en lo concreto, Yamila asegura que “Desde el día cero lo único que proponen es el desalojo. Hace unos 20 días hizo una intervención formal el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de provincia, quienes proponen un desalojo pacífico. Yo la verdad que, a mi criterio, no tengo memoria de ver jamás un desalojo pacífico. No hay propuestas reales y concretas que impliquen de que si nos retiramos de ahí, de forma pacífica, vamos a tener una respuesta inmediata, nos van a poner en una base de datos que supone vamos a tener en algún momento una solución”.

Las y los delegados, las y los vecinos organizados, sí tienen una alternativa, una solución definitiva. “La verdad que la única solución que encontramos nosotros es tierra por tierra ya que si prima la propiedad, la falsa propiedad privada, porque la verdad que sí ellos como Estado no hacen respetar la ley y únicamente judicializan y criminalizan al pobre, a quién no tiene la posibilidad, el gobierno popular del que tanto hablan es bastante falso”, afirmó Yamila, y luego cerró: “Hay leyes que amparan este tipo de soluciones que es una ley de expropiación, con negocios inmobiliarios del 10%, la compra de algunos de los predios el cual llevaría a poder solucionar la totalidad de la situación de las familias en el predio. Acá estamos en un complejo de situaciones problemáticas bastante extenso, pero acá estamos peleando por la tierra y es lo que no se nos está solucionando”.

Educar para transformar

Hay dos noticias que recorren los medios masivos de comunicación en relación a la educación. Uno de ellos, es la presión en varios puntos del país por un retorno paulatino a las aulas, como si la comunidad científica no hubiese dado ejemplos de sobras sobre la fácil propagación del virus mediante las y los niños, y más en esta coyuntura de máximo nivel de contagio diseminado en todo el país. La situación laboral de las y los adultos y el apuro empresarial por “abrir”, juegan un rol clave.

La segunda, más específica, tiene que ver con los 7 mil niños y niñas que en CABA se quedaron sin la posibilidad de continuar sus procesos pedagógicos por la falta de acceso a internet y/o soportes tecnológicos. Según un informe de la Universidad Popular del Movimiento Barrios de Pie – SOMOS-, en barrios populares, 82.5% de niñes no tienen acceso a internet y el 70% no cuenta con PC.  Si cruzamos este dato con las 300 mil personas que viven en estos barrios, cuesta entender quiénes son y de donde provienen las y los 7 mil niños, niñas y jóvenes. La primera reacción es que posiblemente sean muchos más.

El gobierno porteño rechazó la ayuda del gobierno nacional para acceder a dispositivos y conectividad, proponiendo solamente que mientras que los sectores de mayores recursos puedan continuar sus procesos pedagógicos desde la seguridad de sus hogares, los sectores empobrecidos debían ir a exponerse. Sin embargo, cuál es la cantidad real de personas en esta situación, sigue siendo un interrogante.

Paula Shabel, integrante de Aula Vereda, una organización que tiene un proyecto pedagógico con niños y niñas, nos dice que “Nosotres trabajamos con pibis en distintos barrios de la Ciudad y el Gran Buenos Aires y todes elles tienen sus derechos vulnerados desde que nacieron, todos los derechos. Pero me gustaría hablar especialmente de uno, que es la tierra, la vivienda. O porque viven en la villa, o porque viven en casas tomadas o porque viven en barrios periféricos cerca de ríos y aires contaminados, lo que le falta a les pibes es un espacio digno donde vivir”. Además, afirma que “A veces parece que los derechos de les pibis tiene que ver con estar en la escuela y el juego y la familia y claro que es todo eso, ahora vamos a hablar, pero la vida de cada pibi con el que laburamos está conectada a las variables macroeconómicas más globales, esas que se escriben difícil y siempre parece que están en otro lugar, pero no, están acá, encarnando esos cuerpos que viven la cotidianeidad de una pobreza estructural mientras las coyunturas pasan”.

La suspensión de las clases y la interrupción de continuar procesos pedagógicos tienen diversos problemas. “Ese espacio otro, diferente al de la lógica familiar, un lugar donde ver a otres y escuchar otras opiniones para después hacer la propia. Siempre decimos que cada vez que entra un docente al aula le está mostrando a les pibis todo un mundo nuevo, una forma posible de ser adulte y de relacionarse con otres y con el conocimiento. Todo eso no está, y les pibis están completamente subsumides a las dinámicas del hogar que son siempre adultas”.

Sin embargo, la adversidad cuenta con una respuesta organizada que trasciende las fronteras de la educación. “Lo primero que salió fue la urgencia por cubrir las necesidades alimentarias. Nosotres nunca habíamos dado comida, a lo sumo una merienda, pero no teníamos comedor, nuestro proyecto iba por otro lado. Pero de repente era tan importante. Siempre pensé que así se debía sentir un poco el 2001, ¿no? La gente se estaba muriendo de hambre, chau, no hay análisis posible sobre eso, hay que resolverlo. Entonces armamos una campaña gigante de donaciones y desde el propio partido (Comunista) se distribuyeron algunas partidas, entonces nos empezó a entrar algo a AulaVereda y con eso articulamos con productores directos de acá y de allá, con la UTEP, la CTEP, la CTA y la UTT, siempre buscando los precios más baratos y las logísticas más razonables para llevar bolsones a las familias con las que trabajamos. Repartimos más de 200 por semana solo en capital”.

Además de garantizar el plato de comida y en el medio de tanta vorágine, Paula cuenta que “Entonces reinventamos todo, como siempre el campo popular sudaca tan creativo, tan capaz de todo con tan poco. Y nos empezamos a encargar del colegio. Por un lado a hacer tarea con les pibis, ayudarles en lo que no entendían, hacemos videollamada con cada une por materia o como haga falta […]. Algunes ni sabían dónde buscar las tareas, nunca habían enviado un mail en su vida y las familias son analfabetas, todo el sistema estaba hecho para que abandonen a los 3 días”.

Como advertíamos algunas líneas atrás, un porcentaje enorme de niños y niñas no tenían acceso a equipos y computadores, base sustancial para continuar sus procesos en esta coyuntura. “Hicimos otra campaña de donaciones enorme, de celus y tablets. Las recibíamos y las chequeaba un compañero que es programador, para entregar todo en las mejores condiciones”, cuenta Paula.

Las y los defensores de la educación nos hablan de sus compromisos integrales, que van desde las niñeces hasta la idea de poder transformarlo todo. “También empezó a funcionar un espacio de asamblea de niñas, que es un intercambio epistolar con las adolescentes, donde vamos laburando diferentes temas, ahora estamos preparando algo para lo que sería el encuentro plurinacional. Ahí salieron varias cuestiones de maltrato y abuso que seguimos acompañando. Lo importante siempre es acercarnos a las casas y verles la cara a les pibis, no perder eso, siempre saber cómo están elles, cómo están atravesando esos momentos, cuáles son sus miedos y sus deseos en medio de esta vorágine”.

Promover la salud organizada

Si bien el inicio de la pandemia y las medidas preventivas como la cuarentena permitieron dotar al sistema público de salud de varios recursos necesarios, la situación es cada vez más compleja. No solamente porque los recursos se van agotando, las camas de terapia intensiva se van llenando, sino porque las y los trabajadores del sistema sanitario colapsan ante tanta demanda y tan poco descanso, porque el sector privado de salud no juega roles destacados en apoyo a la comunidad. Y como ya hemos dicho, la pandemia golpea fuerte en los barrios.

