Por Camila Parodi desde Belem | Fotos: Lizbeth Hernández

La Caravana Mesoamericana llegó a Belém con un mensaje que no suele atravesar las paredes diplomáticas de una COP: la crisis climática no puede discutirse sin escuchar a quienes defienden el territorio en las fronteras más violentadas de la región. Después de un mes de recorrido, desde México hasta la Amazonía brasileña, las organizaciones que integran la caravana entraron a la COP30 con un documento político construido en ruta y una convicción: “No va a haber justicia climática si no hay justicia para los pueblos”, como resume Dianx Cantarey, integrante de Deuda x Clima de México.

Su trabajo colectivo se articula en torno a lo que llaman los cuatro ejes del colapso, una metodología que permite sintetizar las afectaciones territoriales que comparten las luchas mesoamericanas: “megaproyectos y militarización; migración y desplazamiento forzado; la financierización de la vida y las falsas soluciones; y la crisis global del agua”. Para Dianx, estos ejes funcionan como una forma de ordenar la experiencia común de las comunidades: “Así podemos sistematizar claramente y definir cuáles son las afectaciones que tiene cada territorio”.

La caravana partió formalmente el 12 de octubre —Día de la Resistencia Indígena, Negra y Popular— desde Tapachula, Chiapas, después de una conferencia de prensa en la frontera entre México y Guatemala. Pero su trayectoria comenzó días antes, en el norte de México, con la tribu Yaqui en Sonora. Allí se denunciaron los impactos del acueducto Independencia y las promesas incumplidas del Plan de Justicia Yaqui impulsado por el gobierno mexicano. El camino siguió hacia Michoacán, donde el Consejo Supremo Indígena articuló con la caravana en un territorio marcado —como dijo Dianx— por “la criminalización, persecución y desaparición de defensores desde los años setenta”. Más tarde, en Ciudad de México, un plantón frente a la Suprema Corte logró que defensores ingresaran al edificio para presentar sus demandas ante un ministro.

El formato del recorrido fue estable: en cada país la caravana permaneció dos días, primero en un encuentro privado de articulación política entre las organizaciones que convocaban o recibían la caravana, y luego en una actividad pública definida por cada territorio. “Dependía de la situación política: en algunos lugares fueron protestas frente a ministerios de ambiente; en otros, paneles, conferencias de prensa o actos culturales”, explica Dianx. Pero lo que no variaba era el diagnóstico: un cerco mediático que mantiene fuera de la conversación climática global a las comunidades indígenas y campesinas de Centroamérica. “Nos hemos dado cuenta que en estos espacios climáticos nunca se considera la voz de los defensores en Centroamérica. Está negada la presencia de comunidades indígenas en el territorio”, remarca.

Ese cerco también se expresó en obstáculos concretos. Nicaragua prohibió el paso de la caravana por su territorio. “Nos agregó mucha presión mental y económica. Si esto nos pasó a nosotros, que no íbamos a hacer ninguna movilización en Nicaragua, imagínate lo que viven los defensores ahí”, señala Dianx. La caravana también denunció la persecución política bajo el régimen de Bukele en El Salvador, donde organizaciones que recibieron el paso de la caravana sufren incautación de bienes y hostigamiento sin causas judiciales.

En Costa Rica, la caravana realizó una acción clave: entregó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el documento que compila las demandas y casos levantados durante el recorrido. “Muchos de estos procesos llevan años abiertos sin seguimiento ni resoluciones positivas. Por eso presionamos para que se vuelvan a revisar”, explica. Ese mismo documento ahora circula en Belém entre relatores de la ONU y otros organismos.

Después del encuentro de caravanas en Santarém, las organizaciones subieron a un barco y navegaron hasta Belém. Llegaron en plena efervescencia de intervenciones artísticas, flotillas amazónicas y pueblos en movimiento que desde el primer día están tensionando la agenda oficial de la COP. Para Dianx, el objetivo es claro: “Romper el cerco mediático y avanzar hacia una articulación regional de pueblos que defienden el territorio”.

La caravana entra a la COP30 con la certeza de que ningún acuerdo climático tendrá legitimidad mientras ignore las luchas que sostienen la vida en Centroamérica. Porque, como repite una y otra vez en su paso por Belém, “no va a haber justicia climática si no hay justicia para los pueblos”.

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Por Camila Parodi | Fotos: Cobertura Ninja

Desde el lunes, la ciudad amazónica de Belém se convirtió en epicentro del clima global: allí comenzó la 30ª Conferencia de las Partes (COP30), el espacio donde gobiernos, organismos internacionales y grandes corporaciones negocian qué hacer ante el colapso climático. Pero esta vez, la historia no se escribe solo entre oficinas con aire acondicionado.

Desde el primer día, flotillas amazónicas, caravanas indígenas, campesinas y urbanas, cuerpos organizados y territorios en movimiento llegaron para recordarlo: la Amazonía no es un escenario, es un territorio vivo. Y no, esta no es una COP distinta porque la ONU lo diga. Es de los pueblos porque los pueblos ya la están ocupando.

El segundo día de la cumbre lo dejó claro: centenares de indígenas ocuparon la Zona Azul, el área central de las negociaciones oficiales, históricamente reservada a gobiernos, empresas y organismos multilaterales. La acción —convocada por la COP de los Pueblos Indígenas— denunció la exclusión sistemática de estas voces en los acuerdos climáticos y reafirmó una verdad ineludible: no hay futuro posible sin la protección de los territorios y los modos de vida ancestrales.

Zona azul, territorio en disputa

La COP30 comenzó en Belém, en el corazón de la Amazonía, con un contraste imposible de disimular. En el centro de convenciones, los jefes de Estado hablan de paliativos y negocios; en los ríos y caminos, las comunidades indígenas y campesinas llegan con demandas urgentes y con la esperanza de que la defensa climática se imponga.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva abrió la cumbre con una promesa: “La COP30 será la COP de la verdad”. Llamó a enfrentar las advertencias de la ciencia con determinación y recordó que “si los hombres que hacen la guerra estuvieran en esta COP, verían que es más barato invertir en la agenda climática”. Pero esa apelación a la paz y a la acción se cruza con una contradicción ineludible: días antes del encuentro, el gobierno brasileño autorizó a Petrobras a iniciar exploraciones petroleras cerca de la desembocadura del Amazonas, una decisión cuestionada por organizaciones socioambientales y comunidades locales que ven en ese proyecto una amenaza directa al equilibrio del bioma amazónico.

Belém es el espejo donde se reflejan esas paradojas: un lugar de belleza y desigualdad, de esperanza y agotamiento, donde las palabras de los líderes conviven con la fuerza de las movilizaciones populares. En ese contexto, durante el segundo día de la COP, una acción coordinada de comunidades indígenas irrumpió en la llamada zona azul, el área reservada exclusivamente a los Estados, las agencias internacionales y las grandes ONG. El gesto no es nuevo, pero su potencia se renueva: ocupar ese espacio es hablar con el cuerpo, es poner límite a una política climática que sigue diseñada a espaldas de quienes sostienen la vida.

A la narrativa oficial del diálogo multilateral, los pueblos oponen una verdad incómoda: mientras se negocian bonos de carbono y financiamiento para la “adaptación”, los territorios arden, los ríos mueren, las defensoras son criminalizadas. No hay más tiempo para esperar invitaciones. Por eso, esta COP se abrió con pasos firmes y colectivos, no con discursos.

MST: ocupar para vivir

La ocupación de la COP no es una acción aislada. Es parte de una genealogía de luchas populares en América Latina y el Caribe. En Brasil, esa historia tiene un nombre clave: el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST). Nacido oficialmente en enero de 1984, en plena transición de la dictadura militar, el MST es heredero de siglos de luchas campesinas contra el latifundio, la concentración de tierras y el despojo. Surgió como respuesta directa al empobrecimiento rural y al aumento de las desigualdades agrarias, con apoyo de organizaciones como la Comisión Pastoral de la Tierra.

Su táctica fue clara desde el inicio: ocupar tierras improductivas, organizarlas colectivamente y demostrar que otro modelo agrario era posible. Su lema, “Ocupar, producir, resistir”, no fue solo una consigna: se convirtió en una pedagogía política y campesina que echó raíces en todo el territorio brasileño. En cada asentamiento, el MST construyó escuelas, bibliotecas, radios comunitarias, cooperativas y una cultura del cuidado colectivo. Desde allí, no solo recuperaron tierra: reconstruyeron el campo desde abajo, con justicia y autonomía.

Y son las mujeres y disidencias del MST quienes empujan las fronteras de esa lucha. Todos los 8 de marzo, sus acciones directas visibilizan la relación entre agronegocio, extractivismo y patriarcado. Denuncian que el mismo modelo que envenena los cuerpos y la tierra es el que sostiene la violencia de género. Desde su praxis, el feminismo campesino propone una alternativa: sin feminismo, no hay agroecología posible.

Hoy el MST es uno de los movimientos sociales más grandes y relevantes del continente. Su lucha por una reforma agraria popular no se limita al acceso a la tierra: también impulsa la producción de alimentos sanos, la agroecología, la organización comunitaria, el rechazo al uso de trabajo esclavo y la construcción de economías solidarias. Es el mayor productor de arroz orgánico de la región y ha conformado asentamientos legales para cientos de miles de familias, además de una red de cooperativas, asociaciones y agroindustrias autogestionadas.

La ciudad también se ocupa: derecho al centro

El Movimiento de los Trabajadores Sin Techo (MTST) tradujo esa misma lógica de lucha a las ciudades. Frente a la especulación inmobiliaria y el despojo urbano, las ocupaciones organizadas por el MST y el MTST en territorios urbanos reclaman el derecho a vivir dignamente, a construir comunidad y a poner en discusión a quién le pertenece la ciudad. Sus acciones no son sólo respuestas a la emergencia habitacional, sino propuestas colectivas de otro modelo urbano: uno que priorice la vida por sobre el lucro.

Ambos movimientos —MST y MTST— enseñan que ocupar no es irrumpir sin rumbo. Es construir desde abajo, señalar lo que duele y lo que falta, pero también ensayar alternativas. Es abrir futuro donde el sistema sólo ofrece desalojo o marginalidad. Y ese lenguaje político volvió a hacerse presente en Belém.

La urbanista y ex Relatora Especial de la ONU sobre el derecho a la vivienda, Raquel Rolnik, ha puesto palabras a esa disputa con una idea clave: el “derecho al centro”. No se trata solo de una consigna, sino de una crítica profunda a la lógica de ciudad impuesta por el capital financiero tan visible en Sao Paulo, la ciudad más grande y desigual del continente. La investigadora sostiene que el derecho a habitar la ciudad no puede reducirse a poseer una vivienda en la periferia, sino que implica acceder a todos los bienes urbanos: transporte, salud, cultura, educación, trabajo, afecto y pertenencia. Una ciudad donde el suelo no sea mercancía, sino territorio común.

En Belém, ese derecho también fue ocupado. Las marchas, los encuentros y las asambleas populares que desbordaron la COP mostraron que la ciudad no puede ser privilegio de unos pocos, ni construirse en función del turismo verde o los megaeventos. Habitar dignamente el centro es, también, una forma de resistencia climática.

Flotillas y caravanas: todos los caminos llevan a la COP

Los ríos y caminos que conducen a Belém comenzaron a llenarse semanas antes de que se inaugure la COP30. Desde distintos puntos de la Amazonía, los Andes y Mesoamérica, flotillas y caravanas de pueblos indígenas, comunidades ribereñas, campesinas, quilombolas y movimientos urbanos comenzaron a movilizarse hacia la Cumbre de los Pueblos, en una travesía que es mucho más que geográfica: es política, afectiva y territorial.

En el río Tapajós, el 8º Grito Ancestral dio inicio a esta movilización continental con una acción pacífica en la que más de 300 indígenas interceptaron balsas extractivas para exigir el fin de megaproyectos como Ferrogrão y las hidrovías del Arco Norte, denunciando su impacto sobre los territorios, los ríos y los modos de vida tradicionales. “El río es nuestra casa”, dijeron, marcando una postura ética y existencial que no cabe en los modelos de desarrollo dominantes.

A esa corriente se sumaron flotillas amazónicas como la Yakumama, que navegó desde Ecuador y Perú atravesando kilómetros de ríos con liderazgos indígenas y defensores del agua. Cada parada fue encuentro: las comunidades ribereñas recibieron a las embarcaciones con cantos, frutas, tejidos, ofrendas y abrazos, en una red de solidaridad transfronteriza que fortalece la resistencia.

También partieron caravanas desde el altiplano, el Cerrado, el Chaco y las periferias urbanas, cargadas de historias de sequías, incendios, desplazamientos y criminalización. Pero también de saberes ancestrales, agroecología, cocinas comunitarias, autogobierno, espiritualidad y redes populares de cuidado. Viajan con los cuerpos cansados y el horizonte claro: la transición ecológica real nace en los territorios, no en los salones de negociación.

Entre las múltiples delegaciones, se realizó la llamada Caravana de la Respuesta, una movilización continental que rehace el trayecto del llamado “corredor de la soja” en sentido inverso. Su mensaje es directo: “Los pueblos son la respuesta”. Frente a las falsas soluciones que propone la arquitectura oficial de la COP, como la financiarización de la naturaleza o las tecnologías verdes al servicio del extractivismo, los pueblos movilizados anuncian otras formas de vivir, de producir, de compartir.

