La audiencia del próximo 12 de mayo será clave para definir su situación judicial. Mientras tanto, desde el Lof Pillán Mawiza —comunidad donde vivía Vic— insisten: su detención fue un castigo ejemplificador, sin pruebas, y forma parte de una estrategia más amplia de criminalización a quienes defienden los territorios frente al avance del extractivismo. 

Por Camila Parodi | Fotos: Lizbeth Hernández

Cobertura colaborativa de Marcha, Latfem y Kaja Negra.

Una causa sin pruebas y una libertad condicionada

Desde el primer momento, la comunidad mapuche y los equipos de defensa sostuvieron que la causa contra Vic fue armada. Durante las audiencias se evidenció la falta de pruebas: no hay testigos, ni imágenes, ni evidencia material que la vincule con el incendio forestal por el que fue acusada. La fiscalía, sin embargo, mantiene la imputación y promueve un relato sustentado en supuestos, prejuicios y construcciones mediáticas. Uno de los elementos centrales de la acusación fue el hecho de que Vic conducía una camioneta blanca, pero informes periciales posteriores demostraron que el vehículo sospechoso no era de ese color, ni del modelo mencionado, ni coincidía con las características señaladas.

A pesar de estas contradicciones, el proceso judicial sigue abierto. La audiencia del 8 de abril, que revisó las medidas cautelares, se realizó a puertas cerradas. No se permitió el ingreso a integrantes del lof, ni a medios de comunicación ni a organismos de derechos humanos. La comunidad lo denunció públicamente como un acto de opacidad judicial. Allí, el juez resolvió otorgarle la libertad condicional, pero bajo restricciones que impiden a Vic retornar a su hogar en territorio comunitario. La fiscalía sostiene que está en curso una investigación por “asociación ilícita”, figura jurídica históricamente utilizada para criminalizar la organización colectiva.

Desde el Lof afirman: “A nuestra lamngen le han armado una causa carente de pruebas, por el contrario, desde la primera audiencia ha podido demostrar con pruebas categóricas y objetivas que es inocente, pero aun así estuvo en prisión preventiva, luego domiciliaria, y ahora se encuentra con libertad condicional”. Desde el territorio insisten que la fiscalía “está empecinada en culpar a Vic” ya que, hasta la fecha, “no cuentan con imágenes, testigos, ni nada que demuestre que es culpable”. Sin embargo, denuncian, “desde el Ministerio de Seguridad sacaron un video exponiendo casas, rostros y dando por hecho su culpabilidad sin prueba alguna.”

Represión, montaje y estigmatización como herramientas del poder

La historia de Vic no es una excepción, sino parte de una política sostenida de criminalización al pueblo mapuche de manera histórica. Las comunidades vienen denunciando hace años el uso de causas armadas, operativos mediáticos y campañas de odio para justificar la represión. El discurso que las vincula con el “terrorismo” se ha convertido en sentido común institucional, y permite acciones estatales de alta intensidad sin cuestionamiento social ni judicial.

“Creemos que este es un mensaje aleccionador del Estado argentino contra el pueblo mapuche, tanto del gobierno provincial como del gobierno nacional. Desean demostrar de lo que son capaces cuando hay proyectos extractivistas detrás. No hay límites para su violencia y arbitrariedad para despojarnos de los territorios y dárselos a las empresas”, señalaron desde el Lof Pillán Mawiza. La figura de Vic, como activista acompañante de procesos de recuperación territorial, fue utilizada para enviar un mensaje a quienes defienden la Mapu.

En este contexto, la campaña mediática no fue menor. La cobertura de algunas empresas de comunicación replicó sin cuestionamientos las versiones oficiales, reforzando una narrativa estigmatizante y racista. Desde la comunidad sostienen que se montó una operación propagandística “llena de odio racista y misógino, aleccionadora para quienes se acercan y se comprometen con la defensa de la tierra y con nosotres”.

Territorio y extractivismo: detrás de la represión, los negocios

Las comunidades mapuche no dudan en vincular esta avanzada represiva con el avance de proyectos extractivos. En cada territorio allanado existe un interés económico o empresarial identificado: turismo, rutas nacionales, hidroeléctricas, proyectos inmobiliarios, plantas de tratamiento de residuos. En el caso de la comunidad Pillán Mawiza, el conflicto se vincula con un proyecto hidroeléctrico sobre el río Carrenleufú. Pocos días después de la detención de Vic, el gobernador, Ignacio Torres, firmó un acuerdo con Mekorot, empresa estatal israelí, para la gestión del agua en Chubut.

“Nos quieren dispersos, con causas, encarcelades, para así poder avanzar sobre nuestros territorios”, afirman desde el Lof. “Vemos que hace unos años, como siempre ha sucedido en el Puel Mapu, se criminaliza y persigue a las comunidades que están defendiendo su derecho a vivir la espiritualidad y la identidad, lo que requiere de un territorio sano”. El vínculo entre criminalización y extractivismo es directo: “Semanas después de los allanamientos y detención de Vic, el gobernador firma un acuerdo por el cual el agua dulce corre peligro, ya que esa empresa israelí administraría el agua. Se irá privatizando tanto las fuentes como los reservorios”.

Este modelo no es nuevo: forma parte de un patrón regional que busca desarticular la resistencia territorial a través del miedo, la judicialización y la represión estatal y paraestatal. La militarización de los territorios, a través del Comando Unificado, ha profundizado esa lógica. “Las consecuencias son la militarización, los desalojos violentos, la negación al diálogo, la derogación de las pocas leyes que nos resguardan como naciones indígenas”, remarcan desde la comunidad.

Mujeres, diversidades y organización en contextos de persecución

El impacto de la persecución se hace sentir con especial crudeza en las mujeres y diversidades que sostienen la defensa de los territorios desde una mirada de cuidado y vida comunitaria. La detención de una lamngen, su aislamiento forzado, la vigilancia constante y la amenaza latente cambian por completo la cotidianeidad de las comunidades. “Este contexto nos deja una alerta constante, porque así como le inventan una causa a una persona, todas corremos peligro. A su vez, los derechos humanos están en riesgo a diario, qué nos queda a nosotres en los territorios, ¿a dónde podemos ir a denunciar?”

El relato de los allanamientos da cuenta de un uso desmedido de la fuerza. El allanamiento en el Lof Pillán Mawiza fue muy violento. Desde la comunidad denuncian que en el lugar había niñeces y un anciano. Duró 10 horas aproximadamente, más de 100 efectivos de distintas fuerzas: “Estuvimos totalmente incomunicados, aislados y secuestrados en nuestras propias casas”. Este nivel de violencia institucional no sólo busca obtener información o evidencia (que no existía), sino desestructurar los lazos organizativos.

“El hecho de que una de nuestras lamngen esté detenida a 100 km transforma el día a día. Desde enero el Lof está siendo vigilado, y nosotres investigades por la fiscalía de Esquel”, señalan. Por ese motivo, explican, el juez no permite el retorno de Vic a su hogar. La persecución ya no se reduce al Estado, se articula con grupos civiles racistas, paramilitares o contratados por empresas: “Ya no se trata solo de cuidarnos del Estado represor, sino también del crimen organizado. Nos amenazan civiles contratados por empresas y terratenientes”.

Absueltas y organizadas: el futuro de la resistencia

Desde el 8 de abril, la campaña por la libertad de Vic cambió su consigna: #AbsoluciónParaVicYa. La comunidad reconoce la importancia de haber conseguido su salida de prisión, pero advierte que no está libre. La vigilancia continúa, la causa sigue abierta, y la amenaza es permanente. “Pudimos celebrar que ha salido y pudimos abrazarnos, pero recordemos que aún no está libre ya que no puede regresar a su casa ni salir de Esquel”, sostienen en su último comunicado.

Las comunidades mapuche exigen que se visibilice el montaje y que se entienda la persecución en su contexto: “Pedimos que la ciudadanía vea claramente cómo se relaciona esta persecución con los avances extractivistas sobre los territorios”. El acompañamiento a la lucha territorial no puede ser criminalizado. La solidaridad no es delito.

El 12 de mayo se realizará una nueva audiencia. Será una instancia clave para exigir justicia y para denunciar la utilización del aparato judicial como herramienta de represión política y racial. Desde las comunidades llaman a estar alertas, a acompañar, a difundir y a visibilizar que la defensa de la Mapu es una lucha común.

Source

Por Ramiro Barreiro *

Argentina descubrió y produce combustibles a base de petróleo desde hace 100 años en su extensa Patagonia. En paralelo, desde hace más de un siglo, la nación mapuche ha sufrido numerosos desplazamientos forzados por esta explotación. Una de esas comunidades es la de Campo Maripe que, luego de muchas batallas, parece ganar una muy importante: que ya no los corran de su lugar.

Campo Maripe está cerca del yacimiento Vaca Muerta, la mayor apuesta en términos macroeconómicos para los años venideros en Argentina, que oculta la segunda reserva de gas shale y la cuarta de petróleo en el mundo, y que representa el principal argumento de campaña para todas las fuerzas políticas que en octubre próximo se disputarán la presidencia.

El oficialismo en su plenitud acaba de obtener su foto de unidad en la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner, extensión conectada al yacimiento, y que trasladará el recurso a todo el país, a muy pocas semanas de las primarias abiertas para elegir al nuevo mandatario.

Mientras tanto, tras una decisión oficial favorable a sus intereses, los indígenas solo esperan que se cumplimente el relevamiento territorial que dispone la justicia, negado y demorado por el gobierno provincial, para reafirmar su presencia en tierras cercanas a Añelo, una localidad ubicada en el centro este de la provincia, que ha sufrido también su propia gentrificación.

Lorena Maripe es la historia viva de un desplazamiento que comenzó del otro lado de la cordillera, continuó durante la década de 1970 con la aparición en el lugar de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), y llega hasta nuestros tiempos, aún en el auge del yacimiento descubierto en 2013, y que insufla de dólares a la malograda economía argentina.

