Por Lucy Chay

Un sumiso TSE ha dicho que acata la resolución sin pedir siquiera aclaración a menos de dos meses para la segunda vuelta electoral. Los mismos partidos que debilitaron el proceso electoral y que han actuado en contubernio con el gobierno desde hace cuatro años aseguran que les han robado las elecciones. En medio de la incertidumbre que planea son muchas las voces que se han levantado a pedir el resguardo de la decisión que tomaron los guatemaltecos, el 25 de junio pasado y que descansa en las papeletas y las actas de las Juntas Electorales.

El Centro de Operación del Proceso Electoral (COPE) ubicado en el Parque de la Industria amaneció este domingo 2 de julio custodiado de policías e integrantes del ejército. En el lugar se guardan todas las cajas que contienen las papeletas que se utilizaron en la primera vuelta de las elecciones generales el pasado 25 de junio cuando la población guatemalteca salió a elegir presidente, vicepresidente, alcaldes y diputadas/os. Allí también están depositadas todas las actas de los resultados firmadas por las mesas receptoras de votos y las Juntas Electorales Municipales y Departamentales.

La seguridad del lugar es la mayor preocupación a nivel nacional e internacional luego que la Corte de Constitucionalidad (CC) a petición de nueve organizaciones políticas suspendió los resultados electorales y demandó una nueva revisión de los escrutinios.

La demanda al resguardo de los votos es colectiva.

Al llamado se han unido las misiones de observación electoral nacionales e internacionales, las agrupaciones pro derechos humanos, columnistas, periodistas, abogados y ciudadanos que desde temprano han publicado el resultado de los datos de la mesa en la cual votaron luego de revisar el Programa Informático para la Transmisión de Resultados Preliminares (TREP) del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

La Misión de Observación Electoral de Guatemala (MOE-GT) instó a las autoridades electorales, de manera urgente, a “disponer de las medidas necesarias para resguardar la bodega en la que se encuentran almacenadas las cajas electorales que contienen las actas originales y las papeletas electorales”.

Los comunicados y llamados a respetar la decisión de las y los guatemaltecos depositada en las urnas va en aumento conforme se avanza en el análisis, alcances y efectos negativos, que la decisión tomada por la CC pueda tener sobre el proceso electoral.

“Estados Unidos está profundamente preocupado por los esfuerzos que interfieren con el resultado de las elecciones del 25 de junio. Las acciones para interferir con el resultado de las elecciones violan el espíritu de la Constitución de Guatemala y amenazan la legitimidad de su proceso democrático. Socavar las elecciones sería una grave amenaza para la democracia con implicaciones de largo alcance”

Secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken.

Un golpe electoral

El sábado 1 de julio el Mirador Electoral ya adelantaba que se gestaba un “golpe electoral”. “Ante los resultados desfavorables, producto del hartazgo ciudadano, varios partidos políticos que han sido afectados con los mismos, han interpuesto acciones legales que pretenden, como lo han expresado varios de ellos, anular las elecciones celebradas el 25 de junio”, señala el comunicado publicado horas antes de la resolución de la CC.

El Mirador se refería a las acciones presentadas por nueve organizaciones políticas, entre las cuales destacan los partidos que más recursos invirtieron en la campaña electoral y cuyos binomios presidenciales no lograron pasar a segunda vuelta o no obtuvieron los resultados que esperaban en sus listados de diputados o corporaciones municipales.

“Están todavía en shock, porque nunca se imaginaron que Semilla iba a lograr pasar a la segunda vuelta”, señaló Manfredo Marroquín, integrante del Mirador.

Los partidos Vamos, UNE, Valor, Cabal, Cambio, Mi Familia, Podemos, Creo y Azul, pidieron suspender la adjudicación de cargos y la oficialización de los resultados, porque consideran que existen dudas o anomalías en el conteo de votos.

Pero no solo el contenido de la solicitud de amparo genera suspicacias. El que los partidos hayan acudido directamente a tocar la puerta de la CC antes que ir la Corte Suprema de Justicia (CSJ) como lo establece el procedimiento normal en temas electorales ha levantado muchas banderas rojas.