En total, se espera que más de cinco mil personas de más de sesenta países lleguen por agua, por tierra y por aire para participar de esta COP desde abajo, protagonizada por quienes cuidan los ríos, los bosques y las periferias del mundo. No vienen a pedir permiso. Llegan con historia, con futuro, con prácticas colectivas que ya están sosteniendo el mundo que vendrá.

Una COP desde abajo

Aunque esta COP se anuncia como “la COP de la adaptación”, la brecha entre el discurso y los hechos sigue creciendo. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), los países del Sur necesitarán más de 310 mil millones de dólares anuales hasta 2035 para adaptarse a los impactos del cambio climático. Pero esa cifra contrasta con un dato más concreto: los pueblos ya están adaptando y resistiendo sin recursos, sin reconocimiento y sin permiso.

Belém es hoy una ciudad tomada por los cantos, los colores, las banderas, las lenguas diversas. Y también por una certeza compartida: los pueblos ya están adentro. Esta no es una COP “incluyente”; es una COP ocupada. Y eso hace toda la diferencia.

A partir de hoy, comienza en paralelo la Cumbre de los Pueblos rumbo a la COP30, un espacio autónomo que reunirá a más de 15 mil personas de todo el mundo en Belém para debatir propuestas, visiones y estrategias desde una perspectiva popular, feminista, territorial y comunitaria. Será un punto de encuentro entre pueblos tradicionales, movimientos sociales, comunidades urbanas y organizaciones internacionales, todos atravesados por una certeza: la justicia climática no vendrá desde arriba, ni desde las cúpulas, sino desde los territorios que viven, resisten y transforman.

Durante cinco días, se desplegarán foros, encuentros, talleres, asambleas, expresiones artísticas y acciones directas. El 15 de noviembre será una jornada clave: una movilización global para denunciar el modelo extractivista y anunciar las alternativas construidas desde la experiencia de los pueblos.

La Cumbre recoge el legado del Foro Global de la Eco 92, la Cumbre de los Pueblos de Río+20 y los Foros Sociales Mundiales, donde la sociedad civil fue protagonista de debates y propuestas estructurales. Con más de 546 organizaciones firmantes de su Manifiesto, esta edición fortalece una articulación internacional que se proyecta hacia 2025, cuando la COP30 regrese a Belém.

Desde las periferias urbanas hasta las comunidades del Cerrado, desde los pueblos originarios hasta los movimientos de mujeres negras, la Cumbre quiere popularizar y politizar un espacio que históricamente fue elitizado. Belém se convierte así no solo en sede de una cumbre oficial, sino en epicentro de una contracumbre global, donde se discute lo que de verdad importa: la vida, los territorios, los cuerpos, los vínculos. Una Cumbre de los Pueblos que no espera concesiones: ocupa y construye un futuro distinto, desde abajo y entre todas.

*Artículo publicado en el marco de la cobertura de la COP30 junto a Latfem, Tierra Viva y Kaja Negra.

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Por Victoria Fernández Almeida* | Fotos: Susi Maresca **

Tanto el proceso de reforma, como la Ley institucionalizan el saqueo y el extractivismo, refuerzan y doblan la apuesta sobre el andamiaje jurídico que se consolidó en los 90 con la modificación del código minero y las leyes mineras. 

El 2023 marcó la vida institucional de la provincia de Jujuy, se desarrolló un proceso de Reforma Constitucional que fue ampliamente denunciado y objetado, por sectores gremiales, indígenas, por mujeres, disidencias y población en general. Las instancias de participación fueron restringidas a sectores afines al oficialismo y fueron meramente declarativas. De manera reiterada se votó en las sesiones de comisiones de que no se diera voz a quienes se acercaban “por una cuestión de tiempos”, alegando que dar espacio para que se manifiesten sólo retrasaría los tiempos de sesión de la convencional. 

Cumplieron con un marco mínimo de legalidad que suele ser una práctica de los gobiernos de tinte autoritario, justificar decisiones políticas con marcos legales que no han sido consensuados democráticamente. Tenían una Ley de necesidad de reforma, tuvieron elecciones de convencionales constituyentes y una convencional sesionando, pero sin un pueblo que avale esta reconfiguración del texto constitucional, siendo claros signos de prácticas antidemocráticas. Durante los dos mandatos el oficialismo jujeño construyó marcos institucionales que fueron el sostén de estas decisiones. 

En el marco del texto constitucional reformado debemos poner especial atención a las reformas introducidas que impactan en lo ambiental. Es diversa y de alguna forma explican ciertos movimientos y acuerdos que está haciendo el gobierno de la provincia de Jujuy actualmente. Señalamos dos puntos para analizar con atención: 

Primero se modificó el artículo 22, titulado de Derecho al ambiente , en el mismo se elimina el inc. 2 que antes disponía como una obligación del estado provincial “eliminar o evitar, ejerciendo una efectiva vigilancia y fiscalización, todos los elementos que puedan ser causa de contaminación del aire, el agua, el suelo y en general, todo aquello que de algún modo afecte o pudiere afectar el entorno de sus pobladores y de la comunidad”, al cual reemplazó por el actual artículo 22 que si bien consagra el derecho de todos los habitantes de la Provincia a gozar de un ambiente sano y equilibrado, así como el deber de cuidarlo y protegerlo, ya no menciona la obligación de evitar el daño ambiental sino sólo que él mismo “genera la obligación de recomponer, reparar e indemnizar, según lo establezca la ley” (nuevo art. 22 inc. 2).

Esto en la práctica implicaría la omisión por parte del estado provincial de medidas tendientes a prevenir daños ambientales derivados de diversas actividades y un ir en contra de lo dispuesto en la normativa nacional, tanto del artículo 41 de la Constitución Nacional como de lo consagrado en la Ley General del Ambiente. 

Esta modificación da por sentado un daño y solo dispone las obligaciones luego de producido el daño, cuando sabemos que ciertos daños ambientales no pueden ser reparados, recompuestos y que no hay indemnización que cubra los costos de estos. Pensemos en las zonas de la quebrada en Jujuy, que sufre estrés hídrico, y cuando un acuífero que provee agua a las poblaciones se seca, la recomposición de ese acuífero puede demorar la vida de una persona: no hay indemnización que pague semejante daño. 

En el mismo artículo señala que “El Estado impulsa vínculos cooperativos con la sociedad y con los sectores público, privado y académico para fortalecer abordajes que promuevan el derecho a un ambiente sano y equilibrado, favoreciendo la gobernanza ambiental multinivel, intersectorial y multidisciplinaria” (nuevo artículo 22, inc 5 y 6), estas disposiciones, en este contexto donde la consulta libre, previa e informada y el consentimiento no son garantizados de manera plena, resulta un peligro para las comunidades indígenas locales. Estamos frente a un entramado que busca no sólo garantizar los minerales para las empresas sino que también el manejo del agua. 

Estas modificaciones no son casuales ya que entró en escena en las últimas semanas Mekorot empresa pública israelí de agua, la cual se presenta como empresa líder mundial y que ha posicionado a Israel como potencia hídrica en la OCDE. “El agua es nuestro negocio” dice en la presentación de su página web. 

En cuanto a la incorporación del CAPÍTULO QUINTO denominado NUEVAS DECLARACIONES, DERECHOS, DEBERES Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, aquí se incorpora el artículo 68 que ratifica el dominio de los recursos naturales contenido en el artículo 124 de la Constitución Nacional, y no solo menciona sobre el aprovechamiento sostenible sino sobre el aprovechamiento económico de esos recursos. Esto sumado a lo contenido en el artículo 69 sobre energías renovables, algo que a todas luces puede resultar necesario en el actual contexto de crisis climática, también puede ser un andamiaje para garantizar el saqueo y la apertura indiscriminada de empresas que depredan los bienes comunes, siendo el estado provincial un granate de estas políticas pro mercado. 

Podemos decir entonces que la reforma constitucionalizó a nivel local el extractivismo, porque estando en Jujuy sabemos que cuando hablamos de recursos naturales y estratégicos nos estamos refiriendo exclusivamente al litio. Aquel mineral que se presenta como un eslabón necesario para transicionar hacia energías renovable y abandonar los combustibles fósiles, en los territorios en su mayoría comunitarios donde se encuentra, su extracción deja innumerables daños, no solo ambientales, sino humanos, ya que volviendo al ejemplo anterior, en una zona de stress hídrico cuando las fuentes que proveen agua se sequen, las poblaciones tendrán que migrar a otras zonas de la provincia.

Muchos análisis se han hecho de la ley bases y del régimen de incentivos para grandes inversiones (RIGI) y de las implicancias ambientales de esta apertura indiscriminada a grandes empresas. Este régimen promueve la institucionalización del extractivismo, redoblando la apuesta de la normativa nacional sancionada en los 90, transformaciones legislativas que por un lado, limitan la capacidad del Estado para explotar minerales a partir de la modificación del artículo 9 del Código de Minería, y por otro a partir de la actualización de la Ley de Inversiones Extranjeras N° 21.382 se equiparan los inversionistas nacionales y extranjeros. Por otro lado con la Reforma Constitucional Nacional en 1994, y la incorporación del artículo 124 mediante el cual se determina que “corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”.

Ante esto nos preguntamos, ¿Es La Rioja la próxima provincia en reforzar andamiajes jurídicos extractivos a través del actual procesos de reforma constitucional que está llevando adelante? ¿Es el reconocimiento del derecho humano al agua una garantía para para todas, o solo para las grandes inversiones?

* Coordinadora del área DESCA (Derechos Económicos Sociales Culturales y Ambientales) de ANDHES. Abogada, investigadora becaria del CONICET

**Proyecto fotoperiodístico “La ruta del litio: voces del agua”

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En la fría noche del domingo 9 de junio, cinco familias originarias de La Quiaca Vieja, en Jujuy, recibieron un aviso informal que les estremeció: en 48 horas serían desalojadas de las tierras que habitan desde hace generaciones. En medio de la celebración del Inti Raymi, el Año Nuevo de los pueblos andinos, Trinidad Trejo y su familia se preparan para enfrentar una batalla que lleva años gestándose.

Por Susi Maresca y Camila Parodi | Fotos: Susi Maresca

La situación de las familias de La Quiaca Vieja no es aislada. En los últimos años, las comunidades originarias de la región han enfrentado una creciente presión por parte de intereses económicos que buscan explotar sus tierras ancestrales para proyectos extractivistas y comerciales. Estos intentos de despojo han sido llevados a cabo muchas veces sin el debido proceso legal y sin respetar los derechos de las comunidades. El caso de la familia Trejo es un ejemplo claro de esta problemática, donde el derecho a la tierra y la identidad cultural se ven amenazados.

Estamos en el corte de ruta, junto a las comunidades que resisten el desalojo. A pesar del frío y la incertidumbre, el espíritu del Inti Raymi, la celebración ancestral que marca el recibimiento del nuevo sol, impregna el ambiente. Para estas comunidades, el Inti Raymi no solo simboliza el renacimiento de un nuevo ciclo, sino también la renovación de su lucha y esperanza. En medio de la hostilidad, las familias se encuentran y en el abrazo reafirman su conexión con la tierra y su determinación de defenderla.

Trinidad Trejo, es una de las habitantes del territorio en disputa, con mucho dolor relata cómo fue notificada su familia: “Nos informaron que el desalojo estaba ordenado por la familia Burgos. Nosotros vivimos aquí desde hace cuatro generaciones, no es fácil para nosotros. Mi madre, de 83 años, ya ganó juicios posesorios, pero no tuvimos los recursos para seguir adelante con el proceso legal”. 

La familia Trejo no solo perdió su hogar, sino que también enfrenta la dura realidad de un sistema que parece ignorar sus derechos ancestrales y humanos. El aviso de desalojo llegó a la familia a través de un enfermero, y no por los canales oficiales: “Vivimos hace 50 años del campo, teníamos animales, gallinas, patos, corderos, que ahora están en casa de mi suegra. Vivimos de eso y ahora no sabemos qué hacer. Nadie nos ayuda”, denunció Alfonsina, hermana de Trinidad.

Despojo y resistencia en la ruta

El 11 de junio, como habían sido advertidos, las fuerzas policiales y de infantería llegaron al territorio. Trinidad, junto a su madre Francisca Farfán, su hermana Alfonsina, su hermano Marcial y otros familiares, intentaron resistir. Sin embargo, la brutalidad del operativo fue implacable. “Nos hicieron como perros, nos sacaron del alambre que cerramos para que no pasen. Pese a que había niños y ancianos, no les importó”, narró Trinidad mientras describía el momento en que las máquinas arrasaron sus hogares.

Desde entonces, las familias desalojadas han ocupado la ruta en protesta a tan solo 5 kilómetros de la ciudad fronteriza de La Quiaca. “Llevamos días en la ruta, hemos pasado frío, hambre, y estamos enfermos. Mi madre llora al ver nuestras cosas tiradas. Nadie nos ha venido a ver”, señala Trinidad, mientras alimenta el fuego.

La sombra de la Zona Franca y el extractivismo

El trasfondo de este desalojo se relaciona con la implementación de la “Zona Franca”, un proyecto que implica la instalación de una zona de negocios en La Quiaca, promovido por el gobierno provincial desde 2019. Este proyecto, es denunciado como un negocio inmobiliario y extractivista por las comunidades originarias ya que pretende, a su vez, instalar un emprendimiento de paneles solares.