La mujer de 44 años, werken (vocera) de la comunidad y cuarta de seis generaciones, nadó las corrientes de un río Neuquén que ahora es un hilo de agua. Corrió y jugó en campos hoy repletos de pozos, picadas y llaves de explotaciones abandonadas, y en medio de fugas de gas de la producción actual. Y también se baña con el agua contaminada que usaron sus padres, Lorena y Raúl, ambos fallecidos por cáncer.

“Del agua salen residuos, entonces, compramos bidones para tomar, pero igual la usamos para lavar los platos, la ropa, para bañarnos, porque no nos queda otra y sabemos que en algún momento eso nos va a traer consecuencias, pero no tenemos otra alternativa. Denunciar, tratar de cuidar de que el agua -que es algo vital para todo ser humano- no se termine de contaminar, de destruir”, afirma Lorena a Climate Tracker. 

La mujer cuenta que el agua del baño tiene una aureola negra, siempre presente, y que, al almacenarla, toma mal olor al poco tiempo. También que las tormentas las ven pasar, porque “los gases que están en la atmósfera las disipan”, entonces, “se levanta viento pero, a los dos segundos, tenés más nubes que lluvia”. 

“Te pican los ojos, por ejemplo, en la meseta hay mecheros que están tirando gas, y a veces se hace irrespirable”, añade. También lo nota “en las nubes negras que ves cuando te levantas a la mañana y notas toda la pluma de los pozos que están quemando, veteando, y que está en el aire y lo respiramos nosotros, constantemente”. 

El fracking o fractura hidráulica que se opera en Vaca Muerta consume millones de litros de agua del río Neuquén para fracturar la roca y extraer el gas y petróleo y, cuando ese agua regresa a la tierra lo hace con metales pesados (mercurio, cromo, plomo, cadmio, arsénico, entre otros) y materiales radiactivos de origen natural (uranio, radio, torio y radón), según un documento que el Observatorio Petrolero Sur (Opsur) realizó con pedidos de informes dirigidos a la Subsecretaría de Ambiente de la Provincia de Neuquén.

Historia de una presencia

Los mapuches son gente de la tierra. En su sentido literal, pero también en su identidad. Son sus lugares sagrados, sus animales, sus ríos y vientos. Su cumefelen, o buen vivir, es una comunión que sólo ellos sienten con la tierra. Es por eso que el lugar por el que pelean es un sitio sagrado.

Campo Maripe debe su nombre a la unión, también literal y amorosa, de Celmira Maripe y Pedro Campo, quienes se establecieron junto a sus hijos en 1927. Bautizaron su lugar como Fortín Vanguardia, y llegaron a tener 5.000 ovejas. El asentamiento fue la vuelta a las raíces paternas, tras el asesinato de la rama materna en las campañas militares de Chile.

Entre 1940 y 1980 el gobierno les negó adquirir los campos en los que se desarrollaron. Con los años, la herencia recayó en Belisario Campo y sus ocho descendientes. En 1978, los titulares registrales desalojaron a los indígenas y su ganado. La familia entera pasó a trabajar para los señores que, dos años más tarde, firmaron un convenio con YPF para realizar una perforación de un pozo petrolero, que lo oscureció todo.

Campo Maripe debe su nombre a la unión,  literal y amorosa, de Celmira Maripe y Pedro Campo, quienes se establecieron en la zona junto a sus hijos en 1927.

Los desplazamientos continuaron a lo largo de los años para todos los integrantes del clan. Otros, ante la necesidad y el destierro, ingresaron al mercado laboral tradicional limitado a las empresas frutícolas, hidrocarburíferas o vinculadas a ellas y la administración pública. De aquellas 5.000 ovejas hoy quedan menos de 500 chivas y unas 50 vacas.

En 2011, todos los hermanos menos uno, fallecido, decidieron continuar la lucha por el territorio, en concordancia al resto de las comunidades mapuches que habitan la Patagonia argentina. Ese mismo año, el gobierno provincial anunció el inicio de la fractura hidráulica en Loma Campana, yacimiento parcialmente superpuesto al territorio de Campo Maripe.

“Desde 2015 en adelante no le permitimos que perforaran ningún pozo más, y eso implicaba ir y tener que parar las máquinas, sentarnos adelante de las máquinas en el suelo y que no operaran para que se retiren, porque ellos pensaban hacer esos pozos que son direccionales, que van hacia abajo y después en forma horizontal para perforar debajo del lecho del río. Nosotros decimos no, no lo vamos a permitir”, relata Lorena.

El deterioro del agua superficial y subterránea obligó a YPF a repartir bidones de agua potable a algunas comunidades en otras zonas de la provincia, que también han negociado soluciones parciales con el gobierno local. Sin embargo, existen muchas otras empresas extranjeras -o de accionistas foráneos- en la zona como Chevron, Shell, Equinor o Pampa, a las que tocó ir a golpearles sus propias puertas.

“Accionismo”

Fernando Barraza es vocero de la Confederación Mapuche, y representó a la tierra en las reuniones anuales de accionistas de la empresa Equinor, en Noruega, y del banco BNP Paribas, inversor de Total Energy y Pampa, presentes en Vaca Muerta, en París. Con suerte dispar.

Con la ayuda de organizaciones internacionales, Fernando ingresa como accionista a las llamadas Anual General Meetings (AGM), y cuenta la parte que nunca se cuenta, en una estrategia que cuatro años atrás ya detuvo una explotación de Shell en el sur argentino. 

En Noruega, Fernando pudo decir a quienes manejan los destinos de Equinor que una de sus dos explotaciones es en un “área natural protegida, rica en biodiversidad, en recursos paleontológicos y arqueológicos”, en la que además hay un sitio sagrado de su pueblo, uno de los principales centros ceremoniales. Y que la segunda “está secando ríos y dejando sin agua potable a varios poblados y ciudades” de la región.

Una estrategia que impulsan es asistir a las reuniones de accionistas para dar a conocer los testimonios de la comunidad.

En París la idea era la misma. Fernando quería advertir que “el fracking ha secado ríos, ha envenenado las napas del agua” que beben ellos y toda la vida que habita junto a ellos. Que ha matado animales y secado sembradíos”. Y que “desde la llegada del fracking también han llegado a los territorios los movimientos sísmicos” que rajan sus casas.

También quería preguntarles: “si el fracking es algo tan malo como para estar prohibido en sus tierras, ¿ustedes consideran que hacerlo en nuestras tierras es algo que está bien?”.

Sin embargo, Fernando no pudo hacer nada de eso. Antes de ingresar a la reunión, la policía de París lo detuvo, lo cacheó, lo empujó contra una pared y le trabó sus brazos en palanca. También le amenazaron con llevárselo detenido quien sabe adónde. Al final, logró entrar.

“Dentro de la asamblea la gente nos gritó cosas porque te sientan cerca de gente de derecha y te gritan de todo y no hubo oportunidad, ni siquiera pude terminar de decir lo que fui a decir, para que desde la mesa del directorio me contestaran que ellos no invierten en fracking, que invierten en energías limpias”, cuenta Fernando.

La experiencia, con sus matices, ha sido positiva. En Noruega el contacto se hizo efectivo y continuará en contextos más favorables para los intereses de los indígenas, al tiempo que las vías judiciales continúan su lenta marcha en Argentina.

“El objetivo de la Confederación de ir a testimoniar a las AGM es el de dar el testimonio en primera persona, que es un factor necesario en esa cadena de factores que se necesitan para que las empresas reconsideren este tipo de acciones y este tipo de inversiones, porque en definitiva lo que tienen que acelerar es la transición energética, y tienen que detener el extractivismo ciego y bruto que están haciendo, o que están favoreciendo”, resume Fernando.

Pelea por el relevamiento

La historiadora Sabrina Aguirre, que trabajó en el territorio con la comunidad, cuenta que, “en realidad, el reglamento territorial ya se hizo en 2015 pero la provincia lo rechazó, ¿por qué lo rechaza? Porque hay una parte grande del territorio mapuche que está sobre la fijada de acceso a los pozos o que directamente está poceado”. La otra razón radica en que la comunidad aún no tenía la personería jurídica, que ya logró.

La profesora de la Universidad del Comahue opina que “el impacto de base y el límite más fuerte que se le pone al reclamo indígena tiene que ver con la matriz productiva de la provincia, de suma dependencia frente a las regalías hidrocarburíferas”.

La negociación con el gobierno local fue otro obstáculo que requirió una arquitectura diplomática para zanjarlo. 

El discurso reaccionario en contra de los mapuches comenzó con la llegada de Jorge Sobisch y la corriente derivada de su nombre a las filas del Movimiento Popular Neuquino (MPN). Fue en tiempos del exgobernador provincial durante la década de 1990 que se endurecieron las políticas públicas hacia los pueblos originarios, inspiradas ahora desde un férreo conservadurismo neoliberal.

Otro golpe jurídico para los indígenas fue la sanción de la Ley de Hidrocarburos Nº 17.319, que transfirió en 2007 la capacidad de administrar los yacimientos a las provincias. La principal actividad económica de los indígenas, la cría de ganado caprino, se vio perjudicada por la contaminación disparada por esa actividad. Y, con ella, su propia identidad étnica.

“El Estado provincial sostiene una edición de la historia que niega la preexistencia de determinadas comunidades justamente allí donde hay límites estructurales, ¿no? Cuando entran en abierta contradicción con determinadas actividades económicas, sobre todo. O cuando un reconocimiento de preexistencia implicaría un reconocimiento territorial que traiga inconvenientes para alguna actividad económica”, asume Sabrina.

“Somos plenamente conscientes de que hay como una necesidad antropocentrista de continuar con este modelo que es el que está haciéndonos mierda a todos, ya no existe más esta famosa zona de sacrificio, el planeta es la zona de sacrificio y eso a nosotros nos lastima”.

