Por Andhes (*) | Foto: Maira López

Sobre el DNU: ni necesidad ni urgencia 

Cuando hablamos de comunidades indígenas, las razones de necesidad y urgencia y el uso indiscriminado de DNUs nunca estuvo a favor de la ampliación de derechos. No es urgente ni necesario derogar una ley que, si bien lleva muchos años, tiene la finalidad de brindar cierta seguridad jurídica a las comunidades indígenas, quienes desde la instauración del Estado Nación son las que en realidad se encuentran en una constante inseguridad jurídica y lo vienen manifestando como tal. Partimos de una noción de sentido común donde derogar no resuelve los derechos de nadie, sino que evidencia la falta de mecanismos de gestión de esa conflictividad cuando ciertos derechos entran en tensión, complejidades que son propias de un estado federal e intercultural. 

Esta utilización del lenguaje de derechos no se corresponde con la construcción normativa armónica dentro de un sistema demócratico. Con esta derogación, se corre el riesgo de que esta conflictividad, típica de un Estado con diversas naciones y culturas, se aborde sin tener en cuenta la vulnerabilidad por la que atraviesan las comunidades indígenas,y desconoce la responsabilidad Estatal en relación a la posición de desigualdad en la que se encuentran frente a la propiedad privada y a los intereses que esta protege.

Sobre el derecho a la propiedad y los derechos absolutos 

Por otro lado, los derechos no son absolutos, por lo cual no es argumento razonable ni legítimo, en nombre de la propiedad privada, vulnerar otros derechos como el de la propiedad comunitaria y el derecho a la vida digna de los pueblos indígenas. En ese sentido, si bien las condiciones para restringir derechos están en los considerando de la derogación, no queda claro cuáles son los criterios que se utilizan para respaldar unos derechos y abandonar otros. El decreto que deroga la única protección que tenían las comunidades indígenas hasta hoy, cuando establece su restricción en base a los criterios de legitimidad, proporcionalidad, razonabilidad, contradice lo que en niveles normativos y jurisprudenciales se viene sosteniendo en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas. Este decreto, de esta forma, tira por tierra toda la construcción normativa respaldada por acuerdos y compromisos internacionales que asumió el Estado y, a la vez, refuerza la discriminación y la vulneración histórica de derechos de los pueblos indígenas.

El artículo 17 de la Constitución Nacional (referido a la protección de la propiedad privada), que menciona en los considerando el decreto, tiene que ser leído e interpretado de manera integral con los articulados de nuestra carta magna. Ese artículo se interpreta en relación al 75 inc. 22 por el cual nuestro Estado incorpora los tratados de derechos humanos y le otorga jerarquía constitucional y, en ese sentido la CADH (Convención Americana de Derechos Humanos), mediante la interpretación evolutiva de su art. 21, también referido a la propiedad privada, otorga la misma protección jurídica a la propiedad comunitaria indígena. Por lo tanto, ambas tienen la misma protección constitucional.  

De hecho, la Corte IDH viene sosteniendo que la propiedad comunitaria indígena, es la que debe prevalecer en un conflicto de tensión de derechos, ya que los derechos territoriales de los pueblos indígenas están basados en su relación especial con la tierra, territorios, bienes naturales y culturales, necesitan de ellos para su supervivencia como tal. Estas tierras son esenciales para su identidad cultural, su forma de vida y su subsistencia, por lo que tienen un valor que trasciende lo material. Los pueblos indígenas han sido históricamente marginados y despojados de sus tierras. Reconocer y proteger sus derechos busca corregir estas injusticias históricas y garantizar un trato igualitario. Instrumentos como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas reconocen el derecho de los pueblos indígenas a sus tierras y recursos, y establecen que estos derechos tienen un carácter colectivo que debe ser respetado. En el actual contexto de crisis climática, los territorios comunitarios suelen tener un papel crucial en la protección del medio ambiente y la biodiversidad. Al priorizar los derechos indígenas, no solo se protege su cultura, sino también los ecosistemas que benefician a toda la humanidad.

Atraer inversiones a costa de cualquier consenso “democrático” y “legítimo”

Entre los argumentos para la derogación, el gobierno pone foco en “atraer las inversiones necesarias”, y pondera el derecho de propiedad privada para garantizar la estabilidad económica y atraer inversiones. Como adelantamos más arriba, este derecho no puede ser considerado absoluto, más bien, debe coexistir y equilibrarse con otros derechos igualmente importantes, como los derechos colectivos de las comunidades indígenas y los principios de justicia social. En otro orden de ideas las metas económicas no deben ser argumento para desandar consensos legales necesarios para vivir en sociedad. 

Esto trasciende a la problemática que atraviesan las comunidades indígenas, estamos frente a un debate democrático ya que en una sociedad plural, los derechos individuales, como la propiedad privada, deben ser armonizados con los derechos colectivos y sociales. En este caso, los derechos territoriales de los pueblos indígenas tienen una base constitucional e internacional, lo que les otorga un nivel de prioridad en contextos específicos. Por otro lado, la protección de los derechos de las comunidades indígenas no solo es un acto de justicia histórica, sino también una medida que beneficia al interés general. Las tierras indígenas suelen ser esenciales para la biodiversidad y el desarrollo sostenible, lo que tiene repercusiones positivas para toda la sociedad.

Sobre bienes naturales 

Las comunidades indígenas vienen exigiendo la participación en la gestión y decisión en relación a los bienes naturales. En este sentido, existen mecanismos como la consulta y el consentimiento libre, previo e informado que tienen como fin establecer un diálogo democrático e intercultural entre las partes involucradas en acciones, medidas legislativas o administrativas, proyectos o programas que de alguna forma afecten a sus derechos. Los gobiernos locales deberían estar ocupados en establecer y poner en práctica medidas que tengan como objetivo cumplir con el mecanismo de la consulta libre, previa e informada de manera respetuosa a la hora de promover acciones destinadas a gestionar los recursos naturales. 

Sobre el carácter declarativo de las personerías jurídicas 

En relación a la “sucesivas  inscripciones” de comunidades indígenas que hace mención el decreto, no es más que el ejercicio del principio de autodeterminación y el derecho de autopercepción. El otorgamiento de la personería jurídica y su inscripción no es constitutiva sino declarativa de derechos. El Estado, mediante los registros creados para la inscripción, no es quien define y decide quiénes son o no indígenas o quiénes pueden o no ser conformadas como comunidades indígenas, la potestad del Estado, en ese sentido, es declarativa y no constitutiva de derechos. 

El hecho de que hayan aumentado la cantidad de comunidades indígenas inscriptas no significa un uso abusivo de derechos sino una realidad intercultural dinámica, un Estado que en la práctica institucional reconoce y garantiza derechos. El cómo lleva adelante esta tarea es un debate en el que podemos participar todas y todos, e incluso en el que deben participar las comunidades indígenas y no mirar desde lejos cómo se regresiona en sus derechos sin haberse saldado la cuestión territorial fundamental de fondo y sin haberles consultado.  

Además, antes del surgimiento de nuestro Estado como tal, las comunidades indígenas existían, antes incluso que nuestro derecho constitucional. El recorte temporal que hace el DNU entre sus considerando indicando 17 años de vigencia de la emergencia y las sucesivas inscripciones que se llevaron a cabo, es un recorte sesgado en relación a la dimensión de la reparación histórica pendiente hacia los pueblos indígenas. 

El reconocimiento de la identidad cultural es un proceso dinámico e histórico. Muchas  comunidades indígenas empezaron sus procesos de reconstrucción y reorganización en virtud de que hace poco tiempo se reconoció su pre-existencia en los marcos normativos y, en ese sentido, el Estado se encuentra obligado a tal fin. Argentina reconoció la pre-existencia indígena recién en 1994.

Los pueblos y comunidades indígenas han existido mucho antes de la formación del Estado argentino. Desde su constitución, este Estado ha intentado forjar una ciudadanía y una patria que invisibiliza la realidad indígena. En el Día Internacional de los Derechos Humanos, y a pocos días de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llame a la Argentina “a respetar los derechos territoriales de los pueblos indígenas”(1), el Boletín Oficial ha publicado la derogación de una ley que, aunque de manera vaga, intentaba reconocer la existencia, la posesión y el derecho a una vida digna para las comunidades indígenas, que también han contribuido a la construcción de esta patria. Una vez más, el Estado argentino pretende que los pueblos indígenas sacrifiquen sus cuerpos, su tierra y su identidad para edificar un “país sin indios”.

1) CIDH, 4 de diciembre del 2024, Argentina: CIDH llama al Estado a respetar los derechos territoriales de los pueblos indígenas

(*) Abogadas y Abogados del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales.

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El pueblo jujeño está movilizado contra el gobierno de Gerardo Morales hace más de un mes. Si bien la primera alarma se encendió ante el reclamo de las y los docentes que convocaron a un paro provincial en busca de mejoras salariales, el descontento popular no es nuevo. Las políticas de muerte impulsadas por Morales reflejan con claridad su objetivo: ampliar el modelo extractivista, reducir el gasto público y garantizar su permanencia y la de su gobierno en el tiempo.

Estos intereses fueron expresados en mayor o menor medida en la reforma constitucional recientemente aprobada. La nueva Constitución provincial fue jurada el pasado martes 20 de junio a puertas cerradas, sin transmisión en vivo e ignorando las consultas previas necesarias. El proceso constituyente duró tan solo un mes. Si bien la elección de los convencionales constituyentes había sido votada por el pueblo jujeño durante las elecciones provinciales del 7 de mayo, la difusión de este proceso como sus artículos no habían sido informados de manera adecuada.

Las políticas de muerte impulsadas por Morales reflejan con claridad su objetivo: ampliar el modelo extractivista, reducir el gasto público y garantizar su permanencia y la de su gobierno en el tiempo.

La nueva Constitución modifica 66 de los 212 artículos que poseía la Carta Magna local y, como sostienen desde las comunidades indígenas, su aprobación es inconstitucional porque fue hecha a espaldas del pueblo. La reforma es inconsulta y regresiva ya que reduce derechos consagrados por la Constitución Nacional e ignora tratados internacionales de igual jerarquía, entre ellos, prohíbe el derecho a la protesta. Además, concentra el poder y gran parte de las decisiones políticas en el Ejecutivo provincial ya que mantiene la posibilidad de reelección en la gobernación, prohíbe los indultos por corrupción, quita poder a los organismos de control y legitima el achicamiento del estado.

“¿Qué están esperando para cuidarnos?”

Para que la clase política y empresarial sea beneficiada, necesariamente, habrá colectivos afectados. Este es el caso de las comunidades indígenas contra quienes la reforma se ensaña particularmente y no es para nada casual: “Vienen por nuestros territorios, somos un tesoro que no supieron cuidar”, manifestó frente a la Casa de Gobierno la lideresa de la comunidad Ava Guaraní, Gabriela Situé.

La nueva Constitución elimina a los pueblos indígenas del texto constitucional y les niega el reconocimiento. Los pueblos que habitan los territorios de Jujuy tienen una larga historia de defensa de la vida, por lo que la creación de una nueva constitución que niegue sus derecho al territorio es, en parte, una demostración del interés extractivista que existe sobre ellos: “De nosotros depende la custodia del agua y el cuidado del territorio, ellos van a acabar con la vida ¿qué están esperando para cuidarnos?”, preguntó Situé en una de las primeras movilizaciones en San Salvador de Jujuy. 

Los artículos más controversiales de la nueva Constitución atentan directamente contra los derechos de los pueblos originarios, entre ellos se encuentra “la provincialización de recursos naturales como el suelo y el agua”. Un artículo que posibilita el desplazamiento de las comunidades que se encuentran habitando territorios de interés extractivista. Del mismo modo, desconoce los territorios ancestrales a las comunidades que no poseen personería jurídica luego de años de negarles ese derecho. Una Constitución que le dará más valor al título “fiscal” que al “ancestral”. 

Además, con este artículo, el Gobierno tendría control total sobre recursos estratégicos como el litio en un territorio donde las comunidades se encuentran fuertemente organizadas para prohibir el ingreso de los proyectos mineros. En este sentido, Jujuy es una de las tres provincias argentinas que ocupan el mal llamado “triángulo del litio” en la región y su valorización mundial lo ha configurado como una commodity de exportación. 

