De hecho, si este jueves (el primero de la nueva década), el Consejo de ERC confirma esa abstención al aceptar el acuerdo con el PSOE que aún no ha sido hecho público, podemos afirmar que, en la segunda votación de investidura, saldrá electo presidente el único candidato que contaba con esa posibilidad tras los comicios, el candidato del PSOE y actual presidente en funciones, Pedro Sánchez. Lo hará con un gobierno de coalición que contará con dos vicepresidentes muy dispares entre sí. La actual ministra de economía en funciones, Nadia Calviño, funcionaria perteneciente al círculo de la elite de economistas de Bruselas.
Y Pablo Iglesias, que 5 años después de fundar Podemos, y con los peores resultados de la coalición Unidas Podemos (tuvieron 3 millones de votos, el 12.8% del voto emitido, traducido en 35 diputados), consigue formar en España el primer gobierno de coalición socialdemócrata. Lo ha hecho según la apuesta estratégica que perfiló a partir de no conseguir el sorpasso al PSOE en el anterior ciclo electoral de 2016. No lo consiguieron pese a tratarse del peor resultado del partido “socialista” desde la llegada al ejecutivo de Felipe González, al final del período transicional, en 1982, es decir, del 48% de entonces (en las elecciones que contaron con la mayor participación), al 22.6% (5.4 millones de votos) que consiguió Sánchez en sus segundas elecciones como candidato. Unidos Podemos no lo logró por perder en coalición, con la repetición electoral, un millón de votos.
Así las cosas, la apuesta estratégica de Pablo Iglesias, en el plano parlamentario, incluyó, primero, la insistencia y el trabajo por lograr una moción de censura del Congreso articulando contra la derecha otra mayoría posible, desbancando así al PP de La Moncloa. Una moción de censura que, finalmente, tras la sentencia por corrupción al Partido Popular, colocó a Sánchez, sin necesidad de acuerdos -también por la relación de fuerzas políticas tras el estallido de la crisis territorial en Cataluña- como presidente del gobierno, a mediados de 2018.
En un segundo tempo, y de nuevo en un ciclo electoral, la lectura estratégica de Iglesias contempló la permanente exigencia de respeto a la proporcionalidad de votos para un gobierno de coalición, tras su lectura del fin definitivo de las mayorías suficientes para gobernar en solitario el país. Una lectura constatada, al menos en el grueso de su argumento, en esta última convocatoria electoral, aunque fue asumida con sumo riesgo para su partido político y para el país, ante la posibilidad de que la derecha recuperara, también en coalición, la posibilidad de gobernar.
No obstante, la clave para avistar definitivamente investidura y formación de gobierno ha sido la publicación, este último lunes de la década que se fue, por parte de la Abogacía del Estado (ente jurídico pero gubernamental) del escrito dirigido al Tribunal Supremo respecto a la sentencia emitida, hace un par de semanas, por el tribunal de Luxemburgo (Unión Europea) a favor de la inmunidad parlamentaria del líder de ERC, Oriol Junqueras, para recoger su acta de eurodiputado. La conclusión del tribunal de justicia de la UE se emitió como consecuencia de la consulta que le formuló el propio Tribunal Supremo del Estado español, cuando Junqueras estaba en prisión preventiva y siendo procesado, por tanto antes de la sentencia que le condenó a 13 años de prisión por sedición y malversación.
Pero volvamos a lo marcado por las urnas en las elecciones generales, lo cierto es que el candidato del PSOE, Pedro Sánchez, ganó los comicios por segunda vez consecutiva. Algo que no sucedía desde antes de la crisis económica con los gobiernos de Rodríguez Zapatero, cuando el partido consiguió 11 millones de votos (más del 40% del voto emitido). En el 2019, el último año de la década pasada, el PSOE volvió a ser la fuerza más votada consecutivamente, pero su victoria en esta repetición electoral fue aún más pírrica que la de abril. La apuesta de Sánchez perdió más de 700 mil votos, traducidos en tres escaños, por lo que el PSOE cuenta con 120 diputados para la investidura.
El 10 de noviembre, Sánchez fue el candidato más votado con el 28% de los votos, frente al 20.8% del segundo, el líder del PP, Pablo Casado. El Partido Popular, pese a mantener la hegemonía del bloque de la derecha por el desplome de su competidor de abril -Ciudadanos pasó de quedarse a 200 mil votos del PP, adelantando a Unidas Podemos como tercera fuerza, a perder 2.5 millones de votos, quedándose con sólo 10 bancas que representan al millón y medio de votos que conservó-, y recuperar 700 mil votos y 22 diputados (quedando con 88), no ha remontado la posición hegemónica de régimen que todavía tenía en 2016, cuando comenzó la crisis del bipartidismo, ni siquiera cuenta con una hegemonía fuerte dentro de la sociología conservadora del país.
Nos encontramos, así, con un elemento lo fundamental, nos referimos a las características de la reorganización del voto de derecha: Vox se convirtió en la tercera fuerza política del país con el 16% de los votos (4.1 millones). Esto es lo crucial tanto para nuestra preocupación como defensores de los derechos humanos, militantes antifascistas y feministas; como para contextualizar lo sucedido en la arena política institucional.
Por un lado, resulta esencial para entender el reconocimiento exprés de Sánchez de su propia derrota respecto a los objetivos presidencialistas que guiaron la repetición electoral. Pasó de estar en contra del gobierno de coalición, hasta el punto de arriesgar que, con la bajada de participación, ganara el poder gubernamental de España un tripartito de derechas con Vox incluido, a firmar el pacto con Iglesias a poco más de 24 horas de los resultados electorales.
Por otro lado, el auge de la extrema derecha en el parlamento -y de esta forma en la calle y en el discurso- es esencial para entender la distancia existente entre las negociaciones del PSOE durante estas semanas, respecto al Sánchez de antes de la convocatoria electoral y, sobretodo, del discurso que tuvo como candidato durante la campaña. Una distancia, primero, respecto a la petición de abstención que hizo constantemente a PP y Ciudadanos para poder gobernar en solitario, así como respecto a las conversaciones con Casado para reformar la ley electoral al estilo griego, que riendo asegurar la dotación de fuerza legislativa suficiente a la lista más votada para poder gobernar sin necesidad de pactos de coalición con otros partidos; y, en segundo lugar, una distancia frente al discurso erigido por el PSOE en referencia al conflicto catalán durante la campaña, negándolo como conflicto político y caracterizándolo únicamente como crisis de convivencia entre catalanes.
Y es que la forma de reorganización del españolismo derechista explica la lectura política de imposibilidad de llegar a una gran coalición PSOE-PP, esa gran coalición que reclaman los sectores de poder y algunas familias de la derecha dentro del propio Partido Popular, para frenar lo que ellos califican como “alta traición a la patria” y “el fin del país”. El derechismo, todo, califica al gobierno del PSOE y Unidas Podemos -con pacto con los nacionalistas vascos y abstención negociada con el principal partido del independentismo catalán, a lo que hay que sumar la también abstención por lectura política de EH Bildu (para la derecha españolista, “los etarras”), como “gobierno de comunistas, secesionistas y populistas bolivarianos”.
En definitiva, el crecimiento estremecedor del nuevo competidor del PP por la derecha, antes engrosado en sus votantes, dado el contexto de nacionalismo español exacerbado a partir de la crisis independentista catalana, en una coyuntura europea de crecimiento rápida de la extrema derecha a partir del punto de inflexión de las políticas de austeridad y recogiendo la reacción del machismo frente a la movilización feminista antipatriarcal, explica que un PP que pierde votos hacia Vox, se derechiza más en su discurso y trata a España como su patrimonio material, simbólico y espiritual tanto en el plano reaccionario tradicional como en el ideológico neoliberal, no opte por pactar con Sánchez –“el felón y traidor socialista”- ni se plantee permitirle gobernar en solitario.
Lo cierto es que en sólo un año desde la entrada de Vox en las instituciones y en sus segundas elecciones generales tras entrar en el Congreso de los diputados, la formación reaccionaria ha pasado a ser la tercera fuerza de la cámara: recordemos que pasó del 10% de los votos conseguidos en abril, lo que parecía un techo, al 14%, es decir, 3.5 millones de votos traducidos, como tercera fuerza del parlamento, en 52 diputados.
Este hecho es el que despejaba el riesgo de unas terceras elecciones. Y también, por tanto, podía hacer creer que con un acuerdo de coalición firmado entre Sánchez e Iglesias, a menos de dos días del resultado electoral, ERC no negociaría su abstención, ante el miedo a las dos derechas PP-Vox en unas terceras elecciones.
Deducción lógica pero errónea dada la situación en el país, ya que dentro del campo del independentismo catalán, con unas elecciones en Catalunya a la vuelta de la esquina –que serán las primeras desde la aplicación del 155 y la convocatoria de elecciones tras la declaración unilateral de independencia y el referéndum del 1 de octubre -, pero sobretodo con los presos catalanes condenados por sedición antes de las elecciones generales no existía en realidad esa opción. Ya no estábamos en julio y eso lo sabía Sánchez en septiembre cuando se negó a ser nombrado candidato en una segunda ronda de investidura forzando las elecciones.
En estas condiciones, la abstención de Esquerra ya no iba a ser a cambio de nada, a diferencia de lo ocurrido en la moción de censura que hizo a Sánchez presidente, ahora en funciones, o en las dos investiduras fallidas de julio en el que hablaban de un ‘sí’ sin contraprestaciones para frenar a la derecha, evitar repetición electoral y tratarse de una oportunidad histórica. En realidad, esta realidad respecto a la posición de ERC ya se demostró cuando votaron ‘no’ a los presupuestos del Estado firmados por PSOE y UP, que los tumbó y fue lo que provocó tanto el adelanto electoral de abril como que España siga operando como país con los presupuestos de 2018 que aprobó el gobierno de Mariano Rajoy.
El último escollo con ERC, lo han terminado de salvar, si se confirma el jueves su abstención, la posición de la Abogacía del Estado a partir de la sentencia de Luxemburgo, además del acuerdo que hayan firmado que aún está por hacerse público. La sentencia de la justicia de la UE ha dado alas a algunos de los argumentos tramposos, convertidos en sentimientos y experiencia victimista respecto a España dentro del catalanismo, y, por supuesto, bilis al españolismo, más de Vox que al PP, por el mito europeísta del conservadurismo posfranquista característico en España, pero sobretodo a un imaginario reaccionario alimentado durante casi 20 años por la proliferación de medios de la llamada “caverna” en el país, y de esos polvos estos lodos.
Veremos qué sucede en el siguiente punto de inflexión judicial, cuando el tribunal de DDHH de Estrasburgo dictamine corrigiendo tanto la detención, encarcelamiento y condena de “los Jordis” –los dos activistas independentistas responsables de dos de las organizaciones culturales más relevantes del giro independentista de la última década- como la pena y condena por el delito de sedición, no sobre el de malversación, eso seguro, que recoge la sentencia de, nada menos, que el Tribunal Supremo del Estado español. Pero eso ya, es otra historia.

