La aprobación del Presupuesto 2019 tendrá consecuencias sobre la niñez  que han quedado invisibilizadas.

El Presupuesto aprobado en el Senado de la Nación ha sido ya analizado desde diferentes aspectos y en todos ellos se expone el ajuste generalizado que significa para los y las trabajadoras de nuestro país. Los recortes principales apuntan a los subsidios y las prestaciones sociales, los programas de salud y la inversión educativa, pero la lista sigue en las áreas de vivienda, trabajo, transporte y todo aquello que no se relacione directamente con los servicios de deuda. Este panorama general resulta útil y necesario para entender lo que nos espera el año que viene, pero apunta principalmente a la población adulta y los jubilados.

Una mirada sobre el impacto diferenciado en niños, niñas y adolescentes que tendrá la implementación de este presupuesto 2019 nos obliga a asumir que la infancia se ha convertido, una vez más, en una variable de ajuste invisibilizada en los análisis macroeconómicos, especialmente en aquellos presentados por el oficialismo. El nuevo paquete dinerario, impuesto por los organismos internacionales de crédito, busca alcanzar el déficit cero vulnerando las vidas de los más pequeños en numerosos aspectos.

El recorte en las pensiones no contributivas, como la Asignación Universal por Hijo (130 mil beneficiarias menos) y las pensiones a madres de siete o más hijos (7230 menos), son evidentes en los efectos que tienen sobre la calidad de vida de los niños y niñas, y la posibilidad de acceder a una buena alimentación, ropa, vivienda y las mínimas condiciones para jugar y estudiar en cualquier parte de nuestro país. En los marcos del Ministerio de Desarrollo también se reducen casi un 20% los planes de promoción y protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes, poniendo en riesgo la implementación de la ley 26.061 (de protección integral de niños, niñas y adolescentes). La progresiva desfinanciación de las defensorías y los servicios locales de protección dificulta una tarea que es de por sí compleja y que recibirá aún menos recursos el año que viene.

Además, este presupuesto aplica un ajuste real del 20% en SEDRONAR (la Secretaria de Políticas Integrales Sobre Drogas), lo que redundará en la reducción o eliminación de los programas de prevención de drogas dirigidos especialmente a adolescentes y jóvenes, así como las políticas de contención y asesoramiento a sus familias. Quedarán asimismo desfinanciados los servicios territoriales de adicciones, que dependen de esta Secretaría de Presidencia de la Nación, y los escasos hogares terapéuticos que ella dispone, también abocados en su amplia mayoría al trabajo con menores de 18 años. Si a esto le sumamos el impacto negativo que el Presupuesto 2019 tiene sobre los derechos de las mujeres a cargo de sus hijas e hijos, tal como lo presentó el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) en un reciente informe, podemos estar seguros de que nos enfrentamos al embate más fuerte contra la infancia desde la sanción de la ley en el año 2005.

El presupuesto para el año próximo también recorta la inversión en infraestructura escolar en más de un 70%, siendo la primera infancia la más perjudicada de todas en su derecho a la educación. A pesar de que las salas de 4 y 5 años son obligatorias (ley  27.045), ninguna provincia cuenta con las suficientes vacantes para todos los niños y niñas,  y el año que viene estaremos todavía más lejos de cumplir con nuestra propia ley. Además, la reducción y quita de subsidios en transporte público que prevé el gobierno en su partida 2019 aleja a las familias de las escuelas, encareciendo el acceso de los niños y niñas, pero también de padres y madres que deben acercarse a retirar boletines y tener reuniones con el equipo docente. La falta total de subsidios a los materiales escolares para amortizar los inflacionarios precios de libros y útiles pone en jaque el acceso a la educación para una enorme cantidad. Lo mismo sucede con el acceso al deporte, dado que en la maraña de artículos,  que configuran el Presupuesto 2019, el 124 deroga la ley 27.201, que le otorgaba un dinero extra a cada familia que cobrara la Asignación Universal por Hijo para pagar el club deportivo donde el niño o la niña de entre 6 y 16 años entrenaba.

El detallado estudio publicado hace unos días por el Instituto Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) expone los recortes en servicios de salud, de los que la población infantil y de tercera edad son sus principales usuarios. Además de reducir la inversión en infraestructura en todo el territorio nacional, se achica en más de un 50% el dinero destinado a los planes de salud familiar y comunitaria y en más de 20% el destinado a la distribución de medicamentos en hospitales y clínicas. Cuando el presidente tomó la decisión de transformar el Ministerio de Salud en Secretaría, pudimos imaginar algo de lo que sería la reducción presupuestaria en esta área, cuyas consecuencias atentan directamente contra la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Este acuerdo, firmado por Argentina en 1989, dice que el Estado reconoce “el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades” (art. 24), pero el Presupuesto 2019 no contará con el dinero ni la cantidad de profesionales necesaria para ponerlo en práctica. El aumento en los índices de desempleo también les quita a los niños y niñas la posibilidad de acceder a los servicios médicos a través de las obras sociales de los adultos a cargo, completando un cuadro desolador en materia de infancia.

