Por Adelante!

La comunidades organizadas, encabezadas por Bernarda Pesoa, lideresa del Pueblo Qom de Cerrito, acordaron la suspensión temporal de actividades de la Fundación Paraguaya y la instalación de una mesa de diálogo en la sede de la Gobernación de Presidente Hayes, que será convocada por la Dirección del Gabinete Social el día 17 de agosto. Participarán de la mesa varias instituciones públicas, así como representantes de las comunidades Qom y la Fundación Paraguaya.

“Es muy importante destacar las redes de solidaridad tejidas en torno a este tema y no soltarlas hasta lograr el objetivo de la mayoría de las aldeas Qom que habitan el territorio chaqueño, que es la revocación del convenio firmado por esta fundación y los líderes de dos aldeas“, señala la Organización Nacional de Mujeres Campesinas e Indígenas (CONAMURI), en su cuenta de Twitter.

En las últimas semanas, la Fundación Paraguaya movilizó maquinarias para la quema de pastizales y el derribo de árboles nativos como los labones y otros que alimentan a los pueblos indígenas de la zona, además de algarrobos palmares y otras especies nativas. La Fundación Paraguaya es dirigida por el exintendente de Asunción Martín Burt. El político liberal también fue Jefe del Gabinete Civil del gobierno de facto, golpista, de Federico Franco.

Las organizaciones comunitarias Qom del Bajo Chaco habían presentado denuncias a la Fiscalía del medio ambiente local y ante el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) y solicitaron acompañamiento en este proceso, pero ante el avance acelerado del desmonte de árboles, resolvieron tomar medidas de fuerza que finalmente consiguieron frenar temporalmente el crimen ecológico.

Fuente: Adelante!

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Por Marcelo Musante (*)

Los gendarmes y la policía montada estaban al acecho. Los Qom y Moqoit reunidos en la zona de El Aguará no lo sabían. La policía rondaba la reducción desde hacía dos meses. La Gendarmería de Línea, desde hacía una semana. Sus nombres, armas y municiones quedaron registrados prolijamente en listados oficiales.

Mientras tanto, el gobernador del Territorio Nacional del Chaco, Fernando Centeno, entablaba el supuesto diálogo con los líderes indígenas que reclamaban por las condiciones de explotación a las que eran sometidos. Pero era una trampa: al mismo tiempo que desde el Estado se proponía a las comunidades indígenas canales de negociación, se preparaban las acciones punitivas. Fórmulas del pasado y del futuro. El castigo como figura siempre omnipresente.

La Masacre de Napalpí era algo que iba a suceder en algún momento. Y pasó. Centenares de Qom y Moqoit fueron asesinados el 19 de julio de 1924 por las fuerzas represivas estatales. Fue una consecuencia de las características del sistema de disciplinamiento impuesto desde el Estado y los sectores privados de la región a los pueblos indígenas.

Iba a pasar porque los asesinatos masivos sobre personas indígenas ya se habían llevado a cabo antes, en las diversas campañas militares a Pampa, Patagonia y la región chaqueña.

Iba a pasar porque se continuarían repitiendo en el futuro, como en el caso de La Bomba, en Formosa en 1947, entre muchas otras.

Iba a pasar porque era un lugar de confinamiento para controlar los cuerpos y someterlos violentamente al trabajo. Los cuerpos como objetos. Como meras herramientas.

Iba a pasar porque esos cuerpos iban a revelarse colectivamente.

Iba a pasar porque no tenían permitido ninguna acción de resistencia allí adentro.

Y cuando esos cuerpos se sublevaron en la escena pública, fueron reprimidos y asesinados.

La violencia en el espacio y los cuerpos

La masacre se llevó a cabo en la Reducción Estatal para Indígenas de Napalpí. Un espacio de control social que formaba parte de un sistema más amplio. Un proyecto que implementó el Estado argentino en Chaco y Formosa a espejo de las que ya existían en Estados Unidos con múltiples denuncias por las consecuencias sobre las familias indígenas.

Acá llegaron a coexistir cuatro reducciones. Funcionaron entre 1911 y 1956. Hubo años en los que estuvieron concentrados más de siete mil indígenas de las etnias Qom, Moqoit, Vilela, Wichí y Pilagá.

Los presidentes de la Nación del momento se pronunciaban sobre las reducciones como un sistema ejemplar y exitoso para la “incorporación del indígena a la civilización”. Pero las condiciones eran otras. “Siempre palo, palo y palo. Nosotros sufrimos mucho. No teníamos ropa”, se acordaba Juan Ballesteros en Bartolomé de las Casas, lugar donde funcionó una de esas reducciones en Formosa.

El “proceso de civilización del indígena” implicó el trabajo a destajo, con paga en mercadería del almacén del lugar, manejada por el propio Estado nacional, y con deudas que se acumulaban con el administrador de la reducción. La deuda como forma de disciplinamiento.

Un sistema de explotación basado fundamentalmente en el desmonte de cientos de miles de toneladas de árboles nativos para proveer a la industria maderera y al propio Estado para la construcción de vías férreas. Vías que se construían abriendo picadas en monte cerrado. ¿Quiénes lo hacían? Los propios indígenas bajo control del Ejército.

Las mujeres, los niños y las niñas eran sometidxs al trabajo de la cosecha y violentadxs por quienes trabajaban para la administración. Las enfermedades no tenían modo de ser curadas en las salas de primeros auxilios desabastecidas.

El control era ejercido con extrema violencia. “Los indígenas eran estaqueados toda la noche como castigo”, recuerda Bernardino Paz en Colonia Aborigen, lo que antes era Napalpí.

Resistencia y represión

Pero en un momento, en la Reducción de Napalpí, se llevó a cabo una acción de resistencia. Los caciques Dionisio Gómez y José Machado entre los Qom, y Pedro Maidana y la cacica Mercedes Dominga entre los Moqoit, son los nombres que lxs sobrevivientes mencionan como los referentes de la protesta.

Se reunieron centenares de personas en la zona del Aguará, dentro de la reducción, para reclamar por una quita que le impusieron al precio de la cosecha del algodón, por las condiciones de salud y alimentación, por la explotación laboral y por un decreto que prohibía que puedan ir a trabajar donde quisieran, entre otras.

Mientras los líderes indígenas negociaban con las autoridades estatales las fuerzas policiales se iban organizando.

Entre el gobernador Fernando Centeno, el jefe de Policía Diego Ulibarrie, el comisario Roberto Sáenz Loza, el sargento Alejandro Verón y Mario Arigó, administrador de la reducción, se definió la represión. El ministro del Interior de la Nación era Vicente Gallo y el Presidente, Marcelo T. de Alvear.

El 19 de julio de 1924 el Regimiento de Gendarmería de Línea y la Policía Montada avanzaron sobre las y los indígenas reunidos.

La represión incluyó la utilización del avión Chaco II que despegó del Aero Club Chaco al mando del sargento Emilio Esquivel y del piloto estadounidense Juan Browis. El historiador y piloto Alejandro Covello afirma que fue justamente esa la primera vez en la historia argentina que se utilizó un avión para reprimir desde el aire a población civil.

La foto del avión -que se encuentra en el Instituto Iberoamericano de Berlín- tiene al dorso una referencia escrita por Lehmann Nitsche, antropólogo alemán que estaba por esos días en Chaco: “avión contra levantamiento indígena”. Él nunca mencionará la masacre en sus futuros textos. El silencio de la ciencia.

La matanza continuó los días siguientes con la policía persiguiendo a la gente por el monte. Los relatos de las personas sobrevivientes son el espanto y la crueldad. Asesinatos de niño/as y anciano/as, violaciones, mutilaciones y cuerpos quemados en fosas comunes. Quienes pudieron sobrevivir y luego contar la masacre lo hicieron escondidos en el monte durante varios días.

Durante mucho tiempo, la Masacre de Napalpí fue encerrada al olvido. Un parte policial de ese mismo año clausuró la investigación. De nada sirvió el debate abierto en la cámara de diputados y el pedido de una comisión investigadora.

Recién en 2004 se inició una demanda civil por Genocidio contra el Estado Nacional que aún no tiene resolución final. Y en 2014 se inició un proceso de investigación por parte de la Fiscalía Federal de Resistencia que es llevado adelante por el fiscal Diego Vigay y por el que solicita la realización de un Juicio por la Verdad considerando las normas de imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad.

La violencia por otros medios

Cuando la masacre terminó, la Reducción Estatal para Indígenas de Napalpí siguió funcionando. Incluso doce años después fueron creadas otras dos reducciones y puestas bajo el control de la Gendarmería de Línea. Quizás a modo de reconocimiento por los servicios prestados ese 19 de julio de 1924.

A pesar del asesinato de cientos de personas dentro de una institución estatal realizada por sus propias fuerzas de seguridad, las reducciones para indígenas continuaron funcionando durante 32 años más. Hasta 1956.

En Napalpí el control se profundizó. Se continuó con la utilización de brazaletes para diferenciar a quienes se consideraba “pacíficos” de los que no.

La administración de la reducción elaboró documentos oficiales con listados que incluían el nombre y apellido de quienes se sugería expulsar y se lxs categorizaba en columnas de “concepto y observaciones”. Allí se definía a las personas como “inadaptable”, “vago”, “propagandista insidioso contra la administración”, “inepto”, entre otras.

Y una definición muy explícita era: “formó parte de la sublevación”. Esta forma de marcación negativa de las personas indígenas sometidas en la reducción traía peligrosas consecuencias.

