En sólo una semana el gobierno PRO mostró que venía por todo. Baja de retenciones para los patrones del campo, emergencia energética, eliminación de subsidios y suba de tarifas, devaluación de casi un 50 por ciento y el pedido a los trabajadores a que ayuden a la economía al tiempo que impulsaba un protocolo para regular la protesta social y decretaba la emergencia en seguridad. La respuesta de los y las de abajo llegará el martes con una masiva y unitaria movilización a Plaza de Mayo.

La victoria de los halcones

Había dos miradas dentro del equipo PRO. Quienes proponían un ajuste gradual y quienes ganaron la pulseada, con la consigna de “Hay que avanzar enseguida con las medidas antipáticas”. La devaluación con su proporcional traslado a los precios y la designación por decreto de dos miembros de la Corte, marcan la victoria de los halcones en este inicio de gobierno.

Si la tarea era avanzar con “las promesas de campaña”, la consigna Pobreza Cero quedó para una segunda etapa y se avanzó con el ajuste, el retiro del cepo y la devaluación. La designación de empresarios, terratenientes, CEOS y ex defensores de la dictadura militar no terminó siendo solamente una expresión discursiva, como las primeras declaraciones sobre Venezuela de Mauricio Macri. El think tank del PRO decidió avanzar en el modelo asentado sobre la matriz agroexportadora y de alineamiento con Estados Unidos. En el día de hoy, en la primer cumbre del Mercosur de Macri, se verá expresado en pasos concretos dispuestos a avanzar en el nuevo ALCA, que es el TLC entre el Mercosur y la Unión Europea y en primeros pasos gestos hacia con la Alianza del Pacífico.

El desafío: Disciplinar la protesta social y al movimiento popular

Por “derecha y por izquierda”, todos coinciden. Después de la brutal devaluación y transferencia de recursos a los más poderosos, el escenario que tiene que resolver el nuevo gobierno nacional es el descontento de los trabajadores y trabajadoras expresado en las protestas que fueron protagonistas en la primera semana PRO y que se reforzarán a partir de hoy.

La propuesta de diálogo social, donde prime la “racionalidad” de empresarios y empleados y se logre avanzar por “el bien del país” quedó descartada después de la devaluación y hoy, al decidir de Van der Kooy, el riesgo es no caer en una inflación fuera de control. La falta de medidas a favor de los trabajadores ha generado un reclamo de todos los sectores gremiales por un bono de fin de año.

Ante la presión, el gobierno nacional se dio, al menos, tres tareas. La primera fue aplacar a algunos sindicatos con “poder de fuego”, con el manejo de las obras sociales. La segunda es disponer a los Ministerios de Desarrollo Social de Nación y Provincia a garantizar alimentos de fin de año y prometer diálogo con los movimientos sociales y finalmente, la tarea de avanzar en el disciplinamiento de la protesta o, al decir de Morales Solá, en el desafío de “apartar a los argentinos del conflicto social que convierte sus vidas, desde hace 14 años, en un infierno cuando salen al espacio público”. Esta dinámica “salvaje”, propia de “los días de furia” de 2002, debe ser enfrentada con un esquema integral que regule las protestas.

El llamado control territorial o del espacio público

La propuesta de avanzar con medidas que regulen la protesta social no es patrimonio de la derecha, ya que en abril de 2014 el FPV propuso una ley anti piquetes para regular la protesta social que fue masivamente rechazada. Hoy el PRO decide limitar el derecho a protestar en función de proteger el soberano derecho a la libre circulación. Siguiendo a Joaquín Morales Solá, “Patricia Bullrich tiene un plazo para elaborar un protocolo contra piquetes y cortes: el 29 de diciembre. La orden del Presidente es clara: primero deberá negociarse y, si las conversaciones fracasan, la Justicia y las fuerzas de seguridad deberán actuar en el acto”.

El intento de disciplinar a las organizaciones populares viene en combo. En la declaración de emergencia en materia de seguridad, Bullrich anunció la coordinación entre fuerzas de seguridad, poder judicial y agentes de inteligencia para tener éxito en su emprendimiento. Las palabras de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, fueron por demás elocuentes, haciendo alusión a Cresta Roja “el corte no es la manera de resolver los conflictos”.

Nadie mejor que la piba Bullrich para la tarea de criminalizar la protesta. Quien redujo salarios y jubilaciones con la Alianza dijo en aquel momento que la medida era dura pero necesaria. Hoy buscará conducir con “mano de hierro” a las fuerzas federales de seguridad para avanzar con el “control territorial”, un eufemismo de represión y judicialización de los y las luchadoras.

