presos políticos – Marcha https://marcha.org.ar Periodismo popular, feminista y sin fronteras Wed, 14 Sep 2022 17:55:49 +0000 es-AR hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.13 https://marcha.org.ar/wp-content/uploads/2022/05/cropped-FAV_ICON-1-32x32.png presos políticos – Marcha https://marcha.org.ar 32 32 Nos faltan los nadie, los presos políticos del Paro Nacional https://marcha.org.ar/nos-faltan-los-nadie-los-presos-politicos-del-paro-nacional/ Mon, 05 Sep 2022 15:03:25 +0000 https://marcha.org.ar/?p=55501 Desde comienzos del Paro Nacional del 2021 en Colombia se buscó estigmatizar la protesta social y a quienes hacían parte de los procesos territoriales. Actualmente 9 jóvenes, líderes sociales de Puerto Resistencia, uno de los epicentros de Paro en las afueras de la ciudad de Cali, se encuentran detenidos. Sus familiares se refirieron a la situación en la que se encuentran y la lucha para exigir su libertad.

Por Ximena Hernández*

El Paro Nacional fue la construcción colectiva que le terminó de abrir camino al Gobierno Popular que hoy celebramos. El punto de partida de un cambio que se venía gestando desde décadas anteriores. Trochar ese camino nos costó dolores profundos, muertes y desapariciones, además de una persecución política a los líderes sociales quienes hicieron parte de las movilizaciones en todo el país. Mediante montajes judiciales, estos jóvenes hoy se encuentran privados de la libertad en condiciones de alta precariedad que atenta contra su salud física y psicológica.

Ante este panorama la victoria sigue siendo agridulce, porque nos faltan quienes gestaron el cambio en las calles y en la organización de procesos populares que trascendieron más allá de la  movilización social  y se tradujeron en trabajo barrial para la comunidad garantizando desde la comida, por medio de la olla comunitaria, hasta  espacios de educación popular con talleres, bibliotecas, cine para el barrio y huertas comunitarias.

El espacio de Derechos Humanos de la organización Congreso de los Pueblos, Ni un día más, denuncia que a la fecha son 91 las personas judicializadas por razones políticas, 17 con prisión domiciliaria, 52 personas con medida intramural y 22 personas en libertad que hicieron parte de las movilizaciones sociales del Paro Nacional en Colombia durante el 2021. Conversamos con las familias de “Los 9” de Puerto Resistencia, uno de los epicentros de la represión y la organización social en la ciudad de Cali.

En ese sentido,  se vuelve imprescindible insistir sobre las situaciones por las cuales están pasando los jóvenes que hicieron parte del paro nacional y esto implica dimensionar la condición de hacinamiento, el mal estado de la estructura física, la falta de atención médica, a la que no han tenido acceso en más de una ocasión. Como si fuera poco, las familias de los jóvenes han tenido que hacer todo tipo de recaudación de fondos por medio de rifas y colectas para rebuscar la forma de enviarles algo de dinero a sus familiares.


Por otra parte, hasta el momento no hay una plataforma de DDHH, organización social o institución estatal que haya realizado un ejercicio de sistematización de la información con respecto a la cantidad de casos con información como quiénes son, en qué territorios se encuentran, qué cargos se les imputan y en qué condiciones se encuentran recluidos o procesados.

Primera Línea de Puerto Resistencia. Foto: Ximena Hernández

“Los 9” de Puerto Resistencia 

Dentro de estas historias, se encuentran judicializados nueve jóvenes de Puerto Resistencia: Iván Ricardo Bermeo, Alejandro Blandón, Alejandro Hernández, Wilson Steeven Murillo, Rolando Quintero,Jhofren Ordóñez Ángulo, Yeison Giner Hernández, Diego Fernando Ángel, Anderson Cifuentes Montaño. Hablamos con algunas de sus familias para que nos cuenten la situación en que se encuentran.

“Los 9” se encuentran en la cárcel de Jamundí, en el departamento del Valle del Cauca, un centro penitenciario que en su historial registra varias denuncias por la falta de condiciones mínimas para las personas detenidas. Los cargos por los cuales están siendo imputados parecen la muestra del disciplinamiento a quienes se movilizaron y emprendieron un liderazgo social en su comunidad, además de un intento de mostrar resultados del accionar estatal. Estos son los cargos por los que se les acusa: Secuestro Simple con Circunstancia de Atenuación, Tortura con Circunstancia de Agravación Punitiva, Fabricación Tráfico, Porte o Tenencia de Arma de Fuego, Perturbación de Servicio de Transporte Público, Colectivo y Oficial,Incendio con Circunstancia de Agravación Punitivo, Violencia Contra Servidor Público, Concierto para Delinquir Simple y Homicidio Agravado.

El 15 de junio a pocos días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales  y de manera simultánea se realizaron los allanamientos por parte de la Policía de las Seccionales de Investigación Judicial y Criminal (SIJIN) entre las 4 y 5 de la mañana en las casas de los 9 jóvenes. Doña Hilda la mamá de Yeison Giner cuenta que en la madrugada del cumpleaños número 30 de Yeison, la policía irrumpió en la vivienda de manera violenta para llevarse a su hijo,“nos generaron un daño psicológico importante por la violencia estatal que vivimos esa madrugada”, comentó Don Alvaro, Padre de Yeison. “La policía rompió la puerta para entrar a su casa violentamente, apuntando con armas de fuego incluso a los menores que se encontraban en la vivienda en el momento del allanamiento” manifestó Doña Zulma, madre de Rolando Quintero.

Carlos Peña uno de los jóvenes que acompaña el proceso en Puerto Resistencia comentó que, “en términos judiciales, las audiencias preliminares ya se llevaron a cabo, estas consisten en la legalización de la captura, en la imputación de cargos y en la decisión de la medida de aseguramiento”. Peña agregó que, “en el caso de Puerto Resistencia, se delegó una fiscalía especializada con incidencia en orden nacional para generar la imputación. Esta medida fue tomada por el Fiscal General de la Nación”.

El caso de Puerto Resistencia tiene implicancias particulares por lo que representa durante y después del estallido social, ya que incide en las elecciones del Congreso y en las elecciones presidenciales. “Esta criminalización responde a querer desdibujar la incidencia de quienes se la jugaron toda por un cambio social”, expresó Peña.

Zulma, comenta que su hijo hacía parte de un comedor comunitario que surge a partir de las ollas populares en el estallido social. “Cuando la policía  llegó a la casa a las 4 de la mañana rompieron la puerta, nos sacaron a todos de los cuartos, yo fui la última, nos apuntaron a todos con armas, incluyendo a mis nietos”, y agregó que, “fue tanto el miedo de los niños que ellos les gritaban llorando que no los fueran a matar”. Mientras tanto, el ruido del helicóptero que sobrevolaba la casa de Zulma retumbaba en todo el barrio, recordó.

Zulma destacó que Rolando es un líder social comprometido con el barrio y su proyecto más grande radica en encaminar el comedor comunitario con el que estaba implicado. “Cada vez que hablo con mi hijo su único pedido es  que no deje caer el comedor del que depende mucha gente de la comunidad para acceder a un plato diario de comida”, aseguró Zulma y advirtió que,“Rolando no solo es mi hijo, es un líder social del barrio, era el que me ayudaba económicamente y en la crianza de sus sobrinos”. 

Doña Hilda, la mamá de Yeison, contó que los jóvenes se encuentran en condiciones precarias y que tanto su hijo, como algunos de sus compañeros están sufriendo de hongos en la piel por la carencia de servicios básicos como el agua. “Les mandan agua de un pozo solo dos veces por día a la celda”, contó Hilda.  Otra de las denuncias que hacen los familiares tiene que ver con el hacinamiento al que están expuestos los jóvenes en las celdas. “Rolando se contagió de COVID en la cárcel y no le prestaron atención médica además, sufre de una otitis severa y aunque reclamó que lo atendiera un médico, pasó mucho tiempo para acceder a la consulta, el medico le ordeno estudios para lo del oido y cuando quisimos llevar a alguien nos dijeron que ellos se encargaban de realizarlos. Hasta el día de hoy mi hijo sigue sin recibir el tratamiento adecuado” contó la madre del joven.

Jhofren Ordóñez Ángulo, otro de los jóvenes líderes sociales en Puerto Resistencia llegó como desplazado, víctima del conflicto armado a Cali. Jhofren ha trabajado de la mano con las personas de su comunidad en la que vive teniendo claro que Colombia necesitaba un cambio, fue uno de los líderes que más trabajo por la campaña política de Gustavo Petro y Francia Márquez.

¡Libres ya!

Las familias  se encuentran organizadas a través de un comité para luchar por la absolución y libertad de los 9 jóvenes hacerle seguimiento a los casos de los 9 jóvenes y en ese sentido, se han realizado campañas como  Libres ya, sin embargo, no cuentan con los recursos económicos suficientes ya que, según las familias, quienes se encargaban de hacer llegar los recursos a sus hogares en la mayoría de los casos eran los jóvenes que hoy se encuentran detenidos. En ese sentido, el acompañamiento económico es prioritario para que las familias les puedan hacer llegar insumos básicos.

La estigmatización por parte de la fiscalía y los medios de comunicación omiten el principio de inocencia. “Desde los tiempos de las movilizaciones han catalogado a la Primera Línea una y otra vez como criminales, la irresponsabilidad de estas afirmaciones tiene una consecuencia dentro de los centros penitenciarios, porque de esa misma manera son tratados los jóvenes en las cárceles”, sostuvo Carlos Peña quien expone que la preocupación trasciende tanto a los jóvenes detenidos, como a los jóvenes que  siguen con el proceso popular en Puerto Resistencia, ya que el hostigamiento y las amenazas a través de panfletos por parte del grupo paramilitar  águilas negras siguen poniendo en riesgo el ejercicio de liderazgo social.

Es imposible construir el camino sin los jóvenes que pusieron el cuerpo en las movilizaciones, que buscaron desde el amor las herramientas para mermar el hambre y la educación en sus territorios, que materializaron el cambio y que hicieron posible lo imposible con su trabajo diario, darnos un gobierno popular. Nos faltan mariposas, esas que como insignia de campaña promulgaban la libertad. En esa construcción de memoria colectiva a la que le estamos apostando, nos faltan ellos, los nadie.

*Fotoperiodista colombiana.

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]]> Chile: Urgente llamado al gobierno por las y los presos políticos mapuches https://marcha.org.ar/chile-urgente-llamado-al-gobierno-por-las-y-los-presos-politicos-mapuches/ Mon, 20 Jul 2020 14:10:23 +0000 http://www.marcha.org.ar/?p=50510 El Machi Celestino Cordova ya lleva 75 días en huelga de hambre, para solidarizarse con su reclamo se sumaron los presos políticos mapuches de las cárceles de Angol y Lebu. La unidad de la nación mapuche, una fortaleza para enfrentar la desprotección y la indiferencia del gobierno.