“La Corte de Constitucionalidad no tiene competencia para conocer el tema, si los amparos son en contra del Tribunal Supremo Electoral (TSE) la competencia es de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y si, por el contrario, se dirigen contra la Junta Electoral la competencia sería de un juez ordinario o sala de apelaciones”, señaló el abogado Oswaldo Samayoa en su cuenta de Twitter.

Por esta misma razón, el fiscal del partido Movimiento Semilla, cuyo binomio presidencial pasó a segunda vuelta, presentaron tres acciones ante la CC. Los integrantes de la agrupación han pedido aclarar la resolución la cual consideran ambigua, constituirse en terceros interesados en el amparo y que la Corte revoque su resolución por no ser el órgano competente para conocer las acciones promovidas para frenar la oficialización de datos electorales.

“Es inaudito que el máximo tribunal en materia de defensa del orden constitucional haya resuelto en un amparo provisional donde no tenía competencia y que luego de resolver reconozca que no era su competencia razón por la cual traslada los expedientes a la traslade a la CSJ”

fiscal del partido Semilla, Juan Gerardo Guerrero.

Los alcances de la resolución

La resolución dada por la CC el sábado por la noche ordena a las Juntas Electorales Departamentales (JED) y del Distrito Central convocar a una nueva audiencia de revisión de escrutinios en la que los “sujetos legitimados” podrán plantear nuevamente hacer las impugnaciones que consideren pertinentes, independientemente si se hubieran realizado las audiencias.

Luego la autoridad electoral deberá realizar el cotejo entre las actas del proceso electoral para determinar si cumplieron con los requisitos legales. En el caso de que se identifiquen alteraciones en los resultados de la votación, las Juntas Electorales Departamentales y Distritales deberán realizar las modificaciones del caso.

La CC también deja abierta la puerta para que en caso se amerite un nuevo conteo de votos se deberán razonar las resoluciones.

Con dicha decisión, el TSE no podrá oficializar los datos y se suspende la adjudicación de cargos de nuevas corporaciones municipales y de los diputados que integrarán el Congreso para el periodo 2024-2028. Eso también suspende que se oficialice a los dos binomios presidenciales que se disputarán la segunda vuelta electoral, y cuyos resultados preliminares favorecían a Sandra Torres, del partido UNE y Bernardo Arévalo, de la agrupación Semilla.

En la resolución la CC no aclara si la revisión de escrutinios será a nivel nacional o solo en algunos casos.  Hasta ayer las Juntas Electorales Departamentales esperaban las instrucciones del TSE para conocer la forma en la que se realizaría el proceso.

Un proceso que podría ser demasiado lento como quedó demostrado en las elecciones generales de 2019 cuando luego de 14 días los fiscales de varios partidos políticos que habían impugnado los datos de las actas de las Junta Receptoras de Votos (JRV) desistieron de seguir revisando acta por acta de todo el proceso electoral.

Mientras el TSE no define cómo procederá, la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) señala que la impugnación de votos el día de los comicios fue bajo y reitera que los mismos partidos que tuvieron mayor cantidad de fiscales por mesa son los que ahora están presentado acciones en contra del resultado.

“A pesar del elevado número de fiscales partidarios, el total de votos impugnados fue relativamente bajo, es decir, las propias organizaciones políticas encontraron poco que objetar el día de la elección. Por ejemplo, la elección presidencial se impugnó menos del 0.01 por ciento de los votos emitidos. La misión desea enfatizar que algunos de los partidos políticos que ahora buscan, por la vía de amparo, impugnar los resultados electorales, fueron precisamente los que contaron con mayor presencia de fiscales en las mesas de votación el 25 de junio”, dice el comunicado.

Lo mismo señaló el presidente de la Junta Electoral Departamental de Quetzaltenango, el jueves pasado cuando fiscales de partidos políticos pedían la revisión de actas. “Si usted pretende realizar algo que en un momento determinado no acreditó como agravio ante cualquier Junta Receptora de Votos entonces sus objeciones no van a ser atendidas”, respondió Mynor Domínguez al fiscal del Partido Familia que señalaba problemas en las actas.