Si bien el gobierno PRO no quiere quedar asociado a una política represiva, sus prácticas en la Ciudad de Buenos Aires con la represión de la Metropolitana en el Borda y en el Indoamericano, son parte de la memoria colectiva de la población.

Aunque menos conocido, Fabián Jorge Rodríguez Simón -el ideólogo de cubrir por decreto a dos jueces de la Corte Suprema- fue justamente el responsable de impulsar la UCEP, la fuerza de choque por la que fueron procesados varios funcionarios por abusar del uso de la fuerza y desalojar violentamente del espacio público a personas en situación de calle.

La pelea por la bendición del representante de Dios

Macri saludó al Papa Francisco en su cumpleaños, con una frase peculiar: “La Argentina no será un problema para usted. Yo me encargaré de eso como presidente”. La idea de devolverle “libertad y tranquilidad” a la población, sería igual a abrir el país a los mercados y poner en orden el conflicto social (lo que está por verse). Pero hay que recordar que esa relación está tensionada. Macri recién logro una carta del Papa a través de la mamá de Triaca esta semana. Y por el otro lado, un sector del kirchnerismo y de movimientos populares vinculados a la CTA, que son parte del espacio de Movimientos Populares impulsado por Francisco con las consignas Tierra, Techo y Trabajo, podrían entrar en tensión con las políticas de Macri. Recordemos las fuertes críticas de Bergoglio cuando Macri desalojó el barrio Papa Francisco en Lugano, junto a las fuerzas federales comandadas por Sergio Berni.

Respuesta unitaria frente a la devaluación

El reclamo de un bono de fin de año para compensar la pérdida del poder adquisitivo ha surgido en todos los gremios. Las cinco centrales sindicales, la mayoría de los gremios, las organizaciones sociales y los trabajadores que sobreviven con la venta de su fuerza de trabajo reclaman una respuesta. La diferencia tal vez radica en que “los gordos” y las burocracias sindicales discuten con qué tajada se quedan mientras el resto evalúan dar una respuesta en las calles.

En este sentido, la convocatoria unitaria y masiva de un amplio abanico de gremios, agrupaciones sindicales, trabajadores y trabajadoras precarizados, de la economía popular, privados y estatales ha logrado aglutinar a fuerzas bien heterogéneas pero que comparten el reclamo y la urgencia de un bono de fin de año.

La convocatoria a una movilización que partirá de Belgrano y 9 de Julio hasta la Plaza de Mayo, con la consigna de bono navideño tuvo a la CTA Autónoma como convocante, pero rápidamente se sumaron gremios combativos como la Federación aceitera -que logró una importante victoria en las recientes paritarias-, la CTEP -que agrupa a trabajadores de la economía popular-; a las corrientes sindicales de los distintos partidos políticos del FIT, a la Corriente Político Sindical Rompiendo Cadenas que nuclea agrupamientos clasistas con base en estatales y docentes fundamentalmente, y a organizaciones políticas que van desde el PTS, El PO, IS, o el Frente Popular Darío Santillan, el Movimiento Evita, la Tupac Amaru.

Las evidentes diferencias políticas no han impedido convocar a una acción de lucha unitaria que dé una respuesta contundente ante la devaluación y ajuste ejecutado en los primeros días de gobierno. A menos que haya anuncios en las próximas horas, se prevé un inicio de semana marcado por la conflictividad social: la marcha de hoy de Cresta Roja, la movilización mañana de este amplio abanico de organizaciones sociales y políticas es una advertencia, no sólo a los reclamos populares sino el rechazo al intento de cercenar la protesta social.

El cierre de año prevé un 2016 con mayor conflictividad en donde el PRO tendrá que prever un plan para sostener aquello que prometió en campaña cuando su discurso prometió no desmantelar algunas de las reivindicaciones conquistadas por la población durante los últimos años.

En el caso de las organizaciones populares, de izquierda, además de la resistencia callejera queda pendiente el desafío de construir y comunicar un proyecto propio que permita sortear la lógica K/Anti K y narrar un proyecto popular, de las izquierdas en la búsqueda de una transformación radical de la sociedad.

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Ecuador se enfrenta a una coyuntura compleja de doble polarización. Las posiciones de la derecha, el llamado al Dialogo Nacional desde el gobierno y las movilizaciones que sostienen las organizaciones populares.