Desde esta perspectiva, los modos de vida y las economías domésticas sostenidas por los pueblos de las salinas estorban y deben ser desplazados: “Nosotros creamos toda una economía regional para que no sólo las comunidades de Salinas sean las beneficiadas con el turismo, sino que queremos que las 33 comunidades de la zona trabajen de manera articulada y se puedan quedar en el territorio”, explicó Erica Cañari, presidenta de la comunidad Pozo Colorado de Salinas Grandes. “Sabemos bien que no nos quieren acá, que quieren el litio y destruir el salar. Todo este conflicto comenzó, justamente, en 2019, cuando le dijimos que no a la minera”, agregó.

Corte de ruta y asamblea de los pueblos

El miércoles 14 junio, las comunidades indígenas habían comenzado a descender desde sus territorios hacia la ciudad capital, San Salvador de Jujuy, en lo que llamaron  “Malón de la Paz”, refiriéndose a las caminatas realizadas en 1946 y en 2006 para el reconocimiento de sus derechos. Pero el malón se vio interrumpido por la aprobación express de la constitución el 15 de junio. 

Desde entonces, las comunidades se asentaron en los diferentes puntos neurálgicos de la provincia y los cortaron de manera pacífica. Sin embargo, la represión no se hizo esperar: desde el viernes 16, diferentes operativos se desplegaron por la provincia para criminalizar la protesta social. Una muestra —para nada gratis— de qué entiende por “gobernar” Gerardo Morales: represión policial, detenciones ilegales, violación de los derechos, persecución y violencia política. “La represión ha sido salvaje, no han tenido piedad ni con abuelos, mujeres, niños o turistas”, denunció Érica Cañari, desde la Comunidad Pozo Colorado.

“La represión ha sido salvaje, no han tenido piedad ni con abuelos, mujeres, niños o turistas”

Érica Cañari, Comunidad Pozo Colorado.

Con el antecedente de la detención ilegal de Milagro Sala por ser una lideresa mujer e indígena, el actual operativo vuelve a exponer, también, un claro sesgo de violencia racista y machista. Tal como lo indicaron desde el Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS): “En las detenciones del sábado 17, las últimas en ser liberadas fueron 8 mujeres indígenas”. En su comunicado agregaron que, tras la represión del 20 de junio, “de las 33 personas detenidas, 23 son mujeres”. Y que, si bien se supone que las detenciones fueron a quienes ingresaron a la Legislatura y en las grabaciones solo se ven varones, “las mujeres los superan en la representación dentro de los patrulleros” y se ve cómo son detenidas y violentadas por oficiales varones. Desde el CELS explicaron que se las acusa principalmente de “resistencia a la autoridad, daños y lesiones, tres acusaciones que, juntas, pueden terminar en encarcelamiento”.

A pesar de las múltiples y brutales represiones que se desplegaron en la última semana, son más de 20 cortes los que continúan activos. Luego de una gran asamblea de pueblos originarios, las comunidades decidieron salir a las calles y quedarse allí hasta que Morales dé marcha atrás con la Constitución: “En este momento pedimos la derogación de la reforma porque él lo hizo a espaldas de las comunidades y no lo consultó ni con nosotros ni con los gremios ni con nadie. Es mentira que se reunió con las comunidades porque estamos todas en diálogo”, explicó Delia de la Comunidad de Hornaditas. 

Luego de la jura de la Constitución seguida de represión y desinformación, Érica Cañari recordó a LatFem: “Lo que sucedió es inconstitucional; el gobernador no abrió el diálogo con las comunidades, solamente el día martes sacó dos artículos que según él era los que estábamos reclamando, pero nosotros reclamamos por toda la Constitución”. En ese marco, declaró que hay muchos artículos que afectan directamente a los pueblos originarios por los territorios y recursos que tienen y que su preocupación mayor es el agua.

“Fue salvaje la represión del día de ayer. No vamos a aceptar los atropellos que le hizo a la gente, nuestras hermanas y hermanos detenidos, tantos heridos y amenazados”, denunció Delia. Tras la represión, el paro continúa y los apoyos se multiplican: “Hoy bajaron las comunidades de Abra Pampa, Mina del Aguilar y la Quiaca para reforzar todos los puntos”. Para Delia “la fuerza es unánime”: “Estamos todos los pueblos de la puna, la quebrada y los valles. Todas las comunidades están presentes en las rutas pidiendo la renuncia inmediata o la intervención de la provincia contra este desastre”.  El reclamo también es unánime y así lo sintetizó Cañari: “Queremos una nueva reforma que dé la oportunidad a las comunidades y organizaciones de participar”.

Recibir el nuevo sol en las calles

Como la cosmovisión andina lo indica el 21 de junio es un día de celebración. Cuando “Tata Inti” (el sol) se acerca a la tierra marca el comienzo de un nuevo ciclo. Para recibirlo, cada 20 de junio las comunidades indígenas que comparten esa cosmovisión se encuentran en sus espacios ceremoniales para pasar la noche más larga del año en comunidad. Esta vez, el Inti Raymi se trasladó a los cortes, allí algunas comunidades decidieron abrir el paso de manera interrumpida durante la noche para evitar posibles tensiones con la polícia y realizar su ceremonia como corresponde: “La potencia de la celebración del Inti Raymi es superior y no lo están respetando, es un acto sagrado de conexión con la madre naturaleza, es un día espiritual”, manifestó Nelson Chasqui de Abra Pampa.

Para recibir el nuevo ciclo las comunidades andinas levantan sus manos al amanecer en espera de los rayos del nuevo sol. En el corte los puños siguen alzados: “No vamos a bajar los brazos hasta que Morales renuncie y se vaya con todo su gabinete”, aseguró Delia desde el corte de Purmamarca. “Estamos en las calles por los pueblos originarios y por toda la sociedad. Es un momento muy doloroso para las comunidades, para los gremios y los docentes. Queremos que se escuche la voz de la provincia de Jujuy que está sufriendo mucho, nosotros vamos a seguir adelante pero necesitamos de su apoyo”, aclaró.

* Publicada originalmente en LatFem

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Por Camila Parodi y Susi Maresca desde Jujuy / Cobertura conjunta entre Tierra Viva y Marcha

Las comunidades indígenas de Jujuy se encuentran movilizadas contra la reforma constitucional que impulsa el gobernador Gerardo Morales. Se trata de la modificación de 66 de los 212 artículos que contiene la Carta Magna local. Entre ellos, se propone la posibilidad de reelección en la gobernación, prohibición de indultos por corrupción, modificaciones en el sistema político y judicial, achicamiento del Estado, provincialización de recursos estratégicos como el litio, prohibición de tomas de tierra y criminalización de la protesta social, entre otros. Esta semana se repitieron cuatro días de masivas movilizaciones.

Si bien todos estos cambios son presentados como avances para alcanzar la “paz social” y el “desarrollo” en la provincia frente a la crisis climática —según explicó el Gobernador en repetidas entrevistas—, la verdadera razón que esconde es la intención de conservar el poder en pocas manos y continuar beneficiando a las grandes corporaciones con la explotación de los bienes comunes.

La historia de Jujuy acumula muchos años de luchas, manifestaciones públicas y acciones directas de defensa del territorio. Por ese motivo, la modificación constitucional impulsada por Morales es interpretada también como un ataque directo contra la organización social y territorial-ancestral.

Los próximos días serán claves en el proceso constitucional. Desde el Ejecutivo se instó a los demás poderes estatales que actúen con rapidez para la aprobación de la reforma. En ese marco, las más de 400 comunidades indígenas de Jujuy —así como organizaciones sociales, sindicatos, docentes, partidos de izquierda, trabajadores y trabajadoras del Estado— se encuentran en las calles de manera masiva repudiando el intento de cercenar sus derechos básicos.

“Esta reforma nos está condenando a la muerte”, gritó el jueves una de las voceras del Pueblo Kolla que —antes de poder preguntarle el nombre— se perdió entre la multitud frente al Palacio de Gobierno.

Los pueblos originarios remarcaron que el proceso de reforma constitucional no respeta la legislación indígena, incluida la Constitucional Nacional y el Convenio 169 de la OIT (de rango supralegal). Destacan que la lucha es por el agua de toda la población, no solo de los pueblos indígenas. Cuestionan que el Gobierno le esté “regalando” el recurso vital a las empresas mineras.

La Convención Constituyente comenzó el 22 de mayo, el gobernador Morales impuso su mayoría y fue electo convencional (y fue designado en la presidencia del organismo) y finalizaría —con una nueva Constitución— el martes 20 de junio.

“Luchamos por el futuro y por el derecho a la vida en la Pacha”

Para Raúl Sajama, integrante de la comunidad indígena Angosto de Tilcara, tanto la ley nacional como el convenio 169 de la OIT exigen que las empresas soliciten autorización y den información sobre los proyectos que quieren instalar en los territorios ancestrales: “Tienen que decirle la verdad a la comunidad, tienen que decir que el cerro va a desaparecer, que no va a haber agua, esa es la información. Lo dice la ley, tienen que informar con la verdad y la comunidad indígena es la que tiene que decidir. No va a quedar agua para las plantas, los animales ni las personas”.

Desde el Pueblo Kolla denunciaron que esta reforma es inconsulta y remarcaron que son los pueblos indígenas quienes viven en los territorios, espacios de vida que fueron de los ancestros y que los protegen para hijos y nietos. “Luchamos por el futuro y por el derecho a la vida en la Pacha”, explicaron. Desde esa cosmovisión aseguraron que los pueblos indígenas “no somos el centro de la Pacha, convivimos con los seres vivos, nuestros ancestros dieron la vida en esta defensa y nos dejaron un territorio hermoso, no dejemos que lo contaminen. La Pacha es la que nos da la vida, que no nos convenzan, no somos pobres, tenemos un territorio con mucha riqueza”. Y afirmó que la reforma constitucional “va a afectar directamente a los derechos de las comunidades indígenas”.

“Se han manejado de forma antidemocrática”

Natalia Morales es convencional constituyente y diputada electa del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) en el Frente de Izquierda. “Lo que se está haciendo con la reforma de la Constitución es totalmente escandaloso. Venimos denunciando la censura y la falta de las libertades democráticas ya que no se incluyó la mirada de los organismos de derechos humanos, de los sindicatos, comunidades indígenas ni del movimiento de mujeres en las comisiones donde se desarrolló la reforma”, cuestionó.

Para la convencional constituyente, entre los principales puntos controversiales de la reforma se encuentra “la modificación o la inclusión de artículos que criminalizan la protesta social, que van a prohibir incluso aquellos métodos de lucha como la ocupación, los cortes de calles o de rutas en los territorios. Esta reforma constitucional va a afectar directamente a los derechos de las comunidades indígenas y de todos los sectores sociales que hoy viven con vulneración de derechos”.

Agregó que la situación se agrava con el intento de aprobarla de manera express en los próximos días. “Desde el Frente de Izquierda hemos denunciado cómo se han manejado de forma antidemocrática, incluso sin transmitir en vivo lo que sucedió en las comisiones, haciéndonos callar”, alertó.

Señaló que desde la Comisión de Derechos y Garantías que integra se logró que integrantes de comunidades indígenas y sectores socioambientales que luchan en los territorios puedan plantear su posición y dieran cuenta del rechazo a la reforma. Remarcó que no se garantizó la consulta previa e informada como indican la legislación indígena.

En ese marco, a pesar de los derechos consagrados en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales, para la diputada “en Jujuy se vive la represión, la criminalización de indígenas y de los sectores socioambientales que defienden los territorios”.

Resaltó que los últimos cuatro días de masiva movilización y de paro docente demuestran el rechazo unánime del pueblo jujeño a las reformas “mientras el gobernador Morales avanza con una Constitución reaccionaria, antiderechos, que beneficia únicamente a las multinacionales saqueadoras del litio, en las calles se ve algo muy profundo, el pueblo ha perdido el miedo”.

Una Constitución a pedir de los grupos empresarios

Entre las principales modificaciones que perjudicarán a los pueblos indígenas, Natalia Morales explicó que existe un artículo sobre la propiedad privada que plantea una ley para el posible desalojo de pueblos indígenas que se encuentran en las llamadas tierras fiscales. Para la convencional constituyente, la reforma plantea que “esas tierras estén al servicio de la producción, lo que pone en cuestionamiento la posesión de las comunidades indígenas en territorios que poseen desde tiempos ancestrales. Puede implicar también desalojos y que se vulneren sus derechos”.

