Por Mayra Latina Luna | Foto: Matías Minahk *

Sobre estos eufemismos se sostiene un proceso de reformas y medidas que el Gobierno de Jujuy viene implementando desde el año 2015. Reformas que se implementan en contra del pueblo jujeño y son regresivas y gravemente lesivas de Derechos Humanos con alto grado de protección en el ordenamiento jurídico de nuestro país.

La prohibición de los cortes de ruta, cortes de calles y la prohibición de la ocupación de edificios públicos provinciales, siendo estas modalidades legítimas y protegidas por el derecho la protesta, tal como lo recordó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el comunicado publicado el día 20 de junio implica la limitación del ejercicio de la libertad de expresión, reunión, asociación y manifestación, derechos con alto grado de protección y de necesaria garantía para el sostenimiento, promoción y defensa de la democracia.

La CIDH también recordó en su comunicado que resulta necesario tolerar que las manifestaciones puedan generar cierto nivel de perturbación en el desarrollo de la vida cotidiana en relación, por ejemplo, al tráfico y el ejercicio del comercio, e instó al Estado a respetar los estándares interamericanos en materia de protesta social. Cabe destacar que el derecho a manifestarse está garantizado por el artículo 14 bis y el artículo 75, inc. 22 de la Constitución Nacional, por la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

Esta no es la primera vez que la CIDH llama la atención a Jujuy, en el año 2017 el Estado Argentino y la Provincia de Jujuy fueron convocados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a una audiencia temática sobre “Represión y criminalización de la protesta social en Jujuy” en donde las organizaciones sociales, entre ellas ANDHES, denunciaron hechos de persecución penal, contravencional, represión, uso abusivo de la fuerza e ilegal limitación del derecho a huelga.

Por otro lado, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América Latina emitió un comunicado el día 21 de junio donde expresó su preocupación por el uso indebido de la fuerza por parte de efectivos policiales, las detenciones y judicializaciones de manifestantes e instó a las autoridades provinciales y nacionales a investigar “todo indicio de violaciones de derechos en el contexto de las manifestaciones contra la reforma constitucional en Jujuy” y exhortando al Gobierno provincial a evitar la escalada de violencia y cualquier retroceso en materia de Derechos Humanos, a la vez que llamó a un diálogo constructivo e intercultural que garantice la participación de los pueblos indígenas.

Además de lo regulado en el artículo N° 67, la reforma sancionada incorpora a la Constitución Provincial el código contravencional puesto en vigencia en 2016, a través del artículo N° 90 : “El Estado organizará un sistema contravencional dirigido a garantizar la convivencia pacífica entre los habitantes de la Provincia(…)”.  Durante el proceso de reforma constitucional express, el día 9 de junio se publicó en el Boletín Oficial el decreto N° 8464/2023, que agrava las multas a los manifestantes dispuestas en el artículo 113 del código contravencional. En su redacción actual, el artículo N° 113 prevé sanción de multa de hasta $8.000.000 y la posibilidad de cesantía e inhabilitación para empleados o funcionarios públicos, a quienes “alteren el orden, obstaculizando la libre circulación vehicular y/o peatonal(…)” habilitando a la fuerza policial a intimar a los manifestantes y dar intervención a la justicia penal. 

Este código contravencional es, desde 2016, la herramienta con la que el Gobierno de Jujuy viene atacando derechos democráticos y constitucionales, reprimiendo y persiguiendo manifestantes. Su incorporación a la Constitución Provincial implica la constitucionalización de la criminalización de la protesta y la vulneración del derecho a huelga.

Estas reformas, que forman parte de un proceso integral y sostenido en el tiempo por el Gobierno de Jujuy desde el año 2015 para la creación en el imaginario colectivo de un “enemigo interno”, implican el empleo de herramientas para el control social de ciertos sectores de la población, mediante la represión y el uso abusivo de la fuerza y se traducen en una grave lesión al principio de progresividad y no regresividad en materia de DDHH, que obliga a los Estados a sancionar leyes que amplíen la protección de los derechos y que en ningún caso afecten o disminuyan la garantía o protección de estos derechos. 

No se trata de una “regulación de la protesta” sino de la persecución penal y policial a manifestantes, con el fin de amedrentar y aleccionar a quienes quieran ejercer su derecho a protestar, criminalizandolos y poniendo en riesgo su integridad física, psíquica y su vida. Esto se evidenció en las violentas represiones y detenciones arbitrarias masivas que sucedieron entre el sábado 17 y el martes 20 de junio, en donde se empleó un uso arbitrario y desproporcionado de las fuerzas policiales, que dejó como saldo más de un centenar de personas detenidas, entre ellas niñas y adolescentes, muchas gravemente heridas.

*Publicada originalmente en Andhes

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El gobierno nos lleva a un colapso de proporciones inimaginables. Incertidumbre, desesperación, y la amenaza de que lo viene no es la prometida luz al final del túnel sino que puede ser aún peor.