El paquete de dinero aprobado para el año que viene también recorta los programas destinados a la generación de empleo y a la capacitación laboral, lo que tiene un impacto directo sobre la vida de niños y niñas, que dependen del salario de sus familias. Según el informe de IPyPP el mayor desfinanciamiento lo sufrirán los programas de regulación (-66%) y regularización (-42%) laboral, lo que producirá crecientes índices de sobre-empleo y flexibilización laboral, afectando directamente las rutinas familiares y aumentando el déficit que la población infantil sufre en materia de alimentación, salud, vivienda, educación y vestimenta.

Según informes del INDEC del primer semestre de 2018, los índices de pobreza se situaron en 27,3%, aumentando en comparación con el primer semestre del año anterior. Según el mismo informe, el 41% del total de personas bajo el índice de pobreza en zonas urbanas son niños y niñas de entre 0 y 14 años.

El Presupuesto aprobado en el Senado tendrá profundas consecuencias sobre el tejido social general de nuestro país y afectará especialmente a la infancia, que con el recorte económico pierde la posibilidad de acceder a sus derechos más básicos. Las condiciones de vida de los niños y niñas están ligadas directamente a las definiciones políticas y económicas que toman los gobiernos,  el Presupuesto aprobado y promovido por la gestión Cambiemos promueve estas dramáticas consecuencias en las vidas de los más vulnerables. .

* Doctora en Antropología (UBA/CONICET)

** Magister en Investigación educativa (Universidad de Barcelona)

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El rechazo al tratamiento del presupuesto 2019 no se limitó a las puertas del Congreso de la Nación. Con cortes, piquetes y ollas populares, organizaciones políticas, sociales y sindicales se movilizaron en distintos puntos del país. Areas afectadas por el Presupuesto.

El gobierno de Cambiemos logró luego de una extensa sesión, que incluyó una vez más la represión callejera, los votos necesarios para sancionar el Presupuesto 2019. Fueron 138 los diputados y diputadas que acompañaron la iniciativa, en tanto 103 los que se opusieron,  8 se abstuvieron y  7 estuvieron ausentes.   Ahora le toca al Senado debatir y votar el proyecto que garantiza el ajuste,  que para la Casa Rosada es el único camino para enfrentar el proceso de estanflación que vive el país,  fruto del modelo económico que implementa el presidente Mauricio Macri desde que asumió en 2015 la presidencia.

El oficialismo consiguió apenas el quórum que exige el reglamento. Lo hizo con 129 diputados y diputadas, el número justo que alcanzó gracias a la presencia de 13 diputados y diputadas de Argentina Federal,  el bloque Evolución Radical,  de Martín Lousteau,  tres monobloques,  y Unidad Justicialista, el espacio que corresponde a los representantes peronistas de San Luis.

También logró otorgarle media sanción en la Cámara de Diputados al proyecto de reforma del régimen de Bienes Personales, que incluye un alza progresiva de la alícuota a medida que sube el patrimonio declarado.

Sin embargo, los inmuebles rurales (campos) quedaron exceptuados de esta norma, lo que era una exigencia del sector agropecuario. El campo ya tuvo un aumento muy leve de retenciones, en pesos, que se licuará a medida que suba el dólar.

Salud y Educación serán las áreas más afectadas por el Presupuesto que impone el FMI

Así surge del informe que difundió el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas,  en base a la propuesta enviada al Parlamento por el Poder Ejecutivo, que fue elaborada a partir de las directivas del Fondo Monetario Internacional.

Según este informe privado, “el recorte real del gasto social alcanzaría el 10% en tan solo dos años” de acuerdo a lo estipulado en el proyecto.

En ese sentido, se advierte que “se consolidará un esquema de redistribución del gasto social entre pobres en el cual para cumplir con la movilidad jubilatoria se recortan a otras funciones sociales”.

El programa de asignaciones familiares caerá un “3,7% en términos reales, mientras la pensión universal para el adulto mayor lo hará un 6,4%”, según las estimaciones.

Educación será de las partidas más afectadas,  ya que se invertirán “5.863,8 millones menos en infraestructura y equipamiento, 3.416,9 millones menos en fortalecimiento edilicio de jardines infantiles”.

También el sector de la salud quedará muy afectado. Allí se invertirán  “1.022,6 millones menos en el programa de Atención a la Madre y el Niño y 512 millones menos en Salud Familiar y Comunitaria”.

Además se explica que se efectuará un recorte en el financiamiento real destinado a los hospitales públicos nacionales que representará una caída de “13,9% para el Hospital Posadas, de 19,2% para el Hospital Nacional Baldomero Sommer y de 18,7% para Colonia Montes de Oca”.

Se invertirán  “1.872 millones menos en abordajes territoriales,  por parte del Ministerio de Desarrollo Social, y habrá un recorte de 587 millones” en promoción y asistencia a espacios de primera infancia.

El Presupuesto declara la guerra a las jubilaciones

En el detalle denominado “Venta de Acciones y Participaciones de Capital”  que corresponde a las Empresas Privadas Nacionales,  del anexo del Presupuesto referido a la ANSES, lo que pretenden obtener el año próximo con la venta de acciones del Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS) alcanza un valor de $ 73.661 millones.