Por Vivian Palmbaum Foto: Mapuexpress

Una breve cronología de una situación que continúa agravándose, sin que el gobierno chileno se sensibilice. La solidaridad se expresa desde distintos lugares de la tierra y desconoce fronteras:

  • Durante la noche del miércoles 15 de julio gendarmería chilena realizó un operativo desde la cárcel de Temuco para derivar al Hospital de Nueva Imperial al Machi Celestino Córdoba, por su delicada condición física luego de 73 días de huelga de hambre. Giovana Tafilo, de la vocería de la autoridad espiritual Mapuche hacía un llamado a la solidaridad, porque “cada gesto, cada acto desde cualquier punto sumándose a la lucha mapuche por la defensa de la tierra y la liberación, apoyando la digna lucha del Machi Celestino Cordoba en la cárcel de Temuco, de los ocho presos políticos en la cárcel de Angol y de los once presos políticos en la cárcel de Lebu.Los invitamos a sumarse, hoy dia es tiempo de hacer acciones concretas en defensa de nuestra tierra y nuestra espiritualidad”
  • El 16 de julio, el informe médico de la lamieng Dra Leonor Olate, médica de confianza del Machi Celestino Córdova a 74 días de huelga de hambre expresaba que la salud del Machi se encontraba en un grado de alto riesgo cardiovascular, su corazón sigue latiendo de manera muy lenta, con una bradicardia, hipotensión permanente, riesgo de falla renal y a esto se suma un sangrado importante interno visceral, lo que lo dejo aun mas débil y  mas frágil, que puede volver a ocurrir porque continúa el dolor en la zona. Además presenta alteraciones neurológicas de sensibilidad y de movilidad, a lo que se suman alteraciones de la visión, del ojo derecho. La medica afirmó que su situación es critica y se encuentra en riesgo vital. Haciendo un llamado a las autoridades para que esta situacion se detenga y no tenga un desenlace. 
  • El 18 de julio el director del Hospital Cristian Araneda y el médico Roberto Uturriaga desestimaron la gravedad del estado de salud de la autoridad ancestral Machi Celestino Córdova, y sostuvieron que esta en “buen estado en general, hidratado, perfundido, orientado en tiempo y espacio y en buenas condiciones en general. Y que se descarta el riesgo vital según evaluación clínica una mala evolución en el futuro”
  • El día 19 de julio, Los presos políticos mapuche, desde P.P.M Módulo Comuneros, de Temuco decidieron solidarizarse, y en un comunicado expresaron “debido al nulo avance del Estado y el Gobierno de turno en las demandas de nuestros pu Peñi en Huelga de Hambre, para llegar a una Solución Política acorde, considerando al riesgo en su salud al que han llegado, Decidimos a lo Mapuche:  mediante reflexión, nutram, ka trawum, sumarnos a la Huelga de Hambre, en Apoyo a la Movilización de los Peñi, por su Libertad Inmediata y la de todos los Presos Políticos Mapuche y no Mapuche secuestrados por el Estado al defender Nuestros Derechos, desde hoy 19/07/2020. 
  • El 17 de julio, la Coordinación de Organizaciones de Derechos Humanos de la Araucanía junto al Observatorio Ciudadano hizo un llamado urgente al Relator Especial de pueblos indígenas de Naciones Unidas, pidiendo su intervención frente a la huelga de hambre que llevan adelante nueve presos políticos de las cárceles de Temuco y Angol, por más de 70 días a los que se sumaron el pasado 06 de julio otros 11 presos mapuche de la cárcel de Lebu. Le solicitan que intervenga “frente al Estado de Chile, en búsqueda de resolver las peticiones planteadas por las personas privadas de libertad”. 
  • El 19 de julio se elevo una denuncia urgente dirigida a distintos organismos de la ONU: Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) Organización Internacional del Trabajo Relatora Especial de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Allí se da cuenta de la situación de extrema gravedad de los 20 presos políticos mapuche que se encuentran en huelga de hambre hace 76 días, entre ellos una autoridad ancestral -machi-, y algunos de los cuales no tienen condena, y están aún a la espera de juicio. En el comunicado se hace un llamado  “al Gobierno de Chile a atender de forma urgente esta situación, a generar un espacio de diálogo, a dar respuesta a las demandas legítimas de los Presos Políticos Mapuche, y a respetar los compromisos y obligaciones internacionales de Chile en materia de pueblos indígenas, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”. La denuncia está acompañada por más de cien firmas entre organizaciones indígenas, dirigentes, personas naturales, organizaciones sociales, políticas, gremiales y culturales que se solidarizan y respaldan la denuncia. 

No están solos 

Desde la vocería del Machi Celestino Córdova hacían un llamado a la solidaridad y a realizar acciones para fortalecer espiritualmente a todo nuestro pueblo nación Mapuche a fortalecer  espiritualmente el día de mañana espacios, junto al Lafken (mar) junto al Leufu (rio), junto a un Trayenko (vertiente) o en cualquier lugar en que se encuentren, es nuestro deber encomendar a nuestra autoridad ancestral Machi Celestino Córdova a nuestros espíritus ancestrales y prepararlo  para la huelga seca que pronto iniciara.

La respuesta llegó rápidamente. El Movimiento Mapuche Autónomo del Puelmapu (M.A.P) se expresó brindando su apoyo como parte del pueblo nación Mapuche al Machi Celestino Córdova en esta nueva huelga de hambre, “Somos conscientes del daño que ésto genera en su organismo y en su espíritu, y valoramos la vida!! Y desde nuestra cosmovisión, exigimos el regreso a su Rewe, con su lof Che. Reafirmando nuestro feyentun, enviamos kume newen al Machi y a su gente, entendiendo que este es un ataque hacia todos los Mapuche, a nuestra espiritualidad y a nuestro equilibrio como parte de la mapu que somos”.

“Somos una sola Nación en ambos lados de la Cordillera, todas las formas de lucha se han validado para Resistir y combatir la Opresión, fieles Weichafe de Nuestras Lof y Orgánicas, pero antes que nada de Nuestro Pueblo. No podemos permanecer indiferentes ante el actual escenario, es nuestra moral de Luchadores, el mandato de nuestros Kuifikecheiem ka Elchen Ñuque, Elchen Chau, que nos guía, identificando como principal enemigo el Sistema Capitalista de forma íntegra. E Integral nuestra Conciencia de Lucha”. El comunicado está firmado por los presos políticos: Daniel Canio Tralcal, Facundo Jones Huala,  José Cáceres Salamanca,  Juan Cheuqueta Cheuquepil,  Fermín Marquez Inal,  Cristhofer Pino Curin,  Victor Marileo Ancapi. 

La Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile también se solidarizó con la lucha de la nación mapuche y denunció la discriminación y el racismo que pesa sobre ellos. Haciendo un llamado al gobierno chileno a que detenga la violencia estatal contra el pueblo Mapuche.

También se solidarizaron las Asambleas Socioambientales de Neuquén y organizaciones que habitan este espacio territorial, repudiando “el accionar genocida del Estado chileno hacia los Presos Políticos Mapuce en general, y al Maci Celestino Córdova en particular. Como organizaciones que habitamos un Territorio, que es el Histórico Ancestral Mapuce, y entendiendo el valor Espiritual, político y social que tiene la figura de la o el maci dentro del Pueblo Nación Mapuche…Se sumaron al pedido de libertad a los presos políticos mapuches.   

El Machi Celestino Cordova desde la cárcel expresó: “continuaré resistiendo, asumiendo toda consecuencia que puede significar, si llegase a extenderse dicho sacrificio, porque es parte del cumplimiento del mandato espiritual y parte del servicio espiritual de la vida de Machi”.

Notas relacionadas

https://www.marcha.org.ar/wallmapu-que-no-se-equivoque-el-gobierno-los-prisioneros-politicos-mapuches-no-estan-solos/

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]]> Wallmapu: Un llamado al gobierno chileno para se que respeten los tratados internacionales https://marcha.org.ar/wallmapu-un-llamado-al-gobierno-chileno-para-se-que-respeten-los-tratados-internacionales/ Mon, 08 Jun 2020 10:04:48 +0000 http://www.marcha.org.ar/?p=49706 El Machi Celestino Córdova continúa con estado de salud grave luego un mes de huelga de hambre en la cárcel de Temuco frente a la indiferencia del gobierno chileno. Asimismo desde la cárcel de Angol se levanta otra huelga de hambre.

Por Vivian Palmbaum |

El machi Celestino Córdova, autoridad ancestral, sostiene su huelga de hambre desde hace más de un mes en la cárcel de Temuco, su salud sufre un deterioro creciente sin que sean escuchadas sus demandas. 

Desde la Wallmapu de un lado y del otro de la cordillera las comunidades mapuches expresan su solidaridad. El pasado 4 de mayo, el machi Córdova reinició la huelga de hambre liquida, que había dejado en suspensión el día 20 de marzo. Sus demandas en el contexto de la pandemia son que los presos mapuches, y detenidos por reivindicación social, cumplan sus condenas en sus espacios territoriales. La medida también exige la modificiación del Reglamento Penitenciario 518 que permita adecuar las instalaciones a las prácticas espirituales de la comunidad.  

A pesar de su delicado estado de salud, Cordova es víctima de maltrato, la indiferencia y el aislamiento por parte de la Gendarmería chilena, así lo denuncian en un comunicado la Vocería, familia y red de apoyo y responsabilizan al gobierno de Piñera,  las instituciones que son parte del Estado, Ministerio de Justicia y DDHH,  junto al Ministro de Justicia Hernán Larraín quien no ha autorizado el ingreso de médico como ha sido solicitado en reiteradas oportunidades. Por tercera vez el machi se desmayó lo que no fue suficiente para que acudiera el paramédico de la unidad penitenciaria a revisarlo, vulnerando el derecho a su integridad física y a su salud. 

Celestino Cordova se encuentra detenido desde 2014,  como autoridad ancestral ha apelado en distintas oportunidades a estas medidas de fuerza “espiritual y física” para  visibilizar las distintas demandas de su pueblo.  

Desde la Wallmapu (tierras ancestrales) la comunidad mapuche hace un llamado al gobierno chileno para que respete los tratados internacionales, las recomendaciones de la Comision Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos, para que se observen los derechos de las personas privadas de su libertad y de quienes además pertenecen a la comunidad mapuche en el contexto de la pandemia. Se quejan de la discriminación que pesa sobre ellos en tanto criminales de lesa humanidad y antimapuches han tenido mayor consideración a la hora de las excarcelaciones. 

Laos presos políticos mapuches desde la cárcel de Temuco acusan a la actual administración del gobierno chileno de una actitud en contra de los pueblos originarios y la lucha mapuche.  Expresan que hasta un gobierno fascista como el de Brasil ha respetado las recomendaciones internacionales y ha liberado los presos indígenas en el contexto de la pandemia.  

La historia de la condena a Celestino Córdova expone la persecución que sufre la comunidad. Fue el único condenado por la muerte al matrimonio Luchsinger-Mackay, luego de sustanciarse un primer juicio donde los 11 imputados fueron absueltos y que fuera anulado por la Corte de Apelaciones de Temuco y recién en un nuevo juicio el machi fue el único condenado. Las únicas pruebas fueron encontradas en la casa de Celestino por carabineros  vestidos de civil y si identificación. 

Acompañado para las distintas comunidades en resistencia y recuperación territorial, desde la cárcel Celestino expresa: “continuaré resistiendo, asumiendo toda consecuencia que puede significar, si llegase a extenderse dicho sacrificio, porque es parte del cumplimiento del mandato espiritual y parte del servicio espiritual de la vida de Machi”.