Frente a las especulaciones y las operaciones mediáticas, la única certeza es que hay que frenar las políticas que buscan destruir todo lo que el pueblo ha conquistado: la educación, la ciencia, la salud, los derechos laborales, el derecho a tener derechos. Si no decimos Basta, nos quedamos sin país. La respuesta es con el protagonismo del pueblo, decidiendo sobre nuestros destinos.

Recalculando, un GPS que no funciona hace tiempo

Argentina está en crisis. Corrida cambiaria, megadevaluación, desabastecimiento en los supermercados, falta de medicamentos, inflación imparable, nuevos despidos, incertidumbre económica, crecimiento de la pobreza y ninguna propuesta para revertir nada de todo esto. No hay más alternativas en el modelo macrista, a excepción de un nuevo ajuste y una explosión más brutal. La necesidad de adelantar dinero y un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional muestra que las condiciones firmadas encorsetaron la economía argentina. No es metáfora. La política económica no la puede tomar el Ejecutivo sino el FMI y ese programa económico nos lleva al abismo, porque siempre es posible caer más bajo en el pozo en el que ya nos metieron.

La crisis económica no la generaron las huelgas, ni las protestas, ni la oposición. La coyuntura de zozobra que vive el país se generó por arriba, por decisiones y errores propios del Ejecutivo y por la respuesta de los mercados. Durante todo el fin de semana, Macri estuvo reunido con la mesa chica evaluando cómo salir de esta Macrisis a la que llegaron por su propio mérito. La primera respuesta fue operar: se recortarán 10, 8 o 9 ministerios, se irán uno o dos funcionarios, se aplicarán retenciones. No hay una sola confirmación del gobierno, pero prueban, ensayan con el conjunto del pueblo trabajador, cual ratas de laboratorio, cuál es la respuesta social. Ninguna de estas decisiones ha sido confirmada, en on, por el gobierno.

Se reúnen con los gobernadores y el PJ y piden gobernabilidad buscando acuerdos por fuera del partido y mostrar signos de fortaleza en medio de la hecatombe para llevárselos como trofeo al FMI, mientras agitan por las redes sociales con el ejército de trolls (que no sufrió el recorte y el ajuste) el rechazo a un “golpe peronista”. También hay operaciones sobre supuestos “saqueos” y acciones de “grupos piqueteros”. Los intentos desesperados de esta caja mediática del gobierno no están teniendo mucho éxito. Muchos de los llamados “saqueos” fueron robos lisos y llanos y los movimientos sociales han sido claros y explícitos en sus reclamos y sus protestas. Es llamativo que no haya habido mayores niveles de conflictividad ante la crisis que se vive en los barrios populares.

Las posibles salidas y el debate de fondo

Poner el eje en la discusión sobre si el gobierno debe terminar su mandato o si hay que “echarlo ya”, dando por hecho que son dos miradas políticas dentro del campo nacional y popular, deja de lado la realidad más concreta y preocupante que es la que gran parte del país vive en estos días. El problema no es Macri ni Marcos Peña ni las modificaciones de funcionarios que pueda hacer el gobierno, sino la realidad de políticas que están desguazando a la Argentina. ¿Una salida anticipada del gobierno y un recambio con el nombre que sea modificaría la política del gobierno de Macri? La realidad es que se necesita un freno de estas políticas ya y asumir que esto fracasó más allá de la especulación política y el 2019.

Una política de déficit cero, de mayor ajuste, sólo nos lleva al peor de los escenarios. Una deuda que no podrán pagar ni nuestros hijos ni nuestras nietas, un crecimiento de la desocupación y el hambre que ya vivimos y aún persiste en la memoria colectiva, un país para pocos, donde se rematen los derechos y se reprima la posibilidad de reclamarlos.

En las versiones que corrieron hasta hoy, se habló de eliminar el Ministerio de Salud, de Trabajo y de Ciencia. No debería sorprender tanto cuando se viene desfinanciando las universidades y no cambio un ápice la política del gobierno después de una inmensa y federal marcha por la educación pública.

Editorialistas de derecha y compañeros de izquierda, como Martín Obregón, coinciden en lo que importa de Fondo: este modelo busca transformar estructuralmente la economía. El rol de los y las trabajadoras, el derecho a huelga, los convenios colectivos de trabajo, el derecho a la protesta, las paritarias, los derechos a una educación y salud públicas y gratuitas y la mercantilización de absolutamente todos los derechos. Un periodista lo decía con estas palabras: la hecatombe tuvo un efecto paradojal porque “arregló por las malas lo que no se podía hacer por las buenas, regularizó variables y parió un nuevo modelo económico”. El dólar que estaba estable, la carrera entre salarios e inflación, el nivel de ajuste permitido, entre otros puntos, se modificaron radicalmente desde la disparada del dólar y el acuerdo con el FMI.

Frente a esto, la realidad es que urge frenar estas políticas porque de continuar así el 2019, gane quien gane, no quedará país para gobernar. Especulan quienes pueden hacerlo, pero el ajuste y la crisis la pagan siempre los sectores más humildes.

