Por Nacho Saffarano | Foto de Santiago Filipuzzi

La derecha social tiene que anotarse su primer triunfo contundente durante la gestión de Alberto Fernández. En diez días lograron instalar una serie de mentiras y estigmas hacia la población carcelaria que logró homogeneizar a un colectivo mucho más amplio que el de los convocantes. Esa derecha social -que es inorgánica, que no tiene una representación partidaria única, que es policlasista, que actúa en redes sociales, en medios de comunicación, en el Poder Legislativo- fue la que le dejó la cancha despejada a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires para emitir un vergonzoso fallo ayer. Allí se deja sin efecto la resolución del Tribunal de Casación por el que se les permitía a los jueces de primera instancia, dependiendo de una gran cantidad de situaciones, otorgarles la libertad domiciliaria a pacientes de riesgo.

El fallo de la Corte es solo otro ladrillo en la pared. Ninguna persona sensata puede sorprenderse por la falta de sensibilidad de ese reducto burócrata, alejado históricamente de los intereses de las y los más desprotegidos. Ahora bien, lo que preocupa aún más es el retrógrado accionar del Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires. En conferencia de prensa, Axel Kicillof -secundado por el Ministro de Justicia Julio Alak y por el militar Ministro de Seguridad, Sergio Berni – hizo declaraciones dignas de su antecesora María Eugenia Vidal. Además de mentir sobre los alcances que tenía el fallo de Violini en Casación (“no nos gusta la liberación de presos acusados de delitos graves”), se sumó a todo el coro punitivista que afloró en los últimos días, legitimando a quienes sin eufemismos, quieren que los presos se mueran en las cárceles. Más vergonzoso aún resulta el anuncio de la creación de 1350 plazas penitenciarias nuevas, en una Provincia que tiene 25.000 detenidos más que los que puede albergar.

Esta crisis penitenciaria y del sistema penal abre una serie de debates de los cuales no podemos escapar. Es imposible no asociar estos cacerolazos y la respuesta del poder político a lo sucedido en el año 2004. El asesinato de Axel Blumberg fue la antesala para que se apruebe un bloque de leyes punitivas, de endurecimiento de las penas, que en nada ayudaron a cambiar ciertas conductas sociales, sino que solo sirvieron para instalar un uso desmedido de la prisión preventiva y del aumento de las tasas carcelarias. Fue un trámite exprés en el Congreso, momento en el cual el Frente Para la Victoria tenía mayorías. La nota repetitiva fue desoír a todos los expertos sobre la cuestión criminal para dejarse llevar a ciegas por un reclamo social que pedía venganza y mano dura. No está de más recordar que el petitorio de las marchas de justicia por A.B., y que luego funcionó como anteproyecto de ley, fue elaborado por Roberto Durrieu, quien ofició como subsecretario de Justicia de Jorge Rafael Videla.

Ese trámite exprés -despojado de debate, sancionado al calor del reclamo-, es una de las características principales de lo que llamamos “populismo punitivo”. Elena Larrauri, criminóloga española, enumera una serie de cuestiones distintivas de ésta corriente penal, que podemos resumir de la siguiente manera:

1 – Despolitización de la delincuencia, reduciéndola a actos individuales de “sujetos desviados”. Estos se construyen como enemigos públicos de las mayorías que viven en paz, sin molestar a nadie. Y a la delincuencia y los delincuentes, se los combate con cárcel y castigo. No importa si es efectiva o no para la reinserción social, lo que importa es el encierro y la actividad disciplinadora.

2 – Uso electoralista de la “lucha contra el delito y la inseguridad”. Sergio Massa para principiantes. Se monta a través del discurso de seguridad toda la estrategia para ganar las elecciones, intentando conectar con los miedos de una porción de la sociedad que puede no ser mayoritaria, pero que es hábil para transversalizar sus preocupaciones prioritarias.

En este sentido, el populismo punitivo puede servir para ganar elecciones pero también para consolidar proyectos de gobierno y construir hegemonía propia. Esta es una cara que no podemos obviar en este momento. Fueron públicas las manifestaciones de diversos intendentes del conurbano, integrantes del Frente de Todos, que le exigieron a Kicillof que mueva fichas para evitar la liberación de detenidos; porque su propia base social creía que la convivencia vecinal con violadores y asesinos era inmediata. Se perdió aquí una enorme oportunidad pedagógica para explicar los alcances del fallo, para concientizar sobre el problema sanitario global que implica el contagio de Covid-19 entre detenidos, para intentar sembrar una semilla de restauración entre tantas odas al castigo y el dolor.

3 – Instrumentalización de las víctimas y sus dolores. El populismo punitivista les expropia a las víctimas de los delitos la posibilidad de tener una postura conciliadora, de perdón a quienes la ofendieron. Usufructa el dolor ajeno para convertirlo en la cara visible de las diferentes políticas represivas. Esa extracción del dolor se utiliza para construir una imagen homogénea de las víctimas, para pasearlas por televisión a fin de reforzar la construcción del sujeto peligroso; pero también se las manipula para desplazar a quienes trabajan, estudian y militan las cuestiones penales, construyéndolas como legitimadas exclusivas a la hora de pensar las políticas criminales.