Criminalización de jóvenes mapuches

Desde las comunidades en resistencia y recuperación territorial denuncian la persecusión que sufren los y las jóvenes mapuche. La Lof Temucuicui, reconocida por su resistencia en territorio ancestral denuncian que las prácticas de hostigamientos y señalamiento por parte de la policía comunal son constantes.   

Dos jóvenes de esa comunidad, que son víctimas desde pequeños de la estigmatización, Anthu Llanca Quidel, de 20 años y  Danilo Nahuelpi Millanao, de 18, quedaron involucrados en una causa donde las únicas pruebas son las declaraciones de los carabineros que los detuvieron y torturaron.  Ambos se encuentran detenidos en la cárcel de Angol y son quienes se sumaron a la huelga de hambre que realizan los presos políticos mapuche. 

Al tiempo que la pandemia se desarrolla, continúa la militarización, el aumento de inversión para la represión contra el pueblo mapuche y el extractivismo no se detiene, tal como denuncian las comunidades. Con un sistema de salud privatizado y excluyente las comunidades indígenas en Chile han hecho un llamado a la autodeterminación organizativa para intensificar la cuarentena territorial que impida el ingreso de personas ajenas a las comunidades.

El pasado 26 de mayo desde el Consejo de Todas las Tierras denunciaron al gobierno de Sebastian Piñera por montar una campaña que en el marco de la pandemia “ha invisibilizado la situación que afectan a los Pueblos Indígenas del país y por lo mismo, ha quedado demostrado que el denominado “Plan Impulsa” y otras medidas anunciadas con los Pueblos Indígenas no fueron más que propaganda”. Anunciaron que harán las denuncias ante los organismos internacionales de protección de derechos humanos, en caso de que el gobierno persista en las políticas de desamparo hacia los Pueblos Indígenas en el marco del Covid 19.  

Por la dignidad, libertad de todos los presos políticos mapuche y no mapuche y de todos los privados y privadas de libertad en todas las cárceles del país y del mundo, expresaron en el comunicado. 

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]]> Víctor Polay: Confinamiento en la Base Naval de Perú https://marcha.org.ar/victor-polay-confinamiento-en-la-base-naval-de-peru/ Thu, 14 May 2020 11:00:00 +0000 http://www.marcha.org.ar/?p=49312 Entre los casi 100.000 presos repartidos en las 68 cárceles de Perú (con capacidad para 38.000 reclusos) la desesperación es total. Sin unanimidad en las cifras, se habla de alrededor de una decena de fallecidos por Covid–19 y cientos de contagiados.

Texto y fotos Colombia Informa

Las duras imágenes, como consecuencia de las recientes protestas en el penal de Castro Castro solicitando seguridad y medicinas, son impactantes. Un balance de nueve muertos y decenas de heridos, deja un ambiente enrarecido. En el aire queda el anuncio de liberación de presos para aliviar la situación. En Lima, existe otra cárcel con condiciones especiales. Ubicada en la Base Naval de Callao, cuenta con apenas seis presos (cinco políticos y Vladimir Montesinos, quien fue jefe de la inteligencia con Fujimori y ordenó construir esta instalación carcelaria). En condiciones de aislamiento desde hace años, uno de los presos políticos es Víctor Polay Campos.

Némesis, la diosa de la venganza, es el nombre con el que se conoce la prisión de la Base Naval del Callao en la que se encuentra desde hace 25 años de los 28 que lleva recluido, Víctor Polay, Comandante en Jefe del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru -MRTA-, organización político-militar que insurgiera en armas en el país en la década del 80. En esa Base a orillas del Pacífico los presos se cuentan con los dedos de las manos y las visitas son minuciosamente controladas. Una persona cercana a Polay narra cómo es llegar hasta donde él se encuentra.

Persona cercana: Llego apresuradamente por los afanes cotidianos, el coche raudo ha atravesado los barrios más pobres y violentos del puerto del Callao. Luego de 45 minutos estoy frente al retén compuesto por dos marinos premunidos de armamento de guerra que no permiten que nadie ingrese. De allí en adelante se respira una gran tensión, agentes de la marina uniformados y otros uniformados y armados, presentar y explicar el motivo de mi presencia con todo el personal con el que me encuentro, varios retenes en el camino. Silenciosa, tranquila, aceptando todo, sabiendo que luego de ello veré a Víctor.

Nacido en el Callao, el 6 de abril de 1951, proviene de una prominente familia aprista, fundadora de uno de los partidos más antiguos del Perú donde Víctor Polay Campos militó durante su infancia y juventud. En el año 1972 fue detenido por primera vez y acusado por el Fuero Policial de participar en actividades contra la dictadura militar. En aquella ocasión estaría recluido por unos meses en el Penal de Lurigancho, situado en uno de los barrios más poblados de América Latina con casi un millón y medio de habitantes. Hoy, este penal situado apenas a 1 km de Castro Castro, es el más hacinado del país. Los presos, desde lo alto de los pabellones, protestan pacíficamente reclamando el derecho a la vida. “No queremos morir”, “Queremos las pruebas del Covid”. Perú es al día de hoy el país con más número de contagios de la Región detrás de Brasil.

Al salir en libertad, Víctor viajó a España y Francia para estudiar Sociología y Economía Política en la Universidad Complutense de Madrid y en La Soborna de París, respectivamente. En Europa abandonó su militancia en el APRA e ingresó al Movimiento de Izquierda Revolucionaria -MIR-. Retornó al Perú cinco años después donde su compromiso y militancia política revolucionaria le llevaron a integrarse en el MRTA.

En 1989 fue detenido en la ciudad andina de Huancayo, pasando a engrosar el contingente de presos del MRTA e ingresar al Penal de Canto Grande, considerado el primer penal de máxima seguridad moderno en el país. Desde el primer minuto de encierro se organizan para una evasión. Emulando las célebres fugas de los Tupamaros en Montevideo y del penal de San Carlos en Venezuela, junto a 47 compañeros, protagoniza la famosa fuga del túnel, construido de afuera hacia adentro, en 1990 para continuar las actividades en el movimiento. Solo dos años más tarde volvería a ser capturado y recluido en el Penal de Yanamayo, en el altiplano, a más de 4.000 metros de altura. Esta caída coincide con el autogolpe de Fujimori, quién disolviera el Congreso para intervenir el poder judicial y establecer una dictadura que se prestó para violar todos los Derechos Humanos.

Víctor Polay: Antes de salir del penal de Yanamayo, fuimos torturados (para hacernos bajar la cabeza como se hace a los toros antes de salir al ruedo) y nos pusieron trajes a rayas. Durante el viaje me amenazaron con tirarme del avión por orden de Fujimori. Sin embargo, durante todo el traslado nunca dejamos de resistir y protestar.

Ya en la Base Naval nos quitaron todas nuestras pertenencias y ropas. Nos dieron un mameluco como todo vestido, junto a dos pares de medias y dos calzoncillos. No teníamos contacto con nadie y sólo nos alimentaban por una ventanita. El trato era agresivo y prepotente. El personal estaba encapuchado.

Durante más de un año Víctor estuvo completamente aislado, sin ver ni hablar con nadie. Su familia pudo ir a visitarle en mayo del 1994. Vivía en ascuas, con un temor permanente que no descartaba que en cualquier madrugada fuera sacado para ser pasado por las armas.

VP: El régimen en Némesis para los dirigentes del MRTA era de “silencio y reflexión”, hasta la caída de la dictadura a fines del 2000, fue muy cruel e inhumano. A diferencia de los dirigentes senderistas, que pasaban el día juntos y tenían una serie de gollerías supuestamente por los “acuerdos de paz”, nosotros estábamos aislados, salíamos al patio solos por 10 minutos y no podíamos vernos. Todas nuestras actividades las hacíamos solos, no teníamos acceso a libros, revistas o periódicos, ni a la radio ni a la televisión. Tampoco teníamos un espejo para mirarnos la cara, ni un reloj para saber la hora. Ningún calendario para saber qué día era. Las visitas familiares eran de 30 minutos al mes y con el Comandante al lado.

Hasta que no retornó la democracia, el régimen que gobierna “la diosa de la venganza” no realizó ningún cambio. Por más de 10 años se mantuvieron unas condiciones de reclusión deleznables. Hoy, los familiares directos pueden compartir con Víctor tres horas a la semana. Sin embargo, el régimen de aislamiento donde habita no ha variado. Una especie de eternidad monstruosa presiona y retiene.

Persona cercana: Ya estoy en lo que ellos llaman el CEREC, Centro de Reclusión del Callao. Una edificación de altos muros y rejas, rodeada de alambres de púas en medio de la nada, dentro de la Base Naval del Callao. Nadie sabe exactamente donde queda, porque todos los visitantes van en un vehículo completamente cerrado. En cuanto desciendo del vehículo, no me importan las horas de espera, la ambulancia en la que nos trasladan, totalmente cerrada y asfixiante, el trato altanero de los oficiales, luego el cateo minucioso. Nada de eso importa si voy a verte, si conversaré contigo durante tres horas a la semana. Si en ese tiempo infinito tentaremos a la felicidad, en esos dos metros cuadrados sin ventanas, con poca ventilación y los captores escuchándolo todo.

Con tantos silencios acumulados y tanto tiempo en las arrugas de la piel, Némesis busca que los presos se pierdan a sí mismos. Sorprende la resistencia de la que es capaz el ser humano.

VP: Los dirigentes del MRTA que estuvimos en estas condiciones jamás nos doblegamos, ni estuvimos dispuestos a firmar ningún apoyo a la dictadura. Cuando, en 1998 nos enteramos que los jóvenes habían roto con el miedo y se movilizaban en las calles, iniciamos una huelga de hambre en protesta que duró 30 días, con el propósito de hacer llegar el mensaje de que, desde el lugar más controlado por la represión, era posible resistir y luchar.
En el actual contexto, la crisis de la Covid-19 se suma a una situación de vulnerabilidad que engrosa el cuerpo social carcelario de miles de almas presas en Perú y en el mundo.

Con todas las visitas suspendidas, en la Base la soledad es total. Regresan los viejos tiempos en los nuevos. El miedo retiembla en los familiares de los reclusos desde que el 16 de marzo inició el período de cuarentena.

Persona cercana: Ahora la muerte está tan cerca. Día a día nos asalta en las noticias, calles, hospitales y penales donde tienen un número cada vez más creciente de caídos por la pandemia. La ansiedad y angustia me recorren y me pregunto cómo estás en ese lugar helado y lejano, donde alguna vez te amenazaron de muerte colocando dos féretros en la puerta de tu celda. Cómo transcurre para ti la vida en estos días, ¿estás realmente seguro? Durante años, cuando no te veía por el cautiverio tuve la certeza de que nuestros ojos se encontrarían nuevamente, ahora vivo a sobresaltos este confinamiento y sólo la llamada semanal me calma. Escuchar tu voz al otro lado.

Siempre estará pendiente la espada de Damocles de saber que en varias ocasiones Víctor ha librado la muerte. Ahora que este virus recorre el mundo, se espera que Némesis se mantenga a salvo.

* Este es el segundo artículo de la serie Criminalización y castigo en cuarentena, una iniciativa comunicacional de diferentes medios internacionales cuyo objetivo es acercarse, dentro de la actual crisis sanitaria mundial, a las realidades de aquellas personas sometidas a aislamiento forzoso (penitenciario, psiquiátrico o de internamiento de extranjeros). Su olvido y exclusión se incrementa en estos tiempos ante la suspensión del régimen de visitas. ¿Cuál es la situación en los diferentes países y las respuestas de los Gobiernos? En estos días de cuarentena, ¿el confinamiento de las sociedades puede ser un puente de solidaridad hacia las personas privadas de libertad? Esta serie de reportajes es un acercamiento hacia los establecimientos de reclusión en tiempos de pandemias.