Quienes eran expulsados de la reducción, lo eran a un territorio chaqueño en el que todavía operaban las fuerzas militares y en el que para transitar, al ser indígena, se requería un salvoconducto, “un papel firmado” por alguna autoridad estatal o ingenio privado. No tenerlo implicaba que ese sujeto había fracasado en el intento estatal civilizatorio.

Noticias de ayer, discursos de hoy

Las construcciones discursivas sobre el indígena también son centrales para comprender la Masacre de Napalpí y los discursos que circulan aún hoy con componentes racistas.

Los medios de comunicación fueron centrales en la preparación de la masacre, produciendo discursos de malón y de peligro para la población blanca de los alrededores. Y luego, también lo fueron invisibilizándola.

Antes de la masacre aparecían en los medios los pedidos de “acción” (léase represión) sobre los indígenas de Napalpí. Pero después de la matanza, la noticia desapareció por completo. Salvo en una edición especial, exclusivamente sobre la masacre, que realizó el diario El Heraldo del Norte un año después, en 1925. Edición que, como explica la investigadora Mariana Giordano para entender los silencios sobre Napalpí, debió hacerse desde Corrientes ya que había sido censurada por el gobierno territoriano del Chaco.

Los medios de comunicación operaron a favor de los sectores económicos más importantes de la provincia relacionando el peligro de la “revuelta indígena” con “los productores”.

El diario La Nación, por ejemplo, el día mismo de la masacre publicó una nota mencionando telegramas de preocupación de la Cámara de Comercio del Chaco y de la Sociedad Rural al presidente de la Nación, Marcelo T. de Alvear.

El propio Ministerio del Interior de la Nación mencionó en sus memorias en relación a la masacre que “dicha reducción sufrió grave retroceso (…) indígenas traídos de distintos puntos del territorio por agitadores de profesión cometieron desmanes de todo género”. El indígena aparece como el culpable. Como el sujeto que se relaciona con “agitadores” y pone en riesgos el desarrollo económico.

Más acá en el tiempo, se hizo la misma inversión con el Pueblo Mapuche, asociándolo a supuestos grupos terroristas, planteándolos como usurpadores de la propiedad privada. Definición de enemigo interno que terminó en el asesinato de Rafael Nahuel en 2017 y la represión en el Lof en Resistencia Cushamen que finalizó con la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado. Otra vez, como en La Nación de 1924, se mezclaron las tierras, el capital privado y el accionar represivo. La represión se asoció a una “necesidad de pacificación”, de restablecimiento de una “normalidad” que fue rota por ciertos grupos que estarían por fuera de ella.

En el caso de los pueblos indígenas, esos discursos han circulado desde la propia conformación del Estado-nación y han servido como legitimadores de la violencia. De la idea de “malón” a la de “terroristas”. Y, como en Napalpí, se ocultan tras la búsqueda de “paz y seguridad”.

Estos últimos meses estuvimos escuchando -en el marco de la pandemia de COVID-19- discursos sobre “indios “infectados” en el Barrio Toba de Resistencia, que los marcaban como los culpables de poner en riesgo al resto de la población. Con ese mismo grito en la boca, la policía chaqueña entró violentamente a una casa en Fontana, cuyas imágenes circularon por todos lados, para golpear y abusar de una familia.

A principios de año, cuando fallecieron por desnutrición muchxs niñxs wichí en Salta, la respuesta de los funcionarios de salud de la provincia fue culpar a las propias familias por sus “costumbres”.

Discursos de ayer que se continúan reproduciendo hoy y que estigmatizan, marcan y matan. Ese “indios infectados” que apareció en la represión de Fontana en junio de 2020 se retroalimenta en ese “indios revoltosos” del 19 de julio de 1924.

La historia no termina

Como siempre dice el historiador qom Juan Chico, haberle cambiado el nombre de Napalpí al lugar donde ocurrió la masacre y colocarle el casi genérico de “Colonia Aborigen” es un intento de borrar la historia de lo que allí pasó.

La masacre de Napalpí intentó producir el disciplinamiento a través del terror. No sólo dirigido a la gente que allí vivía, sino como mensaje al resto de las comunidades indígenas de la zona. Para mostrar que una protesta se reprime. Siempre.

Pero no hay modo de borrar la memoria. Y la gente siguió recordando y contando. Cada vez que algún pedazo de tierra es arado aparecen signos de la represión: se encuentran fusiles, restos óseos, como recuerda Ramón Verdán.

Todavía hoy quienes aseguran que se sienten ruidos, de cadenas, de golpes. La memoria duele.

Durante muchos años, como cuenta Mario Paz -comunicador de la Colonia Aborigen- los ancianos no enseñaban la lengua como una forma de protección a las nuevas generaciones. Había sido muy fuerte el castigo. Muy violento. Se había aprehendido que ser indígena podía ser peligroso. Ir a los pueblos de al lado a vender mercadería o conseguir trabajo implicaba tratar de ocultar la identidad.

Recién 50 años después de la masacre comenzaron a aparecer los textos con los relatos. Muchos, por suerte. Con muchos abordajes. Con testimonios y documentos. Ya no se puede ocultar la Masacre de Napalpí.

Incluso, se fueron encontrando a través de un profundo trabajo de la Fundación Napalpí, a ancianas y ancianos sobrevivientes. Melitona Enrique, Pedro Valquinta y Rosa Grilo (que aún vive en la Colonia) pudieron contar lo que vieron de niños al ocultarse en el monte. Y sus testimonios pudieron incorporarse al proceso para llevar adelante el Juicio por la Verdad. Un proceso fundamental para sentar precedentes. Igual al que está llevando adelante la Federación Pilagá por la Masacre de Rincón Bomba, en octubre de 1947.

En uno de esos testimonios, Pedro Valquinta, moqoit, cuenta que también sobrevivió a la masacre de El Zapallar, Chaco, en 1933. Sobreviviente a dos masacres estatales en apenas nueve años.

El proceso de memoria sobre la Masacre de Napalpí lleva muchos años y el manto de terror y silencio que se intentó imponer se fue horadando de muchas maneras.

En Colonia Aborigen la cacica Mercedes Dominga tiene su monumento en la zona moqoit de la Colonia Aborigen. Y un mural pintado colectivamente en la plaza central muestra el momento en que el avión sobrevoló y disparó sobre la gente. Es la memoria de generaciones.

Desde el Estado provincial, en 2008, se realizó un pedido de perdón por la Masacre de Napalpí y el tema se incluyó en la agenda pública y educativa. Ahora, se está inaugurando un memorial en la zona para recordar a los ex combatientes qom muertos en la Guerra de Malvinas y donde serán ubicadas las urnas con los restos óseos de nueve caciques que el Museo de Ciencias Naturales de La Plata restituyó en 2018. Sus esqueletos fueron exhibidos en sus vitrinas del Museo durante más de cien años, en otra violenta y cruel práctica del Estado y sus instituciones sobre los pueblos originarios de nuestro país.

Aún es un desafío que la Masacre de Napalpí trascienda lo provincial y pueda ser estudiada en escuelas de todo el país. Que el 19 de julio sea una fecha que no sólo tenga significancia en Chaco. Que exceda a investigadores, comunidades, docentes, periodistas y militantes de causas indígenas.

Pero son procesos que todavía, lamentablemente, encuentran fuertes resistencias. ¿Por qué no hay actos nacionales por esta masacre? ¿Por qué no está en las efemérides de todas las escuelas? ¿Por qué los medios masivos de alcance nacional no la recuerdan? ¿Cuánto de esto se explica en que fue una masacre sobre pueblos indígenas?

Las lógicas negacionistas sobre el genocidio indígena en Argentina siguen siendo muy fuertes. Las prácticas y discursos racistas siguen apareciendo y las represiones en los territorios continúan a la orden del día. Para romper esas resistencias es indispensable el ejercicio de la memoria y disputar los sentidos establecidos. Ahí radica la importancia de volver a Napalpí, de volver 96 años atrás. Para encontrar cómo opera la lógica de estigmatización sobre las comunidades indígenas que luego habilita la violencia estatal y cómo eso se sigue repitiendo una y otra vez en el presente.

(*) Sociólogo e investigador de la UBA, integrante de la Red de Investigadorxs en Genocidio y Política Indígena en Argentina. Escribió sobre Napalpí y Reducciones Estatales en los libros colectivos En el país de nomeacuerdo (Universidad Nacional de Río Negro) y en Historia de la Crueldad Argentina (Ediciones El Tugurio).

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Por Luciana Mignoli y Marcelo Musante

Escena repetida: medianoche, suena el celular, mensaje desde Chaco. “Murió”. Y otra vez se cierra el pecho, otro viejo o vieja que se va sin justicia, sin tierra, sin igualdad.

El viernes 16 de agosto murió Milcíades Mansilla, un dirigente qom de Pampa del Indio que le puso el cuerpo a la lucha colectiva y que nos modificó para siempre la forma de pensar las demandas indígenas.

Fue uno de los referentes más importantes de la Comisión Zonal de Tierras de Pampa del Indio, Chaco, una organización de esas que te cambian el modo de pararte en la vida.

Empezamos a entender el verdadero significado de la pelea por los territorios gracias a él, que nos habló de la historia y de la cosmovisión que implica esa tierra. Que nos dio lugar para escuchar y entender ese vínculo ancestral que va mucho más allá de alguna parcela delimitada.

Esta vez nos avisó el Gabriel Mendoza, como hace ocho años nos avisaba el Julio Bernio de la partida de Mártires López, otro de los dirigentes más importantes de aquellos pagos cuya muerte aún hoy no sabemos si se trató de un asesinato de las fuerzas policiales. Un “accidente” en medio de la noche y lleno de sospechas que nunca fue investigado.