En un comunicado la noche de este domingo 2 de julio, el TSE señala que las Juntas Electorales Departamentales deberán organizarse para llevar a acabo las audiencias de revisión de escrutinios de nuevo, aunque el proceso ya lo habían finalizado el 30 de junio. Los magistrados señalan que ejecutarán lo resuelto por la CC y “en tanto se dilucidan las situaciones aludidas en la resolución, se suspende la calificación y oficialización de los resultados de las elecciones generales”.

Aunque la resolución de la CC manda a que el proceso de revisión de escrutinio se realice cuanto antes para no afectar la fecha establecida para la segunda vuelta programada para el 20 de agosto próximo y que se respeten los plazos establecidos para la alternancia del poder, las Junta Electorales Departamentales tendrían menos de dos meses para cumplir con la orden.

A eso se suma la incertidumbre por la puerta abierta que ha dejado la resolución para un reconteo de votos cuando se amerite cuadrar los datos de las actas, una acción que podría extender por meses la oficialización de los resultados.

El TSE reitera en un escueto comunicado que “los guatemaltecos pueden seguir confiando en la autoridad electoral” para proteger el régimen democrático del país, un régimen que ya ha demostrado que los plazos para la alternancia de autoridades es lo que menos le quita el sueño, y cuyo gran ejemplo lo representan los magistrados de la CSJ que debieron haber entregado sus cargos hace cuatro años.

A siete días de los comicios generales los datos oficiales de los nuevos integrantes del Congreso, de las corporaciones municipales y de los que se disputarán la silla presidencial han sido suspendidos de forma oficial por el TSE.

El único dato que quedó claro para los guatemaltecos que no durmieron y permanecieron despiertos hasta la madrugada del lunes 26 es que los que disputarían la segunda vuelta electoral eran Sandra Torres y Bernardo Arévalo.

Luego de esa conferencia dada por los magistrados del TSE a las 3 de la mañana, los conflictos y las inconformidades de los perdedores empezaron a brotar.

Hoy, los magistrados del tribunal electoral por medio de un comunicado, sin mayores explicaciones, han informado que han puesto a cero de nuevo el tablero.

Momento en el que la Policía Militar del ejército de Guatemala intenta ingresar al Parque de la Industria en la zona 9 capitalina, en este lugar funciona el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y en su interior se resguardan las cajas electoral que contienen las papeletas de votación de todo el país.

*Nota originalmente publicada en Prensa Comunitaria de Guatemala

Foto: Emisoras unidas

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Por Prensa Comunitaria

El 25 de junio de 2023 se realizarán elecciones generales en Guatemala.  Ese día 9,372, 164 ciudadanos empadronados están convocados para elegir presidente y vicepresidente; diputados al congreso de la república; diputados al parlamento Centroamericano y corporaciones municipales.

A diferencia de elecciones anteriores, esta se realiza en un clima de desconfianza e incertidumbre en tanto que la coalición gobernante ha utilizado todos sus recursos disponibles para incidir sobre este proceso.  Sin un sistema de justicia independiente, el cierre de espacios para la sociedad civil, con medios de comunicación cercados y perseguidos, con candidatos presidenciales excluidos, y la persecución y encarcelamiento de periodistas y opositores, las elecciones de 2023 parecen ser el preámbulo a la consolidación de un régimen autocrático.

En su informe de 2023, V-Dem señaló que el sistema político de Guatemala pasó de ser una democracia electoral a ser una autocracia electoral, en la que, a pesar de que se realizan elecciones, las condiciones en las que las mismas se llevan a cabo carecen de garantías democráticas.

El autoritarismo guatemalteco no está liderado por un líder carismático, como el caso de Nayib Bukele, en el Salvador; ni se trata de dictaduras tradicionales como la de Ortega-Murillo en Nicaragua.  Se trata de una suerte de dictadura corporativa-mafiosa en la que distintas Redes Políticas y Económicas Ilícitas (RPEI) han tomado control total o parcial de las entidades del Estado y se coordinan y alían para mantener y amplias sus posiciones; beneficiarse de los recursos públicos; y, garantizarse impunidad.

Aunque el presidente Giammattei es la figura más visible y quien lidera la coalición, los distintos actores de esta alianza mantienen una relación de co-dependencia y, para mantener el control sobre el Estado, requieren niveles mínimos de coordinación y acuerdos.  Por ejemplo, el Ministerio Público (MP) no puede perseguir y neutralizar adversarios sin contar con el respaldo de las altas cortes; que a su vez depende de mayorías parlamentarias.  En el mismo sentido, la presidencia requiere de otros actores estatales para mantener su predominio y cierta gobernabilidad.