En este marco, hablamos con Tamara Killsen, del equipo de Promotorxs de Salud del Frente Popular Darío Santillán de Lanus, quien nos dijo que “Además de la dificultad económica truncada por los despidos, por el no poder salir a changuear y no poder salir con el carro a juntar cartones, plásticos, botellas, cobre, para venderlo y hacer un mango, se juntaron otra situación que también fueron dificultando el poder quedarse en casa como una posibilidad ante los contagios. ¿En qué condiciones de salubridad e higiene me quedo en casa cuando tal vez comparto el espacio con otras familias, casas donde hay 4 familias conviviendo y comparten espacios en común, como el baño y la cocina”.

Por este motivo, entre tantos otros, Tamara comentó que “La propuesta de generar un grupo de promotoras y promotores de salud surge en este contexto pandémico -aunque era una idea que ya veníamos teniendo hace un tiempo-, cuando nos vemos en la necesidad de que exista un grupo que se encargue de hacer seguimiento de nuestros compañeros y compañeras que se fueron contagiando a medida que fueron pasando los meses y fuimos tomando tareas tanto de promoción de la salud como de prevención del contagio. Nos pareció una necesidad poder generar un grupo que a partir de esta situación se conforme para poder seguir en el futuro trabajando la salud de manera comunitaria, pensando una salud para los vecinos, las vecinas y les vecines del barrio, para las niñeces, para abordar situaciones de violencia patriarcal también”.

Tamara cuenta que en los barrios populares del distrito, la situación se fue agravando. “La situación epidemiológica en el distrito fue variando desde el comienzo de la pandemia hasta ahora, como en todos. Lo que nosotras y nosotras estuvimos notando fue un aumento de la cantidad de los contagios. Desde un comienzo que eran 1, 3, 10 por día hasta llegar a 200 contagios por día”. Sin embargo, allí también la organización se pone en primera línea: “Esta situación particular que nos trajo la pandemia y el aislamiento social preventivo y obligatorio, el equipo de salud que fuimos conformando empezó a realizar un intento de monitoreo de la situación de los contagios, tanto en el distrito para tener un panorama como en los barrios en donde tenemos construcciones. Con nuestros compañeros, compañeras y sus familias generamos una línea de teléfono para difundir y que les compas que tuviesen dudas, que tuviesen síntomas, que tuviesen la sospecha de ser un contacto estrecho, pudiesen saciar sus dudas. Reducimos los grupos de trabajo de todos los comedores a lo esencial para qué se sostengan, grupos que rotaran cada 15 días para que si algune llegara estar contagiade se podía aislar a todo el grupo sin que eso significará cerrar el comedor”.

Tamara cuenta que esta tarea gigante se da en un escenario adverso, donde a la pandemia se le suman diversas problemáticas. “Actualmente no hemos recibido respuestas ante la situación que estamos atravesando de crisis extrema de gobierno local ni del gobierno provincial. No solamente en relación al abastecimiento de los comedores, de las copas de leche, de los merenderos, del abastecimiento de los productos de higiene necesarios para seguir sosteniendo la tarea cotidiana en nuestros espacios de alimentar a más de 2000 personas del distrito, sino también desde otras áreas que entendemos han sido afectadas o llevadas a su extrema vulnerabilidad, situaciones de violencia patriarcal, situaciones de salud que no tienen que ver con la pandemia, sino con otras situaciones que atraviesan la vida de los vecinos y las vecinas, la situación de las niñeces, que se ven en este contexto desterrados y desterradas de la posibilidad de seguir sus procesos educativos”.

Pero como adelantamos, allí donde existe una necesidad, también está la organización para dar respuesta. “Estamos pudiendo proyectar y articular acciones de salud comunitaria donde la salud pueda llegar a todos y todas les habitantes de los barrios populares también, lo cual a veces se hace difícil en un sistema de salud hegemónico y expulsivo. Donde tal vez hay salitas o espacio de salud cerca de donde una vive, pero se ven vaciadas, se ven con pocos recursos, con pocos profesionales que son mal pagos, que no tienen sus derechos garantizados. Entonces son un conjunto de situaciones que hacen que el servicio de salud público que se ofrece no pueda abarcar las necesidades del territorio, que sea expulsivo, que no contenga. Y pensamos y queremos proyectar acciones en conjunto con trabajadores y trabajadoras de la salud dispuestos a abrirse a la comunidad y las promotoras de salud que estamos encontrándonos, agrupándonos,  formándonos para que todo el mundo pueda tener acceso a una salud digna e integral”.

Migrar es un derecho

Las y los defensores trascienden fronteras virtuales y allí nos encontramos con la tarea del Bloque de Trabajadorxs Migrantes (BTM). Como advertíamos, la situación de la comunidad migrante en nuestro país, que ya era compleja, se vio afectada por el macrismo ante la modificación de la Ley de Migraciones vigente.

Al inicio de la pandemia, la situación empeoró. Mariana Brito Olvera, referente del BTM nos cuenta que “En lo que respecta a la comunidad migrante un tema de mucha gravedad es el desempleo. Según relevó la Agenda Migrante 2020, quien realizó una encuesta a distintas personas migrantes, alrededor del 60% de las personas migrantes se quedaron sin ningún tipo de ingreso a partir del inicio de la pandemia. Con el paso de los meses ha sido una situación realmente grave”.  A esto se suma que “si bien el gobierno extendió el Ingreso Familiar de Emergencia para aquellas personas que se quedaron sin sus ingresos por causa de esta coyuntura, mucha de la comunidad migrante no pudo acceder a ese apoyo porque por las mismas restricciones que se ponían para poder acceder al IFE como que se pudiera comprobar 2 años de residencia regular en el país”.

Sin embargo el BTM pudo organizar respuestas y así surgió La Tiendita Migrante Japoo Door Warr, “que es una frase en Wolof, una lengua que se habla en Senegal y esta frase significa ´Agarrarnos para trabajar´. Este proyecto es colectivo y autogestivo, impulsado por compañeras y compañeros estudiantes de los cursos de español para migrantes del BTM. Es una manera de responder colectivamente a esta situación debido a que, como ya mencioné antes, las y los compañeros de Senegal se dedican principalmente a la venta ambulante y en todos estos meses no han podido recibir ningún ingreso. Así que Japoo Door Warr, La Tiendita Migrante fue una respuesta colectiva ante esta situación”.

La experiencia de La Tiendita Migrante dio lugar a otras experiencias. Mariana cuenta que “Eso ha dado pie a que se piense el surgimiento de otros proyectos de ese estilo, como de organizaciones de las comunidades que se autogestionan como por ejemplo el llamado emporio migrante, qué es otra iniciativa donde las y los compañeros de Senegal venden comida”.

Otra de las respuestas organizadas del BTM fue en el ámbito de la educación, donde la enseñanza y aprendizaje del idioma español se volvió una herramienta clave. “Desde el Bloque de Trabajadores y Trabajadoras Migrantes, desde agosto de 2018 veníamos llevando a cabo los cursos de español para migrantes los días martes y jueves en el Ex Centro clandestino de detención y tortura Automotores Orletti. Ese proceso se vio interrumpido este año a partir de la cuarentena, así que ante esta situación surge un nuevo proyecto que son los videos de enseñanza del español, que se llama Damay Jaangë Español, que sería algo así como “Aprendiendo español” y justamente está pensado como un curso a distancia para a hablantes de Wolof que quieren aprender español”.