Desde el juzgado de primera instancia N°6 del Poder Judicial, se ha justificado el desalojo en un supuesto conflicto entre familias terratenientes. Sin embargo, las verdaderas intenciones parecen ser otras: “Quieren hacer negocios con nuestras tierras para proyectos solares y turismo, sin consultarnos ni respetar nuestras tierras”, denunció Gustavo Ontiveros, antropólogo y profesor de la Universidad Nacional de Catamarca, quien participó de la celebración del Inti Raymi junto a las familias del corte.

Hace justamente un año, las más de 400 comunidades de Jujuy reunidas en el Tercer Malón de la Paz cortaron las rutas y accesos de la provincia en protesta contra la reforma constitucional impulsada por el ex gobernador Gerardo Morales que prioriza el avance de las empresas transnacionales sobre territorios comunales. Lo que aconteció en Jujuy, tanto en términos legislativos como represivos, fue un escenario anticipatorio de la actual situación que atraviesa el país tras la llegada de Javier Milei a la presidencia.

Las medidas de represión denunciadas durante la reforma de la constitución provincial -como el uso abusivo de gases lacrimógenos, disparos en los ojos, persecuciones, allanamientos y detenciones ilegales- se replican en los operativos desplegados por la ministra de seguridad, Patricia Bullrich para la reciente aprobación de la Ley Bases en la Cámara de Senadores.

Su relación es indisociable: entre los artículos más preocupantes de la ley, se incluye el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) que prioriza el avance de intereses privados sobre los bienes comunes y la soberanía nacional. La situación en La Quiaca Vieja refleja este panorama nacional, donde los derechos de las comunidades originarias así como de la naturaleza se ven sistemáticamente vulnerados en favor de proyectos extractivistas.

“Yo voy a seguir luchando por nuestra tierra”

Luego del violento desalojo, la familia Trejo se asentó al costado de la ruta 9 con las pertenencias que les quedaron de su hogar, ahora destruido. Alfonsina Mariela Trejo comparte su testimonio: “Nos desalojaron hace cuatro días y mis hijos no están asistiendo a la escuela”. Ante la falta de respuestas institucionales para acompañar la situación, la única acción estatal que llega al corte reproduce la violencia: durante la tarde del jueves, la Secretaría de Niñez de la provincia se hizo presente para presionar por el levante del corte ante una posible intervención sobre las niñeces.

Las familias afectadas están recibiendo apoyo de otras comunidades que les han llevado alimentos y otras provisiones, pero la incertidumbre persiste. “No somos una familia rica, somos humildes, pero esta señora que dice ser la dueña nos sacó a la calle como si fuéramos perros. Llevamos viviendo aquí más de cincuenta años. No tienen piedad de los niños ni de los ancianos”, añadió Alfonsina.

La comunidad de La Quiaca Vieja sigue resistiendo, esperando que se haga justicia y que se respete su derecho a la tierra que han habitado por generaciones. Su lucha no es solo por su hogar, sino por el reconocimiento y respeto de sus derechos como pueblos originarios. En este contexto, la solidaridad y el apoyo mutuo son esenciales para enfrentar las adversidades. “Nosotros no debemos abandonar a nuestros hermanos y luchar para que vuelvan a sus casas, siempre con la ley en la mano”, concluyó Gustavo Ontivero, llamando a la unidad de las comunidades indígenas en defensa de sus territorios.

Francisca Trejo, madre de Trinidad, aseguró su resistencia: “No voy a ser la primera ni la última, esto va a pasar siempre, pero yo voy a seguir luchando por nuestra tierra”. Hoy, las palabras de Francisca resuenan en el corazón de quienes, a pesar de la adversidad, se niegan a rendirse. Como nos enseñan nuestros pueblos originarios en cada solsticio de invierno, la luz y la esperanza pueden prevalecer incluso en los momentos más oscuros.

Para colaborar con las familias del corte se pueden realizar transferencias a la siguiente cuenta:

CBU: 28502054440094961236268

Alias: GiisPortal

Titular: Gisela Raquel Portal

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Por Susi Maresca y Camila Parodi desde Tafí del Valle *

“El futuro es ancestral” Ailton Krenak

En medio del ingenio tucumano un niño de dos años viaja en los brazos de su tío a caballo. Es un recorrido de dos días cruzando los cerros, para trabajar en las colonias de la zafra. A los cinco años, este mismo niño ya manejaba el cuchillo para pelar las cañas.

Así se recibió de bachiller, pelando cañas.

Al igual que su abuelo y su bisabuelo, conoció la explotación de los terratenientes, pero también el avance extractivo sobre los territorios y la naturaleza.

Por aquellos años ser indio era una vergüenza, aprendían en la escuela y en la parroquia que los pueblos originarios estaban extintos, que no existían.

Leían en los libros escolares que ellos no existían.

Ese niño fue creciendo y aprendió de grandes maestros a lo largo y ancho del mundo. Fue perseguido en la dictadura militar de 1976-1983 y participó de muchos espacios de militancia y resistencia.

Hoy Marcos Pastrana sostiene que hay una mirada del mundo que comparten todos los pueblos originarios del planeta. Esos pueblos que en el siglo XXI se siguen levantando para defender el agua y la vida.

Tafí, territorio indígena

El sol comienza a caer en Tafí del Valle, entre los cerros se siente la presencia de dos cosmovisiones del mundo distintas. El avance inmobiliario y turístico, por un lado, y la presencia de las comunidades originarias que se reafirman cada día más.

La silueta de don Marcos Pastrana aparece detrás de una tranquera. Ha salido a recibirnos. Él, que supo transitar una vida llena de sentidos, existencias, luchas, reclamos, aprendizajes colectivos y acciones infinitas por toda América Latina, nos da la bienvenida a su hogar y a su sabiduría ancestral.

La pava espera en el fuego. Marcos, con su voz bajita y certera, comienza a hablarnos. La propuesta de volver al origen parece sencilla en esa atmósfera pero, sin embargo, sabemos muy poco de qué se trata.

A sus 77 años es miembro del Consejo de Ancianos del Pueblo Diaguita y un promulgador de “La idea”, como él la llama. Lo entrevistamos en la casa donde nació en el año 1946, donde compartimos mucho más que palabras.

Aquí algunas claves para pensar el presente, el despertar de los pueblos, el avance extractivista sobre los territorios y, sobre todo, el origen que es, también, el futuro y la continuidad de la vida.

La historia y la memoria son las que lo guían en sus acciones y reflexiones ¿por qué es importante tener memoria?

El ser más desmemoriado de la biodiversidad es el humano que no tiene memoria. La memoria está en toda la biodiversidad, en todo, en los cuatro elementos desde que se fusionaron para dar vida. Allí empieza la gran historia, la gran memoria, son nuestras principales ancestras. Nuestra lucha es por los cuatro elementos, qué es lo único sagrado y lo más ancestral. Si vos luchás por el agua, por el aire, por la tierra y por el fuego, luchás por todos los pueblos, por todos los seres vivos, por todos los derechos. 

¿Cómo llegaste a estos aprendizajes Marcos?

Tuve muchísimos maestros. El principal de todos fue José Flores, él era originario de Huancayo Perú, estuvo en el régimen de Velasco Alvarado en los años 70. Cuando cayó el régimen de Alvarado, lo persiguieron y huyó caminando, cruzó toda América y él introdujo un montón de conceptos, de él aprendí. Él me quitó los enojos y los egos, porque yo de joven militaba en el tucumanazo y entonces creía que podíamos salvar al mundo y cambiar, que las ideologías estaban por encima de todo, pero él me mostró otro camino. Yo le pregunté sobre qué libros consultar. Claro, porque yo fui un niño rural educado para vivir en una ciudad y después que tuve mucha información, quería más información y me dijo “lo que buscás no está en un libro, no está en la biblioteca, está en las comunidades, vení conmigo”. Y me fui con él, con los mapuche, con los huerpes, con los kollas, con los amazónicos. Me llevó también a las Naciones Unidas con otros pueblos: con los zapatistas, los pueblos Samis del norte de Europa, los pueblos de África, de Asia. Y ahí uno se da cuenta de que el territorio es territorio donde esté, que los pueblos son pueblos donde estén, que los pueblos no son malos. Que la guerra no la hacen los pueblos, los pueblos mueren. Él me ayudó a pensar en muchos de mis dilemas y preocupaciones.

¿Por ejemplo?

Cuando yo era muy chico. Había dos cosas que me desvelaban las noches enteras y las noches que yo entraba en esos trances lloraba porque no le encontraba sentido, ni fin, ni principio. Una de las cuestiones era la eternidad, porque cuando te enseñaban la religión nos decían “es para toda la eternidad” Y yo imaginaba “¿cómo es eso que nunca va a terminar esto o que nunca empezó?”. Y me ponía a llorar solito de noche. La otra cuestión que me desvelaba era el infinito y no lo podía entender.

¿Cómo lo resolvió? 

Muy sencillo. Y lo aprendí ya con mi maestro cuando dejé todas las ideologías, partidos políticos, radicales, peronistas. No soy ni católico, ni apostólico, ni romano, no soy argentino, soy diaguita, porque para sacarse el apero hay que sacárselo todo, no te vas a dejar la cincha. Mi maestro me dijo: “ya que te gusta hablar de la Pachamama sabes qué todo el mundo lo dice, pero no lo sabe: espacio-tiempo”. ¿Qué me desvelaba a mí? espacio tiempo, ¿cuál es el mensaje? El espacio que debes ocupar en el tiempo que te toca vivir, eso resuelve todo. Tener un tiempo para vivir, ocupar este espacio, ni más allá ni más acá. ¿Para qué quieres más de lo que tienes? Es tan sencillo y son cosas que debieran entrar en la espiritualidad de las personas. Porque después viene la visión cósmica, como lo ves al orden. Cosmos es orden, cosmovisión es la visión del orden. Y los pueblos tienen visión cósmica, o sea según donde vivan en la montaña o en el mar tienen una mirada del mundo de tal manera. 

¿Cuáles son los territorios que comprende la Nación Diaguita y cuáles son los conceptos básicos que guían el sentir y hacer de su pueblo?

La gran Nación Diaguita en el ámbito transnacional está ubicada en el noroeste argentino, parte de Perú y Chile. Hay un principio de preexistencia, estamos antes de la colonización. Y hay una gran diversidad de pueblos como los Amaicha, los Tafí y tantos más, así como en Chile y Perú. Pero aquí en Argentina tenemos aproximadamente más de 30 comunidades y múltiples delegaciones de base. Nosotros respetamos el principio del orden cósmico que comentaba. La diversidad que tiene cada pueblo es la visión cósmica que tienen de ese orden. Entonces no nos atenemos a las clasificaciones que nos ponen los antropólogos, los arqueólogos o los historiadores, que tienen su forma de ponernos en la góndola. Nosotros sabemos perfectamente a qué correspondemos y cuál es nuestra nacionalidad originaria que no es nada científica. Esa visión de orden es la que nos permite identificar un territorio en la biodiversidad y la personalidad jurídica que tenemos como pueblo. Las características de cada pueblo en cuanto a su visión cósmica es de acuerdo al lugar que habitan, en cuanto a sus costumbres, su forma, su ceremonias. Todo es diverso en el mundo, entonces las clasificaciones que nos hace la academia crean conflictos, porque nos colocan en falsas polémicas que dicen que nosotros somos así y no existe tal cosa. Esa forma de clasificarnos, es una forma de dividirnos y de quitarnos incumbencias y de ignorar esa continuidad y contigüidad de los territorios indígenas y de las naciones indígenas. Nuestros principios son como el inicio de esta cosmovisión. 

Siempre dice que hay que defender “la idea” ¿Cuál es esa idea?

Es muy importante ahora que estamos en este momento de caos y confusión social, cultural, económica y política. De tanto que nos han dividido en estados, en provincias y naciones; en actividades, en ideologías o en religiones lo que realmente nos complica muchísimo y hace que los seres humanos compitamos por un espacio mínimo, mientras el gran sistema que gobierna todo, el sistema financiero mundial, se apodera de los territorios y de los productos que sacan de allí. Nuestro principio es básico: respetar la integralidad y la integridad de los territorios, no mutilarlos como lo que está pasando ahora y esa continuidad no se debe traicionar. Esto lo digo porque usando una falsa visión de la idea, cada comunidad o cada pueblo está firmando convenios y acuerdos con empresas de gobierno y fundaciones, y eso no corresponde porque hay principios básicos que son de todos los pueblos originarios del mundo, del planeta, porque en realidad la continuidad y la contigüidad de la vida indígena abarca todo el planeta, entonces toda apropiación de su saberes, de su intelectualidad, de su espiritualidad, de sus instituciones atenta contra esa unidad. Por eso es que hay cuestiones que no deben ser sometidas al consentimiento de las comunidades porque ya están resueltas por los convenios como el 169 de la OIT, el de la biodiversidad, cambio climático, desertificación, humedales y la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Ya están consagrados esos principios fundamentales, por lo tanto no es cierto que cada comunidad decida si va acordar con la minera, con el gobierno o el turismo. Eso ya no está en discusión, no se puede atentar contra esa continuidad, contra esa colectividad e integralidad. Además, es un principio fundamental del derecho territorial transgeneracional porque este tiempo lo vivimos nosotros pero no es nuestro.

¿A quién pertenece?