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María García Yeregui desde España

La importante movilización del voto “útil” en las últimas elecciones generales de España con resultados de representación de la soberanía popular que pudieron frenar a las derechas -divididas en tres partidos-, sólo con un empate técnico de votos entre los bloques estatal-progresista (PSOE y Unidas Podemos) y el bloque españolista-neoliberal (PP, Ciudadanos y Vox), no son hoy para el líder del PSOE y único candidato presidenciable, más que “agua pasada”. Tal y como se refirió, en una entrevista ante la pregunta sobre su relación con Pablo Iglesias: “no quiero entrar en ningún reproche”. 

Los resultados de la legislatura más corta fueron papel mojado, unas importantes elecciones con fuerte polarización: los primeros comicios después de la crisis territorial abierta en Catalunya y del giro a la derecha de la crisis del sistema político a partir de la victoria de las derechas, que sí formaron gobierno, en el sur del país. En otras palabras con la entrada de la extrema derecha postfranquista en las instituciones estatales. 

Pedro Sánchez continuaba en la entrevista: “ahora hay que mirar a la pregunta que hay que responder el próximo 10 de noviembre (…): si el 11 de noviembre continuamos bloqueados o queremos un gobierno”. El presidente en funciones, que lo es como consecuencia del apoyo incondicional de la mayoría de la cámara de diputados –todas las fuerzas excepto las derechas españolistas- en la primera moción de censura exitosa de la historia de la democracia liberal española, nos explica repetidamente por qué aquellos relevantes comicios no servían, por qué no se merecían respeto, por qué son agua pasada: “los españoles tienen que decir aún más claro su voluntad”. 

Una voluntad preconcebida para una unidad genérica, “los españoles” –casi ‘unidades de destino en lo universal’ pero versión liberal posmo, que con la que está cayendo en España referido al territorio, la identidad y el derecho, entendemos su fuelle no sin perplejidad. Y es que lo de las naturalizaciones del estado-nación –haya sido, sea o llegue a ser-, leyendo simplista y burdamente la concepción de su soberanía popular, a veces da vergüenza ajena.

‘Yo o el caos’, exclamaba prácticamente Sánchez en el debate electoral del pasado lunes: “si queremos un gobierno, votamos al partido socialista, si queremos impedirlo o bloquear, aquí tienen ustedes para elegir”. De esta forma, la repetición electoral que decidió el Ejecutivo en funciones para ‘votar bien’, conduciría a esa hipotética meta-voluntad de los españoles -concebida en función de la pregunta que él mismo plantea acerca del bloqueo y la gobernabilidad- hacia el propio Pedro Sánchez, círculo cerrado sobre sí mismo.

No contento con semejante conductismo reduccionista de masas acerca de una decisión individual, expresada cosificadamente con el voto aunque según marcos de imaginarios colectivos, el líder del PSOE explicita, por si acaso, la vía correcta de respuesta: “la única fuerza política que ahora mismo puede garantizar el que haya un gobierno en este país es el partido socialista”. ¡Gobernabilidad con sueños presidencialistas –made in USA- en un sistema parlamentario y con esta coyuntura!

Sin escuchar la última rueda de prensa del equipo negociar de Unidas Podemos el pasado septiembre, parecía que la mediación aludida por Pablo Iglesias respecto a nada menos que el posicionamiento del rey en su ronda de contactos de los líderes de los partidos, para el nombramiento oficial del candidato de cara a cada investidura en el Congreso, había tenido finalmente lugar, pero en la dirección opuesta. Es decir, para evitar que la partida para conformar un gobierno pudiera continuar según en una segunda y última ronda de intentos para la investidura que contempla la Constitución. 

Y es que sin conocer la decisión que había tomado Sánchez de seguir la senda de Rajoy y vetar ser nombrado candidato en caso de no contar con un acuerdo cerrado que le asegurara el triunfo a priori, la ausencia de nombramiento del candidato por parte del monarca, me parecía una táctica de intento de jaque mate de monarquía y bipartidismo. De la mano del partido de régimen, el PSOE, con los ojos puestos en la reforma constitucional desde arriba –cómo no- para apañar lo de la gobernabilidad, y algún que otro retoque más, en base a un acuerdo con el PP. De hecho, Sánchez ya habló, antes de la investidura fallida de julio, con Pablo Casado, de reformar el artículo 99 de la Constitución según el modelo griego. Es decir, asegurar suficientes bancas para la lista más votada, que le permitan, por tanto, formar gobierno sin necesidad de pactos. 

De hecho, Sánchez comenzaba el debate lanzando una ya vieja propuesta al viento: que gobierne la lista más votada sin respetar las reglas del juego constitucional. Mientras los ecos de una ‘gran coalición nacional’ suenan a dúo, en boca de encuentros públicos entre los ex presidentes Mariano Rajoy (PP) y Felipe González (PSOE). La pregunta clave es cómo la lograrán, en sus efectos y objetivos, sin llegar a hacerla.

En definitiva, el PSOE de Sánchez asumió correr los riesgos de una victoria de las derechas, capitaneadas por el PP, pese a los resultados en bruto de las elecciones de abril. Electoralistamente estaba claro que lo hacía para sumar escaños como consecuencia de la ley electoral de mayorías que tenemos, desangrando a UP por un lado y a Cs por otro. 

Así las cosas, sin el dato de la novedosa imitación de Sánchez a Rajoy –negó presentarse hasta en dos ocasiones por no contar con los apoyos suficientes y no tener posibilidad de negociación en la cámara-, la jugada olía a una lógica de transición española reloaded, que incluía una mayor actividad por parte del monarca. Pero con la información de la ‘táctica Rajoy’ asumida por Sánchez, el rey habría acordado pero no dispuesto. Y es que, el responsable de Unidas Podemos en las negociaciones fallidas con el PSOE, Pablo Echenique, afirmó con total naturalidad que los responsables “socialistas” les había dicho, en aquella última reunión de los equipos negociadores, que Sánchez innovaba su trayectoria de presentarse a todo sin haber movido ficha para conseguir los apoyos suficientes –cuatro, en estos cuatro años, fueron sus investiduras fallidas-. Cambiando de estrategia no aceptaría el encargo del rey, a no ser que hubiera un acuerdo cerrado que daba la investidura por segura.

Por tanto, Pablo Iglesias sabía perfectamente al reunirse con Felipe VI que esas eran las últimas horas, que no habría más partida antes de la convocatoria electoral. Con esto nos quedan claras dos cosas: el protagonismo de Sánchez en la táctica por el sueño presidencialista, con la exhumación de Franco en la mira y pese, o con, la fecha de la sentencia del juicio al Procés fijada; y que el secretario general de Unidas Podemos, desde la escisión errejonista del partido, está entrenado en remar imperturbable frente a órdagos decisivos.

Iglesias considera que se ha producido con el recorrido de Sánchez –desde su negativa a investir a Rajoy que le costó un golpe interno de la ejecutiva del PSOE que finalmente se abstuvo y su victoria en las siguientes primarias con un discurso progresista- una suerte de ‘despertar progresista’ sin retorno en la base social: el síntoma duradero del ciclo abierto tras la crisis del 2008 y el 15M, que seguiría presente tras haber sido usado por Sánchez para renacer como líder del PSOE, como consecuencia -según el análisis de Iglesias- de la presión ejercida por la existencia de Podemos. Y esto es lo que habría sido decepcionado chuscamente durante estos últimos meses por el fracaso de las negociaciones para un ejecutivo progresista. 

Por ello, Iglesias atisba una crisis dentro de la identidad progresista que considera de una profundidad suficiente como para hacer tambalear la fidelidad de voto hacia el PSOE, más con la nueva estrategia de dureza con Catalunya y desdén hacia Unidas Podemos, practicada por el líder “socialista”. Es decir, una ventana entreabierta y después rota que, con la firmeza y tacticismo del líder de Podemos, pretende terminar de abrir hacia su espacio político: se presenta como el actor que ocupa ese lugar, queriendo dejar la decepción sin vacío. En eso, aunque no igual, sigue también Iñigo Errejón.  

La firmeza de Iglesias presenta una continuidad con su discurso y su estilo, a lo que hay que sumar la ruptura de la imagen de autoritario y ávido de poder que le construyeron ante el palco de la opinión pública, al haberse retirado tras el veto que le hizo Sánchez justo antes de la primera sesión de investidura del pasado julio. Una coherencia también con el cierre del debate electoral del 22 de abril: “lo que le pido a esa gente que piensa que la política no sirve para nada es que nos dé una oportunidad, una sola, de estar en un gobierno cuatro años y si en esos cuatro años no hemos conseguido cambiar nada, no nos voten nunca más”. 

Sin embargo, creo, algo indignada y preocupada, que lo hace infravalorando, entre otras cosas, la tradición existencial del desencanto político, abstencionista tras el chute ilusionante, del votante progresista. Aunque es verdad que visto lo visto en estas semanas, quizás sea otra vez activado por otro sentimiento, el del temor a un PP de seguro reforzado y a un crecimiento de la extrema derecha de Vox -tras aparecer con soltura por vez primera en un debate electoral- a costa del desinfle de Ciudadanos, según las encuestas.

Pablo Iglesias consideraba enterrado el bipartidismo, pareciera en sus análisis de julio que sin posibilidad de resurrección: “la crisis económica que llega el 2008, que tiene como manifestación social inicial el 15M, eso es gravísimo, eso crea unos niveles de desconfianza en la política, eso entierra el bipartidismo en España”. Según su posición, la movilización del voto útil, también a ellos, no habría sido tanto coyuntural ante el peligro del ‘trifachito sin filtro’, sino más bien una base suficientemente estable como para considerar que el eje principal de su razón de voto, o su motivación, sea lo que él denomina el ‘consenso de acuerdo’ entre los votantes del llamado bloque progresista.

El candidato de Unidas Podemos comentaba que veía a las derechas incapaces frente al eje territorial de la crisis del sistema político: “para la derecha, Catalunya no es un problema de Estado, es una oportunidad electoral, con lo cual están fuera de cualquier tipo de solución de Estado, les interesa inflamar lo que ocurra en Catalunya”. Finalmente, de cara a la recesión en ciernes, sentenciaba: “a mí me parece una evidencia que solamente el PSOE con nosotros puede afrontar esos dos desafíos de Estado de España (…) si no llega a ser porque nosotros existimos y desde fuera condicionamos la interna del PSOE, el PSOE estaría muy mal”.