La situación de las y los migrantes es compleja y estos niveles de organizaciones son, sin duda, una respuesta. La necesidad de que se derogue el DNU N° 70/17 es clave y se suma a la demanda de regularización de todas las personas migrantes. Con la confianza en la lucha organizada, Mariana afirma que “Con el BTM y la Campaña Migrar no es Delito, formamos parte de la agenda 2020 qué es un espacio de diálogo con el gobierno y lo que esperamos es que en este espacio se puede avanzar con políticas públicas para las y los migrantes”.

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Por César Saravia | Collage: Ivan Barrera

Cuando el 19 de marzo, el gobierno argentino anunció el aislamiento preventivo social obligatorio (ASPO) en todo el territorio, no se  esperaba que durara  tanto. El coronavirus, COVID- 19, modificó muchas de las formas de relacionarnos que conocíamos. La pandemia evidenció con más fuerza las profundas desigualdades que existen en la sociedad, como el acceso a la educación, a la vivienda y al empleo en condiciones dignas.

La pandemia también tuvo profundos impactos en el mundo del trabajo. Para quienes desarrollan actividades esenciales, significó una nueva problemática de salubridad. Para quienes no, en muchos casos se les suspendieron sus ingresos. Otro grupo, quienes pudieron hacer teletrabajo, tuvieron que adaptar el ámbito del hogar a lo laboral y asumir muchos los costos necesarios para desarrollar sus actividades.

En estos meses, también algunos productos se volvieron esenciales. Uno de ellos fue el alcohol en gel. Durante los primeros días de marzo, la demanda de alcohol en gel en el país aumentó un 120% y,  con respecto a marzo de 2019, el aumento superaba el 200%. Este producto, considerado secundario por la mayoría farmacéuticas, había pasado a convertirse, en pocas semanas, en uno de primera necesidad.

Aunque parezca una conexión distante, en el primer eslabón de la cadena de valor que hace que el alcohol en gel llegue a las góndolas del supermercado se encuentran los ingenios azucareros. Según datos del INDEC, en el país hay 23 ingenios, en su mayoría ubicados en el noroeste argentino (NOA). Solo en la región del NOA se encuentran 20 de los 23: 15 en Tucumán; 3 en Jujuy; y 2 en Salta. Los restantes están en las provincias de Santa Fe (2) y Misiones (1).

Mapa de ingenios de las provincias de Salta y Jujuy. Fuente: CTA Autónoma

Según datos del INTA, la caña de azúcar ocupa cerca de 376 mil hectáreas de cultivo en el NOA y solo en la provincia de Tucumán, durante la zafra 2019/2020 (como se le conoce al periodo de cultivo y producción de azúcar), se produjeron más de 326 millones de litros de alcohol. De esta cantidad, una parte importante es destinada a la producción de etanol, un biocombustible derivado de la caña de azúcar.

Entre esos ingenios se encuentra el Ingenio Ledesma, conocido por su complicidad en la última dictadura cívico militar eclesiástica durante la noche del apagón y que, a inicios de año, se retiró del programa Precios Cuidados, luego de que el gobierno se negara a elevar en un 25% el precio del azúcar. Pero no fue sólo durante la dictadura que la empresa se vio manchada de sangre. En 2011, luego de un operativo de desalojo de una toma de tierras propiedad de Ledesma, cuatro personas fueron asesinadas por la represión policial. En las últimas semanas, el ingenio ha estado nuevamente en el foco por la alta tasa de contagios de trabajadorxs. A la fecha de redacción de esta nota, el sindicato de la empresa registraba 20 trabajadores muertos a causa del COVID-19 y alrededor de 500 casos de casos positivos confirmados.

¿Quién defiende a lxs esenciales?

Antes del COVID-19 ya existía una serie de problemáticas relacionadas a las condiciones laborales dentro del sector azucarero. Para meternos en esa realidad,  dialogamos con la investigadora del CONICET, Silvia Nassif, quien señaló que uno de los principales problemas para lxs trabajadorxs del campo es la gran cantidad de trabajo no registrado. A esto habría que sumar que en el último tiempo, se ha incrementado el número de empleos temporales. En el caso de Ledesma, el ingenio más grande, el porcentaje de trabajadorxs temporales es del 60%. Un fenómeno similar ocurre en Tucumán, donde el número de trabajadorxs temporales sobrepasa al permanente, según la Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera (FOTIA), situación que configura una dinámica de empleo bastante inestable.

Frente a la problemática de la temporalidad del empleo, lxs trabajadorxs fueron consiguiendo que, durante el intercultivo, se les otorgue un plan de 2300 pesos compensatorios. Se trata de un monto bajo y que difícilmente pueda garantizar el sustento para una familia. De ahí que muchxs trabajadorxs opten por migrar a Río Negro para la cosecha de manzanas, así como a otras provincias. Esta realidad poco visibilizada, fue noticia a inicios de la pandemia, cuando varios trabajadores no pudieron volver  a sus provincias una vez que se declaró el ASPO.  

La pandemia, que no era una preocupación al inicio, ha profundizado una crisis que ya era aguda en el sector. Sobre esto, Silvia comentó: “A inicios de la cuarentena, el COVID-19 todavía no era preocupación para los azucareros, como sí lo es ahora. El principal problema de la agenda con el nuevo gobierno era cómo volver a incorporar a esos trabajadores que habían perdido sus puestos de trabajo durante el macrismo. Cómo modificar la modalidad de contratación para tratar de que la mayoría de las trabajadoras y los trabajadores  estén en categoría permanente, qué hacer con la falta de trabajo al finalizar la zafra, qué hacer con el plan de interzafra”.

Pese a que en los primeros meses los temas económicos señalados y otras enfermedades como el dengue eran la prioridad, desde los sindicatos comenzaron a alertar a las empresas sobre la urgencia de tomar medidas. Rafael Vargas, secretario general del sindicato de Ledesma, conversó  con Marcha para dar a conocer las acciones que desde el inicio impulsaron para garantizar la salud y vida de lxs trabajadorxs.  

En ese sentido, explicó: “En marzo, cuando comenzamos a conocer las resoluciones por parte del gobierno por la pandemia, desde la federación azucarera regional, conformada por los sindicatos de Salta y Jujuy, habíamos armado una declaración que le hicimos llegar a las patronales con el armado de los protocolos que debían tener como finalidad el cuidado de la salud de los compañeros. Como es costumbre con las patronales, no nos dieron importancia.Tuvimos, cada uno de los sindicatos, cada uno de los gremios, que ir trabajando en función de cómo se iba desarrollando la pandemia y también con toda la inexperiencia de no conocer todo lo que conllevaba”.

Frente a la displicencia con que la empresa abordó desde el principio la elaboración y seguimiento de protocolos, las medidas de fuerza gremiales no se hicieron esperar. El 4 de julio, el sindicato presentó formalmente la declaración de conflicto laboral en la que establecieron una serie de medidas para frenar el foco de contagios.

Foto: Télam

La declaración de conflicto establecía, además, el paro de actividades durante 7 días, si la empresa no daba una respuesta satisfactoria. A partir de ese momento, la empresa accedió a crear una mesa de diálogo. Entre las demandas de lxs trabajadorxs se encontraba la de reducir la producción y así disminuir la circulación; armar comités mixtos entre delegados y mandos medios, nombrados por la empresa, para tener información de todo lo que estaba pasando; cuestionar el trabajo que venía  haciendo Medicina Laboral y cumplir con la resolución del Ministerio de Trabajo respecto a licenciar a los mayores de 60 años, así como a contactos estrechos y casos sospechosos.