Otro de los puntos vinculados a los pueblos indígenas tiene que ver con que el estado provincial se atribuye tener la propiedad de los recursos estratégicos que hay en el suelo y subsuelo, lo que beneficiará directamente a las corporaciones empresarias. “Hemos visto cómo desde los sectores del agronegocio, como el Grupo Ledesma, las cámaras empresarias de los sectores del tabaco y la minería estuvieron desfilando por la Legislatura durante los últimos días”, afirmó.

Agregó que la nueva Constitución incorpora artículos que profundizan el saqueo y el extractivismo de litio, así como negociados con las energías renovables: “Es el negocio verde que se pone por delante de la función social, de los derechos básicos como contar con agua, energía y gas”.

Los próximos días serán decisivos para el rechazo de esta reforma que afectaría directamente a los pueblos originarios. Por ese motivo, las más de 400 comunidades indígenas se encuentran organizadas y en alerta para la defensa de sus territorios y modos de vida.

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Por Camila Parodi (*)

La comunidad garífuna, que habita los territorios que preexisten al Estado hondureño, avanza firme en la recuperación de sus tierras ancestrales. Siglos de violencias y diferentes intentos de sometimiento se replican desde la conquista europea hasta la actualidad. Hoy, sus territorios rodeados de palmeras, selva, arena y agua cristalina, son codiciados por las empresas de turismo, así como por la industria palmera. Desde la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) denuncian amenazas permanentes.

Si bien en su plataforma electoral la actual presidenta de Honduras, Xiomara Castro, habló sobre el respeto a las poblaciones indígenas del país centroamericano, las comunidades denuncian que, en los hechos, los atentados contra su soberanía territorial, cultural y política continúan. En ese marco, las comunidades garífunas organizan procesos de recuperación de la tierra para asentar a las nuevas generaciones y garantizar la supervivencia de su cultura ancestral. 

Desde el mes de septiembre, integrantes de la Aldea Garífuna del Municipio de José Santos Guardiola, en las Islas de la Bahía, comenzaron la recuperación de una parte de su territorio ancestral. La ocupación “Wagueira Lee” (que significa “Esta es tierra nuestra”) toma el nombre del primer asentamiento garífuna de la zona, tras ser expulsados de la isla de San Vicente en 1791. 

El pasado 7 de noviembre, un comando integrado por militares y policías desalojó violentamente a quienes allí se encontraban y detuvieron a seis personas, acusadas del presunto delito de “usurpación”; todo esto, sin respetar el convenio 169 de la OIT sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas ni la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos. Si bien el 25 de noviembre, las y los defensores obtuvieron el sobreseimiento definitivo, esta causa contra la recuperación “Wagueira Lee” evidencia la perspectiva que construye el Estado Hondureño sobre sus pueblos indígenas y los territorios que habitan.

La recuperación ancestral de los territorios por parte de las comunidades indígenas no es solo un derecho, sino que también es una acción constante de defensa de la vida, frente al modelo de muerte que insiste en mercantilizar y destruir la naturaleza. Los pueblos indígenas de toda la región construyen alternativas y nos enseñan, en sus prácticas cotidianas y de defensa de los territorios, que otra vida sin desigualdades, y en armonía con la naturaleza, es posible. Para conocer sus propuestas, la agencia de noticias BiodiversidadLA dialogó con Miriam Miranda, Defensora de los Derechos Humanos y lideresa de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH).

Hemos visto que, durante el gobierno de Xiomara Castro, los desalojos y violencias contra el pueblo garífuna persisten. ¿Cuál es su lectura ante esta situación?

La situación es muy compleja. En el caso del desalojo, vemos cómo el aparato de la justicia de este país protege los intereses de los empresarios, de la gente que tiene el poder y el control económico a nivel nacional e internacional. Este juicio lo mostró con mucha claridad, se ven los vicios de nulidad: la fiscal que ordenó la captura de los compañeros y compañeras no estaba facultada para hacerlo y mucho menos la policía.

Nosotros y nosotras creemos que este es un contexto muy difícil para el pueblo garífuna, para los pueblos que luchamos por los territorios, porque el poder de la Corte Suprema de Justicia y del Ministerio Público se muestran permanentemente contra nosotros y a favor de los empresarios que nos quieren desplazar. Sin embargo, estamos decididos a seguir denunciando este tipo de hechos. A su vez, entendemos que la Presidenta, como la comandante en jefe tanto de la Policía como del Ejército, podría haber detenido ese desalojo. No se puede desmarcar la responsabilidad de este nuevo gobierno.

¿Por qué es importante escuchar y conocer la mirada del pueblo garífuna para comprender la historia de Honduras?

En nuestro país se dieron sucesivos golpes de Estado, aunque mucha gente no lo recuerde. Los pueblos garífunas, así como otros pueblos indígenas, vemos con claridad esa continuidad de amenazas contra nuestra soberanía territorial. No fue solamente el golpe del 2009, nosotros hemos vivido tres golpes de Estado sucesivos: en 2009 sacaron al Presidente de la República; en 2012, el Congreso Nacional dio un golpe contra la Corte Suprema de Justicia y sacaron a varios magistrados que se oponían al proyecto de muerte de las Ciudades Modelos, hoy conocidas como “Sedes”; y el golpe electoral que nos dieron en 2017, cuando Juan Orlando Hernández se impuso, a través de la bota militar, para seguir siendo Presidente de la República.

Con este escenario, es muy claro que estamos hablando de una destrucción de la institucionalidad; no se rompió solamente la construcción de esa democracia incipiente, sino que se generó un Estado fallido y es eso lo que se muestra en este momento. Nosotros sabemos que debe haber interdependencia entre los poderes del Estado pero, también, tiene que haber Justicia. Nosotros no queremos y no pretendemos que no haya interdependencia, que haya un solo gobierno que controle todos los poderes, porque así lo hizo Juan Orlando Hernández. 

¿Cuál es la exigencia del pueblo garífuna en este contexto?

Nosotros estamos exigiendo que haya Justicia para los pueblos, porque eso fue lo que prometió la Presidenta. Hoy nos encontramos en una situación muy difícil para el pueblo garífuna, porque las empresas y el poder económico quieren avanzar sobre nuestros territorios. La situación es bastante grave porque son quienes controlan el país. Entonces, estamos entrando a una etapa diferente, porque quieren hacer desaparecer a nuestra comunidad. Nosotros hemos venido luchando y construyendo procesos genuinos y colectivos. Porque también, y quiero decirlo claramente, estos procesos supuestamente “democráticos” que se vienen impulsando por el actual gobierno atentan contra la vida del pueblo, contra la Soberanía Alimentaria y contra nuestra organización. 

¿Cuáles son las propuestas cotidianas con las que OFRANEH construye alternativas a las planteadas por el gobierno?

Desde OFRANEH no defendemos solamente los derechos de los pueblos indígenas, mediante lo que es la movilización y la posibilidad de poder acudir a instancias internacionales. También estamos construyendo autonomía y autogestión comunitaria frente al capitalismo voraz, que destruye la naturaleza. En ese contexto, nosotros hemos construido el primer proceso para la producción masiva de cocoteros, en un territorio donde tenemos a nuestro alrededor las palmas africanas. Tenemos ese proceso comunitario no solamente para recuperar la dieta alimenticia del pueblo garífuna, sino también para generar autonomía y fortalecer la Soberanía Alimentaria, y que las comunidades puedan producir sus propios alimentos. Eso es lo que estamos haciendo ahora en la zona de Vallecito, un proyecto que no sólo produce coco conífera, sino que también lo estamos combinando con la producción de tubérculos, como la yuca, que es la base alimenticia del pueblo garífuna.

Las comunidades indígenas ponen la vida en el centro. Por eso es imprescindible, sobre todo frente a una crisis climática sin precedentes, conocer sus expresiones y propuestas de organización y vida social. ¿Qué lectura hacen de la crisis climática desde el territorio garífuna y cuáles serían las propuestas reales que podrían ponerle un freno?

No podemos perder de vista que este modelo y este sistema capitalista acumulador pone el capital por sobre la vida humana. Está poniendo en riesgo a toda la humanidad, y eso lo sabemos muy bien. Atenta contra la alimentación, la salud y las necesidades básicas del pueblo, ya que se han convertido en mercancías. La persona que tiene dinero puede tener acceso a la salud. Se pone en riesgo la vida humana porque la salud se ve como una mercancía, se ha generado una industria farmacéutica acumuladora de capital que pone al negocio por sobre la salud, que es un derecho humano.

Por eso, nosotras y nosotros creemos que son un fracaso absoluto las Cumbres Climáticas que se han venido dando, porque no solamente no se toman decisiones para reducir la emisión de gases y la polución, sino que tampoco se toman decisiones radicales que permitan hacer respirar al planeta. Para nosotras y nosotros hay que trabajar sobre el consumo desmedido de todo lo que daña el planeta y la naturaleza, como el plástico, por ejemplo. Si no se toman decisiones radicales y se sigue poniendo al capital por sobre la salud humana, vamos a perecer y a desaparecer como humanidad, pero la tierra se va a regenerar.

¿Cuál es la importancia de las Casas de Salud Ancestral y cuáles son los objetivos de este proyecto?

Cuando irrumpió el COVID 19, se cerró el mundo y se frenó la movilidad humana. Sabíamos que teníamos que tomar una decisión. Impulsamos la instalación de los centros de atención: treinta y tres centros en diferentes comunidades para atender y, sobre todo, asegurar la sobrevivencia de nuestros abuelos y abuelas. Porque son las que transfieren y transmiten la cultura, el saber y el conocimiento del pueblo garífuna. Teníamos que asegurar la sobrevivencia espiritual y cultural del pueblo garífuna, y pusimos eso en el centro. Por eso es que nos dedicamos, desde esas Casas, a brindar y generar salud para nuestras comunidades. 

Nos convertimos en la organización pionera de las Casas de Salud Ancestral, como una medida y como una forma de atender a nuestras comunidades, mediante la elaboración de  té de hierbas medicinales pero, también, a través de la distribución de todo lo que significaba un apoyo para el momento de emergencia. Pero, sobre todo, entendiendo que lo más importante es fortalecer el sistema inmune de nuestro pueblo. Mucho de la cultura y la identidad nuestra pasa por ese conocimiento ancestral de nuestra comunidad. Por ejemplo, para elaborar los tecitos que nos ayudan a fortalecer el sistema inmunológico, lo que le resta ese gran poder que tiene la industria farmacéutica que hace que la gente se acostumbre y termine adicta a pastillas que no los curan. Al contrario, son medicamentos que terminan destruyendo a la humanidad y su salud. 

En las Casas de Salud Ancestral se brinda no solamente atención primaria, sino que son espacios de movilización de las comunidades. Espacios para atender la salud en una forma integral, entendiendo que la salud también es luchar por los territorios y por las tierras, para que la gente pueda tener acceso a las plantas medicinales, a todos los bienes comunes que ayudan para la vida. Pero, también, entendiendo que debe haber una salud mental y una salud ambiental. Tenemos que luchar contra el plástico que está devorando el planeta. Toda la salud, viéndola de una manera holística e integral, no es únicamente para la persona humana, sino que es también para el planeta. Somos los pueblos indígenas quienes tenemos esos conocimientos y quienes podemos sanar al planeta.

(*) Esta nota es parte del proyecto “Biodiversidad para el sustento. La comunicación para fortalecer a indígenas y campesinos en sus acciones”, realizado con el apoyo de Swift. Por  Camila Parodi para agencia de noticias BiodiversidadLA 

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• Por Alma Zamora

Edgar Ricardo es un joven de 19 años de edad que vive a 10 minutos de un pozo petrolero en la comunidad del Paso del Correo. Ha visto cómo los habitantes que residen a tan solo 5 minutos de estas perforaciones están siendo afectados por los malos olores, la escasez de agua y los problemas a la salud. Él agradece a Dios que en su pueblo todavía tengan acceso a agua potable, sin embargo, reconoce que existe un riesgo y que podrían quedarse sin ese líquido porque los pozos están contaminando las zonas cercanas al río Tecolutla, del cual también depende su comunidad.

El municipio de Papantla está ubicado al norte del estado de Veracruz. Los ríos Cazones y Tecolutla son parte de la identidad de sus habitantes, al igual que el cultivo de vainilla, la cual es nativa de la región. De hecho, Veracruz es el principal productor con un 70% de producción a nivel nacional. Además, posee abundante fauna y flora y también es rico en hidrocarburos, por eso es una de las principales zonas donde se extrae y explora gas y petróleo.