Así, el apoyo mayoritario del legislativo a la gestión de Giammattei ha implicado mantener un pacto con los distintos bloques parlamentarios cuyo precio ha sido el intercambio de obras públicas, plazas, dinero y otras prebendas a cambio de los votos de la mayoría de bancadas.  En el poder judicial, la impunidad se ha sostenido al precio de romper el Estado de derecho con la extensión indebida del mandato de la Corte Suprema de Justicia y las cortes de apelaciones, cuyo mandato terminó hace más de tres años.  La integración de la actual Corte de Constitucionalidad respondió a los intereses de esta coalición que interfirieron abiertamente en las distintas instancias nominadoras para garantizarse impunidad.

El pleno control que estas redes tienen de la institucionalidad del Estado, fue el resultado de una ofensiva autoritaria que inició en 2016 y que, de expulsar a la CICIG y neutralizar las investigaciones contra la corrupción.  Para lograr esto, fueron articulando una estrategia que les posibilitó cooptar el sistema de justicia para criminalizar a sus adversarios.

En las elecciones de 2023 todos los elementos de la estrategia autoritaria están siendo puestos en juego para moldear los resultados electorales.  Como se verá en este informe, esto ha implicado graves anomalías en el proceso electoral, y colocan a Guatemala a las puertas del cierre del campo democrático.

El sistema de justicia frente al proceso electoral 2023

Frente al proceso electoral de 2023, el sistema de justicia bajo el control de las RPEI, ha mostrado las siguientes tendencias:

1. Desestimar procesos penales en los que figuran como sindicados potenciales candidatos, lo cual se observó a partir de noviembre y diciembre de 2022[1];
2. Viabilizar mediante resoluciones judiciales de la CSJ y la CC, la participación política de candidatos no idóneos o con prohibición constitucional pero afines al régimen como en el caso de Zury Ríos;
3. Ratificar las exclusiones emitidas por el Registro de Ciudadanos o por el TSE de candidatos no afines al régimen; y
4. Usar la criminalización como mecanismo para impedir que corran candidatos que constituyen un riesgo para el régimen.

Las facultades atribuidas constitucionalmente a la CSJ y a la CC sobre las resoluciones emitidas por el Tribunal “Supremo” Electoral, que en la práctica se convierten en un mecanismo de revisión, han sido utilizadas en el marco del proceso electoral de 2023 para ir modelando la tendencia a favorecer la participación política de candidatos no idóneos pero afines al régimen que el TSE ha marcado con claridad.

Ambas cortes resultaron electas a partir de las negociaciones espurias entre partidos políticos y RPEI en 2014 (CSJ) y 2021 (CC) por lo que su independencia es inexistente y el continuum en los mecanismos de “toma y da” entre redes ilícitas se continúa fortaleciendo por medio de la emisión de estas resoluciones que aseguran impunidad y que legitiman la participación política de candidatos supuestamente víctimas de la FECI-CICIG.  Algunos de los magistrados electos por las RPEI en 2014 para la CSJ saltaron al TSE y a la CC como parte del mecanismo de cooptación de las cortes.

Como se observa en la tabla siguiente, ambas Cortes han mantenido una línea unánime frente a las apelaciones por el otorgamiento de amparos provisionales a favor o en contra de la inscripción de candidatos, es decir que todas las resoluciones adoptadas por la CSJ han sido ratificadas por la CC sin excepción. Esto permite observar cómo las cortes se constituyen en el marco del proceso, en el instrumento para modelar el panorama de candidaturas, excluyendo de manera temprana a quienes constituyen una amenaza para la continuidad de la ofensiva autoritaria.