Sobre los resultados de la negociación, Rafael señaló: “Logramos en esas reuniones que puedan licenciarse a más de 150 trabajadores con patologías de hipertensión, obesidad, diabetes, todas aquellas enfermedades que estaban dentro del listado. Donde no pudimos avanzar es en la mesa de delegados, el comité mixto, la información; porque la información se maneja como la provincia de Jujuy, con una información política. Ellos lo manejan con los tiempos y cuando les conviene, y dudamos de la veracidad”.

El poder de los ingenios azucareros

No es fácil enfrentarse al poderío del Ingenio Ledesma. En Jujuy, los intereses de la empresa son los intereses de la provincia. Así ha sido por décadas, durante las que los gobiernos provinciales han sido funcionales a la oligarquía monopólica azucarera. Esto lo tienen claro en el grupo de Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), una organización que está en las provincias de Tucumán y Jujuy, y que, además de trabajar en temas de violencia institucional y de Memoria, Verdad y Justicia, tiene un área de empresas y derechos humanos.

Por eso Marcha conversó con Malka Manestar, coordinadora institucional de ANDHES en la provincia de Jujuy, sobre las acciones de acompañamiento que llevaron adelante: “Desde 2017 hemos acompañado, junto al CELS, y Amnistía Internacional y ATE, al sindicato de Ledesma y al sindicato de la Esperanza en una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y unas audiencias sobre criminalización y represión de la protesta social en la provincia de Jujuy; una situación que se viene profundizando”.

Dentro de las acciones que desde el gobierno de la provincia y la empresa han realizado contra el sindicato, está principalmente el armado de causas, pero también el ninguneo de las demandas. A inicios de 2020, el Tribunal N.3 de Jujuy elevó a juicio la causa contra Rafael Vargas por presunta “usurpación” durante una protesta realizada en 2013. Esta acción ha sido catalogada como un mecanismo de “disciplinamiento”, que en Jujuy se ha vuelto una práctica habitual contra laburantes y movimientos sociales.

Ya en contexto de pandemia, desde ANDHES efectuaron una serie de demandas a distintos organismos como el Ministerio de Empleo y Seguridad Social de la Nación, el Ministerio de Trabajo de la provincia de Jujuy, así como a la Defensoría del Pueblo y la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia. Así lo explicó Malka Manestar: “En este contexto de pandemia, el grupo de trabajo sobre empresas y derechos humanos de Naciones Unidas ha emitido una serie de recomendaciones a los Estados, justamente. Porque en este contexto, bajo ningún punto de vista se pueden poner por encima los intereses económicos por sobre la vida y la salud de las personas. Lo que debe primar siempre son los derechos de las personas, y eso es justamente lo que vimos que no se está cumpliendo en Jujuy”. Y agregó: “También se hizo llegar una denuncia al grupo de trabajo sobre empresas y derechos humanos de Naciones Unidas, donde expresamos  toda esta situación, y hasta la fecha no hemos tenido respuesta”.

Por su parte, Rafael Vargas señaló que pudieron constatar que la curva ha bajado, pero que, sin embargo, el costo ha sido muy alto. Al respecto, explicó: “Estos 20 compañeros que fallecieron podrían haber estado en su casa resguardados y se contagiaron. Porque, aunque a la empresa no le gusten los contagios, y que digan que son comunitarios y no dentro del lugar de trabajo, con todo lo que hemos venido reclamando y las observaciones que venimos haciendo a la aplicación de protocolos, les va a quedar por lo menos, a ellos la duda, pero a nosotros la certeza de que tendríamos que haber parado entre 14 y 21 días en el peor momento de la pandemia aquí en el departamento”.

Las denuncias y reclamos a la empresa siguen vigentes y serán parte de la lucha de los próximos meses para determinar responsabilidades. Desde el sindicato, se llevó a cabo una demanda penal contra el directorio de la empresa por el delito de Propagación de enfermedad peligrosa y contagiosa, que  se suma a la presentada en otras otras instancias y de las que todavía no hay respuestas. La expectativa del sindicato es que se juzgue al Ingenio por violar el derecho a la salud y la vida de sus trabajadorxs, priorizando la búsqueda de ganancia y amparado en una complicidad histórica del Estado.

Para este año, luego de la Zafra, se espera que Ledesma produzca 95.000 m3 de alcohol que será usado en su mayoría para Bioetanol. Por su parte, tanto los sindicatos aglutinados en el FOTIA en Tucumán, como el sindicato de Ledesma cerraron una paritaria de 38%. Quisimos indagar en el entramado social y laboral detrás de la producción de alcohol. Reconocer que detrás de un bote con alcohol en gel hay laburantes y una trama social y laboral en todos los eslabones.

Al cierre de la charla con la investigadora Silvia Nassif señaló que una de las características de la organización sindical de azucareros es su potencia de movilización. Fue esa potencia la que posibilitó que los casos no pasaran desapercibidos y también fue clave el papel de los medios. Lo esencial, es organizarse.

Lee la segunda parte:

La autogestión frente a los laboratorios, en la producción de alcohol en gel

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Por César Saravia/ Collage Iván Barrera

“Vista a unas cuadras, la fila del supermercado del barrio pareciera ser más larga. Las personas esperan afuera, guardando distancia. Si a eso sumamos que adentro hay un límite reducido de gente, el tiempo en espera es mucho menor de lo que indica la vista. Una persona entra, otra sale. De a poco, ese se va convirtiendo en un código urbano. Llega mi turno. Al entrar, miro de reojo a la persona que sale, y creo que nunca me acostumbraré a ver a la gente con barbijo. Adentro hay una botella de alcohol en gel, me acerco y obedezco el rótulo que pide usarlo. La misma acción se repite con el cliente que sigue.”

Durante estos meses, aprendimos que ningún producto escapa de la especulación capitalista, aunque esté en juego la salud de todxs. Luego del 11 de marzo, cuando el COVID-19 fue declarado pandemia por la OMS, el precio del alcohol en gel había escalado un 48%, lo que llevó al gobierno argentino a implementar estrategias para combatir los abusos. Fue mediante la resolución 86/2020 que se congeló el precio del alcohol en gel a los valores de febrero y se realizaron sanciones a empresas que lo subían o que especulaban con el producto de sus bodegas.

En la Argentina, la producción de alcohol en gel está en las manos de un reducido grupo de laboratorios, entre los que destacan Porta Hermanos, el fabricante número uno del país, con un 60% de participación en el mercado; Ela Phoenix, quien produce la marca Pervicol, Fradealco y Roberto Pasmanter, quien provee de alcohol a Farmacity y Carrefour.

Durante los primeros meses de la pandemia, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la zona de mayor concentración poblacional en el país, fue la zona más afectada. De ahí que abastecer a los barrios y a lxs trabajadorxs esenciales fue una tarea que no se podía dejar a los monopolios farmacéuticos. Y ante los abusos que éstos generaban, la respuesta popular y autogestiva no se hizo esperar. Así lo entiende Harol Porras, integrante de un productivo del Frente Popular Darío Santillán en Constitución: “Cuando empezó la pandemia, vimos que muchas empresas grandes subían los costos de alcohol de una forma exagerada, entonces dijimos que nosotros sí teníamos la posibilidad de hacerlo. Pudimos sacar adelante el tema del productivo con el alcohol en gel”.