La respuesta de lxs de abajo

Lo que mejor ha hecho este gobierno en estos 3 años (para ellos) es hacer funcionar la lógica del “si pasa, pasa”. Lo hicieron con el 2×1 a los genocidas de la última dictadura cívico-militar, con el intento de que el 24 de marzo se convirtiera en un feriado puente, más recientemente con la venta de terrenos de la Universidad de San Martín, entre tantas otras medidas.

Cada vez que el pueblo salió a la calle a manifestarse de manera rotunda y masiva contra los avances del gobierno, retrocedieron en sus políticas. Cada vez que se impulsaron reclamos sectoriales, específicos, el gobierno logró dividir, segmentar y resolver con carpetazos, subsidios, acuerdos, o palos a los reclamos del pueblo. No hay duda de que con las consecuencias que se viven hace 3 años, con mayor pobreza, hambre y desigualdad, no tener un nivel de conflictividad mayor es mérito del gobierno. Pero los tiempos se acabaron. Un gobierno elegido democráticamente tiene que asumir cuando las grandes mayorías rechazan las medidas que se llevan adelante. Y eso es lo que hoy expresa el conjunto de la población.  Dejar que avancen con el ajuste hoy es aceptar que la derrota pueda ser más profunda. No son tiempos de especulaciones. Son tiempos para organizarse y salir en unidad a la calle, para gritar basta y exigir que el GPS, esta vez, cambie de rumbo.

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Empieza un año y con él, conviven la continuidad de políticas gubernamentales, pero también surgen las primeras miradas hacia el futuro próximo. Nuestro primer análisis de 2017 con una pregunta motora: ¿Cuál será el nuevo futuro movilizador de las pasiones sociales?

Un mundo diferente

El reemplazo de Alfonso Prat-Gay por el flamante ministro de Hacienda Nicolás Duvojne, en las vísperas del primer aniversario del gobierno de Cambiemos es un hecho significativo. En la conferencia de prensa que brindó Marcos Peña junto a Dujovne (Hacienda) y Luis Caputo (Finanzas) el nuevo ministro se comprometió a lograr “una mejora del gasto en infraestructura y la reducción de impuestos distorsivos” además de “bajar los costos que impiden que la Argentina pueda duplicar su producción exportable”. Si bien no quedó expresado en la conferencia de prensa, lo que preocupa al presidente Macri es el “costo laboral” como un obstáculo para la llegada de inversiones, lo mismo que reducir el déficit fiscal, algo que Dujovne viene pregonando desde el diario La Nación y el canal TN en sucesivas intervenciones. Lejos estamos de querer salvar la ropa del expulsado Prat-Gay –artífice del repudiable pago a los fondos buitres comandados por Paul Singer– pero en los hechos, el nuevo rumbo económico que propone el gobierno es un reforzamiento del credo neoliberal que también incluye la vuelta al endeudamiento externo de la mano de actores como el FMI y el Banco Mundial. ¿Cuál es el problema? Un mundo a contramano.

Ocurre que el paradigma neoliberal y, más precisamente, su “fase de globalización” están en crisis desde hace rato. Ya el historiador inglés Perry Anderson[i] advirtió que el neoliberalismo, a diferencia del liberalismo clásico, es primero una propuesta ideológica antes que un modelo de funcionamiento de la economía y el gobierno. Un proyecto pacientemente incubado en pequeños círculos académicos primero, de la mano de teóricos como Friedrich von Hayek y Milton Friedmann en respuesta a las políticas intervencionistas de post guerra y el nuevo igualitarismo promovido por el Estado-Bienestar. Los años setenta y la década siguiente estuvieron marcados por el triunfo de la ideología neoliberal. Con matices, los gobiernos de Margaret Thatcher en Inglaterra, Ronald Reagan en Estados Unidos y la dictadura de Augusto Pinochet en Chile –golpe de estado mediante–, que derrocó al presidente de la Unidad Popular, Salvador Allende, fueron la expresión pionera de la hegemonía de una nueva derecha en Europa y en Norteamérica. Con el objetivo de reestablecer la tasa de ganancia empresarial, se alternaron recetas que pregonaban la necesidad de un “Estado fuerte” capaz de “romper la fuerza de los sindicatos y de controlar estrictamente la evolución de la masa monetaria”. Para este fin, es necesaria una “disciplina presupuestaria”, acompañada de una “restricción de los gastos sociales” y la restauración de una llamada “tasa natural de desempleo”, es decir, de la creación de un ejército de reserva de asalariados –batallones de desempleados y desempleadas– que permita debilitar a los sindicatos. Por otra parte, deben introducirse “reformas fiscales” a fin de estimular a los “agentes económicos” a ahorrar e invertir. ¿Suena conocido? Claro que sí.