Los hidrocarburos forman parte de combustibles fósiles como el petróleo y gas natural, los cuales a nivel mundial son responsables de desencadenar la crisis climática. El 71% de las emisiones de gases de efecto invernadero de México corresponden al dióxido de carbono (CO2) y, del total de ellas, el 64 % viene del consumo de combustibles fósiles.

Frente a todos los antecedentes, varios países – incluido México – adoptaron el Acuerdo de París en la COP 21, realizada en 2015, comprometiéndose a mantener la temperatura por debajo de los 2°C y a hacer el mayor esfuerzo para que no sobrepase los 1,5 °C. De esa forma, estas naciones deben generar estrategias para transitar desde las energías convencionales (carbón, gas, petróleo, entre otros) a las no convencionales (eólico, solar, geotermia, energía marina) en su matriz energética.

La maestra en ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Graciela Rivera Camacho, comenta que para que eso sea una realidad en México se necesita de apoyos internacionales, del gobierno local o privados para impulsar la investigación y poder integrar las energías no convencionales a la red eléctrica nacional.

De esa forma se puede avanzar con paso firme en la transición energética, aunque muchos reiteran la importancia de considerar la justicia socioambiental. Así lo asegura la abogada del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A. C. (CEMDA), Yoatzin Popoca Hernández: “Creo en la posibilidad de que se pueda hacer una transición energética justa, pero para poder alcanzar justicia social tenemos que escuchar a las personas. Tenemos que tomar en cuenta absolutamente a todos los sectores de la población qué necesitan ser tomadas y tomados en cuenta en estos procesos”, señala. 

Sin embargo, en algunos lugares se sigue fomentando más el uso de técnicas y fuentes de energía que generan elevados impactos en las comunidades locales, tal como ocurre en el municipio de Papantla. Allí se extrae gas de lutitas a través de una técnica llamada fracturación hidráulica o fracking, que permite obtener el gas y el petróleo que están atrapados en poros de rocas poco permeables que se encuentran en yacimientos de lutitas bituminosas, mejor conocidos como yacimientos no convencionales.

Estas formaciones de lutitas se encuentran en profundidades de entre uno y cinco kilómetros, por eso es necesario un tratamiento más complejo, a diferencia de los yacimientos convencionales, ya que en estos el hidrocarburo fluye de manera natural a los pozos.

Además, para el fracking se necesitan entre nueve y 29 millones de litros de agua, de acuerdo al libro “Agrietando el futuro. La amenaza de la fractura hidráulica”. La encargada de la cadena productiva de hidrocarburos es la empresa estatal Petróleos Mexicanos, la cual es la novena empresa a nivel mundial en producción de emisiones desde 1965, según un estudio realizado por el Climate Accountability Institute por Richard Heede.

Mientras tanto, en las zonas rurales viven cerca de 2.500 personas, de las cuales solo el 44, 37% cuenta con abastecimiento de agua potable, es decir, más de la mitad de los pobladores del estado de Veracruz no tiene acceso a este elemento en sus hogares, de acuerdo con el Consejo Consultivo del Agua (CCA). No obstante, se siguen destinando grandes cantidades de agua a estos proyectos.

Papantla, entre las zonas más afectadas

El fracking podría estar afectando a 118 municipios en siete estados de México: Veracruz, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nuevo León, Puebla, Hidalgo y Coahuila. No obstante, sería muy difícil saber con certeza cuántos pozos activos hay en México ya que, según ha denunciado la Alianza Mexicana contra el Fracking, se ha hecho fractura hidráulica en yacimientos convencionales y la información que presenta el gobierno sería contradictoria e incompleta.

Basándonos en la solicitud de información con número de folio 1857500000714, gestionada por CartoCrítica, hay 924 pozos perforados desde 2003 en México, pero hay que considerar que está técnica se comenzó a realizar desde el 26 de enero de 1996 en el país. Aun así, de las 924 perforaciones, 349  están en Veracruz y 172 en el municipio de Papantla que cuenta con 73 comunidades.

En esta región se desarrolló la cultura totonaca, la misma que en tiempos prehispánicos construyó el Tajín, que significa “ciudad del trueno”, un lugar inscrito como Bien Cultural en la Lista de Patrimonio Mundial de la Unesco en 1992. Por ello la región de Papantla es reconocida como Totonacapan – zona en la que se desarrolló la civilización totonaca – , siendo incorporada también al programa Pueblos Mágicos en el año 2012 por su gran diversidad cultural y natural. 

Edgar Ricardo, quien es campesino, mecánico y promotor de la Tosepantomín (Cooperativa de ahorro y crédito), señala que “nosotros los jóvenes nos enfrentaremos a las consecuencias del cambio climático. Además, se vienen tiempos en los que se va a poner más dura la situación. Si es que no se para ahorita se va a poner más grave en un futuro”.

Los impactos ambientales que han denunciado los mismos habitantes corresponden a la contaminación del aire, los constantes incendios provocados por los derrames petroleros, la contaminación de los mantos acuíferos, así como la pérdida de biodiversidad y paisajes naturales. También se han registrado impactos en la salud, donde serían las mujeres las más afectadas por las altas cantidades de sustancias químicas tóxicas que se utilizan en las perforaciones.

Algunos de los químicos que usan, como el bisfenol A, son disruptores endocrinos (contaminantes ambientales que modifican el comportamiento de las hormonas). En efecto, la exposición a estas sustancias se relaciona con el cáncer de mama. También los efectos del fracking se asocian a problemas en la salud mental, inmunidad y en el sistema cardiovascular.

Por otro lado, las mujeres están propensas a tener partos prematuros; los bebés nacen con bajo peso (al estar expuestos al arsénico) y podría generar anomalías congénitas.

Otro ejemplo claro de los impactos ambientales de la fractura hidráulica fue los sucedido el 4 de junio de 2022 en Papantla, donde un ducto de Pemex explotó y provocó un incendio que duró cuatro días.

Sin embargo, ese no ha sido el único caso porque La Vanguardia Veracruz registró en 2017 el caso de un ejidatario (una persona que tiene una tierra comunal, es decir, que la comparte con más personas) de la localidad El Remolino, en la que su parcela fue afectada por un derrame de miles de litros de petróleo. El campesino denunció lo sucedido, por lo que Pemex se llevó la tierra inservible y le prometió llevarle suelo fértil, cosa que hasta la fecha sigue sin cumplir.

De acuerdo con el Centro de Coordinación y Apoyo de Emergencias (CCAE) de Petróleos Mexicanos (Pemex) registró 176 reportes de  derrames y fugas entre 2018 y 2021. De ellos, 156 fueron derrames y 20 fugas. El estado de Tabasco y Veracruz han sido los más afectados, pues se llevan el 63% de las devastaciones. Los suelos, los ríos y los mares son los principales dañados porque se esparcen sustancias como crudo, aceite y gasolina. Además, encontraron que la mayoría de los incidentes estuvieron a cargo de Pemex Exploración y Producción con 112; seguida de Pemex Logística (PLOG) con 27; y Pemex Transformación Industrial (TRI) con 37.

Para conocer a fondo los impactos ambientales, mediante una solicitud de información con el folio 330023022000399, se le pidió a Pemex Exploración y Producción (PEP) las evaluaciones de los últimos diez años, sin embargo, no hemos recibido respuesta al cierre de esta edición.

Y aunque estos impactos ambientales sean evidentes, los pueblos ejidales, campesinos o indígenas (según el Censo de Población y Vivienda 2020, hay 57.921 pobladores indígenas en Papantla) no pueden oponerse a la instalación de estos proyectos y solo podrían negociar los términos en los que se llevaría a cabo.

Yoatzin explica que las empresas se respalda en el capítulo IV de la Ley de Hidrocarburos, qué se llama Uso y Ocupación superficial, en el Artículo 100 que dice: “Si estás en tierras o territorios indígenas o comunidades equiparables o en territorios ejidales, tú como empresa tienes que ir a negociar con las personas”, indica la abogada.

A todo esto se suma un escenario mundial complejo: la crisis climática. Este fenómeno no solo viene con afectaciones al ambiente y a la salud, sino con una serie de impactos socioeconómicos como la pérdida de las prácticas culturales y de sus medios de subsistencia porque, como se cuestiona el joven Edgard, “nosotros como campesinos vivimos de esos terrenos, si no tenemos agua y un terreno fértil, ¿qué vamos a producir? ¿Dónde vamos a  agarrar para vivir?”.

El Gobierno mexicano apuesta a estos proyectos

Aunque la técnica ha sido prohibida en algunos países como Francia, Bulgaria y España, siendo mundialmente rechazada, en México se sigue realizando. De hecho, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró en 2019 que en territorio mexicano no habrá fracking y que su compromiso número 75 que hizo al inicio de su administración, de “no usaremos métodos de extracción de materias primas que afecten la naturaleza y agoten las vertientes de agua como el fracking”, está “cumplido”. Esto de acuerdo a la página oficial de Presidencia.

El compromiso está muy lejos de ser verdad, pues en 2021 el presupuesto que se asignaría para fracking en México en 2022 estaría en aumento, según información recabada por la Alianza Mexicana Contra el Fracking. Se estima la asignación de 15 mil 212.6 millones de pesos al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2022, el cual contempla la extracción de hidrocarburos con el uso de la fractura hidráulica.

En esa línea, también solicitamos la entrevista a Pemex para conocer la situación actual de la explotación de pozos con la técnica de fracking, sin obtener respuesta, como se precisó previamente.

Asimismo, en el Congreso Méxicano del Petróleo (CMP) 2022, Ángel Cid, director de la división Exploración y Producción de Pemex anunció que se explorarán pozos para extraer gas en el norte de Veracruz en la plataforma de Tuxpan y en las cercanías de Ixachi.

Las fracturas de la actual Reforma Energética

Edgar lamenta que esos megaproyectos hayan llegado sin el permiso o la autorización de las comunidades porque es “como quitarle el patrimonio a la gente, prácticamente, porque si le quitan la tierra a un señor, a una señora ¿qué le van a dejar a sus hijos? Esos hijos somos mi generación”.

La abogada Yoatzin explica que, debido a la Reforma Energética de 2013, si una empresa quiere realizar un proyecto para perforar pozos de yacimientos no convencionales, tiene que hacer un contrato a través de las rondas de licitaciones, una evaluación de impacto ambiental, la presenta ante la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), y se sube a una gaceta en Internet con acceso al público. Sin embargo, pocas personas saben de la existencia de dicha documentación.

A partir de la publicación de la mencionada gaceta, un ciudadano tiene 10 días hábiles para solicitar una consulta pública ante el ASEA, la cual se encuentra en la capital de México, lo que implicaría cuatro horas de viaje desde Papantla. La solicitud se debe hacer presencialmente, lo cual constituye un reto para las comunidades más alejadas.

Una vez que se logra abrir una consulta pública, los solicitantes tienen que hacer comentarios sobre la manifestación de impacto ambiental, pero ese documento solo se puede consultar en físico y se cuenta con un plazo de 20 días para realizar comentarios al respecto. Ante todo este procedimiento, la abogada Yoatzin señala que “yo pensaría que es muy poco común que llegue a las comunidades” la información previa, libre y adecuada del proyecto, además de la complejidad al leer el documento.

Como explica la ingeniera Graciela, de partida, el contenido es enrevesado y hay muchas consideraciones a la hora de evaluar la totalidad del proyecto, partiendo por el área en la que se instalará “porque no es solo hacer un pozo y ya”, se tiene que medir el impacto de las construcciones, del transporte, cómo afectará la ruta, observar si el área ya estaba afectada o no, si se quitara la cobertura vegetal, entre otros detalles.

Esto hace visible la urgencia de cambiar la actual Reforma Energética, la cual modificó varios artículos de la Constitución Mexicana en la que indican que el petróleo sigue siendo de la nación, pero empresas privadas y públicas, internacionales o nacionales podrán hacer exploraciones.

En este sentido, Yoatzin señala que “la reforma energética del 2013, para mí y para otros autores, fue la legitimación del despojo. Se habla de soberanía nacional, de que los hidrocarburos siguen siendo de la nación”, un discurso que “han mantenido desde la expropiación, hace 80 años, de que el petróleo es igual a nacionalismo, a unidad. Además, el petróleo es símbolo de modernidad, abundancia, desarrollo y evolución”.