Milcíades estuvo en aquel acampe histórico de 2006 en la ciudad de Resistencia para exigir derechos. Lo vimos de lejos. Muchas personas saben de primera mano cuánto le costó físicamente poner el cuerpo a esa lucha. Ya no fue el mismo, la carne y los huesos se fueron minando.

“Su muerte es un golpe para nuestra generación. ¿Qué hacer sin nuestrxs maestrxs?”, nos dice conmovida la periodista Diana Della Bruna. Ella junto a Milcíades y otros ocho indígenas (entre ellos el dirigente Martíres López) fueron llevados a juicio oral por resistirse en 2010 al violento desalojo de la Familia Berdún en Pampa Chica, aunque estaba en vigencia la ley nacional 26.160 que prohibía (y prohíbe) los desalojos de las comunidades indígenas de sus territorios ancestrales.

Qué por qué corta la ruta, qué por qué acampa, por qué van a enfrentar al gobernador o intendente de turno. Hasta en eso está el racismo estructural: si se es indígena, parecería que se debe ser actuar a espejo y semejanza de lo que el Estado y el mundo “blanco” espera de él.

Milcíades tenía muy clara toda la estigmatización que pesaba sobre él y las comunidades. Lo supuestamente salvaje, lo irracional. Y elegía vivir con la latencia de la represión sobre sus hombros.

Una vez, estábamos hablando sobre genocidio indígena en el Complejo Intercultural Bilingüe “Lqataxac Nam Qompí”. Nos habían pedido trabajar sobre los diferentes campañas militares al “Desierto Verde” y los distintos momentos represivos del Estado sobre las comunidades indígenas del Chaco. Entonces hicimos un taller que titularon “Historia del Despojo”. Ya hacía unos diez años que íbamos para Pampa del Indio, primero en pareja y después en familia.

Un joven qom con quien no nos conocíamos salió a cruzarnos fuerte: que no podíamos estar dando ese taller, que quiénes nos creíamos. Una posición más que justificada tras años de sometimiento de un tipo de conocimiento sobre otro. Y ahí nomás salió Milcíades a defender a este par de roqshé (no indígenas) porque creía en el aporte mutuo y compañero. Se paró y a viva voz dio un discurso magistral de política, de cómo entrelazar estrategias que respeten los saberes sin colonizar.

Básicamente remarcó que íbamos hacía muchos años, que compartimos lo que sabemos y que ellos nos compartían también. Y que era una equivocación enorme pensar que porque teníamos “la piel blanca” éramos lo mismo que los genocidas. “Si no nos juntamos en la lucha, este genocidio no va a terminar nunca”.

Él hablaba de aquellas conquistas y de inmediato las relacionaba con los desalojos actuales, la falta de acceso a vivienda, salud, educación. Ese genocidio no reconocido que continúa vigente, que se actualiza, y donde las víctimas siguen siendo las mismas.

Milcíades Mansilla es uno de esos tipos que no de haber sido indígena hubiera sido un cuadro político imprescindible para el país. Pero es, fue y será qom. Se lo perdió este país que sigue sin reconocer al indígena, que sigue estigmatizando, violentando y asesinando.

Nuestra envidia para las organizaciones de Pampa del Indio y Chaco que lo tuvieron. No se pasa así nomas después de conocer a alguien de esa potencia e integridad.

Alguna vez nos dijo “no quiero ningún cargo. Porque si te lo dan, después te piden que aflojes con la lucha. No puedo tener un cargo y cortar una ruta. Lo mío es estar con las organizaciones”.

Ibas a su casa y salía en patas, a apoyar los pies sobre la tierra y charlar largo. Una vez vino a la nuestra, tuvimos el honor de tenerlo en nuestro quincho conurbano contando historias y analizando desde su lugar la política indígena, un momento que nos quedó marcado a fuego.

Revisamos fotos de nuestros viajes y lo vemos recorriendo comunidades, en una ronda compartiendo un guiso, tomando la palabra en alguna asamblea difícil. De día, de noche, en Pampa del Indio, en Resistencia, y acá en Temperley. Las fotos nos muestran siempre mirándolo embelesados, como quien escucha esas voces que salen de las tripas y a su vez tienen raíces en la tierra.

Tenemos una tristeza del carajo. Imposible explicar qué significó este hombre en nuestras vidas. Y acá quedamos, en silencio, para escuchar lo que tendrán para decir quienes lucharon tantos años codo a codo con él en Pampa del Indio.  Cuando andemos por allá vamos a hacer de cuenta que “te fuiste para el campo” como nos decían en tu casa cada vez que te sumergías en el monte.

Gracias por todo, Milcíades. Nos enseñaste a ver, a escuchar y a entender esta lucha.
Una lucha que –nos dijiste- también es nuestra.

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El pasado 2 de abril se cumplió el 36º aniversario del desembarco argentino en las Islas Malvinas, que desató un conflicto armado que terminó con la vida de 649 combatientes argentinos y dejó cientos de veteranos que fueron escondidos e invisibilizados y tardíamente fueron reconocidos, con el sufrimiento que ello les ocasionó. Recuperamos el testimonio de Juan Chico en “Troyanos del Sistema”, por Fm La Tribu, quien integrante del pueblo Qom, docente e investigador que escribió “Los Qom del Chaco en la Guerra de Malvinas, Una herida abierta”.

Entre las y los veteranos de Malvinas se encuentran pueblos originarios, que pertenecen a distintas etnias, invisibilizados tal como ha hecho nuestra historia con ellos. Qom, mocovíes, wichis y mapuches son algunos de los pueblos originarios, una deuda de Malvinas y parte de la historia de la construcción de nuestra democracia.

Las comunidades originarias son parte de la historia de nuestro pueblo, ni siquiera haría falta mencionarlo, a menos que sean sistemáticamente invisibilizados, ocultados o criminalizados, tal como se encarga de mostrarlo nuestra historia. Hoy Santiago Maldonado y Rafael Nahuel son la versión más reciente de nuestra historia de conquista civilizatoria con el exterminio de nuestros pueblos originarios. La historia de Malvinas tampoco está exenta de este destino. Tal como puede rastrearse, los pueblos indígenas fueron los primeros pobladores de estas tierras australes, llevados como mano de obra para las tareas colonizadoras o como conejillos de indias de un tal Darwin en su misión científica. Luego, frente a la usurpación territorial de las Malvinas, el gaucho Rivero, el 26 de agosto de 1833, encabezó un alzamiento contra la ocupación británica que apenas duró unos días, pero que enarboló nuestra bandera en el territorio usurpado. Tampoco fueron ajenos a la guerra de Malvinas en donde se han registrado casi unos 100 combatientes de los pueblos originarios.

Juan Chico, perteneciente a la comunidad qom, se dedicó a investigar sobre los Qom del Chaco que estuvieron en la guerra de Malvinas, y viene impulsando junto a otros veteranos la necesidad de reconocimiento de nuestras comunidades indígenas, no solo en la guerra de Malvinas sino en la construcción de nuestra democracia.

En el año 2013 el gobierno del Chaco reconoce a los indígenas caídos e instituye el Día del veterano y los caídos indígenas en las Malvinas. El establecimiento de esta fecha fue fruto de una larga lucha de los pueblos originarios de Chaco que permitió “visibilizar la participación de los pueblos originarios en la guerra por Malvinas”, afirmó Chico.

Recordamos que para empezar a hablar de la guerra de Malvinas es necesario recordar que ella se halla ligada, dos días antes, el 30 de marzo de 1982, con una gran movilización a Plaza de Mayo y otras plazas del país, que mostró el creciente descontento popular que se aceleraba contra el gobierno militar. También es necesario recordar que las y los jóvenes fueron las víctimas de una política de un estado genocida, que una vez más expuso a los más vulnerables. Detrás de las historias está lo que ocurrió con los pueblos originarios

Visibilizar a los pueblos originarios

-¿A que te referís con visibilizar la participación de los pueblos originarios en Malvinas?

-No solo reconocer la participación de los pueblos originarios en Malvinas sino ir un poco más al fondo. La participación de nuestros pueblos indígenas no solo se remonta a 1982, muchos de nuestros ex combatientes dicen: “venimos defendiendo soberanía desde hace muchos años”, las invasiones inglesas de 1806-1807, los ejércitos de Belgrano, de San Martín y de Guemes. De hecho Rivadavia, cuando San Martín estaba organizando su Regimiento de Granaderos a Caballo, saca una proclama con un decreto con el que 800 guaraníes fueron incorporados al ejercito que luego libertó Chile y Perú. En el libro se da cuenta de la presencia de los pueblos qom, mocoví y wichi en la guerra de Malvinas, porque es importante empezar a dejar sentado la presencia indígena en la defensa de nuestra soberanía.

Con la ley provincial 7.277 (Chaco) el día 26 de agosto se insituyó como “Día del Veterano y de los Caídos Indígenas en la Guerra de Malvinas” que reconoce la presencia de los pueblos originarios en Malvinas, y que también hace alusión a la presencia del gaucho Rivero que, tal como se encuentra documentado, en esa fecha fue parte de la gesta que intentó recuperar las islas Malvinas, acompañado de dos criollos y siete originarios.

Hay una omisión maliciosa de la historia de todos los hechos protagonizados, no solo por los indígenas sino por los sectores populares.

Reivindicamos la figura de Antonio Rivero, siendo un provinciano, que ha sido cuestionada, pero que fue el que bajó la bandera del invasor británico y levantó la bandera argentina en plena ocupación. La historia argentina no lo pone a Rivero ni como héroe ni como patriota, porque también nuestra historia está contada desde un lugar, desde un determinado sector, donde los sectores populares no tienen el lugar que se merecen. Lo que nosotros logramos con el reconocimiento de esta fecha es que Rivero siendo provinciano tiene un lugar en esta gesta, por eso reivindicamos la figura de Rivero.