En un artículo reciente[ii], Álvaro García Linera se anima a sentenciar que la “globalización ha muerto”, una idea que polemiza con quienes anunciaron (no hace mucho) el “fin de la historia”, luego del derrumbe de la URSS y la “derrota de la alternativa del socialismo de Estado”, con la caída del muro de Berlín en 1989 como hecho simbólico de la derrota. Pero ya en la primera década del siglo XXI, sobre todo en América Latina, se vieron los primeros brotes de resistencia anti neoliberal de la mano de revueltas populares, obreras, campesinas e indígenas que se levantaron contra el mandato que decretaba el fin de la lucha de clases. Para el Vicepresidente de Bolivia, el “fin de la historia” comienza a mostrarse como una “singular estafa planetaria” e identifica el año 2009 en Estados Unidos, cuando el presidente Obama debió recurrir al vapuleado Estado “considerado una traba a la libre empresa”, para “estatizar parcialmente la banca y sacar de la bancarrota a los banqueros privados”.

Un pálido reflejo

El gobierno del presidente Macri está frente a una encrucijada inexorable. El “mundo” no crece como hace 20 años, en particular las economías exportables; la liberalización de los mercados ya no es el “motor de la economía planetaria”. Como dice Linera, “la globalización ya no representa más el paraíso deseado en el cual se depositan las esperanzas populares ni la realización del bienestar familiar anhelado”. Por eso el gobierno de Cambiemos tiene problemas cuando prometió “pobreza cero”, pero en menos de un año de gestión se vio obligado a declarar la “emergencia social”, producto de la presión “por abajo” de sectores de la clase trabajadora, excluidos de la lluvia de inversiones que prometió la revolución del reverendo alegría.

La renuncia de Gran Bretaña a la Unión Europea, la victoria electoral de Donald Trump en Estados Unidos con la promesa del retorno a un proteccionismo económico que vuelva “grande a América otra vez” renunciando a los tratados de libre comercio son señales negativas para las aspiraciones del capitalismo periférico que representan países como la Argentina y otros de la región. Un escenario internacional que dibuja un interrogante enorme frente a un año electoral clave para el oficialismo en la Argentina, que debe hacer frente a una agenda social compleja, producto de medidas reaccionarias y antipopulares, con minoría parlamentaria y un malestar social creciente.

Este es el fondo de la cuestión. Como advierte Linera, en los países capitalistas lo que queda es una “inercia sin convicción que no seduce”. Aunque esta inercia, falta de convicción o apatía, a veces se traduce en pequeños estallidos de descontento, como los ocurridos en la toma de la Comisaría 38 del barrio de Flores en la Ciudad de Buenos Aires, luego de que un chico de 14 años fuese asesinado. Según la denuncia de vecinos, es la propia policía (Federal) la que regentea el delito y libera zonas para el accionar de los delincuentes que como en este caso se llevaron la vida y los sueños de Brian y provocaron la reacción masiva y asamblearia de los vecinos de Flores.

A propósito, Joaquín Morales Solá desde el diario La Nación se apresuró a denunciar la presencia de “barras” en la toma de la Comisaría, que no tenían otro objetivo que generar “caos social”, según el columnista, hay un vínculo entre la “violenta toma” de la comisaria y la agresión sufrida por el presidente Macri en Neuquén, donde se intentó vincular a trabajadores estatales, sin pruebas que sustenten la acusación más que la palabra del gobierno y sus espadas mediáticas. El mismo Morales Solá le recrimina al Jefe de Gobierno la CABA, Rodríguez Larreta, porque no se ocupa de la seguridad de la Ciudad ni del control de la protesta social. Un eufemismo para pedir que haya más policía para reprimir las movilizaciones y cortes, el mismo pedido que hace semanas atrás hacía Ricardo Roa desde el diario Clarín.

Hoy en la Argentina hay presos políticos, como Milagro Sala, recientemente sentenciada con un fallo vergonzoso y preocupante por un hecho menor del que no participó directamente luego de estar presa un año, producto de una detención arbitraria en el marco de una protesta en la capital de Jujuy. El disciplinamiento de la protesta social y la criminalización de las demandas populares es la respuesta al descontento popular creciente frente a las políticas regresivas del gobierno de Macri, que no hizo más que recomponer el nivel de ganancias de los sectores más concentrados de la economía sin que “derrame” ni una gota para el lado de los sectores populares.

Habrá que hacer un balance acerca de por qué es la nueva derecha quien logra canalizar las “frustraciones sociales” que genera la propia ideología neoliberal de la que –hay que decirlo– contribuyeron algunos “progresismos” incapaces de hacer frente a la “presión del capital financiero”. Es necesario preguntarse junto con Linera: ¿Cuál será el nuevo futuro movilizador de las pasiones sociales? La respuesta está en parte en la capacidad de reacción de la amalgama de sectores y actores que pusieron una paréntesis a la “larga noche neoliberal” durante la primera década del siglo XXI pero también a la construcción de alternativas sociales y políticas que sean capaces de revertir el ciclo neoliberal bajo otros supuestos de gestión eficiente y alternativa de los problemas y las frustraciones cotidianas. Si hace falta un Estado, que sea para poner al pueblo trabajador en el centro y no al mercado. A la democracia directa, participativa, asamblearia por sobre la tiranía mediática de los “grandes medios” transformados en grupos económicos. El escenario es abierto, pero si existe un “empate hegemónico” (no parece), vale la pena intentarlo.