Es por eso que, para lograr acuerdos con el gobierno provincial, hubo nombres que se quitaron de las mesas de negociación “y se empezó a hablar con la gente nueva que puede llegar a tener otro punto de vista totalmente diferente”, tal como relata Fernando. 

El desafío a partir de ahora es intentar conversar con una “Sociedad Nacional Argentina, que es muy hidrocarburífera”.

“Somos plenamente conscientes de que hay como una necesidad antropocentrista de continuar con este modelo que es el que está haciéndonos mierda a todos, ya no existe más esta famosa zona de sacrificio, el planeta es la zona de sacrificio y eso a nosotros nos lastima”, se lamenta Fernando.

Del reclamo original de 11.000 hectáreas, la comunidad de Campo Maripe logró el reconocimiento de unas 67, que surgen de una resolución administrativa de la subsecretaría provincial de tierras, firmada antes de que les otorgaran a los indígenas la personería jurídica.

Lo que hay es un relevamiento a favor de la comunidad, que se firmó tras una larga negociación en 2015. “Ese año las mujeres de la comunidad se subieron (a la meseta), se encadenaron en las torres de perforación y amenazaron con prenderse fuego. Esa fue una lucha importante de unos días que termina con una mesa de negociación con el Gobierno provincial”, cuenta la abogada de la comunidad, Micaela Gomiz. 

En esa mesa de negociación se acuerda el reconocimiento de la personería jurídica de la comunidad, y luego, un relevamiento territorial para el que trabajaron dos técnicos de la provincia y a una antropóloga de la parte indígena, junto con una técnica ayudante. 

Ese estudio, que la provincia no ha querido reconocer, es lo que resta cumplimentar para que, de una vez y para siempre, los mapuches de Vaca Muerta vivan en su tierra.

*Este artículo es parte del programa de Mentorías en Periodismo Climático de Climate Tracker

Source

Por Agustina Paz Frontera * | Fotos: La vaca

Hay un poema muy resonado de Mariano Blatt sobre el asesinato de Diego Bonnefoi, habla de bailar en todos los sótanos del mundo en tributo a su espalda y que la espalda de Diego “esté ahora también/corriendo a la intemperie”. Diego Bonnefoi es un chico que fue asesinado por la espalda en El Alto, la zona más marginada de Bariloche, en 2010. Calles de tierra pelada, casas de color marrón, calefacción a humo, balas policiales. Es un poema doloroso y lúcido, que denuncia la violencia institucional y a la vez nos avisa que hay “flores en la ladera de la primavera”. Léanlo.

Llegar a Bariloche es ese poema. El lago Nahuel Huapi está insistentemente al costado o en la espalda, casi imperceptible hasta que un frescor obliga a mirarlo. La visión de la inmensidad produce cierta compostura. Los mapuche le dicen newen a la energía de la naturaleza que los guía, la expresión yanquee que me resuena es put yourself together, me la traduzco en la cabeza: “ponete toda junta”. Las partes en las que estoy desperdigada fueron recortadas por la cuchilla de un relato que nunca termina. La historia de la violencia estatal y social contra el pueblo mapuche, un pueblo preexistente, empobrecido, perseguido y victimizado. La historia de los ojos llorosos de María Nahuel, madre de la machi Betiana Colhuan Nahuel, detenida desde octubre de 2022 acusada de usurpar un terreno que ella estaba recuperando, y tía de Rafael Nahuel, asesinado por la espalda en noviembre de 2017, cuando corría a la intemperie, esquivando las balas de los prefectos que envió Patricia Bullrich para liberar el predio recuperado. Esos ojos. Y esas espaldas: la de Betiana de hoy apenas 21 años y la de Rafa, que se detuvo a los 22.

Una mirada feminista sobre el reclamo mapuche  

En Bariloche el 8M de este año las organizaciones feministas locales decidieron que la marcha partiera desde la casa donde permanecen detenidas tres de las cuatro mujeres y sus hijes desalojados y detenidos en octubre de 2022. Romina Rosas, Luciana Jaramillo y Betiana Colhuan, la machi de la comunidad, continúan en la ruca (casa) comunitaria de Bariloche cumpliendo prisión domiciliaria, y Celeste Ardaiz Guenumil solicitó ser trasladada a Carmen de Patagones, donde está su familia. 

Pocos días después del brutal procedimiento organizado en octubre por el ministro de seguridad nacional Aníbal Fernández y coordinado con el gobierno de Río Negro, al que hacen referencia las mujeres detenidas en esta entrevista que realizó LatFem, en la provincia de San Luis se decidió que el Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans de 2023 se haría en Bariloche para apoyar el pedido de libertad para las mapuche. Buena parte del movimiento feminista de todo el país decidió acompañar el pedido de justicia y declarar la defensa de las reivindicaciones de los pueblos indígenas, entre ellos el pueblo mapuche. 

La incorporación en 2019 del principio de “plurinacionalidad” en el nombre del Encuentro que desde 1986 se realizaba bajo la lógica de lo “nacional” institucionalizó una línea de militancia dentro del feminismo que fue más allá de las declaraciones de interseccionalidad. El feminismo, no sin fisuras ni sorpresas, produjo con esa nomenclatura un comentario político importantísimo a la historia de la disputa por la identidad nacional. No sólo refrenda lo que ya dice la Constitución Nacional del 94 en el artículo 75 inciso 17 respecto a la preexistencia de los Pueblos Originarios respecto al Estado argentino, sino que confirma la actualidad de la plurinacionalidad en el territorio ocupado por el Estado. La plurinacionalidad no fue ayer, es hoy y es “un hecho de la realidad”, como dice el poema de Blatt en otra parte.

En sintonía con estas definiciones políticas feministas un grupo de organizaciones nacionales decidió producir otro hecho de la realidad y convocar a diversas referentas de organizaciones (del campo nacional y popular y en general provenientes de AMBA) para visitar a las mapuche detenidas y llevar solidaridad. La comitiva estuvo conformada por referentes del Frente Patria Grande como Victoria Freire y Noelia Figueroa, en representación de la Dirección de Acceso a la Justicia, la diputada nacional Natalia Zaracho, la legisladora porteña Ofelia Fernández, la diputada provincial Lucía Klug, todas por Patria Grande, la diputada (MC) Araceli Ferreyra, integrante de Movimiento Evita, la socióloga Lucía Cavallero, representante del colectivo Ni Una Menos de Buenos Aires, la Secretaria General de Ammar, Georgina Orellano, la Secretaria General de la UTEP, Dina Sánchez, Majo Venancio del CELS, entre otras organizaciones, entre las que se encuentra LatFem.

El mensaje de solidaridad incluyó una expresión de deseo: “Somos compañeras”. Algunas de nosotras, a caballo de las condiciones de vida que nos vuelven privilegiadas en sociedades desiguales como las que habitamos, no conocemos en primera persona la crueldad como la conocen las mujeres mapuche, les trabajadores excluides, las que trabajan en la calle en labores estigmatizadas como el trabajo sexual o la venta ambulante, no conocemos el desprecio por el tipo de piel, el tipo de ropa, el tipo de cultura. Pero queremos ser sus compañeras por la vergüenza y asco que nos da el uso discrecional de la violencia que hace el Estado. Discrecional quiere decir acá racista, clasista y misógino también. María Nahuel, con esos ojos, me dijo que le da vergüenza ser argentina. No le da vergüenza por vos o por mí, no le da vergüenza por tu papá empresario o por tu mamá jubilada, no le da vergüenza por Messi o por el dulce de leche, por los pibes de Malvinas o el tango, le da vergüenza por lo que le hicieron quienes administrar la fuerza del Estado. Que es el gobierno.

Una mesa con el diálogo entrecortado

La comitiva feminista planeó su visita a Bariloche para un día antes de la reunión pautada por la mesa de diálogo que busca encontrar una solución pacífica al conflicto de la comunidad Lafken Winkul Mapu, las mujeres detenidas y los hombres prófugos desde octubre de 2022. La mesa está conformada por funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos, con Horacio Pietragalla a la cabeza, del Ministerio de Ambiente, con Juan Cabandié a cargo, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el Ministerio de Mujeres, organismos de Derechos Humanos y representantes de organizaciones indígenas, entre otros actores nacionales y provinciales. La propuesta de conciliación es que de las casi 30 hectáreas en la zona de Villa Mascardi recuperadas por la comunidad Lafken Winkul Mapu en noviembre de 2017 (que se llevó la vida de Rafael Nahuel a manos de una bala de un prefecto) sean cedidas 7 hectáreas en las que se encuentra el rewe (espacio sagrado signado por un símbolo tradicional y marcado por la machi) al Pueblo mapuche en su totalidad y que otras 10 hectáreas, ubicadas en la zona del Lago Guillelmo sean cedidas para que habite la comunidad Lafken Winkul Mapu. Entre uno y otro punto hay cerca de 5 kilómetros de distancia. Además, la propuesta incluye, según el artículo 34 del Código Procesal Penal Federal, firmar un acuerdo de conciliación entre quien inició la denuncia como damnificado, la Administración de Parques Nacionales (dependiente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) y la comunidad Lafken Winkul Mapu, victimaria en este proceso, por el cual el juicio quedaría suspendido y las mujeres recuperarían la libertad. Pero la reunión del 9 de mayo en la que las partes se iban a poner de acuerdo sobre la restitución de tierras y la libertad de las detenidas se suspendió sin motivo a pedido de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, según algunos rumores esta suspención tendría que ver con el inminente cambio de gobierno en la Provincia de Río Negro, cuyo gobernador electo no querría “quedar pegado” a una conciliación con la comunidad mapuche.