En Chaco llevamos un registro de 52 personas de comunidades originarias que participaron en la guerra, con dos caídos que fueron identificados entre los 90 muertos en Darwin, en donde encontramos mucha resistencia, porque civilización y barbarie también está naturalizado para nosotros mismos y entonces parece que los pueblos indígenas nunca aportaron nada.

Malvinas y la democracia

Juan Chico además explicó que el mito de civilización y barbarie también fue naturalizado por los propios pueblos originarios y entonces encontraron mucha resistencia para armar el registro porque “históricamente a los pueblos indígenas se los invisibilizó, y se nos trasmitió que éramos salvajes y bárbaros y nunca hicimos nada por nuestra soberanía, sin embargo los veteranos indígenas en Chaco somos hijos y nietos de gente que viene defendiendo el territorio hace muchos años.

Por otra parte los que trabajamos Malvinas además nos hacemos una autocrítica, porque Malvinas y nuestra democracia se la debemos a ellos y eso nos interpela como sociedad. Cuando hablamos de nuestra democracia hablamos por lo general de los 30 mil desaparecidas y desaparecidos, de las abuelas, de las madres y me parece muy bien, trabajamos mucho para eso, pero la autocrítica que nos hacemos es ¿por qué cuando hablamos de democracia no hablamos de Malvinas? Nuestras calles, nuestras bibliotecas, nuestras plazas tienen que llevar el nombre de los 649 que quedaron en Malvinas, tiene que llevar el nombre de nuestros veteranos, que a diario caminan por la calle, porque nuestra democracia también se la debemos a ellos. Más allá de reivindicar la presencia indígena en la cuestión Malvinas también reivindicamos el reconocimiento de nuestros veteranos de guerra en la construcción de la democracia.

La discriminación en la guerra

-¿La situación de los originarios que fueron llevados a Malvinas fue diferente a la de los criollos?

-Hubo testimonios de veteranos que al momento de ser trasladados no sabían que era Malvinas y otros que por ser del norte eran discriminados y marginados por sus propios compañeros, en la guerra o con la concepción de los militares que sabían que los ingleses iban a venir por Malvinas y entonces decían vamos a usar a estos regimientos, “que aprendan estos correntinos brutos, estos indios”. En el caso de los juicios que se le están haciendo a las cúpulas se pidió que se lo considerara delitos de lesa humanidad por las torturas que sufrieron en Malvinas, como Ruben Ascencio que fue torturado por sus superiores. Los indígenas que estuvieron en Malvinas dicen, “no nos dieron las armas necesarias, no nos dieron el abrigo necesario, pero con orgullo defendimos la patria, sabiendo que este estado argentino 100 años antes estaba matando a nuestros viejos. Nosotros con honor fuimos y defendimos la soberanía”.

Chico explica que hay veteranos de Malvinas cuyos abuelos o ancestros sufrieron masacres, como la de Napalpí, y que sin embargo fueron con orgullo a defender Malvinas. “Piensan que nosotros los indígenas queremos hacer un estado paralelo y no es así, por ejemplo en el registro de los veteranos mapuches son más de 50”, afirmó.

“Nosotros tenemos que buscar generar conciencia en nuestra sociedad porque cuando trabajamos Malvinas tenemos que hacerlo en un contexto, porque por lo general dicen mejor no hablemos de Malvinas porque es hablar de los militares y no es así, porque como ex combatientes decimos perdimos la guerra pero ganamos la democracia”.

Para finalizar, Juan Chico fue muy preciso: “nosotros en Chaco trabajamos todo el año Malvinas, porque el mayor homenaje no solo es acordarse el 2 de abril sino identificarlo en sus plazas, sus calles, sus escuelas. Malvinas es una deuda de la democracia”.

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El 10 de octubre de 1947, cientos de indígenas pilagá fueron asesinados en un paraje cercano a Las Lomitas, Formosa. Las y los persiguieron, violaron, fusilaron, apilaron y quemaron. No era ni la primera ni la última vez que la Gendarmería protagonizaba una represión indígena. Pero el “problema” es siempre el mismo: la concentración pública de sujetos indígenas es una invitación a la represión.

“Les dimos corchazos para que tengan”, celebra un gendarme. Otro, tira piedras. El otro, esconde un hacha. Y otros, quizás, un cuerpo. Escenas que infunden terror pero que están muy lejos de ser inaugurales o casuales.

La desaparición forzada de Santiago Maldonado durante la feroz represión en el territorio mapuche del Pu Lof en Resistencia en Cushamen, Chubut, puso en primer plano la violenta relación de la Gendarmería Nacional con las comunidades indígenas.

Una violencia que se inscribe en un continuo histórico en donde la reunión de sujetos indígenas en el espacio público reactiva rápidamente la necesidad de poner punto final al “malón”. Esa fue una de las justificaciones históricas que se esgrimieron para fundamentar la violenta anexión de territorios indígenas a través de las avanzadas cívico-militares conocidas como “Campañas al Desierto”. Un despliegue enorme de mecanismos represivos que impactan sobre los cuerpos y los territorios indígenas que vienen aprehendidos y sostenidos desde el siglo XIX.

La Gendarmería Nacional protagonizó distintas represiones indígenas a lo largo de la historia. En 1924, una protesta indígena por las condiciones de hacimiento en la Reducción de Napalpí fue reprimida por la policía del Territorio Nacional del Chaco y por el Regimiento de Gendarmería de Línea (luego reconvertido Gendarmería Nacional) dejando un saldo de cientos de indígenas qom y mocoví asesinados.

En la actualidad, se puede mencionar -entre muchas otras y en distintos lugares del país- la voraz represión sobre la Comunidad Potae Napocna Navogoh, La Primavera, Formosa, que en 2010 se encargó de “liberar” la Ruta Provincial Nº 86. Allí –al igual que hace dos meses en Cushamen- la comunidad qom sostenía un corte de la ruta en defensa de su territorio y sus derechos. La avanzada de la Gendarmería junto a la policía formoseña terminó con el asesinato del anciano qom Roberto López, varias viviendas incendiadas y ocultamiento de la documentación luego de la represión.

En Napalpí, Potae Napocna Navogoh o Cushamen, los y las indígenas se habían reunido. Y el delito es reunirse. Cambian las fechas y el color político del gobierno de turno. Pero los imaginarios que se actualizan en las fuerzas represivas del Estado permanecen intactos: La concentración pública de sujetos indígenas es leída como una invitación a la represión sobre esos cuerpos. Y eso fue lo que pasó hace 70 años en Formosa, en una de las masacres más silenciadas de la historia argentina.

La Bomba

Tonkiet era un hombre que -según los ancianos sobrevivientes- “sanaba con su palabra”. Su llegada a fines de septiembre de 1947 a un paraje llamado La Bomba, cercano a Las Lomitas, circuló rápidamente por el montaraz paisaje formoseño.

Ese era su legítimo nombre en lengua pilagá, aunque luego fue conocido por su nombre español: Luciano Córdoba. Y en torno a él, cientos de familias se congregaron para participar de un encuentro sagrado. Con el correr de los días, fueron cientos o quizá miles de personas quienes se reunieron a orilla del madrejón y formaron un solo cuerpo colectivo, ancestral y espiritual.

Dicen que el persistente sonido de tambores y alabanzas en lengua originaria se escuchaba a varios kilómetros de distancia. Y también dicen que la multitudinaria reunión fue leída como una amenaza para civiles y militares que vigilaban el entonces territorio nacional. La Gendarmería Nacional fue la que intimó a las familias a abandonar esa concentración espontánea.

Pero los caciques, ancianas y ancianos allí reunidos no se dispersaron: era una reunión sagrada, estaban en su territorio ancestral y entendían que no significaban amenaza alguna.

Sin mediar ningún intento de entendimiento, la negación fue rápidamente asumida como un acto de rebeldía. Y en la tarde del 10 de octubre de 1947, la Gendarmería Nacional desplegó toda la ferocidad de la violencia represiva del Estado. Su delito fue reunirse.

La emboscada fue fatal: por un lado, un avión con ametralladora perseguía desde el aire; mientras que la cacería por tierra abarcó distancias de más de cien kilómetros y varios días de persecución.

El minucioso y respetuoso documental “Octubre Pilagá. Relatos sobre el Silencio”, de Valeria Mapelman, recupera la memoria oral de los sobrevivientes y saca a la luz, entre otros, los delitos sexuales cometidos contra mujeres y niñas. La violencia de género en el marco de un proceso genocida entendida como mecanismo de tortura y silenciamiento.

Allí, también se recuerda en forma colectiva cómo fue ese proceso genocida que incluye matanzas, sometimiento, traslados forzosos y desmembramiento familiar, tal como se especifica en el concepto de genocidio que la Asamblea General de las Naciones Unidas elaboraría un año después de esta masacre para analizar los crímenes del nazismo.

Quienes lograron sobrevivir, fueron capturados por los gendarmes y enviados a trabajar en “reducciones indígenas” en condiciones de semiesclavitud y bajo el control de la misma Gendarmería Nacional que llevó adelante la masacre.

Morir sin justicia

Qadeite era una niña cuando comenzó la masacre. Aquel fatídico 10 de octubre de 1947 huyó junto a su madre y su pequeño hermano. Se escondió en el monte. Pasó hambre. Escuchó inmóvil el paso de las tropas que con una jauría a cuestas avanzaban por el territorio en busca de futuros fusilamientos.