Defender el territorio para vivir

Así como Edgar, hay muchos jóvenes que están interesados en defender su territorio e impedir que la contaminación tenga un impacto mayor en sus comunidades. En mayo de 2016 se reunieron 80 juventudes de diferentes zonas con la finalidad de adquirir conocimientos y herramientas teóricas y prácticas de lo que es el fracking. Al finalizar el campamento, las juventudes se pronunciaron a favor de la vida y a la protección de la memoria y el legado de sus abuelos.

Desde 2009, abuelos, abuelas, madres y padres han tomado acciones contra los proyectos, como el bloqueo de los accesos a las instalaciones de distintos pozos petroleros para exigir el pago de los daños a sus cultivos y la introducción de sistemas de agua potable a los hogares, promesas que la empresa Pemex les había hecho en 2008. Siguiendo la ruta de su lucha, en 2015 miembros de 50 organizaciones sociales, reunidos en el ejido Emiliano Zapata, construyeron la Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa del Territorio Huasteca-Totonacapan (CORASON) como pronunciación en contra de la fractura hidráulica.

Después de dos años de pandemia, el pasado mes de mayo en la comunidad de El Remolino, se realizó el taller “Cuidado y defensa del territorio: Fracking en Papantla”, con el objetivo de reconocer la situación actual de esta técnica en el territorio, además de identificar los lugares y acciones para la resistencia comunitaria. En este encuentro asistieron aproximadamente 50 personas de distintos puntos del municipio de Papantla.

En ese taller acordaron comenzar un proceso de juicio de amparo, el cual es el último recurso que se utiliza cuando no se pudo apelar a una consulta previa, libre e informada, porque de acuerdo con Yoatzin “no hay manera jurídicamente válida para combatir estos proyectos (…) No hay más desde el punto de vista nacional y se tiene que ir a juicio de amparo”.

Pero antes de eso, aseguran, hay otros instrumentos que podrían ayudar, como el Acuerdo Escazú, tratado que busca fomentar el acceso a la información, la participación pública y la justicia socioambiental en América Latina y el Caribe. La misma región que ha sido calificada como la más peligrosa para defender el medioambiente.

“Por eso el Acuerdo Escazú es tan importante, porque tendría que elevar los estándares de derecho a la información, tendría que hacer una transparencia activa, no de solo publicarlo en la gaceta”, indica la abogada, quien al mismo tiempo lamenta que el tratado no se está implementando realmente, pese a que tiene un año de ratificación en México.

Aunque a los habitantes les queda un camino largo que recorrer, al enfrentarse a las múltiples violaciones de derechos humanos en su territorio, hay un sentimiento de lucha al organizarse para ejercer sus derechos, pese a todas las dificultades que han experimentado.

Así lo refleja el señor José Antonio Santiago Osorio, de la comunidad del Paso del Correo, quien participó en el taller para manifestarse en contra del fracking y velar por los preciados mantos acuíferos. “No estamos de acuerdo en eso y estamos defendiendo el territorio”, sentenció.

*Este texto fue producido con el apoyo de Climate Tracker América Latina

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Por Alma Zamora

Entre los árboles, cascadas, ríos y espesa neblina, se encuentra Cuetzalan del Progreso, una localidad denominada “Pueblo Mágico” en 2002 y reconocida como una de las “Mejores Villas Turísticas” en 2021 por la Organización Mundial del Turismo (OMT). Su mística y recursos naturales atraen a cientos de turistas cada año y a empresas que buscan instalar minas, pozos de fracking e hidroeléctricas en la zona.

Ofelio Julián Hernandez, integrante de la Cooperativa de Ahorro y Préstamo Tosepantomin de la Unión de las Cooperativas Tosepan y miembro del Consejo Maseual Altepetl Tajpianij, cuenta que desde el 2010 se han organizado para impedir el establecimiento de los “proyectos de muerte”, como los han denominado, porque amenazan sus ecosistemas y la vida de las comunidades. Esto incluye desde acciones legales en contra de la minería a cielo abierto hasta concentraciones de más de 5 mil habitantes en asambleas.

El pueblo de Cuetzalan se ubica en la Sierra Norte de Puebla, y de acuerdo con un artículo publicado en la revista Journal de la Société des Américanistes, en la región hay 600 mil habitantes, de los cuales la gran mayoría son indígenas, incluyendo 400 mil nahuas y 100 mil totonakús.

Por ello, la comunidad está respaldada por tratados internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que salvaguarda – entre otras cosas – sus derechos a las tierras y a la autonomía. Con este convenio y haciendo uso de la Constitución mexicana, se logró generar un Ordenamiento Ecológico Territorial, que ha resultado ser una herramienta de defensa comunitaria y ayuda legal para que dicho municipio gestione el área sin afectar sus formas de vida, incluyendo medidas como la restricción y/o prohibición de megaproyectos dentro de su territorio. Sin embargo, empresas públicas como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que provee energía eléctrica a todo México, lo han pasado por alto, despertando la oposición de las comunidades locales.400,000habitantes son nahuas100,000habitantes son totonakus

Las luchas para el buen vivir (yeknemilis)

Los pueblos indígenas de México han sido saqueados desde la colonización europea y hoy se enfrentan al despojo de empresas extractivas que, con el apoyo del gobierno mexicano, pretenden instalarse en sus territorios para generar energía, pero ¿para quién?

Fue en 2016 cuando los pobladores nahuas, totnakús y mestizos se vieron enfrentados a la iniciativa Cuetzalan entronque Teziutlán II- Tajín, de la CFE, que buscaba suministrar energía con una subestación eléctrica y una línea de alta tensión a otros proyectos de minería, fracking e hidroeléctricas que están concesionados en la zona. El proyecto ya se había presentado tiempo atrás, y estaba dentro del presupuesto 2010- 2014 de la empresa estatal.

De acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), la línea de alta tensión tendría una longitud de 20 kilómetros, pasando en su trayectoria por terrenos de las comunidades de Xaltsinta, Colonia Cuauhtémoc, Alahuacapan, Xiloxochico, Chikueyajko, Acaxiloco y Nahuiogpan. Además, su camino atravesaba la localidad de Cuamono en la que corre el río Apulco, que ya tenía cuatro concesiones de centrales hidroeléctricas llamadas Ana, Boca, Conde y Diego.

Además, en Cuetzalan había tres concesiones de minería denominadas “Atexcaco I”, “Atexcaco II” y “Macuilquila” que estaban otorgadas por la Secretaría de Economía. Para este caso se presentó una demanda de amparo contra los proyectos y hacia la Ley Minera, ya que – como insiste Ofelio – es inconstitucional.

La población investigó las afectaciones que las líneas de alta tensión traerían a la comunidad, en la que resaltan la radiación y el hecho de que las líneas “estarían pasando y atravesando comunidades enteras, por ejemplo en el caso de Xiloxochico estarían pasando sobre una escuela preescolar”, denuncia Ofelio, quien recuerda que al finalizar una manifestación en 2016, con el fin de exigir a las autoridades municipales mayor seguridad en la región ante la delincuencia que- asegura – llegó junto con todas las concesiones, fueron al terreno en el que se proyectaba  la subestación y realizaron una cancelación simbólica al montar un campamento que duró diez meses.

En esos diez meses se apropiaron del campamento haciendo talleres. De paso, construyeron sueños, plantaron milpas como un símbolo de lucha y analizaron las actuales formas de hacer energía. Así empezaron a poner sobre la mesa la viabilidad de apostar por la autonomía energética y las energías renovables.

Aunque retiraron el campamento y la CFE no continuó con la obra, la institución pública demandó en 2017 a ocho líderes indígenas por oponerse al proyecto. Ofelio narró que, hasta el 2018, hubo hostigamientos y campañas de desprestigio en contra de las y los opositores de la subestación. Fue en 2019, en una asamblea general en la cabecera municipal de Cuetzalan, que anunciaron que la CFE había retirado los cargos hacia las y los defensores y en este año la Semarnat informó la cancelación definitiva del proyecto. Sin embargo, los habitantes no descartan que la empresa lo intente nuevamente en un futuro.

Transición energética y justicia ambiental en México

Una de las vías para mitigar los efectos de la crisis climática actual es la transición energética, cuyo objetivo es pasar de un sistema basado en los combustibles fósiles a energías renovables como la solar, eólica, fotovoltaica, entre otras. Esto cobra especial relevancia en México, que sería el 12º país que más contribuye en emisiones en el mundo.

De hecho, los hidrocarburos representan el 83,93% en la matriz de la producción de energía primaria en el país, destacando el petróleo crudo con 59,83 % y el gas natural con 23,15 %, según el Balance Nacional de Energía 2019 publicado en 2021.

Sin embargo, no basta solo con hacer un mero recambio en las fuentes de energía, ya que es fundamental considerar aspectos sociales. Por ello las iniciativas que están implementando las comunidades de la Sierra Norte de Puebla buscan lograr una transición energética justa, que involucre la justicia social y ambiental, considerando las particularidades territoriales, socioeconómicas, de género, entre otras, como recoge un informe de la ONG FIMA, CEUS Chile y CERES.

Si bien el concepto nace en Norteamérica y Europa, se ha adoptado de diferentes formas en diversos contextos. Por ejemplo, en las comunidades indígenas masehual y totonaku de Cuetzalan se contempla la creación de nuevas condiciones sociopolíticas enfocadas a mejorar la calidad de vida de los habitantes a través de la justicia climática.

La energía de y para los pueblos indígenas

Cuetzalan es un ejemplo para impulsar alternativas energéticas comunitarias para avanzar hacia la justicia climática y la transición justa, de la mano de la soberanía energética. 

De acuerdo con la ingeniera Sofía García Pacheco, una de las fundadoras de la Cooperativa Onergía, existen dos narrativas de la soberanía energética. Hay una que siempre ha sido impulsada por los Estados, que tiene que ver con la nacionalización de los recursos para la nación. Aunque hablemos de soberanía en esos términos, eso no nos va asegurar que la energía se trabaje desde los derechos humanos para el acceso a la vida digna”.

Por ello, en las asambleas comunitarias locales decidieron caminar hacia dicha soberanía a través de varios proyectos, entre ellos la instalación de sistemas fotovoltaicos, es decir, dispositivos conectados entre sí para transformar la energía solar a eléctrica, y que funcionan con paneles o celdas.

En Cuetzalan han trabajado con dos tipos de sistemas: interconectados e híbridos y sistemas autónomos. Los primeros transforman la luz del sol en energía eléctrica y están interconectados a la red pública (en este caso, las redes de la CFE). El beneficio se ve reflejado al momento de pagar porque es más económico. El autónomo, como el mismo nombre indica, funciona sin estar conectado a la red pública de electricidad, generando su propia electricidad. “Las ventajas de la energía solar fotovoltaica es qué es adaptativa y flexible a los lugares donde se va a aprovechar, entonces siempre se tiene que evaluar la necesidad energética”, indica Sofia.

La ingeniera detalla que en México existe un sistema energético nacional a gran escala “que va de sur al norte y que incluso está interconectado en el sur con el sistema electrónico de Centroamérica y en el norte con el sistema eléctrico de Estados Unidos”, y que el gobierno puede elegir mayor  distribución de energía al sector industrial porque es el que “soporta la economía”, mientras que un porcentaje menor lo destinaría a los usuarios domésticos o a las economías locales.

Frente a esto, Sofía asegura que la soberanía energética  “es la apropiación de los flujos energéticos desde lo local y esto significa que nos tenemos que apropiar de las distintas formas en la que transformamos, producimos y consumimos la energía para que pueda ser de manera comunitaria y aterrizada en economías locales”.

Así lo han entendido otras personas, como Leticia Vazquez Esteban, coordinadora del proyecto de revitalización lingüística de la Unión Cooperativas Tosepan. Ella resalta la iniciativa de investigación de energía comunitaria llamada “Democratización de la Energía en la Sierra Nor-Oriental de Puebla”,  que están realizando con el objetivo de pensar sobre las formas de gestionar la energía  para el buen vivir (yenemiliks en náhuatl).

En sus inicios, se percataron que los conceptos de “energías renovables”, “pobreza energética”, “soberanía energética”, entre otros, les eran totalmente ajenos, por lo que decidieron generar un nuevo razonamiento de lo que es energía.

En estas reflexiones, Leticia y sus compañeros se dieron cuenta que “la energía está pensada simplemente en la electricidad o en todas estas energías que produce la hidroeléctrica o como en el gas con los hidrocarburos. Pero en las comunidades la energía principal y esencial es la biomasa (por medio de la leña) y luego están otros tipos de energías, como la del sol por medio la iluminación, el agua y también la energía que necesita nuestro cuerpo para moverse. Además, empezamos a hablar de energía espiritual”, indicó.