Harol, junto a otros dos compañeros, realizan la actividad que fueron aprendiendo en el camino. Y luego venden sus productos  a la municipalidad de San Martín y otra al Mercado de Consumo Popular –MeCoPo-, que los comercializa en sus locales y como parte de su sistema de distribución. Así se integra en el circuito de la economía popular, a precios mucho más bajos. Y otra parte se destina a los barrios populares, tal como lo explica Harol: “Parte de lo que producimos es para los barrios populares que actualmente están dando batalla contra la pandemia, y compañerxs que están día a día ahí poniendo el cuerpo frente a la pandemia”.

La producción de alcohol en gel también fue asumida por varias empresas recuperadas. Conocido fue el caso de Farmacoop, desde donde comenzaron a producir alcohol en gel para abastecer a los hospitales de la Provincia de Buenos Aires. Por su parte, la empresa recuperada Madygraf, especializada en gráfica, adaptó su producción para realizar barbijos y sanitizante de alcohol en conjunto con docentes de escuelas técnicas y estudiantes de ciencia y tecnología de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).

En junio, lxs trabajadorxs de la cooperativa Gotan, ubicada en el parque industrial de Burzaco, donaron dispensadores de alcohol en gel a hospitales y barrios. Recientemente, Gotan obtuvo la matrícula como cooperativa, luego de un año de lucha por ese reconocimiento, después de que la patronal abandonara la fábrica septiembre de 2019.

Desde la economía social y popular, otros colectivos se organizaron y adaptaron  sus prácticas al contexto. Este es el caso del colectivo de trabajo Burbuja Latina, quien ya antes de la pandemia se dedicaba a la producción de artículos de limpieza. Burbuja Latina surgió como colectivo de trabajo en 2002, desde la Asamblea Gastón Riva del barrio de Caballito, para enfrentar la desocupación de aquellos años, y en la búsqueda de generar otras relaciones laborales. Sobre su experiencia durante la pandemia y sobre su concepción del trabajo, conversamos con Pato, integrante del colectivo, quien detalló: “Tendemos a que todes les compañeres nos empoderemos para sentirnos parte y poder afrontar la mayor cantidad de tareas, sino todas, y que la opinión de todes sea válida”. Sobre la organización dentro del colectivo, explicó: “Cada dos semanas tenemos una asamblea a la que asistimos todes, en la que tratamos todos los temas necesarios, respecto a coyuntura, organización de las tareas, dificultades del trabajo y algunos desencuentros que nos suceden (como a cualquier grupo humano)”.

Antes de la pandemia, Burbuja ya comercializaba alcohol en gel y sanitizante, pero en este tiempo sumó el alcohol líquido al 70% entre la oferta. Esto se debía, también, a la demanda, según explicó Pato: “Al principio fue bastante complejo conseguir alcohol en gel o imposible, por momentos. Si bien hicimos algunas pruebas, no pasó de eso. El alcohol que vendemos es fabricado por otros emprendimientos o empresas”.  Respecto de cómo modificó la pandemia su dinámica de trabajo, Pato señaló que “durante los primeros meses suspendimos o redujimos los repartos, para no exponernos y por cuestiones de permisos. Unas cuantas materias primas, envases y demás insumos necesarios para trabajar se hicieron imposibles de conseguir o tuvimos que encontrar proveedores alternativos o aumentaron los precios. Con el tiempo, eso más o menos se fue estabilizando”.

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Fotos: Caro Lagos. IG: @carolagosclc

La relevancia de estos productos para los sectores populares pasa por su importancia para activar protocolos de cuidados de las compañeras y los compañeros  que realizan actividades esenciales, en especial las de cuidado, como los comedores en los barrios y otras actividades que reclaman por ser consideradas por el Estado como tal. 

Sobre esto, charlamos con Marisa, integrante del Frente Organizaciones en Lucha (FOL) en Lugano, quien nos comentó sobre las acciones llevadas a cabo para garantizar insumos de higiene y limpieza: “En el barrio, gracias a un conjunto de organizaciones que conformamos la mesa activa y otros dos grupos grandes, pudimos congeniar con el Instituto de Vivienda, una bolsa alimentaria a los vecinos, pero son muy pocas y pudimos coordinar que se les entregue a sus vecinos un kit de limpieza que contiene una lavandina de un litro y detergente, nada más, y un jabón. Creemos que es insuficiente, pero lo conseguimos para que les den a los vecinos de villa 20”.

Fotos: Campaña Somos Esenciales

La falta de reconocimiento de parte del Estado de las actividades en los comedores ha sido una de las denuncias que llevaron adelante desde la campaña “Somos Esenciales”. Así lo explicó Marisa:  “En esta situación de pandemia, el trabajo de las compañeras y compañeros va aumentando cada vez más y creemos que es un derecho que se les reconozca este arduo trabajo que también ha hecho antes de la pandemia. Nunca han sido reconocidas nuestras compañeras de los comedores  donde se arriesgan, y a la vez hacen un esfuerzo para que les llegue un plato de comida a todos los vecinos”. La solidaridad ha sido clave para garantizar que las compañeras en los comedores y otras tengan lo necesario para cuidar su salud, frente a la falta de respuesta de las autoridades de nación y del gobierno porteño.

La pandemia puso sobre la mesa la necesidad de otra economía. Una donde el debate no sea salud y economía, sino que esta esté en función de la salud, los derechos. Desde la organización sindical para defender la salud, hasta la autogestión para garantizar un producto esencial como en el alcohol en gel, el común es trabajadorxs cuidando trabajadorxs, se trata de cuidado y de organización, se trata de que lo esencial, es comunitario.

Lee la primera parte:

Producir lo esencial: el alcohol en gel y los ingenios azucareros

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Por Camila Parodi | Foto: Mauricio Centurión

Hagamos un ejercicio. Estamos en la Argentina, más precisamente mirando desde Buenos Aires, donde existe la mayor concentración poblacional. En el mundo hay una pandemia que no se puede ignorar. Se cierran las instituciones y disminuyen los salarios de casi toda la población. Sí, este ejemplo no tiene nada de ficción. Ahora pensá que, en ese contexto, necesariamente habrá personas que asumirán la responsabilidad de construir e inventar las múltiples respuestas sociales y económicas. Eso implica garantizar la alimentación básica, los recursos, la situación habitacional, el cuidado de las y los más peques y de las personas mas ancianas, su salud y educación; como así también mantener una actitud de esperanza frente a este contexto desolador y desmoralizante. Ese es el escenario. Entonces, ¿estás pensando en cuerpos feminizados que llevan adelante todas esas tareas? Sí, no decimos ninguna novedad: son las mujeres nuestro personaje principal.

Ahora bien, si la representación es tan fácil de hacer y comprender, ¿por qué será que las tareas comunitarias, de cuidado y de acompañamiento son tan imprescindibles como invisibilizadas? En esta segunda entrega del Especial ¿Quién defiende a lxs Defensorxs? nos preguntamos por quienes sostienen la comunidad en el contexto de la pandemia por COVID 19. Entonces, más allá de que existen muchos trabajos esenciales que posibilitan la continuidad de cierta estructura política y económica, las tareas cotidianas de cuidados son las que permiten la verdadera supervivencia. Esto no es nada nuevo, hace parte de una certeza histórica e irrefutable que los feminismos ponen siempre en la discusión: el trabajo “reproductivo”, cotidiano, no remunerado, que se relaciona con las tareas de cuidados y el mantenimiento de la vida de los pueblos es la base constitutiva del modo de producción que estructura a la sociedad. Por mucho tiempo, los feminismos señalaron su preocupación por la invisibilización y falta de reconocimiento de dichas tareas. Hoy, la crisis global no sólo las pone en evidencia nuevamente, sino que también nos permite desarrollar una posibilidad estratégica e histórica que ya conocíamos: nosotras movemos el mundo.

