Ayer el Movimiento en Defensa de la Pacha (MDP), una organización de pueblos originarios y vecinos formada para proteger los sitios sagrados indígenas y los humedales continentales del río Luján en Tigre y Escobar, celebró en Punta Querandí su 8º aniversario.

El Movimiento en Defensa de la Pacha se organizó en el 2009 para proteger Punta Querandí y otros lugares amenazados, pero la lucha había empezado muchos años antes.

Algunos vecinos del paraje ya llevaban dos años de reclamos para que la empresa EIDICO no destruya “el camino de la vía muerta” que era su único acceso vehicular.

El MDP surge luego de algunos años de haber circulado boca en boca por distintos espacios de pueblos originarios del Gran Buenos Aires la información sobre la existencia de cementerios indígenas destruidos o amenazados por emprendimientos inmobiliarios. Otro hecho que impulsó a dar este paso fue la entrega del sitio Punta Canal (Punta Querandí) al empresario Jorge O’Reilly por parte de los arqueólogos autorizados por el Estado Provincial para resguardar el patrimonio cultural ancestral en Tigre y Escobar.

A partir del 2009, la lucha se intensifica, con asambleas semanales y quincenales en Punta Querandí. En el 2010 se inicia el campamento permanente para resistir contra las máquinas de EIDICO que habían iniciado la destrucción del predio. Desde el 2011, el ‘acampe’ se consolida con el salón comunitario Cacique Manuá y otras construcciones en el territorio, multiplicándose las actividades culturales, educativas y espirituales.

Resistencia comunitaria

Punta Querandí es un espacio arqueológico, sagrado y educativo que es custodiado por familias de distintos pueblos originarios que allí desarrollan su espiritualidad y realizan talleres de enseñanza abiertos a toda la sociedad. Está localizado en el Paraje Punta Canal, entre Maschwitz (Escobar) y Dique Luján (Tigre), rodeado de barrios privados del Complejo Villa Nueva de la empresa EIDICO, cuyo presidente Jorge O’Reilly fue asesor de Sergio Massa. El intendente de Tigre, Julio Zamora, vive en este complejo de casi 1.000 hectáreas que año tras año avanza sobre más terrenos.

Desde hace casi una década, esta resistencia comunitaria es llevada adelante por el Movimiento en Defensa de la Pacha, una organización formada por familias guaraní, quechua, la comunidad qom Cacique Ramón Chara, ambientalistas, comunicadores y vecinos. Las actividades culturales, ceremoniales y educativas realizadas semanalmente transformaron a Punta Querandí en un espacio de fortalecimiento de la identidad ancestral y de transmisión de conocimientos: armado de techo de capi ñaro (paja brava), cestería con totora, construcción con barro, alfarería con arcilla, música sikuri, lenguas indígenas y visitas de escuelas, son algunas de las propuestas habituales.

El espacio, de menos de una hectárea, sigue en peligro a pesar de haber logrado el reconocimiento de distintos organismos oficiales, como el Consejo Provincial de Asuntos Indígenas en 2011, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas en 2015 y la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires en 2016. El empresario Jorge O’Reilly no cede sus pretensiones sobre el lugar. Y los funcionarios no avanzan sobre sus intereses.

En el caso del Municipio de Tigre, la decisión política de perjudicar a Punta Querandí se hace evidente en la falta de arreglo del puente que se cayó en agosto de 2015 debido a su deficiente instalación y a la falta de mantenimiento por parte de las autoridades. Los funcionarios abandonaron a las familias del paraje, quienes no tienen otro acceso público para acceder a sus viviendas. Además, los concejales oficialistas se niegan a repudiar los hechos de violencia contra el sitio sagrado de los pueblos originarios, como las dos destrucciones de un Opy (templo guaraní) que tuvieron lugar en septiembre y en diciembre del año pasado, allanando el camino para nuevas agresiones.

Por su parte, el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, quien se comprometió en febrero de 2016 a recuperar el camino de acceso a Punta Querandí, ha incumplido su palabra: luego de casi de un año, no se ha avanzado ni un paso en ese sentido. El barrio privado San Benito continúa usurpando la calle pública perimetral pese a ser una obligación legal. En el 2014, el presidente de EIDICO, Jorge O’Reilly, había advertido que iba a hacer todo lo que esté a su alcance para no abrir la calle. Un empresario puede más que un Municipio.