Una sola doctrina de seguridad

El relato del desalojo y la detención de las mujeres mapuche y sus niños es escalofriante y recuerda a los relatos de las peores vejaciones llevadas adelante por el terrorismo de Estado que conocemos gracias a los y las sobrevivientes. Las prácticas violentas desde el Estado contra los pueblos indígenas, con especial encarnizamiento contra el pueblo mapuche, no reconocen discontinuidades partidarias: la doctrina Bullrich que tiró a matar por la espalda a Rafael Nahuel y que propició el asesinato de Santiago Maldonado, brevemente interrumpida durante la gestión de Sabina Frederic en el Ministerio de Seguridad de la Nación, goza de renovada salud gracias al Comando Unificado que creó Aníbal Fernández especialmente para controlar lo que los medios de comunicación llaman “el conflicto mapuche” en el sur. El presidente Alberto Fernández se comprometió en diciembre de 2022 a trabajar para que las mujeres detenidas sean liberadas, pero no ha dicho ni una palabra en público al respecto y la prueba de la desidia es que las cuatro mujeres mapuche y sus hijes siguen detenidas en una casa sin calefacción, hacinadas, sin asistencia alimentaria ni sanitaria, perseguidas, vigiladas permanentemente. 

La comunidad Lafken Winkul Mapu espera la resolución de la mesa de diálogo, reprogramada para principios de junio, y convoca a dos días de actividades: el 20 de mayo realizarán un trawun (encuentro) mapuche y al día siguiente un encuentro abierto a toda la comunidad para definir los pasos a seguir. 

La familia mapuche amenazada

Una comunidad mapuche es una gran familia. Lo más parecido que tenemos en la cultura occidental a ese concepto es el de familia. Una familia donde no hay distintos roles según el género, una familia que hace parentesco con los elementos de la naturaleza. Donde los mayores son respetados por su pensamiento y sabiduría y los niños cuidados y admirados por su energía. Cuando el Estado ataca a una comunidad, lo que produce es la ruptura de lazos familiares y comunitarios, deja personas desmembradas, colapsadas, con los ojos tristes. Cómo no tener vergüenza de este Estado, cómo no querer ser argentina. Por más paradójico que parezca, aquellas comunidades que para algunos amenazan los valores de la sociedad tradicional son justamente los que la defienden. Como nos ocurre a las feministas y a las diversidades sexuales, perseguidas por una supuesta perversión del afecto, el amor y los lazos familiares, las comunidades mapuche atacadas con odio se fundan en vínculos de respeto y compromiso familiar. El problema no es su forma de vida, el problema es la tierra que reclaman, pero lo que destruyen negándoles la tierra y la libertad son familias enteras. El único sostén de las mujeres detenidas es la solidaridad de algunas organizaciones sociales (como el MTE, que se comprometió a mejorar la infraestructura de la ruca con mujeres electricistas y albañiles) y el vínculo entre ellas mismas. María Nahuel, madre, suegra y abuela de los habitantes de la ruca, sostiene el hogar, viaja a reunirse con funcionarios, se le llenan los ojos de llanto y sigue. Lo que las feministas llamamos cuidados y sostenibilidad de la vida. 

Las espaldas de Rafael y su madre

Mientras las mujeres mapuche están detenidas por un delito excarcelable (nadie en todo el país atraviesa una prisión preventiva por tomar o recuperar un terreno), los cinco prefectos del grupo especial Albatros acusados por un delito contra la vida, el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel, esperan el juicio en libertad. Fueron 114 disparos que produjeron un muerto y varios heridos y sembraron terror en niños que debieron correr entre las balas. La primera audiencia del juicio está pautada para el 31 de mayo, se llevará a cabo en la ciudad de General Roca, a 600 kilómetros de Bariloche. Apenas días antes del desalojo de octubre pasado, una marcha de vecinos que acompañó la precandidata presidencial por el PRO Patricia Bullrich mostró carteles que recuerdan ese nombre: “Volvé Roca, no terminaste tu trabajo”. La crueldad continúa, la madre y el padre de Rafael Nahuel deben trasladarse a una ciudad extraña para acompañar el proceso con el que el Estado les propone obtener justicia para su hijo. Es una vergüenza. Y es también un abuso de la fuerza de esas madres que sostienen la búsqueda de justicia y reparación para sus familias. 

Por todo esto es que los feminismos apoyan la lucha de las comunidades mapuche y así producen una novedad histórica que augura una gran discusión: la posibilidad de pensar un feminismo que interviene en la definición de la nación y del Estado plurinacional. Mataron a un pibe por la espalda en Bariloche y también hay flores en la ladera de la primavera.

* Publicada originalmente en Latfem

Source

Por Vivian Palmbaum Foto: Mapuexpress

Una breve cronología de una situación que continúa agravándose, sin que el gobierno chileno se sensibilice. La solidaridad se expresa desde distintos lugares de la tierra y desconoce fronteras:

• Durante la noche del miércoles 15 de julio gendarmería chilena realizó un operativo desde la cárcel de Temuco para derivar al Hospital de Nueva Imperial al Machi Celestino Córdoba, por su delicada condición física luego de 73 días de huelga de hambre. Giovana Tafilo, de la vocería de la autoridad espiritual Mapuche hacía un llamado a la solidaridad, porque “cada gesto, cada acto desde cualquier punto sumándose a la lucha mapuche por la defensa de la tierra y la liberación, apoyando la digna lucha del Machi Celestino Cordoba en la cárcel de Temuco, de los ocho presos políticos en la cárcel de Angol y de los once presos políticos en la cárcel de Lebu.Los invitamos a sumarse, hoy dia es tiempo de hacer acciones concretas en defensa de nuestra tierra y nuestra espiritualidad”

• El 16 de julio, el informe médico de la lamieng Dra Leonor Olate, médica de confianza del Machi Celestino Córdova a 74 días de huelga de hambre expresaba que la salud del Machi se encontraba en un grado de alto riesgo cardiovascular, su corazón sigue latiendo de manera muy lenta, con una bradicardia, hipotensión permanente, riesgo de falla renal y a esto se suma un sangrado importante interno visceral, lo que lo dejo aun mas débil y  mas frágil, que puede volver a ocurrir porque continúa el dolor en la zona. Además presenta alteraciones neurológicas de sensibilidad y de movilidad, a lo que se suman alteraciones de la visión, del ojo derecho. La medica afirmó que su situación es critica y se encuentra en riesgo vital. Haciendo un llamado a las autoridades para que esta situacion se detenga y no tenga un desenlace. 

• El 18 de julio el director del Hospital Cristian Araneda y el médico Roberto Uturriaga desestimaron la gravedad del estado de salud de la autoridad ancestral Machi Celestino Córdova, y sostuvieron que esta en “buen estado en general, hidratado, perfundido, orientado en tiempo y espacio y en buenas condiciones en general. Y que se descarta el riesgo vital según evaluación clínica una mala evolución en el futuro”

• El día 19 de julio, Los presos políticos mapuche, desde P.P.M Módulo Comuneros, de Temuco decidieron solidarizarse, y en un comunicado expresaron “debido al nulo avance del Estado y el Gobierno de turno en las demandas de nuestros pu Peñi en Huelga de Hambre, para llegar a una Solución Política acorde, considerando al riesgo en su salud al que han llegado, Decidimos a lo Mapuche:  mediante reflexión, nutram, ka trawum, sumarnos a la Huelga de Hambre, en Apoyo a la Movilización de los Peñi, por su Libertad Inmediata y la de todos los Presos Políticos Mapuche y no Mapuche secuestrados por el Estado al defender Nuestros Derechos, desde hoy 19/07/2020. 

• El 17 de julio, la Coordinación de Organizaciones de Derechos Humanos de la Araucanía junto al Observatorio Ciudadano hizo un llamado urgente al Relator Especial de pueblos indígenas de Naciones Unidas, pidiendo su intervención frente a la huelga de hambre que llevan adelante nueve presos políticos de las cárceles de Temuco y Angol, por más de 70 días a los que se sumaron el pasado 06 de julio otros 11 presos mapuche de la cárcel de Lebu. Le solicitan que intervenga “frente al Estado de Chile, en búsqueda de resolver las peticiones planteadas por las personas privadas de libertad”. 

• El 19 de julio se elevo una denuncia urgente dirigida a distintos organismos de la ONU: Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) Organización Internacional del Trabajo Relatora Especial de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Allí se da cuenta de la situación de extrema gravedad de los 20 presos políticos mapuche que se encuentran en huelga de hambre hace 76 días, entre ellos una autoridad ancestral -machi-, y algunos de los cuales no tienen condena, y están aún a la espera de juicio. En el comunicado se hace un llamado  “al Gobierno de Chile a atender de forma urgente esta situación, a generar un espacio de diálogo, a dar respuesta a las demandas legítimas de los Presos Políticos Mapuche, y a respetar los compromisos y obligaciones internacionales de Chile en materia de pueblos indígenas, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”. La denuncia está acompañada por más de cien firmas entre organizaciones indígenas, dirigentes, personas naturales, organizaciones sociales, políticas, gremiales y culturales que se solidarizan y respaldan la denuncia. 

No están solos 

Desde la vocería del Machi Celestino Córdova hacían un llamado a la solidaridad y a realizar acciones para fortalecer espiritualmente a todo nuestro pueblo nación Mapuche a fortalecer  espiritualmente el día de mañana espacios, junto al Lafken (mar) junto al Leufu (rio), junto a un Trayenko (vertiente) o en cualquier lugar en que se encuentren, es nuestro deber encomendar a nuestra autoridad ancestral Machi Celestino Córdova a nuestros espíritus ancestrales y prepararlo  para la huelga seca que pronto iniciara.

La respuesta llegó rápidamente. El Movimiento Mapuche Autónomo del Puelmapu (M.A.P) se expresó brindando su apoyo como parte del pueblo nación Mapuche al Machi Celestino Córdova en esta nueva huelga de hambre, “Somos conscientes del daño que ésto genera en su organismo y en su espíritu, y valoramos la vida!! Y desde nuestra cosmovisión, exigimos el regreso a su Rewe, con su lof Che. Reafirmando nuestro feyentun, enviamos kume newen al Machi y a su gente, entendiendo que este es un ataque hacia todos los Mapuche, a nuestra espiritualidad y a nuestro equilibrio como parte de la mapu que somos”.