A muchos “se los tragó el monte”. El hambre y las heridas los llevó a engrosar la cantidad de muertos. Nombres e historias que ni siquiera forman parte de un listado oficial. Nombres e historias que el Estado decidió deliberadamente ocultar. Víctimas de una maquinaria genocida que aún hoy no es reconocida.

Qadeite relataba que la encontraron junto a su familia y otro grupo de personas que también estaba escapando. Y luego los llevaron a las reducciones de Francisco Muñiz y Bartolomé de las Casas.

En esta última funcionó también el Internado para Niños José de San Martín, que manejaba un grupo de monjas y un capellán, institución destinada a impartir instrucción católica, disciplina y “pautas para el trabajo”. A sus ochenta y tantos años, Qadeite aún recordaba con angustia la imagen de su mamá forcejeando con las monjas para evitar que se llevaran a su hermanito.

“Cuando escapamos (de la Reducción) fuimos a lo de un señor que siembra algodón y ahí quedó toda la familia. Y ya después fuimos de un sembrado a otro. Toda la vida fue un peregrinar de un patrón de otro, de una cosecha a otro. Nunca más fuimos libres”.

Más de sesenta años después, eso contaba Qadeite a escasos kilómetros del epicentro de la matanza. Terreno donde no hace falta agudizar demasiado la visión para observar los pozos que indican las fosas comunes ni rasgar demasiado el polvo para que salgan a superficie los restos de las víctimas masacradas.

Una mujer tierna y valiente, que les cantaba a sus bisnietas mientras tejía sus yicas, que de a poco pudo recomponer los relatos del horror, y que tenía clarísima la ferocidad y la violencia de un Estado que nunca –ni siquiera- le pidió perdón.

Su hija, Noolé (o Cipriana Palomo, según el documento) es titular del Consejo de Mujeres de Federación de Comunidades Indígenas del Pueblo Pilagá, una organización que reúne distintas comunidades de la provincia de Formosa y logró el reconocimiento del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

Qadeite falleció en septiembre de 2015, unos meses después de la partida de Setkoki´en (Melitón Dominguez), otro activo sobreviviente de la masacre.

El año pasado fue el turno de Salqoe (Pedro Palavecino), un anciano que siempre instaba a seguir en la lucha por la verdad y la justicia. “Falta seguir, porque muchos no saben. Y porque todavía duele”, decía.

Y hace un mes murió Ni´daciye (Solano Caballero) que en diciembre del año pasado llegó hasta la Ciudad de Buenos Aires desde su Formosa natal para dar testimonio.

“Tengo 97 años y no olvido. Yo no olvido esta causa. ¿Por qué? Porque ahí está la sangre, ahí están los huesos, ahí en la tierra. Este es mi dolor. No es chiquito. Es grande, está arriba este dolor para mí. Pero estoy contento de llegar acá, a ustedes. Pero la justicia tiene que ser grande, porque pasaron muchos años”.

En 2005, la Federación Pilagá denunció al Estado por esta masacre. Inició un juicio civil y otro penal. Los ancianos y ancianas sobrevivientes van muriendo en el olvido y sin respuestas del Estado.

Nora Cortiñas junto a Ni´daciye en diciembre de 2015. Foto: Luciana Mignoli

Genocidios de segunda

Este 10 de octubre a las 17 hs, la Federación realizará un acto por la conmemoración de los 70 años de esta masacre en la comunidad indígena de Oñedié, Ruta 28 Norte en intersección con la Ruta Nacional 81, Las Lomitas. Entre otras cosas, se inaugurará un memorial en honor a las víctimas y sobrevivientes de la masacre, realizado por el artista plástico Ulises González, integrante de la Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena en Argentina.

¿Cuántos organismos de derechos humanos les mandarán sus adhesiones? ¿Cuántas figuras públicas acompañarán este día al Pueblo Pilagá? ¿Cuántos medios de comunicación destinarán amplias coberturas a esta masacre impune? ¿En cuántas escuelas recordarán este hecho histórico? ¿Y por qué hay dolores que conmueven más que otros?

Porque hasta tanto no comprendamos que esa víctima indígena se me parece, hasta tanto no podamos sentir el dolor de esas comunidades como propio, hasta tanto no nos conmueva cada conflicto y cada represión, ese proceso social genocida sigue vigente.

Un genocidio indígena sobre el cual se constituyó este Estado Nación que cree haber “bajado de los barcos” y aún hoy sigue negando que sometió a la población originaria a campos de concentración, violaciones sistemáticas, reparto forzado, trabajo semiesclavo, separación familiar, expulsión de territorios, cambio de nombres, imposición de la religión católica y eliminación física.

Porque participamos –sin siquiera saberlo- de dinámicas de circulación de estos discursos que permitieron perpetrar un genocidio, que se sostuvieron a lo largo de los años y que, desde la desaparición forzada de Santiago Maldonado, han tenido un salto exponencial de racismo.

El genocidio no sólo opera a través de las fuerzas militares, sino que lo hace a través del discurso dominante, del sentido común, de los medios de comunicación, de los libros de historia, de los museos, de los actos escolares.

Reconocer, asumir y trabajar ese genocidio originario nos permitirá entender cómo se construyen y legitiman las demandas actuales; y por qué aún hoy la reunión de sujetos indígenas en el espacio público sigue permitiendo desplegar toda la fuerza de los aparatos represivos del Estado ante la latencia de un malón que siempre se actualiza.

Por eso, en el 70º aniversario de una de las masacres crueles del siglo XX, Qadeite, Salqoe, Setkoki´en, Ni´daciye y todo el Pueblo Pilagá merecen que nunca deje de exigirse memoria, verdad y justicia por las víctimas y sobrevivientes de Rincón Bomba.

(*) Luciana Mignoli es periodista e integrante de la Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena en Argentina.

Crédito de la imagen de portada: Fotografía publicada en el libro de Valeria Mapelman (2015), Octubre Pilagá. Memorias y archivos de la masacre de La Bomba, Buenos Aires: Tren En Movimiento Ediciones, tomada de El último alzamiento, Revista de Gendarmería Nacional (1992).

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Este jueves, referentes originarios del país esperan una reunión con el presidente Macri. Dialogamos con el qarashé qom Félix Díaz, a una semana del levantamiento del acampe QOPIWINI. Críticas desde el partidismo distante y promesas del nuevo Gobierno.

El primer viernes de diciembre, el referente originario Félix Díaz anunciaba el fin de un acampe extendido por diez meses y 22 días en el epicentro del país, junto a familiares y compañeros de las cuatro etnias que conforman la organización QOPIWINI. Qom, Wichí, Pilagá y Nivaclé. Pocos medios refieren que los cuatro pueblos del norte argentino renovaban un acampe previo, expulsado en el 2011 luego de cinco meses y con el pretexto de favorecer un acuerdo luego incumplido por el Gobierno Nacional. El reclamo: respeto por el territorio ancestral y el cese de la violencia hacia las comunidades. Lo tienen en cuenta pocas o ninguna de las voces que, tras el cambio de signo político del Gobierno, critican la decisión de levantar la improvisada vivienda comunitaria.

Troyanos del Sistema* dialogó con el qarashé qom Félix Díaz, a una semana del levantamiento del acampe que ocupaba una plazoleta en la intersección de la Avenida de Mayo y la 9 de Julio, en pleno centro porteño. Tras reunirse con el nuevo secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, varios referentes indígenas de todo el país aguardan hoy un encuentro con el presidente Mauricio Macri. Durante su carrera hacia la presidencia, los funcionarios habían acordado una mesa de diálogo con las comunidades y el compromiso de transparentar la designación de un originario al frente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

El sábado (12/12), se realizó un “Encuentro de Pueblos” en Plaza de Mayo. Estuviste presente junto a referentes hermanos de otras comunidades originarias.

Así es, hemos participado de esa organización que fue autoconvocada. Me pareció muy bien porque pudimos intercambiar opiniones e información para saber el estado actual de las comunidades indígenas del país. Fue positivo reencontrarnos con hermanos que no nos pudimos ver en muchos años.

Creo que se va afianzando una búsqueda de unidad de los pueblos indígenas. También por el acercamiento que tenemos, una posibilidad de poder hablar con el gobierno nacional, cosa que antes no teníamos.

Rescatamos que fue autoconvocado, y estuvieron entre otros referentes Relmu Ñamku (comunidad mapuche Winkul Newén – Neuquén) e Israel Alegre (barrio Nam Qom- Formosa). ¿Se está trabajando en común más allá del acampe QOPIWINI, que de por sí fue un gran logro entre las cuatro etnias?

Justamente sobre ese diálogo mediante el acampe QOPIWINI, que duró diez meses, surgió la posibilidad de tener un diálogo directo con el Gobierno Nacional y estamos trabajando para conectarnos con los líderes del país, para que puedan estar acá. El día jueves vamos a tener una audiencia con el presidente Mauricio Macri, para hacer como un protocolo de cómo incorporar la problemática indígena dentro de la agenda nacional. Y eso para nosotros es muy importante, aprovechar este espacio para dialogar con todos los líderes indígenas del país.

Imposible no referirse al acampe QOPIWINI. Queríamos aclarar un punto para mucha gente que quizás opina sin conocer tanto sobre el tema y desde una posición un poco más cómoda que la que ocupaban ustedes: muchos se preguntan por qué este levantamiento luego de tener un acercamiento con el actual Gobierno.