El llamado al Dialogo Nacional

El mes pasado Ecuador vivió un intenso clima de movilización y repudio, cuyo detonante fue el anuncio de la propuesta de Ley de Herencia, para gravar toda herencia superior a los 35 mil dólares, y la Ley de Plusvalía que buscaba la creación de un impuesto a las ganancias extraordinarias en las transferencias de bienes inmuebles. Estas marchas fueron en gran medida “fogueadas” por figuras de la derecha ecuatoriana, y se articularon en ellas importantes sectores medios, todo lo cual ocluyó mediáticamente las diferencias con las más antiguas demandas de sectores de oposición impulsados por representativas organizaciones sociales.

Como resultado de marchas que se multiplicaron por el territorio nacional, Rafael Correa anunció el 15 de junio, el retiro temporal de estas leyes. Luego, pocos días después el Presidente lanzo una convocatoria al “Dialogo Nacional por la justicia social y la equidad”, a fin de involucrar a toda la sociedad para discutir y analizar las condiciones estructurales que causan la pobreza, la desigualdad y evaluar las rutas que debe tomar el Ecuador en el futuro inmediato.

Las agendas y cronogramas de encuentros –que se prolongarán hasta el mes de diciembre–, están siendo coordinados por la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo –SENPLADES– y por la Asamblea Nacional. Según Pavel Muñoz (presidente de la primera) esta iniciativa no busca solamente discutir las leyes que han desatado el conflicto, sino que se trata de un debate profundo sobre el “el país que se quiere construir”. En este sentido se ha logrado en el transcurso del primer mes un total de 15 encuentros con comunidades y nacionalidades indígenas; sectores empresariales, de la economía popular; trabajadores y sindicatos a lo largo de siete provincias. A su vez Gabriela Rivadeneira, (presidenta de la Asamblea) indicó que las comisiones legislativas se desplazarán por todo el país hasta el mes de diciembre. Finalmente, y de acuerdo con lo informado en Telesur, Correa ha pedido al Canciller Ricardo Patiño, la relevante tarea de fortalecer los centros de la Revolución Ciudadana en el territorio nacional.

Entre los sectores que ya están participando de los encuentros del diálogo nacional se encuentran: organizaciones sociales, indígenas y campesinas del Ecuador como la Confederación de Pueblos, Organizaciones Indígenas y Campesinas del Ecuador (FEI), y la Federación de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), y el Frente Unido (FU), que aglutina a 15 agrupaciones políticas que apoyan a la Revolución Ciudadana.

La convocatoria al paro nacional y movilización indefinida

De otra parte la FUT (Frente Unitario de los Trabajadores) ha convocado a un paro nacional para el mes de agosto (del 6 al 13). Mientras que la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador –CONAIE–, en Asamblea General junto a organizaciones de base y regionales CONFENIAE, ECUARUNARI y CONAICE, han resuelto convocar una movilización indefinida que inició el 2 de agosto en Zamora Chinchipe y articulará para el día 13 con el paro nacional convocado por los trabajadores.

La CONAIE expresa así, la necesidad de posicionar su agenda propia en disonancia tanto con el gobierno como con los sectores de derecha, defendiendo la autonomía histórica de las demandas del Movimiento Indígena en el Ecuador. Entre sus principales puntos establecen: a) Recuperar la autonomía de la Educación Intercultural Bilingüe e inmediata reapertura de la Universidad Amawtay Wasi; b) Frenar el despojo de las tierras y territorios que se impulsa mediante la Ley de tierras, Ley de aguas y Ley de minerías; c) Fortalecer el control en los territorios; d) Archivar la propuesta de las enmiendas constitucionales propuestas por el Poder Ejecutivo, que promueve la restricción de derechos conquistados en la Constitución; e) Detener la persecución y judicialización implementada en contra de los líderes sociales, y sectores sociales organizados; f) Acabar con la corrupción institucionalizada y el estado de represión para construir la democracia plurinacional; g) Fortalecer la agenda unitaria con los demás sectores sociales; h) Ratificar pleno compromiso para derrotar el modelo de economía capitalista sustentada en la explotación petrolera y minera y establecer una economía comunitaria alternativa en coherencia con el Estado Plurinacional.

