Frente al reciente protocolo de Actuación en Manifestaciones, un análisis desde la voz de las y los trabajadores de prensa organizados. El rol del periodismo en salvajes represiones.   

A muchos de las y los trabajadores presentes en la Asamblea del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) que se realizó el sábado pasado nos tocó presenciar represiones brutales que terminaron con la vida de compañeros. Y somos bien conscientes de que muchas veces las balas apuntan también contra la prensa, como pasó cuando la Metropolitana reprimió en el Borda o en la Sala Alberdi, o como la bonaerense reprimió en el último Encuentro Nacional de Mujeres en Mar del Plata. Por eso es tan importante que a la vez que nos identificamos con los intereses y los métodos de la clase trabajadora, las y los periodistas tomemos dimensión de qué rol podemos jugar para ponerle algún límite a la represión.

Esta idea estuvo presente un día antes, cuando las y los trabajadores de Tiempo Argentino y otros de los medios del grupo Veintitrés se movilizaron al Ministerio de Trabajo, acompañados por el SiPreBA. Hubo una canción que fue coreada por todos, mientras cortábamos algunos carriles de la Avenida Alem. “Qué boludo, qué boludo, al nuevo protocolo, se lo meten en el culo”. A muchos nos hizo acordar a una canción parecida, que en lugar de nuevo protocolo decía “estado de sitio”.

Así fue quedando claro que los trabajadores y trabajadoras de prensa salimos a luchar contra patrones vaciadores y funcionarios que los apañan y que tampoco estamos dispuestos a respetar la nueva disposición de Mauricio Macri y Patricia Bullrich, que buscan disciplinar las futuras luchas, poniendo por delante la circulación vehicular a los derechos sociales de quienes reclaman pan y trabajo. Pero los laburantes de los medios también alzamos la voz para protestar porque el nuevo protocolo dispone encerrarnos en un corralito cuando estamos cubriendo una represión. En la asamblea general del SiPreBA, se votó unánimemente un texto titulado “El nuevo protocolo es un grave atentado a la libertad de prensa: No a la `zona determinada´”, donde se plantea bien claro que “los trabajadores de prensa no aceptamos ‘liberar la zona’ para que la policía reprima sin que queden evidencias”. La postura que tomó el SiPreBA, similar a la que tomó la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina, es una muestra contundente de que las y los trabajadores de prensa no olvidamos a Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. Ni el asesinato de Mariano Ferreyra. Ni la innumerable cantidad de veces que hemos visto el proceder brutal de la policía contra los manifestantes, como recientemente ocurrió con Cresta Roja. Y de la conciencia de que la presencia de cámaras es muchas veces la única forma de evitar la muerte. O de lograr que esos asesinatos no queden impunes. Tal como planteó el Colectivo de Trabajadores de Prensa en su última declaración: “Como gremio, el tema nos involucra muy de cerca por dos motivos: porque somos trabajadores que vamos a expresar nuestros reclamos con masividad y contundencia en las calles, y porque la decisión de dar vía libre a las fuerzas de seguridad para reprimir impunemente incluye la pretensión de encerrarnos en un corralito y aislarnos para impedir coberturas que dañen la imagen del gobierno. Para que no nos censuren y para que esté garantizada la libertad de expresión es imprescindible que alcemos nuestra voz contra ese protocolo diseñado para criminalizar la protesta social”.

A la par que se construye “un sindicato de los trabajadores, ni de los gobiernos, ni de los patrones”, como se canta cada vez más en las marchas y asambleas del SiPreBA, estamos defendiendo el derecho a la comunicación y la libertad de prensa: es nuestra manera de aportar para que las luchas del pueblo sean escuchadas, no reprimidas a fuego y sangre. La memoria de los compañeros caídos nos exige cumplir ese rol con responsabilidad y compromiso. La toma de posición es clara y está opuesta por el vértice a aquellos periodistas patronales que justifican y encubren la violencia policial y los planes de hambre del macrismo: no existe el periodismo independiente y objetivo: apostamos por “un periodismo al servicio de los trabajadores y el pueblo”. Va a ser más necesario que nunca en estos tiempos de donde nos quieren desmovilizar y aplicarnos un ajuste que -ya lo sabemos- sólo cierra con cada vez más represión.