A 4 días de las elecciones, tres binomios presidenciales se encuentran fuera de la contienda, uno de ellos abiertamente opuesto a los intereses de las RPEI (MLP) y dos de ellos con altas posibilidades de elevar su popularidad y afectar la llegada a la presidencia de los candidatos más leales a las RPEI.  La candidatura de Manuel Baldizón, actor central de la cooptación de las Cortes y de graves casos de corrupción investigados por FECI-CICIG fue revocada tras un fuerte posicionamiento de algunos sectores incluido el CACIF^[2].  Manuel Baldizón se constituyó en el actor que facilitó la salida de Carlos Pineda de la contienda electoral, viabilizando así la posible llegada de Zury Ríos a la presidencia.

Las elecciones 2023 ¿la consolidación de la dictadura mafiosa?

Las elecciones generales de 2023 están siendo aprovechadas por la coalición de redes político económicas ilícitas (RPEI) para consolidar su control del Estado, garantizarse continuidad en el control de las instituciones públicas, y la impunidad.

Todos los recursos políticos y financieros, lícitos e ilícitos han sido puestos en juego por esta coalición para moldear los resultados electorales.

Como se ha señalado en este y otros informes, el pleno control del sistema de justicia incluyendo las altas cortes, el ministerio público y la corte de constitucionalidad han sido utilizadas para excluir, criminalizar y perseguir opositores.

El uso de la exclusión mediante procedimientos legales se utilizó en las elecciones de 2019 para dejar fuera de la contienda a la candidata presidencial del Movimiento Semilla, Thelma Aldana.

Recurriendo a acusaciones espurias y a la exigencia de la constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos (finiquito) emitido por la Contraloría de Cuentas se negó la inscripción de su candidatura presidencial.  Esto limitó el derecho de los guatemaltecos a elegir a las y los candidatos a la presidencia.  A esto se suma que, la no inscripción de Zury Ríos también candidata presidencial, contribuyó a producir una distorsión de las preferencias electorales que, en buena medida posibilitó que el entonces candidato presidencial Alejandro Giammattei pasara a la segunda vuelta electoral con apenas el 13% de los votos en la primera elección.

Esta experiencia fue asumida como una lección aprendida, y la coalición gobernante ha recurrido a excluir candidaturas en distintos niveles y a pulverizar la oferta electoral.

En el nivel presidencial se negó la inscripción de la candidata a la presidencia y el candidato a la vicepresidencia del Movimiento para la Liberación de los Pueblos MLP, Telma Cabrera y Jordán Rodas.  Thelma Cabrera fue la candidata presidencial del MLP en las elecciones de 2019, alcanzó el 10% de los votos a nivel nacional y fue la candidata más votada en los distritos de Totonicapán, Sololá y Chimaltenango.  A diferencia de otras experiencias, la participación de Cabrera logró movilizar el voto en los distritos y municipios mayoritariamente indígenas y aparecía en posiciones destacadas en la mayoría de encuestas antes de su exclusión.

La no inscripción de Cabrera se dio a partir de una denuncia tardía en contra de Jordán Rodas por parte del actual procurador de derechos humanos Alejandro Córdoba.  La denuncia hasta el momento permanece en secreto, aunque se supone tiene un carácter administrativo pero fue suficiente para que la Contraloría de Cuentas revocara el finiquito de Rodas e impidiera la inscripción en las elecciones presidenciales del MLP.  Con esta decisión se viola el derecho de un porcentaje importante de ciudadanos a elegir a la y el candidato de su preferencia y se afecta también la representación, que es un componente clave de la democracia, en tanto que se vetó la participación de la candidata indígena con mayor intención de votos.

Otro candidato excluido de las elecciones presidenciales es Roberto Arzú García Granados, postulado por el partido Podemos y a quien, con una confusa argumentación se le revocó la inscripción.  En este caso puede considerarse que, en su discurso, Arzú se posicionó no sólo como crítico al sistema, sino reclamando autonomía frente a los grupos de poder, lo que le posibilitó subir en las encuestas.  La revocación de su inscripción, que se realizó con procedimientos poco transparentes fue un mensaje para el conjunto de partidos y candidatos en cuanto a no salirse del guion y no desafiar a la coalición gobernante.

Finalmente, el candidato de Prosperidad Ciudadana, Carlos Pineda que encabezaba a principios de mayo las encuestas para la presidencia, fue eliminado de la contienda junto con todos los candidatos de su partido en un proceso “fast track” promovido por el ex candidato presidencial Manuel Baldizón.

