Por Mario Hernandez | Foto: Conclusión

Con el objetivo de visibilizar la situación que afecta a Sport Tech, sus trabajadores y trabajadoras ubicaron las máquinas de coser en la puerta de la fábrica con una gran bandera “No al vaciamiento, Sí al trabajo”. Esta medida consiste en realizar changas de costura en la vereda y de esa forma resistir y a la vez visibilizar sus ganas de trabajar.

La postal de la calle Iturraspe en el partido de San Martín es de la ex fábrica Sport Tech, hoy Cooperativa 8 de Enero. La constante presencia de decenas de trabajadores y trabajadoras demuestran la convicción de lograr que la justicia permita la continuidad para poder producir colectivamente. El ruido de las máquinas muestra la voluntad de continuar trabajando, ya sin patrones ni estafadores, con pedidos de las grandes marcas deportivas y la posibilidad concreta de llevarlo adelante.

Las y los trabajadores, organizados en el Sucev-CTA-A (Sindicato Unidos de Costureros y Empleados del Vestido),  resistieron la quiebra a principios de año, que ellos califican de fraudulenta, y conformaron la Cooperativa 8 de Enero. La causa para que la cooperativa se haga cargo de la empresa que recaló en el Juzgado Comercial 25 de la CABA, a cargo del Dr. Horacio Robledo, parece ser sometida a constantes dilaciones, tal como denuncian las y los trabajadores. “Por una decisión política del Juez y del Síndico nos están dilatando hace tres meses la posibilidad de trabajar”. Y agregaron que “tenemos pedidos de varias fábricas. Somos una de las pocas cooperativas formadas que tiene ya pedidos comerciales para empezar a trabajar y poder dar sueldos por lo menos de 15.000 pesos a más de 70 familias. Sabemos que 15.000 pesos es una miseria, pero por lo menos queremos empezar a trabajar”, explicó Fernando Castillo, trabajador de la ex Sport Tech y Secretario General de SUCEV-CTAA.

Castillo opinó que “además hay más de 70 familias que tienen sus sueldos aprisionados o retenidos por el Juez y el tipo en vez de repartir los sueldos lo puso en un plazo fijo en dólares. Lamentablemente, él tiene ese derecho legal de hacerlo, pero no es moral, los compañeros necesitan la plata para pagar el alquiler, los compañeros necesitan comprar alimentos, pagar su medicación, ya tenemos muchos compañeros enfermos por permanecer acá, con bronquitis y neumonía”.

Voces de las y los trabajadores

En una entrevista  para la Revista Resistencias,  Fernando Castillo, trabajador de la ex Sport Tech y Secretario general del sindicato SUCEV, Mirta Franco, trabajadora de la ex Sport Tech y prensa del sindicato SUCEV y Pablo Puebla, Secretario General de la CTA Autónoma de San Martín y referente de la OLP, explicaron sobre la situación.

¿En qué situación se encuentra el conflicto?

Fernando Castillo: Se van sumando conflictos día a día. El primer conflicto fue un patrón siniestro, Pablo Enrique, que estaba fraguando una quiebra fraudulenta para vaciar la fábrica. Por suerte la organización nuestra, el Sindicato Único de Costureros y Empleados del Vestido (SUCEV –CTAA), pudo impedirlo.

Se pudo frenar el vaciamiento y se ganaron los sueldos adeudados de enero y febrero, aguinaldo, vacaciones y el bono de 5.000 pesos. Cuando lo ganamos, ahí nace otro problema. Automáticamente dan la quiebra, que es completamente fraudulenta, no investigaron nada y la dieron. El juez, en vez de entregarnos los sueldos, los pone en un plazo fijo.

Otro problema es que el juez no termina de autorizar que nosotros trabajemos en forma de cooperativa. Si esto se autorizara daría trabajo a, por lo menos, 72 familias.

 ¿En qué situación se encontraba la fábrica previo al pedido de quiebra?