El futuro es de los seres vivos que todavía no han nacido. Hemos llegado hasta aquí, en esta maravilla que hoy llamamos naturaleza, Madre Tierra o Pachamama arrancó de los cuatro elementos sagrados de la vida y cada uno en su exacta proporción y armonía. Sin ellos es imposible la vida. Entonces quién no defiende los cuatro elementos no es originario, no importa si tiene o no personería, si es reconocido o no por el estado. Lo importante es que defienda el territorio contra el intento de patrimonialización. El territorio indígena está en riesgo por la creación de figuras de áreas protegidas, bosques nativos, parques nacionales y un montón de figuras que van transformando y haciendo patrimonio los territorios que son de los pueblos. Esto es lo que pasó y lo que está pasando en la Quebrada de Humahuaca, lo que pasa ahora en el Parque Nacional Aconquija, lo que está pasando en la Patagonia, lo que está por pasar con el Parque Nacional Famatina. Son formas de apropiación y esto lo deben conocer todos, porque el ciudadano común tiene una mirada errada de esas instituciones, creen que son para proteger la naturaleza cuando en realidad son para apropiarse de nuestros territorios, para el beneficio y el placer de las futuras generaciones de la elite.

¿Cómo es posible acercarse a “La idea” en el contexto actual?

La idea se conoce sólo con recorrer los territorios y los pueblos, y no llevarse por lo que dicen los grandes medios de comunicación, que también tendrían que tener sus juicio ético en este momento porque son los grandes propulsores de las ideas de quienes dominan el mundo. Entonces, esa visión, quien realmente se dice indígena o pueblo originario la tiene que tener. Tenemos garantizar los derechos, somos pueblo en cualquier lugar del mundo, somos pueblo como hay pueblos también de otras especies, pueblos forestales, pueblos animales, microorganismos todos son pequeños pueblos y tienen sus derechos. 

Entonces, también entramos a reflexionar sobre qué es el derecho, si es adquirido o es natural, si es adquirido es porque nunca lo tuve, o sea que lo tengo que comprar o arrebatar. Si no respetamos el derecho al agua, a la vida, a la sanidad ambiental de todas las especies, ese derecho tiene que ser básico, entonces hay que reformar también el derecho humano, porque si es solo de los humanos y no lo hacemos extensivo al resto de la biodiversidad no es derecho. Pero, realmente nos estamos alejando de nuestra esencia, tenemos cinco sentidos para percibir los olores, los colores, los gustos, los tactos, las sensaciones y no lo estamos ejercitando estamos detrás de un cuadradito todo el día. Entonces se quita el vínculo, se quita el diálogo, se corta la historia, la memoria y la ancestralidad.

¿Qué es la ancestralidad?

Cuando hablamos de ancestralidad, no estamos hablando de mi abuelo ni de mis abuelos, ni de mi familia, esa es la ancestralidad del género humano. La verdadera ancestralidad es de todas las especies desde los cuatro elementos para acá pasando por los virus, los microbios, las bacterias. Todos son fundadores de la vida, no son enemigos letales de la humanidad como nos quieren hacer pensar. Los verdaderos enemigos letales son los medicamentos farmacológicos, las vacunas y todos los elementos que nos van quitando nuestra esencia y nuestra inmunidad natural.

Si vamos a plantearnos una nueva economía, un nuevo paradigma, un nuevo mundo, no tenemos que empezar a limpiar las calles, ni los cacharros, ni limpiar el baño, tenemos que limpiar nuestra conciencia, nuestro espíritu, nuestro pensamiento y sacar lo bueno, porque los procesos que hoy son llamados como “desarrollo” se utilizan para sacar utilidad de los territorios y son procesos destructivos. Toda la megaminería, millones de toneladas que son convertidas en escombros. La cordillera está demolida y ahora más con el litio. Y eso atenta contra el principio de continuidad y contigüidad no sólo de pueblos indígenas, sino también de las Naciones de Estado. En Argentina la tierra es de las multinacionales, así como el agua, el fuego, el aire y el espacio aéreo.

Empresas que son dueñas de todo.

Todo lo manejan. Entonces, ¿cómo queremos plantear un sistema económico, político, cultural que sea de los pueblos? hay que darle sentido a nuestra existencia y la tarea es muy grande, porque todo está por hacerse.  Nosotros los que somos ya ancianos que estamos en la última etapa de nuestra vida. En esta vida aquí, porque la vida continúa de otra forma, hemos tenido suficientes revoluciones del mundo por el poder. Tenemos que revolucionar la revolución a partir de los cuatro elementos y de ahí diversificar y respetar esos derechos territoriales que son la esencia de la convivencia entre las especies. Esa es la visión diaguita pero también es la de los huarpe, mapuche o de cualquier pueblo originario del mundo.

Antes nos hablaba de las nociones de espacio-tiempo. ¿Podría profundizar?

Es la clave de toda existencia: espacio-tiempo, eso es la Pachamama. Para quitarnos el drama de vivir y morir. Es el espacio que debemos ocupar en el tiempo que me toca vivir, tomar lo que necesito para vivir y compartirlo con el resto de la biodiversidad en tu tiempo, ni más allá ni más acá, ni más tarde, ni más temprano, nada se prolonga más allá de lo que corresponde. Entonces entendiendo ese concepto le vamos a quitar inclusive la dramaticidad a nuestras luchas porque todos estamos empeñados en correr a la minera, al sojero, derrocar un gobierno y si no lo conseguimos nos angustiamos y cuando lo conseguimos sube otro. Entonces vivimos en una angustia permanente.

¿Cómo se puede superar esa angustia?

Hay que luchar por la vida, por esa visión cósmica de orden, por los cuatro elementos y vivirlos, gozarlos y disfrutarlos, hay que usar los cinco sentidos que nos ha regalado esa maravillosa biodiversidad porque a partir de ellos nos descubrimos.

La maestra de nuestra cultura es la biodiversidad, la pacha. Sin árboles no hay carpinteros. No existirían sin la biodiversidad nuestras artesanías, tampoco nuestra música y poesía o gastronomía, no existiría nada. Todo eso es territorio y pertenece a los pueblos. ¿Y qué hemos hecho con los pueblos? Los hemos sacrificado para que avancen las empresas. Entonces, es momento de sacrificar a las empresas para restituir a los pueblos, para que renazcan las culturas y no las modas.

Y hay una consigna que hemos definido como vital: devolver los territorios a sus pueblos y los pueblos a sus territorios. Por eso tampoco tiene sentido el extractivismo porque cada elemento de los 79 de la tabla están puestos en su lugar exacto. Por la creación de esa biodiversidad, a su tiempo y a su forma. Así que hay muchas cosas para reflexionar. Y digo reflexionar y no debatir porque hay un grupo minúsculo de desnaturalizados, de maleducados y despachados, porque no tienen conciencia de la pacha, que manejan los bienes comunes de todo el mundo. Contra ese manejo luchamos todos los pueblos.

Esa lucha es compartida en distintos territorios.

En Jáchal, Famatina o Andalgalá. En toda la selva y en los bosques. Hay cientos de pueblos en la Argentina y miles en el mundo luchando por ese orden. Hay que escucharlos a ellos, no a los colegiados, los medios de comunicación o la academía. Cuando vemos foros, seminarios o eventos impulsados por todas las universidades, Organismos del Estado, fundaciones vemos que sobran los expositores sobre los problemas ambientales. Técnicos, científicos y legales que nos explican los padecimientos de las comunidades indígenas, pero cuando son los conflictos y necesitamos un abogado, un perito o un periodista no lo conseguimos.

¿Cómo ve la lucha hoy?

Veo a las mujeres que han salido de sus cocinas, de sus aulas o del cuidado de sus animales. Trabajadores campesinos, también docentes, algunos científicos que siguen la lucha por los cuatro elementos. Y hasta se han demonizado esas actividades. Porque la gente que deja sus hogares, sus hijos, sus actividades para luchar por estas causas nobles son tratadas despectivamente como terroristas, piqueteros, delincuentes o agitadores. A nosotros nos distingue la lucha. Eso es lo que nos da la identidad. Si yo me declaro indígena para la cámara de televisión, para los medios, para la foto de los actos o las mesas de diálogo no tiene ningún valor, el valor está donde están los pueblos. Somos muchas las personas que hemos dormido a la orilla de la ruta, algunos incluso judicializados, criminalizados, que se enferman y mueren a causa de ese estrés. Tengo muchos hermanos en cada rincón donde se lucha y que han estado presos y que hoy están enfermos pagando ese precio para que señores privilegiados de cuerpos colegiados sancionen leyes, normas, ordenanzas impunemente en contra de los pueblos, entonces ¿Hasta cuándo lo vamos a permitir? Por suerte estas manifestaciones están llegando, de a poco, a donde tienen que llegar. Quiénes los escuchen tienen que tomar una resolución así: ¿Qué estética voy a respetar? porque todo esto tiene una cuestión estética que para nosotros tiene mucho valor para el buen vivir.

¿Cómo se expresa esa estética?

Porque si la estética a la que adherimos es una estética natural, respetando ese orden, esa cosmovisión no tenemos ninguna posibilidad de dañar el entorno, ni siquiera ser ni bueno ni malo, sino ser natural. Esa estética es la que respetamos y debemos tomar para nuestro sustento, como multiplicamos la semilla, como ven aquí estas plantas están porque las dejo, porque las siembro y porque vivo con ellas que vienen de mis padres, de mis abuelos. Ese concepto de respetar el entorno y no destrozar todo para fragmentarnos por el confort, el lujo, la fama de la farándula y ese jolgorio internacional del pudiente que ofende al ser humano como tal. Quienes responden a ese accionar es porque son adherentes a esa otra estética artificial de los seres humanos y tienen todas las posibilidades de ser corruptos, genocidas, ecocidas, homicidas impunes. Porque si uno se pone a observar en realidad universalmente e históricamente hay tres leyes que gobiernan ese llamado “desarrollo”. Nunca nadie la legisló, nunca se las aprobó, protocolizó, ni las promulgó, pero se cumplen.

¿Cuáles son?

La ley del arrebato, voy, tomo un territorio, un bien, una vida, una libertad y lo hago mío. Se complementa con la ley del distraído, del que mira y se da vuelta. Y tiene su complemento con la ley del olvido, la impunidad. Esas tres leyes rigen la humanidad, rigen su llamado desarrollo y modernidad. Falsos héroes que fueron grandes escocidas y genocidas de la humanidad, que hoy vemos en los nombres de las calles, de las plazas o son referencia histórica, todo porque protocolizan un poder. Porque la historia la hacen y la construyen los pueblos y de ahí nacen las culturas pero lamentablemente las narran historiadores, arqueólogos, antropólogos, políticos. Y de ahí nace la  política, el relato que nos hace y sigue relatando impunemente, porque como no la informamos, no educamos bien a los niños desde cuna diciéndole cuáles son sus ancestros, qué son los cuatro elementos, hablándole del territorio, de los derechos territoriales, de todo esto que hablamos como cultura de los pueblos vamos a seguir siendo autómatas, complementos del sistema.

¿Qué piensa del futuro?

Espacio y tiempo, Pachamama. Estas palabras resumen todo. Nosotros pasamos, transitamos y esa memoria se va desarrollando sin la participación del ser humano. No creamos que porque el ser humano se corrompió el futuro es malo. Toda esa memoria sigue guardada en las plantas, en el agua, en el aire, en el espacio y en el tiempo.  Por eso cuando veo las perspectivas de la agenda 2030 que dicen que para ese año el 30 por ciento de las áreas planetarias va a estar “protegidas” ¿Protegidas de quién? ¿de qué? Que aceptemos semejantes desvíos de la dialéctica del desarrollo que pone miles de millones de dólares para proteger áreas cuando en realidad, si queremos restaurar los ecosistemas, el ambiente y la vida natural, lo que menos necesitamos es plata. Es nocivo, dejemos a la biodiversidad, dejemos al ser humano que se interrelacione y realice el intercambio natural. Se va a regenerar solo, así que todo ese discurso oficial es el que hoy no tiene, no tiene futuro.

Así que el futuro va a depender de lo qué captemos de la idea y cuál es la idea que nos seduce. Cuando hablamos del futuro tengamos bien en cuenta de qué futuro estamos hablando, si el futuro de la humanidad o el futuro de la vida, el de la vida está asegurado, el de la humanidad no sé. 

Y bueno, el solo hecho de que hemos hablado aquí en Tafí del Valle a cuántos kilómetros de la capital y que ustedes que andan por todos lados, escuchan voces parecidas, conceptos  parecidos, enfoques similares, se darán cuenta que la idea sigue adelante. Claro, ahora nos han quitado las posibilidades de viajar. Físicamente porque económicamente y financieramente no están reventando, pero no viajan los cuerpos, están viajando las ideas. 

¿Qué piensa de la vida?

Amamos la vida. Porque la vida está a 6000 metros arriba de una montaña o en lo profundo del mar. Y en cada elemento que están puestos el litio, el oro, la plata o el petróleo, el agua está puesta ahí cumpliendo una función de integralidad y de integridad, de continuidad y de contigüidad que se complementa para que haya vida, si yo las reviento vamos a estar interfiriendo gravemente en esa integridad. Así que bueno, futuro infinito. Lamentablemente el hombre tiene muy limitada capacidad de dar vida, las plantas y los animales dan vida a cada instante, nosotros somos tomadores de vida, cuando respiramos, tomamos alimentos. Yo veo esa planta que me da alimento y la cuido porque sé que debo respetar su autoridad, esa capacidad para dar vida y la tengo que cuidar. En nuestro cuerpo están los 79 elementos, le devolvemos a la vida esos minerales cuando morimos.

Ese es el concepto: soy semilla. Y somos sembradores, o debiéramos serlo. Ser semilla es dar, devolver, transmitir ideas. Amor con fraternidad, complementariedad, solidaridad. Eso es ser semilla, eso es lo que somos y hacemos los pueblos originarios.

