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Luego de años en las calles, el Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) llega nuevamente al Congreso de la Nación para quedarse. En diálogo con Marcha, integrantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito dan su opinión.

Hoy martes 6 de marzo, se presenta por séptima vez el proyecto de Ley de IVE en el Congreso de la Nación. Se trata de un proyecto histórico que cuenta con el aval de diputadas y diputados de todo el arco político. “Este año el proyecto tendrá cuatro primeras firmas, representando la diversidad política y llevando la horizontalidad a un lugar que no tiene esa práctica” explican en su comunicado las integrantes de la Campaña.

Si bien se celebra y espera con entusiasmo su tratamiento, el contexto político es complejo y rápidamente se propiciaron las “grietas” y dudas a costa de los derechos -siempre postergados- de las mujeres. En las últimas semanas, tras la irrupción de feministas en medios de comunicación, la temática volvió a instalarse. Con ella “se ha demostrado que no solamente está preparada para discutir sobre el aborto, sino que toma posición a favor de la despenalización y legalización de esta práctica histórica”, afirman desde la Campaña que hace más de 10 años lucha por el derecho al aborto.

En ese marco, gran parte de los representantes políticos han generado y comunicado su opinión. Hasta el presidente Macri dio “vía libre” al tratamiento de la ley, luego de su discurso de apertura de sesiones ordinarias. De ahí la incertidumbre generada.

En un contexto de retroceso de los derechos laborales se propone el avance de una ley progresiva. En un ambiente de despidos masivos y vaciamiento en el sector de la salud, se instala la necesidad de hablar de la salud de las mujeres. ¿Es sólo una ventaja política? ¿Se enmarca en un proyecto de imitación de las políticas del llamado primer mundo? ¿Esconderá un negociado? ¿Es una respuesta a los discursos de Bergoglio? ¿Intentan calmar la actividad y masividad del movimiento de mujeres, lesbianas, travestis y trans?

Posiblemente la mayoría de estas preguntas que circulan en los distintos ámbitos políticos sean ciertas. Sin embargo, una certeza tranquiliza a quienes hace años motorizan con el cuerpo presente esta lucha: la legitimación y legalización de la práctica comienza en las calles y eso ya es un hecho. La temática del aborto ha corrido su propio umbral de sentido común y ya no puede esconderse bajo la alfombra con prácticas clandestinas. Al hablarlo, nombrarlo o inclusive “googlearlo”, el aborto es ya una demanda y por lo tanto una responsabilidad política.

Dos miradas desde el activismo político por el derecho al aborto

Viviana Norman es integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. En diálogo con Marcha habló sobre la presentación del proyecto.

¿Cómo creen que será la presentación del debate por el aborto en el Congreso?

La apertura a debatir y tratar de una vez por todas el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo es un avance. El proyecto fue elaborado por la Campaña con diversos aportes que lo hacen inclusivo, además de contar con el aval de más de 500 organizaciones sociales que integran la Campaña. Se viene presentando desde el año 2007 y el seis de marzo será la séptima vez que se presente. También se han dado avances en Uruguay, Chile y Bolivia en estos últimos años que han sido muy importantes. Sin embargo, consideramos que no es tarea de un presidente la de habilitar o no el debate en el Congreso, sino que es responsabilidad de las y los diputados. Con respecto al debate, sabemos que se atrasó la sesión especial pedida para el ocho de marzo, por lo que suponemos que a lo largo del año estaremos por fin en condiciones de asistir a un debate histórico, ya que el aborto es una deuda de la democracia en tanto problema de salud pública y, por ello, de derechos humanos.

¿Llevan un relevamiento de los posicionamientos de los distintos bloques del Congreso?

En la Campaña seguimos siempre con atención la posición no sólo de legisladores y legisladoras, sino también de funcionarios con responsabilidades en el Ejecutivo. Inclusive, últimamente hemos estado atentas a propósito de las declaraciones de público conocimiento del Ministro de Salud con respecto a la interrupción legal del embarazo. Seguimos de cerca todos los puntos de vista de los diferentes actores y las distintas voces dentro del escenario político que se está configurando. Creemos que cualquier posición y eventual decisión de legisladores debe ajustarse a lo que es su responsabilidad y, en ningún caso, a creencias personales. No queremos que esto se constituya en una polarización, ya que se trata de adquirir y lograr derechos; y esta obtención de derechos no merece ninguna discusión. Seguiremos en la calle haciendo circular información y evacuando dudas.

¿Creen que es posible, en un contexto de políticas regresivas de los derechos, la presentación de un proyecto progresivo en relación a los derechos de las mujeres?