A esta hora, exactamente, hay una mujer cuidando. Mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binaries que no sólo sostienen las tareas de cuidados, entendidas únicamente como parte de la reproducción del sistema, sino que también construyen y proponen nuevos modos de alterar el orden vigente. A esta hora, y en cualquier momento, hay ollas populares, roperitos comunitarios, comedores, colectivos de acompañamientos contra violencias, tomas de tierras, cooperativas de trabajo, mingas que se proponen contener y acompañar a su comunidad,   y que además muestran nuevas formas de relacionarse y organizarse. Como en la crisis de finales de los noventa en la Argentina, otra vez, miles se encuentran en espacios fuertemente feminizados para sobrellevar la desolación en comunidad. Pero ahora es distinto. Contamos con una historia reciente de visibilización feminista y quienes asumen las tareas de cuidado lo saben. Son las que construyen en nuestros barrios, territorios y comunidades quienes defienden nuestra vida digna y, también, nuestras semillas para nuevas revoluciones y mundos.

Eso que llaman amor…

Pero estas líneas no se tratan solamente de una propuesta de sensibilización sobre los mandatos que se esconden en las tareas de cuidados. Ciertamente, aquellas tareas y trabajos no remunerados y llamados “de reproducción” también se reflejan en los números. En el informe realizado por la Dirección de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía se comunicó que el Trabajo Doméstico y de Cuidados No Remunerado representa un 15,9% del PIB. A su vez, se explicó que se trata del sector de mayor aporte en toda la economía, y detrás están la industria (13,2%) y el comercio (13%). En la publicación realizada el 1 de septiembre de este año, tras haber pasado más de 6 meses del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) por COVID 19, se explica que “en total, se calcula que se trata de un aporte de $ 4.001.047 millones de pesos, valor que resulta de monetizar la gran cantidad de tareas domésticas que se realizan en todos los hogares, todos los días. Por caso, para tener dimensión de los que esto significa, Industria aporta $3.324.163 millones al PBI, y Comercio, $3.267.584 millones”. Finalmente, el estudio concluye que el 75,7% de las tareas son realizadas por mujeres que dedican “diariamente 96 millones de horas de trabajo no remuneradas a las tareas del hogar y los cuidados”.

Mural de Ailen Possamay

En lo que respecta particularmente a los meses de ASPO por COVID 19, el informe da cuenta de una estadística impactante aunque para nada reveladora: “mientras muchos sectores productivos presentaron caídas en su nivel de actividad, el trabajo de cuidados, por el contrario, aumentó su nivel al 21,8% del PIB y muestra un aumento de 5,9 puntos porcentuales con respecto a la medición sin pandemia”. Tal como lo afirma el informe realizado por la Dirección de Economía, Igualdad y Género, en medio de la crisis global, los trabajos y tareas de cuidados sostienen no sólo el funcionamiento de la vida a nivel local, sino también de la economía nacional.

Si bien las tareas de cuidados implican una cantidad importante de horas para su desarrollo y hacen parte de un trabajo esencial, tanto en el marco de la pandemia como lo han sido previamente, desde la Secretaría de Economía, Igualdad y Género explican que este tipo de labor “sigue quedando al margen del debate económico. Estas tareas no son reconocidas como productivas y no integran los modelos de análisis, ni aparece identificado su aporte a la economía”. Del mismo modo, la subestimación e invisibilización del valor que tienen las tareas de cuidados no remuneradas consignan aquellos trabajos remunerados que se caracterizan por el servicio de cuidar: maestras, enfermeras, trabajadoras domésticas, educadoras populares, cooperativistas, cocineras, entre otras, hacen parte del grupo social más desfavorecido en el salario. Y esto, claro está,  no es ninguna coincidencia.

Sobre esta situación hablamos con Macarena Romero, integrante de la organización de Derechos Humanos de Migrantes y Refugiadas de la Argentina (AMUMRA), desde donde acompañan la integración social y económica, tanto de las mujeres migrantes y refugiadas como de sus familias. Respecto de la situación de las mujeres trabajadoras en el marco de la pandemia, sostiene Macarena: “Somos nosotras las que con nuestros cuerpos y con nuestro trabajo estamos sosteniendo toda la estructura del cuidado”. Desde una perspectiva de Derechos Humanos, Género e interculturalidad, AMUMRA asegura que las violencias y desigualdades se acentúan de manera interseccional, es decir, que no es lo mismo ser mujer y migrante que no serlo. Sobre todo en un contexto de crisis. “Lo que observamos nosotras, particularmente en el caso de las mujeres migrantes que son trabajadoras de casa particular, es que muchas de ellas no están registradas y trabajan de manera informal. Todo eso lo que hace es profundizar las vulnerabilidades previas que ya existían, las cuales siempre estuvieron expuestas por su condición de mujeres, por su condición de migrantes, por su condición de racializadas y de empobrecidas también a partir del trayecto migratorio”, explica Romero.

Según Macarena, en el marco de la pandemia, la situación derivó primero en  un importante número de despidos masivos y suspensiones de salarios, dada la informalidad de sus contrataciones. En ese sentido, asegura que “un gran porcentaje de las mujeres migrantes que se desempeñan con trabajos de casa particular son jefas de hogar, con lo cual muchas de ellas se vieron en la necesidad de continuar sus tareas poniendo en riesgo la propia salud, la de su familia y exponiéndose también a riesgos legales que podrían impactar en su estatus migratorio”. Por otro lado, aquellos subsidios estatales que se propusieron como “ayudas económicas” frente a la crisis, como lo es el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), profundizaron las vulnerabilidades existentes por la imposibilidad de que “las compañeras migrantes pudieran acceder al IFE teniendo en cuenta que se solicitaban dos años de residencia permanente en Argentina para poder acceder a este ingreso y esto dejó afuera un gran porcentaje de compañeras”.

Según el informe realizado por Natsumi Shokida del equipo de dato de EcoFeminita sobre las Trabajadoras del Servicio Doméstico en la Argentina, se puede ver la magnitud que tiene dicha ocupación en nuestro país, así como la fuerte feminización y su estrecho vínculo con la división sexual del trabajo que lo caracterizan. Lo mismo sucede con “el acceso a derechos y bajos ingresos que perciben a cambio de su trabajo”. Desde Economía Femini(s)ta, explican que “en las grandes ciudades del país, pueden contarse casi 900 mil personas que componen al sector. A su vez, la tasa de feminidad del sector es del 98,5%. Es decir que casi en su totalidad se trata de trabajadoras mujeres”. Las trabajadoras que realizan tareas domésticas y de cuidado en hogares particulares, según el informe realizado por Natsumi Shokida, representan un 16,4% dentro del total de ocupadas mujeres. Es decir que “cada 6 ocupadas en Argentina trabaja en este sector de la economía. Al mismo tiempo, estas trabajadoras representan un 21,6% dentro del total de ocupadas-asalariadas. O sea, que dentro de las mujeres que trabajan en relación de dependencia, alrededor de 1 de cada 5 tiene como ocupación principal el trabajo en hogares particulares”.