*Esta entrevista es una producción periodística colaborativa entre Marcha, Sala de Prensa Ambiental y Revista Cítrica.

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Por Luz Ailín Báez / Foto por Julieta Colomer *

“Hermanas. Estamos llegando al final de este recorrido de casi 2.000 kilómetros. Hoy nos está abrazando la lluvia. No es cualquier lluvia. Es la lluvia que en nuestro pueblo se interpreta como fuerza de limpieza. No es la lluvia que nos empuja con fuerza a escondernos sino que nos invita a salir a limpiarnos. Estamos agradecidas porque hoy la fuerza del cosmos, la fuerza de la naturaleza se está expresando. Aquí con nosotras están llegando millones de personas de todo el mundo que a lo largo de estos últimos tiempos han perdido sus seres amados por culpa del terricidio, por todos los muertos y las muertas que esta pandemia se ha llevado. Por todos los muertos y las muertas que el extractivismo ha arrancado. Por todas nuestras muertas violadas y asesinadas. Por toda la niñez que se muere de hambre, desnutrida. Por cada animal, cada planta, cada ser que fue arrancado por este maldito sistema economicista, depredador. Este sistema de muerte, ha venido la lluvia a limpiarnos, a limpiar el odio la indignación y la rabia para convertirla en fuerza y coraje, a limpiarnos del miedo, lo principal que ha inoculado este sistema. Tenemos la responsabilidad histórica de generar una revolución mundial que detenga el terricidio. Hoy la lluvia nos da la bienvenida”.

Hace frío pero el calor de sus palabras tornan cálido cualquier lugar. Quizás ésta- y no la entrevista que leerán- sea la imagen que mejor la pinta de cuerpo y alma.

WEICHAFE.
Ella es Moira Millán, weichafe mapuche, integrante fundadora del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. Nacida en El Maitén- departamento Cushamen a orillas del río Chubut- en Agosto de 1970 y en el seno de una familia evangélica, Moira Millán se preparaba para ser, quizás, una pastora. Sin embargo, a los 18 años fue a visitar a unos tíos abuelos a la comunidad mapuche de Futa Anekón, cerca de Ingeniero Jacobacci, Río Negro, y participó de una ceremonia ancestral donde terminó asumiendo su identidad y abrazando la lucha ancestral originaria: “Llegué justo antes del Kamarikún– una ceremonia bellísima de 4 días que se hace anualmente, donde se le hace ofrenda a la tierra y se repacta la convivencia armónica con ella. Se enciende el fuego sagrado y durante 4 días purruqueamos, danzamos y cantamos alrededor del fuego sagrado, le hablamos a los elementos a través del mapundungún, compartimos los alimentos, dormimos a la intemperie en ramadas, nos encontramos con amigos de otras comunidades, con las lamngen [hermanas] de todas las comunidades, hablamos las noticias. El último día recordamos a los muertos y lloramos. Cuando empieza a llover (porque si se hace bien la ceremonia, siempre llueve) traemos a los recién nacidos y danzamos alrededor del fuego sagrado con ellos, como un bautismo de la tierra. Somos tierra. Recuerdo, a mis 18 años, encontrándome con mi pueblo a través de esa espiritualidad. Después fue caminar la cultura, la lucha política, territorial. Y en esto estoy. Fue un camino de ida el encuentro con mi pueblo”, recuerda Moira hoy con 50 años. A lo largo de toda la entrevista, Moira Millán traducirá de forma casi automática cada una de las palabras del mapuche al español.

Tenía 30 años cuando asumió su condición de weichafe [guerrera] durante otra ceremonia ancestral presidida por un machi [curandero]. Llegaba a esa instancia con “todo un caminar”, una deconstrucción y reconstrucción identitaria impactante: A los 18 años había asumido su identidad mapuche, a los 21 años empezó a luchar y a los 29 estaba participando activamente en una recuperación territorial, con tres hijos a cuesta.

“En el año 1999 fui parte con mi madre y hermanas de la recuperación territorial del [actualmente denominado] Lof Pillán Mahuiza. En su inmensa mayoría fuimos mujeres las que lo recuperamos ese territorio. Fue sustancial el cambio de haber asumido mi condición de weichafe espiritualmente porque empecé a confiar, no tuve dudas”.

En sus redes sociales e intervenciones en eventos sociales y mediáticos, Moira se presenta como weichafe mapuche y contextualiza la razón: “El mundo mapuche- y el mundo indígena en general- se estructura de una manera muy diferente a la sociedad colonial. Las repúblicas coloniales ordenan su vida política y social de acuerdo a una estructura que tiene que ver con la meritocracia, la construcción de líderes y referentes, construyendo siempre un poder vertical. En el mundo mapuche nos ordenamos a partir de la tierra, de la mapu, que tiene espíritus que van diciendo cuál es tu newen, cuál es tu fuerza, la que te habita. Entonces hay personas que nacen como hombres o mujeres-medicina. No estudian para ser machi [médique/curandere], nadie los vota para eso.

Nacen siendo machi. Y encontrándose con esos püllü, esos espíritus de los que te hablo, asumen su newen, su fuerza de machi. Los longkos [líderes espirituales y políticos] no son elegidos por voto, no van a estudiar a la facultad para ser longkos. Nacen con espíritu de longkos. Y finalmente asumen el rol q les corresponde. Weichafe [guerrera, luchadora], tampoco se entrena, se estudia o se “llega” por voto. Nacés siendo weichafe. Yo nací siendo weichafe. El espíritu se me reveló a través de una ceremonia de machi cuando era joven y me explicaron que todos los peuma, todos los sueños que me llegaban cuando descansaba y me traían información y me indicaban a dónde tenía que ir y qué es lo que iba a pasar, era porque yo era weichafe y un espíritu muy antiguo vive en mí y me lleva por estos caminos de la lucha. A veces voy a lugares terribles, donde hay tremenda violencia, misoginia, múltiples opresiones, injusticias que son inenarrables de tanto dolor. Podría elegir quedarme pero mi espíritu se enfermaría. Entonces tengo que obedecer. Asumí mi condición de weichafe. Y no es fácil porque también soy mamá y ahora abuela”.

¿Qué tuvo que ocurrir para que empezaras a caminar y finalmente te aceptaras como mapuche?

Yo era un subproducto del proceso de argentinización- un constructo político social- al igual que todos los indígenas en este país. Se me había enseñado de muy pequeña que yo era argentina, que mi idioma era el español. Cuando era chiquitita, uno de los seres que más amé en la vida fue mi abuela materna. Ella venía a visitarnos y venía vestida de mapuche y hablaba mapundungún [mapuche] y aonikash [tehuelche] también, porque ella era mapuche tehuelche. Y me enseñaba a cantar. Yo cantaba mientras la hacía caminar, porque ella era cieguita. Y en la escuela me enseñaban que habían matado a todos los indígenas de todos los pueblos y no quedaba nadie. Y todos mis compañeritos eran descendientes de inmigrantes. Y cuando armaban los grupos de trabajos escolares, yo no los quería hacer en mi casa para que no vieran a mi abuela. Yo ocultaba a mi abuela, me daba vergüenza y eso me dolió como un puñal cuando fui más grande porque pensaba ¿cómo puedo estar negando al ser que más amo y admiro? Fijate la perversidad del Estado hegemónico racista que lleva a una criaturita de 8 años a negar al ser que más ama sólo porque hay un discurso racista enquistado en el modelo educativo. Entonces ahí empecé a rebelarme contra eso.

CAMINAR.
Moira plantea el proceso de asumirse como mapuche como “caminar la lucha de la nación mapuche hacia la libre determinación”. En 2011 empezó a filmar un documental con Florencia Copley: “Pupila de mujer, mirada de la tierra”, un documental que cuenta su historia como mujer mapuche que va al encuentro de otras mujeres de pueblos originarios, recorriendo la Argentina. “Fue muy fuerte para mi ir a los territorios, escuchar los testimonios de despojos, de violación, de violencia racista machista hacia las mujeres indígenas de todo el país. Ahí me di cuenta que nos teníamos que organizar”. Tras varias reuniones entre mujeres hermanas, surge la idea de armar una marcha hacia Buenos Aires “para dar visibilidad de nuestra existencia como mujeres indígenas y emplazar la agenda que nosotras creíamos que era urgente y necesaria”, explica Millán, fundadora e ideóloga del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir.

ANTRIPATRIARCAL.
Millán describe al Movimiento como hermoso y autogestivo. “No le pedimos ni un centavo al sistema, ni al empresariado ni a los gobiernos. Completamente autónomo. Funcionamos con la solidaridad y el amor de la gente que apoya nuestro caminar. No somos feministas. Somos un movimiento antipatriarcal, anticlerical. Un movimiento horizontal, plurinacional que busca la unidad de los pueblos hacia el Buen Vivir”. Ante la sorpresa de quien suscribe, explica por qué no se definen como feministas: “En este caminar que estamos haciendo, venimos replanteándolo todo. Decimos: no se puede hacer una lucha antipatriarcal si no es anticolonial, antirracista. El feminismo es una construcción antropocéntrica de la lógica huinca [blanca, europea] del otro lado del charco. Esta lógica huinca entiende el problema del patriarcado como un problema de poder, como un problema de equidad social, de género. Nosotras entendemos el patriarcado como un aspecto más del coloniaje huinca. Antes de que llegara el Estado huinca y esa cultura de afuera había un reconocimiento de múltiples géneros, porque el mundo espiritual mapuche y el mundo espiritual de los pueblos originarios es tremendamente profundo y no binario. El binarismo lo trajo la colonialidad. Si asumimos la identidad o categoría feminista, reducimos un montón nuestra visión como mujeres indígenas. Y al contrario: el feminismo debería ser permeado por nuestra lógica, porque ahí aparece una cuestión muy importante que es el ordenamiento espiritual de las fuerzas de la tierra que nos habita”. Y agrega: “Cuando nosotras decimos que somos cuerpo territorio no es poesía, es verdad. El territorio nos habita. El territorio tiene un ecosistema espiritual sumamente complejo, vastísimo, con una diversidad de fuentes distintas, que habita nuestras cuerpas. Y entonces somos lo que el territorio decide. Y ahí ya la lógica antropocéntrica se va al carajo. Y ahí ya no hay manera de poder explicarlo desde las estructuras racionalistas de esta matriz civilizatoria. Nos quedaríamos siempre cortas: si fuéramos ambientalistas nos quedamos cortas, si fuéramos feministas nos quedamos cortas. ¿Qué somos? Somos mujeres indígenas y proponemos la recuperación del orden cosmogónico, la feminización cosmogónica, que es mucho más trascendente que el poder feminista: estamos hablando de restituir la fuerza femenina de la tierra, de los espíritus de la tierra, a todo el orden social, político, cultural, biológico incluso.

Estamos hablando de otra cosa más fuerte y más poderosa. Ancestralmente todas las mujeres del mundo teníamos fuerzas ancestrales que nos traían videncia, capacidad de traslación, éramos mujeres-medicina. Era impresionante el poder. Planteamos la Cordillera No Frontera con la cuestión del derecho a la medicina no ancestral, con el derecho a abortar, el derecho a parir, a sanar. Por eso hablamos de la libre determinación de nuestras cuerpas y que el aborto queda secuestrado entre el método quirúrgico y el método químico, con lo cual seguimos alimentando a los grandes laboratorios y al comercio de la medicina y no reconocen los sistemas alternativos naturales como el de la medicina indígena y la homeopatía, sin embargo eso no entra en debate porque estamos hablando de costos ínfimos, y ya no sería un negocio, sería un derecho. Entonces se legisla sobre los potenciales negocios, no sobre los derechos. Eso es un debate que quedará pendiente pero sería bueno que lo recojan las mujeres en general que se sientan identificadas con estos que decimos y que nos ayuden a caminarlo y que puedan multiplicarlo en otros frentes. Hubo que dominar ese poder para que el patriarcado se impusiera. Ese poder habitando las cuerpas de las mujeres resultaba sumamente amenazador para el poder del hombre. El feminismo no quiere recuperar eso, quiere seguir analizando el problema desde el reduccionismo que el patriarcado le permite”.

-En febrero de 2020 el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir organizó el primer campamento climático llamado “Pueblos contra el terricidio”, en el territorio que ustedes recuperaron hace ya 21 años, el Lof Pillán Mahuiza. ¿Cómo llegaron a esto?

-Caminando los territorios. Tardé casi 3 años en recorrer todos los territorios de todo el país. Desde Ushuaia a la Quiaca. Es un movimiento sin precedentes en la Argentina: somos las mujeres indígenas organizadas y estamos en todo el país. En el 2015 hicimos la primera gran marcha [hacia el monumento a Julio Argentino Roca en Perú al 100, y luego al Congreso Nacional] con 15 mil personas que participaron. Luego realizamos una ocupación pacífica del Ministerio del Interior en octubre de 2019. Y en febrero de 2020 se hace este campamento climático, en los 20 años del aniversario del Lof Pillán Mahuiza. Fue un salto importante para el Movimiento de Mujeres Indígenas porque ahora tenemos proyección internacional. Empezamos a invitar compañeres de todo el mundo para emplazar el concepto terricidio como un crimen de lesa humanidad y lesa naturaleza e hicimos nacer allí al movimiento de Pueblos contra el Terricidio.

-¿Qué es el terricidio?