“Somos una sola Nación en ambos lados de la Cordillera, todas las formas de lucha se han validado para Resistir y combatir la Opresión, fieles Weichafe de Nuestras Lof y Orgánicas, pero antes que nada de Nuestro Pueblo. No podemos permanecer indiferentes ante el actual escenario, es nuestra moral de Luchadores, el mandato de nuestros Kuifikecheiem ka Elchen Ñuque, Elchen Chau, que nos guía, identificando como principal enemigo el Sistema Capitalista de forma íntegra. E Integral nuestra Conciencia de Lucha”. El comunicado está firmado por los presos políticos: Daniel Canio Tralcal, Facundo Jones Huala,  José Cáceres Salamanca,  Juan Cheuqueta Cheuquepil,  Fermín Marquez Inal,  Cristhofer Pino Curin,  Victor Marileo Ancapi. 

La Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile también se solidarizó con la lucha de la nación mapuche y denunció la discriminación y el racismo que pesa sobre ellos. Haciendo un llamado al gobierno chileno a que detenga la violencia estatal contra el pueblo Mapuche.

También se solidarizaron las Asambleas Socioambientales de Neuquén y organizaciones que habitan este espacio territorial, repudiando “el accionar genocida del Estado chileno hacia los Presos Políticos Mapuce en general, y al Maci Celestino Córdova en particular. Como organizaciones que habitamos un Territorio, que es el Histórico Ancestral Mapuce, y entendiendo el valor Espiritual, político y social que tiene la figura de la o el maci dentro del Pueblo Nación Mapuche…Se sumaron al pedido de libertad a los presos políticos mapuches.   

El Machi Celestino Cordova desde la cárcel expresó: “continuaré resistiendo, asumiendo toda consecuencia que puede significar, si llegase a extenderse dicho sacrificio, porque es parte del cumplimiento del mandato espiritual y parte del servicio espiritual de la vida de Machi”.

Notas relacionadas

https://www.marcha.org.ar/wallmapu-que-no-se-equivoque-el-gobierno-los-prisioneros-politicos-mapuches-no-estan-solos/

Source

Por Vivian Palmbaum |

El machi Celestino Córdova, autoridad ancestral, sostiene su huelga de hambre desde hace más de un mes en la cárcel de Temuco, su salud sufre un deterioro creciente sin que sean escuchadas sus demandas. 

Desde la Wallmapu de un lado y del otro de la cordillera las comunidades mapuches expresan su solidaridad. El pasado 4 de mayo, el machi Córdova reinició la huelga de hambre liquida, que había dejado en suspensión el día 20 de marzo. Sus demandas en el contexto de la pandemia son que los presos mapuches, y detenidos por reivindicación social, cumplan sus condenas en sus espacios territoriales. La medida también exige la modificiación del Reglamento Penitenciario 518 que permita adecuar las instalaciones a las prácticas espirituales de la comunidad.  

A pesar de su delicado estado de salud, Cordova es víctima de maltrato, la indiferencia y el aislamiento por parte de la Gendarmería chilena, así lo denuncian en un comunicado la Vocería, familia y red de apoyo y responsabilizan al gobierno de Piñera,  las instituciones que son parte del Estado, Ministerio de Justicia y DDHH,  junto al Ministro de Justicia Hernán Larraín quien no ha autorizado el ingreso de médico como ha sido solicitado en reiteradas oportunidades. Por tercera vez el machi se desmayó lo que no fue suficiente para que acudiera el paramédico de la unidad penitenciaria a revisarlo, vulnerando el derecho a su integridad física y a su salud. 

Celestino Cordova se encuentra detenido desde 2014,  como autoridad ancestral ha apelado en distintas oportunidades a estas medidas de fuerza “espiritual y física” para  visibilizar las distintas demandas de su pueblo.  

Desde la Wallmapu (tierras ancestrales) la comunidad mapuche hace un llamado al gobierno chileno para que respete los tratados internacionales, las recomendaciones de la Comision Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos, para que se observen los derechos de las personas privadas de su libertad y de quienes además pertenecen a la comunidad mapuche en el contexto de la pandemia. Se quejan de la discriminación que pesa sobre ellos en tanto criminales de lesa humanidad y antimapuches han tenido mayor consideración a la hora de las excarcelaciones. 

Laos presos políticos mapuches desde la cárcel de Temuco acusan a la actual administración del gobierno chileno de una actitud en contra de los pueblos originarios y la lucha mapuche.  Expresan que hasta un gobierno fascista como el de Brasil ha respetado las recomendaciones internacionales y ha liberado los presos indígenas en el contexto de la pandemia.  

La historia de la condena a Celestino Córdova expone la persecución que sufre la comunidad. Fue el único condenado por la muerte al matrimonio Luchsinger-Mackay, luego de sustanciarse un primer juicio donde los 11 imputados fueron absueltos y que fuera anulado por la Corte de Apelaciones de Temuco y recién en un nuevo juicio el machi fue el único condenado. Las únicas pruebas fueron encontradas en la casa de Celestino por carabineros  vestidos de civil y si identificación. 

Acompañado para las distintas comunidades en resistencia y recuperación territorial, desde la cárcel Celestino expresa: “continuaré resistiendo, asumiendo toda consecuencia que puede significar, si llegase a extenderse dicho sacrificio, porque es parte del cumplimiento del mandato espiritual y parte del servicio espiritual de la vida de Machi”.

Criminalización de jóvenes mapuches

Desde las comunidades en resistencia y recuperación territorial denuncian la persecusión que sufren los y las jóvenes mapuche. La Lof Temucuicui, reconocida por su resistencia en territorio ancestral denuncian que las prácticas de hostigamientos y señalamiento por parte de la policía comunal son constantes.   

Dos jóvenes de esa comunidad, que son víctimas desde pequeños de la estigmatización, Anthu Llanca Quidel, de 20 años y  Danilo Nahuelpi Millanao, de 18, quedaron involucrados en una causa donde las únicas pruebas son las declaraciones de los carabineros que los detuvieron y torturaron.  Ambos se encuentran detenidos en la cárcel de Angol y son quienes se sumaron a la huelga de hambre que realizan los presos políticos mapuche. 

Al tiempo que la pandemia se desarrolla, continúa la militarización, el aumento de inversión para la represión contra el pueblo mapuche y el extractivismo no se detiene, tal como denuncian las comunidades. Con un sistema de salud privatizado y excluyente las comunidades indígenas en Chile han hecho un llamado a la autodeterminación organizativa para intensificar la cuarentena territorial que impida el ingreso de personas ajenas a las comunidades.

El pasado 26 de mayo desde el Consejo de Todas las Tierras denunciaron al gobierno de Sebastian Piñera por montar una campaña que en el marco de la pandemia “ha invisibilizado la situación que afectan a los Pueblos Indígenas del país y por lo mismo, ha quedado demostrado que el denominado “Plan Impulsa” y otras medidas anunciadas con los Pueblos Indígenas no fueron más que propaganda”. Anunciaron que harán las denuncias ante los organismos internacionales de protección de derechos humanos, en caso de que el gobierno persista en las políticas de desamparo hacia los Pueblos Indígenas en el marco del Covid 19.  

Por la dignidad, libertad de todos los presos políticos mapuche y no mapuche y de todos los privados y privadas de libertad en todas las cárceles del país y del mundo, expresaron en el comunicado. 

Source

Por Vivian Palmbaum | Foto: Mapuexpress

La pandemiase ha instalado a nivel global. También desde la Araucanía llegan las voces que claman por protección y amparo tras los muros. Hoy, el pueblo mapuche históricamente criminalizado de los dos lados de la cordillera, pide por la protección de quienes se encuentran privados de su libertad por defender su cuerpo-territorio ancestral. Desde las cárceles de Temuco y Angol, con prisión preventiva o con condena firme, piden para que se preserve su derecho a la vida frente a la pandemia. 

Temuco

Familiares, Amigos y Red de Apoyo Machi Celestino Córdova denunciaron el pasado 25 de abril la negativa del gobierno a proteger la vida y la integridad física de los presos mapuches frente al rápido avance del Covid 19.  Esta realidad provocó que la Gendarmería chilena dejara ingresar a una funcionaria de la institución que estaba siendo evaluada por Covid 19   para entrevistarse con el lonko Facundo Jones Huala y otros privados de la libertad en la cárcel de Temuco. Recién dos días después el lonko fue separado de los demás presos mapuches expresaron en su comunicado. Finalmente los resultados de las pruebas de hisopado que le realizaron a Facundo Jones Huala dieron negativo y deberá permanecer en aislamiento preventivo durante  15 días.

El Comité por lxs Presxs de los Pueblos Indígenas, en Argentina, emitió un comunicado en donde solicitan al Estado argentino que inicie acciones para repatriar al Facundo Jones Huala encarcelado en ese país. En el documento denuncian “el actuar criminal del gobierno de Sebastián Piñera” y llaman a la solidaridad internacional ante la injusta situación de discriminación que sufre el pueblo mapuche. El lonko Facundo Jones Huala fue extraditado al país trasandino y condenado con escasas pruebas y en base a muchas suposiciones, la construcción del enemigo que luego facilite la apropiación de sus tierras. Las tierras patagónicas tanto de un lado como del otro de la frontera tienen riquezas naturales incalculables: agua, gas, petróleo, entre otros. El escollo para la explotación son los pueblos originarios. 

Desde las distintas recuperaciones mapuches se sumaron y denunciaron que el gobierno chileno no sigue las recomendaciones propias de los organismos internacionales como ONU y la CIDH para que protejan a la vida de las poblaciones carcelarias frente al peligro que la pandemia por las alarmantes condiciones en las que se encuentra la población carcelaria de la región. En ese sentido manifestaron familiares y redes de apoyo manifestaron: “la CIDH recuerda a los Estados que toda persona privada de libertad bajo sus jurisdicciones tiene derecho a recibir un trato humano, con irrestricto respeto a su dignidad inherente, a sus derechos fundamentales, en especial a la vida e integridad personal”.