Del otro lado, sin embargo, está el PSOE. Desearían ser el gobierno socioliberal, centro de la enésima restauración borbónica. Pero tendrán que compartir centralidad. Es poco probable que lo consigan como midieron tácticamente, a modo de mal menor, a través de socios menores –Ciudadanos y errejonistas-. Apunta, como se viene diciendo por estos pagos, a compartir centralidad inmediata con el PP, de un modo u otro, o con las nuevas cartas de bancas en diputados repartidas entre bloques, ni eso.

La razón de este Estado neoliberal –en un país con una transición de la dictadura a la democracia liberal por reforma, sin ruptura legislativa, “de la ley a la ley”, realizada por sectores de la España franquista, junto a la hegemonía de la narrativa de reconciliación nacional- no está precisamente “razonando”, frente a la nueva fase de la crisis -la del sistema autonómico ante el independentismo en Catalunya-, según el análisis de consensos del 78 que ha hecho Iglesias, por las razones que él mismo proclama en campaña –han usado hasta las cloacas del Estado en un espionaje de cara a los medios, la apodada ‘policía patriótica’-. La propuesta de la vía de derrotar y disciplinar hasta desactivar a la mitad de los catalanes que son independentistas, está encima de la mesa y con la sentencia judicial por sedición se está ya articulando. 

Veremos qué pasa con el desengaño progresista, esperemos que se encuentre mitigado por la reacción que han vuelto a tener las derechas tras la exhumación del dictador y, sobretodo, después de las movilizaciones y disturbios en Catalunya tras la sentencia del Tribunal Supremo en el juicio al ‘procés’ independentista. La suerte está echada.

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Por María García Yeregui desde España

Nueva convocatoria electoral en el país ibérico. Seis meses después del resultado del 28 de abril, se volverá a las urnas porque Pedro Sánchez nos explica que “los españoles tienen que decir aún más claro su voluntad”. Se votará otra vez para que la ley electoral traduzca los votos emitidos en escaños del poder legislativo, a favor de las fuerzas más votadas. Un poder legislativo que, a su vez, en un sistema no presidencialista terminará conformando -en esta próxima votación sí: cuando el PSOE y el PP, presumiblemente, recuperen diputados- el nuevo ejecutivo del Estado.

Serán las cuartas elecciones generales desde 2015; además de una moción de censura exitosa que cambió el gobierno de manos: del PP de Rajoy al PSOE de Sánchez. Un Pedro Sánchez que llegaba de esta forma a La Moncloa con los votos de todos los grupos del Congreso excepto los diputados de las dos derechas españolistas con representación en la cámara de entonces -allá por junio de 2018-, el Ciudadanos y el propio PP desbancado del gobierno.

La nueva cita para ‘votar bien’, perdón, quiero decir, siguiendo a Sánchez, para ‘votar mejor’ -“más claro”-, será el próximo 10 de noviembre. Felipe VI, tras su ronda de consultas con los líderes de los partidos con representación en el Congreso -en función de los resultados de las últimas elecciones, lo que incluye por vez primera a Vox, la extrema derecha explícita-, no designó candidato a la investidura. Por tanto, la disolución automática de las cortes tuvo lugar el lunes 23 y el país quedó abocado a elecciones. El jefe del Estado, dicen desde el Palacio de La Zarzuela, no propuso
presidenciable para una nueva ronda de investidura porque no hay candidato -Sánchez concretamente- con suficientes apoyos en la cámara para salir nombrado presidente.

Con esa decisión, dicen, han evitado la repetición de la escena: las dos votaciones en diputados que perdió Sánchez en la investidura fallida del pasado julio. Investidura fallida y candidatura presidenciable según sistema parlamentarista con disciplina estricta de voto para los grupos parlamentarios de los partidos, que rige en el país. Aún me estoy recuperando, primero, de lo que significa esta repetición electoral, después, de que no haya habido una nueva convocatoria de investidura; por último, dentro de los parámetros del imaginario progresista del país, de que no haya existido un acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos, en función del mínimo respeto a los resultados electorales de unos comicios fundamentales, como los del pasado 28A. Dichas elecciones contaron con la participación más alta de la historia reciente, desde el final de la transición, en un país donde el voto no es obligatorio. Como dijimos en su día, esa movilización del “voto útil” contra las derechas hizo que España zafara del “trifachito” (PP, Ciudadanos, Vox, que cuentan con pactos en municipios y comunidades).

Recordemos, la realidad es que hubo un empate técnico en votos entre el bloque neoliberal-españolista y el progresista-estatal. A lo que hay que sumar dos cosas: la recuperación de poder territorial del PP en las elecciones regionales y municipales de mayo; y sobretodo la evidencia de que la dispersión del voto, en este sistema electoral, es lo que deja fuera a la derecha de la posibilidad de gobernar. Aprendizaje para unos votantes, los de derecha, también menos movilizados ahora que a finales de abril, pero con un fuerte pragmatismo del mal menor y, por tanto, históricamente mucho menos abstencionista por decepciones que los progresistas y muchísimo menos que los izquierdistas. Con esto, la convocatoria de una repetición electoral era, y es, jugar con fuego. Pero es cierto que, prácticamente seguro, los dos partidos mayoritarios volverán a recuperar parte del espacio político perdido durante esta crisis de la hegemonía bipartidista del turnismo PP-PSOE que empezó hace 5 años. Sin olvidar la función de la
llegada al ámbito nacional de Más Madrid, como Más País, el partido de Iñigo Errejón, tras su escisión de Podemos.

Lo cierto es, que pese a diagnosticar la existencia de un proceso de restauración eficaz en medio de la inestabilidad política, estoy sorprendida. Y esa es la razón de que mi sorpresa venga aderezada, no porque las elecciones no estuvieran siempre presentes en los medios y el discurso de Sánchez, todo lo contrario, sino por haber infravalorado la posibilidad de una jugada táctica que apunta a ser final en esta partida, para la restauración del régimen político en crisis. Y es que el estrés por la ultraderecha que acompañó a las anteriores elecciones, la consideración del resultado entre bloques teniendo en cuenta la ley electoral, sumado a la consideración estandarizada del papel de un rey en una monarquía parlamentaria moderna, le pueden obnubilar a una para ver esta posibilidad.

Un movimiento táctico ejercido por el rey de la mano de Sánchez, como figuras centrales del régimen político que son. Recapitulemos a brochazo impresionista. Tras la ronda de elecciones -generales, locales y europeas, junto a la mayoría de las regionales-, en algunas frecuencias analíticas la pregunta era qué lectura hacer, en términos de proceso, de los resultados del país tras la crisis territorial catalana. Los análisis se dividían en torno a si la crisis del
régimen político de la Constitución del 78 -el que salió de la transición política- seguía abierta o, si por el contrario, estábamos ya en la consumada enésima restauración del orden político, para más inri, borbónica. De hecho, uno de los episodios fundamentales de las estrategias restauradoras desplegadas con éxito, relativo, pero éxito al fin, fue el
recambio de monarca. El que fuera hace 50 años elegido por Franco como sucesor, Juan Carlos I, abdicaba en favor de su hijo hace cinco años, un 19 de junio. Como ya explicamos en julio, fue una orquestada operación a cargo de uno de los ‘hombres de Estado’ del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, fallecido a finales de mayo, unas semanas después de las elecciones generales en las que el PSOE resucitó como espina medular
que es, del llamado ‘régimen del 78’.

Rubalcaba hacía así su último papel, tras haber sido el relevo de Rodríguez Zapatero cuando la crisis económica se llevó por delante su gobierno. Una crisis que había dado comienzo a la, también, enésima crisis de la socialdemocracia europea. Una socialdemocracia del viejo continente que vendía con la denominada ‘resurrección de Sánchez’ -aunque solo fuera propagandísticamente y reduciendo la presencia del caso portugués- el comienzo del retorno a la renombrada centralidad del tablero por ser España el cuarto PBI de la zona euro. Un establishment europeo que, en esta fase de la acumulación capitalista y su geopolítica, reproduce su poder cipayo institucional con
altos beneficios de clase en la Unión Europea.

Recordemos que Sánchez había sido expulsado como secretario general en un golpe interno dado por la ejecutiva del PSOE, tras negarse a dar la abstención para la gobernabilidad de Rajoy después de la repetición electoral de 2016. Desbancado éste por tanto como secretario general, en la segunda votación el PSOE se abstuvo y Rajoy pudo ser investido presidente. Pero en las primarias del partido, Sánchez recuperó la secretaría contra la candidata del aparato –él había ese candidato en las primarias anteriores-. Y finalmente terminó ganando la moción de censura contra Rajoy -tras la condena por corrupción al PP- con apoyo también, sin condiciones, de independentistas
catalanes y nacionalistas vascos, por mucho que las derechas hicieran propaganda con los inexistentes pactos oscuros contra ‘su España’.

Tras 10 meses en Moncloa, Sánchez ganó pírricamente las elecciones el pasado abril, frente a la debacle del PP que tenía dos competidores a la derecha. Lo hizo pues sin suficientes diputados como para formar gobierno, menos para uno estable; ¿tocaba negociar? No, tocaba hacer pinza, a modo de chantaje, para intentar desgastar a Unidas Podemos presentado al partido como culpable de que en España no haya un gobierno progresista. Primero utilizando un trauma bastante extendido en el sentido común progre: ‘la no unidad de la izquierda’ (incluyendo al PSOE en significante izquierda); y, después, las crisis: el principio de estabilidad frente a la económica que viene, la
emergencia climática y sus reformas necesarias, sin olvidar la de la unidad nacional respecto al conflicto catalán.
Para obtener los 176 escaños de una mayoría absoluta necesaria en la primera vuelta de la investidura, los números daban con Ciudadanos. No obstante, el relato sobre la imagen de Sánchez como líder, a partir del golpe interno y su destitución como secretario general, venía marcada por los gritos de su militancia en la celebración de su
victoria la noche del 28 de abril: “con Ciudadanos, no”. Cánticos en oposición a lo que ya había hecho Sánchez después de las elecciones del 2015, cuando vivió su primera investidura fallida: “convenció al rey” para que, siendo el segundo candidato más votado por los ciudadanos, lo presentara como presidenciable, ya que Rajoy -el más
votado y sin apoyos- no había querido ser propuesto por el rey como candidato para ir a una investidura de seguro fallida. De hecho hubo repetición electoral. Rajoy volvió a ganar con más votos los comicios y fue investido en la segunda votación del congreso debido a la mencionada abstención ‘sociata’, aquella que había forzado el aparato del
PSOE destituyendo a Sánchez que seguía con su “no es no”.