Nosotros desde el inicio del Acampe venimos buscando diálogo con el Gobierno Nacional y teníamos mucha esperanza de que la presidenta Cristina nos iba a escuchar, pero nos equivocamos nuevamente. Porque nosotros hemos hecho un convenio con el Gobierno anterior en mayo de 2011. Se firmó un acuerdo de ir resolviendo temas puntuales como el territorio, agua, salud, vivienda… y volvimos con esperanza de que sería diferente. Lo que vinimos a buscar es que la presidenta deje por lo menos una agenda abierta para el próximo gobierno, para tener continuidad con el pedido de una resolución de los conflictos. Y no la tuvimos.

Venimos aguantando presiones políticas partidarias, electoralistas. Pero nosotros venimos a pararnos como indígenas, a luchar como indígenas, a pensar como indígenas. Y no nos hemos confundido con partidos políticos. Porque venimos soportando la injusticias desde que se inició la democracia en la Argentina.

Fue duro porque hemos recibido muchas críticas. Pero creo que hemos tenido un aprendizaje muy importante, dentro de la mirada que tiene la sociedad hacia la figura del indígena. De que al indígena hay que mirarlo como un pobre, hay que darle de comer, hay que regalarle ropa vieja ropa vieja, tenerlo como una mascota. Los partidos políticos se asustan cuando nosotros decimos no. Queremos lo que a nosotros nos corresponde, que es el Derecho Indígena. Y con cualquiera que se acerque vamos a dialogar, porque lo que venimos a buscar es diálogo, no a levantar la bandera de un partido político.

Después de la visita de Macri al acampe hemos recibido toda clase de críticas, insultos, agravios… levantaron los baños químicos, nos quedamos sin agua, sin comida. Fue duro y después terminó la elección y la gente seguía enojada y decía que somos traidores, que somos de derecha, vendidos. Pero nosotros no le damos importancia, porque nosotros no venimos a discutir o a pelear con un ciudadano porque venimos a buscar diálogo con un Gobierno Nacional.

¿Qué expectativas tienen de la reunión que tendrán el jueves con Macri y con el secretario de DDHH, Claudio Avruj?

Venimos a exigir al Estado que cumpla su función de ser garante del respeto a nuestra identidad cultural. Hemos logrado que Macri se comprometa a entregar la presidencia del INAI a los pueblos indígenas. Entonces nosotros tenemos que consensuar quién va a ser el presidente del INAI, y a partir de ahí ser el contralor de la función de nuestro presidente para que trabaje a favor de todos los pueblos indígenas y no seleccionar a quién dar una mano o no. Queremos terminar con ese manoseo. Vamos a tener que consensuar esa figura para que el Estado respete nuestra forma de gobernar, de pensar y de trabajar. Lo que queremos es resolver los problemas que tenemos en nuestros territorios y el conflicto territorial, que es una de las prioridades.

Además es uno de los factores que hermanan a las comunidades, porque es justamente es el problema central que atraviesa la mayoría. Que no solamente tiene que ver con esta falta de interés sino con una violencia manifiesta hacia las poblaciones originarias de todo el país.

Yo entiendo que esto es producto de la educación. Porque enseña a los alumnos, a todos nosotros cuando se habla de la Historia, que el indígena cazaba, pescaba, recolectaba. Y también la figura de la Constitución Nacional dice de la preexistencia étnica y cultural… Cuando se habla de la Historia como si fuera que somos del pasado, no se habla del presente. Y las leyes son las que más justifican el despojo del territorio. Porque dicen “se reconocen las tierras que tradicionalmente ocupan”. Entonces la palabra “ocupan” no es legal, es una inseguridad jurídica de la que empezamos a darnos cuenta. Cada palabra que anteriormente repetíamos, estamos como celebrando algo que va en contra de nuestros intereses. Y ahí se fueron despojando las tierras, porque cuando uno usurpa las tierras indígenas no podés saltar porque tenés que probar la titularidad para que la justicia actúe en contra del usurpador. Cosa que a nosotros no nos pasó.

Hemos sufrido desalojos, represiones, causas penales, causas civiles, que son producto de esa inseguridad jurídica.

Estamos esperanzados en que esta nueva lucha los ha hermanado con muchos de los referentes de las comunidades. Te pedimos unas palabras para que des el mensaje que quieras.

Queremos agradecer a toda la gente que se ha acercado al acampe, por ese gesto humano que sirvió para visibilizar la problemática. Y también pedir a los ciudadanos que no opinemos desde afuera sobre las luchas sociales. No tenemos que guiarnos por una bandera, tenemos que guiarnos por el interés de la vida. Centrar en el ser humano la lucha para que no sea sectorizada, porque veo que hay mucho egoísmo entre nosotros. Si no apoyo esto porque es un radical, un peronista, un partido político o una religión… Tenemos que pensar en el centro del ser humano para poder estar cerca del otro. Para entender el dolor del otro. Que podamos sentir esa necesidad del ser humano de querer tener la atención de todos nosotros. Y desde ahí exigir al Estado que cumpla su función de garantizar nuestros Derechos Humanos para que podamos vivir en un país sano, más hermanado. No podemos estar peleando entre nosotros porque este país nos cobija a todos sin excepción. Y queremos centrar la lucha nuestra en defensa de la madre tierra, porque es la que nos da alimento, nos da el aire, el sol que nos rodea, el agua, todo el ambiente que nos rodea proviene del amor de nuestra madre tierra y por eso es importante cuidarla y defenderla para que no se siga dañando, contaminando. Si nosotros no la cuidamos le estamos heredando a nuestra futura generación un mundo sin esperanza, contaminado, enfermo. Me gustaría que hagamos el esfuerzo de trabajar juntos, unidos y sin condicionamientos.

* Programa radial en FM La Tribu.

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Los qom llevan 130 días de acampe en pleno centro porteño. Reclaman sus tierras ancestrales e intentan visibilizar su problemática. El gobierno nacional no los recibe y en el cronista despierta la similitud con el Malón de la Paz de 1946.

En 1946, durante 3 meses 174 kollas del norte argentino caminaron 2000 kilómetros para denunciar ante el entonces flamante presidente Perón, la usurpación de sus tierras a manos de varios terratenientes; entre ellos, Robustiano Patrón Costas, uno de los mayores latifundistas del Noroeste Argentino y poseedor de una enorme influencia política. El Malón de la Paz recibió una cobertura mediática impensable para un reclamo de esta índole: radios, periódicos y noticieros cinematográficos como Sucesos Argentinos se ocupaban de kollas, brindándoles un espacio destacado con titulares, entrevistas y primeras planas. Por primera vez se rompía la invisibilidad.

Finalmente el 3 de agosto ingresaron a la Capital Federal aclamados por millares de porteños. Desde las ventanas de los edificios de la Avenida de Mayo los vecinos arrojaban flores al paso del Malón. ¿Flores ante el paso de una manifestación indígena? En ese momento, poderosos aires de justicia social soplaban en el país. Fueron recibidos por el Congreso Nacional y por el presidente Perón, que se abrazó con dos de ellos en el balcón de la Casa Rosada ante una Plaza de Mayo colmada. ¿Indígenas en el balcón de la Rosada? Nunca había ocurrido nada igual y jamás volvió a repetirse. Los medios, adictos y opositores al gobierno, daban por sentado que la restitución de sus tierras era un hecho. Por desgracia, no ocurrió así. Paradójicamente, después de esa recepción apoteótica, fueron conducidos al Hotel de Inmigrantes; es decir, donde se alojaba a los extranjeros recién llegados al país. En los primeros días, se los exhibió en distintos medios y eventos… hasta se les hizo disputar el partido de fútbol preliminar al Boca-River. Veinte días después, fueron militarizados, confinados, rodeados por cientos de soldados de la marina y secuestrados en su totalidad. En un tren de ganado fueron arrojados en Abra Pampa, en la frontera con Bolivia. Los capangas de Patrón Costa los recibieron en la estación con una frase amenazante: “Ahora van a tener las tierras que querían indios de mierda”. Terminaron acusados hasta de no ser indígenas por el hecho de saber leer y escribir. Para dar por concluido el episodio, el diputado nacional por Jujuy, Teodoro Saravia, a los gritos y golpeando su banca del Congreso Nacional, aseguró: “En Jujuy no existen los indios ni los kollas”.

Ahora bien, ¿por qué los kollas bajaron a Buenos Aires en 1946? Es simple, se habían cansado de pleitear en los tribunales provinciales de Jujuy y Salta, pero la Justicia estaba manejada por los señores feudales, que invariablemente fallaban en su contra. Ese es el motivo de haber recurrido directamente al Presidente Perón, para que los protegiera de las arbitrariedades.

La Primavera en pleno invierno

En la actualidad, con el caso de los qom ocurre lo mismo. Después de innumerables fracasos, desistieron de plantear sus reclamos en los tribunales formoseños dada la inutilidad de ser oídos allí. Tanto en el semestre que permanecieron en la Avenida de Mayo y la 9 de Julio durante 2010, como los cuatro meses largos que llevan desde que regresaron a esta Capital Federal en 2015 vinieron por lo mismo: justicia elemental, permanecer en sus tierras, no ser amenazados. De nada sirve pleitear en los tribunales formoseños. Hace más de dos décadas gobierna Gildo Insfrán, del partido justicialista alineado en el último período con la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Los qom vinieron a esta ciudad para existir, mostrar que son; por eso están acampando entre dos avenidas donde los automóviles no cesan de aullar noche y día, algo que les resulta del todo incompresible.