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]]> Wallmapu: “Que no se equivoque el gobierno, los prisioneros políticos Mapuches no están solos” https://marcha.org.ar/wallmapu-que-no-se-equivoque-el-gobierno-los-prisioneros-politicos-mapuches-no-estan-solos/ Wed, 13 May 2020 10:00:00 +0000 http://www.marcha.org.ar/?p=49293 La comunidad mapuche demanda protección para los presos políticos en las cárceles de la Araucanía chilena tras ser expuestos al riesgo del COVID-19 por falta de los cuidados correspondientes. Entre ellos, el lonko Facundo Jones Huala se encuentra en cuarentena después de  entrevistarse con una funcionaria judicial que tenía síntomas antes de la visita. 

Por Vivian Palmbaum | Foto: Mapuexpress

La pandemiase ha instalado a nivel global. También desde la Araucanía llegan las voces que claman por protección y amparo tras los muros. Hoy, el pueblo mapuche históricamente criminalizado de los dos lados de la cordillera, pide por la protección de quienes se encuentran privados de su libertad por defender su cuerpo-territorio ancestral. Desde las cárceles de Temuco y Angol, con prisión preventiva o con condena firme, piden para que se preserve su derecho a la vida frente a la pandemia. 

Temuco

Familiares, Amigos y Red de Apoyo Machi Celestino Córdova denunciaron el pasado 25 de abril la negativa del gobierno a proteger la vida y la integridad física de los presos mapuches frente al rápido avance del Covid 19.  Esta realidad provocó que la Gendarmería chilena dejara ingresar a una funcionaria de la institución que estaba siendo evaluada por Covid 19   para entrevistarse con el lonko Facundo Jones Huala y otros privados de la libertad en la cárcel de Temuco. Recién dos días después el lonko fue separado de los demás presos mapuches expresaron en su comunicado. Finalmente los resultados de las pruebas de hisopado que le realizaron a Facundo Jones Huala dieron negativo y deberá permanecer en aislamiento preventivo durante  15 días.

El Comité por lxs Presxs de los Pueblos Indígenas, en Argentina, emitió un comunicado en donde solicitan al Estado argentino que inicie acciones para repatriar al Facundo Jones Huala encarcelado en ese país. En el documento denuncian “el actuar criminal del gobierno de Sebastián Piñera” y llaman a la solidaridad internacional ante la injusta situación de discriminación que sufre el pueblo mapuche. El lonko Facundo Jones Huala fue extraditado al país trasandino y condenado con escasas pruebas y en base a muchas suposiciones, la construcción del enemigo que luego facilite la apropiación de sus tierras. Las tierras patagónicas tanto de un lado como del otro de la frontera tienen riquezas naturales incalculables: agua, gas, petróleo, entre otros. El escollo para la explotación son los pueblos originarios. 

Desde las distintas recuperaciones mapuches se sumaron y denunciaron que el gobierno chileno no sigue las recomendaciones propias de los organismos internacionales como ONU y la CIDH para que protejan a la vida de las poblaciones carcelarias frente al peligro que la pandemia por las alarmantes condiciones en las que se encuentra la población carcelaria de la región. En ese sentido manifestaron familiares y redes de apoyo manifestaron: “la CIDH recuerda a los Estados que toda persona privada de libertad bajo sus jurisdicciones tiene derecho a recibir un trato humano, con irrestricto respeto a su dignidad inherente, a sus derechos fundamentales, en especial a la vida e integridad personal”.

Previamente, en un comunicado desde la cárcel de Temuco los presos políticos mapuches ya denunciaban que hasta el momento sólo se habían liberado a “criminales de lesa humanidad y anti mapuches como el paco asesino de Catrillanca y a los nefastos agentes de la operación Huracán”, amparándose en la excusa de la pandemia. “¿Es que la vida del pueblo mapuche no importa?” se preguntan. Señalan la decisión política que les retiene en la cárcel habiendo cumplido con los requisitos necesarios para acceder al beneficio de la libertad para evitar el peligro del contagio. Hacen extensivo el pedido a todos los presos de un sistema penal que se encuentra desbordado, como en toda la región.  

Por su parte, el pasado 4 de mayo, el Machi Celestino Córdova reinició la huelga de hambre liquida que había dejado en suspensión el día 20 de marzo, en demanda que se cumpla el Convenio 169 de la OIT, en relación a los presos pertenecientes a pueblos originarios, con las mismas demandas de protección.   

Angol

Desde este territorio las Comunidades Mapuche en resistencia de Malleko denunciaron la discriminación que pesa a los presos mapuche en la cárcel de Angol y las medidas abusivas a las que los someten.  Desde el pasado 4 de mayo los presos mapuches de la cárcel de Angol también comenzaron una huelga de hambre líquida para exigir el cumplimiento de medidas de protección frente al peligro que el Covid 19 en ese contexto y denunciaron que es necesaria la “libertad de los prisioneros políticos mapuche o el cambio por una medida alternativa distinta a la prisión, como lo estipula el Convenio de la OIT n° 169, artículos 8, 9 y 10 y considerando también la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”. A su vez, entre las peticiones se exige la restitución y desmilitarización territorial que siempre protege a intereses económicos de empresas transnacionales.

En el comunicado hacen un llamado a las distintas las comunidades en resistencia para estar atentos frente a la injusticia del gobierno chileno contra sus hermanos Prisioneros Políticos Mapuche de la cárcel de Angol:  “Que no se equivoque el gobierno, los Prisioneros Políticos Mapuche no están solos”.

Derechos de los pueblos

La situación además obligo a la CIDH a radicar un pronunciamiento el pasado 8 de mayo en donde instan a los gobiernos a adoptar medidas de protección para los pueblos indígenas frente a la pandemia. La Comisión advierte sobre la situación “de especial vulnerabilidad en la que se encuentran los pueblos indígenas, particularmente aquellos en aislamiento voluntario y contacto inicial”. Recuerda la histórica vulneración de derechos que pesa sobre los estos pueblos y que se refleja en la situación de extrema pobreza en contraste con el resto de la población no indígena. 

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]]> Bachir Khada, preso saharaui: “Sufrimos las peores vejaciones y torturas” https://marcha.org.ar/bachir-khada-preso-saharaui-sufrimos-las-peores-vejaciones-y-torturas/ Tue, 12 May 2020 03:30:00 +0000 http://www.marcha.org.ar/?p=49277 La historia del periodista sahauruí, Bachir Khada, preso político condenado a más de 20 años en Marruecos por luchar en busca de la libertad del Sahara Occidental. Hoy se suma a las miles de presos y presas que exigen su libertad en plena pandemia.

Bahia Mahmud Awah (*)

Khada es un periodista encarcelado en Tiflt (Marruecos) y forma parte del grupo de “Gdeim Izik”, como se conoce a los veinticuatro presos políticos saharauis procesados tras el ataque marroquí, en octubre de 2010, al campamento de protesta con el que los saharauis desafiaron al ocupante.

Khada junto a sus compañeros fueron trasladados desde el Sahara Occidental a Marruecos, siendo objeto de un proceso que para la comunidad internacional que concluyó siendo una farsa. Durante dicha instancia Khada declaró “fuimos quienes nos planteamos las semillas de la primavera árabe, y seremos quienes cosechan los frutos, nuestra independencia.”

Recientemente el Rey de Marruecos concedió un indulto a 5600 presos para descongestionar las cárceles ante la pandemia del Coronavirus. Entre éstos no figura ninguno de los 52 presos saharauis que hay dispersos en cárceles marroquíes. Para Khada, condenado a 20 años de prisión, en confinamiento permanente a mas de 1200 km de su hogar y seres queridos, no hay diferencia entre el antes y después de la pandemia.

Cuando se escribe sobre una persona privada de libertad, este osado acto resulta muy difícil, porque uno ha de tener una mirada especial y sentir el dolor del corazón de una madre o un padre que hayan perdido su esperanza en la justicia cuando sus seres más queridos languidecen injustamente detrás de las rejas. Y sólo les queda como recompensa la justa certeza de que su hijo ha caído o ha sido encarcelado por su convicción política. Es el caso del preso político saharaui El Bachir Al Mokhdar Hadda, un joven saharaui preso por sus ideas y su activismo por los derechos humanos, privado de libertad desde hace una década y acechado día y noche por verdugos marroquíes. Y aún duele más pensar en su encierro desde la psicología social de un saharaui o mauritano, desde la noción que tenemos respecto a la infinidad del espacio con el que entendemos la libertad. Y sobre todo cuando el espacio se circunscribe entre lóbregas paredes y torturadores. Don Quijote se lo recordó a su escudero Sancho Panza, “La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre; por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida, y, por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres”.

El don más apreciable que siente un saharaui, como lo sienten sus camellos, es la infinidad de la libertad en su desierto, por el que uno, convencido de su lucha, cae y se levanta constantemente. Y como pasaje anecdótico en la literatura saharaui pienso en el caso de Ziyigh, el dócil dromedario del clásico saharaui Mohamed Uld Mohamed Salem, convertido en una hermosa leyenda de gesta literaria, cuando su dromedario fue encerrado en un incomprensible recinto cercado de púas. El poeta, con tristeza al ver las lágrimas que corrían de los oscuros y grandes ojos de su camello insignia, entendió aún más el significado de libertad que ambos, amo y camello, compartían. Ziyigh fue retenido por haber propinado una coz a un avestruz criada por un alto cargo colonial francés, que tocó al camello la parte más sensible de su cuerpo, sus patas traseras. El poeta Uld Mohamed Salem dolido, por el inesperado encierro al que se vio sometido su mejor amigo y venerado dromedario, le homenajeó con estos versos en un íntimo diálogo que comparte dolor y esperanza de libertad.

“Oh, tú, mi camello Ziyig, / aplaca las cataratas de lágrimas / que vierten tus oscuros ojos, / reprime tu berrido / y aguanta el silencio/ que te impusieron. / Pronto serás libre / y libre serás de tu desvelo por la lejanía de Tueizirfat ”.

Más de un cuarto de siglo permaneció en la cárcel Nelson Mandela. Tras sus largos años de cautiverio en la triste cárcel de Rhode Island, al ser puesto en libertad reflexionaba que “El aspecto más inquietante de la vida en prisión es el aislamiento. No hay principio ni final, sólo tu propia mente, que a veces resulta engañosa”. El Bachir Al Mokhdar Hadda fue procesado en 2010 por haber manifestado y gritado libertad para el Sahara Occidental en los históricos acontecimientos del levantamiento saharaui contra la ocupación marroquí, conocido por el Grito de Gdeim Izik. Hadda, aislado en su celda, reflexionaba sobre esta prolongada tortura del confinamiento: “Desde el comienzo de mi secuestro y encierro en la Cárcel Salé 2, Marruecos, donde mis compañeros y yo sufrimos a diario las peores vejaciones y torturas, mi momento más duro tuvo lugar el día en que los carceleros me llamaron anunciándome la visita de mi madre que venía de la ciudad saharaui ocupada de El Aaiun. Era la primera vez, después de tres meses desde el día de mi secuestro, que mi madre sabía de mi paradero y recorrió más de mil quinientos kilómetros para venir a verme a la cárcel en Marruecos.