[i] https://marxismocritico.files.wordpress.com/2011/10/neoliberalismo_p-_anderson.pdf

[ii] https://www.pagina12.com.ar/11761-la-globalizacion-ha-muerto

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La implementación del Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad en Manifestaciones Públicas conlleva a una serie de reflexiones sobre la postura del mismo Estado ante la protesta social como legítima forma de reclamo a derechos desatendidos y pisoteados.

El Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas, anunciado bajo resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación, busca regular la protesta social a partir de una obligación de “informar” y esperar “autorización” antes de emprender el recorrido de un corte o piquete. En ese sentido, la Ministra de Seguridad explicó que, “no es que se van a prohibir todas las manifestaciones; no se van a prohibir las que estén programadas y se avisa cuál es el recorrido”.

Si el recorrido de una manifestación o el lugar de un corte, si la cantidad de manifestantes o el tiempo a realizarse es considerado “no apropiado” por parte de los funcionarios de gobierno y, tras 5 o 10 minutos de negociación con los involucrados, la situación se resuelve “positiva o negativamente”, se procederá a la “deposición, desalojo o disolución” de la movilización convocada. Y en caso de negarse, los manifestantes comenzarán a ser considerados por delitos cometidos en flagrancia, de acuerdo al Código Procesal Penal.

Sin entrar en el infinito debate sobre cuál de los derechos reconocidos constitucionalmente es más importante, en todas las disposiciones del Protocolo se revela un problema mucho más profundo y grave: la forma que tiene el Estado de entender y, por ende, de tratar, a la protesta social. Este Protocolo es una pieza más de un largo conjunto de medidas públicas que esconde una forma reduccionista y racista de entender la protesta.

Por un lado, se ha hablado de la “cultura del corte” como aquello que se busca atacar con este procedimiento estandarizado de actuación de las Fuerzas de Seguridad. Hablar de una “cultura” existente es creer que la gente protesta por la protesta misma, que a una manifestación la hacen porque les gusta o hay quienes prefieren cortar una calle antes de hacer cualquier otra cosa con su tiempo, con su vida, con su cuerpo. O incluso, las declaraciones de la Ministra sugieren que algún grupo de personas podría querer “prensa”, y un piquete, entonces, no sería otra cosa que una “performance” particular en un escenario “privilegiado” que es la vía pública. Esto revela una forma reduccionista, simplista y descomprometida de entender y atender a la protesta social.

Por otro lado, las reacciones a favor de este Protocolo no han hecho más que desnudar otra vez el racismo recalcitrante que atraviesa a nuestras sociedades. Desde ese lugar, se entiende que el piquete es cosa de “la negrada”, del “choriplanero”, del “vago”, del “grasa”. Sin entrar en el análisis sobre la composición de clase de algunas de las protestas más grandes y determinantes de los últimos años en el país (como lo fueron las manifestaciones en 2008 por la aprobación a las retenciones móviles a las exportaciones de soja; o las ocupaciones de la vía pública tras el “corralito” a los ahorros en dólares de 2001; o las marchas por la muerte del Fiscal Nisman en 2014), se asocia la protesta a la “barbaridad” y al carácter incivilizado de un proceder que desconoce las instituciones del orden vigente.

Pero la protesta social, además de consagrarse como un derecho, es una práctica política de denuncia y de visibilización de una situación de vulneración, negación o falta de acceso a otro derecho, tal como lo puede ser la alimentación, la salud, la educación, la tierra o la vivienda, la cultura o la identidad de género.

Años de investigación sobre conflictos, sujetos y organizaciones políticas que utilizan y elijen el corte o el piquete como forma de protesta demuestran que lo hacen como una vía de denuncia que tiene una situación prologada de demandas y necesidades desatendidas, olvidadas o desestimadas.

Son esos los verdaderos problemas de fondo que no podemos dejar de atender como sociedad, son esas demandas y necesidades sin solución las que un Estado que se dice promotor de la justicia y la paz social no puede negar o desestimar. Si eso sucediera, allí no caben más adjetivos que la incivilidad o la barbaridad de esa sociedad y de ese Estado que dejan sin amparo ni respuesta a sus integrantes más débiles. Más escandaloso parece, entonces, pensar que si no se llega a acordar una solución a esos verdaderos problemas de quienes protestan, en un lapso de 5 o 10 minutos, seguramente les valdrá como mínimo una imputación penal. Eso es una extorsión.

Si frente a un grupo social que sobre el escenario de la vía pública denuncia una situación de precariedad y riesgo, no tenemos más que un Estado que responde, antes que nada, con la fuerza y la amenaza, lejos de un modo dialoguista de sociedad, tenemos un modelo indolente, egoísta y fragmentador. En tales circunstancias, la ansiada paz social, o el mítico “orden público” se vuelven entelequias, eufemismos sin sentido.