Mirta Franco: Nosotros denunciamos que es una quiebra fraudulenta. ¿Cómo puede ser que una fábrica que tiene pedidos de las marcas más importantes del mundo quiebre? Por ejemplo, pedidos para 80.000 prendas de Nike y otro de 60.000 de Puma, para hacer camisetas a un club tan importante como Independiente.

La fábrica tiene capacidad para dar trabajo a 500 trabajadores, nosotros no estamos luchando solamente para los 72 actuales. Estamos pensando en poner una escuelita para que aquel trabajador que no pueda conseguir trabajo, pueda aprender y conseguir.

¿Cómo van a continuar?

Mirta Franco: Ahora nuestro problema es que el juez no nos está autorizando poder seguir trabajando. Por eso decidimos poner las máquinas acá en la vereda para que, aunque sea, podamos llevar el pan de cada día a nuestros hijos. Estamos luchando en contra de muchas cosas porque nos hicieron denuncias, pero la fábrica está intacta gracias a nosotros que estamos acá día y noche.

¿Que representa la lucha de Sport Tech?

Pablo Puebla: Los compañeros y compañeras de la ex-fábrica Sport Tech resisten al modelo neoliberal, asociándose y clavando una bandera de esperanza de que se puede salir adelante y construir sus propios trabajos.

Ante esta situación, vecinas, vecinos, organizaciones sociales, organizaciones políticas y pequeños y medianos empresarios textiles de la zona, se acercaron a solidarizarse con los trabajadores. Lo más importante es que están produciendo, levantaron dos pedidos para llevar adelante. Inclusive uno que está a un nivel de exigencia de primera calidad, que nos representará en el deporte a nuestra selección argentina.

Fuentes: ACTA-CTA, Revista Resistencias, Resumen Latinoamericano

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Luego de la represión con balas de goma que sufrieron los trabajadores de la empresa ayer, se decretó la quiebra y hoy hay nuevas reuniones entre delegados y el Ministro de Trabajo.

En lo que fue la primer gran represión del nuevo gobierno de Cambiemos y tras montar un imponente operativo el pasado domingo por la noche, la Gendarmería desalojó violentamente el corte que los trabajadores estaban realizando sobre la autopista Ricchieri –a la altura de la entrada al Aeropuerto Internacional de Ezeiza– en defensa de sus 5.000 puestos de trabajo. Los gendarmes avanzaron sobre los manifestantes a los golpes y tirando balas de goma, con el apoyo de camiones hidrantes.

Luego de una reunión de Gabinete, la vicepresidenta Gabriela Michetti y el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, justificaron el desalojo en una conferencia de prensa en Casa Rosada. “La Gendarmería cumplió con el mandato del juez de liberar la autopista Ricchieri”, expresó Triaca.

Por su parte, Michetti remarcó que con este tipo de medidas “el Estado recupera su función de regular entre dos derechos (circular libremente y manifestarse). Lo de hoy va a ser un protocolo para que todo el mundo vea. Queremos dar previsibilidad, para que todo el mundo sepa de antemano lo que puede pasar”.

Por la tarde, una delegación participó de la movilización a Plaza de Mayo que realizaron distintos gremios y organizaciones sociales y políticas en rechazo a las medidas de ajuste y para reclamar un bono de fin de año que compense los aumentos de precios registrados en los últimos meses.

Ayer la jueza Valeria Pérez Casado decretó la quiebra de Cresta Roja y hoy los representantes gremiales de la empresa se reunirán con el ministro de trabajo, Jorge Triaca, quien informó que el manejo de la empresa quedará a cargo de la Sindicatura.

Un largo camino con victorias parciales

El 26 de julio de 2014 titulábamos nuestra columna sindical semanal “Cresta Roja: gran triunfo obrero”.

Y no era para menos. La semana anterior las puertas de la empresa habían amanecido cerradas, y se impedía el ingreso a planta de sus trabajadores.

Los cortes de ruta en el Jagüel, Esteban Echeverría y Ezeiza no se hicieron esperar.