Ese es exactamente el mismo valor que acordó en junio con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para liquidar el FGS en 20 años, a una tasa de 0,4 % del PBI por año. En el Memorándum de Entendimiento con el Fondo se señala que “por el momento, el valor de los activos de los fondos de pensiones transferidos en 2008 se distribuirá a lo largo del tiempo como ingreso para compensar parcialmente el gasto futuro en pensiones. En particular, el monto se dividirá por la expectativa de vida promedio de los contribuyentes a esos esquemas en 2018, es decir, 20 años. El límite en el importe a reconocer como ingresos será del 0,4 % del PBI por año”.

Pero además, en el Presupuesto 2019 se consigna un nuevo ataque a las y los mayores. Se trata de otro intento por recortar el gasto en pensiones, degradando cada vez más a las y los jubilados a la miseria. Así, luego de sacar la moratoria que otorgaba una “jubilación mínima” ($ 8.637) y reemplazarla por el 80 % de su valor mediante la “Pensión Universal para el Adulto Mayor” ($ 6.909), también creada por la Reparación Histórica, el gobierno empieza a limitar su acceso.

En primer lugar, elimina la posible compatibilidad de dicha pensión con el trabajo, obligando a quienes no llegan a fin de mes a buscar un trabajo precario e informal. En segundo lugar, habilita a la ANSES a hacer “evaluaciones socioeconómicas y patrimoniales (…) a fin de asegurar el acceso a las personas que presenten mayor vulnerabilidad”.

Brutal represión contra la protesta

Pasadas las 14:00 del miércoles pasado se desató la represión contra la multitudinaria protesta contra el Presupuesto 2019.

Se repitieron los lineamientos de “seguridad” que desde el gobierno macrista, y en particular la ministra Patricia Bullrich, buscaron instalar desde un primer momento: operativos de dimensión desproporcionada, de “saturación” y violencia excesiva para instalar el miedo y desalentar sucesivas protestas.

La represión tuvo dos tiempos: un ataque inicial contra la movilización pasadas las 14:00, empujando a los manifestantes desde Congreso hacia la 9 de Julio, y una cacería por las calles laterales extendida hasta muchas cuadras de distancia con policía motorizada y de civil. Hubo al menos 27 detenidos, entre los cuales se contaron trabajadores de prensa y referentes de organizaciones como La Poderosa.

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Luego de casi tres años de gestión macrista, el país atraviesa una de sus peores crisis económicas. La inminente sanción del Presupuesto 2019 podría ser un golpe de KO para el pueblo trabajador. Sin embargo, hay tareas posibles que habiliten un futuro mejor.

El miércoles 24 de octubre la Cámara de Diputados dio media sanción al Presupuesto 2019 enviado al Congreso por el ejecutivo nacional y orquestado por el Fondo Monetario Internacional (FMI). En las calles, mientras los y las diputadas legislaban a espaldas del pueblo, se desataba una nueva represión sobre miles de personas que se habían acercado a manifestar el rechazo a una ley que garantiza más miseria.

La coyuntura

El mejor equipo de los últimos 50 años no estuvo a la altura de sus bombos y platillos. O sí, si desmenuzamos quienes vienen siendo los grandes ganadores del Modelo M. Estos tres años estuvieron signados por miles y miles de despidos, aumento sostenido de servicios, tarifazos en transporte público, devaluación del peso, inflación imparable. La combinación de estas variables ponen en jaque los salarios e incluso la supervivencia de las personas que cada vez tienen menos posibilidades de llegar a fin de mes con sus ingresos.

Pero están los ganadores. A pesar de que se haya abierto la discusión, e incluso se hayan retomado algunos aportes tributarios, los sectores minero y agrario gozaron de la eliminación de sus aportes impositivos, los grandes capitales pudieron fugar divisas de una manera pornográfica, sin control y con tasas de interés sumamente favorables, los grandes grupos industriales pudieron manipular precios a su antojo e incluso varios sectores internacionales pudieron ganar ante la falta de defensa de la economía nacional, donde las pymes fueron desapareciendo a manos de un mercado que no es competitivo y con una capacidad de consumo cada vez más baja por parte de la población.

En materia económica, la inflación tiene una estimación anual del 45% con un peso que se devaluó en más del 100% solo en este año. El gobierno fue impreciso y sinuoso en cuanto a las estrategias de control: desde subas de la tasa de interés escandalosas, colocación de bonos, baja en la circulación de billetes hasta llegar a la banda de flotación del dólar, que no debería bajar de $34 ni superar los $44, siendo estos extremos los momentos donde el Estado saldría a vender o comprar dólares para intervenir en el valor de cambio. Los resultados no tuvieron variaciones: especuladores financieros siguen ganando mientras las y los trabajadores siguen perdiendo.