La cara visible del acampe qom es su carashé Félix Díaz, cacique de la comunidad La Primavera. A Félix Díaz lo acusaron de todo tipo de calumnias: que es ególatra, que está a sueldo en Clarín, La Nación y TN, que no es representativo, que busca fama, que en su comunidad no lo conocen, que rosquea para un cargo político, que es un títere de la oposición. Como es de esperar, tanta idiotez propalada por idiotas. Todo es una vil patraña. Lo conozco ya hace años. Y lo conoce alguien mejor que yo, como es Norita Cortiñas, que sabe y vio las condiciones de vida que llevan en Comunidad Qom de Potae Napocna Navogoh (La Primavera). Paradójicamente allí en Formosa, como en el acampe de la 9 de Julio, se ha instalado un invierno que no cesa, que no deja avanzar al sol primaveral hace ya tanto tiempo, tantas estaciones. De pronto todo se me antoja irreal, aunque sé que no lo es.

Tantas veces lo escuché hablar a Félix… Cuando toma la palabra, lo hace con su modo calmo y pausado, hablando de la tierra, de la luna, de la mandioca, de recetas medicinales, incluso cuando tiene una cámara delante o un micrófono. Y yo lo escucho hablar de las abejas y las flores, nada más lejano a un puntero político de doble rostro o alguien que busca fama. Y recién, luego de hablar de sus plantas y su monte, enumera los hechos que trajeron a Buenos Aires a los miembros de la comunidad La Primavera a solicitar justicia al gobierno nacional y a denunciar con la misma voz, tenue y lenta, el feudalismo provincial, la impunidad y la complicidad de la policía y justicia provincial. Así de simple y sencillo.

Y uno no deja de pensar que tienen tantas similitudes con el Malón de la Paz. Ambos, kollas y qom, vinieron a esta dura ciudad a buscar justicia. Vinieron de sitios donde el viento dobla y la justicia se ríe de su venda y su balanza. Ambos trasladaron su paciencia mineral en espera de ser atendidos, escuchados, comprendidos. Ninguno de los dos pueblos deseaban, ni desean, permanecer en Buenos Aires más de la cuenta. En un diario de viaje de un malonero, consigna: “Todo bien, pero nada” en referencia a que los días que pasan sin ningún tipo de resultado. Los qom opinan lo mismo. No quieren estar aquí, los confunde los ruidos de la avenida. Desean volver a sus plantas y animales. Los kollas vinieron caminando por la banquina, jamás interrumpieron el tránsito; los qom se pusieron en esa absurda plazoleta de la 9 de Julio donde –para dar aún más irrealidad a la insensibilidad de los funcionarios– se encuentra una estatua del hidalgo Quijote de la Mancha.

Los qom no desean molestar a nadie ni que nadie los moleste. Es tan simple. Desean regresar a su tierra. En Desmonumentar a Roca, expuse el comentario de que uno de ellos me refirió en momentos del primer acampe en 2010. El abuelo Amancio me relató que, cierta vez cuando era chico, su padre lo llevó al cementerio comunitario y le explicó: “Acá está enterrado el abuelo, y el abuelo del abuelo, y tantos otros abuelos, todos enterrados acá”. Su padre no dijo nada más sobre ese tema, y Amancio tampoco agregó palabra. No preguntó, lo comprendería muchos años más tarde, quizás en la 9 de Julio cuando me lo contaba… En lo que a mí respecta ese recuerdo de su infancia me hizo comprender sin explicitarlo, que me estaba hablando de los títulos de propiedad comunitaria. Su padre se los había enseñado al mostrarle el lugar donde descansan sus familiares. No poseen papeles ni escrituras selladas por escribanos: los muertos ancestrales son sus legítimos títulos de propiedad. Se trata de las tierras donde vivieron siempre. Es tan poco lo que piden. Tan simple. No pretenden realizar un golpe de estado provincial derrocando al gobernador Insfrán, sólo piden regresar seguros a sus pobres hectáreas. Vinieron a Buenos Aires para regresar a sus vidas, a las vidas que tienen o, mejor dicho, a las que tenían en Formosa. Ojalá que no ocurra lo que parece que está por ocurrir con el despliegue policial que rodeaba el acampe, y que el poder político los reciba, los escuche y los ampare.

* Autor de: Cazadores de Poder; Viajes hacia Osvaldo Bayer: Anecdotario, Ciudades Malditas Ciudades Perdidas; Pedagogía de la Desmemoria; Desmonumentar a Roca y Los indios invisibles del Malón de la Paz.

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Desde hace alrededor de cien días, diferentes organizaciones indígenas acampan en la intersección de las Avenidas De Mayo y 9 de Julio. Como medidas por el reclamo legítimo de sus derechos, impulsan varias actividades entre las que se destaca el Parlamento Indígena, del cual participan organismos y referentes de la lucha por los Derechos Humanos.

“Hoy se está incorporando la lucha de todos los Pueblos Originarios del país en una sola carpa. Anteriormente esto no pasaba, sino que cada uno luchaba desde su lugar pero hoy el Pueblo Indígena se ha animado a unirse para defender la lucha de los territorios. Y esta lucha también necesita el apoyo de todos, de los gremios de los diferentes sectores, de todos los trabajadores para articular seriamente la lucha, porque no sólo necesitamos donaciones en el acampe sino que todos nos incluyamos en esta lucha, porque esta lucha no es sólo del Pueblo Indígena sino de todo el pueblo argentino. Todos necesitamos luchar por la libertad y la justicia en este país”, afirma Félix Díaz, qarashé de la Comunidad Potae Napocna Navogoh en diálogo con Marcha.

Desde el 14 de febrero se asienta una carpa enorme en Avenida de Mayo y 9 de Julio, centro de la Ciudad de Buenos Aires. La comunidad Potae Napocna Navogoh -La Primavera- llegó nuevamente desde Formosa (anteriormente había sido en abril de 2011) reclamando agua, salud, educación, cumplimiento de los derechos indígenas y la devolución de su territorio.

La organización, la lucha y la resistencia generó que se sumaran los pueblos indígenas concentrados en la nueva organización de indígenas de Formosa: Qopiwini Lafwetes que reúne a 46 comunidades de los pueblos Qom, Pilagá, Wichí y Nivaclé.

Más de tres meses pasaron de aquel sábado caluroso de febrero. Marchas, movilizaciones, cortes de la 9 de julio, presentaciones y pedidos de audiencias a los tres poderes del estado: Presidencia de la Nación, Congreso Nacional y la Corte Suprema de Justicia. Nadie respondió. Ninguno los recibió.

Como respuesta han sufrido el espionaje ilegal ejercido por las fuerzas de seguridad y la represión policial del 24 de marzo en Formosa cuando estaban al costado de la ruta 81 reclamando atención sanitaria, agua, educación, luz eléctrica.

Desde el acampe alertan que “es preocupante la indiferencia que hace el Gobierno Nacional hacia nosotros pero somos conscientes que esto no es nuevo, siempre ha sido así la historia de los Pueblos Indígenas, por eso es que estamos sosteniendo esta lucha desde hace tres meses para demostrar que lo que queremos es justicia y no queremos que se manipule el reclamo indígena”.

Cada petitorio entregado, cada audiencia solicitada tiene el mismo reclamo “Lo que queremos es la devolución de los territorios que hoy están en riesgo de ser despojados por parte del gobierno de Formosa, de la Universidad Nacional de Formosa y de Parques Nacionales” Y fortalecen su posición de lucha y al acampe como lugar emblemático de la resistencia indígena, “Por eso la lucha para nosotros es enorme y estar aquí en Buenos Aires acampando nos da la posibilidad de informar a la ciudadanía de lo que está pasando en el territorio Qom de la provincia de Formosa”.

Permanencia del acampe

Los casi cien días que han pasado desde el inicio del acampe y la no respuesta por parte de algún funcionario nacional no han debilitado de ninguna manera la lucha indígena. “No se va a levantar esta carpa hasta que haya una respuesta oficial por parte del Gobierno Nacional”, afirma Amanda Díaz a este medio, casi como soltando una proclama de resistencia.

Desde el acampe afirman que la intención es resistir hasta que el gobierno los reciba y escuche sus reclamos, pero aclara Felix Díaz que es importante que la sociedad los acompañe. “Si nos dejan solos se diluiría el acampe por eso es tan importante que todos nos acompañen en este reclamo que es la devolución de los territorios que hoy están en riesgos”.

Situación en Formosa

La falta de respuesta no sólo se siente en el acampe, sino sobre todo en los territorios formoseños. Desde Qopiwini Lafwetes alertan sobre la agudización de las problemáticas en sus comunidades: “En Formosa está siempre difícil la situación, por eso es que nosotros seguimos manteniendo este acampe. Nosotros lo que queremos hacer es salir del encierro social al que el gobierno formoseño nos ha llevado. Porque el gobierno provincial se cree que es dueño de la vida de los Pueblos Indígenas, pero está muy equivocado. Nosotros no somos dueños de nadie y tampoco queremos ser mascotas de nadie”

Exigen ser respetados y tenidos en cuenta, no solo por parte del gobierno nacional y formoseño, sino también ser visibilizados por toda la sociedad. “Lo que queremos es tener la libertad de ejercer nuestro derecho, de hacer lo que sabemos y defender nuestra cultura como pueblo preexistente”.

Parlamento y Encuentro Indígena

Como parte de la lucha que los Pueblos Originarios vienen llevando adelante, los días 27, 28 y 29 de mayo se viene desarrollando un “Parlamento Indígena” a nivel nacional que tiene lugar en la Iglesia de la Santa Cruz, calle Carlos Calvo 3121 de Capital Federal.

El objetivo de este encuentro es discutir y definir una estrategia indígena organizada para armar un plan de lucha a nivel nacional que incluya desde denuncias en tribunales hasta encuentros y movilizaciones.