Como explicamos, cada investidura cuenta con dos posibles sesiones, en la segunda no hace falta mayoría absoluta, el presidente puede ser nombrado por mayoría simple: más ‘síes’ que ‘noes’ en la cámara de diputados. Por tanto, para este septiembre, la segunda sesión se estimaba fundamental y, de hecho, es una de las claves para
explicar la jugada táctica de Felipe VI y Pedro Sánchez. Pero volviendo a la relación PSOE-Ciudadanos: en el pacto de 2016 –con los primeros resultados electorales de la crisis del bipartidismo, en diciembre de 2015- ambos partidos no sumaban en cantidad de escaños con su pacto, pero esta vez con los resultados de abril, sí. Sin embargo, Ciudadanos apostó, dado su españolismo, por competir por la hegemonía de la derecha. Esa fue la apuesta de su líder, Rivera, en este ciclo -cuyo eje central de conflicto está en lo nacional como consecuencia de la crisis catalana- tras no haber terminado de aceptar que los resultados de las elecciones del 28A también demostraron una resistencia al viraje reaccionario, nacionalista español y neoliberal, que en la coyuntura del pasado año terminaron de evidenciar que
representan. De hecho, el ‘fenómeno Vox’ se ha quedado con un techo del 10%. Frente al ‘no’ de Ciudadanos, a Sánchez le quedaba el juego del bloque progresista, y por supuesto no estaba dispuesto a un gobierno de coalición: incluso vetó a Iglesias, quien aceptó el veto en la jornada antes de la primera sesión de investidura de julio. Como consecuencia, con ritmo de varieté antes de la segunda sesión, Sánchez hizo finalmente una propuesta -acompañada de documentos manipulados filtrados a la prensa, mientras seguía reclamando abstención a PP y Ciudadanos- en la que no ofreció ni peso proporcional de representatividad ni poder real de gestión para UP. Una quimera, pero propuesta para la galería, con escenificación de estrés para el país, que caducó de cara a este septiembre.

Pues bien, mi análisis del proceso era que habíamos estado frente a exitosas estrategias de restauración, como las mencionadas: recambio de la corona en crisis de imagen; competidor de la mano de las elites, ante la emergencia de Podemos, encarnado en derecha españolista -exacerbada a partir de la fase abierta por el clímax del conflicto territorial en Cataluña- y neoliberalismo europeísta, con el lanzamiento nacional a un partido nacido en Cataluña, es decir, Ciudadanos; y, de forma paradójica pero fundamental, la recuperación de la centralidad del PSOE. Mecanismos y estrategias, pues, que se habían puesto en marcha desde el primer momento de la crisis del sistema de partidos, de cara a un proceso de clausura. Crisis abierta a raíz de la respuesta política movilizada en la calle frente a la crisis económica y contra las políticas de ajuste, que había abierto un ciclo de conflicto evidente como ventana de posibilidad para la ruptura en el sistema político. Por supuesto, cuando se habla de clausura en esta inestabilidad manifiesta, es hasta nuevo aviso de crisis estructural, dentro de este mundo de ríos de lava, sólo solidificada en la superficie.

No obstante, quedaba una última jugada de los actores institucionales, hoy centrales, del régimen: coronando esta transición lampedusiana reloaded, dedicada a este Borbón. El susodicho dio lugar a otro intento de investidura y así se precipitó la disolución de las cortes y, por tanto, el decreto real del jefe del Estado, con la nueva convocatoria de elecciones. Una jugada táctica que posiblemente terminará con la recomposición restauradora, incluso con el mismo bipartidismo PP-PSOE, en las regiones de España que no tienen nacionalismos centrífugos. Aunque desde luego el
tema territorial es otro cantar.

Desde la institucionalidad del partido de este régimen político, nacido en la Constitución de 1978, el PSOE, parece haberse infravalorado los riesgos de una victoria de las derechas, capitaneadas por el PP. Por ello, Sánchez ya habló antes de la investidura fallida, al puro estilo transición lampedusiana –las cosas tienen que cambiar para que nada cambie-, con el nuevo líder del PP, Pablo Casado, para reformar el artículo 99 de la Constitución, según el modelo griego. Lo que asegurará la gobernabilidad parlamentaria no pactista, mientras en Grecia, como sabemos, se cerró el
ciclo postmemorándum con el retorno de los conservadores, junto al amén ortodoxo. Lo cierto es que no vi en julio que el riesgo de convocar elecciones y que ganara la derecha era más relativo de lo imaginable para el partido de régimen, el PSOE. Me lo motivó, primero, el miedo al neofranquismo en las instituciones centrales del Estado;
segundo, pese a algunas encuestas que daban a Sánchez el 30% antes del anuncio de que no existirían los dos intentos de investidura en septiembre, la probabilidad que tiene de perder el gobierno por una mayor abstención que, con la ley electoral vigente, dé paso a un pacto de gobierno de las ‘tres derechas sin filtro’. Todo esto, combinado con una reducción, inconscientemente institucionalista y naif, del papel que podía tomar el rey con su rol en este entuerto, y su voluntad de incidencia. Esto me impidió ver que podía no convocarse una nueva ronda de investidura.

Incluimos, en esta miopía lógica, a Pablo Iglesias: ahí están tanto sus análisis de cara a su función de estabilidad ante las crisis no resueltas del Estado, como sus declaraciones tras la reunión con el rey hace dos semanas. Lo cierto es que los actores de poder no hacen nuevas alianzas protagónicas ni con su carácter de ‘gato pardo’: no optaron por ‘el abrazo del oso’. Esto es lo que ahora Iglesias considera demostrado de cara a movilizar su voto en la nueva campaña
electoral. En definitiva, Sánchez corre este contundente riesgo para reducir a UP a una fuerza testimonial. Y la Casa Real ha colaborado en esa vía hacia este turnismo PP- PSOE, ya clásico en España. No vimos venir esta jugada del PSOE en tándem con la Casa Real, ahora bien, lo cierto es que desde agosto se vislumbraba, de cara a septiembre, que seguir por parte de unidas Podemos con la presión del gobierno de coalición, perdía sentido cuando el PSOE tenía definitivamente la sartén por el mango.

Con la correlación de fuerzas existente en esta coyuntura, los imaginarios hegemónicos y sus lógicas reinantes en los sectores progresistas e izquierdistas del país, con un PSOE sin ninguna voluntad de coalición para un gobierno con Unidas Podemos, con la competencia que se vislumbraba con Errejón y, a modo de cénit que apela a la dignidad, con la desvergüenza de las declaraciones del ministro de Fomento y la vicepresidenta en funciones, acerca de la multa al barco Open Arms por socorrer y salvar la vida de migrantes que se ahogan en el Mediterránea, en función de una nueva legislación de la Marina española que, de hecho, contradiría el derecho marítimo, las leyes del mar y los derechos humanos; parece que mirar a Portugal y a sectores dentro de Podemos que hablaban de apoyo para investir y oposición para pactos, pese a que Sánchez contara con las derechas para otros acuerdo, no era baladí. Ahora la suerte está echada, veremos.

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María García Yeregui desde España

El Partido Popular sufrió una debacle en su capacidad de poder legislativo (de 137 a 66 diputados), el peor resultado desde 1979 (durante la transición, como Alianza Popular, el partido de algunos Ministros franquistas). Ciudadanos no consiguió el sorpasso, por unas doscientas mil papeletas, al PP de Pablo Casado (el nuevo líder de los “populares” a raíz de la dimisión de Mariano Rajoy, tras haber sido éste desalojado de La Moncloa con una moción de censura que ganó el mismo Pedro Sánchez hace casi un año, presentada después de la condena por financiación ilegal del PP).

Y Vox, su machismo recalcitrante y enarbolado, su racismo y su nostalgia neofranquista entran en la cámara de diputados con el 10% de los votos. Es decir, sin la fuerza que el alto porcentaje de indecisos y un temido voto oculto, finalmente inexistente, arrojaban a la opinión pública los días antes de la votación.

Con todo, el riesgo de un gobierno de las tres derechas era del todo real. Lo vemos en el acuerdo de gobierno en Andalucía, tras 40 años de gobierno del PSOE. Un pacto que significó un giro a la derecha del ciclo en el que nos encontrábamos de la crisis del sistema de partidos en España. Precisamente el giro que ha sido frenado con la movilización del voto útil contra el “trifachito” el 28A.

Pero el peligro resulta aún más evidente si nos fijamos en el número de votos en bruto obtenidos por los tres partidos de la derecha: con algo más de 11 millones, tuvieron prácticamente un empate técnico con el bloque progresista a nivel estatal, esto es, PSOE y Unidas Podemos.

En el contexto español, “movilización de voto” son palabras claves. En España, el voto no es obligatorio. No estamos frente a un sistema presidencialista, por tanto, no hay diferencia entre elecciones presidenciales y legislativas, ni hay dos vueltas, no existe el balotaje.

Se trata de un sistema parlamentario en el que la cantidad de voto total, la participación, influye en la cantidad de escaños a repartir para cada partido en la cámara de diputados, de un total de 350. De dicha representación de la soberanía popular en el legislativo, emana el poder ejecutivo. Es decir, el investido presidente lo es en función del número de diputados que lo apoyen, en función de una férrea disciplina de partido. Hay dos posibles intentos. El primero ha de ser por mayoría absoluta, lo que asegura un gobierno operativo y estable, según los parámetros de la democracia liberal. Es decir, 176 diputados votando ¨sí” al postulado a presidente del gobierno. En el segundo intento, por el contrario, se puede investir por mayoría simple, esto es, sólo se necesita conseguir más votos afirmativos que negativos, contando con las posibles abstenciones.

La representación, es decir, la traducción de los votos en las bancas de diputados (los escaños) responde a tres claves vigentes de la ley electoral española: nos referimos a la ley D‟Hont, a la división en circunscripciones y a la llamada „ley del dos‟, la cual implica que cada circunscripción, independientemente del número de votantes que suponga y del número de diputados que van por la misma a las Cortes, aporta un número mínimo fijo de dos diputados. Con esta arquitectura representativa, cada diputado conlleva una cantidad de votos distinta, es decir, no todos los escaños valen el mismo número de votos. Se trata de un sistema que beneficia a las mayorías y penaliza progresivamente a los partidos que siguen, en número de votos, a las dos fuerzas más votadas.

También traduce con alta representación a los partidos mayoritarios dentro de algunos territorios, como los partidos nacionalistas vascos y catalanes. En estas elecciones han sumado 32 diputados, 11 más que en 2016, siendo la primera vez que un partido independentista catalán (Esquerra Republicana de Catalunya) gana unas elecciones al parlamento de España en Cataluña. Tanto en País Vasco como en Cataluña, la pasada convocatoria había ganado consecutivamente Podemos.