En todo este descontrol económico, que incluye la toma de deuda a 100 años, el gobierno que encabeza Mauricio Macri anunció en mayo la vuelta del Fondo Monetario Internacional para terminar de sumirse a los capitales extranjeros. La excusa para esta decisión fue el compromiso que el gobierno tiene consigo mismo de bajar el déficit fiscal lo que sería, según ellos, la base del crecimiento del país. Sin embargo, la sumisión al FMI vino acompañada no solo de mayor endeudamiento (en total, el préstamo es de $56.300 millones de dolares a desembolsar en 36 meses), sino que la pobreza crece de manera sostenida (lejos quedó en el tiempo la promesa de pobreza cero) y las condiciones de vida se hacen cada vez más precarias.

El FMI no hace este desembolso de manera gratuita sino que persigue un objetivo estructural que es cambiar las condiciones económicas y sociales del país. Por eso el intento de reforma laboral (que no pudo colarse en el Congreso gracias a las presiones del pueblo trabajador), la quita de subsidios a diferentes sectores productivos y de servicio, el ajuste tarifario.

La deuda es una hipoteca tan grave para el pueblo argentino que, como señala incluso Ismael Bermúdez en Clarin, el peso de la misma pasó de un 57% a un 77% del PBI.

El presupuesto

Las cifras oficiales del presupuesto son bastante bien conocidas. En materia de metas, se prevé una inflación del 23%, un dólar a $40.10 y una caída en la economía del -0,5%. Si recordamos algunos de los objetivos del gobierno en años anteriores, estos valores son preocupantes.

Para el 2018, la inflación se estimaba en un 15%, valor que sirvió de referencia para intentar fijar el techo en las paritarias. El equipo económico no tuvo un buen partido: el acumulado anual ronda el 45%. No olvidemos que en campaña electoral en 2015, el ahora presidente Mauricio Macri dijo que “El cepo y la inflación son fáciles de resolver”. Siguiendo en la campaña, el ex jefe de gobierno porteño había asegurado que “Vamos a lograr un dólar único y más bajo”, en relación a los $9.50 o $10 que estaba el dólar oficial. Sin embargo, Argentina es el país en el mundo que más ha devaluado su moneda en 2018.

En términos de distribución presupuestaria, hay ganadores y perdedores. Entre los últimos, se encuentra el sector de Educación y Ciencia que tendrá un ajuste que oscila el 17%, Salud que tendrá un ajuste de más del 8% y Cultura alrededor del 15%. Además, se prevé un recorte en la obra pública de casi el 50%, lo que implica una baja importante en el empleo.

Por el lado de los ganadores, se encuentra el pago de la deuda externa que cuenta con una representación total del presupuesto de casi el 20%. Asimismo, las áreas de seguridad, fuerzas represivas e inteligencia, van del 20% al 30% según el caso. Lo previsible: el ajuste cierra con represión.

Las tareas

Lo primero que debemos hacer es desarmar la tesis de “Hay 2019”. Efectivamente, lo hay. Es inexorable. Sin embargo, debemos discutir cómo llegamos a esa fecha y si realmente nos merecemos seguir padeciendo un año más el ajuste y hambre de nuestro pueblo.

Todas las variables que se expresan en los párrafos precedentes nos indican algo ineludible: el ajuste es hoy y podemos derrotarlo. Y esta tesis de lucha real no es una proclama, merece de una táctica concreta y es la mayor unidad de acción posible.

El armado institucional que trata de llegar lo mejor posible a 2019 juega con los roles que se vienen sucediendo estos años. En el caso del peronismo, desde ex bloques kirchneristas que jugaron a la oposición responsable votando sostenidamente todas las leyes de ajuste para luego diferenciarse nuevamente del macrismo por la debacle evidente (los Bosio), pasando por aquellos ex dirigentes que secundaban a Cristina Fernández y que hoy se muestran como una ala opositora buscando referencias más claras en el PJ, como Miguel Ángel Pichetto (actual propagador de la xenofobia como arma de confrontación) hasta llegar a los mediáticamente moderados aunque siempre garantes de la institucionalidad (Massa y compañía). Sectores minoritarios del radicalismo no cambiemita, Evolución de Lousteau, entre otros, han jugado roles similares.

Por su parte, el kirchnerismo -especialmente desde el retorno de CFK al Senado-, ha jugado un rol un poco más relevante, confrontando con el macrismo en algunas leyes claves, como la reforma previsional o el limite a los tarifazos (sancionada en el Congreso y vetada por Macri). Hechos que merecen ser destacados.

El problema de estos sectores es que no se proponen una debacle macrista apresurada. Es decir, para todos ellos “Hay 2019”.

Desde los sindicatos, buena parte de la CGT que había sido garante de la gobernabilidad hasta hace algunos meses, la novedosa Corriente Federal con Moyano a la cabeza y las dos CTA, vienen confrontando con el gobierno en términos discursivos, promueven paros sectoriales ante la discusión paritaria y ocasionalmente impulsan paros generales, habitualmente a destiempo y sin movilización.