*Secretario de Derechos Humanos del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y militante del Frente Popular Darío Santillán

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Protocolo de Actuación en Manifestaciones: Manual para que pegar sea legal

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El pasado miércoles, en la ciudad de Bariloche, se reunió el Consejo de Seguridad Interior para tratar, de manera prioritaria, la sanción del Protocolo de Actuación en las Manifestaciones Públicas.

Con la asistencia de los representantes de las carteras de Seguridad del 80% de las Provincias, nos hemos enterado de cómo vamos a ser reprimidos cada vez que salgamos a pelear por nuestros derechos. Patricia Bullrich, Ministra de Seguridad de la Nación, fue la vocera de este grave retroceso democrático.

Mucho palo por aquí, mucho palo por allá

Embanderándose en un discurso defensor de la libertad, los argumentos para sancionar el Protocolo afirman que la tarea del Estado es brindar la igualdad de derechos de todos los miembros de la Sociedad; razón por la cual se busca garantizar que quienes no participen de una manifestación pública no sientan un menoscabo en sus derechos.

Nada más fácil de deslegitimar que la trillada frase: “la libertad de un individuo o grupo, termina donde comienza la del otro”. No existe una diferencia jerárquica entre el derecho a la protesta y el derecho a la circulación; esto significa que los manifestantes podrían usar el mismo argumento para defenderse. Sin embargo, esta proposición, además de haber sido utilizada como fundamento del Protocolo, es moneda corriente en sentencias judiciales y en los grandes medios de comunicación; siempre buscando estigmatizar a quienes ejercen el derecho de protesta.

Entre los puntos tristemente destacados del Protocolo, debemos nombrar los siguientes:

• La protesta con interrupción de la circulación es un delito penal, tipificado por el artículo 194 del Código Penal.
• Se divide entre protestas programadas y espontáneas. Serán programadas aquellas que fueran informadas por los “líderes” de la manifestación. La pretensión de burocratizar la protesta social atenta contra una de las principales virtudes de la movilización callejera, que es la de ser el reflejo instantáneo de una injusticia que se está cometiendo en el aquí y ahora.
• Nunca la protesta debe obstruir la circulación. En caso de que suceda, el jefe de operativo dará la orden para que se produzca la apertura, de forma clara, bajo apercibimiento de ser sancionados por el nombrado artículo del Código Penal. Si los manifestantes deciden continuar con el corte, y una vez avisados los jueces de turno, las fuerzas de seguridad tendrán vía libre para hacer el desalojo. Eso sí, deberán atenerse a los principios de legalidad, oportunidad y gradualidad.
• Los medios de comunicación tendrán una zona determinada, con el fin de salvaguardar la integridad física de los periodistas y de que no interfieran en el procedimiento. Cabe preguntarnos qué va a pasar con las y los miles de comunicadores populares que no están en los cortes para informar que hay una calle abnegada, sino que se encuentran formando parte de la propia lucha.

Veinte años de un método

Este protocolo surge en un momento de avanzada neoliberal, que cada vez encuentra mayores puntos de conexión con el gobierno menemista. Justamente durante la década de 1990, surgió el piquete como método de lucha y visibilización de la clase trabajadora.

El 19 de junio de 1996, el piquete tuvo su bautismo de gloria en el marco de las jornadas en contra de los despidos, organizados en la ciudad neuquina de Cutral Có. Alrededor de 5 mil trabajadores despedidos, producto de la privatización de YPF, dieron luz a este efectivo método que en un muy poco tiempo se extendió a lo largo y ancho del país. De Neuquén a Tartagal, de allí al Puente Pueyrredón, los piquetes han sido un largo dolor de cabeza para los diferentes gobiernos.

El Movimiento Piquetero ha pasado por diferentes momentos, desde su origen hasta la actualidad. Fue el sector más dinámico de la lucha de clases en los finales de los noventa, siendo un actor relevante en las jornadas de diciembre de 2001. Con la llegada de Néstor Kirchner al gobierno, un amplio espacio de organizaciones piqueteras se sumó de diferente manera y por diferentes motivos al Frente Para la Victoria; mientras que muchas otras mantuvieron su independencia y siguieron teniendo un cierto protagonismo en las luchas que se fueron desarrollando en los años posteriores. Sin ánimos de hacer balances sobre el Movimiento Piquetero en sí, lo importante por destacar es el acierto de un método, el piquete, como forma de garantizar la atención de las clases gobernantes, de los intereses de los sectores populares.