Frente a ello no podemos sino preguntarnos otra vez qué significa la seguridad para esta sociedad: ¿seguridad para quién y para qué? Y otra vez no podemos sino denunciar que la seguridad viene hace varias décadas entendiéndose como sinónimo de policialización y militarización del Estado y de la sociedad entera. Aun cuando el cinismo parece no pesar sobre quienes no dejan de reconocer que la corrupción y el autoritarismo son dos notas propias de los cuerpos policiales de todas las jurisdicciones provinciales.

Desconocemos así que la única forma que tiene el Estado para responder a los problemas que genera la forma actual de organización social, política y económica es con represión y castigo. Para matar y violentar, alcanzan 5 o 10 minutos; para pensar y construir una sociedad con equidad y real libertad para todos y todas, necesitamos mucho más tiempo que eso.

*Integrante del Colectivo de Investigación “El llano en llamas”. Militante del Encuentro de Organizaciones- Córdoba.

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El pasado miércoles, en la ciudad de Bariloche, se reunió el Consejo de Seguridad Interior para tratar, de manera prioritaria, la sanción del Protocolo de Actuación en las Manifestaciones Públicas.

Con la asistencia de los representantes de las carteras de Seguridad del 80% de las Provincias, nos hemos enterado de cómo vamos a ser reprimidos cada vez que salgamos a pelear por nuestros derechos. Patricia Bullrich, Ministra de Seguridad de la Nación, fue la vocera de este grave retroceso democrático.

Mucho palo por aquí, mucho palo por allá

Embanderándose en un discurso defensor de la libertad, los argumentos para sancionar el Protocolo afirman que la tarea del Estado es brindar la igualdad de derechos de todos los miembros de la Sociedad; razón por la cual se busca garantizar que quienes no participen de una manifestación pública no sientan un menoscabo en sus derechos.

Nada más fácil de deslegitimar que la trillada frase: “la libertad de un individuo o grupo, termina donde comienza la del otro”. No existe una diferencia jerárquica entre el derecho a la protesta y el derecho a la circulación; esto significa que los manifestantes podrían usar el mismo argumento para defenderse. Sin embargo, esta proposición, además de haber sido utilizada como fundamento del Protocolo, es moneda corriente en sentencias judiciales y en los grandes medios de comunicación; siempre buscando estigmatizar a quienes ejercen el derecho de protesta.

Entre los puntos tristemente destacados del Protocolo, debemos nombrar los siguientes:

• La protesta con interrupción de la circulación es un delito penal, tipificado por el artículo 194 del Código Penal.
• Se divide entre protestas programadas y espontáneas. Serán programadas aquellas que fueran informadas por los “líderes” de la manifestación. La pretensión de burocratizar la protesta social atenta contra una de las principales virtudes de la movilización callejera, que es la de ser el reflejo instantáneo de una injusticia que se está cometiendo en el aquí y ahora.
• Nunca la protesta debe obstruir la circulación. En caso de que suceda, el jefe de operativo dará la orden para que se produzca la apertura, de forma clara, bajo apercibimiento de ser sancionados por el nombrado artículo del Código Penal. Si los manifestantes deciden continuar con el corte, y una vez avisados los jueces de turno, las fuerzas de seguridad tendrán vía libre para hacer el desalojo. Eso sí, deberán atenerse a los principios de legalidad, oportunidad y gradualidad.
• Los medios de comunicación tendrán una zona determinada, con el fin de salvaguardar la integridad física de los periodistas y de que no interfieran en el procedimiento. Cabe preguntarnos qué va a pasar con las y los miles de comunicadores populares que no están en los cortes para informar que hay una calle abnegada, sino que se encuentran formando parte de la propia lucha.

Veinte años de un método

Este protocolo surge en un momento de avanzada neoliberal, que cada vez encuentra mayores puntos de conexión con el gobierno menemista. Justamente durante la década de 1990, surgió el piquete como método de lucha y visibilización de la clase trabajadora.

El 19 de junio de 1996, el piquete tuvo su bautismo de gloria en el marco de las jornadas en contra de los despidos, organizados en la ciudad neuquina de Cutral Có. Alrededor de 5 mil trabajadores despedidos, producto de la privatización de YPF, dieron luz a este efectivo método que en un muy poco tiempo se extendió a lo largo y ancho del país. De Neuquén a Tartagal, de allí al Puente Pueyrredón, los piquetes han sido un largo dolor de cabeza para los diferentes gobiernos.

El Movimiento Piquetero ha pasado por diferentes momentos, desde su origen hasta la actualidad. Fue el sector más dinámico de la lucha de clases en los finales de los noventa, siendo un actor relevante en las jornadas de diciembre de 2001. Con la llegada de Néstor Kirchner al gobierno, un amplio espacio de organizaciones piqueteras se sumó de diferente manera y por diferentes motivos al Frente Para la Victoria; mientras que muchas otras mantuvieron su independencia y siguieron teniendo un cierto protagonismo en las luchas que se fueron desarrollando en los años posteriores. Sin ánimos de hacer balances sobre el Movimiento Piquetero en sí, lo importante por destacar es el acierto de un método, el piquete, como forma de garantizar la atención de las clases gobernantes, de los intereses de los sectores populares.