La discusión en la Cámara de Diputados sobre el presupuesto del 2019 ha sido catalizadora de los diferentes posicionamientos. Gremios combativos, movimientos sociales, partidos de izquierda e incluso algunos sectores de las centrales mencionadas en el párrafo anterior, han estado en pie de lucha contra la sanción del presupuesto de hambre que se escribió en Washington. A contra luz, hubo sectores que decidieron no movilizar y poner todas sus fuerzas en una caravana a Luján unos días antes, cuando la situación llamaba a gritos al paro general para el 24 de octubre.

Ahora bien, ¿por qué si estamos diciendo que lo que necesitamos es confrontar el “Hay 2019” con la táctica de la unidad de acción y al mismo tiempo señalamos estas cuestiones? Porque la unidad de acción debe ser real y no declarativa. La unidad de acción no es juntarse con cualquiera y perder la posibilidad de delimitarse, sino encontrarse en una serie de planes de lucha con cada sector que realmente quiera hacerlo y en todo caso diferenciarse de quienes no quieren enfrentar al macrismo. La salida política, sin duda, será una etapa posterior donde sí haya posicionamientos programáticos más claros entre los sectores que luchen, pero no hay salida posible si antes no se derrota el plan de ajuste, miseria y represión que vino a instalar el FMI, Macri y los cómplices de siempre. Jornadas históricas como el 14 y 18 de diciembre enfrentado la reforma previsional que atacaba directamente a las y los jubilados, o la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito, especialmente el 13 de junio donde la presión popular logró torcer un resultado legislativo que parecía adverso, son una muestra de la potencia de las y los trabajadores.

En algunas semanas será la discusión en el Senado y aunque los porotos parecen estar cantados, es el momento clave para saber quienes seguirán garantizando la gobernabilidad y quienes realmente están dispuestos y dispuestas a poner un punto final a esta crisis. Ninguna persona se merece seguir padeciendo hambre un día más. En unidad, con planes de lucha claros y buscando una salida de fondo, los podemos derrotar.

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El presupuesto del “déficit cero” consiguió media sanción en Diputados, con el aval del PJ. Puertas afuera, las fuerzas policiales reprimían a diestra y siniestra en las inmediaciones de un Congreso que vive vallado, ante las exigencias de un pueblo que soporta cada vez menos el saqueo planificado comandado por el FMI. Hablamos con economistas, referentes de movimientos sociales, dirigentes sindicales y militantes sobre la “ley de leyes” que recorta en todo menos en pagos de la deuda y militarización.

El oficialismo logró la media sanción del Presupuesto 2019 con 138 a favor, 103 en contra y 8 abstenciones. De los votos positivos, 21 fueron aportados por el “peronismo razonable”, encabezado por el senador rionegrino Miguel Ángel Pichetto, jefe del interbloque Argentina Federal en la Cámara de Senadores. Las 8 abstenciones provinieron todas del PJ. Evolución Radical, de Martin Lousteau, aportó con 3 votos más.

Para lograrlo, tuvo que realizar ciertas concesiones que no tocaron lo sustancial del proyecto, un ajuste en todas las áreas sensibles para las mayorías populares.

Este presupuesto, orquestado por el Fondo Monetario Internacional, impulsado por Cambiemos y respaldado por buena parte de los gobernadores y de legisladores de la oposición, tiene una orientación clara: menos dinero para salud, educación y trabajo, más para fuerzas de seguridad, inteligencia y pago de deuda. En ese marco, hablamos con actores de diferentes sectores, en algunos casos desde la misma movilización e incluso que acampaban desde la noche anterior.

Francisco Cantamutto, economista, investigador e integrante de la Sociedad de Economía Crítica (SEC) de Argentina y Uruguay.

-¿Cuáles fueron las concesiones del oficialismo para lograr los votos necesarios?

– Uno de los temas más polémicos era que el macrismo pretendía que el Poder Ejecutivo pudiera reestructurar deuda sin pasar por el Congreso. Con esto vulneraría incluso a la propia Constitución. Con este punto se dio marcha atrás. También querían prohibir que quienes reciben la pensión universal de adulto mayor puedan trabajar, y se logró que se quitara esa prohibición. Al mismo tiempo, se propone un refuerzo presupuestario de unos 500 millones de pesos para Conicet y el Inta, tratando de apaciguar el recorte en el sector de educación e investigación. Además, para meterse en el bolsillo a sectores de las provincias, echó para atrás la idea de aplicar un impuesto sobre espumantes para lo cual logró concitar cierto favor de las provincias cuyanas.

También volvió para atrás con el plus que se paga en la Patagonia a asignaciones, jubilaciones y pensiones, para conseguir el apoyo de los sectores de la región. Se volvió para atrás, poniendo un tope a las retenciones de las exportaciones de biodiesel y bioetanol, que promueve el favor a las provincias de la liga bioenergética. Todos estos elementos se suman además a un último que tiene que ver con el envío de un fondo de compensaciones a provincias y municipios de 6.500 millones, que se propone que esto debería compensar sólo en parte la quita de los subsidios al transporte. Sólo en parte porque la quita de los subsidios eran 43 mil millones y este fondo son solo 6.500 millones. Sin embargo, con este fondo logró el apoyo de distintos sectores de las provincias, específicamente del peronismo federal, el sector de Lousteau de Evolución y algunos monobloques particulares.