En el uso espurio que hacen de las víctimas, los partidarios del populismo punitivo no se preocupan por la contención afectiva y psicológica de ellas, lo cual debería ser lo primero a atender a quien sufre un delito violento. Una plataforma penal democrática implica acompañar a la víctima desde el primer momento, desligándola de toda la tramitación burocrática, ofreciéndole esa contención necesaria para poder comenzar el duelo necesario.

¿Por qué detenernos en estas explicaciones sobre el populismo punitivo? Porque es la forma que ha adoptado el gobierno de Kicillof para afrontar la crisis carcelaria. Porque se sumaron a la ola reaccionaria, en vez de intentar ganar políticamente; porque falsearon sobre el contenido jurídico de una resolución para justificar una posición política; porque desoyeron a los especialistas sobre el tema ante el temor de que un sector social rechace esta orientación.

Si la designación de Sergio Berni era un pésimo antecedente para imaginar la política criminal del gobierno bonaerense, esta crisis no vino más que a afirmar la continuidad de un modelo penal que trasciende gobiernos y partidos políticos.

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A tres años de la gestión Cambiemos un nuevo impulso para leyes punitivistas que estigmatizan a las infancias más vulnerables.

En diciembre pasado se cumplieron 3 años del gobierno de Cambiemos, cuyas políticas han tenido impactos negativos en diferentes esferas de la vida cotidiana de la sociedad.

El ajuste social, educativo, científico son moneda corriente de este gobierno, generando mayores niveles de pobreza y marginalidad. Estas medidas encontraron respuestas en las calles, con una fuerte movilización social, que hoy el gobierno pretende utilizar con su discurso punitivista, contra protesta y contra quien considere peligroso. En los hechos, este discurso se plasmó con muertes como las de Santiago Maldonado o Rafael Nahuel, y otras y otros menos conocidos, a cargo de fuerzas de seguridad, y cientos de detenidos y detenidas en las marchas, en una verdadera cacería a mansalva.

Cotidianamente, la alianza de gobierno y sus adictos medios de comunicación adoctrinan con la exacerbación de la política represiva, cristalizada en la doctrina Chocobar. Las imágenes son elocuentes al presentar a la ministra Bullrich rodeada de policías con causas abiertas, las compras de nuevo armamento para reprimir, como las Taser, y el aumento de los agentes policiales en las calles de todos nuestros barrios, que inversamente a lo que proponen muestra un aumento de los casos de delincuencia.

Al mismo tiempo se produce el incremento de los casos de gatillo fácil, que siempre dispara contra las y los mismos. En los tres años del gobierno de Cambiemos, tal como lo relevó CORREPI, 1000 personas fueron asesinadas por el gatillo fácil; la mayoría niñas, niños y jóvenes de clases populares, como el caso de Facundo Ferreira, de 12 años, asesinado en Tucumán por el agente policial Mauro Díaz Cáceres, que por supuesto no recibió por ello condena alguna.

En suma, el gobierno pone en marcha un discurso que señala como mayor problema nacional a la inseguridad y propone como única forma de combatirla la mano dura, otorgándoles libre albedrío a las fuerzas represivas del Estado. Una política que también busca plasmarse en el ámbito jurídico, con el argumento de mejorar el sistema jurídico para que responda al punitivismo de Cambiemos. El mismo gobierno que empuja a miles de niño, niñas y jóvenes a la pobreza, vulnerando sus derechos más básicos, es quien los y las condena, persigue y asesina por su situación de vulnerabilidad.

Estigmatizar las infancias

Específicamente, desde el gobierno nacional y de la provincia de Buenos Aires, han avanzado en dos aristas que profundizan esta línea de acción y nos ponen en estado de alerta a quienes trabajamos cotidianamente con las y los niños y sus familias. Mientras en la provincia se avecina el cambio en el Código Contravencional, a nivel nacional se reavivan los debates sobre la reforma del Régimen Penal Juvenil. Ambos proyectos cuentan con elementos en común, como son la culpabilización de la pobreza, la estigmatización de las infancias populares y la idea de que la delincuencia es parte de la naturaleza del individuo, pobre, y no una construcción social.

Nuevo Código Contravencional bonaerense

En la Provincia de Buenos Aires, en noviembre de 2018 la gobernadora María Eugenia Vidal presentó en el Senado provincial una modificación al Código Contravencional, que entre otras cosas, busca “responsabilizar” a madres y/o padres por las “faltas” que cometan sus hijas e hijos hasta 16 años de edad. Así se expresa en el artículo 14 (página 18): “será el Juez, mediante auto fundado, determinará si la conducta del menor fue consecuencia de una falta o negligencia en sus deberes por parte de los padres o tutores, que en tal caso serán sancionados”. La propuesta se presenta como una respuesta “moderna y eficiente” a la problemática de “delincuencia” de las y los “menores” porque permitirá identificar “conductas pre-delictuales”.