El día de las visitas transcurre para nosotros el grupo de los presos políticos saharauis de Gdeim Izik como un infierno. Nos vendan los ojos, nos esposan las manos y los carceleros, ante el respiro que supone ver a un familiar, se vengan golpeándonos a lo largo del trayecto desde nuestras celdas a la sala de visitas. Dos mallas de alambre me separaban de mi madre como barreras y cuando ella entró en la sala, al verla enseguida le sonreí.

Mi propósito era levantar e infundir ánimo en su moral, también era para ocultarle el dolor que sufro con las torturas a diario. Ese día había un verdugo, de nombre Hassan Mahfadi, que se encargó de vigilar cualquier detalle del encuentro con mi madre, separados por la barrera de alambre. Después de concluida la visita, ese verdugo y otro me vendaron los ojos, me esposaron y me llevaron de vuelta a mi celda de aislamiento, donde dio inicio mi calvario. Me golpearon, me abofetearon, me patearon, me insultaron y todo fue por la sonrisa con la que había recibido a mi madre y con la que ella, orgullosa, me respondió porque estamos convencidos de nuestra lucha y no rendidos. Los dos verdugos, burlándose de mi indefensión y debilidad antes sus golpes, me repetían: ‘¡ahora sonríe como lo hacías a tu madre, ya que ella no sabe lo que te estamos haciendo!’. Porque la sonrisa de los presos saharauis durante las visitas se ha convertido para los carceleros marroquíes en un cargo contra nosotros y un motivo de tortura, porque reflejan que no tenemos miedo a defender nuestras ideas y nuestra oposición a su ocupación de nuestra patria saharaui”.

Nelson Mandela, Madiba, en su alegato ante el tribunal del régimen del apartheid afirmó: “En nombre de la ley fui tratado como un criminal… no por lo que hice, sino por lo que defendí, por mi conciencia”. La ex presa política y defensora de los derechos humanos saharaui Sukeina Mint Yedehlu, hija de un poeta clásico de la literatura saharaui, recordaba así sus años de desaparecida en la terrible cárcel secreta marroquí de Kalaat M’gouna: “Fue la cárcel en la que más tiempo estuve junto a otros saharauis y donde nos sentíamos como “muertos en vida (…) Tenía tres objetivos principales: aprender, tener un juicio justo y recibir la visita de familiares. Cada noche me acostaba sin saber si amanecería”.A la angustia de la incertidumbre que viven los presos saharauis, se une la preocupación por los suyos.

“No puedo describir con precisión desde mi celda cuánto echo de menos a mi familia y amigos”, afirma El Bachir Al Mokhdar Hadda, “Pero tengo fuerza para decirle a cualquiera que se ponga en el lugar de mi familia y amigos, que también viven en una cárcel aunque sin rejas. Fueron privados injustamente de visitarme por razones de lejanía y las presiones que se ejercen contra ellos. Por ahora intento resistir el agotamiento que me ocasiona el largo tiempo encerrado y aislado en una celda, además de las torturas, las vejaciones y el racismo ejercido contra nosotros por ser saharauis. Llevo condenado nueve años y cinco meses en una cárcel de alta seguridad, debido a mi clara posición política en la lucha del pueblo saharaui, que incluso he expresado en mis declaraciones ante los tribunales marroquíes. Con muchas dificultades intento refugiarme en los estudios de máster a los que me enfrento sin contar con una silla, ni acceso a la biblioteca de la cárcel. Sólo dispongo de una hora por la mañana y otra por la tarde que debo repartir entre tomar algo de sol y mi aseo personal, hora a la que en ocasiones renuncio por el insuficiente tiempo y el estrés que me producen los carceleros. Sólo sueño con mi libertad”.

No olvidamos a nuestros presos, fuente de inspiración de nuestros airados e insumisos versos de compromiso con ellos: “En el silencio exiliado, cada noche sueño gritar vuestros nombres, / que anidan desterrados donde el tiempo/ en la infinidad se reduce entre diminutas, / oscuras, transparentes y condenadas paredes. (…) Soñé cuerpos desnudos, inertes y frágiles, /donde el verdugo esculpió su nombre”. (“Aaiun, gritando lo que se siente”. Bahia Mahmud Awah. 2006)

(*) Escritor y antropólogo.

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]]> Bolivia: ¡Libertad para la lideresa Elena Flores! https://marcha.org.ar/bolivia-libertad-para-la-lideresa-elena-flores/ Wed, 15 Apr 2020 11:54:00 +0000 http://www.marcha.org.ar/?p=48607 La lideresa Elena Flores, lleva más de un mes privada de su libertad por resistir ante el avance del paramilitarismo en Bolivia. Organizaciones sociales del continente exigen su pronta liberación.

Por Camila Parodi

Elena Flores fue elegida como presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca en el mes de agosto y, tras el golpe de Estado cívico- militar realizado contra el gobierno de Evo Morales, ha sido hostigada de forma constante por su resistencia contra el avance del paramilitarismo en su territorio. Recientemente fue encarcelada y su historia se suma a las numerosas detenciones que se encargan de eliminar al actual sujeto político de la resistencia boliviana.

En una carta realizada desde Bolivia por las activistas internacionalistas del Comité en pro del Pueblo de Chiapas, Cindy Forster y Pambana Gutto Bassett, se denuncia que Elena Flores lleva mas de un mes encarcelada bajo condiciones penosas: “El régimen la ha sometido a amenazas de violencia y una campaña de difamación” afirman luego de concluir una minuciosa investigación que pone de manifiesto las violencias de la dictadura cívico militar contra las y los referentes políticos del Estado Plurinacional.

A su vez, desde su experiencia y trabajo comprometido destacan que en el territorio de las Yungas -donde vive la mayoría de afrobolivianos/as y de donde proviene Elena Flores- el intervencionismo estadounidense ha propagado la violencia paramilitar bajo el pretexto de la lucha contra las drogas junto con las operaciones ilegales de la minería de oro que se potencia en el actual contexto.

¿Quién es Elena Flores?

Elena Flores es una lideresa afroboliviana y sindical que se ha ganado el respeto profundo de mas de 35 mil cultivadores/as de la hoja de coca en las Yungas. Se trata de un territorio situado en las laderas 2 mil metros abajo de La Paz. Elena comenzó a trabajar con el sindicato en su juventud y relata que siempre soñó con servir como presidenta de la Asociación, ya que desde 1983 sólo había sido liderada por hombres. Fue electa en agosto del año pasado gracias a su promesa de expulsar a los paramilitares y, además, de unir a las tres regiones de Inquisivi y Yungas del Norte y del Sur. Es una lideresa sindical que cree en el campesinado y que se dedica a la dignidad y el bienestar de las mujeres.

Flores es la hermana mayor de una familia de 4 hermanos. Ellos cuidan a su madre de la tercera edad quien está enferma y, también, a su hermano con una discapacidad severa. En contacto su familia, Cindy Forster y Pambana Gutto Bassett dan cuenta de su preocupación por no poder protegerlos durante estos tiempos peligrosos del régimen golpista y la pandemia del coronavirus.

La persecución y condena política realizada contra Elena se centra en la denuncia firme que la lideresa realizó contra la criminalidad de la directiva anterior del sindicato, cuyos miembros se rehusaron abandonar sus puestos o convocar elecciones. Aseguran las activistas del Comité en pro del Pueblo de Chiapas que en la actual situación de franca ilegalidad, sus miembros fueron financiados por la derecha boliviana e estadunidense y a la vez entrenados en tácticas paramilitares. Explican también que los ex líderes crearon redes para la distribución de cocaína, y dirigieron un gran chanchullo a base de las cuotas del sindicato.

En la época reciente, los enemigos de Flores se han prestado como fuerzas paramilitares, dirigidas por el ejército y la policía del régimen de la autoproclamada Jeanine Añez. Entran a la ciudad de La Paz como una falange de los grupos de choque y “pititas”, integrados por vecinos conservadores. Mientras, Añez los tilda de héroes y se toma fotos sonriendo con ellos.

Desde el golpe de Estado, Flores ha tomado un papel clave en denunciar la militarización, la fuerte represión y el desprecio a la democracia del régimen de Añez. Ella se compromete con unir su región en el sindicato de cocaleras y cocaleros y también con unir el pueblo indígena y afroboliviana de las Yungas.

Situación actual de las presas políticas

Desde el 4 de marzo, Elena Flores fue encarcelada en el Centro De Orientación Femenino de Obrajes. María Eugenia Choque Quispe también está detenida allí, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral de 60 años de edad. Ella fue acusada falsamente de fraude. Antes fue trabajadora social y profesora de historia con enfoque especial sobre las mujeres Indígenas. También, Patricia Hermosa es otra mujer indígena que se encuentra detenida en esta misma cárcel. Es abogada y notaria de Evo Morales. Hermosa fue encarcelada, cuando intentó presentar la documentación obligatoria para oficializar la candidatura de Evo en el Senado. La candidatura de Evo es completamente legal pero ha sido impedido por el gobierno de facto. Son muchas y muchos los presos políticos que han sufrido el encarcelamiento después del golpe de Estado del 10 de noviembre que llevó al poder a Jeanine Añez.

Por su parte, Flores dirigió la toma de un centro de salud, llamado el Centro de Especialidades de Atención Integral, que pertenece al sindicato del cual Elena Flores es la presidenta electa. La clínica había caído bajo el control paramilitar de la derecha gracias al anterior líder sindical, Franklin Gutiérrez. Él instaló redes corruptas y se negó a convocar elecciones, yendo en contra de los estatutos y normas de Adepcoca.

Elena Flores ha sido acosada e intimidada por el régimen porque es una lideresa afro, una organizadora sindical importante elegida en la región donde se cultiva la coca. A su vez, ella apareció al lado de Evo Morales repetidamente durante los meses previos a las elecciones de octubre así como también Las Yungas siempre ha sido una base importante del Movimiento hacia el Socialismo (MAS).

Los cargos falsificados del gobierno golpista

El tribunal del régimen encarceló a Elena Flores con los cargos de robo agravado, daños a la propiedad pública, entrada forzada e impedir que el Estado ejerza sus servicios. La acusan por un delito que, según alegan, tuvo lugar en julio de 2019. Más de seis meses después, el régimen golpista presentó cargos contra ella. Curiosamente, el equipo legal presentó fotografías tomadas en noviembre como evidencia, y el juez golpista las aceptó. El abogado de Flores argumenta que no se le dio aviso adecuado de estos cargos y se le negó el debido proceso.

Estados Unidos, la mano que da el golpe

El régimen golpista fue reforzado por Estados Unidos, en colaboración con oligarcas racistas y la Organización de Estados Americanos (OEA) de Luis Almagro. Su objetivo es proteger los intereses de las multinacionales y devolver el país al neoliberalismo, el racismo y la miseria.

Los grupos de choque civil que construyeron un clima de caos durante años antes del golpe de Estado, en 2019 atacaron a mujeres indígenas y, de igual modo, les cortaron las trenzas. Asimismo, desgarraron el peinado afro de mujeres afrobolivianas.