Antidemocrático e Inconstitucional

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) sacó un rápido comunicado en el que explica las razones por la cual es inconstitucional el Protocolo, ya que se “limita de manera inconstitucional el derecho a la protesta al colocar al ‘orden público’ por encima de todo. Según la resolución dada a conocer hoy, la circulación es más importante que la integridad de las personas y que los derechos a la protesta y a la libertad”. En el mismo sentido, agrega que se amplían las facultades policiales para reprimir, y que no se prohíbe de manera taxativa el uso de armas de fuego.

Roberto Gargarella, reconocido abogado constitucionalista y acérrimo defensor del derecho a la protesta, se ha encargado de citar al filósofo John Rawls, para justificar el porqué de su postura. Resulta interesante retomarla: “Si tenemos vivienda, pero carecemos del derecho a movilizarnos y criticar a nuestras autoridades, no es dable esperar que estos últimos derechos emerjan de resultas de la existencia del primero (nuestro garantizado derecho a la vivienda). En cambio, si tenemos un amplio y genuino derecho a la crítica política, es dable esperar que ganemos nuevos derechos (y que preservemos intactos aquéllos con los que ya contamos) a resultas del primero: ahora podemos luchar por los que no tenemos”.

El Protocolo, fase superior de la Ley Antiterrorista

Esta norma no nace de un repollo, sino que es el resultado de un recorrido de intenciones varias de criminalizar la protesta social. El Poder Judicial ha jugado un rol importante para llegar hasta acá, ya que son muchas las sentencias cargadas de clasismo, donde se equipara a la protesta con la sedición (el caso de Marina Schifrin es paradigmático); y son miles los procesados por manifestarse.

En el plano legislativo, la Ley Antiterrorista marca un punto de inflexión. Sancionada en 2007 y modificada en 2011, por pedido expreso de organismos financieros internacionales, marcó un peligroso antecedente para las organizaciones sociales y la protesta social; ya que en su controvertido articulado se deja vía libre para homologar huelgas y protestas con actos terroristas.

Más recientemente, en abril de 2014, el diputado por el Frente Para la Victoria, Carlos Kunkel, presentó el proyecto titulado “Ley de Convivencia en Manifestaciones Públicas”, que contaba con muchos puntos de convergencia con el Protocolo, entre ellos: la obligatoriedad de dar aviso de 48 horas de anticipación, resaltando horario, lugar y motivo; y si no se cumplían esos requisitos, las fuerzas de seguridad irían a dispersarlos.

El proyecto presentado por el ex montonero fue una respuesta directa del discurso inaugural en la Asamblea Legislativa de marzo de 2014, pronunciado por Cristina Fernández de Kirchner. Allí, la ex mandataria instó a los legisladores a que aprueben “alguna normativa de respeto a la convivencia ciudadana”, recibiendo aplausos y ovaciones de parte del Bloque PRO.

¡La decisión está. La seguridad vuelve!

No es broma. Esa es la frase de cierre del Comunicado del Ministerio de Seguridad. El concepto de seguridad de Cambiemos es que no haya más protesta social. Seguridad no es vivienda digna. Seguridad no es salario igual a canasta básica familiar. Seguridad no es estabilidad laboral. Seguridad, para ellos, es que ningún grupo social puede afectar momentáneamente un camino.

Ante el envalentonamiento de la clase dominante –que se cree con total legitimidad para actuar y avanzar sobre los sectores populares–, es imprescindible que las organizaciones del campo popular demos una respuesta unitaria, que concentremos nuestras fuerzas para poner de pie una alternativa política que pueda hacerle frente al macrismo y sus aliados; que sea capaz de interpelar a los miles de trabajadores que ya empiezan a sentir y sufrir, estas políticas nefastas.

Las condiciones están. Tomemos la decisión de enfrentarlos con lucha y unidad.

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