Por Redacción Marcha | Foto: Nadia Sur

Pero a pesar del frío que llegó de golpe, fueron miles quienes caminaron por la calle Yrigoyen para comprar productos autogestivos, llevarse grabados o incluso comerse un plato suculento de la olla popular que organizaron.

Adentro, la estación era tránsito constante: hay quienes asistían a uno de los paneles, quienes bailaban o cantaban, quienes dejaban su mensaje en la instalación de pañuelos en homenaje a Norita o ayudar con murales o vitraux que se renuevan cada año.

Similitudes entre ayer y hoy

Cuando llegó la hora de la palabra de los familiares, después de que La Ferni y Duratierra hubieran llenado de trinos y música el aire, no se olvidaron de la represión en el medio de la aprobación en el Senado de la Ley de Bases, el pasado 12 de junio. Y es que, a veces, parece que el tiempo se detuviera y los gobiernos repitieran las mismas fórmulas contra el pueblo. Y tazaron algunas similitudes que nos detuvimos a analizar.

En principio porque, como aquel 26 de junio, se trata de un plan del gobierno (en 2002 fue de los gobiernos nacional y provincial) para enviar una señal “ejemplificadora” en medio de una situación de conflictividad social, que responda a la demanda del poder político y económico de castigar la acción directa que cortaba calles y rutas ayer o que protesta contra una ley nefasta hoy.

Por otro lado, por primera vez el 26 de junio, actuaron en conjunto las tres fuerzas federales: Gendarmería, Prefectura y la Policía Federal (además de la policía bonaerense) con la excusa de que cortar el Puente Pueyrredón era tomado como “una acción bélica”. El 12 de junio pasado se repitió esa acción conjunta: estuvieron Gendarmería, Prefectura Naval y Policía Federal.

En aquel momento el discurso oficial, de la mano de Aníbal Fernández, secretario de la presidencia, fue que en la asamblea previa al corte “habían hablado de lucha armada”… ¿Cuál fue el justificativo para la represión el 12 de junio pasado? Acusar de sedición y terrorismo a quienes fueron a manifestarse. El fiscal Carlos Stornelli les imputó 15 delitos, entre ellos contra el orden constitucional. Como broche, amenazó con aplicar un agravante previsto en delitos que buscan “atemorizar a la población”, es decir, terrorismo. Y en lugar de mencionar 33 “personas detenidas” habló de “33 piqueteros”. Al parecer, no hay nada original cuando el ajuste y el hambre se ponen del lado de quienes más sufren.

“Jamás nos van a arrancar la alegría de la lucha”

Paula Alvarado Mamani es la abogada de la causa que se lleva adelante para que se juzgue a los responsables políticos que dieron la orden de matar y hace un tiempo sumó la defensa de Mara Kosteki. Desde el escenario, contó: “Estamos distanciados de la justicia que enseñan en la facultad de derecho: una justicia clasista, colonial. Desde 2014 estamos dando una pelea: ese año fue el desarchivo de la causa y a partir de ese momento hubo trabas por parte de la fiscal, por parte del juzgado y sin embargo la querella sigue presentando testimoniales, pruebas y tratando de llevar adelante lo que todos sabemos en la sociedad que fue una planificación de los gobiernos de turno y que hasta el día de la fecha no hemos tenido una justicia completa”.

Luego fue el turno de que subieran Leo y Alberto Santillán, hermano y padre de Darío, rodeados de compañeras y compañeros.

Leo recordó que todavía hay cinco detenidas y detenidos desde el 12 de junio y que hay que seguir reclamando. “Si bien el enemigo es grande, tenemos que multiplicar la esperanza para seguir luchando”, afirmó. Y siguió con la idea de que “sin amor, sin alegría, no podemos salir a pelear. Por eso tenemos amor, pero también tenemos bronca. Vamos por la unidad verdadera para voltear a este gobierno”.

Fue el turno de Alberto, que recordó que, más allá de la fecha puntual, cada día familiares y compañeros tienen un objetivo claro: “Vamos a insistir en los tribunales, hasta conseguir justicia verdadera por Darío y por Maxi. Cuando la fiscal Paola Ochoa mira para otro lado, ahí estamos los familiares para indicarles por dónde seguir”.

Y si bien son 22 años sin Darío, Alberto abrió su corazón y nos dijo: “Se lo extraña. Te dicen que el tiempo ayuda, pero es mentira que el tiempo cura todo”. Emocionado, retomó: “Nos van a arrancar muchas cosas pero jamás la alegría de la lucha”.

“Estoy orgulloso de ser el papá de Darío. Él decía que en su sangre corría la sangre de lxs 30 mil, afirmó, mientras Norita sobrevolaba en los recuerdos y el corazón de todas y todos: “Ella sería la primera en estar exigiendo la libertad para lxs cinco compañerxs que siguen presos”.

Antes de que la Delio Valdez cierre la noche bajo una lluvia que permitió que tocaran dos canciones, pero quisieron esta presentes, Leo invitó a arrimarse a la olla: “Hicimos una olla popular porque es lo que hacía Darío. Y esto no es de ahora, estamos hace más de 20 años en los barrios bancando las diferentes crisis que venimos sufriendo y porque lejos de lo que dice este gobierno, que nos acusa de que andamos robando la comida, nosotros todo lo contrario: hemos estado cuando el pueblo lo ha necesitado durante la pandemia, con la olla. Así que quien se quiera acercar, bienvenido sea”.

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Ayer, cientos de personas cortaron el Puente Pueyrredón para reclamar la reactivación de la causa por responsabilidades políticas en los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. Impresiones, destellos, y la voz de Alberto Santillán.