“La soberanía energética es la apropiación de los flujos energéticos desde lo local y esto significa que nos tenemos que apropiar de las distintas formas en la que transformamos, producimos y consumimos la energía”.Sofía GarcíaTuit

Después de la fase semilla, nace la Cooperativa Tonaltsin a través del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. De ahí comenzaron a instalar sistemas fotovoltaicos como un primer acercamiento a las energías renovables.

Pero las iniciativas suman y siguen. De acuerdo con el documental “La energía de los pueblos” (2020), en el municipio de Cuetzalan, se instalaron varios sistemas fotovoltaicos con el asesoramiento de la Cooperativa Onergía. Por ejemplo, en el hotel Tosepan Kali se colocaron 20 paneles solares con un sistema híbrido; en Tosepantomin se instaló un sistema interconectado de 30 paneles; en el centro de formación Tosepan Kaltaixpetaniloyan se estableció un sistema autónomo de nueve paneles solares, y también en la comunidad de Xocoyolo se colocaron dos sistemas autónomos en dos hogares.

Esta energía solar es utilizada principalmente en sus actividades diarias, ya sea para la iluminación a través de los focos, la conexión de sus electrodomésticos y la carga de las baterías de sus celulares. Además, ahorran el dinero que tenían destinado para pagar la luz y, al tener un sistema autónomo, cuando hay apagones por fallas eléctricas de la red, estás familias  aprovechan su banco de batería donde guardan energía. Así, no se quedan sin luz.

El cooperativista Albano Adrián Chávez indica que los ingenieros de la Cooperativa Orgenia les recomendaron que para que los sistemas fotovoltaicos funcionen bien, se deben limpiar los panales solares cada dos meses para evitar que el polvo, la tierra, los insectos o cualquier elemento impida su funcionamiento adecuado.

Pese a que uno de los argumentos más frecuentes de la CFE era que los paneles solares no iban a funcionar en esta zona por ser lluviosa y con mucha nubosidad, la ingeniera Sofia explica que la neblina opera como un filtro, entonces, algunos fotones lograrán pasar y otros no. Aunque el municipio tenga días continuos de neblina, los paneles solares funcionan, claro que van almacenando menor cantidad de energía, pero la poca cantidad de luz que pasa ayuda a llenar los bancos de las baterías de luz. 

Los retos para seguir caminando hacía la soberanía energética

Al iniciar su administración en 2018, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador hizo 100 compromisos, de los cuales el número 73 indica: “Impulsaremos el desarrollo de fuentes de energía alternativas renovables, como la eólica, la solar, la geotérmica y la mareomotriz”. Este compromiso se  encuentra “en proceso”, según la página oficial de Presidencia, sin embargo, es una propuesta que no incluye las voces de los pueblos originarios del país.

Leticia asegura que los pueblos originarios no han sido tomados en cuenta al momento de presentar la Reforma Energética, la cual no fue aprobada en el Congreso, porque presentaron una iniciativa en la que distintas organizaciones  sugirieron darle más autonomía a la sociedad civil y a los usuarios en torno a la energía. Sin embargo, éstos no figuran en dicha reforma como tomadores de decisiones.

Otro reto es el mismo concepto de transición energética. Aunque es un término que se empieza a escuchar cada vez más en México, no se llega a comprender en las comunidades indígenas porque no hay traducciones de estos criterios, lo que complica la inclusión de las personas hablantes de las lenguas indígenas. En este sentido, Leticia explica que estos términos han sido construidos desde la academia y no desde las comunidades, lo que implica “estar creando conceptos desde la lengua náhuatl y totonaku, los cuales también son otros aportes porque aparte de nombrar el concepto como tal, es el significado que le da la gente a lo que se concibe”, resalta.

El estado de Puebla es uno de los cinco estados que concentran mayor población de habla indígena junto con Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Veracruz con un 61.09 %, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), pese a ello, la información que distribuye el gobierno de estos temas es en español. 

La transición energética enfrenta otro reto: los precios en las materias primas porque “sigue siendo una tecnología que no es tan accesible a cualquier tipo de persona, económicamente”, indica Sofia. También mencionó que desde la pandemia por la Covid-19 empezó a existir una escasez de muchos microcomponentes y de materias primas que sustentan la tecnología porque, finalmente, las energías renovables dependen del mercado global, y hoy, “mes con mes están cambiando los precios”.

“Algo que nosotros siempre decimos que no es un tema de dinero, que nuestra lucha no es un tema económico, al final se trata de un tema de organización social”, apunta Sofía, porque, como lo menciona, no es lo mismo que una persona compre un panel solar a que lo hagan entre varias personas  porque así existiría  un apoyo económico desde la colectividad.

Finalmente, aunque aún sea un camino largo por recorrer y los retos están presentes en el proceso, las y los impulsores de estas iniciativas reconocen los aportes que están dejando en esta región para avanzar hacia la autonomía energética e ir desechando – en lo posible – las actuales formas en las que se genera electricidad.

En palabras de Ofelio, “desde la cooperativa y desde las comunidades se ha vuelto una necesidad pensar y soñar otras formas de generar energía”.

• Este texto fue producido con el apoyo de Climate Tracker América Latina

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Las luchas por los procesos de construcción autonómica es una dinámica imparable en América Latina y en el mundo. El discurso de las autonomías, como medio fundamental para articular y plasmar las reivindicaciones políticas indígenas en el marco del Estado, ha adquirido relevancia y desplazó los debates de las últimas décadas, como la territorialidad, la jurisdicción, la interculturalidad, u otras dimensiones de los derechos colectivos que permitieran fusionar el discurso indígena.

Actualmente, esta energía es canalizada y proyectada a través del discurso autonómico. Podríamos decir, de manera burda y pedestre, que las autonomías están de moda, no hay una manera cerrada y hermética de entender las autonomías indígenas. Ellas se expresan y despliegan en función de las características, coyunturas e idiosincrasias de los diferentes pueblos indígenas. Por lo tanto, existen tantos procesos autonómicos como pueblos y dinámicas de lucha, con sus especificidades y diferencias.

Como estrategia política para la consolidación y sostenibilidad de los modos de vida indígena, el discurso autonómico viene cosechando importantes avances desde el plano colectivo. En algunos países, ha permitido replantear la institucionalidad del Estado para poder incluir sus reivindicaciones territoriales e interpretarlas como reclamos transversales. En este marco, las autonomías han dado sentido y profundidad a cuestiones tan complejas como la plurinacionalidad y la interculturalidad a través de los planes de vida indígena que vehiculan, regulan, pautan y planifican el proyecto autonómico.

El discurso de las autonomías ha cobrado protagonismo puesto que ha sido una estrategia fundamental para articular y propulsar los procesos de resistencia indígena, para visibilizar políticamente las formas de defensa y autoprotección territorial. Es un discurso más ambicioso y profundo que el mero reclamo territorial, cultural o identitario. Frente a la nueva política extractiva de las empresas y los Estados, las autonomías son un muro de contención para la desposesión territorial. Además, ayudan a la resistencia ante las múltiples expresiones de violencia y el fenómeno de criminalización indígena y su liderazgo.

Radiografía de las dificultades

Hoy los procesos autonómicos indígenas viven una lógica regresiva y una dinámica de empantanamiento en todo el continente, por eso es necesaria la autocrítica. Los procesos de construcción autonómicos se proyectan sobre el fantasma especular que significaron las dinámicas de las consultas, previas, libres e informadas. Muchos de estos procesos concluyeron en fracasos e implicaron la despolitización para los pueblos indígenas, así reverbera, de nuevo, el fantasma de la manipulación y el engaño de los derechos colectivos. ¿Serán estos procesos una repetición de la malversación que supuso la consulta indígena? Esta es una duda razonable con la que tendremos que caminar.

Un primer orden de dificultades se ubica en los Estados. De corte conservador o progresista, se empeñan en la construcción de una ciudadanía de corte cívico republicano, más que en fomentar una dinámica estatal que permita reforzar la figura de los gobiernos indígenas autónomos descentralizados. En este sentido, el discurso autonómico indígena ha funcionado como un contra discurso en la forma de entender la organización territorial del Estado al ser considerado un peligro a la unidad y la soberanía estatal.

En la forma de entender las autonomías indígenas, la política estatal ha venido desarrollando una comprensión republicana de la identidad y la ciudadanía férreamente centralizada. Esta mirada entra en contradicción con la intención de fraguar un modelo estatal de corte plurinacional, como expresan las constituciones de Ecuador y Bolivia. En este marco, las autonomías en Bolivia o las circunscripciones territoriales indígenas en Ecuador han funcionado, en cierta manera, como un instrumento para la consolidación de este proyecto de centralización estatal.

A su vez, hay que sumar la dificultad de una fuerte fragmentación institucional que impide la existencia de formas de gobierno intermedio, elemento fundamental para la coordinación y articulación intra-estatal con pueblos y nacionalidades en zonas boscosas, selváticas y muy apartadas de los centros urbanos. A esta situación se agrega la inexistencia de un sistema de competencias claro y eficaz, y un sistema fiscal obsoleto para la necesaria distribución de recursos a las autonomías indígenas. Este difícil panorama se complementa con la falta de participación indígena real en todo el proceso.

Estas dificultades son factores explicativos relevantes para entender el fracaso en la construcción de ciertas autonomías indígenas, como previamente ocurrió con la consulta previa, libre e informada. Por eso, las autonomías han quedado reducidas a un proyecto de carácter regulativo-asimilativo, sin implicar una potencia autonómica real para los pueblos indígenas.

La complejidad de la plurinacionalidad

Un segundo orden de problemas ha sido la dificultad para entender e integrar, en la organización territorial e institucional, principios tan importantes como la plurinacionalidad e interculturalidad que son contrarios a la dinámica centralista y unificadora de los Estados. Además, las migraciones indígenas han jugado un papel relevante en la composición y juego de equilibrios entre el territorio y la urbe. Esto ha desequilibrado las relaciones de fuerzas para la construcción de las autonomías. También, esta situación ha supuesto una profunda y drástica metamorfosis del liderazgo indígena, de sus posibilidades, capacidades y competencias. Por eso, estos factores han coadyuvado a la gestación de nuevas maneras de entender y articular políticamente las autonomías para la construcción de un marco plurinacional dentro del propio movimiento indígena.

Un tercer orden de dificultades está relacionado con los dos planos o niveles en los que pueden y deben ser abordadas las cuestiones autonómicas. Por un lado, en el plano transversal, la plurinacionalidad es una cualidad que afecta, modula y atraviesa las principales instituciones del Estado en sus ejes legislativo, ejecutivo y judicial. Por otro lado, en el plano territorial, la autonomía implica una profunda y drástica redefinición territorial del Estado, de su gestión y de sus competencias. Por eso, si estos planos no se desarrollan en forma paralela, el proceso de las autonomías indígenas estará abocado al fracaso, a través de su instrumentalización y despolitización.

Debilidades en el movimiento indígena

Un cuarto orden de problemas está relacionado con la fractura y debilidad del propio movimiento indígena en América Latina para articular un proyecto cohesionado y consensuado de autonomía, con carácter plurinacional para todas las nacionalidades y pueblos. En este contexto, los Estados han aprovechado la debilidad del movimiento indígena para ahondar la fractura mediante prácticas de cooptación e instrumentalización de sus líderes y lideresas. La criminalización de la protesta social y el movimiento indígena añade otro factor para interpretar la propia debilidad del movimiento.

En este sentido, algunos pueblos y nacionalidades han ejercido una autonomía orientada a la profundización de modelos de gestión territorial y jurisdiccional (sistema de justicia indígena), proponiendo estrategias que implican cambios radicales en la distribución del poder en el marco del Estado, con una intención claramente plurinacional. Sin embargo, otras dinámicas han puesto el énfasis en procesos de construcción autonómica más tenues, orientados a la negociación y la concertación del poder en el marco del Estado. En este marco, resulta prioritaria la descentralización de competencias entre el Estado y las autonomías indígenas.

Un quinto orden de dificultades está vinculado a la malversación y mitificación que se ha desarrollado del discurso del Estado plurinacional e intercultural, en beneficio de ciertas élites, pero en detrimento de los pueblos indígenas. Se ha producido una inversión ideológica del contenido de las autonomías, despolitizando su potencial para la construcción de los modos de vida indígena.