Cuenta con la presencia de líderes indígenas de varias provincias, entre ellas los de Misiones, Chaco, Formosa, Salta, Jujuy, Tucumán, San Juan, Buenos Aires, Mendoza, Neuquén y Río Negro. Además del apoyo del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), Nora Cortiñas y Elia Espen (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora) y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) de La Matanza.

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La Comunidad Potae Napogna Navogoh –La Primavera– del Pueblo Qom, provincia de Formosa, se halla en una abierta contienda con el gobierno local. Actualmente, miembros de la comunidad, junto a su líder indígena Félix Díaz, están acampando en el cruce de las avenidas de Mayo y 9 de Julio en la Ciudad de Buenos Aires para ser escuchados y visibilizados por el gobierno nacional. Sin embargo, este conflicto tiene un antecedente jurídico y político que traspasa las fronteras nacionales; incluso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ratificó el 24 de diciembre de 2014 la medida cautelar dispuesta en 2011 para que el Estado argentino garantice la seguridad de la comunidad, sin tener hasta el momento respuesta alguna. Entrevistamos a la abogada del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), Mariana Katz, quien es especialista en derechos de los pueblos indígenas, para que nos explique el caso Qom desde una dimensión jurídico-política que nos permita entender las causas del conflicto.

Mientras editábamos esta entrevista, en la mañana del 23 de abril, el acampe Qom fue atacado con una bomba casera motolov, hecha con una botella de plástico. La bomba cayó cerca de la bobilla de gas de la cocina. Esa misma mañana, en Formosa, destrozaron la radio QOM fm 89.3. Fuimos al acampe ese mismo día (esto ocurrió justamente unos días antes de las elecciones internas partidarias, en la Ciudad de Buenos Aires) y estaba el acampe solo, con una bandera raída que decía “Resistencia Qom”. Los miembros de la comunidad nos contaron el hecho con la naturalidad de los sobrevivientes.

¿Cuáles son los orígenes de la problemática actual de los derechos de los Qom?

El problema nació en los años cuarenta, cuando la provincia de Formosa no existía como tal. Por entonces, el presidente Castillo emitió una normativa en la cual se reconocieron cinco mil hectáreas como reserva territorial a los indígenas Qom. En 1955 se creó la provincia de Formosa y este decreto entró en disputa. Desde Corrientes hacia el norte, todo era del territorio nacional (y responsabilidad del Estado Nacional), y ahí vivían los indígenas de los pueblos Qom, Pilaga, Nivacle y wichi.

Así, la situación cambió y se empezó a dar autonomía a las provincias, como ocurrió con el Chaco y Misiones. Posteriormente, la Nación dictó una Ley, la 14.073, que creaba el Parque Nacional Pilcomayo, donde los límites se superponen con la delimitación de las cinco mil hectáreas. Entonces hubo una superposición de mensuras y la provincia se hizo responsable de este tema territorial. La comunidad Qom empezó a denunciar esta situación que afectaba directamente a su territorio, porque, además, los administradores del Parque ni siquiera daban acceso a la Laguna Blanca.

Hay que recordar que en Formosa se creó la ley N° 426 en 1984, que estipulaba los derechos indígenas y que hablaba de la posesión de la tierra desde una concepción del derecho civil. En 1994 se reformó la Constitución, como se dio en toda Latinoamericana, en medio de un fuerte neoliberalismo. Dentro de esa reforma, el movimiento indígena argentino logró que se reconocieran los derechos de los pueblos indígenas: su preexistencia, la identidad cultural, la Educación Intercultural Bilingüe, la posesión de tierras comunitarias y el derecho a la participación. Pero lo que plantea ese artículo de la Constitución es que las facultades son concurrentes entre la provincia y el Estado Nacional, porque nosotros tenemos un sistema Federal, que se diferencia del unitario que se encuentra en otros países de la región latinoamericana. Acá incluso las provincias son preexistentes al Estado-Nación, con lo cual, los derechos de los pueblos indígenas tienen también esta concurrencia. Si bien podemos entender la historia política de esta división, resulta ser una limitante en la práctica de los derechos, porque los Estados se pasan la “pelotita”, que es la responsabilidad jurídica. Nadie se quiere hacer cargo de hacer cumplir estos derechos humanos.

Entendido en términos jurídicos, ¿la concurrencia es una forma de corresponsabilidad? 

No, concurrencia se entiende sólo como facultades. La Argentina, al tener incorporados los tratados internacionales en la Constitución, es responsable internacionalmente, frente a la violación de las provincias. Pero se confunden facultades con responsabilidad, y ahí está el problema.

Frente a esta situación en concreto, al reclamo de la comunidad Potae Napogna Navogoh –Primavera– empezó por la superposición de mensuras, porque, por ejemplo, los guarda-parques no les permitían acceder a espacios del parque nacional, que es una reserva. Con esto la comunidad empezó a hacer denuncias a distintos organismos, gracias también al trabajo de muchos años de la antropóloga Lorena Cardín, quien promovió visibilizar esta situación. Frente a esto, lo que hizo el poder político de la Provincia fue dividir a la comunidad. Antes de la reforma de la Constitución, el Estado tenía la fórmula de reconocer a las comunidades indígenas sólo como asociaciones civiles, que nada tienen que ver con las asociaciones políticas indígenas, y que sirve, en muchos casos, para dividir a las comunidades.

¿La comunidad la Potae Napogna Navogoh-Primavera quiso inscribirse con personería jurídica, como asociación o como comunidad indígena después de la reforma constitucional de 1994?

La provincia no le quería reconocer la personalidad jurídica como comunidad indígena, sino sólo como asociación civil. Esto también generó un quiebre en su interior, a partir de la incidencia del poder político que ofrecía puestos políticos a ciertos miembros de la comunidad.

Por otro lado, otro problema fue el territorial. En 2010, la comunidad decidió hacer un corte en la ruta 86, en noviembre, por estos dos reclamos en concreto: el reconocimiento de la personería jurídica y que se cumpliera con los derechos territoriales que fueron reconocidos en 1940. Entonces, frente a esta situación, el gobierno provincial –dirigido por Gildo Insfrán– decidió reprimir violentamente estas manifestaciones en noviembre de 2010.

¿Qué efectos tuvo la represión?

Un indígena falleció, y quemaron las pertenecías de los líderes. En noviembre de 2010 vinieron por primera vez a acampar a Buenos Aires para que los recibiera el gobierno nacional. A fines de abril de 2011, el ejecutivo nacional designó al ministro Florencio Randazzo para que realizara una mesa de diálogo y trabajo. Se inició en mayo, después de 6 meses, y se terminó con un montón de acuerdos que no se cumplieron. Pero en el medio del procedimiento, incluso antes de que los reprimieran, la comunidad presentó un amparo a través de la defensa pública, que llegó a la Corte Suprema de Justicia, que ordenó hacer un relevamiento territorial.

Volviendo al acompañamiento desde lo político-jurídico que hacemos desde el SERPAJ, lo que logramos fue que se reconociera a Félix Díaz como dirigente de la propia comunidad. La provincia de Formosa aceptó que se llevara a cabo una elección para disputar la representatividad de la Comunidad. Sin embargo, dicha elección se realizó sin el respeto de las pautas culturales electorales de la propia comunidad, porque no querían, ni quieren todavía, reconocer sus propios derechos políticos y electorales.

Es decir, la provincia de Formosa es la que establece cuál es el sistema de elección al interior de la comunidad…

Exactamente: no reconoce el sistema electoral comunitario, sino desde la personería de la asociación civil donde son cercanos al gobierno provincial. A mitad de 2011, Félix Díaz ganó con casi 700 votos en la comunidad, de un total de cerca de 1000 votantes. Sin embargo, el gobierno provincial siguió sin reconocerlo; a partir de entonces se planteó un doble comando; por ejemplo, para hacer todo el proceso de consulta previa a un proyecto extractivo de recursos naturales lo hace con la asociación civil y no con la comunidad política.

¿Esta asociación civil qué tan manejada está por el poder político del gobierno de Formosa?, ¿la comunidad no tiene ninguna incidencia en ella?

Lo que ocurre es que la situación de los indígenas en la Argentina es de extrema vulnerabilidad por el alto nivel de pobreza. A diferencia de otros pueblos indígenas en la región latinoamericana, donde la lucha ha logrado un posicionamiento político y económico visible. La lucha de los pueblos originarios acá no es nueva, pero está invisibilizada, porque los argentinos culturalmente creemos que venimos de un crisol de razas, que somos hijos de europeos. “Buenos Aires es la París de América”. No hay una conciencia de que el ciudadano argentino pueda tener una origen indígena, ni siquiera el de considerar a los indígenas como los verdaderos hijos de esta tierra. En este sentido, la manipulación que ejerce el poder político tiene que ser entendida desde el contexto de vulnerabilidad y discriminación racial que se vive en la sociedad argentina.

¿Creés que este imaginario cultural discriminador ha incidido en que, por ejemplo, el poder ejecutivo no quiera escuchar a los dirigentes Qom?

Sí, pero sobre todo creo que, más que el imaginario racista, lo que más incide para no escucharlos desde el poder político nacional son los intereses económicos, específicamente, las actividades económicas extractivas. Así que creo que va más allá de la voluntad política. Nuestra economía es débil. Recuerdo que cuando fue el bicentenario hubo una marcha muy grande y la presidenta recibió a unos cuantos indígenas y les dijo que a ellos también les interesaba utilizar celulares y si había petróleo en un territorio indígena tenían que correrse por el bien de la sociedad. Volvemos entonces a la fórmula maquiavélica de que las minorías deben ser sacrificadas por las mayorías. Ni siquiera para las mayorías, sino para el proyecto económico.

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