-El terricidio es la síntesis de todos los mecanismos de muerte que encontró el sistema para arrancar la vida del planeta. Implica una visión tridimensional: no es solamente el espacio tangible, es decir los ecosistemas, sino también los humanos como pueblos habitando los ecosistemas, y también la cultura que emana de ellos, el ecosistema espiritual. Entonces decimos: el terricidio es la síntesis de los genocidios, ecocidios y epistemicidios. Y el epistemicidio lo planteamos como algo estructural: en la lógica de entender “el arte-habitar de los pueblos indígenas” aparece el mundo perceptible, el mundo espiritual como algo estructurante de la vida. Entonces decimos: cuando se asesina la tierra, se asesina también los lugares sagrados y con él, los idiomas, las formas de ceremoniar, las formas de hablarle a la naturaleza, se está asesinando una alternativa de vida en el mundo. Y eso es gravísimo. La gente dice: ¿por qué inventan una palabra si ya existe el término ecocidio? Porque ecocidio queda corto. Y es importante darle la dimensión que verdaderamente tiene.

-¿Que es resistir para vos?

-Rita Segato me hablaba de un compañero de ella que decía Resistir y Re Existir. Resistir es vivir porfiadamente. Es arrancarle al enemigo nuestro derecho a vivir. No hay mejor expresión de triunfo frente al enemigo que nos ha querido exterminar, que estar vivos. De eso se trata nuestra lucha contra el terricidio, con desesperación por la vida. Por abrazar la vida y abrazar con mucho fuerza el modo de entender la vida que tenemos los pueblos indígenas. Eso es resistir. Cuando vamos a recuperar territorio estamos resistiendo. Nos resistimos a la muerte. Abrazamos la vida. Cuando luchamos porque se reconozca nuestro derecho a la salud desde nuestras plantas, nos resistimos a morir con los fármacos y con toda la contaminación del huinca. Abrazamos la vida cuando decimos no a los modelos productivos extractivistas, contaminantes y sembramos la tierra y tratamos de compartir los alimentos de otros lugares. Abrazamos la vida y resistimos todo el tiempo. Incluso cuando nos descolonizamos de las religiones opresoras y cuando expresamos nuestra verdadera espiritualidad. Resistimos cuando tenemos peumas [sueños] y nos juntamos en círculos, contamos nuestros sueños y sabemos que son oráculos en nuestro espíritu. Orgullosas de nuestras ancestras que murieron para que hoy estemos acá, vivas. Por eso entiendo lo de Vivas Nos Queremos, más que el Ni una menos.

* Publicada originalmente en Mundo Lesa

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Por Vivian Palmbaum / Fotos por Juli Dorin y Julianite / Diseño: Ivan Barrera

La voz “chaco” proviene del quechua (“chacu”), que significa lugar de cacería, y hace referencia a la riqueza faunística de la zona. La provincia que lleva ese nombre es parte de una región más amplia que abarca Brasil, Paraguay, Bolivia y Argentina.

Desde hace unos 5.000 años, es una tierra habitada por los pueblos Tobas, Mocovies y Wichí entre los más destacados.

La población de la provincia de Chaco está compuesta por una gran cantidad de pueblos indígenas que, expulsados por el corrimiento de la frontera agrícola, tuvieron que migrar hacia las áreas periurbanas, donde viven en condiciones de pobreza y hacinamiento. Según el último censo de 2010, en la provincia 4 de cada 100 habitantes es indígena o se reconoce como descendiente de pueblos originarios.

En la provincia de Chaco conviven distintas realidades para las comunidades. Por un lado, la del interior de la provincia, donde son reprimidas y arrasadas para apropiarse del territorio y, por otro, en el cordón que rodea a las ciudades más importantes -como Resistencia-, donde se organizan conglomerados de gran precariedad.

Racismo institucional

En las áreas periurbanas, las violencias policiales contra las familias Qom se repiten. Hace pocos días, al grito de “indios infectados”, una familia recibió un feroz ataque de policías que la roció con alcohol para prenderle fuego. Si bien los integrantes de las fuerzas ya fueron identificados, parece haber un patrón estructural en la repetición de estos graves hechos que no cesan. Por este motivo, el Comité Nacional de Prevención de la Tortura también tomó intervención.

Esta repetición se denomina “racismo institucional”. Según las palabras de Alejandro Mamani, abogado y activista de derechos humanos e integrante del Colectivo Identidad Marrón.

Mamani explica que el “racismo institucional se plantea con el acceso diferenciado a los derechos legitimados por el Estado. Si bien desde el Poder Legislativo se planteó una igualdad jurídica -todas y todos somos iguales ante la ley- es distinto el tratamiento que se recibe porque sabemos muy bien que el acceso a la salud, a la justicia, a la educación, está delimitado por nuestro origen étnico, muchas veces por nuestro color e incluso por el lugar social de donde provengamos. Creemos que una de las variables que no ha sido analizada en el contexto latinoamericano y en la Argentina en particular es la variable de racismo”.

Mamani detalla que cuando se habla de violencia contra comunidades indígenas “también hablamos de racismo a nivel estructural porque este planteamiento de impunidad constante respecto a las comunidades indígenas no solamente se plantea desde una cuestión como la violencia, sino que en la búsqueda del acceso a la justicia y de resolver estos conflictos el Estado da una respuesta tardía que termina siendo una no respuesta, inclusive favorece la impunidad. Por eso en muchos otros casos la impunidad de acciones violentas contra comunidades originarias por parte de población criolla referida a parte del gobierno, inclusive violencia institucional por parte de agentes policiales, lo que termina haciendo es afirmando esta separación implícita de lo indígena como un mundo aparte y marginal”.

A pesar de que las comunidades indígenas tienen sus derechos garantizados, y más desde la reforma constitucional de 1994 donde, detalla Mamami, “se declaró la propiedad comunitaria, reconocimiento de su lengua, el deber de ser escuchados, el tener garantizado una justicia de calidad con traductores en el caso que corresponda; creemos que estas son las prácticas concretas que terminan visibilizando esta falta de realidad en la ley. Es decir, hay una igualdad jurídica y en la realidad, no”.

Caravana en apoyo al acampe Qopiwini

La pandemia al acecho

El Chaco fue una de las provincias más afectadas inicialmente por el coronavirus, con unos 4606 casos y 188 muertes, una cifra que se va modificando a medida que pasan los días. En el Gran Resistencia la situación es muy compleja. Desde Marcha consultamos a Charo Alcide, integrante de la organización social Mujeres Clasistas Combativas en el Chaco (MCC) para conocer en profundidad el estado de los pueblos originarios respecto de la pandemia.

”La situación de pobreza, discriminación, opresión y represión de estos pueblos se ha incrementado. Durante la pandemia, sufrimos situaciones muy graves. La policía salía a la cacería de los integrantes de los pueblos originarios. Los corrían en las camionetas con balazos de goma. Todo lo que tenía que ver con el reclamo por la libertad de esos compañeros se hizo muy engorroso, porque nadie atendía por ningún lado´”, explica Alcide.

Y agrega que esas personas “siguen detenidas en distintos lugares por el solo hecho de salir a buscar el sustento diario, el pan; lo que hace falta en esta pandemia donde todo se ha complicado impresionantemente”.

Pero más allá de la pandemia actual, Alcide afirma que “todo intento del pueblo de poder juntarse siempre ha sido reprimido por el gobierno del Chaco. El manoseo constante es histórico y se sufre por ser originario, por ser mujeres originarias y por ser pobres. Es una situación que no nos cabe ya en definiciones porque todo se ha dicho en los últimos tiempos”.

Respecto de las acciones concretas que llevó adelante el gobierno ante la situación que despertó la pandemia y el respectivo aislamiento, explica que “si bien es cierto que ha asistido con mercaderías a algunos pueblos y barrios de Resistencia, donde hubo un brote muy grande del Covid 19, eso duró un tiempito. Después, todas las promesas que hizo el gobierno están haciendo agua y ya las comunidades y los pueblos originarios están saliendo nuevamente a manifestarse en las inmediaciones de los lugares y sus territorios”. Incluso, Alcide apunta a los fondos que se destinan, que no fueron actualizados: “El gobierno no se puede seguir manejando con los presupuestos de 20 años atrás, porque nacieron cientos y cientos de pueblos originarios que hoy ya tienen familias con hijos y que, al ser parte de las grandes villas y asentamientos de Gran Resistencia, viven de una manera deficitaria y en pleno hacinamiento que no se puede sostener”.

Ser originaria, ser mujer

Otras de las problemáticas que surgen es cómo sufren las mujeres las violencias continuadas desde las instituciones, mientras son quienes organizan las respuestas cuando el Estado decide ausentarse. Así lo contó Charo Alcide: “Hay una cosa que es terrible que es el trato que les dan a las compañeras originarias desde las instituciones. Por ejemplo, compañeras originarias que están llevando adelante comedores con mucho esfuerzo, ollas populares y el gobierno no atiende los teléfonos, no les da respuesta, pero siguen haciendo tremendo sacrificio para llenar las panzas. Y lo hacen llevando adelante actividades de donaciones, venta de empanadas, de lo que sea”.

Por otra parte, también explica Alcide: “las compañeras originarias siguen viviendo todo tipo de violencia. En el Gran Resistencia sufren a la par de las compañeras criollas eso de ir a las comisarías y que nadie las atienda o que les cajoneen y nunca más sean solucionadas sus denuncias”.

Para las comunidades originarias la relación con el territorio es inherente a su modo de vida. Desde el Centro de Estudios e Investigación Social “Nelson Mandela DD.HH.”, organización no gubernamental de Derechos Humanos de Chaco, que cerró tras el fallecimiento de Rolando Núñez, explicaban que el conflicto de los pueblos originarios y de la tierra aparecen asociados porque el problema de la tierra y el agua es la esencia del problema indígena: “el problema del indio es, en último análisis, el problema de la tierra”, afirmaba José Carlos Mariátegui en 2009. La tierra fue y será el principal reclamo de las diferentes naciones indígenas entendida como entidad colectiva y propiedad cultural no ligada a la lógica individual y económica.

Defender a la comunidad y el ambiente:

Guardia Comunitaria “Whasek” Wichi

“Whasek” es el vocablo wichi que designa al escuerzo, un sapo grande del monte que “siempre está en su mismo lugar y ante cualquier ataque se aferra dentro de su territorio”. Así lo explica Fabián Ariel, vocero de la Guardia Comunitaria “Whasek” Wichi del Chaco. Las actividades de la Guardia comenzaron a finales de 2018. La iniciativa colectiva tiene su base principal en El Sauzalito, y otras dos bases en las localidades de Techat y Fortín Belgrano. Se ubica en la zona del Impenetrable, donde habita el pueblo wichi y se interna el espeso monte chaqueño que lucha por sobrevivir a la tala de árboles y donde especies como el yaguareté, el oso hormiguero, el tapir, el chancho quimilero y el tatú carreta, entre otras, se encuentran en peligro de extinción.

El Impenetrable esta bordeado por cinco pueblos principales: Miraflores, Nueva Pompeya, Fuerte Esperanza, Wichí y Sauzalito; todos pertenecen al Departamento de Güemes.

La mayoría de las comunidades indígenas viven en reservas comunitarias ubicadas en las inmediaciones de los pueblos. Las más importantes y cercanas al Parque son:

• Reserva de Nueva Población (wichí): 1.500 hectáreas lindantes al Parque. Es el único paraje vecino donde conviven wichís con criollos.
• Reserva de Nueva Pompeya (wichí): 20.000 hectáreas lindantes al Parque en la zona del pueblo que tiene el mismo nombre.
• Reserva Meguesoxochi (qom): 150.000 hectáreas ubicadas a 10 km del parque, hacia el Sur.
• Reserva Mowitob (qom, mocoví y wichí): 308.000 hectáreas que el Gobierno cederá a qom, mocovíes y wichís como compensación del daño por la Campaña del Desierto, que también tuvo su accionar en el Chaco.

Al menos unos 400 hombres y mujeres wichis, desde los 17 años, integran la Guardia comunitaria para defender un territorio que abarca aproximadamente unas 150 mil hectáreas.

La pelea que llevan adelante desde la organización tiene que ver con un reconocimiento oficial que les permita accionar sin ningún tipo de trabas ni hostigamientos. Por eso, detalla: “En un principio nos dieron una resolución del municipio y ahora tenemos la resolución provincial de julio pasado, donde reconocen la guardia comunitaria ambiental. Así, logramos que se nos mire, se nos escuche, y se constituya un nuevo orden de cuidado territorial como será nuestra guardia comunitaria ambientalista. Ahora lo que pretendemos es un decreto, que nos parece que nos da mayor reconocimiento. Más adelante vamos a pelear por una ley de seguridad indígena”.

En ese sentido, el vocero reflexiona sobre “la enorme responsabilidad de seguir caminando un sendero único en el país, la existencia de un pueblo wichi organizado en el cuidado y conservación de su territorio mediante nuestra guardia comunitaria ambiental”. Y se pregunta, y nos pregunta: Si Parques Nacionales puede cuidar los parques, nosotros, que somos los dueños de las tierras, ¿por qué no podemos cuidar nuestras tierras?”.