En Euskadi, el tridente de las derechas españolistas no ha obtenido representación, mientras en Catalunya, PP y Vox han conseguido un diputado cada uno y cinco han ido para Ciudadanos como quinta fuerza, muy lejos de su victoria en las últimas elecciones catalanas (600 mil votos menos). Nos referimos a aquellas convocadas después de la suspensión de la autonomía catalana por el gobierno central con la aplicación del famoso artículo 155, tras la celebración del ilegalizado referéndum de autodeterminación y la declaración unilateral de independencia, a finales del 2017.

Pues bien, este sistema electoral explica que el PP se beneficiara siempre en la cantidad de poder legislativo que sus votos traducían: al ser la única fuerza de derechas estatal, su voto estaba concentrado. Pero ahora hay tres fuerzas, el voto de la derecha está dividido y, por tanto, su representación y poder legislativo baja.

Y es que el „españolismo centralista‟ reaccionó en dos tiempos a la crisis política, mientras la corrupción del PP salía a borbotones de las cloacas. Primero con Ciudadanos, ese “Podemos de derechas” que el director del banco Sabadell reclamaba compitiera a nivel estatal ante la potente irrupción podemita. Venían de Cataluña como abanderados contra el soberanismo catalanista. Después con Vox, esa escisión del Partido Popular autoproclamada “sin complejos”, que también moviliza a esa pequeña parte del neofranquismo, vinculado a los neonazis de los 90s en adelante, que no contaban con el disciplinado pragmatismo conservador para votar a la fuerza hegemónica de la derecha española y españolista (con la historia imperialista del reino, las restauraciones borbónicas y la derrota republicana del 39, siempre derechistas), en realidad la única fuerza con representación a partir de 1982 (el año de la consolidación democrática de España, con la mayoría absoluta del PSOE).

Así, en neto la derecha dividida en tres, cuenta con 147 escaños, frente a los 169 de la anterior legislatura, aunque en bruto movilizó 200 mil votos más que la suma de las anteriores elecciones generales -en 2016, aquella repetición electoral que evidenció la crisis del sistema de partidos, puesto que tuvo lugar después de que, con los resultados de 2015, el pacto de Sánchez y Ciudadanos fuera consecuentemente rechazado por Podemos, y de que el PP de Rajoy no pudiera formar gobierno siendo el partido más votado.

El pacto PSOE- Ciudadanos, ese cuyos números sí dan ahora, puesto que cuentan con 123 y 57 diputados respectivamente, fue señalado como favorito por JP. Morgan y otros poderes financieros nacionales e internacionales. Pero parece que Ciudadanos, de cara a las elecciones autonómicas, municipales y europeas del 26 de mayo, ha optado por disputar la hegemonía de la derecha, para terminar articulando un nuevo bipartidismo con esta resurrección “sociata”.

Recordemos que la crisis del bipartidismo (PP-PSOE) arrancaba en 2011, a partir de la movilización en las plazas que se produjo como respuesta a la recesión económica internacional que pinchó „la burbuja‟ económica española y contra las recetas de la Troika (las criminales políticas de ajuste y deudocracia). Esta crisis del sistema de partidos se cierra transitoriamente con el resultado de este punto de inflexión: en estas elecciones se rechazó la tentación del eje nacional, tras el conflicto catalán, contra la organización territorial del Estado en autonomías, vigente desde 1978.

El llamado ¨voto útil¨ se movilizó contra la banalidad del mal (Arendt) discursiva que las derechas implantaron a trío por la crisis territorial abierta en Cataluña, llamando ¨golpe de Estado¨ al referéndum catalán; y más histriónicamente a partir de la llegada de Sánchez al ejecutivo mediante la moción de censura, con programas y proclamas machistas, racistas y neoliberales, apropiándose falazmente en su relato de tres grandes significantes: Constitución, España y Democracia.

Frente a semejante espectáculo, el adelanto electoral -tras no haber podido Sánchez sacar adelante los presupuestos negociados con Podemos debido al rechazo de los independentistas catalanes- movilizó el voto contra la derechización del país. Votaron un millón de personas más, una de las participaciones más altas de la historia. Así resucita el PSOE, en su 140 aniversario, con su versión propagandística más socialdemócrata. Que Sánchez tornará ¨socioliberal¨ -continuando con la historia de las socialdemocracias del continente ante la acumulación capitalista, a 100 años del asesinato de Rosa Luxemburgo y a 40 de la llegada de Thatcher al gobierno británico-, si, como ya anuncian y pese a la debilidad del gobierno, consigue formarlo prescindiendo de Unidas Podemos (que perdió alrededor de un millón de votos). Pero esa es otra historia del laberinto postelectoral.

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Con la abstención del PSOE, finalmente Rajoy mantuvo la presidencia. Sin embargo, queda latente la crisis existencial del bipartidismo. Un pantallazo sobre el panorama político que se abre en España.

Finalmente, la etapa de crisis del sistema político español abierta hace casi un año con las elecciones generales del 20 de diciembre, que generó la situación de bloqueo que impedía la formación de gobierno, terminó siendo resuelta en los términos que los representantes de los poderes fácticos habían planteado apenas se conocieron los resultados electorales en la previa de la navidad de 2015: el PSOE se abstuvo y facilitó así un gobierno del Partido Popular (PP), que mantiene en la presidencia del país a Mariano Rajoy.

En enero de 2016, cuando se comenzaban a realizar las negociaciones para intentar conformar gobierno, el expresidente Felipe González -referencia ineludible dentro del PSOE y la figura más importante de la política española desde la muerte de Franco junto al otrora rey Juan Carlos de Borbón-, señalo sin tapujos que el PSOE no debía impedir que el PP se mantuviera en la presidencia. Las editoriales del diario El País recorrían continuamente el mismo camino.

Así como en Alemania, donde la Democracia Cristiana (CDU) de Angela Merkel gobierna en acuerdo con el histórico Partido Social Demócrata (SPD), la “derecha” debía acordar con la “izquierda” para resolver la crisis del sistema bipartidista. Los estrechos lazos entre el SPD y Felipe González son bien conocidos. El férreo control alemán sobre la periferia europea también. Que la situación se resolviera así era bastante esperable. Sin embargo, han tenido que sufrir un año de crisis y los costos han sido notorios. Sin dudas, la realidad política española se modificó de manera sustancial.

Se impuso la restauración, pero ¿es una victoria definitiva?

Finalmente, casi sin hacer nada, sólo manteniéndose firme en su lugar, esperando que los grupos de poder fácticos hicieran lo suyo y apelando a una fuerte tradición conservadora todavía reinante en España, Mariano Rajoy logró nuevamente ser investido como presidente. Los enormes escándalos de corrupción que involucran a todos los altos dirigentes del PP, incluido el mismo; la impopular gestión neoliberal de la crisis económica que recorta sin piedad y entrega soberanía frente a la Unión Europea de Merkel y los poderes financieros; y el inmovilismo absoluto de su españolismo rancio y franquista que niega la condición de naciones a Euskadi, Catalunya, etc., no han podido con Rajoy. “Resistir es triunfar” pareció ser su lema.

Los desafíos que se le avecinan le exigirán tomar decisiones que, si pretende tener un éxito duradero, le implicarán dejar el quietismo, aunque esto no signifique cambiar demasiado. Uno de los primeros dilemas a los que se enfrenta será intentar reflotar el bipartidismo o polarizar con Unidos Podemos. Algunos analistas plantean que la apuesta de las elites dominantes es reconstruir el sistema de partidos del “turnismo” entre el PP y el PSOE, buscando aplastar cualquier alternativa discordante con las lógicas y dinámicas políticas que se impusieron desde la Transición.

Hasta ahora, el PP no se preocupó demasiado por el descalabro del PSOE como para pensar que ahora dedicará esfuerzos en su reconstrucción. Sin embargo, los poderes que definen pero nadie elige pueden condicionar a que Rajoy cambie de parecer.

La polarización con Unidos Podemos, en un esquema de “gobierno responsable” vs “populismo”, sin duda, sirve mejor a los intereses de la fuerza que lidera Pablo Iglesias, al colocarla como la única expresión de oposición a un gobierno que, a pesar haberse impuesto nuevamente, cosecha muchos descontentos. En los hechos, esta definición implicaría la aceptación del fin del bipartidismo que tanto declama la formación morada.

A dos desafíos más tendrá que hacer frente Rajoy. Por un lado, la situación catalana que amenaza con agravarse, ante la cual no parece que vaya a modificar demasiado su posición de no hacer nada más que apelar a que el tiempo le dé la razón. Por el otro, el enorme descrédito y descontento que manifiesta gran parte de la población española contra su persona, su partido y sus políticas. No hay que olvidar de que es un gobierno que cuenta con el apoyo de los sectores dominantes pero que aun siendo quien más votos obtuvo es un gobierno de minoría en términos de apoyos sociales en el conjunto de la población. Su desafío será entonces volver a construir legitimidad social.

¿La “pasokización” del PSOE?

La restauración se erigió victoriosa, pero al costo de hacer estallar al partido ordenador del sistema político español nacido de la Transición, el que más tiempo gobernó desde la muerte de Franco, el que fue capaz de contener y canalizar las demandas sociales en términos de justicia social, Estado de Bienestar, progreso y modernización y el que tuvo la capacidad de articular territorialmente las distintas nacionalidades que conviven en España.

No es la primera vez que la UE busca resolver crisis de este tipo en países del sur europeo con la fórmula de la “Gran Coalición” entre las fuerzas conservadoras-liberales y los partidos socialdemócratas (quizás más justo sería llamarlos social liberales). En Grecia lo hicieron y parecieron no escarmentar, aunque el pueblo griego finalmente sí. Se impuso un acuerdo entre el socialdemócrata PASOK y el derechista Nueva Democracia, lo que llevó al descalabro total del PASOK hasta llegar a la intrascendencia política y a la emergencia de Syriza ocupando el lugar que anteriormente ocupaba simbólicamente la socialdemocracia. Vista esta experiencia, no resulta descabellado entonces que el PSOE pueda sufrir un proceso de “pasokización”.

El golpe de Estado que sufrió Pedro Sánchez, a manos de los representantes de las clases dominantes en su partido (Felipe González, José Luis Cebrián y su diario El País, Susana Díaz, etc.) cuando se negó a que el bloque socialista se abstuviera y facilitara el gobierno al PP, hizo evidente la terrible crisis que desgarra al PSOE.

Pedro Sánchez se resiste y planea dar batalla en el próximo Congreso partidario, buscando apoyarse en las bases que rechazan entregarle el gobierno a Rajoy. Decidió renunciar como diputado para no tener que abstenerse y romper la disciplina del voto que impusieron los órganos directivos que lo obligaron a renunciar como secretario general. Se muestra contrario a quienes hoy por hoy dirigen el PSOE, pero no se plantea la posibilidad de romper la orgánica. La crisis se mantiene, pero la posibilidad de ruptura todavía no está madura ni en perspectiva.