A contramano de la polarización

Tal y como se ha planteado en nota anterior por este medio (Ecuador: marchas y contramarchas por la Ley de Herencia), es una mirada simplista la que plantea el conflicto social en el Ecuador contemporáneo en términos de oficialismo y oposición desestabilizadora. Los móviles de las actuales medidas de fuerza son ampliamente diversos, asi mientras un Lasso (CREO), un Nebot o un Rodas (alcaldes de la derecha Guayaquileña y Quiteña) son claros exponentes de una oposición neoliberal, otros son los móviles del cuestionamiento al régimen por parte de los movimientos sociales y de sectores sindicalizados.

Preciso es caminar a contramano de esta doble polarización. Por un lado es necesario reconocer esta distancia de las pretensiones desestabilizadoras y electoralistas, frente a exigencias genuinas de los movimientos sociales; y por el otro, superar el diálogo de sordos que parece tener el gobierno de Rafael Correa específicamente con representantes de CONAIE o ECUARUNARI. Estos sectores son reiteradamente acusados tanto de “hacerle el juego a la derecha” como de haberse “alejado de sus bases” y por tanto ya no ser representativos.

De parte de estas organizaciones se acusa al gobierno de haber traicionado las premisas revolucionarias y anti coloniales de la misma Constitución de Montecristi. Es por esto que basados en que ya existió un “dialogo” en el año 2009 en torno al conflicto por la Ley de Aguas y Minería, en el cual las demandas del Movimiento Indígena no fueron incorporadas, y en los sucesivos embates y procesos de judicialización a sus líderes, estas organizaciones rechazan el actual diálogo y llaman a la movilización indefinida que vive Ecuador desde el pasado domingo 2 de agosto.

Nota relacionada:

Ecuador: trabajadores e indígenas convocan a paro nacional

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Las últimas semanas de la política ecuatoriana ponen en evidencia paradojas respecto de una movilización que pareciera no ser monopolio de los sectores populares. A partir del 8 de junio, los sectores opositores al Gobierno de Rafael Correa han colmado la calle de expresiones variopintas cuyos protagonismos y sentidos son necesarios identificar para lograr diferenciar “la paja del trigo”.

En particular, en esta ocasión, las movilizaciones fueron desatadas tras el anuncio de Correa respecto a la Ley de Herencia y Plusvalía con la cual se pretendía gravar las sumas de herencia superiores a los 35 mil y pico de dólares, partiendo desde un 5% hasta llegar progresivamente y conforme el monto de capital heredado hasta un 47%.

En palabras del presidente, se trataba de “un nuevo sistema impositivo para las herencias superiores a los cien salarios básicos unificados”, que equivalen a 35.400 dólares (existe ya un impuesto pero es inferior y se mantiene estable). Esto debía ser así, de acuerdo con el mandatario, porque el “patrimonio heredado” es un “factor de inequidad fundamental” dado que sólo tres de cada 100 mil habitantes reciben una herencia gravable, con lo cual se vería afectado por esta norma apenas un 2% de la población.

Mientras afirmaba vehementemente esto, Correa aclaró también que estaba dispuesto a asumir el “costo político” que la previsible resistencia de los sectores pudientes del Ecuador iba a ocasionarle, dado que la medida no afectaría a los sectores pobres, a quienes calificó como prioridad en su gobierno.

La justificación de esta ley es que su aplicación no tiene origen en la necesidad de recaudación fiscal sino que se trata de accionar en pos de disminuir la aún existente brecha de desigualdades. Así, los impuestos buscarían fines de equidad social, afectando a un dinero que muchas veces culmina en forma de fideicomisos o evasión fiscal, fuga de capital, en suma, dinero improductivo.

Desde el día siguiente al anuncio, las movilizaciones fueron multiplicándose en las diferentes ciudades del país. Allí, los sectores opositores y grupos de defensa al oficialismo llegaron en más de una ocasión a enfrentamientos violentos.

Esta ola de protestas, protagonizadas por amplios sectores medios, han sido impulsadas por representativas figuras de la derecha ecuatoriana (Lasso y Nebot a la cabeza). En las calles se escuchan consignas como ‘”Ecuador no es Venezuela”, “Fuera Correa, fuera” o “Abajo el dictador”.

Está claro para estas figuras que el problema es que el Estado necesita realizar una recaudación fiscal y por esto oprime a los sectores inversores que más han “colaborado” con las arcas en estos últimos años. Por otra parte, Gabriela Rivadeneira, presidenta recientemente reelecta en el Parlamento, ha sido muy enfática al aclarar que si se quisiera recaudación fiscal el impuesto se realizaría por ejemplo sobre el IVA (de por si bajo en el Ecuador, sobre todo en relación al 21% argentino) y no sobre una medida que afecta a quienes reciben más de 100 salarios mínimos de manera directa.