Autoridades cómplices

Lugar ribereño de gran concurrencia popular, ex parada del ferrocarril hasta 1967 y sitio arqueológico milenario: estos tres motivos parecen más que suficientes para que el Estado resguarde Punta Querandí. Sin embargo, en el 2007 este lugar fue entregado por las autoridades estatales para los negociados de barrios privados, una decisión política en la que confluyeron el organismo nacional titular de las tierras (ONABE-ADIF), el área arqueológica de la provincia y las intendencias de Tigre y Escobar.

Mientras los funcionarios siguen demorando la resolución, el sitio sagrado de los pueblos originarios se fortalece con cada encuentro en el camino hasta alcanzar su protección definitiva, la consolidación de la costa para evitar su desmoronamiento, la recuperación de las miles de piezas excavadas por una campaña pagada por el empresario inmobiliario y el re entierro del esqueleto extraído del sitio Arroyo Garín, yacimiento destruido por el country Santa Catalina a pocos metros de Punta Querandí.

En la zona norte del Gran Buenos Aires, los barrios privados destruyeron miles de hectáreas de humedales, desaparecieron sitios arqueológicos con enterratorios humanos de los pueblos originarios y generaron más inundaciones a los vecinos preexistentes. Esta avanzada que violó los derechos humanos fue avalada y promovida por los Municipios de Tigre y Escobar.

En la Cuenca del Río Luján durante la última década crecieron distintas luchas contra la invasión de los mega emprendimientos de barrios privados, se ha instalado el tema y se han logrado fallos judiciales -de dudoso cumplimiento- que ordenan frenar todas las obras preventivamente hasta tener los resultados de un estudio de impacto ambiental acumulativo. Para garantizar la clausura definitiva de este modelo nefasto de “progreso” para pocos, organizaciones de Luján, Pilar, Campana, Escobar y Tigre impulsan la campaña “Más humedales, Menos inundados” con una gran cantidad de adhesiones.

Tigre: intento fallido de facilitar autorizaciones para barrios privados

El martes 27 de diciembre fue la última sesión del Concejo Deliberante de Tigre. El oficialismo pretendía aprobar un Proyecto de ordenanza enviado desde el Departamento ejecutivo para modificar el artículo 50 del Código de Zonificación que obliga al Intendente a enviar al cuerpo deliberativo los estudios para autorizar las “urbanizaciones especiales”. De haberse aprobado, el jefe comunal podría autorizar directamente la instalación de countries y torres de departamentos.

Muchísimas organizaciones se pusieron en alerta por la iniciativa y se convocaron en el Concejo Deliberante para presenciar la sesión. El proyecto con la firma del Intendente Julio Zamora, fue interpretado como una evidente maniobra para beneficiar estos negociados inmobiliarios sin que tomen trascendencia pública.

Los reclamos para frenar los barrios privados, proteger los últimos humedales continentales y promover otro tipo de desarrollo urbano, tienen muchos años en Tigre. Los concejales del Frente Renovador han “cajoneado” todos los proyectos de ordenanza que proponen la prohibición de estos emprendimientos. La Intendencia continúa entregando el territorio a las desarrolladoras inmobiliarias. En los alrededores de Punta Querandí y en otros puntos de la localidad de Dique Luján, hay una gran cantidad de proyectos que ponen en riesgo el patrimonio natural y cultural. En la zona isleña, las denuncias por construcciones ilegales son cada vez más frecuentes.

En las horas previas habían comenzado a escucharse distintos cuestionamientos. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) emitió un comunicado en el que destacó: “el proyecto contradice de forma flagrante lo establecido por los artículos 27 y 28 de la Ley Orgánica de Municipalidades de la provincia de Buenos Aires, que detallan las competencias de los concejos deliberantes municipales.

Su aprobación además supone profundizar la falta de transparencia y arbitrariedad que han caracterizado los procedimientos de aprobación de los proyectos urbanos en la provincia de Buenos Aires. Este manejo opaco explica la segregación, el déficit de infraestructura y los crecientes riesgos ambientales que sufren hoy los habitantes de la Provincia”, agregó el reconocido organismo de Derechos Humanos.

“Con este cambio en el código lo único que ganan es oscuridad”, analizaba a minutos de la sesión el concejal Federico Ugo. “El massismo tiene mayoría para aprobar automáticamente sus iniciativas en el Concejo Deliberante, pero dicha instancia deja estos negociados más expuestos, como sucedió con ‘Remeros Beach’ en el 2015, tiempo después paralizado por un fallo del Juzgado Federal de San Isidro que además prohibió a los municipios autorizar nuevos proyectos”.

Finalmente, para descomprimir la situación, el Frente Renovador decidió retirar la iniciativa del “orden del día”.