UNIDOS PODEMOS ante la nueva etapa política

El balance que debe hacer la fuerza política que lidera Pablo Iglesias desde su nacimiento en enero de 2014 hasta este nuevo gobierno de Rajoy, es positivo. Si bien su discurso altisonante de buscar “tomar el cielo por asalto” queriendo ser primera fuerza y armar gobierno, quedó por debajo de las expectativas, en poco más de dos años y medio, han constituido la mayor bancada de diputados por fuera del PP y el PSOE en la historia de la España democrática, han obtenido representación en todas los parlamentos autonómicos, convirtiéndose en primera fuerza electoral en Catalunya y Euskadi en las últimas elecciones generales y gobiernan, en el marco de plataformas ciudadanas, en las principales ciudades (Madrid y Barcelona).

El objetivo estratégico no se alcanzó, pero se mostró a la altura de las batallas electorales que tuvo que enfrentar y al continuo juego de presiones y contradicciones que impone la dinámica de disputa de las instituciones. Ahora le toca asumir una nueva etapa política y  se han hecho visibles las tensiones sobre la definición que deberá asumir en el futuro.

El eje central del debate que atraviesa a Podemos y a Unidos Podemos es la dialéctica instituciones/movimientos sociales. Por un lado, quienes pretende apoyarse más en la pata institucional. Por el otro, quienes apuestan a regenerar y reforzar los movimientos sociales poniendo su lugar en las instituciones para alcanzar este fin. Por un lado, quienes buscan ampliar la base social apelando a los socialistas descontentos. Por otro, quienes pretenden continuar con la hipótesis populista y buscar el crecimiento con los sectores que no se sienten representados por las opciones políticas existentes. Por un lado, quienes buscan articular un partido en donde los que tienen cargos institucionales ejerzan la dirección. Por otro, quienes pretenden que Unidos Podemos se constituya como un instrumento de los movimientos sociales.

La síntesis que se construya de esta contradicción determinará el rol de oposición que asuma Podemos y la capacidad de establecerse como alternativa de gobierno en una España que sufre una continua pérdida de soberanía popular, en donde la crisis de la socialdemocracia europea encuentra el capítulo más rutilante de este momento y donde las consecuencias de las políticas neoliberales empobrecen, expulsan y oprimen a grandes porciones de la población.

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El presidente Mariano Rajoy volvió a fracasar en su intento por formar gobierno en el Congreso y se abre el camino a las terceras elecciones en un año. Un análisis a fondo sobre el inédito escenario político en el Estado español.

En un futuro no muy lejano, en las clases de Historia de los colegios españoles se dará un temario posiblemente titulado: “2016, el año sin gobierno”. Un programa educativo que subrayará la anécdota novedosa de dos políticos, Pedro Sánchez y Mariano Rajoy, que “salieron derrotados en sus investiduras”. Seguramente dejará al alumnado con incertidumbre, no sólo por no dimitir los dos líderes tras sus investiduras fallidas sino por los intereses ocultos que existieron. Intentaremos hacer de docente.

Desde las primeras elecciones españolas consideradas como el Fin de la Transición Política tras casi 40 años de dictadura franquista, elecciones celebradas en 1982, el bipartidismo hegemónico del PSOE (etiquetado como izquierda) y el Partido/Alianza Popular (etiquetado como derecha) nunca bajó de la suma de 280 diputados del total de 350. Nunca menos del 80% de los escaños. Hasta que las elecciones de diciembre de 2015 rompieron con esta estadística.

El bipartidismo con los años fue haciendo más borrosas las diferencias entre el PSOE y el PP al cumplir los dos partidos con las mismas políticas económicas elaboradas en entes superiores como la Unión Europea. Un bipartidismo que recordaba las falsas diferencias entre conservadores, liderados por Canovas del Castillo, y los liberales de Mateo Sagasta, a finales del siglo XIX. La política de privatizaciones, de flexibilidad laboral imponiéndose a demandas sindicales, de recortes en políticas públicas, de Si a la OTAN, o de aceptar la Constitución Europea y el modelo del Euro sin ningún mínimo debate.

La cada vez más inexistente brecha diferencial y un bipartidismo convertido en una imagen de la misma clase política provocó el nacimiento de las movilizaciones del 15M en 2011 contra esta élite burocrática; “No nos representan”. Movilizaciones que fueron prealimentadas por la Crisis Económica de 2008 que tanto afectó y sigue afectando a la población española. La crisis económica de 2008, y la crisis política de 2011, abrían un nuevo escenario. Fenómeno al que no atendió ningún actor del bipartidismo, sino justo lo contrario, siguieron apostando por sus pactos conjuntos. Uno de estos pactos más llamativos fue modificar el artículo 135 de la Constitución Española en septiembre de 2011 para llevar a cabo unas reformas de ajuste fiscal neoliberal sin, además, consultar a la población mediante un referéndum. Los parlamentarios del PP y PSOE decidieron conjuntamente y unilateralmente esta nueva política estructural.

2012, 2013, y 2014, fueron años de enfrentamiento social en España entre gran parte de la ciudadanía y el bipartidismo convertido en el unipartidismo; Asambleas del 15M, movilizaciones de Indignados, asambleas barriales, luchas locales, manifestaciones sindicales como mineros, e incluso reivindicaciones nacionalistas catalanas. Este punto temporal de indignación provocó lo que antes parecía imposible, un gran rasguño en la hegemonía bipartidista. El nacimiento de Podemos a inicios de 2014 y su buen resultado de 5 escaños en las elecciones europeas en mayo del mismo año (no sólo por el contexto social sino también por su buena estrategia comunicativa), puso en alerta al bipartidismo hegemónico PP y PSOE. La alerta se hizo más evidente con los buenos resultados de Podemos y las confluencias “Municipios del Cambio” en las elecciones locales de mayo de 2015. Victorias en las dos ciudades más pobladas, Barcelona y Madrid, entre otras. Muchos de los indignados contra la clase política veían esto como la alternativa electoral para cambiar la política económica.

Ahora bien, el bipartidismo del Régimen del 78 con más de 30 años de historia y arropado por instituciones poderosas como medios de comunicación (Grupo PRISA) y el poder económico (IBEX 35), además de asesorías de mentes académicas, iba a hacer todo lo posible para que el rasguño no se ampliará. Uno de los efectos, sin olvidar riesgos, podría ser la entrada en el juego institucional de nuevos partidos que “renovarían” el sistema político español y dejaría de ser visto como un bipartidismo cada vez más difuso en la opinión pública. Si entraba un partido que parecía representar el 15M, los de Abajo, como Podemos también daba lugar a poder insertarse un partido que representaba dialécticamente a los de Arriba, Ciudadanos. Así, a pesar de intentar en un inicio Podemos no etiquetarse de izquierda, sino de sentido común y mayorías contra el neoliberalismo del bipartidismo los últimos años para obtener así el mayor número de votos desencantados (incluso del PP, que muchos de sus votos eran de clase trabajadora afectados ahora por la crisis), la entrada de Ciudadanos como nueva derecha le sitúo finalmente a Podemos como nueva izquierda. Efecto que reprodujo el mismo partido de Pablo Iglesias al pactar finalmente con la izquierda histórica, Izquierda Unida. Y en segundo lugar, el asalto institucional de una fuerza que parecía representar a los indignados del 15M podría provocar un coste elevado electoral al bipartidismo pero a la vez una victoria en apaciguar los nacientes e impactantes movimientos sociales. Movimientos que tanto inquietaban a una parte del poder y por eso el PP aprobó leyes antidemocráticas como La Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, para ampliar legalmente la represión contra las protestas.

Las elecciones Generales de Diciembre de 2015 serían las primeras elecciones que pondrían en el punto de mira al bipartidismo PP y PSOE. Y así fue, pero no hubo disparo. El bipartidismo tuvo su peor resultado de la historia con la suma de 213 diputados (123 PP y 90 PSOE), es decir, 50,72% de los votos y 59,1% del total de diputados, pero Podemos no consiguió romper con el orden establecido y aleatorio entre PP y PSOE como las dos primeras fuerzas. Aún así, Podemos hizo historia y consiguió 69 diputados, más de 5 millones de votos. Podemos a pesar de los ataques mediáticos contra sus líderes, desde si tenían financiación de la República islámica de Irán o de la República Bolivariana de Venezuela, o que Monedero y Errejón cometieron negligencias administrativas,… consiguió situarse como la tercera fuerza en tan poco tiempo y con números que nunca antes ninguna fuerza política había conseguido.

Podemos al igual que fue el partido que más creció, también estaba expuesto a la amenaza de ser la organización electoral que más podría decrecer los siguientes meses. Era un Partido joven, con pocos recursos, con gente muy formada pero con muchos agujeros en organización, y con problemas internos muy considerados como sus contradicciones programáticas por la complejidad del Estado Español. Y el bipartidismo lo sabía. El nuevo Partido de Podemos que fue el instrumento que agrietó el Régimen bipartidista (PP y PSOE) en lo electoral podría, contradictoriamente, hacer renacer este mismo Régimen del 78 si finalmente era debilitado. Y así fue, Podemos tuvo mucha fuerza en las primeras elecciones, pero le faltó también mucho oxígeno en las segundas.

Tras los resultados de las elecciones de diciembre de 2015 la estrategia a nuevas elecciones era más que evidente. Algo nuevo sucedió en la política española. Rajoy siendo el más votado le dijo al monarca Felipe VI que no tenía los apoyos suficientes para ser investido y no se presentaba. Lanzó su piedra y la recogió el otro histórico del bipartidismo, el PSOE. Sánchez se presentó a la investidura como el segundo más votado pero sabiendo que su fracaso era más que esperado al pactar sólo con Ciudadanos, la nueva fuerza de derechas que su nacionalismo español y su neoliberalismo salvaje ponía barreras a que Podemos o las fuerzas nacionalistas vascas y catalanas dieran el apoyo al PSOE. Sánchez fracasó pero el bipartidismo conseguía mantenerse.