-¿Por qué?

– Como se señaló al principio, lo central del presupuesto de ajuste en favor del pago de la deuda y los intereses se sostienen. Los lineamientos centrales no fueron alterados. Ahora bien, empiezan a aparecer dudas de cómo va a lograr recaudar el gobierno para poder sostener este presupuesto. Los préstamos negociados con el FMI cubren sólo las necesidades financieras, no el déficit primario, del cual Dujovne se jactó la semana pasada de haber logrado ajustar más de lo prometido.

El Gobierno pretendió de alguna manera cazar a algunos poderosos ganadores del modelo y tuvo que dar marcha atrás debido a las presiones que recibió. Por ejemplo, si bien preveía poder aumentar las retenciones a las exportaciones, tuvo que poner un tope máximo del 30% para la soja y del 12% a los demás productos. Al mismo tiempo pretendió hacer un aumento al mínimo no imponible para bienes personales y luego aplicar una tasa progresiva que no alcanza al 1%.

Al mismo tiempo está el debate que se dio en el coloquio de IDEA, la semana anterior, sobre permitir o no el ajuste por inflación de los balances para la aplicación del impuesto a las ganancias. El gobierno se niega a aplicar este ajuste de manera tal de aumentar la recaudación, las empresas están presionando para lograr conseguir este ajuste y pagar menos de impuesto a las ganancias. Lo que sí quedó fuera de la aplicación de este impuesto fue todo lo que tiene que ver con viáticos, y se sostuvo la exención a cooperativas y mutuales que es un sector muy importante de la economía en término de cantidad de empresas y empleo, no necesariamente por el valor de su representación corporativa.

Finalmente está la posibilidad de volver a permitirle a cañeros y tabacaleros tener monotributo social, posibilidad que se le había quitado al conjunto de la pequeña producción agraria.

De conjunto, más allá de la aprobación total o no, hay dudas respecto sobre la viabilidad en la ejecución. Esta depende de la posibilidad de recaudar para cubrir estas responsabilidades fiscales, porque los préstamos del FMI solo cubren las necesidades financieras, no de funcionamiento. Esto necesariamente ajusta en los rubros anteriormente mencionados, y también es muy importante en lo que tiene que ver con gasto de inversión pública. Esto es particularmente relevante en el 2019, que es un año de elecciones, y el gobierno necesita promover algún tipo de reactivación que le permita demostrar buenos resultados. Llamativamente el presupuesto prevé una caída del 0,5% del PBI en año electoral. Si comparamos con anteriores ejemplos, elecciones presidenciales como las de 89 y la del 99, se dieron en contexto de caída del nivel de actividad y el resultado no fue favorable para la fuerza oficialista.

El gobierno pretende que el ajuste más fuerte se dé en la primera parte del año y luego haya cierta reactivación, para la cual, entre otras cosas, debería caer la tasa de interés a mitad del año que viene. Esto es algo que viene demandando el conjunto del radicalismo apurando los tiempos, sobre todo porque muchas elecciones provinciales son antes que la nacional. Ahí hay tire y afloje en la propia coalición del gobierno.

De conjunto, el gobierno busca mostrar señales positivas con la aprobación del presupuesto, hacia el FMI. Buscando viabilizar la llegada de estos préstamos y para poder mostrar ante los operadores empresariales cierta previsibilidad que le garantice la posibilidad de cierta reactivación. Para las mayorías populares no hay nada positivo que se pueda esperar de esta discusión, como se puede ver. Hay cierta vuelta atrás de algunas medidas que eran definitivamente retardatarias, pero no hay buenas expectativas en torno al conjunto del proyecto. Con este presupuesto no hay posibilidad de una mejoría para las mayorías.

Economía Feminista

Este presupuesto de ajuste es incompatible con achicar brechas de género. En una estructura desigual en el cual el 36% de las trabajadoras están precarizadas, 1 de cada 5 jóvenes menores de 29 años está desempleada, las mujeres son 7 de cada 10 personas con los menores ingresos y la brecha salarial es del 28%, está claro que ante los recortes y la recesión las mujeres son quienes más se ven afectadas.

El presupuesto que se vota hoy es un proyecto del FMI y de los mercados, en donde el interés central está puesto en los acreedores externos, en donde no se encuentra delineado un plan productivo y en donde lxs trabajadorxs perdemos.

Francisco Gelman, delegado de jóvenes científicxs precadizadxs (JCP Bs. As.)

En ciencia y técnica, el presupuesto de 2019 representa una profundización del ajuste que venía perjudicando al sector. El efecto acumulado de los últimos cuatro años suma un 30% de recorte, que afecta directamente las actividades de investigación desarrolladas, porque se descarga sobre la planta de trabajadores y trabajadoras, y sobre los insumos necesarios para sus tareas.