Es que en el Impenetrable, el conocimiento del territorio es fundamental. Y con eso se relacionan los trabajos Entre las funciones de la guardia comunitaria están las de tratar de detectar situaciones que pasan dentro del territorio como incendios, tráfico ilegal de maderas, de animales o drogas, entre los más importantes. Ariel cuenta: “por ejemplo hace poco se perdió una persona y se logró encontrar”. Y agrega que el trabajo que realizan “es ad honorem, no tenemos sueldo, los muchachos sienten la necesidad del territorio, por eso ellos se comprometen en velar por el territorio”. Sin embargo, a pesar de la actividad amorosa y de cuidado que desarrolla la Guardia para proteger el territorio y a la comunidad que la habita, sufren hostigamientos: “ante alguna situación que pasa en nuestro territorio se alerta, y eso por ahí molesta”. Uno de los mayores obstáculos que se repite son las relaciones con el Estado, a través de las fuerzas de seguridad, el poder judicial y hasta los medios de comunicación que vienen criminalizando la defensa territorial.

“Seguiremos avanzando para velar por nuestro territorio”

La tan mentada inseguridad por parte de las empresas de comunicación se refleja de manera muy diferente en este territorio: “En las 150 mil hectáreas tenemos distintas reservas indígenas, con título de propiedad. En 2018, salieron 100 mil hectáreas que también las luchamos porque le corresponden al pueblo wichi, de la Gran Reserva que también estaba en conflicto. Lo que nos preocupa es la inseguridad que puede afectar a nuestras próximas generaciones”.

Una de las explicaciones que agrega el vocero es que las comunidades están en una zona limítrofe con Formosa y Salta: “por ahí está la entradera del narcotráfico, la madera, hojas de coca; es un pasadero. Estamos sobre las orillas del río”.

En el mes de mayo, esas mismas empresas de comunicación realizaron una campaña en su contra “acusándonos de violentos, paramilitares y tantas otras mentiras. Buscando generar en la sociedad un rechazo hacia el proceso que venimos andando como Guardia en defensa de nuestros montes y de nuestra cultura. Presionando para que la justicia y el poder ejecutivo provincial actuara con urgencia para resolver ‘el problema de la guardia Whasek’. Las consecuencias fueron que varios hermanos wichi fueran imputados por resistencia, atentado y usurpación de autoridad y amenazas agravadas por el uso de arma de fuego”, detalla Fabián Ariel. Pero, no todo se mide con la misma vara: “Vemos que se llevan madera día y noche. Nadie ve eso y no le dicen que son criminales, en cambio nosotros que queremos proteger cuidar a nuestros pueblos nos tratan de criminales cuando realmente no es así”.

Greenpeace es una de las organizaciones que más visibilidad le está dando a la tala ilegal de bosques, que en varias provincias, como Chaco, no ha cesado ni en tiempos de aislamiento social. El desmonte que destruye los bosques, la fauna y empobrece la tierra está ligado al negocio maderero, pero también se realiza con fines de extender la frontera agrícola; es decir, instalar y expandir el monocultivo sojero.

Respecto de esas alertas, Ariel cuenta que la policía y el intendente pidieron la colaboración de la Guardia para ayudar a controlar quién entrara y saliera en los ingresos del pueblo y también a controlar que a quienes les diera positivo del Covid se quedaran en sus casas.

Sin embargo, a pesar de que la resolución reconoce que el trabajo de la Guardia se articula con la policía, sufren situaciones de hostigamiento por parte de las fuerzas de seguridad. “Ellos no aceptan”, explica Ariel. Y continúa: “Anteanoche tumbaron la barrera de la guardia, insultaron, dijeron cosas feas, hubo amenazas, pero no respondimos. Creemos que esa no es la manera de los funcionarios policiales. Padecemos la persecución y el hostigamiento, estamos discriminados, pisoteados, no quieren reconocernos cuando en realidad nosotros fuimos a pedir al gobierno para que nos dé la facilidad de velar nuestro territorio. Siempre lo hemos aguantado, siempre hemos callado”.

Pero ese silencio no es pasividad, y detalla: “Se prestan mucho fiscales como otros funcionarios para criminalizar a un pueblo milenario que busca el bien y los criminales son los que andan dentro de nuestro territorio con la droga, con el alcohol, cosas perjudiciales para un pueblo y futuras generaciones. Estamos en la mira de los jueces y de los fiscales. La justicia debería estar con las cosas que son delitos”.

Para cerrar Fabián Ariel teje lazos con otras comunidades defensoras y reafirma la acción de la Guardia: “Vemos en otras comunidades también por ser los defensores, por ser quienes llevan la protección de un pueblo de una comunidad o del medio ambiente se los empieza a perseguir como sucede con los mapuches. Seguiremos avanzando para velar por nuestro territorio”.

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Por Nicolás Boeglin *

El pasado 8 de junio, dos mecanismos no convencionales de Derechos Humanos de Naciones Unidas externaron su profunda preocupación por el hecho que los casos de asesinatos de líderes indígenas en Costa Rica se mantengan impunes: se trata de la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos (véase sitio oficial), así como del Relator Especial sobre derecho de los pueblos indígenas y derechos humanos (véase sitio oficial). 

Este llamado se da en un momento en que la los derechos de las poblaciones indígenas son objeto de una preocupación aún mayor debido a los efectos del COVID-19 en comunidades indígenas aisladas y con acceso limitado a servicios básicos de salud y a la desatención a su situación que ha provocado esta pandemia por parte de las autoridades estatales. 

El mismo Relator Especial sobe derechos de los pueblos indígenas y derechos humanos de Naciones Unidas externó en un comunicado del pasado mes de mayo (véase texto completo). En el hemisferio americano, también en mayo del 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió en un comunicado de prensa titulado “La CIDH alerta sobre la especial vulnerabilidad de los pueblos indígenas frente a la pandemia de COVID-19 y llama a los Estados a tomar medidas específicas y acordes con su cultura y respeto a sus territorios” (véase texto completo) que: 

“En cuanto al derecho a la salud de los pueblos indígenas, la Comisión ha recibido información sobre los diversos obstáculos que enfrenta este colectivo en el marco de la pandemia del COVID-19. Algunos de estos desafíos se relacionan con cuestiones socioeconómicas y de accesibilidad. En general, los hospitales y centros de atención médica se encuentran alejados de las áreas rurales en las que residen amplios sectores de los pueblos indígenas de la región“. 

Un muy completo informe (véase texto completo) de la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas (CEPAL) titulado “Los pueblos indígenas de América Latina – Abya Yala y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible Tensiones y desafíos desde una perspectiva territorial“, publicado en este mes de junio del 2020, hace ver las serias deficiencias de los Estados de América Latina en atender y en resolver el derecho a la tierra de las comunidades indígenas. 

El contexto específico en Costa Rica en el que se da a conocer el comunicado 

Se puede revisar desde ya el  comunicado de prensa oficial de Naciones Unidas divulgado por el servicio de prensa de Naciones Unidas. 

Como se recordará, en menos de 12 meses, dos dirigentes indígenas costarricenses de la zona de Salitre fueron asesinados: Sergio Rojas (marzo del 2019) y Jehry Rivera (febrero del 2020). A la vez, varios de sus compañeros han recibido amenazas de muerte y sufrido distintos tipos de intimidaciones.  

Cabe recordar que al cumplirse un año de la muerte de Sergio Rojas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en un comunicado oficial (véase texto completo difundido el 18/03/2020) había ya advertido a Costa Rica que: 

“La Comisión reitera que los actos de violencia y otros ataques contra las defensoras y los defensores de derechos humanos no sólo afectan las garantías propias de todo ser humano, sino que atentan contra el papel fundamental que juegan en la sociedad. Dichos actos perjudican además a todas aquellas personas para quienes trabajan, dejándoles en un estado de mayor vulnerabilidad, llegando incluso hasta la indefensión“.

El órgano interamericano de protección de los derechos humanos se ha mostrado extremadamente vigilante con relación a lo que ocurre en la zona de Salitre. Y es que, desde el 2015, Costa Rica tenía la obligación jurídica de proteger la vida y la integridad física de estos dirigentes, en virtud de medidas cautelares ordenadas en abril del 2015 por la misma la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado costarricense (remitimos sobre el particular a nuestra nota titulada “Pueblos indígenas en Salitre: las medidas cautelares solicitadas a Costa Rica por la CIDH” y disponible en este enlace). 

Foto extraida de nota de prensa de la BBC titulada “Asesinato de Sergio Rojas: la conmoción en Costa Rica por la muerte del líder indígena que defendía las tierras de pueblos originarios”, edición del 20/03/2019

El contenido del comunicado conjunto (versión integral)

En su comunicado conjunto con fecha del 8 de junio del 2020, titulado “Costa Rica: La impunidad vigente impide la protección efectiva de las personas defensoras indígenas” (véase texto completo oficial divulgado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos), ambos expertos de Naciones Unidas detallan la situación imperante al externar: 

—– 

“… su grave preocupación por las vidas de las personas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas, que están siendo atacadas en Costa Rica, añadiendo que la impunidad y la falta de rendición de cuentas están provocando una prolongación de la violencia en contra de los defensores en el país, a pesar de algunas medidas positivas adoptadas por el Gobierno. 

Costa Rica ha experimentado un auge en ataques contra líderes indígenas desde el asesinato del líder indígena Bribri, Sergio Rojas, en marzo de 2019, el cual trabajó durante décadas para defender los derechos de los pueblos indígenas frente la ocupación ilegal de sus territorios. 

“Hoy, más de 14 meses más tarde, todavía no está claro si las autoridades se encuentran más cerca de identificar a los responsables” dijo la experta de la ONU Mary Lawlor, la nueva Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos. 

La experta dijo que otros ataques contra personas defensoras de los derechos humanos habían quedado parcialmente o totalmente impunes y “hasta que haya investigaciones adecuadas, y rendición de cuentas por estos crímenes, podemos ser testigos de más intimidación, agresiones y muerte.” 

Un cambio en la ley de Costa Rica en 1977 estableció un marco legal para la redistribución de la tierra indígena ancestral ocupada por personas no indígenas pero la implementación de la ley ha sido lenta, y los líderes indígenas han realizado requisiciones pacíficas de las tierras para devolverlas a los pueblos indígenas. Esto ha provocado una reacción considerablemente violenta por parte de los ocupantes no indígenas de la tierra. 

Mientras que el Gobierno de Costa Rica ha incrementado la presencia de la policía en las comunidades afectadas, las investigaciones de la policía siguen inadecuadas o inconclusas. Como consecuencia, tanto las víctimas como sus familiares siguen amenazadas por los presuntos perpetradores.

Desde el asesinato del líder indígena Yehry Rivera el pasado febrero, por ejemplo, su familia ha sido amenazada e intimidada repetidamente por la familia del perpetrador, que a menudo pasa por su tierra, sosteniendo una machete en la mano. Pablo Sibar, un defensor de los derechos humanos del mismo pueblo Broran que el Sr Rivera, también ha sido intimidado y sometido a ataques incendiarios que todavía no han sido investigados.

Minor Ortíz Delgado, un defensor indígena de la tierra, de la misma comunidad Bribri que el Sr. Rojas, recibió un balazo en la pierna en marzo. El perpetrador, que fue liberado y recibió medidas de restricción, ha vuelto amenazar de muerte al Sr. Ortíz y su familia. 

“Parece que los perpetradores de las intimidaciones, amenazas, disparos y asesinatos frecuentemente andan sueltos cuando sus víctimas son personas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas, dijo la Relatora Especial.

La impunidad aumenta el impacto de violaciones de los derechos humanos, ya que se envía un mensaje de falta de reconocimiento de su función en la sociedad y ello implica una invitación para seguir violentando sus derechos. 

El llamamiento de la Sra. Lawlor ha sido respaldado por el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, Sr. Francisco Cali Tzay.

Los expertos están haciendo un seguimiento del tema con las autoridades costarricenses.

Este nuevo señalamiento hecho público a las autoridades costarricenses por parte de mecanismos no convencionales de Naciones Unidas en materia de derechos humanos evidencia la situación de extrema vulnerabilidad e indefensión en la que se encuentran las comunidades indígenas de Salitre (y posiblemente en otras regiones en Costa Rica). 

En el mes de mayo del 2019, tuvimos la ocasión de referirnos a una comunicación (también hecha pública) por parte de tres expertos en derechos humanos de Naciones Unidas con relación al asesinato de Sergio Rojas: véase nuestra breve nota titulada “Asesinato en Costa Rica del líder indígena Sergio Rojas: carta de órganos de Naciones Unidas hecha pública“, disponible en este enlace. 

La recuperación de territorios indígenas ante la inoperancia estatal

Cabe precisar que estos asesinatos se han dado en medio de intentos para recuperar sus territorios por parte de comunidades indígenas costarricenses ante el avance inexorable de personas no indígenas en sus territorios y la pasividad de las autoridades costarricenses. En este artículo publicado por el Semanario Universidad sobre el proceso de recuperación de territorios indígenas, titulado “Recuperación de tierras bajó ocupación no indígena en Salitre” (y cuya lectura se recomienda), se lee que:

“Debido a la inacción del Estado por no desalojar a los ocupantes ilegales, no sancionan a ninguno y no apoya a la Fuerza Pública en el sitio, se creó un clima de impunidad, un ambiente en el que sucedió el asesinato de un defensor de derechos humanos”. 

El derecho a la tierra para las comunidades indígenas costarricenses constituye una legítima reivindicación, que el mismo Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas (más conocido como “CERD”) ya le había externado en el 2007 a Costa Rica. En sus observaciones generales del 2007 al informe presentado por Costa Rica (véase texto completo), se puede leer que para este órgano de tratados de Naciones:

“15. /…/El Comité insta al Estado Parte a redoblar sus esfuerzos para garantizar el derecho de los pueblos indígenas a la tenencia de la tierra. El Estado Parte debería tomar las medidas necesarias para llevar a efecto el fallo de la Sala Constitucional (Voto 3468-02) a fin de que se delimiten las tierras de las comunidades de Rey Curré, Térraba y Boruca y se recuperen los terrenos indígenas indebidamente alienados (inciso v) del apartado d) del artículo 5)“. 