Las históricas segundas elecciones generales en junio de 2016  buscaban la finalidad de cansar políticamente a la población civil española que despertó contra el bipartidismo. Una población que salía a las calles con el 15M a protestar pero su atención a la telenovela institucional le dejó cada vez más paralizada. Pese a seguir creciendo la pobreza, desahucios, o desigualdad,… la falta de movilización social podía aumentar la abstención y perjudicar al voto que en las elecciones de Diciembre no se inclinó por el bipartidismo PP o PSOE. Y así fue. La participación electoral bajó el 3,2% y los dos partidos más perjudicados fueron Unidos Podemos (que presentó candidatura conjunta con Izquierda Unida) y Ciudadanos, es decir,  la etiquetada “nueva política”. El bipartidismo renacía, golpeado, pero renacía, siendo el gran triunfador el PP al pasar de 123 a 137 diputados. Y el PSOE aún perdiendo 5 escaños no era desbancado de la segunda posición frente a Podemos, el llamado “sorpasso”, como muchas encuestas electorales dijeron días antes. Esta vez si que se animó Rajoy a presentarse a la investidura. Al igual que Pedro Sánchez pactó sólo con la nueva derecha del Régimen, Ciudadanos, y la diputada dócil de Coalición Canaria. Rajoy tenía la misma jugada que Sánchez y la historia se repitió. La investidura fracasó por 170 contra 180 votos. No fracasó porque el PSOE tenga como enemigo al PP, con quien había pactado muchas políticas económicas, sino porque si el PSOE le daba la investidura al PP podría ser perjudicado al darle el rol de oposición a Podemos. Dando, por lo tanto, mayor poder institucional del deseado al partido de Pablo Iglesias.

Aún así, finalmente la historia actual sigue haciendo Historia en España. 9 meses ya sin gobierno electo. ¿Qué sucederá ahora? ¿Qué más contaremos en los nuevos libros de Historia Contemporánea? ¿Terceras Elecciones?

Existen varias jugadas por parte del bipartidismo (PP/PSOE) para renacer la legitimidad del Régimen del 78.

1) La estrategia de evitar terceras elecciones, más por la fama internacional de una España bloqueada, podría justificarse con un nuevo rostro de líder del PP remplazando al derrotado Rajoy. Podría ser una mujer, la primera Presidenta española, y así generar la imagen de Regeneración que es el discurso utilizado por su socio, Ciudadanos. El PSOE, que ya han sonado voces históricas de su Partido reclamando dejar al PP gobernar como dijeron los expresidentes Felipe González y más indirectamente Zapatero, podría finalmente abstenerse justificándolo como fin del bloqueo para una sociedad cada vez más cansada e intentando, por lo tanto, estratégicamente la manera de evitar que Podemos obtenga el papel de oposición. Además el PSOE podría usar el discurso de la amenaza, nunca con hechos, para vestirse todavía más de “oposición” con la idea de disponer de la llave de la Moción de Censura. Serían 4 años más para intentar reactivar el bipartidismo con el uso constante de discursos demagógicos que calen en la opinión pública. Esta jugada de no terceras elecciones podría tener mayor aceptación según lo que suceda en las comicios gallegos y vascos el próximo 25 de septiembre.

2) La estrategia de celebrar terceras elecciones. Se celebrarían en diciembre, de momento con un preacuerdo informal de ser el 18 de diciembre y no el Día de Navidad. Estas elecciones podrían provocar el dato histórico de máxima abstención en unas Elecciones Generales por el cansancio social con la política electoral. 3 Elecciones Generales en 1 año. Posiblemente una baja participación del 60%. Y siguiendo la regla de las segundas elecciones, al salir más perjudicados por la abstención la “nueva” política, la reducción de apoyo electoral a Podemos y Ciudadanos podría reactivar más el bipartidismo. De esta manera, Podemos, la mayor fuerza institucional estatal crítica con el status quo actual, saldría muy tocada. Tanto a nivel institucional, por pérdida de votos y diputados, como a nivel organizativo por pérdida de motivación y confianza en algunos de sus líderes. El debate interno en Podemos podría ser más que productivo infructuoso, siempre atacado por medios de comunicación para tener efecto en la opinión pública. Y por otro lado, el aumento de abstención podría dar finalmente la mayoría absoluta al PP, pactando con Ciudadanos, es decir, los 176 escaños. Esto haría que el PSOE siga estando en su cómoda oposición para no tener que descifrar debates internos sobre posibles pactos que le podrían perjudicar internamente por su ambigüedad; desde el conflicto nacionalista con Catalunya hasta aceptar los recortes neoliberales de la Unión Europea llamándose partido socialdemócrata.

3) Y finalmente, una de las estrategias alternativas o mejor dicho imposibles es lo que algunos intelectuales y artistas españoles han presentado en un Manifiesto demandando un pacto entre Podemos, PSOE y Ciudadanos. Un pacto que cavaría la tumba de Podemos al ser totalmente opuesto a Ciudadanos, el mismo Partido que Podemos ha criticado duramente de ser un producto del IBEX-35 y de buscar realimentar el Régimen del 78. Ya fue imposible en la investidura de Sánchez. Y otro escenario, que se podría etiquetar como la única ruptura de la Regeneración, es un pacto entre todas las fuerzas políticas que dijeron No a Rajoy en su investidura, los 180 diputados.  Aún así, es contradictorio que un partido miembro del histórico bipartidismo como el PSOE quiera llevar a cabo una ruptura con el Régimen del 78, y más si entrarían a debate las demandas soberanistas de Catalunya y seguidas de Euskadi. Partido que no quiere ni debatir sobre construir un Estado Plurinacional, una propuesta de Podemos.

Como se podría decir en el libro de Historia, el bipartidismo histórico español (PP-PSOE) ha sabido utilizar el “año sin gobierno” para intentar evitar su derrumbe total como está sucediendo en algunos países europeos. Año sin gobierno que ha buscado producir cansancio político en la ciudadanía que hace poco gritaba en las calles. Posiblemente algunos líderes de Unidos Podemos, la principal alternativa institucional española al Régimen del 78, tengan que repensar que aquello que les dio oportunidad para nacer, la movilización social en la calles por el 15M, se deba reactualizar sino quieren desgastarse al centrarse principalmente en el voto y los mecanismos institucionales. La calle y las instituciones van de la mano. La protesta y la construcción política. Toca repensar, toca reactuar, toca hacer Historia. 

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A partir del desacuerdo entre los partidos políticos para alcanzar un Gobierno de consenso, ya es un hecho la repetición de las elecciones en España, una situación inédita en la historia del país. El escenario que se abre y las negociaciones entre Podemos e Izquierda Unida.

El 20 de diciembre pasado se realizaron en España las elecciones para designar un nuevo presidente. Los resultados trajeron varias novedades al convulso escenario político español, siendo la principal la imposibilidad de los dos partidos principales, el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOL), de poder armar gobierno por sí solos o con simples alianzas con partidos menores. Además, la irrupción de formaciones nuevas (Podemos y Ciudadanos) complejizó aún más el tablero, generando un entramado de aspiraciones e intereses muy difícil de resolver.

El PP fue el que más escaños obtuvo, sin embargo, debido al aislamiento en el que se encuentra principalmente por el cúmulo de casos de corrupción que involucran a casi todos sus ´lideres principales -incluido el propio presidente Mariano Rajoy-, no logró formar gobierno. Entonces, el candidato del PSOE, Pedro Sánchez, tuvo su oportunidad para construir los acuerdos necesarios para alcanzar un nuevo gobierno. Claro que su tarea no era sencilla, ya que debía conciliar intereses fuertemente contrapuestos, incluso hacia el interior de su partido.

Las aspiraciones a conformar un acuerdo con Podemos, la tercera fuerza, y otras fuerzas de la izquierda, se notó muy difícil desde un principio. En el debate público, la principal diferencia se dio en torno a la cuestión de Catalunya y la forma de abordar la problemática independentista. Mientras Podemos sostiene la necesidad de realizar un referéndum en el que se consulte a los catalanes, el PSOE, y el conjunto de las fuerzas del régimen, rechazan de pleno esta posibilidad, aunque no proponen ninguna medida para resolver esa crítica situación.

Vista la imposibilidad de alcanzar acuerdos hacia la izquierda, Sánchez decidió reorientar su marco de alianzas y apuntó hacia Ciudadanos. La fuerza liderada por Albert Rivera tuvo una elección ciertamente decepcionante teniendo en cuenta las expectativas existentes, aunque se instaló como cuarta fuerza nacional en un muy breve período. El acuerdo entre PSOE y C´s resultó mucho más sencillo, a pesar de la beligerancia discursiva que enfrentó a estos dos partidos durante la campaña electoral, marcando la perspectiva compartida sobre la forma de abordar la crisis española con un horizonte de estabilidad y recomposición del régimen.

La apuesta de Sánchez buscó presionar a Podemos y colocarlos en una disyuntiva: abstenerse en la votación del gobierno PSOE-C´s (única opción para que este acuerdo tenga éxito) o votar en contra, junto con el PP, y mostrarlos como los responsables de que Rajoy siguiera gobernando. La joven formación liderada por Pablo Iglesias resistió el embate y logró que todas las confluencias regionales que apoyaban su candidatura (En Comú de Catalunya, En Marea de Galicia y Compromís de la Comunidad Valenciana) e Izquierda Unida, se mantuvieran a su lado en el proceso de negociación.

Los caminos quedaron clausurados y las elecciones se deberán reeditar, hecho absolutamente inédito en la historia de la España posterior a la muerte del dictador Francisco Franco. Ante estas circunstancias, se reabre el debate electoral y si bien en una primera instancia pareciera que no habrá grandes cambios en los nombres y en las listas, todavía quedan unos días en los que muchas cosas pueden pasar.

Rajoy todavía mantiene el control en el PP, a pesar de la seguidilla de casos de corrupción que rodean a las altas cúpulas del partido y a que su gestión presidencial no ha logrado resolver casi ninguna de las aristas de la crisis que vive el Estado español, incluso en algunos casos ha agravado el nivel de las problemáticas.

El joven partido de la centro-derecha, Ciudadanos, busca generar grietas al interior del PP, ya no sólo aspirando a su electorado sino tentando a los cuadros intermedios para que den el salto a las filas de Albert Rivera, bajo el apelativo de la regeneración y la renovación, aunque con planes de gobierno bastante similares. Por razones como estas es que desde Podemos se califica a C´s como la “muleta del régimen”.

Por su parte, Pedro Sánchez debe manejar la profunda interna que vive el PSOE, con varios “barones” que ya están presionando para la incorporación de algunos nombres en las nuevas listas, mientras esperan que un mal resultado el 26 de junio le cueste la cabeza a Sánchez y se apoderen del partido. Sin dudas, la figura más representativa de este grupo es Susana Díaz, actual presidenta de la Junta de Andalucía, principal bastión del PSOE en todo el territorio español. El camino de Sánchez continuara siendo tan complicado como ha sido hasta ahora.

¿Y a la izquierda qué?

La única variante significativa que puede llegar a suceder en las nuevas elecciones, en relación a lo que pasó a fines del año pasado, es que Podemos e Izquierda Unida lleguen a un acuerdo para presentarse de manera conjunta. La injusta proporción entre votos y cantidad de escaños que genera la legislación electoral castiga a los partidos más pequeños, quienes para conseguir cada diputado electo necesitan más votos en comparación con las fuerzas más votadas. Así, IU fue la cuarta fuerza más votada en todo el país pero sólo obtuvo dos escaños.