Durante estos meses que siguieron el golpe de Estado, el gobierno de facto ha institucionalizado su odio hacia la mujer por medio del desmantelamiento de los programas sociales destinados a madres jóvenes. También, han destruido el sistema de salud pública que en los últimos 14 años disminuyó enormemente las tasas de mortalidad materna e infantil.

A los pocos días del golpe de Estado, Añez puso de manifiesto sus objetivos misóginos a través de la violación sistemática de mujeres y niñas por parte de las fuerzas de seguridad, incluso después de haberlas asesinado.

El régimen de Añez debe liberar a Elena Flores. Ella debe regresar a su familia, comunidad, región y trabajo sindical. Su gente ha sido despojada de su liderazgo.

Comité en pro del Pueblo de Chiapas

Leer más: Bolivia Resiste

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]]> Colombia: 4 muertes por Coronavirus, 23 por el Estado https://marcha.org.ar/colombia-4-muertes-por-coronavirus-23-por-el-estado/ Thu, 26 Mar 2020 15:47:42 +0000 http://www.marcha.org.ar/?p=48079 23 personas privadas de su libertad fueron asesinadas a manos de funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), la Policía y el Ejército Nacional en la cárcel La Modelo de Bogotá. Participaban en una protesta junto a otras 13 cárceles en el marco de la crisis producida por el Covid-19 que, en Colombia hasta el momento, se cobró 4 vidas más.

Por Sergio Segura

“El terror se convierte, por tanto, en una forma de marcar la aberración en el seno del cuerpo político, y lo político es a la vez entendido como la fuerza móvil de la razón y como una tentativa errática de crear un espacio en el que el “error” fuera minimizado, la verdad reforzada y el enemigo eliminado”. Achille Mbembe

Fue una masacre del Estado

El “Cacerolazo y portazo nacional por la liberación humanitaria inmediata de la población carcelaria” fue motivado por la negligencia institucional para adoptar medidas urgentes que permitiesen evitar el contagio del Coronavirus (Covid-19) entre los presos y funcionarios de las prisiones, petitoria que habían realizado días atrás a través de comunicados públicos. Diferentes organizaciones defensoras de Derechos Humanos también hicieron lo propio, aun así, la respuesta estatal fue la represión, justificando esta masacre bajo el pretexto de no existir un reporte de presos contagiados que motivara una emergencia sanitaria.

Los presos afirman que reclamaban por implementos básicos de protección: tapabocas, jabón y gel antibacterial. No obstante, la ministra de Justicia, Maragarita Cabello Blanco, sostiene que hubo “un plan criminal de fuga masiva”. Por otro lado, durante la madrugada del 24 de marzo en Bogotá, cuatro ex-integrantes de las FARC-EP recluidos en la cárcel La Picota y tres estudiantes universitarias que permanecían en la cárcel de mujeres El Buen Pastor, fueron trasladados a una cárcel en la ciudad de Ibagué, al oeste del país. Organizaciones defensoras de Derechos Humanos denunciaron que por más de 30 horas no se supo de su paradero, actuación a todas luces arbitraria. Mientras el INPEC decidió no realizar remisiones por supuestamente evitar que se presentaran contagios, se excusaron en la pandemia para hacer dicho traslado. Familiares e integrantes de organizaciones sociales y de Derechos Humanos aseguran que esta práctica se centra en la intención de mostrar a los presos políticos como “líderes de los motines” ante la opinión pública.

La raíz del problema

Las estadísticas del INPEC indican que las 134 cárceles del país tienen capacidad para albergar hasta 80.156 presos, sin embargo, en la actualidad se presenta un hacinamiento de más del 50 por ciento debido a la reclusión intramuros de 124.188 personas, lo cual indica una sobrepoblación de 44.032 internos en los centros carcelarios.

Esta crisis carcelaria no es nueva. La Corte Constitucional, a través de dos sentencias, en 1998, declaró un estado de cosas inconstitucional en las prisiones debido al hacinamiento y los problemas de salud y alimentación dentro de los penales. Por su parte, el Movimiento Nacional Carcelario denunció que en las prisiones no hay agua permanente ni jabón para el lavado de manos, lo que se suma al mayor riesgo latente: un posible contagio de los guardias, quienes a diario llegan de la calle y podrían ser el vehículo para empeorar la situación de las penitenciarías, (donde a pesar de la emergencia siguen llegando nuevos presos). Sólo en Bogotá hay 41 establecimientos con 45.041 privados de la libertad, donde la capacidad máxima es de 30.535.

La llegada de la pandemia agrava la situación de Derechos Humanos ya que el hacinamiento, la insalubridad y la pésima alimentación son las condiciones propicias para que el virus se propague. Por el momento, la única medida de prevención fue prohibir las visitas, lo que denota el desprecio por la vida y la integridad de miles de personas que están siendo afectadas con estas decisiones.

En un texto publicado por varios colectivos en defensa de los derechos de las personas privadas de la libertad por el Estado colombiano, se dice que “ante el desdén de las autoridades, la población carcelaria se ha venido manifestando, en defensa de su vida y la de sus familias, para que se tomen medidas que eviten el contagio y la muerte de miles a través de la excarcelación humanitaria; a través de decretos de rebajas de penas, de la agilización de libertades condicionales y domiciliarias y de la liberación de sindicados, enfermos y personas de la tercera edad, en el marco de la emergencia social y sanitaria decretada por el gobierno”.

La Emergencia y las alternativas

Sólo hasta después de la masacre la ministra de Justicia anunció la elaboración de un decreto que busca la “descongestión” de las cárceles por un período de tres meses, donde se verían beneficiados unos 10.000 presos con “delitos menores” que cumplirían prisión domiciliaria durante el tiempo de emergencia.

Existe cierta incertidumbre por el tiempo que puede tardar la ejecución ya que administrativamente las excarcelaciones dependen de los jueces y en la última instancia de la Corte Constitucional, organismo que podría rechazar el planteo del decreto.

Entre las solicitudes de excarcelación, el concepto emitido por la Procuraduría General de la Nación y el proyecto de fallo que exponga el magistrado encargado, la Corte Constitucional tiene 45 días para estudiar los decretos legislativos del Estado de Emergencia y notificar las respectivas decisiones. En todo caso, aunque la medida permitiera la excarcelación de 15.000 presos, no se acabaría con el hacinamiento, ya que la sobrepoblación carcelaria actual supera las 40.000 personas.

Según datos del INPEC, en Colombia permanecen privados de la libertad 1.301 hombres que son adultos mayores de 70 años. Igualmente, con la misma edad, 41 mujeres permanecen en prisión. La población carcelaria con edad de 65 a 69 años también presenta una alta vulnerabilidad en caso de resultar contagiada. En total son 2.919 las personas de más de 65 años que permanecen privadas de la libertad, de las cuales 74 son mujeres y 1.503 hombres.

La Defensoría del Pueblo a través de un comunicado sugirió contemplar la excarcelación para quienes no superen los ocho años de condena y quienes hayan cumplido la mitad de la pena (no aplica para “delitos atroces”). Seguidamente, el procurador general Fernando Carrillo propuso que también sean contempladas las mujeres embarazadas y personas mayores de 65 años. Igualmente grupos vulnerables, madres gestantes o con hijos menores de tres años que vivan con ellas en prisión y personas con padecimientos como cáncer, VIH, insuficiencia renal crónica, diabetes insulinodependiente, trastorno pulmonar, hipertensión, hepatitis C, hemofilia, artritis reumatoide y quienes tengan trasplantes.

Por ahora, la presentación  de solicitud de excarcelación más rápida ante una jueza fue realizada por la defensa del exministro Alberto Santofimio Botero, de 78 años, condenado por el magnicidio del candidato presidencial Luis Carlos Galán, asesinado en 1989.

Salvado por la campana

-El virus llega en un momento en el que al gobierno de Iván Duque se le atribuyen con diversas pruebas graves actos de corrupción relacionados a un posible fraude electoral en las presidenciales de 2018, donde resultó elegido con más 10 millones de votos. Además, diferentes investigaciones periodísticas han arrojado evidencias de las relaciones entre el difunto ganadero y narcotraficante ‘Ñeñe’ Hernández, el presidente Duque y el senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez, este último con múltiples investigaciones por nexos con paramilitares y fraude procesal por compra de testigos.

-Desde el 21 de noviembre de 2019 el país presentaba una inflexión histórica de la movilización social, las cuales se dan específicamente contra el Gobierno Nacional con motivo de la lesiva reforma tributaria, el asesinato sistemático de líderes sociales y excombatientes, el incumplimiento del Acuerdo de Paz con las FARC-EP, entre otras razones. En el marco de las protestas fue asesinado en Bogotá el joven Dilan Cruz, de 18 años, por parte del capitán Manuel Cubillos Rodríguez del Escuadrón Móvil Anti Disturbios (ESMAD). El agente disparó su escopeta calibre 12 y el proyectil quedó clavado en la cabeza, causándole la muerte después de varios días en coma.

-Duque se caracteriza en la actualidad como el presidente más impopular de la historia, al no superar el 30 por ciento de aceptación, de forma que la gobernabilidad está por el suelo. Podemos añadir, a su vez, que sus decisiones para contrarrestar la pandemia fueron equivocadas, tardías e insuficientes desde el inicio, donde desautorizó alcaldes y gobernadores que quisieron anticiparse. El Decreto 444 del 21 de marzo de 2020 fue anunciado como solución a la emergencia sanitaria, lo que ha despertado el rechazo de múltiples sectores; primero, porque el funcionario encargado de la cartera es el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, quien está involucrado en el empobrecimiento y robo de recursos de 17 municipios, segundo, porque ordena el traspaso de 17 billones de pesos del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET) para beneficiar a los bancos, no a la salud pública y la emergencia presente.

-En ese sentido, Duque también amenazó con cerrar los 2.200 kilómetros de frontera que Colombia tiene con Venezuela, continuando con el apoyo del golpista Juan Guaidó, quien no tiene ninguna posibilidad de incidir en alguna decisión de relevancia para Venezuela en la actualidad. Del mismo modo, se tardó en cerrar las fronteras aéreas, sabiéndose que su hermana es una alta ejecutiva del Aeropuerto Internacional El Dorado, por donde definitivamente entró el virus. Mientras se negaba a cerrar el aeropuerto, cayó una avioneta-ambulancia colombiana en Honduras, cargada de cocaína. Días antes, se descubrió que la finca del embajador colombiano en Uruguay, Fernando Sanclemente, funcionaba como un laboratorio de cocaína.

-La pandemia minimiza el sistemático asesinato de líderes sociales, que no se ha detenido con la cuarentena. Solo el 19 de marzo fueron asesinados tres líderes sociales, sumándose a la larga lista de al menos 600 desde que se firmó el Acuerdo de Paz en 2016. Uno de ellos fue Marco Rivadeneira, líder campesino del movimiento Congreso de los Pueblos, quien fue asesinado después de su secuestro. Dos excombatientes de las FARC-EP y dos líderes indígenas también murieron a manos de sicarios en los últimos días.

A modo de reflexión

En Colombia se articula la ley como elemento de autoridad con un régimen que acude al elemento capitalista del terror. El conjunto de estas acciones criminales requiere de una mirada económica, política y jurídica. La clase dominante es un actor que necesita de legitimidad y consenso para aplicar consentida o coercitivamente el conjunto de los esquemas normativos.