Todas estas dificultades nos permiten contar con un marco estructural para comprender algunas de las debilidades en el proceso de conformación de las autonomías indígenas en América Latina. Muchos procesos autonómicos indígenas, además, han evidenciado sesgos coloniales en su estructura, organización y proceso, limitando el potencial creativo al dar prioridad a la articulación administrativa y jerarquizada como si fuesen Estados monoculturales y poco descentralizados, orillando los principios de plurinacionalidad e interculturalidad. Así, se deja afuera el verdadero sentido de la autonomía, olvidando la función que la territorialidad y jurisdicción indígena juegan a partir de los planes de vida de estos pueblos.

Estrategias de actuación

Partiendo de este marco de dificultades en el cual los procesos autonómicos indígenas se acercan y proyectan peligrosamente sobre la experiencia de la consulta, libre, previa e informada en América Latina, es importante desarrollar algunas estrategias de actuación para romper y limitar estas dinámicas.

En este sentido, es necesario pensar transversalmente las luchas por la autonomía indígena en América Latina. Si los reclamos indígenas son fundamentalmente políticos -y no reductivamente étnicos, culturales, territoriales o interculturales- es importante construir y diseñar una estrategia de alianzas en la lucha para ir consolidando las autonomías indígenas. Ya no es una cuestión netamente indígena, sino estructuralmente política, lo que implica diseñar prácticas de lucha y resistencia con movimientos sociales, movimiento de derechos humanos, de ecología política, el movimiento LGBTQ+, el movimiento ecofeminista y decolonial, las universidades y muchos otros actores y sectores cercanos y porosos al movimiento autonómico indígena.

La construcción de las autonomías se consolida en conjunción con otras fuerzas que, en el marco del Estado, apuestan por la creación de autonomías indígenas como procesos que coadyuvan a la sostenibilidad global de los derechos. La autonomía indígena es una dinámica de lucha por la(s) vida(s) sostenible(s), una propuesta para la construcción de los comunes que tiene proyección e implicación más allá de los pueblos indígenas. De ahí su relevancia política y, también, que el propio movimiento indígena haya focalizado toda su energía en la construcción de los derechos colectivos desde las autonomías.

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(*) Publicada originalmente en BiodiversidadLa

Sobre el autor: Asier Martínez de Bringas es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Deusto y director del Experto de Derechos de los Pueblos Indígenas de la misma institución.

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Por Marcelo Musante (*)

Los gendarmes y la policía montada estaban al acecho. Los Qom y Moqoit reunidos en la zona de El Aguará no lo sabían. La policía rondaba la reducción desde hacía dos meses. La Gendarmería de Línea, desde hacía una semana. Sus nombres, armas y municiones quedaron registrados prolijamente en listados oficiales.

Mientras tanto, el gobernador del Territorio Nacional del Chaco, Fernando Centeno, entablaba el supuesto diálogo con los líderes indígenas que reclamaban por las condiciones de explotación a las que eran sometidos. Pero era una trampa: al mismo tiempo que desde el Estado se proponía a las comunidades indígenas canales de negociación, se preparaban las acciones punitivas. Fórmulas del pasado y del futuro. El castigo como figura siempre omnipresente.

La Masacre de Napalpí era algo que iba a suceder en algún momento. Y pasó. Centenares de Qom y Moqoit fueron asesinados el 19 de julio de 1924 por las fuerzas represivas estatales. Fue una consecuencia de las características del sistema de disciplinamiento impuesto desde el Estado y los sectores privados de la región a los pueblos indígenas.

Iba a pasar porque los asesinatos masivos sobre personas indígenas ya se habían llevado a cabo antes, en las diversas campañas militares a Pampa, Patagonia y la región chaqueña.

Iba a pasar porque se continuarían repitiendo en el futuro, como en el caso de La Bomba, en Formosa en 1947, entre muchas otras.

Iba a pasar porque era un lugar de confinamiento para controlar los cuerpos y someterlos violentamente al trabajo. Los cuerpos como objetos. Como meras herramientas.

Iba a pasar porque esos cuerpos iban a revelarse colectivamente.

Iba a pasar porque no tenían permitido ninguna acción de resistencia allí adentro.

Y cuando esos cuerpos se sublevaron en la escena pública, fueron reprimidos y asesinados.

La violencia en el espacio y los cuerpos

La masacre se llevó a cabo en la Reducción Estatal para Indígenas de Napalpí. Un espacio de control social que formaba parte de un sistema más amplio. Un proyecto que implementó el Estado argentino en Chaco y Formosa a espejo de las que ya existían en Estados Unidos con múltiples denuncias por las consecuencias sobre las familias indígenas.

Acá llegaron a coexistir cuatro reducciones. Funcionaron entre 1911 y 1956. Hubo años en los que estuvieron concentrados más de siete mil indígenas de las etnias Qom, Moqoit, Vilela, Wichí y Pilagá.

Los presidentes de la Nación del momento se pronunciaban sobre las reducciones como un sistema ejemplar y exitoso para la “incorporación del indígena a la civilización”. Pero las condiciones eran otras. “Siempre palo, palo y palo. Nosotros sufrimos mucho. No teníamos ropa”, se acordaba Juan Ballesteros en Bartolomé de las Casas, lugar donde funcionó una de esas reducciones en Formosa.

El “proceso de civilización del indígena” implicó el trabajo a destajo, con paga en mercadería del almacén del lugar, manejada por el propio Estado nacional, y con deudas que se acumulaban con el administrador de la reducción. La deuda como forma de disciplinamiento.

Un sistema de explotación basado fundamentalmente en el desmonte de cientos de miles de toneladas de árboles nativos para proveer a la industria maderera y al propio Estado para la construcción de vías férreas. Vías que se construían abriendo picadas en monte cerrado. ¿Quiénes lo hacían? Los propios indígenas bajo control del Ejército.

Las mujeres, los niños y las niñas eran sometidxs al trabajo de la cosecha y violentadxs por quienes trabajaban para la administración. Las enfermedades no tenían modo de ser curadas en las salas de primeros auxilios desabastecidas.

El control era ejercido con extrema violencia. “Los indígenas eran estaqueados toda la noche como castigo”, recuerda Bernardino Paz en Colonia Aborigen, lo que antes era Napalpí.

Resistencia y represión

Pero en un momento, en la Reducción de Napalpí, se llevó a cabo una acción de resistencia. Los caciques Dionisio Gómez y José Machado entre los Qom, y Pedro Maidana y la cacica Mercedes Dominga entre los Moqoit, son los nombres que lxs sobrevivientes mencionan como los referentes de la protesta.

Se reunieron centenares de personas en la zona del Aguará, dentro de la reducción, para reclamar por una quita que le impusieron al precio de la cosecha del algodón, por las condiciones de salud y alimentación, por la explotación laboral y por un decreto que prohibía que puedan ir a trabajar donde quisieran, entre otras.

Mientras los líderes indígenas negociaban con las autoridades estatales las fuerzas policiales se iban organizando.

Entre el gobernador Fernando Centeno, el jefe de Policía Diego Ulibarrie, el comisario Roberto Sáenz Loza, el sargento Alejandro Verón y Mario Arigó, administrador de la reducción, se definió la represión. El ministro del Interior de la Nación era Vicente Gallo y el Presidente, Marcelo T. de Alvear.

El 19 de julio de 1924 el Regimiento de Gendarmería de Línea y la Policía Montada avanzaron sobre las y los indígenas reunidos.

La represión incluyó la utilización del avión Chaco II que despegó del Aero Club Chaco al mando del sargento Emilio Esquivel y del piloto estadounidense Juan Browis. El historiador y piloto Alejandro Covello afirma que fue justamente esa la primera vez en la historia argentina que se utilizó un avión para reprimir desde el aire a población civil.

La foto del avión -que se encuentra en el Instituto Iberoamericano de Berlín- tiene al dorso una referencia escrita por Lehmann Nitsche, antropólogo alemán que estaba por esos días en Chaco: “avión contra levantamiento indígena”. Él nunca mencionará la masacre en sus futuros textos. El silencio de la ciencia.

La matanza continuó los días siguientes con la policía persiguiendo a la gente por el monte. Los relatos de las personas sobrevivientes son el espanto y la crueldad. Asesinatos de niño/as y anciano/as, violaciones, mutilaciones y cuerpos quemados en fosas comunes. Quienes pudieron sobrevivir y luego contar la masacre lo hicieron escondidos en el monte durante varios días.

Durante mucho tiempo, la Masacre de Napalpí fue encerrada al olvido. Un parte policial de ese mismo año clausuró la investigación. De nada sirvió el debate abierto en la cámara de diputados y el pedido de una comisión investigadora.

Recién en 2004 se inició una demanda civil por Genocidio contra el Estado Nacional que aún no tiene resolución final. Y en 2014 se inició un proceso de investigación por parte de la Fiscalía Federal de Resistencia que es llevado adelante por el fiscal Diego Vigay y por el que solicita la realización de un Juicio por la Verdad considerando las normas de imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad.

La violencia por otros medios

Cuando la masacre terminó, la Reducción Estatal para Indígenas de Napalpí siguió funcionando. Incluso doce años después fueron creadas otras dos reducciones y puestas bajo el control de la Gendarmería de Línea. Quizás a modo de reconocimiento por los servicios prestados ese 19 de julio de 1924.

A pesar del asesinato de cientos de personas dentro de una institución estatal realizada por sus propias fuerzas de seguridad, las reducciones para indígenas continuaron funcionando durante 32 años más. Hasta 1956.

En Napalpí el control se profundizó. Se continuó con la utilización de brazaletes para diferenciar a quienes se consideraba “pacíficos” de los que no.

La administración de la reducción elaboró documentos oficiales con listados que incluían el nombre y apellido de quienes se sugería expulsar y se lxs categorizaba en columnas de “concepto y observaciones”. Allí se definía a las personas como “inadaptable”, “vago”, “propagandista insidioso contra la administración”, “inepto”, entre otras.

Y una definición muy explícita era: “formó parte de la sublevación”. Esta forma de marcación negativa de las personas indígenas sometidas en la reducción traía peligrosas consecuencias.

Quienes eran expulsados de la reducción, lo eran a un territorio chaqueño en el que todavía operaban las fuerzas militares y en el que para transitar, al ser indígena, se requería un salvoconducto, “un papel firmado” por alguna autoridad estatal o ingenio privado. No tenerlo implicaba que ese sujeto había fracasado en el intento estatal civilizatorio.

Noticias de ayer, discursos de hoy

Las construcciones discursivas sobre el indígena también son centrales para comprender la Masacre de Napalpí y los discursos que circulan aún hoy con componentes racistas.

Los medios de comunicación fueron centrales en la preparación de la masacre, produciendo discursos de malón y de peligro para la población blanca de los alrededores. Y luego, también lo fueron invisibilizándola.

Antes de la masacre aparecían en los medios los pedidos de “acción” (léase represión) sobre los indígenas de Napalpí. Pero después de la matanza, la noticia desapareció por completo. Salvo en una edición especial, exclusivamente sobre la masacre, que realizó el diario El Heraldo del Norte un año después, en 1925. Edición que, como explica la investigadora Mariana Giordano para entender los silencios sobre Napalpí, debió hacerse desde Corrientes ya que había sido censurada por el gobierno territoriano del Chaco.

Los medios de comunicación operaron a favor de los sectores económicos más importantes de la provincia relacionando el peligro de la “revuelta indígena” con “los productores”.

El diario La Nación, por ejemplo, el día mismo de la masacre publicó una nota mencionando telegramas de preocupación de la Cámara de Comercio del Chaco y de la Sociedad Rural al presidente de la Nación, Marcelo T. de Alvear.

El propio Ministerio del Interior de la Nación mencionó en sus memorias en relación a la masacre que “dicha reducción sufrió grave retroceso (…) indígenas traídos de distintos puntos del territorio por agitadores de profesión cometieron desmanes de todo género”. El indígena aparece como el culpable. Como el sujeto que se relaciona con “agitadores” y pone en riesgos el desarrollo económico.

Más acá en el tiempo, se hizo la misma inversión con el Pueblo Mapuche, asociándolo a supuestos grupos terroristas, planteándolos como usurpadores de la propiedad privada. Definición de enemigo interno que terminó en el asesinato de Rafael Nahuel en 2017 y la represión en el Lof en Resistencia Cushamen que finalizó con la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado. Otra vez, como en La Nación de 1924, se mezclaron las tierras, el capital privado y el accionar represivo. La represión se asoció a una “necesidad de pacificación”, de restablecimiento de una “normalidad” que fue rota por ciertos grupos que estarían por fuera de ella.