Manifestación frente a Nordelta por la desaparición de lugares sagrados en Tigre

El Movimiento en Defensa de la Pacha realizó una concentración frente a Nordelta, en Ruta 27 y Arroyo Sarandí, para difundir a la comunidad tigrense la destrucción de enterratorios ancestrales y los ataques contra lugares ceremoniales de los pueblos originarios por la construcción de barrios privados. También denunciaron que el Municipio incentiva estos negociados, permite la violencia empresarial y deja sin accesos a los vecinos que “molestan” a la mafia inmobiliaria. La convocatoria fue el domingo 11 de diciembre.

El daño generado por el mercado inmobiliario no se agota en la desaparición del patrimonio arqueológico indígena: la destrucción de miles de hectáreas de humedales agravó las inundaciones a los vecinos preexistentes, desplazó a pobladores históricos y privatizó calles, costas y cursos de agua, entre otras problemáticas.

En toda la Cuenca del Río Luján, los vecinos con el apoyo de sectores académicos reclaman la prohibición de este “modelo urbanizador” con altos costos sociales y ambientales. Sin embargo, las autoridades de Tigre mantienen su política: toda la franja continental del distrito está liberada para que sigan avanzando los countries náuticos.

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El sector privado, asociado con los municipios, suma en forma desproporcionada grandes extensiones de tierras obtenidas en Tigre y Escobar a pesar de las ya visibles consecuencias: inundaciones incontrolables, usurpación de lugares ancestrales y la exclusión de los sectores sociales más vulnerables.

El conflicto no es nuevo, ni tampoco ocasional. Los negociados con los terrenos de Zona Norte, muchos de ellos pertenecientes al Estado, tienen larga data  y cuentan con un historial para nada alentador. La cuna del massismo, con las extensiones de Punta Querandí en disputa, está en el centro de la escena dentro de este entramado político y empresario. En efecto, este sitio de tan solo una hectárea es considerado sagrado para los pueblos originarios.

“Conserva restos arqueológicos indígenas con mil años de antigüedad que están siendo destruidos por la construcción de mega emprendimientos”, alertan los miembros del Movimiento en Defensa de la Pacha, quienes luchan contra los barrios privados desde hace casi seis años. Así las cosas, denunciaron en un comunicado que el country San Benito, de la empresa EIDICO, “arrojó este martes unas siete descargas de tierra en una zanja que se encuentra fuera del perímetro del barrio privado”. El contenedor natural de líquido servía para retener el agua durante las lluvias, por eso este accionar genera riesgos de futuras inundaciones.

Nos tapó el agua

“Casi el 46 por ciento del territorio tigrense está en manos de barrios privados, donde vive menos del cinco por ciento de la población municipal”, destacan desde la organización. La discordia se disparó el pasado martes 26 de mayo, en el Honorable Consejo Deliberante, cuando el Frente Renovador aprobó el polémico proyecto “Remeros Beach”, con 20 votos a favor y tres en contra. En la previa, se planean utilizar la desorbitante suma de 195.994 metros cuadrados, lo que requiere una inevitable deforestación de la zona. Por lo pronto, el intendente Julio Zamora (heredó el trono cuando Sergio Massa asumió como diputado por la provincia, en diciembre del 2013) atiende al capital privado, pero no a los vecinos.

Desde la vereda opuesta, el concejal del Frente Para la Victoria Federico Ugo, criticó la “visión de urbanismo neoliberal” en declaraciones hechas para el diario Argentino Zona Norte. Sin embargo, ¿qué pasa con el kirchnerismo en Escobar? Su mandamás, Sandro Guzmán, otro massista arrepentido que se volvió a las filas del FPV, no parece limitar los imponentes avances inmobiliarios que crecen en su partido.

Por ese motivo, muchas agrupaciones sociales, como la Asociación Ambientalista del Partido de Escobar, advierten y organizan charlas para informar la situación actual de los humedales, terrenos naturales conocidos por su biodiversidad y su rol natural: filtrar agua desde la tierra. El impacto que genera el levantamiento de un country o club exclusivo, con sus respectivas edificaciones, altera la superficie terrestre e interviene directamente en el drenaje. ¿A dónde se dirigirá el agua de las lluvias?

Los Vecinos del Humedal denuncian que para montar estos mega emprendimientos “las empresas rellenan la cuenca del Río Luján”. Además, agregan: “En septiembre de 2013 entró en vigencia el nuevo Código de Ordenamiento Urbanístico Ambiental, pero los ciudadanos estamos esperando la sanción de una ordenanza que regule definitivamente el uso del suelo de la planicie de inundación, que prohíba su urbanización”.

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