Esta situación presiona a la unidad de estos sectores, sin embargo, las diferencias en la forma de encarar el proceso electoral continúan latentes y todavía parece difícil llegar a un acuerdo. Los puntos en debate tienen que ver con la denominación del espacio (Podemos siempre se opuso a lo que llamaron la “sopa de siglas”), si los acuerdos serán a nivel nacional o a escala regional (como sucedió en Catalunya) y los nombres y lugares de las listas.

Esta mayor predisposición por parte de Podemos a un acuerdo con IU parece tener que ver con el cimbronazo interno que tuvieron durante el período de discusión para la conformación de gobierno, cuando se vieron algunas diferencias entre Pablo Iglesias y su número 2, Íñigo Errejon. El proceso de negociación está abierto y tienen tiempo hasta el 13 de mayo, fecha tope para la presentación de las alianzas electorales.

Cada una de las fuerzas ha buscado mostrar al otro como responsable de que no se forme gobierno, de manera que se lo castigue en las elecciones de junio. Todavía está por verse cuánto cambiará el voto de las y los españoles después de esta fallida legislatura y si alguno de los partidos podrá sacar rédito de estos acontecimientos. Por ahora, la situación de empate de fuerzas en las que nadie por si sólo puede imponer la dinámica de la disputa política ha dominado. Si el escenario electoral se repite, la disyuntiva estará entre la ampliación de este abismo catastrófico o la moderación de las autodenominadas “fuerzas del cambio”. A partir del 26 de junio comenzará a develarse esta historia.

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El pasado domingo se celebraron elecciones municipales y a algunos parlamentos regionales en España. A diferencia de otras ocasiones, estos comicios suscitaron interés internacional ya que se consideran el preludio de las elecciones generales que tendrán lugar en noviembre.

Lo que más expectativa despertaba era cuál iba a ser el nivel de desgaste de los dos partidos tradicionales, PP y PSOE, que desde hace más de 30 años se han turnado en el gobierno y captado a nivel estatal en torno al 80% del voto. En los últimos años han sufrido un desgaste muy fuerte porque han sido quienes han administrado la crisis económica, pretendiendo superarla a costa del sacrificio de las clases populares y la facilidad para los inversores (privatización de servicios públicos, reducción del gasto social, “flexibilización” laboral, eliminación de derechos sociales, aumento de la deuda…).

Como alternativa a ellos surgió el año pasado una nueva formación política, Podemos, que viene a secundar a la veterana Izquierda Unida en su afán de superar el neoliberalismo, pero incorporando una estrategia comunicacional muy potente y trazando su estrategia con un ojo en los procesos nacional-populares que se han dado en los últimos 15 años en algunos países latinoamericanos, haciendo bandera de la soberanía e identificando como sus enemigos a los políticos serviles al neoliberalismo y al capital financiero. Para contrapesar el crecimiento de este proyecto, desde los monopolios de la comunicación se impulsó a la formación política “Ciudadanos”, un “Podemos neoliberal”, que con un discurso de regeneración y combate a la corrupción sostiene un programa regresivo.

De modo que, sin contar con las organizaciones locales o regionales (regionalistas o nacionalistas), 5 fuerzas se disputaban el tablero. Dos, PP y PSOE, representando la vieja política neoliberal; otra (Ciudadanos) funcionando como “marca blanca” de las anteriores y otras dos, Podemos e Izquierda Unida, partidarias de la defensa y ampliación de los derechos sociales y de la soberanía.

Sabiendo que a nivel local las situaciones son muy variopintas, y temiendo que en muchas localidades pudieran querer usar su nombre tránsfugas y personajes dudosos si ninguna identificación con los planteamientos de Podemos, esta formación decidió no concurrir con su nombre a las elecciones municipales, y orientó a su militancia a promover candidaturas de “unidad popular”, tratando de agrupar, allá donde fuera posible y se considerara pertinente, a independientes, Izquierda Unida y otros partidos progresistas o de izquierda.

No en todos lados se pudo conseguir esta convergencia amplia, dándose el caso extremo de que en algunas ciudades importantes, como Sevilla, se presentaron hasta 4 candidaturas progresistas o de izquierda (sin contar las testimoniales), redundando en desmoralización del activo político y desorientación del electorado, lo cual se reflejó en los resultados.

Esa situación, afortunadamente, contrasta con la de las principales capitales, Madrid y Barcelona, donde se pudieron fraguar alianzas más inclusivas, encabezadas por figuras de consenso y alta valoración ciudadana, que permiten a las fuerzas antineoliberales ser un factor importante para su gobernabilidad y posicionarse como alternativa de cara a las elecciones de noviembre.

No lo tendrán fácil, ya que la descomposición del viejo sistema de partidos, su hegemonía cultural y sus redes clientelares, como era de esperar, no ha sido aún la suficiente como para permitir una ruptura democrática y la apertura de un proceso constituyente.

Las candidaturas de unidad popular, tras las elecciones, tienen ante sí un desafío que han de ser capaces de leer no sólo en clave local, sino pensando en la batalla de noviembre: ser capaces de compaginar dos necesidades que, dada la correlación de fuerzas actual, es imposible conseguir al mismo tiempo y hay que saber equilibrar.

Por un lado, desalojar de las instituciones al enemigo principal, el Partido Popular, y acceder a ellas para desarrollar políticas públicas y abrirle espacios de desarrollo al movimiento popular. Lo cual implicaría, allá donde fuera posible llegar a la alcaldía con sus votos, subordinar al Partido Socialista sin concesiones programáticas ni convertirse en tabla de salvación de un partido cuyo destino debe ser el mismo que el del PASOK en Grecia.

Por el otro, subsistir ante los ojos del electorado más despolitizado como una alternativa fresca a la “vieja política” y evitar alianzas cortoplacistas o mal fraguadas que hipotequen el capital político conseguido.

También es importante, en un Estado plurinacional como el español, entender bien esa característica y ser capaces de leer adecuadamente los resultados en las ciudades y pueblos gallegos, vascos y catalanes, donde el voto por las convergencias impulsadas por Podemos (incluso en Barcelona donde ERC y CUP, dos listas soberanistas de izquierda, consiguieron también muy buenos resultados) proviene en buena parte de electorado con conciencia nacional y existen otras fuerzas políticas de izquierda que los representan.

Hasta noviembre quedan cinco meses de intensa confrontación de proyectos, en los que activar la calle y ganar la “batalla de las ideas” en todos los espacios será clave para desequilibrar la balanza a favor de la soberanía y la dignidad que representa el bloque popular frente a la dependencia y la sumisión del continuismo neoliberal.

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Terminada la jornada electoral en los 8122 municipios del Estado Español y en 13 comunidades autónomas en la que más de 35 millones de españoles estaban llamados a las urnas empiezan los análisis post-electoral de los resultados obtenidos.

Diferentes periodistas, sociólogos, politólogos, líderes de partidos, e incluso los llamados opinólogos o sabios modernos que creen poder opinar de todo con fundamento, empiezan a interpretar los resultados que ha obtenido cada partido político. La poca falta de ciencia en la política hace que cada análisis, e interpretación de datos, sea visto de manera diferente si no es algo extremo. Algunos dicen o escriben que el PP es el principal ganador a ser la fuerza más votada a nivel nacional en las elecciones municipales con el 27,03% del total y tener la mayoría absoluta en 2768 municipios. Otros que el PSOE puede ser un gran beneficiado al tener la llave de decidir el posible pacto con líder de la candidatura Ahora Madrid, Manuel Carmena, donde han dado apoyo Podemos y un sector de Izquierda Unida. Otros que PP y PSOE han perdido 13 puntos y 3,3 millones de votos en las elecciones municipales. Otros que Podemos no ha ganado ninguna comunidad autónoma. Y otros, entre decenas interpretaciones, que la derecha catalana de CiU se desmorona con la victoria en Barcelona de la activista Ada Colau liderando la confluencia ciudadana de Barcelona en Comú donde también participa Podemos.

La historia de los análisis y debates post-electorales siempre sigue su dinámica de multinterpretaciones, según la ideología de cada ponente, pero la mayoría de veces estos debates siguen un padrón en el modelo electoral español; “el de olvidarse de la población que no votó”.

Las preguntas que deberían ser muchas veces el guión central de cierto debate son ¿por qué en las elecciones municipales de 2015 se abstuvo el 35,06% de los votantes, más de 12 millones de ciudadanos y ciudadanas? ¿Y por qué la abstención actual superó el 33,84%, algo más de 11,7 millones de votantes, de las elecciones de 2011? Es decir, paradójicamente ha crecido la abstención en un momento de aceleración de la pobreza en España. ¿Por qué? Ya que no hablan los tertulianos intentaremos descifrarlo.

La primera tesis de este dato es que durante estos últimos 4 años ha crecido la emigración de españoles por falta de trabajo. Actualmente, según el censo oficial, hay 1,8 millones de españoles que tienen derecho a votar y residen en el extranjero. La Marea Granate denuncia las trabas burocráticas por el llamado “rogar el voto” que ha impedido este derecho a muchos españoles que residen en el extranjero. Muchos de estos exiliados económicos, que se han tenido que ir durante los últimos años a causa de la crisis y las medidas de austeridad protagonizadas por el PP y PSOE, podrían ejercer un voto de castigo contra estas dos fuerzas políticas, y por ello no les interesa al bipartidismo facilitar en las embajadas este derecho ciudadano. En 2008 votaron el 31,7% de los expatriados españoles y en 2011 solo el 4,95%.

La segunda tesis es como el bipartidismo del régimen del 78 ha consolidado un cierto voto bastante fiable y rutinario y el hecho de despertar interés político y participativo de esos votantes que no suelen emitir su voto, 1/3 parte de la población, puede girarse contra ellos. A pesar de la crisis actual el PP perdió solamente algo más de dos millones de votos, pasando de 8,4 millones a 6, y el PSOE 700.000, de 6,2 millones a 5,5 millones de votantes, siendo superior a la suma de los dos partidos los 12 millones de personas que no han participado. Comparando la pérdida de votos con la situación de emergencia social y económica, además de los casos de corrupción que han cometido los dos partidos, no es una reducción destacable. Por lo tanto, puede ser de gran importancia para el bipartidismo que ese 1/3 de la población no participe para que no genere una resta al impacto y la representación que obtiene con sus votantes de confianza, así que es mejor para el poder ignorar ese dato y excluirlo.

Si queremos transformar la llamada democracia representativa en una cada ve más amplia democracia participativa, donde la mayor parte de la población se interese y actúe en la política, es más que necesario insertar en cada debate post-electoral el por qué de la ausencia electoral de un gran número de ciudadanos. Un debate que evitaría ocultar una realidad evidente de la que saca beneficio el poder del Régimen del 78.

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