Shokida, Natsumi S. (05/03/2020) Las trabajadoras de servicio doméstico en Argentina. 1er trimestre de 2020. Economía Femini(s)ta

Llevando este mismo análisis a la práctica cotidiano, desde AMUMRA se proponen distintas estrategias colectivas para sobrellevar la situación. Así lo explican: “Desde el inicio de la pandemia tuvimos que hacer el gran esfuerzo de adaptar nuestro trabajo, que siempre es de carácter territorial, al ámbito de la virtualidad y en esa línea organizamos espacios de Zoom donde asesoramos tanto en trámites de regularización documentaria como legalmente a  las trabajadoras de casa particular, y también brindamos asesoría en la gestión para la solicitud del IFE”.  Sostiene Macarena Romero que si bien desde la sociedad civil se encuentran haciendo un enorme esfuerzo para acompañar y para asesorar a sus compañeras en este contexto, “es desde la política pública donde podemos generar un cambio para realmente en comenzar a pensar los cuidados como estratégicos y como un recurso central en nuestras sociedad”.  Desde la experiencia de AMUMRA se puede ver que “las compañeras que se dedican a las tareas de cuidado y que gestionan hogares que no son los suyos mientras están solas, hoy están sorteando con mucha dificultad los meses sin salario. Y nos presentan, en este tiempo de mundo cerrado, que lo que queda del otro lado del muro no es igual para todes, y mucho menos para ellas”.

Si bien el diagnóstico realizado por AMUMRA ante el actual contexto de las trabajadoras de casas particulares es desalentador, también nos muestran que desde el colectivo se pueden construir alternativas. Entre ellas, recientemente crearon la feria migrante virtual 2020, sobre la cual explica Macarena: “Es un espacio donde hay más de 60 emprendimientos de mujeres y diversidades migrantes y refugiadas, hay productos y también servicios ofrecidos en una plataforma virtual”, y a la cual se puede acceder simplemente haciendo click acá.

Quedate en comunidad

Durante los primeros meses del ASPO por COVID 19 la consigna “Quedate en tu casa” fue utilizada como estrategia de comunicación tanto por el gobierno de Alberto Fernández como desde los mismos medios de comunicación y distintas redes sociales. Si bien las intenciones de la consigna no pueden cuestionarse, ya que se proponía evitar la mayor circulación del virus en la sociedad como medida de cuidado, en los barrios más poblados de las ciudades del país, que no casualmente son los más empobrecidos, la consigna se modificó en un “Quedate en tu barrio”. Y sí, cuando el hacinamiento y la falta de servicios básicos son un cotidiano, no existe posibilidad de quedarse en la casa. Sobre esta problemática estaremos trabajando en una de las próximas notas del especial. Pero volvamos a lo nuestro, en este caso, la comunidad es lo esencial y, como vimos, al frente de la comunidad y los cuidados están las mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binaries de cada barriada popular.

Desde esta perspectiva, un colectivo de organizaciones de la ciudad de Buenos Aires realizó la campaña “Somos Esenciales”, y dialogamos con algunas de sus integrantes. A través de esta propuesta, Eva Socompi de la Asamblea Lucha y Libertad en la FOB nos cuenta: “El nombre de Somos Esenciales lo pensamos porque nuestra tarea hoy es imprescindible para aquellas familias que no la están pasando bien con la pandemia y no tienen con qué comprar sus alimentos”. “Nosotras somos mujeres esenciales en estos tiempos tan difíciles -explica su compañera, Berta Flores Chambi-. Nosotras salimos a luchar a las calles, pero salimos con nuestras ollas porque hemos visto la necesidad de cada compañera, porque cada mujer en su hogar es el sostén. Qué mejor que nosotras que vemos lo que falta en nuestros hogares, y en estos tiempos tan difíciles por todo ello hemos decidido hacer las ollas populares en las calles”.

Por otra parte, María Benítez, de la Asamblea de Mujeres del MTD Lucha y libertad, cuenta que “la situación en los barrios es muy compleja. Desde los barrios denunciamos que nos han abandonado; no tenemos agua, comida, luz, no hay recolección de la basura, nos quedamos sin trabajo y no tenemos acceso a la salud”. Por eso reafirma: “Somos esenciales porque somos las que estamos garantizando la olla popular en los comedores y organizaciones de los barrios donde comen miles de personas que dependen de eso para sobrevivir”. Por su parte, Eusebia Mamani, integrante de la Gráfica La Voz de la Mujer y de la Asamblea de Mujeres del MTD lucha y libertad, encuentra un espacio de comunidad y organización, y los transmite: “Aprovechamos esta instancia para hablar con todas nuestras compañeras, que somos migrantes, y salen muchas cosas: tenemos asambleas y ollas, nos gusta ver a la gente que viene a nuestra organización a cocinar y quizás son de otros lugares y hay compañeras que son de Paraguay, Perú, Argentina… ¡De todos lugares! Y nos ponemos a intercambiar. Charlamos, hacemos reuniones, nos gusta ese lugar estando preocupados por la gente y acompañándonos entre nosotras como compañeras de la organización. Esa es nuestra alegría más hermosa”.

Respecto del conurbano bonaerense, la situación no difiere de la relatada anteriormente, tanto por sus dimensiones como por su historia. Incluso, muchas veces se encuentra más desfavorecida. En ese marco, Moreno es uno de los municipios más empobrecidos que hoy, en plena pandemia, se sostiene por la solidaridad de la comunidad. Por eso hablamos con dos referentas territoriales, defensoras de los derechos de sus barrios.

Carina Leguizamón, de la Casa Joven Diana Sacayán y la Red de Mujeres de Moreno integrada por desocupadas y sobrevivientes de violencias machistas e institucional, nos habla desde el Barrio Las Casitas de Casasco. Allí trabajan con una perspectiva feminista, de clase, antiyuta y anticarcelaria, realizan merenderos y ollas populares comunitarias sin ayuda del Estado municipal. “Todo es a pulmón y perfil bajo por decisión de las compañeras -comenta Carina-. No queremos levantar banderas detrás de las barbaries que comete el Estado con nuestres vecines”. Sobre el actual contexto, sostiene que es “gracias al acompañamiento entre vecinas por el que sobrellevamos está situación tan penosa. Como comunidad nos reinventamos con ferias virtuales, comprándonos entre nosotres, desde elaboraciones como indumentarias, armamos redes, grupos de WhatsApp, bingos virtuales solidarios, y entre tantas otras cosas”. “Nuestra lectura es muy simple y breve -relata Carina-, somos muy pocas las que tenemos conciencia de clase y solidaridad con el pueblo oprimido. Vimos muchos manoseos, pero nos tenemos, seguimos de pie y existimos porque resistimos”. En esa línea, sostiene que la situación es grave: “No tenemos acceso a la salud, que es lo primordial en estos tiempos de pandemia, no tenemos acceso a ningún derecho en un contexto de permanente criminalización de nuestra juventud y ni hablar lo que es la falta de acceso a la justicia. Abunda mucho el ninguneo, la subestimación hacia las referentes territoriales cuando acompañamos a alguna víctima. Tampoco hay acceso a la salud mental para contener a compas que salen de situaciones de violencia extrema junto a sus niñeces. El hambre y desocupación, el hacinamiento en el que viven hoy millones de familias, la falta de acceso a la vivienda, el techo es primordial para poder cumplir la cuarentena”. “Hoy -refuerza Carina, de la Casa Diana Sacayán- hay miles de familias conviviendo con este dolor y el Estado siempre ausente”.