Previamente, en un comunicado desde la cárcel de Temuco los presos políticos mapuches ya denunciaban que hasta el momento sólo se habían liberado a “criminales de lesa humanidad y anti mapuches como el paco asesino de Catrillanca y a los nefastos agentes de la operación Huracán”, amparándose en la excusa de la pandemia. “¿Es que la vida del pueblo mapuche no importa?” se preguntan. Señalan la decisión política que les retiene en la cárcel habiendo cumplido con los requisitos necesarios para acceder al beneficio de la libertad para evitar el peligro del contagio. Hacen extensivo el pedido a todos los presos de un sistema penal que se encuentra desbordado, como en toda la región.  

Por su parte, el pasado 4 de mayo, el Machi Celestino Córdova reinició la huelga de hambre liquida que había dejado en suspensión el día 20 de marzo, en demanda que se cumpla el Convenio 169 de la OIT, en relación a los presos pertenecientes a pueblos originarios, con las mismas demandas de protección.   

Angol

Desde este territorio las Comunidades Mapuche en resistencia de Malleko denunciaron la discriminación que pesa a los presos mapuche en la cárcel de Angol y las medidas abusivas a las que los someten.  Desde el pasado 4 de mayo los presos mapuches de la cárcel de Angol también comenzaron una huelga de hambre líquida para exigir el cumplimiento de medidas de protección frente al peligro que el Covid 19 en ese contexto y denunciaron que es necesaria la “libertad de los prisioneros políticos mapuche o el cambio por una medida alternativa distinta a la prisión, como lo estipula el Convenio de la OIT n° 169, artículos 8, 9 y 10 y considerando también la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”. A su vez, entre las peticiones se exige la restitución y desmilitarización territorial que siempre protege a intereses económicos de empresas transnacionales.

En el comunicado hacen un llamado a las distintas las comunidades en resistencia para estar atentos frente a la injusticia del gobierno chileno contra sus hermanos Prisioneros Políticos Mapuche de la cárcel de Angol:  “Que no se equivoque el gobierno, los Prisioneros Políticos Mapuche no están solos”.

Derechos de los pueblos

La situación además obligo a la CIDH a radicar un pronunciamiento el pasado 8 de mayo en donde instan a los gobiernos a adoptar medidas de protección para los pueblos indígenas frente a la pandemia. La Comisión advierte sobre la situación “de especial vulnerabilidad en la que se encuentran los pueblos indígenas, particularmente aquellos en aislamiento voluntario y contacto inicial”. Recuerda la histórica vulneración de derechos que pesa sobre los estos pueblos y que se refleja en la situación de extrema pobreza en contraste con el resto de la población no indígena. 

Source

“Marri Marri Folle

Ca huenu chau, Huenu Ñuque

Huenu Zomo, huenu Huentru

Purrapay purrapay Folle

Fentecom Pui, Huenu Folle”

Canto a la bandera de la comunidad mapuche

La comunidad mapuche de San Martín de Los Andes realizó el 10 de diciembre una ceremonia de integración intercultural, en el marco del Día Internacional por los Derechos Humanos.

Por Vivian Palmbaum | Foto: Lof Paicil Antreao

Este 10 de diciembre, en el marco del Día Internacional por los Derechos Humanos, se realizó la ceremonia de visibilización de la Nación Mapuche en la ciudad de San Martín de Los Andes.

Por quinto año consecutivo, como cada 10 de diciembre, se realizó el izamiento de la bandera mapuche, Wenu foye, en la plaza de San Martín de Los Andes, con una ceremonia de integración intercultural. La    comunidad mapuche logró, después de luchar mucho tiempo con el municipio y el Consejo Deliberante de dicha ciudad, que se les reconociera este derecho.

“Se celebra este acontecimiento de lucha que logra recordarle a la sociedad de San Martin de Los Andes que todavía estamos vivos y de pie”, afirmó Luis Alberto Curruhuinca, integrante de la comunidad. “Para recordar que este territorio es nación Mapuche y que hoy todavía estamos vivos. Nuestra historia estaba asentada aquí cuando llego el ejercito genocida de la Campaña del Desierto”.

Se trata de una iniciativa para fortalecer la identidad del pueblo Mapuche, impulsada por las comunidades Mapuche Vera, Cayún, Vfkowe Newen, Curruhuinca y la zonal Wiliche en el marco de la Confederación. La iniciativa cuenta todos los años con el apoyo de organizaciones sociales, culturales y políticas.

Para ser reconocidxs y respetadxs como Pueblo Mapuche se iza la bandera Mapuche, Wenu foye, junto a la bandera nacional, como símbolo de la interculturalidad. Así también lo expresaron en un comunicado distintas organizaciones sociales, gremiales, culturales y políticas, y afirmaron que constituye un paso en el reconocimiento de la igualdad y la no superioridad de algunas culturas por sobre otras.

Con la chicha o mushai, las plantas sanadoras o lahuenes, el agua del Lafquen, que cada uno tenía en su casa o ruca. Con su pañuelo, pollera, trailono, makun, instrumentos, entre los que no faltaba el cultrún, se convocó a la ceremonia.

Una ceremonia que se inició a las 5.30 hs. en el Lago Lacar, cerca de los eucaliptus, para rogar y luego compartir unos mates entre las y los integrantes de la comunidad. Luego tuvo lugar una marcha por la Av. San Martín hasta la plaza al ritmo de los instrumentos. Allí estudiantes de las escuelas de la ciudad y de la comunidad izaron juntos y juntas las banderas, acompañadxs por el sonido del cultrún.

No hay mapuches sin territorio

La integración intercultural no solamente se trata de los símbolos que necesitan ser reconocidos, sino que también implica el respeto a los territorios ancestrales que se hallan en disputa frente a un poder voraz que intenta quedarse con sus tierras. Una situación que se intensificó durante el gobierno de Cambiemos, con políticas represivas que tuvieron como resultado la pérdida de las vidas de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, y tantos anónimos, a manos de las fuerzas de seguridad.

Un atropello que consuma un Poder Judicial que no respeta los tratados que reconocen la propiedad comunitaria y ancestral, reconocida en la reforma constitucional de 1994, mientras ya venían apurando órdenes de desalojo.

La comunidad Mapuche está íntimamente ligada a su tierra, que le da sentido a su existencia. “Nosotros somos parte de la tierra, la tierra que no se negocia ni se abandona”, contó la machi Betiana, de la comunidad Mascardi.

En el día de los derechos humanos, 10 de diciembre, los derechos indígenas también se encuentran entre los fundamentos para la libertad, la justicia y la paz.

Nación Mapuche

La comunidad mapuche no se divide en nacionalidades y a ambos lados de la Cordillera se encuentra perseguida y criminalizada.

El derecho internacional, la declaración de Naciones Unidas sobre el derecho indígena y la declaración americana reconocen a los pueblos indígenas el derecho a la libre determinación. Por eso en el cerro Ñielon se autoconvocaron  los días 11 y 12 de diciembre para hacer la segunda sesión de la Asamblea Constituyente Mapuche, que tiene por objeto elaborar un estatuto para la autodeterminación mapuche. Así lo expresan también los pueblos mapuches del otro lado de la Cordillera. Un instrumento que les permitiría conformar un gobierno para luego negociar con el gobierno chileno. Este estatuto tendrá por objeto hacer respetar los tratados internacionales en materia de territorios indígenas, que fueron tomados sin el consentimiento del pueblo mapuche en el marco de ocupación territorial del ejército chileno.

Source

Por Vivian Palmbaum | Foto Argentina Municipal

Las comunidades mapuches continúan siendo amenazadas por desalojos judiciales, a pesar de estar en plena vigencia la prorroga de la Ley 26.160 que limita estas iniciativas, mientras continúa la regularización de los dominios territoriales. La tierra para ellos es indisociable de su vida misma. Por esta razón la Coordinadora hace pocos días hizo un llamado a las comunidades a resistir las órdenes de desalojo. Los territorios en disputa coinciden con la voracidad corporativa y la explotación de recursos hidrocarburíferos. Entrevistamos a Luis Pilquiman integrante del Parlamento Mapuche e integrante de la Mesa Coordinadora por la zona andina. Fue elegido hace poco menos de dos meses como delegado de la zona andina al Consejo de Participación Indígena, que es una instancia de participación del INAI, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.

Las noticias que afectan a la comunidad mapuche son silenciadas y solo adquieren difusión cuando oponen acciones de resistencia. “La mapur (tierra) para el pueblo Mapuche no es sólo la materia que se pisa, la definimos como vida, espiritualidad e historia. El che (persona) adquiere un vínculo con la mapu, le da su origen- tuwun, esa fuerza surge de los elementos naturales más sobresalientes de ese lugar, de ahí adquiere características personales, su nombre y otros que hacen a la persona, entendemos que cuando morimos nuestro pülli (espíritu) vuelve a su origen”. Asi lo explica Pilquiman.

La Coordinadora llama a las comunidades a resistir las ordenes de desalojo. Señalan que “en un hecho de gravedad institucional inusitada la justicia rionegrina pretende desalojar comunidades Mapuche en plena vigencia de la Ley Emergencia de la Posesión y Propiedad Comunitaria Indígena, Ley Nacional 26.160, prorrogada por ley 27.400 que expresamente en su artículo 2º suspende cualquier sentencia que implique el desalojo de una comunidad mientras se realiza el relevamiento”.

El relevamiento territorial que impulsaba la Ley, que debía dar inicio al proceso para regularizar el dominio de las tierras a las comunidades originarias, está inconcluso o en algunas casos nunca comenzó. Tal como expresan desde la Mesa Coordinadora de la Comunidad Mapuche Tehuelche, en la provincia de Rio Negro se ha iniciado el 1º de agosto pasado, en la Comunidad Pino Quiñe, luego de estar en suspenso por más de 10 años.