Bajo este presupuesto, la figura del paraestado requiere de base social y apoyo popular para sostenerse; es decir, si el consenso social para mantener dicho marco institucional que regula y controla las cárceles es amenazado, los brazos armados al servicio de la clase en el poder actúan.

Para la consolidación del régimen político colombiano, la clase en el poder se ha valido del derecho de matar. Ese ejercicio históricamente se ha realizado con la creación de excepciones (jurídicas y simbólicas) en las que algunos seres son “merecedores” de la muerte por ser “enemigas” del orden constituido.  En palabras de Walter Benjamin, “(…) el soberano, al tener el poder legal de suspender la validez de la ley, se sitúa legalmente fuera de ella”.

La masacre en la cárcel La Modelo se da en medio de una mediática solidaridad nacional debido a los cuidados necesarios para contrarrestar los efectos del Coronavirus, pero la hipocresía quedó develada cuando una parte importante justifica la muerte. Estas personas también creen en la militarización de las calles en tiempos de cuarentena, lo que ya fue propuesto por congresistas de derecha para llevar a cabo en las principales ciudades.

Un problema de salud pública lo convirtieron en un asunto de orden público, y una reyerta donde inicialmente se exigían derechos fundamentales terminó en una masacre. La sociedad de la solidaridad selectiva aplaude la muerte, y el asunto ya no es prioridad sino de los familiares, principalmente madres, parejas e hijas, que con lágrimas en los ojos fueron gaseadas y apaleadas frente a la cárcel mientras pedían información.

Las y los indignados por los crímenes de Estado tienen suspendida la lucha callejera, la cual promete volver, con más fuerza.

 

 

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]]> Colombia: Más de 600 personas de FARC siguen privadas de su libertad https://marcha.org.ar/colombia-mas-de-600-personas-de-farc-siguen-privadas-de-su-libertad/ Thu, 19 Dec 2019 15:35:41 +0000 http://www.marcha.org.ar/?p=46997
Detenciones en el continente, un modelo trasnacional: en esta entrega Colombia. Entrevista a  Jesús Carvajalino. Un análisis del Paro Nacional y la situación particular de prisioneros y prisioneras políticas de FARC.
Por Danna Urdaneta (*) 
Las principales ciudades colombianas desde el 21 de noviembre fueron desbordadas por una ciudadanía descontenta. La brutalidad del Escuadrón Móvil Antidisturbios -Esmad-, las detenciones arbitrarias, torturas y todo el terror sembrado desde la fecha no han logrado opacar el clamor nacional y el rechazo absoluto a las políticas antipopulares del gobierno del Presidente Iván Duque.
Surgen discusiones respecto al papel de los partidos políticos progresistas y de izquierda y el rol de sus liderazgos frente a estas jornadas. Las protestas en Colombia y Chile han sido de carácter policlasista y heterogéneo; en Ecuador y Bolivia de carácter indígena, popular y sindical. Sin embargo, en todas estas naciones de nuestra América sus Presidentes y gobiernos interpretan de manera equivocada la realidad: en nuestro país el uribismo sigue con el discurso del enemigo interno, respondiendo con terrorismo de Estado las demandas populares, sin escuchar las demandas del país.

En la entrevista Jesús Emilio Carvajalino, miembro del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común -FARC-, nos mostró que este 30 de noviembre crearon la Corporación para la Reincorporación y la Reconciliación Nacional con la participación de delegados y delegadas de Caquetá, Huila, Valle Cauca, Bogotá, Córdoba, Antioquia, Tolima, Putumayo, Cundinamarca y Sucre. Representan a más de 2000 excombatientes de la exinsurgencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC-.

La corporación va a estar presidida por Sonia, una exprisionera política de las antiguas FARC que estuvo más de 11 años privada de su libertad en los Estados Unidos. En medio de la convulsión social y la movilización permanente del pueblo colombiano Carvajalino nos compartió su punto de vista sobre varios temas de coyuntura así como de prisioneros y prisioneras políticas, entre ellos Simón Trinidad.

El 15 de septiembre pasado le dirigieron una carta a Emilio Archila, Alto Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, y a Andrés Felipe Stapper, Director de la Agencia para Reincorporación y la Normalización, donde propusieron reconocer a las personas prisioneras políticas excluidas de las listas acreditadas así como otras excombatientes que no habían sido reconocidas ni la primera vez. ¿Qué motivó a admitir que unas fueran sacadas de las listas, que otras no fueran reconocidas ni la primera vez, de cuántas prisioneras políticas estamos hablando?

Jesus Carvajalino: El asunto de los prisioneros es otro aspecto del desorden administrativo y la forma poco clara como la dirección de la Rosa [Partido FARC] lleva la implementación de los acuerdos. Más de 600 personas que se reclaman de FARC siguen en las cárceles sin resolvérseles su situación jurídica. Eso obedece a que se cerraron las listas antes que todos los presos excombatientes se pudieran registrar. Desorden y desidia caracterizó ese trabajo por sacar de las cárceles mediante la amnistía a nuestra gente.

Más de 600 personas que se reclaman de FARC siguen en las cárceles sin resolvérseles su situación jurídica.

Se le vio en los Diálogos del Caguán junto a Simón Trinidad en varias ocasiones, ¿qué nos puede contar de su experiencia con él y de lo que sucedió en La Habana que no permitió que fuera incluido en los Acuerdos de Paz?

Simón trinidad siempre estuvo presente en los diálogos de La Habana. Siempre se exigió su libertad. El Gobierno colombiano y gringo prometieron liberarlo si avanzaba el proceso de paz. Se firmó el acuerdo y Simón no fue liberado. Es evidente que en la estrategia negociadora del Gobierno colombiano estaba también meter conejo, engañar también en este punto. Y Timochenko no determinó volver el caso de la libertad de Simón asunto de líneas rojas.

Los resultados electorales del 27 de octubre le dieron la victoria a Julián Conrado en Turbaco. Y así hubo algunas expresiones alternativas que ganaron espacios del poder constituido en las regiones de Colombia. Son ganancias valiosas, pero insuficientes, ¿se puede leer como sintomático los 8 millones de votos que sacó Petro, la pérdida de espacios del uribismo en las últimas elecciones y el actual paro nacional?

Las elecciones son espacio para medir la correlación de fuerzas que se enfrentan en política. Efectivamente los movimientos alternativos avanzaron pero también el partido liberal que es parte del establecimiento. El uribismo mantiene una base electoral grande y retrocede en Antioquia, tierra de donde es originario. Sin embargo lo electoral es insuficiente para imponer los cambios.

Las divisiones y el oportunismo hacen que en los organismos de elección popular no se refleje bien la correlación de fuerzas. Es en el Paro Nacional donde se pone de presente que la gente en Colombia salió a protestar aguijoneada por la crisis económica. Y aunque la izquierda y los alternativos avanzan en lo electoral el paro mostró que hay vacíos muy serios en estas fuerzas que no construyen organización e influencia en las masas.

¿Cómo se puede entender que la iniciativa de la gente haya desbordado la convocatoria al paro nacional, cuál es el alcance real del Comité Nacional de Paro si ya Iván Duque dijo que la Ley de Financiamiento y la reforma tributaria van?

La explosión social que se vive en Colombia es efecto de la bomba económica que ha puesto Duque contra el pueblo y los trabajadores. La convocatoria al paro fue la grieta por donde se expande la inconformidad social. Ha desbordado a la izquierda revolucionaria, a los partidos alternativos y golpea a la derecha que es el signo donde el Gobierno actúa. Todas las formas de hacer política en todos los sectores han fracasado.

No hay vanguardia conocida y los partidos todos quedan seriamente cuestionados. Seguro atrapados en intereses mezquinos y en prácticas políticas que no cuentan con las masas. Estos partidos tardarán tiempo antes de tomar el rumbo y ritmo de las masas en las calles. La salida a la crisis no se ve. El santismo se ve más activo y la izquierda a la cola de ellos. Las masas en su radicalidad corren el riesgo de ser manipuladas y desviadas. Las navidad se usa ahora para desmovilizar la protesta.

El santismo se ve más activo y la izquierda a la cola de ellos.

En la entrevista que le hizo recientemente el periodista sueco Dick Emanuelsson dice que Colombia no está jugando un papel protagónico frente a las luchas populares que están surgiendo hoy en América Latina. ¿Puede explicar más al respecto en el contexto del paro nacional?

Colombia entra en la ola de la protesta social y política que sacude América latina. Entra en un contexto común ya que son las mismas políticas imperialistas que se aplican en todo lado. El acuerdo de paz con las FARC no incluyó en su agenda el tema social. El gobierno lo impidió. Hoy está claro para qué lo hicieron: para desactivar la bomba social. Y desarman las FARC para desactivar una vanguardia que venía avanzando. La actual coyuntura se prolongará y hay que aprovecharla para reorganizar el deteriorado partido FARC e insertarnos en el actual auge de las luchas del pueblo colombiano.

(*) Comité de solidaridad Internacional – Venezuela -COSI-. Publicada originalmente en Colombia informa

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]]> 12 años de impunidad, los Seis Campesinos continúan privados de su libertad https://marcha.org.ar/12-anos-de-impunidad-los-seis-campesinos-continuan-privados-de-su-libertad/ https://marcha.org.ar/12-anos-de-impunidad-los-seis-campesinos-continuan-privados-de-su-libertad/#respond Wed, 02 May 2018 03:14:57 +0000 http://www.marcha.org.ar/?p=39616 Por Cecilia Rodríguez

Cumpliéndose doce años de encarcelamiento en Argentina de los seis dirigentes campesinos paraguayos, conviene repasar algunos aspectos del caso que los mantiene en prisión.

En abril de 2006 los dirigentes campesinos paraguayos Agustín Acosta, Simeón Bordón, Basiliano Cardozo, Gustavo Lezcano, Roque Rodríguez y Arístides Vera concurrieron a la Argentina a solicitar asilo político. Ellos eran algunos de los mas de veinte militantes políticos y sociales que fueron acusados por la Fiscalía Antisecuestro de ser parte del secuestro de Cecilia Cubas, miembro de una prominente familia empresaria e hija del ex presidente Raúl Cubas Grau.  Esta detención se convirtió en una inmensa operación política que aunó la demonización de sectores populares con el reajuste de políticas represivas internas y el alineamiento del Paraguay en los planes imperiales de control territorial del Cono Sur.

Procesados en base al testimonio de un informante policial y sin pruebas que sustenten la acusación, los seis dirigentes evaluaron que dada la enorme presión política existente en relación al caso la justicia paraguaya no le ofrecía garantías de un trato imparcial, por lo que decidieron salir del país en busca de refugio político. En Buenos Aires fueron apresados a pedido de la justicia paraguaya el 2 de mayo de 2006 y extraditados en el año 2008 al Paraguay, donde permanecen en prisión. Fueron condenados en una causa judicial sumamente irregular, en la cual la voluntad política reemplazó a las pruebas judiciales para dictarles condena, en 2012, a 35 años de prisión.

El reciente encarcelamiento del ex presidente brasilero Luis Inácio “Lula” Da Silva concita la atención poderosamente y advierte sobre la utilización del Poder Judicial por parte de las clases dominantes aliadas al imperialismo para ejecutar políticas represivas, de estigmatización de otros sectores políticos y de ejercicio legalizado de la violencia política. Esto, que aparece como bastante evidente en el caso de Lula para amplios sectores del “arco progresista” es un tipo de maniobra ya utilizada y que ha tenido como víctimas a muchos otros militantes bastante más desconocidos en diferentes lugares de Latinoamérica con anterioridad.