Antidemocrático e Inconstitucional

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) sacó un rápido comunicado en el que explica las razones por la cual es inconstitucional el Protocolo, ya que se “limita de manera inconstitucional el derecho a la protesta al colocar al ‘orden público’ por encima de todo. Según la resolución dada a conocer hoy, la circulación es más importante que la integridad de las personas y que los derechos a la protesta y a la libertad”. En el mismo sentido, agrega que se amplían las facultades policiales para reprimir, y que no se prohíbe de manera taxativa el uso de armas de fuego.

Roberto Gargarella, reconocido abogado constitucionalista y acérrimo defensor del derecho a la protesta, se ha encargado de citar al filósofo John Rawls, para justificar el porqué de su postura. Resulta interesante retomarla: “Si tenemos vivienda, pero carecemos del derecho a movilizarnos y criticar a nuestras autoridades, no es dable esperar que estos últimos derechos emerjan de resultas de la existencia del primero (nuestro garantizado derecho a la vivienda). En cambio, si tenemos un amplio y genuino derecho a la crítica política, es dable esperar que ganemos nuevos derechos (y que preservemos intactos aquéllos con los que ya contamos) a resultas del primero: ahora podemos luchar por los que no tenemos”.

El Protocolo, fase superior de la Ley Antiterrorista

Esta norma no nace de un repollo, sino que es el resultado de un recorrido de intenciones varias de criminalizar la protesta social. El Poder Judicial ha jugado un rol importante para llegar hasta acá, ya que son muchas las sentencias cargadas de clasismo, donde se equipara a la protesta con la sedición (el caso de Marina Schifrin es paradigmático); y son miles los procesados por manifestarse.

En el plano legislativo, la Ley Antiterrorista marca un punto de inflexión. Sancionada en 2007 y modificada en 2011, por pedido expreso de organismos financieros internacionales, marcó un peligroso antecedente para las organizaciones sociales y la protesta social; ya que en su controvertido articulado se deja vía libre para homologar huelgas y protestas con actos terroristas.

Más recientemente, en abril de 2014, el diputado por el Frente Para la Victoria, Carlos Kunkel, presentó el proyecto titulado “Ley de Convivencia en Manifestaciones Públicas”, que contaba con muchos puntos de convergencia con el Protocolo, entre ellos: la obligatoriedad de dar aviso de 48 horas de anticipación, resaltando horario, lugar y motivo; y si no se cumplían esos requisitos, las fuerzas de seguridad irían a dispersarlos.

El proyecto presentado por el ex montonero fue una respuesta directa del discurso inaugural en la Asamblea Legislativa de marzo de 2014, pronunciado por Cristina Fernández de Kirchner. Allí, la ex mandataria instó a los legisladores a que aprueben “alguna normativa de respeto a la convivencia ciudadana”, recibiendo aplausos y ovaciones de parte del Bloque PRO.

¡La decisión está. La seguridad vuelve!

No es broma. Esa es la frase de cierre del Comunicado del Ministerio de Seguridad. El concepto de seguridad de Cambiemos es que no haya más protesta social. Seguridad no es vivienda digna. Seguridad no es salario igual a canasta básica familiar. Seguridad no es estabilidad laboral. Seguridad, para ellos, es que ningún grupo social puede afectar momentáneamente un camino.

Ante el envalentonamiento de la clase dominante –que se cree con total legitimidad para actuar y avanzar sobre los sectores populares–, es imprescindible que las organizaciones del campo popular demos una respuesta unitaria, que concentremos nuestras fuerzas para poner de pie una alternativa política que pueda hacerle frente al macrismo y sus aliados; que sea capaz de interpelar a los miles de trabajadores que ya empiezan a sentir y sufrir, estas políticas nefastas.

Las condiciones están. Tomemos la decisión de enfrentarlos con lucha y unidad.

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Una crónica de la Plaza de Mayo que sigue luciendo carpas y banderas en apoyo a Milagro Sala; una reflexión sobre la condena de la protesta social y el ataque contra trabajadoras y trabajadores; una mirada sobre los movimientos sociales, resistiendo ayer y hoy.

La Plaza Mayor de Buenos Aires, hoy Plaza de Mayo, es tan antigua como la ciudad misma, la fundación de Juan de Garay ya había dejado el trazado del lugar y desde el comienzo fue escenario de los acontecimientos más conmovedores de la historia que convocaron al pueblo.

Desde hace más de diez días esa plaza está ocupada por un campamento instalado por un conjunto de organizaciones como medida de repudio y con la intención de forzar alguna negociación por la liberación de Milagro Sala. Recordamos que la dirigente fue detenida en Jujuy por protestar frente a la casa de gobierno, el 16 de enero, y cuando esa causa judicial se caía, se embistió con un nuevo procesamiento por asociación ilícita que la retiene en la cárcel con la complicidad de un poder judicial que acaba de renovarse a la medida del nuevo gobernador Gerardo Morales, enemigo acérrimo de Milagro y de los sectores populares. Así, el gobierno nacional se encarga de mostrar gestos políticos que avalan las acciones del provincial contra la protesta social que encarna la dirigente social.