En el 2015 (véase texto completo de sus observaciones finales al informe de Costa Rica), reiteró en los siguientes términos esta petición hecha a Costa Rica en el 2007: 

“28. El Comité reitera su recomendación (A/62/18, párr. 303) de redoblar los esfuerzos para garantizar el derecho de los afrodescendientes y de los pueblos indígenas a la tenencia de la tierra. Asimismo, recomienda que, de manera prioritaria, se tomen pasos decisivos para buscar soluciones en las que los pueblos indígenas puedan recuperar las tierras dentro de sus territorios, incluso en casos de ocupación y compra ilegales y enfrentamientos o amenazas vinculadas a la conflictividad generada por esta situación, mediante acciones administrativas y judiciales que incluyan el desalojo y el enjuiciamiento de responsables. El Comité recomienda también un proceso de consulta para la delimitación y titulación de los territorios”.

En el 2016, otro órgano de tratados de Naciones Unidas, el Comité de Derechos Humanos, en sus observaciones generales al informe presentado por Costa Rica (véase texto completo) señaló que: 

“42. El Estado parte debe: 

c) Garantizar en la práctica el derecho que tienen los pueblos indígenas a las tierras y territorios que tradicionalmente han poseído u ocupado, incluso mediante el reconocimiento legal y protección jurídica necesaria; 

d) Proporcionar los medios legales necesarios para asegurar la recuperación de tierras inalienables que ya han sido otorgadas a pueblos indígenas mediante la legislación nacional y brinde la protección adecuada, incluso mediante recursos efectivos, a los pueblos indígenas que han sido víctimas de ataques”. 

Al parecer, pese a innumerables reuniones, diagnósticos, planes, estrategias, estudios, mesas de diálogo, estas recomendaciones hechas hace ya más de 12 años a Costa Rica, reafirmadas en el 2015 y en el 2016, siguen sin lograr materializarse para las comunidades indígenas costarricenses. Una ocasión propicia para reafirmar cuán necesario es que sean debidamente implementadas las observaciones que emanen de los órganos de tratados de derechos humanos en Costa Rica; y cuán imperioso resulta que sean ámpliamente divulgadas y analizadas en el seno de la misma sociedad costarricense. 

A modo de conclusión

No cabe duda que este contundente llamado de atención de junio del 2020 a Costa Rica por parte de expertos en derechos humanos de Naciones Unidas constituye una nueva evidencia de la pasividad, ya demostrada en el pasado, del Estado costarricense en la zona de Salitre. A la vez, ilustra la extrema atención que, desde Ginebra, se tiene sobre lo que ocurre en Salitre por parte de los mecanismos no convencionales de derechos humanos (y que posiblemente se tenga de igual manera desde Washington). Si este llamado no es seguido de acciones mucho más efectivas por parte del Estado en resguardo de la seguridad de los miembros de las comunidades indígenas, podría dar pié para una nueva acción ante instancias internacionales en defensa de los derechos legítimos de las comunidades indígenas de Salitre. 

* Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica / UCR. Publicado originalmente por Curso de Derecho Internacional. Costa Rica en 9:14

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Por Luciana Mignoli*

1. Ahora, represión en la comunidad Lafken Winkul Mapu del Lago Mascardi, Bariloche, donde ultimaron por la espalda Rafael Nahuel en noviembre de 2017. La comunidad mapuche envía audios desesperantes. Cuentan que la policía cortó la ruta para que nadie se acercara, que rodeó el lugar por patrulleros, que prendió fuego una cabaña y que está disparando contra las familias.

Prendo la tele y hablan de “aparentes mapuches”. El zócalo es lapidario: “Denuncian a mapuches por terror”. Medios nacionales y locales vienen hace días instalando la idea de que la comunidad era “violenta”. Porque esas represiones no aparecen de la nada: siempre están ahí los discursos periodísticos para preparar el clima que garantice luego la represión sobre esos cuerpos.

2. Un diario de Buenos Aires titula una nota sobre el preocupante nivel de indígenas “quom” infectados con Covid 19 en las afueras de Resistencia. Primero, no existe el Pueblo “Quom”, es Qom. Para que un título salga, no pasa solo por quien escribe la nota: ahí hay una larga cadena de desconocimiento y maltrato.

En la nota básicamente, arguyen que “el hermetismo de los habitantes potencia las dificultades para contener la expansión del Covid”. Claro, la culpa es del Pueblo Qom, por herméticos. Hablan de “endogamia” y que es difícil “lidiar con esa idiosincrasia”. “Si no fuera por los indicadores que salen de los barrios, en Resistencia estaríamos bien”, dice un funcionario y deja en evidencia que en su sueño racista existe un mundo sin indígenas.

3.- Hoy me entero de otra niña indígena que fue forzada a ser madre. La violaron y no tuvo acceso a una interrupción legal del embarazo. Estallo de bronca. Imagino a una niña con una beba en brazos. Pienso que una parte de los feminismos ha podido gritar “No nos callamos más”, pero de la práctica del “chineo” y del abuso sistemático que sufren niñas y mujeres indígenas es algo de lo que todavía no se habla demasiado.

Represión, discursos estigmatizantes, desconocimiento de las naciones y territorios indígenas, falta de acceso a derechos.

El genocidio indígena se actualiza constantemente y, aún en pandemia, goza de muy buena salud.

Publicado originalmente por Colectivo Al Margen

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Por Aida Cuenca*

El pasado mes de octubre tuvo lugar la XII edición del IndieFest de Barcelona, celebrada en el marco de la Semana de la Resistencia Indígena. Hasta allí acudió Sebastiana Par Álvarez, alcaldesa indígena maya de Guatemala e integrante del Consejo de Pueblos de K’iché.

Desde hace un tiempo, Par Álvarez ayuda a organizar la resistencia contra aquellas empresas transnacionales, entre ellas la hidroeléctrica RENACE de ACS, propiedad de Florentino Pérez. Estas compañías provocan con sus construcciones deforestación y contaminación de los ríos, dejando a su poblado y vecinos sin agua ni vegetación. También habla de cómo está afectando en las cosechas la crisis climática, así como la influencia de la Iglesia puede lastrar combatir sus efectos.

¿Cómo es la relación entre los pueblos indígenas y el Estado?

El problema que tenemos es que, desde la institución del Estado de Guatemala, no somos visibilizados. De todos los artículos que tiene nuestra Constitución, solo dos o tres hablan de nosotros. No se invierte en una educación que promueva ni nuestro idioma ni nuestra cultura. La mayoría de los textos en la escuela están en español. No hay inversión en nuestros pueblos porque los intereses del Estado responden a proyectos neoliberales capitalistas y a sistemas patriarcales y machistas. Y no hay un sistema legal que garantice nuestros derechos.

Nuestros abuelos y nuestros padres derramaron sangre para que respeten nuestros derechos y no lo están haciendo. En el momento en que el Estado autoriza una licencia para las hidroeléctricas, para la tala de árboles, y recibe fondos como del Banco Mundial para comprometerse con ellos, está autorizando para que entren a nuestros territorios. Nuestro Estado, en vez de garantizar derechos, los violenta. Y la política internacional tampoco nos apoya. Si Trump dice hay que firmar un papel, el presidente lo firma para que no impongan aranceles o trabas en nuestro país. No tenemos independencia.

¿Cómo se organiza la resistencia entre líderes para luchar contra los intereses de las empresas transnacionales?

Además de ser alcaldesa, yo también formo parte de la coordinación del Consejo de Pueblos del K’iché. Desde que este se instituyó en el 2009, se llevan a cabo asambleas con las autoridades de las diferentes comunidades donde planificamos y organizamos las actividades que realizamos.

¿Se discuten en las asambleas los diferentes intereses y puntos de vista entre poblados? 

Sí. Analizamos, resolvemos y llegamos a consensos, que es lo más importante que hay para resolver las diferencias. Todo a través del diálogo. Hay que poner las cosas sobre la mesa como son y buscar consenso en el marco de nuestros principios, que se rigen por la defensa de la Madre Tierra y del territorio.

¿Qué líderes están siendo criminalizados ahora por el Estado?

Cuando hay una criminalización, es una criminalización dirigida a todos los líderes; a todo el pueblo. Es una estrategia para ir intimidando e ir metiendo el miedo para que nos bloqueen y no actuemos. En la medida que nos ven participando y llevando la contraria a sus proyectos individualistas, ya nos están tachando. De hecho, hace unos días, sufrimos otra amenaza por buscar la transparencia en los órganos de nuestras comunidades.

¿Cómo les intimidan? ¿Cómo reciben la amenaza?

A través de amenazas verbales, de llamadas telefónicas, de que llamen a la puerta de casa a una hora determinada de la noche… Especialmente, a través de manipulación, que consideramos muy fuerte porque ponen un grupo en nuestra contra para que nos ataquen. El mismo Estado nos dice que somos responsables de lo que pueda suceder. Nos meten miedo, pero asumimos esos riesgos y les hacemos ver que también pueden cometer algún error en el trabajo que hacen.

¿Han llegado alguna vez a utilizar la violencia física contra ustedes?

Sí. Gracias a la vida, a mí no me ha pasado. Pero sí hay intentos de la policía, del mismo Estado cuando hacemos una manifestación. Si insistimos en algo, ya van con sus bombas lacrimógenas o con los antimotines. O, por ejemplo, vemos el caso de la compañera Lolita Chávez, quien ha sufrido atentados y disparos y se ha salvado de morir. Ya no solo es el intento de violencia física, sino que quitan la vida de los hermanos y las hermanas.

¿El Gobierno también utiliza al ejército para intimidar a los poblados? ¿Qué tipo de violencia se utiliza?

En nuestro territorio mandan soldados y policías. El estado de sitio implica que un soldado puede hacer lo que quiera, incluso entrar a cualquier casa a comer si le apetece. ¿Te imaginas todo el daño psicológico que implica eso en la niñez? Para los niños que están estudiando es una tortura horrible. Mi papá fue secuestrado por los militares. Mi mamá, después de 36 años, cuando ve un helicóptero o un soldado, le da un escalofrío. Solo la imagen de un soldado te violenta porque ha habido una historia de conflicto armado donde su papel nunca ha sido positivo.

Los militares sirven a los intereses. En zonas donde hay inseguridad no están, pero, en cambio, en las fincas o en manifestaciones pacíficas sí. En la ciudad de Guatemala, tú te subes a un bus y estás con un pie en el cementerio y otro en la calle porque no sabes cuándo habrá un tiroteo. Solo es seguro aquel transporte que está privatizado. No tenemos un referente de militar que nos apoye, que vele por nuestra seguridad a pesar de que el Gobierno le da más presupuesto al Ministerio de Defensa que al de Educación. El Estado, la Iglesia, el militarismo y el narcotráfico van de la mano.

¿El presidente no se ha pronunciado públicamente sobre nada de esto?

No. El presidente hace lo que dice el cacique, lo que dicen los círculos ricos, lo que dice el narco, lo que dice Trump, lo que dice el Banco Nacional. Ganó un presidente que en su plan de gobierno dijo que iba a trabajar para el desarrollo económico del país, que iba a traer más empleo, nuevas oportunidades, un lugar más urbanizado… Eso significa más extractivismo y más alianzas con empresas transnacionales.

Y él es el que también ha aplicado el estado de sitio. Sus mismos compañeros quedan para las próximas elecciones. Pero vamos a seguir resistiendo porque es preferible morir luchando que vivir de rodillas. Hay una esperanza a través de las organizaciones y de las alianzas que vamos haciendo para difundir la información porque allí tampoco se difunde. Los medios de comunicación son los que tienen dinero y no van a decir la verdad.

En su poblado, ¿qué ha cambiado con el cambio climático?

Este año, hubo mucha sequía y no va a haber cosecha ni de maíz ni de frijol, que es nuestro principal alimento y medio de subsistencia. Ya no podemos ni vivir dignamente; solo podemos sobrevivir… Y, a causa de esto, hay mucha emigración. La Iglesia dice que la sequía y la desaparición de ríos es por obra de Dios. Promulga que no se necesita luchar porque está pasando lo que Dios quiere y nade de esto se puede cambiar porque está escrito en la Biblia. Pero nosotros vamos en contra de esa corriente y vemos que las comunidades, afortunadamente, están despertando.

Y ¿qué futuro ve para los niños y niñas de su poblado? ¿Con qué ejemplo crecerán?

Si seguimos con esta lucha en la organización, seguramente va a haber un cambio. Conforme la gente se va formando e informando, se da a conocer nuestra verdadera historia y van tomando conciencia. Pero a la vez nos preocupan los índices de desnutrición infantil que hay. Están entre el 40 y el 60%. Si nuestra niñez está desnutrida, ¿cómo va a crecer? ¿Qué oportunidades y habilidades va a tener? Como alcaldes, mi pareja y yo, velamos por la educación. Reivindicamos la autoridad maya y la autoridad de nuestros pueblos. Estamos exigiendo que el profesorado cumpla la reforma educativa: que enseñe el idioma, la cultura, la alimentación, la música… Si logramos hacer cambios locales, se irá mejorando poco a poco.

*publicado originalmente en Ruda

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