En el caso de los pueblos indígenas, esos discursos han circulado desde la propia conformación del Estado-nación y han servido como legitimadores de la violencia. De la idea de “malón” a la de “terroristas”. Y, como en Napalpí, se ocultan tras la búsqueda de “paz y seguridad”.

Estos últimos meses estuvimos escuchando -en el marco de la pandemia de COVID-19- discursos sobre “indios “infectados” en el Barrio Toba de Resistencia, que los marcaban como los culpables de poner en riesgo al resto de la población. Con ese mismo grito en la boca, la policía chaqueña entró violentamente a una casa en Fontana, cuyas imágenes circularon por todos lados, para golpear y abusar de una familia.

A principios de año, cuando fallecieron por desnutrición muchxs niñxs wichí en Salta, la respuesta de los funcionarios de salud de la provincia fue culpar a las propias familias por sus “costumbres”.

Discursos de ayer que se continúan reproduciendo hoy y que estigmatizan, marcan y matan. Ese “indios infectados” que apareció en la represión de Fontana en junio de 2020 se retroalimenta en ese “indios revoltosos” del 19 de julio de 1924.

La historia no termina

Como siempre dice el historiador qom Juan Chico, haberle cambiado el nombre de Napalpí al lugar donde ocurrió la masacre y colocarle el casi genérico de “Colonia Aborigen” es un intento de borrar la historia de lo que allí pasó.

La masacre de Napalpí intentó producir el disciplinamiento a través del terror. No sólo dirigido a la gente que allí vivía, sino como mensaje al resto de las comunidades indígenas de la zona. Para mostrar que una protesta se reprime. Siempre.

Pero no hay modo de borrar la memoria. Y la gente siguió recordando y contando. Cada vez que algún pedazo de tierra es arado aparecen signos de la represión: se encuentran fusiles, restos óseos, como recuerda Ramón Verdán.

Todavía hoy quienes aseguran que se sienten ruidos, de cadenas, de golpes. La memoria duele.

Durante muchos años, como cuenta Mario Paz -comunicador de la Colonia Aborigen- los ancianos no enseñaban la lengua como una forma de protección a las nuevas generaciones. Había sido muy fuerte el castigo. Muy violento. Se había aprehendido que ser indígena podía ser peligroso. Ir a los pueblos de al lado a vender mercadería o conseguir trabajo implicaba tratar de ocultar la identidad.

Recién 50 años después de la masacre comenzaron a aparecer los textos con los relatos. Muchos, por suerte. Con muchos abordajes. Con testimonios y documentos. Ya no se puede ocultar la Masacre de Napalpí.

Incluso, se fueron encontrando a través de un profundo trabajo de la Fundación Napalpí, a ancianas y ancianos sobrevivientes. Melitona Enrique, Pedro Valquinta y Rosa Grilo (que aún vive en la Colonia) pudieron contar lo que vieron de niños al ocultarse en el monte. Y sus testimonios pudieron incorporarse al proceso para llevar adelante el Juicio por la Verdad. Un proceso fundamental para sentar precedentes. Igual al que está llevando adelante la Federación Pilagá por la Masacre de Rincón Bomba, en octubre de 1947.

En uno de esos testimonios, Pedro Valquinta, moqoit, cuenta que también sobrevivió a la masacre de El Zapallar, Chaco, en 1933. Sobreviviente a dos masacres estatales en apenas nueve años.

El proceso de memoria sobre la Masacre de Napalpí lleva muchos años y el manto de terror y silencio que se intentó imponer se fue horadando de muchas maneras.

En Colonia Aborigen la cacica Mercedes Dominga tiene su monumento en la zona moqoit de la Colonia Aborigen. Y un mural pintado colectivamente en la plaza central muestra el momento en que el avión sobrevoló y disparó sobre la gente. Es la memoria de generaciones.

Desde el Estado provincial, en 2008, se realizó un pedido de perdón por la Masacre de Napalpí y el tema se incluyó en la agenda pública y educativa. Ahora, se está inaugurando un memorial en la zona para recordar a los ex combatientes qom muertos en la Guerra de Malvinas y donde serán ubicadas las urnas con los restos óseos de nueve caciques que el Museo de Ciencias Naturales de La Plata restituyó en 2018. Sus esqueletos fueron exhibidos en sus vitrinas del Museo durante más de cien años, en otra violenta y cruel práctica del Estado y sus instituciones sobre los pueblos originarios de nuestro país.

Aún es un desafío que la Masacre de Napalpí trascienda lo provincial y pueda ser estudiada en escuelas de todo el país. Que el 19 de julio sea una fecha que no sólo tenga significancia en Chaco. Que exceda a investigadores, comunidades, docentes, periodistas y militantes de causas indígenas.

Pero son procesos que todavía, lamentablemente, encuentran fuertes resistencias. ¿Por qué no hay actos nacionales por esta masacre? ¿Por qué no está en las efemérides de todas las escuelas? ¿Por qué los medios masivos de alcance nacional no la recuerdan? ¿Cuánto de esto se explica en que fue una masacre sobre pueblos indígenas?

Las lógicas negacionistas sobre el genocidio indígena en Argentina siguen siendo muy fuertes. Las prácticas y discursos racistas siguen apareciendo y las represiones en los territorios continúan a la orden del día. Para romper esas resistencias es indispensable el ejercicio de la memoria y disputar los sentidos establecidos. Ahí radica la importancia de volver a Napalpí, de volver 96 años atrás. Para encontrar cómo opera la lógica de estigmatización sobre las comunidades indígenas que luego habilita la violencia estatal y cómo eso se sigue repitiendo una y otra vez en el presente.

(*) Sociólogo e investigador de la UBA, integrante de la Red de Investigadorxs en Genocidio y Política Indígena en Argentina. Escribió sobre Napalpí y Reducciones Estatales en los libros colectivos En el país de nomeacuerdo (Universidad Nacional de Río Negro) y en Historia de la Crueldad Argentina (Ediciones El Tugurio).

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El chineo es la violación de las niñas indígenas a modo de marcar propiedad sobre sus cuerpos. Fue el legado dejado por los invasores españoles a sus sucesores, los criollos y es un crimen de odio. Una reflexión desde el activismo de mujeres indígenas y los feminismos que nos une y se fortalece.

Por Mónica Menini* | Foto: Colectivo Chakana

Esa es la descripción que mejor sintetiza lo que es y significa el chineo para las mujeres indígenas, creo yo, que no soy antropóloga pero sí descendiente de otras mujeres indígenas que parieron en los Valles Calchaquíes. Lo define una mujer mapuche y le va tanto a una diaguita como a una wichi.

Las condiciones de género de las mujeres indígenas se vienen problematizando desde la idea de la “triple opresión” (concepto que ya tiene algunas décadas dentro del indigenismo mexicano), esto es: que las mujeres indígenas atraviesan una triple subordinación, a diferencia de otras mujeres, por su condición de género (por ser mujeres), por su condición étnica (por ser indígenas) y por su condición de clase (por ser, en su mayoría, mujeres pobres).

La histórica referente wichi Octorina Zamora ha dicho: “Pero no es solo la violencia de género o el abuso contra mujeres y niños. Nos dicen que eso está permitido, pero otros asuntos como el hambre que viven nuestras comunidades también es abuso, y con eso quieren decirnos que la desnutrición es cultural. Todos los problemas que estamos pasando en este sistema, dicen, es cultural: el abuso, el hambre, la falta de territorio, los desmontes”.

Moira Millán se pregunta: ¿Por qué los hombres indígenas no denuncian ni acompañan a las víctimas? La colonización nos ha atravesado letalmente, los hombres indígenas deben elegir entre dos caminos que se bifurcan: la lealtad a su comunidad o la lealtad a su género. La percepción de sí mismo y su valor humano está subjetivizada por la mirada del dominador,
intenta emularlo, elige la lealtad a su género para salvaguardar el único privilegio que el colonizador le otorga, ser hombre.

La antropóloga Mariana Gomez indica que en nuestro país observamos que hay mujeres que están organizadas, que vienen participando en algún espacio social, productivo-económico o político, en la mayoría de los casos vinculadas a organizaciones indígenas, y allí le disputan el liderazgo a los hombres; en otros casos, se organizan a partir de proyectos de ONG y/o del Estado. También existen mujeres que vienen liderando las luchas en sus territorios contra los proyectos extractivistas, como es el caso de varias referentes y líderes mapuche; y algunas mujeres, muy pocas por cierto, comenzaron a ingresar en cargos públicos. Algunas de estas mujeres también vienen participando del movimiento de mujeres más amplio de Argentina.

La expansión territorial del movimiento feminista en el país tuvo entre sus logros estar cada día más cerca de las mujeres más aisladas, rurales, habitantes de comunidades indígenas. En noviembre de 2015, ocurrió una violación en banda a una niña wichi de 12 años, discapacitada, de la comunidad de Alto La Sierra en Santa Victoria Este, en la provincia de
Salta. Producto de aquel “chineo”, se produjo un embarazo que debería haber tenido acceso inmediatamente al aborto legal según el Art. 86 del Código Penal de Argentina, pues entra en una causal permitida de aborto, pero prosiguió hasta el séptimo mes de embarazo cuando se interrumpió en el Hospital Público Materno Infantil de la ciudad de Salta.

La niña abusada en aquel “chineo” sumó más vulneraciones aún en el proceso judicial que las que venía arrastrando en su corta vida. El misógino fiscal Cazón fue quien, ni bien se dio a conocer la historia de “Juana”, insistió en que la niña violada había quedado embarazada un mes antes de ser atacada y que ninguna de las ocho personas acusadas sería el “padre” “porque las fechas no daban”. Otra frase de su autoría fue: “si nos ponemos a hacer pruebas de embarazo ante cada violación, no terminamos más”.

Hacia mayo de 2016, la madre de la niña, Francisca, logró llegar hasta mujeres feministas de Salta en pedido de ayuda. En el proceso de acompañamiento legal y social, el caso se nacionalizó y puso por primera vez el abuso sexual de mujeres indígenas perpetrado por varones criollos en las noticias de los medios hegemónicos, a la vez que visibilizó las diferencias en las oportunidades de acceso a la salud de mujeres indígenas, la discriminación étnica en el proceso judicial, la discriminación basada en género en el mundo que habitan estas jóvenes indígenas y también los puntos de encuentro con otras mujeres “blancas”, urbanas, con liderazgos feministas.

La historia tiene un nombre y se conoce como #JusticiaPorJuana

El viernes 17 de junio de 2016 fue feriado nacional, en conmemoración al día de la muerte de Martín Miguel de Güemes, héroe salteño de la liberación nacional. Ese día la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito inició un tuitazo con el hashtag #JusticiaPorJuana, que se sostuvo dentro de los primeros lugares durante casi 9 horas, de acuerdo a las mediciones difundidas por Trendinalia Argentina, que además la ubicó en tercer lugar.

Usuarias y usuarios de la red social replicaron durante toda la tarde el hashtag y también dirigieron cuestionamientos y reclamos al gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, por la falta de atención al caso. Como respuesta, quienes manejan la cuenta de Twitter del mandatario salteño bloquearon a toda persona que se expresara por “Juana”.

En julio de 2016, organizaciones de Derechos Humanos de Argentina presentaron el caso ante la Relatoría de Derechos Humanos de ONU, como caso testigo.

En agosto de 2018 Católicas Por el Derecho a Decidir Argentina presentó el caso #JusticiaPorJuana en la III Conferencia de Población y Desarrollo desarrollada en Lima en el Evento Causa Abierta. Causa Abierta es un evento público de reflexión, debate y análisis cuyo objetivo es hacer un enérgico llamado a los gobiernos de América Latina y el Caribe para el cumplimiento de los compromisos asumidos en el Consenso de Montevideo. Con este fin, Causa Abierta presenta y discute casos emblemáticos de vulneración de derechos sexuales y/o derechos reproductivos presentados por diferentes organizaciones feministas de la región.

En noviembre de 2018, los 9 hombres criollos que violaron a “Juana” fueron condenados a 17 años de prisión efectiva. ¡Basta de chineo! es desde entonces, un grito que nos une y fortalece.

*Abogada feminista, especialista en género y políticas publicas. Integrante de Católicas Por el Derecho a Decidir Argentina y de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

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