Desde 2016, el ajuste viene implicando sistemáticamente despidos encubiertos (en puestos de trabajo que siempre sufrieron precarización, como los de becarias y becarios y algunos administrativos y administrativas), atrasos salariales gravísimos y la interrupción de líneas de investigación por el desfinanciamiento de institutos y proyectos. Si, dentro de la función CyT, el Conicet es comparativamente el organismo menos perjudicado (y lo está, por cierto: postergaciones indefinidas en los ingresos a planta, salarios a la altura de la línea de pobreza, reducción del número de becas, centros de investigación sin fondos), ello se debe a la acérrima resistencia que sus trabajadores y trabajadoras supieron ejercer, en movilización continua y con varias ocupaciones del organismo y del ex Ministerio en los últimos años.

Jorge Yabkowski, Presidente de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (FeSProSa)

El Presupuesto de salud 2019 tiene un doble impacto sobre la salud pública. El primero es la disminución general de salarios y jubilaciones que plantea en términos reales y que implica, por un lado, peores condiciones de vida de la población como determinante social básico de la salud colectiva y, por otro lado, la disminución en sí del presupuesto destinado a la atención sanitaria. El Presupuesto 2019, a diferencia de otros presupuestos, tiene la marca de un ajuste puro del Fondo Monetario, lo cual hace que el impacto directo sobre el conjunto de los programas de atención no pueda disimularlo.

La disminución salarial va a tener un efecto sobre la cobertura de guardias, lugares críticos, lugares de frontera, medicina rural, todos aquellos lugares que necesitan indispensablemente del apoyo y el estímulo del Estado para ampliar y mantener una cobertura. Por otro lado, la transferencia a las provincias que mantienen o sostienen el 80% de la atención sanitaria o un poco más, también se va a ver disminuido. Entonces, no se puede analizar solamente la disminución salarial neta y de las condiciones de vida de la población sino también la disminución de la transferencia a las provincias.

El impacto sobre el Ministerio de Salud y el conjunto de los programas que son responsabilidad de Nación, como el de HIV, enfermedades infecciosas, enfermedades tropicales y otros, se van a ver netamente disminuidos entre un 15 y 20 por ciento que depende del nivel inflacionario porque por ahora algunos mantienen nominalmente un aumento del 20, 25, 18 o 30 por ciento según el programa, pero todos están por debajo de la pauta inflacionaria que no va a bajar del 42 o 45 por ciento, por lo que la disminución neta la vamos a poder saber apenas tengamos claridad sobre la inflación anual.

Por otro lado, los costos netos de atención sanitaria van a aumentar en función de que buena parte de sus insumos están dolarizados y la producción de medicamentos cartelizada, con una baja incidencia de la producción pública. Esto hará que hospitales y centros de salud gasten relativamente más en insumos y tengan trabajadores con peores salarios, lo que se traduce en peores ofertas de atención gratuita para el conjunto de la población.

En definitiva, el presupuesto de Salud es parte de la estrategia del gran capital, a través de su gobierno que es Cambiemos, de cargar la crisis en las espaldas de los trabajadores y del pueblo en general. Permitir una acumulación de capital y un pago de la deuda externa fraudulenta a los organismos financieros internacionales y deudores internacionales, sacrificando el nivel de vida del pueblo. No es nada nuevo, es lo que sufrimos en los 90, en la ola neoliberal del Consenso de Washington que ahora retorna bajo las formas pseudodemocráticas del parlamentarismo que maneja Cambiemos o la forma ya ultra reaccionarias como Bolsonaro en Brasil pero que en definitiva tienen el mismo contenido: restricción de derechos, ataques al conjunto de los sectores populares y un favorecimiento desbocado al gran capital.

La represión y el presupuesto del ajuste que se justifica en la TV

“Tenemos los documentos internos del gobierno de cómo va a ser la votación”. Con esta frase, Marcelo Bonelli, periodista económico de TN abría el programa “A dos voces” a las 22.03. Y con eso sellaba su complicidad con el macrismo y por lo tanto, con el presupuesto del ajuste incluso antes de conocerse el resultado.

La tesis del gobierno sostiene que “grupos de violentos”, “sectores radicalizados del kirchnerismo y la izquierda” provocaron la represión. Argumentos defendidos en el programa de TV de la corporación mediática por una de las figuras más criticadas durante la jornada: Martín Ocampo, Ministro de Justicia y Seguridad de la C.A.B.A., a cargo del operativo.

Ocampo estuvo por la tarde en el Congreso de la Nación a pedido de algunos diputados y diputadas que exigieron la suspensión de la sesión ante el conocimiento de la represión estatal. En reunión con los jefes de los bloques parlamentarios de la Cámara Baja dijo que “las disposiciones en el marco del operativo”, fueron para “garantizar el funcionamiento del Congreso”, confirmando el carácter antipopular del proyecto de ley. Así lo afirmó en el programa de la noche, donde además habló de “espectáculo” y de “un sistema organizado” que “se trató de que el Congreso no funcionara, que no debata”, catalogando a quienes se movilizaron de tener “una actitud fascista”.