La mañana de ayer ostentaba un sol intenso en un cielo despejado. Sin duda un marco plácido, sin el calor agobiante que estaba condicionando las jornadas previas, para una instancia de lucha multitudinaria a nivel nacional, con miles de personas movilizadas en el marco de la convocatoria realizada por la Comisión Independiente de Justicia por Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. Allí, familiares, compañeras y compañeros, y organizaciones sociales y de Derechos Humanos exigieron al Juez Ariel Lijo, titular del Juzgado Federal Nº 4 de los Tribunales de Comodoro Py, que lleve adelante los pasos necesarios para que avance la investigación sobre las responsabilidades intelectuales y políticas de la Masacre de Avellaneda.

Más de 14 años pasaron desde aquel otro corte del Puente Pueyrredón, un mediodía pero del 26 de junio de 2002. Sin embargo, los motivos aún permanecen vigentes: son reivindicaciones como el respeto a las empresas recuperadas bajo gestiones obreras (por ejemplo, la cerámica Zanon), el incremento del presupuesto destinado a educación y salud, la creación de puestos de trabajo y la lucha contra la impunidad que giraba en torno al asesinato de Javier Barrionuevo, en febrero de ese año.

No están solos

Desde el comienzo de la jornada, Alberto y Leonardo Santillán (padre y hermano de Darío) se encontraban conmovidos por el masivo acompañamiento al pedido de juicio y castigo para los autores intelectuales de uno de los hechos más significativos en términos políticos por estas latitudes, cuando recién nacía el milenio. Es que la denominada “Masacre de Avellaneda” contó con varios elementos: el hecho de que se haya cometido en el marco de una jornada de lucha que tenía como focos los accesos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la presencia de diversos medios de comunicación, el clima de movilización constante y el descontento con la lógicas expulsivas imperantes en los gobiernos de turno desde hacía varias décadas.

Mientras se desandaba el camino recorrido aquel 26 de junio, charlamos con Alberto sobre el accionar judicial, nos comentó que se presentaron ocho testigos, por lo que esperan una resolución favorable. Entre los testimonios más destacados se encuentra el de Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, quien manifestó que se había comunicado con el entonces gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, para cuestionar la sanguinaria represión, y este le había manifestado que se trataba de “una guerra entre pobres”.

La lista es extensa: además de Solá son señalados funcionarios y ex funcionarios como el ex presidente de la Nación, Eduardo Duhalde; el ex Ministro de Justicia, Jorge Vanossi; el ex Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Juan José Álvarez; el ex jefe de gabinete de la Nación, Alfredo Atanasof; el ex Secretario de Seguridad bonaerense, José Genoud; el ex Ministro del Interior, Jorge Matzkin; el ex vicejefe de la SIDE, Oscar Rodríguez y el ex senador, Aníbal Fernández.

Una disputa necesaria y permanente

Respecto de la presencia de madres de víctimas de gatillo fácil y familiares, amigas y vecinos de víctimas de causas armadas, Alberto resaltó la importancia del acompañamiento de las organizaciones sociales y habló de “de dar una lucha en conjunto con todas las personas que entienden que el sistema y sus superestructuras son hostiles para quienes luchamos y vivimos en los márgenes de la sociedad”. Y en esta construcción conjunta que propone, nos presenta a una vecina de Diego Chávez, acusado de haber asesinado a un policía en la localidad de Paso del Rey, cuando ni siquiera estaba en el lugar; y señala que se trata de una práctica sistemática en la localidad de Moreno. También se acerca a charlar con Emilia, madre de Pablo Alcorta,  ejecutado a los 17 años en 2013 por el policía Diego Tolaba. La causa que se tramita en el juzgado de Morón, a cargo de la UFI 6, tiene como carátula “asesinato en ocasión de robo”. Ellas, madres organizadas, son quienes impulsaron la marcha nacional contra el gatillo fácil que se lleva a cabo los 27 de agosto. Finalmente, pudimos escuchar a Inés, la mamá de Marcos Acuña de Quilmes. Marcos fue asesinado el 28 de agosto de 2015 por la espalda por el prefecto Juan José Silva. Sobre esta causa tiene competencia el Tribunal N3, que elevó a juicio el caso para que se investigue.

Cuando se escuchan las historias parecidas, las injusticias que padecen unas y otros se va despejando por qué la necesidad de marcar un precedente en la purga de las responsabilidades políticas de los magnicidios y los amedrentamientos políticos como la Masacre de Avellaneda, como así también en el juicio y castigo a los responsables de las políticas de disciplinamiento (como el gatillo fácil o las causas armadas) son urgentes frente al escenario de ajuste y represión.

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“Mi tumba no anden buscando
porque no la encontrarán
mis manos son las que van 
en otras manos tirando
mi voz la que va gritando
mi sueño el que sigue entero
y sepan que sólo muero
si ustedes van aflojando
porque el que murió peleando
vive en cada compañero”.

A más de 14 años de aquel 26 de junio de 2002 donde Darío Santillán y Maximiliano Kosteki fueron asesinados durante una multitudinaria y masiva movilización al Puente Pueyrredón, familiares, compañerxs y organizaciones sociales y de DDHH exigieron sobre el mismo escenario al Juez Ariel Lijo, titular del Juzgado Federal Nº 4 de los Tribunales de Comodoro Py, que lleve adelante los pasos necesarios para que la investigación sobre las responsabilidades intelectuales y políticas de la Masacre de Avellaneda avance.
Desde Marcha elegimos guardar los planos generales y concentrarnos en retratar, a través de algunas pocas miradas, el anhelo de justicia de miles de compañeras y compañeros que mantienen viva una lucha que es de todas y todos los que somos capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia, cometida en cualquier parte del mundo.

Galería completa acá: http://www.marcha.org.ar/gallery/porque-el-que-murio-peleando-vive-en-cada-companero/

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