Políticas de seguridad

En septiembre del año 2004 en Paraguay el secuestro de Cecilia Cubas trascendió como una noticia policial sensacionalista que tiñó de morbo los titulares paraguayos durante meses, y se reflejó también en la prensa de otros países, para pasar a convertirse en el puntal de la mayor campaña de demonización y criminalización de una organización política de izquierda: el Partido Patria Libre Paraguay. Se trataba de un partido en crecimiento, con buena inserción política en algunos departamentos del centro y norte del país que había consolidado su estructura de militantes volcándose al trabajo político entre el campesinado.

Esta organización ya había sido blanco de la persecución de la Fiscalía de Estado. Sus dirigentes Juan Arrom y Anuncio Martí fueron ilegalmente secuestrados en enero de 2002 por miembros de la policía con la anuencia del Fiscal General de Estado Oscar Latorre y torturados durante días para que acepten atribuirse el secuestro de la señora María Edith Bordón de Debernardis (*).

Con el caso Cubas la Fiscalía reinstaló la campaña contra Patria Libre, si bien a lo largo de los meses en que la víctima permaneció secuestrada no explicó en qué basaba la acusación sobre esa organización, siempre dijo no conocer ni tener pistas de dónde podría encontrarse cautiva y pocos días antes de que se hallara su cadáver aseguraba saber que se encontraba con vida. Asimismo, si bien en gran medida la Fiscalía expresaba no tener información que sirviera para la búsqueda, ya en el mes de diciembre de 2004 el gobierno paraguayo aseveraba que el secuestro se había realizado en colaboración con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), quienes habían asesorado a los secuestradores paraguayos. En resumen, la Fiscalía aseveraba no contar con información sobre el secuestro pero ya estaban establecidas las hipótesis que justificarían un conjunto de acciones del Estado en materia de políticas de seguridad.

La estigmatización mediática de los militantes de Patria Libre y la sospecha generalizada sobre las organizaciones campesinas se profundizó cuando la señorita Cubas fue hallada sin vida, enterrada en una vivienda en la que había permanecido cautiva. En un momento de aguda conflictividad social en el país mediterráneo el caso fue utilizado como excusa para concretar la militarización de amplias zonas rurales, endurecer leyes represivas y también para ajustar los planes imperiales de control continental, ya que el gobierno paraguayo justificó en ese secuestro y en la supuesta “conexión colombiana” la necesidad de trabajar en coordinación con los Estados Unidos y Colombia en diversos aspectos en materia de seguridad.

En verdad la militarización del territorio ya había sido decretada en el año 2003 por el entonces presidente del Paraguay Nicanor Duarte Frutos mediante el Decreto 167 «Por el cual se dispone la tarea conjunta de los miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas de la Nación, con la finalidad de garantizar la seguridad interna» aprobando la actuación conjunta de fuerzas policiales y militares en tareas de Seguridad Interior. Por las mismas disposiciones había legalizado la conformación de “Comisiones de Seguridad” más conocidas como “Comisiones Garrote”, estructuras privadas de seguridad que actuaban mayormente en el campo a la orden de terratenientes, intimidando y reprimiendo al campesinado.

Plan Colombia en Paraguay

Asimismo, ya en el año 2001 se había firmado como parte de la cooperación militar internacional en el marco de los planes estratégicos norteamericanos un convenio de cooperación entre Paraguay y Colombia que implicaban asesoramiento por parte de expertos colombianos a tropas paraguayas en tareas de contrainsurgencia.

El caso Cubas fue la pantalla que se utilizó para aplicar en territorio paraguayo el esquema de militarización del Cono Sur ya coordinado entre EE. UU. Y el gobierno colombiano, de la mano de la excusa de una supuesta incursión de la guerrilla de las FARC en Paraguay. Con la presencia de “asesores” militares colombianos, estadounidenses e israelíes en el norte y el oeste paraguayo, el esquema de control territorial fue inclusive denunciado posteriormente por el gobierno Morales en 2008 como una amenaza concreta contra la soberanía boliviana por parte del imperialismo.

En este marco, la causa judicial que se instruyó por el caso siempre estuvo ligada a intereses políticos, a legitimar la implementación de medidas represivas y persecutorias y a dictar condenas ejemplares como respuesta a un hecho demasiado resonante. Con estas prioridades y el sello de persecución ideológica que le imprimió la Fiscalía a su tarea la búsqueda de la verdad quedó relegada. El caso se construyó en gran medida a través del discurso mediático, en el cual se dieron por sentado hechos que jamás fueron probados judicialmente.

En este sentido no es extraño que la causa judicial, por la cual se realizaron tres juicios en diferentes momentos, fuera sustentada básicamente por dichos de testigos pagos, no haya establecido la conexión de los acusados con los hechos descriptos, haya introducido criterios insólitos para admitir pruebas como el cruce de llamadas, sobre las que se acusó y condenó a varias personas por haber tenido comunicación con otros acusados sin que se haya establecido el motivo ni el contenido de las llamadas.

La manipulación política del caso quedó claramente expuesta cuando en el año 2008, durante la campaña electoral para las elecciones presidenciales, la querella del caso acusó abiertamente y sin pruebas al propio Fernando Lugo de estar implicado con los “secuestradores”. También un sacerdote denunció haber recibido una propuesta del fiscal Ortúzar de fungir como testigo falso para acusar a Lugo en el caso. Si bien esas maniobras salieron mal, diversos referentes vinculados al Frente Guasú fueron extorsionados durante años con la acusación mediática de tener relaciones con los autores del secuestro.

Ni derechos ni humanos

El peso de los intereses políticos en juego y la muy conocida incidencia política del partido Colorado sobre la justicia estuvieron entre los motivos que llevaron a los seis dirigentes a buscar refugio político en Argentina. Confiaban en la larga tradición de refugio político que caracterizaba a Argentina, más allá del signo político del gobierno de turno. Pero además el gobierno argentino, encabezado en aquél entonces por Néstor Kirchner, se autoproclamaba como “el gobierno de los derechos humanos”.

Sin embargo pronto se encontrarían con la evidencia, encarcelados apenas se presentaron a continuar el trámite de refugio, de que el inmenso armado político que se escondía detrás del caso Cubas trascendía las fronteras paraguayas y contaba con sus propios operadores en Argentina como el entonces ministro de Interior Aníbal Fernández que trabajaron junto a la querella y a Juan Carlos Blumberg por el denegamiento del refugio político y la concesión de la extradición.

Fue así que pese a las evidencias de manipulación política de la justicia y de la falta de garantías a la que estarían sometidos en Paraguay, los seis fueron encarcelados en Argentina, se les denegó la petición de asilo y fueron extraditados a su país. Una vez allá fueron sometidos a un proceso judicial que se demoró sin justificaciones claras, mantenidos en prisión sin sentencia firme durante más de diez años y condenados poco después de la destitución de Lugo de la presidencia en julio de 2012.

Impunidad de ayer y hoy

Muchos acontecimientos políticos se sucedieron en estos doce años en que los seis dirigentes campesinos permanecen encarcelados, pero de la situación de opresión e injusticia que vive el pueblo paraguayo cambió muy poco. Cuando los seis dirigentes salieron de Paraguay hacia Buenos Aires, la tradicional dirigencia paraguaya se encontraba severamente cuestionada por su corrupción. Este cuestionamiento ciudadano y su descontento encontraron su cauce político en la conformación de una nueva referencia política frentista, el Frente Guasú y un referente en el entonces Obispo de San Pedro Fernando Lugo.
El proceso político posterior, de conformación de la Alianza Para el Cambio, un acuerdo político electoral en el que el Frente Guasú se alió con el tradicional Partido Liberal, si bien puede ser cuestionado por lo endeble de sus acuerdos representó una gran esperanza de cambio para las grandes masas campesinas, trabajadoras y empobrecidas tanto del Paraguay como para los paraguayos en el exilio.

La Alianza Para el Cambio ganó las elecciones presidenciales en 2008, rompiendo así mas de cinco décadas de gobiernos colorados, por cierto 35 de ellos bajo la dictadura de Stroessner. Décadas durante las cuales el partido colorado y los sectores oligárquico mafiosos cuyos intereses representa modelaron un Estado al servicio de sus intereses, profundamente infiltrado por camarillas y acuerdos inconfesables para apropiarse de los bienes y dineros públicos. Pilar fundamental de ese entramado político es el Poder Judicial, institución que junto al Ministerio Público se encontraba entre las más cuestionadas por la ciudadanía.

Sin embargo ningún cambio importante ocurrió dentro del Poder Judicial, que continuó siendo un bastión del poder colorado y que tendría un papel fundamental en la criminalización del campesinado y en la impunidad de las mafias enquistadas en el poder. El gobierno de la Alianza Para el Cambio tampoco forzó ningún cambio importante en las estructuras del Estado, así como dejó para más adelante una respuesta de fondo al principal problema de la conflictividad social y política del Paraguay: el reparto de la tierra.
Nada de lo hecho por ese gobierno cambió la situación de los presos políticos paraguayos, por el contrario, desde que asumió el gobierno el mismo Fernando Lugo ratificó la continuidad de los planes de seguridad del gobierno que lo precedió, incluyendo la coordinación con el Estado colombiano, a partir de 2010 inició el Estado de Excepción con el cual se militarizaron cuatro departamentos del norte paraguayo y forzó también en 2010 la aprobación de la ley antiterrorista.

Esa continuidad en materia de políticas de seguridad no salvó al gobierno de Lugo de la desestabilización en la cual luego quedó demostrado que tomaron parte varios de sus propios aliados, cuyas maniobras se consumaron con la matanza de campesinos y policías en junio de 2012 conocida como Masacre de Curuguaty, hecho que le valió la destitución a Lugo y abrió el camino del regreso.

Eso del Partido Colorado al gobierno. Esa masacre dejó además de muertos un saldo de varios sobrevivientes presos, varios de los cuales comparten desde hace años sus días en prisión con los seis.En estos doce años de prisión en Paraguay hubo cuatro presidentes y ya hay otro electo, se dio la conformación, disolución y re conformación de alianzas políticas, una masacre campesina que fue el prolegómeno de un golpe de Estado, el avance implacable y desvastador del modelo de monocultivo y miles de campesinos expulsados de sus tierras, más campesinos y disidentes apresados.

Otras cosas siguen como siempre: la tierra en manos de unos pocos, las llamadas tierras públicas malhabidas en manos de quienes se las apropiaron, la justicia acusada de corrupción y manipulaciones políticas, la dirigencia política cuestionada, entre quienes se encuentran ahora muchos de quienes fueron una esperanza para el pueblo en 2008. Los presos políticos siguen en la cárcel, a la espera de que otras fuerzas, que no sean parte los acuerdos del régimen para mantener el estado de cosas de siempre, los saque de su prisión.
—
(*) La maniobra se frustró cuando, alertados por los vecinos de la vivienda en que se encontraban cautivos, los familiares concurrieron con una movilización que rodeó la casa y los liberó. Si bien los autores materiales del secuestro y el fiscal Latorre fueron investigados por el hecho la causa fue dejada sin efecto. En 2017 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos elevó el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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Paraguay: cuando un sueño se vuelve delito

Seis campesinos presos y la criminalización popular

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