Lali Alderete es referenta de Mujeres al Pie del Cañón y nos habla desde su barrio. Para Lali, “la situación del barrio es compleja, ya que si bien es un barrio obrero, la mayoría trabajaba de manera informal, y la actual pandemia nos llevó a pensar soluciones colectivas”. En el barrio El Cañón también se creó una olla popular como forma de contención entre vecinas, y así lo explica Lali: “Si ‘quedate en casa’ iba a ser que no salgan, no iban a tener ningún tipo de ingresos para alimentos básicos. Por eso a las dos semanas de que se dictó el primer aislamiento ya nos organizamos con algunas compañeras del barrio. Empezamos a realizar una olla con ayuda del aporte del sindicato de docentes de la Universidad de Luján, que nos dieron unos manguitos para que arranquemos. También sumamos alimentos secos que vienen de parte de Desarrollo Social, ganados a través de las luchas en las calles del Movimiento Piquetero 29 de Mayo, y nos organizamos para contar con una cuenta bancaria en donde mucha militancia compañera ayuda con lo que puede y resuelve el tema de los frescos que serían la carne y las verduras”.

Para Lali, el acompañamiento entre vecinas es también lo que posibilita sobrellevar la situación. Y cuenta que si bien “esta vez se ven varones también en la fila, no como antes en tiempos del 2001, donde sólo las mujeres salían porque los varones estaban deprimidos. Pero la reacción es distinta, las mujeres se ponen a hablar y generan vínculos. Vemos que no pasa lo mismo con los varones que no dialogan y están con una sensación de derrota, desánimo, vienen rotos, con poca esperanza”. Por eso, relata la referenta: “Seguimos pensando que son las mujeres en las que lamentablemente recaen los cuidados, vemos mujeres con los teléfonos explotados de tareas para sus hijos e hijas. Nosotras nos paramos con nuestra perspectiva feminista frente a una situación de clase. No sólo estamos pensando estrategias para toda la sociedad porque sabemos que cuando vuelva ‘la normalidad’ va a haber un quiebre tremendo de la economía”. Y sobre eso, también, construyen alternativas: “Estamos pensando distintas cooperativas autónomas para que se pueda activar la economía de las compañeras, pero también de algunos vecinos. Tenemos pensado armar una cooperativa con toallitas reciclables para las propias vecinas y también para vender posteriormente. También pensamos en alguna cooperativa textil, una de albañilería y otra de comida. Toda esta situación de pandemia hace que el ‘tiempo muerto’ te habilita la posibilidad de pensar un montón de cosas en colectivo ya que antes nos pasábamos muchas horas fuera de la casas y ahora podemos pensar más estrategias porque es en la práctica donde se desarrollan nuestras teorías y proyectos”, explica Lali.

Po su parte, desde el conurbano sur, más precisamente desde Lomas de Zamora, María Hornos y Verónica Toloza de la organización Chicos del Sur, que trabaja con primera infancia, ubicada en Villa Centenario, relatan: “Nosotras somos educadoras, enseñamos a compartir, a hacer las tareas todos juntos, poniendo la mesa y lavar los platos. Tenemos organizados seis grupos, divididos por edades. Hacemos distintas actividades como panadería, lectura, apoyo escolar. Cada vez que tenemos una marcha, trabajamos todos juntos con la producción de carteles, banderas y pancartas”. En lo que respecta al actual momento de pandemia en el barrio, sostienen que la situación “es complicada, porque muchas familias se quedaron sin trabajo. Porque no se puede abrir los colegios ni los comedores, y no tienen ni un plato de comida, no pueden sostener a los chicos adentro y están todo el tiempo afuera y sin barbijo”. Por eso sostienen la importancia de los acompañamientos entre vecinos y vecinas: “Desde los primeros días se veían vecinos acompañando y haciendo la olla para quienes más lo necesitaban. Algunas ollas en este contexto no se pudieron sostener más y otras se convirtieron en esfuerzos que aún se mantienen. Nosotras venimos haciendo una olla los fines de semana, somos un grupo que ponemos un poco entre cada una junto a otros vecinos que colaboran y así seguimos haciendo la olla. A su vez, desde chicos del sur repartimos la mercadería a todos los chicos y chicas que asistían al comedor”.

Las tareas de cuidado: la estrategia feminista 

A modo de conclusión, invitamos a la investigadora feminista, Verónica Gago, que hace mucho tiempo destina sus estudios a la temática en clave feminista. Para Verónica, “las tareas de cuidado durante la pandemia se han mostrado estratégicas. Han asumido una centralidad. Son totalmente imprescindibles, porque están en la primera línea frente a la urgencia de la crisis y desmienten de manera práctica todas esas atribuciones de que las tareas de cuidado son poco relevantes, desvalorizadas en términos políticos y son una actividad menor o de poca importancia”. En este sentido, sostiene Gago que, si bien, “los feminismos vienen hace décadas discutiendo y empujando sobre todo en términos de luchas concretas, esta esfera de la reproducción social, es decir, la capacidad de sostener y reproducir de manera cotidiana la vida personal y colectiva a través de distintas generaciones, se ha evidenciado en su carácter productivo, e insisto, estratégico”. Entonces, frente a la crisis “esto que viene siendo un debate y un conjunto de prácticas de larga data se han evidenciado de manera masiva como un aspecto fundamental de nuestras sociedades históricamente despreciado y utilizado como forma de dominio sobre mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binaries. Pero también migrantes y, en este sentido, lo que la pandemia ha mostrado es justamente lo importante de los feminismos para nombrar, visibilizar, dar cuenta de todas estas tareas con un lenguaje propio y con una genealogía de luchas políticas muy importantes”, reflexiona Gago.

Ante el actual contexto de enorme visibilización de las tareas de cuidados, la investigadora feminista propone dos puntos claves que nos sirven como disparadores para propuestas superadoras y reflexiones futuras:

1) Pensar la feminización de las tareas de cuidado en el marco de lo que significan frente a la privatización de servicios públicos, como sucede en la mayoría de nuestros países, donde los servicios de atención a la salud, vivienda, educación han sido desfinanciados, privatizados e incluso vaciados. Esta privatización de servicios públicos se traduce en una mayor exigencia de trabajo reproductivo por parte de las mujeres en particular. Entonces, ahí hay una relación problemática completamente profundizada: a menos servicio público, más trabajo reproductivo gratuito o mal pago de mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binaries. Pero, sobre todo, también implica una mayor explotación y uso del tiempo para estas tareas y, en general, de manera gratuita.

2) Los mandatos de géneros: este punto también se venía discutiendo de manera muy fuerte por parte de los feminismos a través de los paros, movilizaciones, asambleas feministas. Históricamente son también asociados a las tareas de cuidado, es decir, representan fórmulas que obligan a ciertos cuerpos a asumir tareas de manera gratuita o baratas y precarias. Esas asignaciones históricas están vinculadas a que sean en general las mujeres las que cuidan, y que eso debe hacerse en un marco familiarista, heteropatriarcal y, por lo tanto, la tarea de cuidado y de reproducción queda confinada en general a los espacios del hogar o a los espacios entendidos como privados, y supone todo este armazón familiar y heterosexual. Esto se venía discutiendo de manera radical y es uno de los puntos claves de la crisis: cómo no se naturaliza que sean ciertos cuerpos los que cuidan, cómo no se pone a estas tareas tan estratégicas de nuevo asociadas a mandatos de género, incluso cuando se está discutiendo el reconocimiento salarial y en términos de derechos de estas tareas es fundamental desacoplarlas de los mandatos de géneros que llevan implícitos.

Mural de Ailen Possamay

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