Recalculando

No sólo se eliminó a pocos días del anuncio la segunda tabla de impuestos (aplicable para herederos indirectos), sino que el pasado lunes 15 de junio Correa anunció que se dejarían sin efecto las leyes de Herencia y Plusvalía, en parte porque las protestas impulsadas por los sectores opositores han llevado a tal clima las calles que es necesario realizar un llamamiento a la paz. Todo esto encima, ¡en vísperas de que el 5 de julio acontezca la tan esperada visita del papa Francisco! Bergoglio para los conocidos.

Así, frente a la señal de “muchachos, la casa está en orden, felices pascuas” (obvio que Correa no lo dijo ni lo diría así), diversos sectores organizados han dicho que piensan seguir manifestándose en vista además de convocar a un paro nacional. Entre estos sectores encontramos a quienes desde el espectro políticamente contrario a banqueros y empresarios capitalistas son, efectivamente, quienes vienen demandando atención respecto de cuestiones que atañen a la efectiva democratización de la sociedad ecuatoriana.

En este sentido, el comunicado de las organizaciones indígenas CONAIE y Ecuarunari es contundente cuando dice que si el gobierno efectivamente quisiera una redistribución de las riquezas, atendería a las demandas sociales en torno a la Ley de Tierras y la Ley de Aguas, principales objeto de lucha de estos actores de manera sostenida durante los últimos años. Y es que estos sectores tienen legítimo derecho en no confiar en un presidente que sistemáticamente ha desoído los problemas que plantean no sólo en relación al tratamiento de estas leyes sino, adicionalmente, en lo que respecta a la persecución y criminalización de las protestas estudiantiles y de dirigentes indígenas (el Decreto 16), el tratamiento del plan familia y de la ley laboral, todas demandas que las organizaciones impulsan.

Frente a esta contramarcha, los comunicados denuncian que lo que el gobierno ha hecho es “retroceder miserablemente ante la derecha pero mantenerse indiferente frente a las demandas y movilización del movimiento indígena y las organizaciones sociales”, sectores para los cuales las protestas de la semana pasada no empezaron por la Ley de Herencias ni se reducen a los actos de la derecha, como los plantones de la tribuna de los Shyris y la caravana motorizada hacia el aeropuerto. Las movilizaciones indígenas y de trabajadores vienen desde el enfrentamiento a la ley minera, al extractivismo, por la desprivatización del agua, contra la firma del TLC con la Unión Europea, por la defensa del Yasuní, etc.

Identificando esto mismo, en uno de los documentos más interesantes en el análisis de lo que tiene de disputa política esta Ley de Herencia, el Foro de los Comunes afirma “procurar que las grandes fortunas aporten de un modo aún más decisivo al desarrollo nacional, y que no se evaporen del país por la vía de fideicomisos y cuentas en el extranjero, abre las opciones para que las clases altas se coloquen en un plano de igualdad política con el resto de sectores sociales cuyo trabajo forja a diario la riqueza de la nación”. Pero este foro de debate concluye que: “Sería del todo desacertado, no obstante, pensar que el conflicto de estos días se reduce a la cuestión impositiva y que las clases medias se agitan, inconscientes, en solidaridad con los grandes patrones y en protección egoísta de sus mucho más modestas propiedades (#trabajoparamishijos)”. Realizando a fin de cuentas un llamamiento a la lucidez política que comprenda que en democracia, el procesamiento del conflicto exige identificar las demandas democráticas.

Aquí pareciera ser que el error de haber considerado por igual a todos los actores en la batalla contra el corporativismo (sin tener en cuenta la naturaleza de este) está pasando factura. Es así que frente a una medida de relevancia contra del capital, se articulan diversos actores que vienen cansados de no ser reconocidos por el presidente como interlocutores colectivos validos. Este, sin embargo, es un problema que puede seguir ocultándose si el gobierno decide mantenerse en la senda del camino trazado en su tercer período de gestión, donde el reconocimiento de la capacidad de expansión territorial política que arrojaron los resultados de las últimas elecciones nacionales (no sólo respecto de la figura presidencial sino de la hegemonía de la fuerza de Alianza País en la Asamblea Nacional), propicia un contexto en el cual Correa puede (incluso) invocar a aplicar el artículo 105 de la Constitución para que quienes deseen, soliciten una consulta de revocatoria de mandato y lo saquen del poder. Como si esta fuese la solución real…

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