Para septiembre de ese año, la avícola había adoptado igual actitud. Tres meses antes, la empresa de los hermanos Rasic (que tenía un total de 3800 empleados) había presentado convocatoria de acreedores. Por ese entonces, se denunciaba a sus dueños porque mientras paralizaban su principal frigorífico, mantenían funcionando su segunda planta de Cañuelas y mandaban producción propia a faenar en establecimientos de terceros.

De ahí en más lo que siguió es casi un año de lock-outs patronales, intentos de despidos (casi 700), persecución a los trabajadores, pagos realizados en cuotas, y se puso en marcha una intimidación a los trabajadores donde no faltaron escuchas a través de micrófonos y patotas relacionadas directamente con el ex Ministro de Seguridad, Alejandro Granados, fuerte personaje político de la zona, quién además militarizó la planta.

Los piquetes que se sostuvieron con firmeza durante una semana, a partir de romper el cerco mediático de los primeros días, amenazaron con enturbiar la campaña electoral de Daniel Scioli. Mientras los trabajadores enfrentaban los despidos y el cierre de su fuente de trabajo, el gobernador y candidato presidencial del FpV se paseaba por el país y por Cuba hablando de “la victoria del trabajo y la producción”.

El hecho de que esta lucha obrera metiera la cola en la campaña oficialista obligó al gobierno provincial y nacional a responder positivamente a las demandas de los trabajadores. Por la provincia intercedieron desde los ministros de Seguridad, Alejandro Granados, y de Trabajo, Oscar Cuartango, hasta el Jefe de Gabinete, Alberto Pérez, sumado a los intendentes de las localidades donde se ubican las dos plantas de Cresta Roja, Esteban Echeverría y Ezeiza.

Frente a la postura conciliadora y dubitativa de los representantes de la FTIA (Federación de Trabajadores de la Industria de la Alimentación), el sindicato mayoritario dentro de la empresa, los trabajadores de las plantas de Monte Grande y Ezeiza los repudiaron y actuaron con independencia y de conjunto, por primera vez, imponiendo el bloqueo de los portones y decidiendo cada paso a seguir en multitudinarias asambleas bajo el viento y el frío de la ruta o en los portones que custodiaban para impedir que ingresara o saliera mercadería.

Así llegó la propuesta de pagar las quincenas adeudadas, todos los trabajadores volvían a sus puestos sin disminución de horas de trabajo y por ende de salarios, y el pago del aguinaldo. Se reincorporó a tres compañeros que habían sido despedidos con anterioridad. Sumado a esto, el jefe de Recursos Humanos fue desplazado de su cargo.

Pero la experiencia de luchas anteriores, hizo que los trabajadores no confiaran en la palabra de ningún vocero del gobierno ni de la empresa. Por eso definieron mantener el corte de ruta y bloqueo de las puertas de las plantas hasta tanto estuviera firmada el acta donde se certificaban estos acuerdos.

Nuevo gobierno en la Provincia de Buenos Aires

Y tenían razón. La patronal trabó el acuerdo, y volvió a la carga y la empresa avícola seguía pagando en cuotas el medio aguinaldo adeudado.

Frente a esta situación Daniel Scioli, que buscaba evitar cualquier conflicto que empañara su campaña presidencial, hizo aprobar a la justicia bonaerense la “intervención provincial” de la empresa por 120 días.

Designó entonces a Daniel Gurzi, ex funcionario provincial hasta 2012 y actualmente vinculado a Aníbal Fernández, como flamante interventor de la empresa concursada que debería unos 1.200 millones de pesos con “las más amplias facultades para tomar en forma unilateral las medidas” para mantener a flote la firma.

En noviembre pidieron reunirse con la flamante gobernadora, María Eugenia Vidal, ya que la intervención cesaba el 10 de enero y la situación seguía siendo crítica.