Poder Judicial versus la ley

La Coordinadora está alerta por órdenes de desalojo sobre cuatro comunidades al mismo tiempo. Mientras la Ley desde el año 2017 establece la prorroga sobre posibles desalojos la justicia rionegrina avanza en contrario. En esta situación se encuentra la Comunidad Pino Quiñe en el paraje La Japonesa, en la costa del río Colorado,  con una orden de desalojo del Juzgado 31 de Choele Choel  a cargo de la Dra. Natalia Costanzo; la Comunidad Newen Kurruf en cercanías de Catriel con una orden emanada del Juzgado N° 1 de Cipolletti a cargo del Dr. Diego de Vergilio; la Comunidad Buenuleo con orden de desalojo impuesta por el Juez Sergio Pichetto.

Luis Pilquiman expresa que “llama la atención que se den estas órdenes de desalojo simultáneamente,  en este contexto político nacional próximo a un cambio de gobierno”.

En el comunicado la Coordinadora Mapuche expresa que pidieron una reunión con carácter urgente al Superior Tribunal de Justicia el 25 de septiembre “para saber si es que el derecho indígena tiene vigencia dentro del territorio de Río Negro”. Porque teniendo en cuenta “lo sucedido en la comunidad Lafken Winkul Mapu, con la muerte del peñi Rafael Nahuel en un desalojo comunitario, es incomprensible la actuación de Poder Judicial ante hechos que pueden traer consecuencias irreparables”.

En el día de hoy además desde la Lof Lafken winkul Mapu,  del territorio Relmu Lafken,  conocido como Lago Mascardi, enviaron una nota al gobernador  Alberto Weretilneck pidiendo una reunión. Exigen la solución política e inmediata al conflicto territorial de nuestra Comunidad, entendiendo que es Territorio Ancestral Mapuche y que se encuentra en disputa con Parques Nacionales, institución que fue creada sobre la sangre de nuestra gente, luego de la ya reconocida campaña del desierto. Son enfáticos al expresar la criminalización y estigmatización que recae sobre las comunidades mapuches que “fue alimentada por sus lamentables dichos racistas que son de público conocimiento, del cual también fueron cómplices los medios de comunicación hegemónicos serviles al Estado” y suman a la lista de responsabilidades a la ministra Bullrich y al presidente Macri, sus funcionarios y los jueces que  “muestran en sus discursos al Pueblo Mapuche como terroristas, usurpadores, delincuentes entre otros,  desviando el eje principal en discusión que es la propiedad de las tierras”.

Pilquiman cuenta que la comunidad Lofche Buenuleo, tiene su carpeta próxima a ser terminada, tiene un dictamen jurídico, antropológico y catastral, con una cartografía en donde estaría prácticamente concluido el relevamiento y la justicia sigue sin reconocerlo. Hay otros jueces que por el proceso de la ley 26.160 han tomado la fecha inicial de los relevamientos para suspender los desalojos. Sin embargo, en este caso la justicia no lo está tomando.

La realidad que Pilquiman pone en primer plano son las implicaciones que tienen las ocupaciones porque están en territorios bastante conflictivos como es el caso de la zona de Pino Quiñe que  está próxima a lo que llaman la cola de Vaca Muerta. También Newen Kurruf está en medio de pozos petroleros. “Esas son las situaciones en que están las comunidades, entonces la acción de la justicia genera sospecha. Entendemos que el marco legal lo dan los derechos indígenas,  la Constitución Nacional,  el Convenio 169, la ley provincial 2287 y la ley 26.160 de relevamiento territorial, ese marco jurídico no se ha tenido en cuenta en el momento de los fallos judiciales, por lo tanto parece que son parcializados y sobre todo desconoce el derecho indígena”.

El Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) constituye la herramienta jurídica más importante para la defensa de los derechos indígenas que rige en Argentina desde el 3 de julio de 2001 y reconoce “las  aspiraciones  de   esos  Pueblos  (Indígenas)  a  asumir  el  control  de  sus  propias  instituciones  y  formas  de  vida  y  de  su  desarrollo  económico  y  a  mantener  y  fortalecer  sus  identidades,  lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados en que viven”.

Pilquiman reconoce que detrás de cada órden de desalojo descubrieron que hay un nuevo Código Procesal Penal en la provincia “que es muy express, que favorece a los que tienen abogados y tienen recursos. A los que no tenemos los medios sea comunidades mapuches o cualquier vecino que sobrevive en este país, está condenado a ser desalojado, preso por la justicia rionegrina”. Sorprende que un código provincial pueda tener preeminencia por sobre lo que establece la Constitución Nacional y los pactos internacionales.

La Constitución Nacional,  en la reforma realizada en el año 1994, reconoce la legitimidad del derecho indígena. En el artículo 17 de la Carta Magna, en su inciso 17, expresa: “Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones”.

Rafael Nahuel presente junto a las víctimas de gatillo fácil

Las comunidades mapuche aún tienen en la memoria que en noviembre del 2017 el Weichafe Rafael Nahuel fue fusilado por la espalda por un disparo efectuado por el prefecto Javier Pintos, perteneciente al grupo especial de Prefectura Naval Argentina (grupo Albatros) luego de una brutal cacería. Además, como son parte de la comunidad en la que viven e interactúan, reconocen que “de la misma manera que se violenta y reprime a las Comunidades Mapuche, también es la realidad que sufren muchos hermanos de nuestro pueblo que viven hacinados en los barrios más marginados de Bariloche y otras ciudades de la provincia producto de los despojos territoriales históricos, donde el  gatillo fácil se esta naturalizando”.

Lee más :

Prorrogar una ley imprescindible contra los desalojos de comunidades indígenas

Ley de Emergencia Territorial Indígena: crónica de una prórroga ineludible

Source

Por Vivian Palmbaum

Tras un conflicto que parece de intereses entre privados, se esconde más de un siglo de despojos a la comunidad mapuche Lof Paicil Antriao, en Villa La Angostura. En un diario local se conoció la noticia: la Cámara Provincial de Apelaciones en lo Civil y Comercial había declarado “desierto el recurso de apelación sobre la sentencia judicial que en primera instancia ordenaba la restitución de un terreno lindero a La Posada”. Marcha dialogó con Lorenzo Loncón, werken (mensajero) del Lof Paicil Antriao.

Loncón relativizó la noticia y afirmó que la sentencia no está firme, al tiempo que expresó que los medios locales reciben mucha publicidad de los privados para publicar estas cosas. “Nuestro abogado Luis Virgilio Sánchez está revisando los expedientes, porque hay otra instancia de alegato, no es un fallo firme”. Además anticipó un conflicto en otra zona de la costa de Lago Correntoso. “Con la hermana Sofia Antiao también están queriendo empezar una causa civil a la que también va a responder un abogado de la comunidad”.

A fines de marzo de este año, la vecina Elma Quiroga, propietaria de Puerto Elma, junto a la comunidad mapuche Paicil Antriao, apelaron el fallo por el cual el Poder Judicial obligaba a restituirle un terreno a la empresa TIJE, propietaria de La Posada, un emprendimiento lindero a los terrenos en disputa. Loncon afirmó que con el fin de apropiarse de la tierra “es como la tercera o cuarta venta que hacen de La Posada, es como un pasamano”.

En la causa judicial no figura un dato que es sustancial para definir un fallo sobre el derecho a la tierra: “la señora Elma Quiroga nació en ese lugar, no fue al hospital, nació ahí. Su hija Sandra Quiroga también nació en ese lugar ayudada por una partera de la comunidad”.

La historia del Lof Mapuce Paichil Antriao es la historia de una usurpación sobre la que se construyó la ciudad de Villa La Angostura. Hoy la comunidad habita sobre unas 125 hectáreas que quedan de las 625 originarias.

Villa La Angostura, igual que otras regiones de la Patagonia, periódicamente es noticia por los conflictos entre las comunidades mapuches y quienes intentan apropiarse de las tierras que hoy habitan para desarrollar negocios turísticos e inmobiliarios. También sucede en otros lugares del país, aunque cobraron especial importancia con la profundización de las políticas represivas del gobierno, tal como lo testimonian los asesinatos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.

La Constitución Nacional Argentina de 1994 reconoce en su artículo 75 “la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas” y señala que debe garantizarse “la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano”.

Tras décadas de conflictos, los y las descendientes decidieron constituir la comunidad mapuche Paichil Antriao que fue reconocida por el Estado a través de la inscripción de su personería jurídica en el Registro Nacional de Comunidad Indígenas (Renaci). La defensa territorial ha sido y es la base fundamental de su lucha partiendo de la necesidad de recuperar y sostener el territorio perdido para el desarrollo de la vida y subsistencia comunitaria. 370 millones de indígenas viven en 70 países alrededor del mundo.

El werken Lorenzo Loncón denunció las demoras y el incompleto relevamiento territorial en toda la Argentina: de un total aproximado de 1600 comunidades originarias, sólo 650 comunidades culminaron la tarea. Ante el reclamo, la respuesta provino de Juan Cruz Testa, del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que dijo que “esperan tenerlo terminado lo antes posible”. Sin embargo, agregó, “faltan muchas comunidades que aún están en tareas de conseguir su personería jurídica”, tal como exige la ley para ser sujetos de derechos a su tierra.

Ley 26.160

Declárase la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial competente o aquéllas preexistentes.

Huellas y Senderos

En el año 2014 el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (OPDHI) presentó el libro Huellas y Senderos que da cuenta de una investigación de la historia del Lote Nº9.  “En 1902, el Estado argentino reconoció la presencia de las familias Paichil y Antriao en la zona del Río Correntoso, otorgando por decreto la titularidad del Lote Pastoril N° 9. Esas familias habitaban allí desde muchos años antes que llegara la Comisión de Límites y por ello pudieron ayudar como baqueanos en la delimitación de la frontera con Chile. De las 625 hectáreas iniciales, hoy sólo habitan en 125, y todas están a nombre de terceros extraños”. En el libro dan precisiones sobre el hostigamiento de parte del Poder Judicial, particulares interesados en las tierras mapuches, el Estado Municipal y Provincial.