La Campaña lleva alrededor de quince años de lucha en el activismo feminista. Nos ha tocado enfrentar épocas y escenarios muy duros, no sólo en Capital Federal, sino también a nivel federal y plural. Sin ir más lejos, compañeras han enfrentado adversidades en Salta, Tucumán, Chubut y Jujuy, por mencionar algunos ejemplos. Este es un nuevo desafío y creemos que hay que seguir en las calles, organizándonos para lograr un reclamo común y unificado con respecto a la legalización del aborto en nuestro país.

¿Qué les pueden responder desde la Campaña a los varones que opinan sobre esta temática?

Esta es una pregunta complicada, ya que tiene varias aristas. En primera instancia, podríamos decir que pueden opinar pero no en nuestro nombre. No lo hemos discutido demasiado en la Campaña pero en principio, y a tono personal, creo que hay que correrse de los protagonismos en los que se sienten legitimados, en el caso de los varones: entender que el espacio de esta lucha es de las mujeres. Esto no implica obturar ninguna voz, ya que ello sería reproducir lógicas autoritarias del patriarcado. Es decir que si un varón quiere opinar, primero que se haga cargo de reconocer desde qué lugar de privilegio y de opresión está emitiendo su opinión. No obstante, creo que es un momento de protagonismo de las mujeres y que esta es una lucha básicamente de las mujeres. Esto es insoslayable. Quienes ponemos el cuerpo, y los cuerpos que abortan, son de las mujeres, y lo que estamos reclamando y exigiendo son derechos para decidir sobre nuestros cuerpos, lo cual no debería ser o no habilitado por ningún varón.

Por su parte Ana Paula Fagioli, médica feminista de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, que también integra a la Campaña, contestó las preguntas de Marcha.

¿Cuál es el accionar de la Red de Profesionales de la Salud?

Esta red está constituida por más de 800 profesionales de todo el país que garantizamos el derecho al aborto no punible, un derecho que en nuestro país ya tenemos consumado y consustanciado en el artículo 86 del Código Penal desde 1921, tras las reformas a la interpretación que se le ha dado a ese artículo. Nosotras trabajamos en el marco de garantizar derechos. Luego del fallo, la Suprema Corte vuelve a retomar este articulo y hace énfasis en las causales de despenalización que tenemos vigentes en nuestro país. Nosotras trabajamos en el marco de ese artículo, potenciadas también por el protocolo para la atención integral de las personas que optan por la interrupción voluntaria del embarazo, realizado por el Ministerio de Salud de la Nación en el año 2010. Si bien no tiene resolución ministerial y no está aprobado en varias provincias, trabajamos en ese marco. A su vez, nosotras en la provincia de Buenos Aires tenemos la resolución ministerial 3146-12 de aborto no punible, que refuerza cuáles son las situaciones en las que las profesionales tenemos que atender a las mujeres en situación de aborto. Hoy en la provincia de Buenos Aires tenemos misoprostol en el municipio de Morón, así como en C.A.B.A., Chubut, Rosario, Rio Negro.

¿Y en qué consiste?

Trabajamos en equipos de ILE intertransdisciplinarios de la Red, con quienes enmarcamos a las situaciones de las personas gestantes para que puedan acceder al uso del pleno derecho.

Ante el actual contexto de debate sobre el aborto, y comprendiendo que en ciertas intervenciones que realizan el aborto legal es un hecho, ¿cuál es su posicionamiento?

Pedimos desde ahí el aborto voluntario y libre para que ninguna mujer quede por fuera del acceso a su derecho. No vamos a discutir más atrás de lo que ya tenemos conquistado como derecho, a partir de fallo y del artículo 86 del Código Penal.

Desde su conocimiento de la temática ¿qué podrían decir sobre el actual accionar del Estado en relación a los abortos que ya son legales?

Esta Red de profesionales lo que pide es poder trabajar dignamente y hacer uso pleno de nuestro derecho de acompañar a personas que deciden abortar y no continuar con una maternidad forzada. Exigimos que el Estado apruebe el uso del misoprostol más allá del uso obstétrico. Sabemos que el oxaprost, el medicamento que se vende en nuestro país, no es de la misma calidad de los que se consiguen en otros países, impulsando así un negociado entre el Estado y el monopolio de esta medicación por parte de los laboratorios Beta. Hace mucho tiempo le pedimos al Estado la Producción Pública de misoprostol, regulando y controlando la calidad del producto, para evitar así muertes evitables y garantizar abortos seguros. También pedimos que se instruya a las y los profesionales de la salud en la utilización del Ameu, que garantiza el tratamiento del aborto de forma ambulatoria, sin dejar ninguna secuela posterior. Por último, pedimos que se reconozca al medicamento mifepristona, ya que asegura la realización de cualquier aborto de máxima seguridad en un 99% respecto del cuidado de la salud de las personas con capacidad de gestar.

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