Ante la falta de respuestas y la discontinuidad de los pagos, el lunes 16 de noviembre realizaron nuevas acciones, en Ezeiza y Esteban Echeverría, para pedir la intervención de los intendentes donde están alojadas las dos plantas de Cresta Roja. El objetivo: que la planta fuera reactivada sin que hubiera pérdida de puestos de trabajo ni reducción salarial y en rechazo de la “oferta” que la patronal hizo llegar a través del Ministro Granados, que proponía reducción salarial del 30% y reducción del personal de otro 30%.

Además, denunciaron que la intervención no había permitido mejorar las condiciones para empezar a producir. Por el contrario, sirvió para blanquear las enormes sumas que la provincia le regaló a la patronal ante la imposibilidad de la misma de avanzar en el plan de despidos y rebaja salarial que quiso imponer en julio pasado, y que fue frenado por los trabajadores con su lucha.

La firma habría sacrificado unos 9 millones de pollos al no poder alimentarlos, la plantas 1 y 2 estaban paradas desde hacía 20 días y los trabajadores pedían volver la producción. “La situación nuestra es crítica, hace 20 días que no estamos faenando, hay pollos que se mueren de hambre, queremos volver a trabajar, que se reactive. El gobierno se ha comprometido con 200 millones de pesos pero no ha cumplido con la totalidad del envío, por esta falta, se mueren los pollos”, explicaba Julio Gramajo de la Comisión Interna.

Era evidente que el único objetivo de la intervención provincial era ganar tiempo para luego de las elecciones aplicar el plan de ajuste que Rasic no pudo imponer en julio pasado.

Milenko Rasic (dueño de la empresa) reapareció, después de haberse “guardado” desde la intervención del Estado, y en reuniones con trabajadores de ambas plantas de faena dejó en claro que sus planes de ajuste seguían en pie “necesitamos despedir al 30 % del personal y rebajar los salarios un 30 % como condición para que la empresa sea rentable”, argumentó.

Por otro lado, reconoció que las intenciones de la empresa eran vender su planta 2 ubicada en Esteban Echeverría para lo cual ya estaría sondeando interesados, pero para concretarla debía aplicar previamente el ajuste sobre el personal.

Mientras para Clarín el tema se reducía a un problema que afectaba al tránsito por los reiterados cortes, piquetes y movilizaciones de los trabajadores, trascendió que la negociación habría quedado a cargo de Federico Salvai, futuro Jefe de Gabinete de Vidal.

Vidal dio un ultimátum a los dueños de Cresta Roja y criticó a sus trabajadores

“Paguen la deuda o vendan la empresa”, dijo la gobernadora en una conferencia en la que se refirió a uno de los conflictos laborales más fuertes de los últimos meses. Tras reunirse con el presidente Mauricio Macri, la gobernadora brindó una conferencia de prensa junto al Jefe de Gabinete, Marcos Peña, en la que aseguró que la Nación y la Provincia trabajarán “en el cuidado de los puestos” de los operarios de Rasic Hermanos, pero criticó el corte que los trabajadores realizaban en la autopista Riccheri, en al acceso al aeropuerto internacional de Ezeiza.

“El conflicto, para nosotros, no debe ser expresado cortando el acceso a Ezeiza. Hay un marco de diálogo con los representantes gremiales y no es necesario sostener este corte”, puntualizó.

El viernes 11 de diciembre, el “flamante” ministro de Trabajo, Jorge Triaca, recibió a los delegados de Cresta Roja y a representantes del Sindicato de la Alimentación de zona sur como primer medida al frente del Ministerio.El ministro confirmó a los delegados presentes que el gobierno no piensa destinar un peso para cubrir los salarios adeudados de los trabajadores y que sólo otorgarán las REPRO que ya habían sido designadas por el gobierno de CFK.

A la par de que Macri le acababa de otorgar millones a los sojeros, a los trabajadores de Cresta Roja los quería arreglar con 4 mil pesos para vivir todo el mes de diciembre, con fiestas de fin de año incluidas, y sin ninguna perspectiva para los meses venideros.

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