Proyecto Código Contravencional Provincia de Buenos Aires 

Estos cambios que ha impulsado la gobernadora, a cargo del ejecutivo provincial, esconden una ideología que estigmatiza a las infancias pobres y a sus familias, mientras busca perpetuar el escenario de desigualdad y pobreza que hoy vive la provincia.

Es un retroceso considerar a niños, niñas y jóvenes simplemente como menores tutelados y no como sujetos que se construyen social y políticamente día a día. Incluso en las concepciones más liberales sobre la infancia se ha abandonado la idea de que las y los niños deben obedecer sin límites a adultos, que (supuestamente) les cuidan para darle lugar a la noción de sujeto de derechos, que la gobernadora parece desconocer por completo en su propuesta. Por otra parte, transforma a las y los madres y/o padres en culpables de la situación que les toca atravesar junto a los y las niñas, deslindando de cualquier responsabilidad al Estado, que desde los inicios de la gestión de Cambiemos (tanto a nivel nacional como provincial) ha desfinanciado diversos programas e instancias de contención para niños, niñas y adolescentes.

Esta supuesta respuesta moderna y eficiente carece de sustento empírico. La existencia de “conductas pre-delictuales”, en otras palabras, considerar que un niño, niña y adolescente tiene una capacidad innata a cometer delitos, se asemeja a pensar que nuestras capacidades derivan de nuestra naturaleza, como por ejemplo ser inteligente o ser curioso o curiosa, y no por un proceso de aprendizaje y construcción de la subjetividad que vincula nuestras condiciones estructurales con nuestro modo de socializarnos.

Baja a la edad de imputabilidad

En los últimos días, el gobierno nacional ha vuelto a poner sobre el tapete la reforma del Régimen Penal Juvenil, que busca impulsar la baja en la edad de imputabilidad a 15 años. El mismo será enviado a su tratamiento en las sesiones extraordinarias de febrero en el Congreso Nacional.

Debe recordarse que en Argentina distintas leyes reglamentan el lugar que se le da a niñas, niños y adolescentes en distintos ámbitos, como el trabajo, la participación electoral, la edad para contraer matrimonio o formar una sociedad comercial. Por ejemplo, la Ley 26.390 que regula el trabajo lo hace desde los 16 años de edad, y solo es posible desde los 15 años en el marco familiar. Entonces nos preguntamos ¿por qué un deberían ser responsables frente a la justicia desde los 15 años pero no cuentan con iguales derechos que las y los adultos en los otros ámbitos?

Una contradicción que parece naturalizar la idea que “delincuente se nace” tal como propone el Código Contravencional de la provincia y por tanto es necesario bajar la edad en la que se las y los puede someter a la justicia de los mayores.

En los discursos se fundamenta esta necesidad mirando la experiencia de otros países, donde la edad de imputabilidad es mucho menor, sin tener en cuenta, o callar, el hecho que no ha obtenido resultados en cuanto a la reducción de delitos. Al mismo tiempo los organismos internacionales de derechos humanos elevan fuertes críticas al punitivismo de menores por violatorio de los mismos. Los análisis de estas experiencias muestran que además de no haber correlación entre punibilidad y disminución del delito porque son de distinta naturaleza que las que estos proyectos buscan disuadir.

Las estadísticas oficiales y de organizaciones como CORREPI y el CELS demuestran que los delitos cometidos por menores de edad son una mínima porción del total y se concentran, casi exclusivamente, en delitos contra la propiedad y no en aquellos que atentan contra la vida, que es hacia donde apunta la reforma propuesta por Cambiemos. La punibilidad del proyecto oficial es sobre actos delictivos que no comenten, y que son una consecuencia de las políticas de ajuste que produce pobreza y falta de oportunidades.

Propuestas desde el más acá

El discurso punitivista, en particular sobre el segmento de las niñeces y juventudes, solo genera desinformación y confusión, y está lejos de producir una respuesta eficaz a la problemática de la (in)seguridad y la (in)justicia.

Quienes trabajamos directamente con las infancias más vulnerables, así como otros profesionales involucrados en la temática,  nos openemos a esta política. Creemos que un verdadero tratamiento del problema debe centrar su intervención en mejorar las posibilidades de las familias e infancias más vulnerables con políticas redistributivas, ampliación de derechos económicos, sociales y culturales y generación de empleo digno. Como decía Carlos Cajade, “detrás de cada pibe de la calle hay un padre o madre desocupada”. Nosotras y nostros gritamos en las calles, junto a las y los pibes: No Somos Peligrosos, Estamos En Peligro. Las y los pibes en la escuela y no en la cárcel.

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