Más de 370 millones de personas indígenas viven en 70 países alrededor del mundo. Su cultura e identidad están estrechamente vinculadas a sus territorios y perderlos significaría la pérdida de la misma.

“Llegaron a nuestro territorio a colonizar espacios; a explotarnos como objetos para sus negociados y especulaciones, para sus emprendimientos comerciales, madereros, inmobiliarios y turísticos; a robarnos nuestra sabiduría para sus propios intereses; a imponernos conocimientos e ideas occidentales haciendo un atropello y un despojo a nuestra forma de ser, de conocer, vivir y pensar desde nuestra cosmovisión”, concluyó Loncón.

Lee más:

Prorrogar una ley imprescindible contra los desalojos de comunidades indígenas

Plan de persecución judicial a mapuches en Río Negro y Neuquén

Neuquén: Presentación del libro “Huellas y Senderos” 

Source

La justicia absuelve a lxs 6 integrantes de la Pu Lof en Resistencia Cushamen, acusados por la multinacional Benetton y el Estado de Chubut, mientras cuestionó el uso de la fuerza.

El pasado 18 de marzo lxs 6 integrantes de Pu Lof en Resistencia de Cushamen: Facundo Jones Huala, Andrea Millañanco, Sergio Ruiz Henchupan, Matías Santana, Rodrigo Jaramillo y Nicolás Hernández Huala,  fueron absueltxs por “usurpación” y sobreseídos de los cargos de “abigeato”, acusados por la multinacional Benetton y de la provincia de Chubut. La jueza reconoció que el estado criminalizó a la comunidad y cuestionó el uso de la violencia por parte del mismo. También, ordenó al Consejo de la Magistratura local que inicie una investigación por mal desempeño contra el fiscal Oscar Oro, primer impulsor de la denuncia contra la Pu Lof.

Al fin, la responsabilidad puesta en el Estado

La jueza de Esquel, Carina Estefanía, cuestionó fuertemente el uso de la violencia como única respuesta por parte del Estado nacional y provincial hacia las comunidades. En declaraciones a Página 12, Estefanía expresó: “en los procesos que tuve hasta ahora como jueza y en los 20 años que estoy dentro del Poder Judicial, nunca me había tocado un caso donde estuvieran involucrados los derechos de los pueblos originarios. Cuando fui designada entendí que era un caso para juzgar con perspectiva indígena, es decir sin desconocer su historia. No debemos desconocer las consecuencias de la Campaña del Desierto, como por ejemplo el despojo, la expropiación, la deportación, la división de las familias, los prisioneros, los campos de concentración”.

Reconoce así que la recuperación territorial comenzada en marzo de 2015 se inscribe en un conflicto histórico del pueblo mapuche con el Estado,  que con su sesgo racista solo ha tenido políticas de negación. “Determinados funcionarios no vieron que estábamos ante un reclamo de un pueblo originario, que merecía una mirada distinta. No se pueden tratar todos los conflictos de la misma manera. Las deficiencias que se dieron desde el comienzo de la investigación tienen que ver con la falta de capacitación de los funcionarios públicos, que no estuvieron a la altura de las circunstancias. Tenemos que enseñarle a la sociedad a convivir con este tipo de reclamos”. Palabras que no resultan para nada nuevas para los sectores de la sociedad que vienen desarrollando paulatinamente conciencia y sensibilidad para con los pueblos originarios (cuya resistencia lleva 500 años), pero que en voz de una funcionaria pública no se vienen escuchando.

De ser oído por otros poderes del Estado, podría ser un avance hacia una coherencia que hace tanto se viene reclamando. Los derechos de los pueblos preexistentes están incluidos en la Constitución Nacional, pero las acciones y las políticas que se llevan adelante siguen siendo coloniales.

Metodos de protesta, la criminalización estatal y el caso Santiago Maldonado

“Muchos grupos sociales que reclaman por sus derechos utilizan la capucha, esto no es solamente una cuestión de los pueblos originarios. Las capuchas no esconden sino exhiben lo que quieren mostrar: el conflicto. Por eso los funcionarios públicos y policiales tienen que estar capacitados para no instalar que los que se encapuchan son delincuentes”.

Estas afirmaciones de Estefanía son un claro llamado a cambiar el foco de la mirada que se instaló fuertemente desde los medios masivos sobre el pueblo mapuche, con burlas y estigmatizaciones; y desde el gobierno nacional, con una fuerte campaña de criminalización, encabezada por la ministra de seguridad Patricia Bullrich. Sustentada en acusaciones que la propia jueza desmintió, como el hecho de que esté comprobada la pertenencia de algún integrante de la comunidad a la llamada “RAM”.

Ante la pregunta de si considera que Santiago no habría muerto si el Estado hubiera dado respuestas en vez de utilizar la violencia, la jueza Estefanía fue contundente: “no existiría el caso, pero lamentablemente existe. Hicimos todo para que la escalada de violencia no continúe y es el Estado el que debe actuar de manera diferente para evitar la retroalimentación del conflicto. No les podes pedir a los ciudadanos que están reclamando que frenen su petición. Si los combatís con el uso de la violencia, la violencia continuará.”

El aparato judicial, históricamente anti-mapuche

También Andrea Millañanco, -una de las integrantes de la comunidad que tuvieron que someterse a este proceso-, valoró el fallo de la jueza y el hecho de que haya tenido en cuenta las pruebas que la comunidad aportó, tras reconocer que tenía pocas expectativas.

La judicialización constituye una de las principales herramientas que utiliza el Estado para amedrentar al pueblo mapuche y apelar al desgaste para que desistan de sus reclamos.  Cada integrante de la comunidad suele tener numerosas causas, y aunque luego son absueltos, se enfrentan a un proceso arduo, teniendo que comparecer ante los juzgados permanentemente.

Al respecto, Andrea declaró al portal EQS Notas: “entendiendo la persecución política que hay atras de la recuperación que viene levantando la Pu Lof en Resistencia de Cushamen, las declaraciones que se han hecho públicas tanto lo que tiene que ver con tierras como con las diferentes ilegalidades que se han cometido contra nuestro pueblo, este juicio no tenía las pruebas suficientes para desarrollarse, pero así y todo tuvimos que someternos a este proceso que duró 30 días que fueron extensos y agotadores, y nos trajo varios perjuicios a nivel psicológico y emocional. Al tener que repetir la historia dolorosa de nuestra familia y nuestro pueblo, y que ha querido ser tapada por la fundación de este país reiteradas veces”.

“El pueblo mapuche ha podido trascender, sobrevivir al genocidio, hemos renacido con la fortaleza de nuestros antepasados, y para eso es necesario el territorio. Como esta recuperación se van a dar más recuperaciones, porque es lo que necesita nuestro pueblo para obtener una vida digna” expresó Andrea Millañanco y prosiguió: “Fuimos arrojados a los barrios marginales de la ciudad, obligados a trabajar como mano barata más de una vez, y esta historia se repite en todas las familias del pueblo mapuche. Nuestros padres y abuelos fueron muchísimas veces humillados por su condición indígena, por no entender de protocolos coloniales, por no entender de leyes, muchas veces fueron engañados”.

Facundo Jones Huala

En relación al Lonko de la comunidad, Facundo Jones Huala, quien fue recientemente condenado en Valdivia, Chile, a 9 años, Millañanco declaró: “lo que sucedió tiene que ver con la persecusión política, el fallo se va a apelar nuevamente. Él se encuentra digno, y fuerte, a pesar de haberse sometido a una huelga de hambre de 40 días. Está fuerte y creo que con esta noticia lo va a estar mucho más, sabiendo que el esfuerzo, las convicciones, la fortaleza, la valentía de afrontar procesos de recuperación así, tienen un resultado. También a nivel de nuestro pueblo, la cantidad de gente que se ha reivindicado como mapuche ultimamente, han sido numerosos, y esa es la mayor gratitud para nosotros y para él también. Facundo se encuentra asumiendo esta prisión política, y desde la instancia carcelaria se vienen avanzando con proyectos para mejorar las condiciones para presos políticos mapuches. Lamentablemente nuestro pueblo sabe que por el momento que ni el Estado chileno ni el estado Argentino generan un diálogo ni un trato acorde a las necesidades de las comunidades para la reconstitución de las tierras, y que atravesar las cárceles será es una condición más como lo es la muerte y la persecución para distintos miembros del pueblo mapuche”, fueron las palabras de la hermana originaria.

Del lado del pueblo mapuche, la palabra

“Esto se enmarca en el contexto en el cual se desarrollan lamentablemente todas las recuperaciones territoriales del Pu Lof, con el tiempo la perseverancia y la convicción de una lucha digna y justa da sus frutos”, expresaron desde la comunidad mapuche, “Conseguir justicia que es lo que nuestros antepasados han querido, a la par de evitar el genocidio y etnocidio contra nuestro pueblo que nunca terminó, que solamente las prácticas han ido cambiando para adaptarse de acuerdo al contexto. Es un suspiro, en estos cuatro años de tantas injusticias que hemos sufrido. También hay que recordar que fue la propia Provincia la que tiró abajo la mesa de diálogo”.

“Allí quedó fuertemente establecido y evidenciado que de lado del pueblo mapuche la palabra es muy fuerte y los argumentos son sólidos, para entablar cualquier tipo de conversación. Esto representa al pueblo mapuche desde tiempos centenarios,  inclusive cuando nos quiso exterminar la corona española, en donde se intentó llegar a pactos y tratados que sostuvieran esta convivencia”.

Esperemos que este sea el puntapié inicial para que los juzgados de la llamada “justicia” no sean ya un lugar de conocidas humillaciones, y que comiencen a estar a la altura de la demanda que desde hace tiempo exige ser atendida.

Notas relacionadas:

Persecusión Mapuche, juicio de Benetton sin pruebas y con ordenes de criminalizar

Continúa el montaje judicial contra la comunidad mapuche

Source