“La policía se dedicó a detener a quienes estaban generando disturbios”, dijo Ocampo en TN, quien informó que se está investigando un vehículo que es propiedad de la Garganta Poderosa, lo que confirma que las detenciones, acontecidas a más de 15 cuadras del Congreso, no fueron azarosas sino que hubo una vigilancia y persecución premeditada. “Debemos determinar cuál es la relación que tenía esa camioneta con los procedimientos de violencia”, agregó, para justificar la detención de cuatro integrantes de la agrupación villera, pero sin informar cuáles son los cargos ni porqué se les investiga.

Marianela “Pini” Navarro, referente del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL)

Los movimientos sociales, junto con los distintos gremios, nos movilizamos al Congreso Nacional para rechazar el Presupuesto del Ajuste que está ideado a la medida de los intereses de los organismos internacionales de crédito. Lo rechazamos porque representa un brutal ajuste sobre temas centrales para la clase trabajadora como la salud, la educación y el trabajo. También hemos presentado el proyecto de ley de emergencia alimentaria que no está contemplado en el proyecto presentado por el oficialismo.

Consideramos que los diputados que convalidaron este proyecto son cómplices del ajuste para el conjunto del pueblo trabajador y por lo tanto vamos a anunciar un plan de lucha de los movimiento sociales a partir del mes de noviembre que incluye la navidad de los pobres en las puertas de los supermercados.

Repudiamos la represión que se desarrolló en las puertas del Congreso Nacional. Un plan previsto por la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich que sólo mantiene el objetivo de desmovilizar a los sectores populares que rechazan el plan económico del gobierno nacional y los gobernadores.

Esteban Marcioni, militante del Frente Popular Darío Santillán

Desataron un escenario represivo donde hubo una cacería de manifestantes, de compañeros y compañeras, persiguiendo a quienes estaban movilizados hasta prácticamente 40 cuadras, 4 km del lugar donde se desarrolló la represión y que dejó un saldo de casi 30 detenidos y cientos de heridos por parte de la represión de la policía.

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Mientras se sigue discutiendo el #Presupuesto2019 dentro de un Congreso blindado y alejado de la gente de a pie, afuera se engrosa la lista de al menos 26 detenidas y detenidos por la Policía Federal y la Policía de la Ciudad. Hay intentos mediáticos de hacer pasar como azarosas las detenciones, sin embargo quienes detuvieron violentamente pertenecen a medios de comunicación y organizaciones sociales y sindicales activas contra el vaciamiento y el hambre que propone el Gobierno de Cambiemos y sus aliados en los recintos.

Afuera y adentro. Así funcionan las cosas cuando los poderes combinan un Congreso vallado y que sesiona de espaldas a la gente y una fuerza de seguridad que reprime a quienes se acercan a decir (a cuestionar) que el #Presupesto2019 está teñido por los acuerdos con el #FMI.

Ya lo sabemos: se trata de una ecuación perfecta que conocemos por cíclica y constante en la Argentina: mayor endeudamiento, recorte de subsidios, aumento de impuestos, servicios, productos básicos; es decir: hambre y pobreza para quienes menos tienen. Si a eso le sumamos las desiguales inversiones destinadas a Cultura, Salud y Educación respecto del Ministerio de Seguridad, la ecuación cierra por todos lados: a mayor ajuste se necesita mayor represión.

Las detenidas y los detenidos que los medios hegemónicos y les trolls de redes sociales intentan señalar como “infiltradxs”, “perturbadores”, o como detenciones realizadas al azar no pueden sostenerse en el tiempo: la lista incluye a compañeras y compañeros de La Garganta Poderosa (organización villera con medio de comunicación propio que logró la condena de 6 prefectos en septiembre pasado y a quienes Patricia Bulrich intentó inculpar por narcotráfico); Télam (quien le torció el brazo a la Justicia con las reincorporaciones de esta semana), del acampe en Moreno (donde se resiste luego de que murieran Sandra y Rubén por una explosión de gas en una escuela); de Astilleros y CTA, organizaciones de trabajadoras y trabajadores que resisten el vaciamiento. Uno solo del total, Brian Gabriel Rojas, fue distinguido como vendedor ambulante, es decir, que estaba de paso. Las y los demás fueron detenidos entre 15 y 20 cuadras del Congreso, cerca de la avenida 9 de Julio y Carlos Calvo.

Las y los nombramos y responsabilizamos a las fuerzas de seguridad (Policía Federal y de la Ciudad) por las detenciones arbitrarias y selectivas, no azarosas: Florencia García, Ivana Segura, José Montiel, Gerardo Rodríguez, Carlos Armúa, Facundo Nahuel Vera, Facundo Ezequiel Herves, Vanesa Martino, Paola Rojas, Héctor Hipólito Demo, Lucas Zunino, Gonzalo Matías  Zamudio, Fabricio Bacca, Francisco Pandolfi, Ignacio Levy, Gustavo Muñoz, Horacio Javier Lezcano, Alfredo Epúmer Colman, Sebastián Zapata, Eduardo Lima, María Amelia González, Marcos Rodríguez, Gabriel Ignacio Rodríguez, Maximiliano Del Oro, Alexis Loboso, Adrián Vidal, Enrique Elías.

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