La detención de Milagro Sala generó amplias repercusiones en el campo popular porque en ella se reconoce la persecución y estigmatización de la protesta social. Frente a la noticia se produjeron algunas manifestaciones del campo popular. El viernes 22 de enero las organizaciones decidieron llevar adelante un plan de acción de cortes simultáneos en distintos puntos del país: 500 cortes bajo la consigna “Si nos tocan a uno nos tocan a todos”. A continuación, el miércoles 27 de enero hubo una numerosa movilización convocada por un nutrido conjunto de organizaciones sociales y políticas de un amplio arco, de la Argentina, que marcharon en la Ciudad de Buenos Aires desde el Congreso hasta Plaza de Mayo contra la criminalización de la protesta social y por la libertad de Milagro Sala. El mismo día 27 en Plaza de Mayo, casi en simultáneo, otras organizaciones populares y sindicatos junto a la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, CTEP, iniciaron un acampe para reclamar la liberación de la dirigente.

Un gobierno consecuente

Apenas asumido el gobierno de Mauricio Macri, aparecieron los primeros gestos de lo que luego empezó a repetirse en el accionar de las fuerzas de seguridad. La represión a los trabajadores despedidos de Cresta Roja y la expresión pública de los gobernantes: reprimir cualquier protesta. La actual ministra de seguridad, Patricia Bullrich, célebre por haber reducido el 13% a los haberes jubilatorios durante el gobierno de la Alianza, expresó sin ponerse colorada que ella había dado la orden de reprimir a los trabajadores, y que no le había hecho falta consultar al Presidente. Así, se escucha el enunciado de una política de gobierno que recae sobre los sectores populares.

Al mismo tiempo, se produjeron una catarata de despidos en el ámbito público bajo un argumento que esgrime razones poco comprobables que pegan mediáticamente en la conciencia de cualquier trabajador: ñoqui, o sea cobrar sin trabajar.

A los despidos de las y los trabajadores del Estado, en todos los ámbitos, se empezaron a suceder despidos en el sector privado y un nuevo enunciado: un tope para las negociaciones paritarias. Se desplegó entonces una política de ajuste sobre las variables de la economía, que empezó a producir daños sobre las clases populares en poco tiempo.

Devaluación, despidos masivos, aumentos descontrolados del precio de los alimentos, represión y judicialización de la protesta es una parte de un conjunto de acciones que parecen estar mostrando claras intenciones de disciplinamiento social. Un destino inexorable se avizora: aumento de la protesta y la conflictividad social, y una sucesión que empieza a tener intenciones de meter miedo en las clases trabajadoras.

Aún está fresco en nuestra la historia el disciplinamiento con el que se sometió a la clase trabajadora haciendo desaparecer a las y los luchadores, delegados gremiales, sindicalistas y que le abrió las puertas al neoliberalismo en la década de 1970. La continuidad de estas políticas, vía la profundización en el menemismo, aún tiende sus tentáculos hasta la actualidad.

Las organizaciones somos hijos de esa historia, con luchas y protestas en la calle como único recurso frente al despojo y al hambre que significó que el Estado favoreciera al capital financiero para desentenderse del destino de las personas.

Volvemos a la Plaza

Plaza de Mayo hoy se convirtió en un gran campamento, con fogón, guitarreada, olla popular y radios comunitarias que le dan voz a un hecho ignorado y maltratado por las complicidades mediáticas que favorecen al gobierno de los empresarios. Poblada por innumerables carpas que representaban a las organizaciones como una genuina iniciativa de manifestarse en la Plaza Mayor, a las que se fueron sumando organizaciones del oficialismo saliente que coparon todos los espacios y que acaparan los micrófonos con un discurso unificado y que parece amenazar con convertirse en la central de las plazas de autoconvocados que se van organizando en nuestra ciudad y también en otras latitudes del país.

“Ponerse la camiseta” es una expresión que surge del fútbol y que se refiere a la defensa de los colores del bando propio. Al salir del ámbito deportivo, este concepto no alteró su contenido, pues pasó a indicar que hay que entregar lo mejor de uno para defender los intereses de una empresa, de una institución o de cualquier emprendimiento conjunto. La camiseta del Milagro hoy parece estar acaparada por un discurso único que nuevamente no admite las diferencias y, por tanto, parece volver a plantear la exclusión para aquellos que vemos en la camiseta los colores de la defensa de los legítimos derechos populares y no el color de un equipo, que a esta altura parece deportivo.

El Milagro parece que no llega pero, mientras tanto, con sus matices, el pueblo organizado resiste la disputa del derecho a la protesta social, conquistado con años de lucha en las calles; tal como lo muestran un conjunto de organizaciones sociales que lejos de los favores de los poderes de turno ha hecho de la calle el escenario para visibilizar la necesidad de alcanzar los derechos a la vida digna.

*Integrante de la O.S. y P. Los Pibes

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