El uso espurio de la legalidad para excluir candidatos y/o amedrentar partidos y candidatos se ha continuado utilizando en distintos ámbitos, incluyendo diputaciones.

El hecho que estén pendientes las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad sobre varios amparos presentados, introduce incertidumbre sobre el proceso electoral.

Los medios de comunicación

Con relación a los medios de comunicación, las elecciones de 2023 se dan en el marco de una profunda transformación de los medios y el predominio de las redes sociales.  Pueden considerarse cuatro ámbitos de análisis: a) Los medios tradicionales independientes; b) el monopolio de radio y televisión; c) los medios alternativos; y d) las redes sociales.

Con relación a los medios tradicionales independientes, fundamentalmente los medios escritos, algunos canales de televisión abierta y algunas radios, se parte de reconocer que estos enfrentan una triple crisis.  En primer lugar, la transformación global de medios de comunicación tradicionales como los periódicos impresos, cuya circulación se ha reducido y que deben competir con medios digitales y las redes sociales.  Esta crisis ha interactuado con las dos que se abordarán a continuación, y han llevado a la digitalización de medios con una larga trayectoria como La Hora y El Periódico, que pasaron a un formato digital; mientras que la Prensa Libre ha intentado mantenerse a flote a costa de reducir costos y cobertura.  En segundo lugar, y por razones políticas, los medios tradicionales enfrentan el boicot de sus anunciantes.  Esta renuencia a pautar publicidad responde a presiones de otros actores políticos como el mismo gobierno o las cámaras empresariales; o, las preferencias políticas de los empresarios.  El resultado ha sido un menor flujo de recursos para los medios.

Y, finalmente, la tercera crisis que enfrentan es la de la criminalización.  A pesar de que anteriormente periodistas sobre todo de medios alternativos habían sido criminalizados, el caso de José Rubén Zamora constituyó un antes y después para el periodismo.  A raíz de este caso varios periodistas han tenido que salir al exilio y otros han optado por bajar perfil y no abordar temas delicados.  A pesar de esto, muchos medios tradicionales independientes han mantenido una cobertura profesional y bastante ecuánime del proceso electoral.

En este contexto, el viernes 12 de mayo de 2023 se anunció el cierre de El Periódico que, a pesar del cerco financiero y el encarcelamiento de su director logró migrar a una edición digital que logró mantener durante 283 días.  El cierre de El Periódico constituye un golpe a la libertad de prensa, al derecho a la información, y es un grave mensaje para el resto de medios de comunicación y la ciudadanía.

Por su parte, el monopolio de la Televisión Abierta y las radios conexas a este conglomerado, jugaron un papel de primera línea en la ofensiva contra la CICIG y han contribuido a legitimar y justificar las ilegalidades y arbitrariedades cometidas desde 2018.  En cuanto a la cobertura electoral, meses antes de la convocatoria a elecciones desde sus noticieros y a través de infomerciales contribuyeron a posicionar a las y los candidatos preferidos por las Redes Políticas y Económicas Ilícitas.  Aunque las reformas a la ley electoral han tratado de controlar la pauta de publicidad en radio y televisión, es en la cobertura periodística de los noticieros donde se dan las asimetrías.

Con relación a los medios alternativos, particularmente los digitales, estos han florecido desde 2015, y presentan una amplia gama de enfoques y de periodismo en profundidad.  La cobertura electoral ha permitido hasta el momento combinar la cobertura de la campaña electoral con investigaciones de fondo que permiten comprender los actores y poderes que están atrás de las principales candidaturas.  El desafío para estos medios sigue siendo el alcance, y el acceso a un público más amplio.

Finalmente, las redes sociales se han convertido en las grandes protagonistas del proceso electoral.  Mientras que las discusiones políticas se dan en twitter, que sigue siendo una red minoritaria en Guatemala, el intento de llegar a públicos más amplios y de manera más cercana se ha estado dando en tik tok.  Ahora bien, existe una discusión abierta sobre cuanto las redes sociales contribuyen a moldear las preferencias políticas y si existe una correlación entre seguidores y likes y votos.

La estrategia de la coalición corporativa mafiosa frente al proceso electoral

Para la coalición gobernante, el proceso electoral es, ante todo, una oportunidad para consolidar el control que tienen de los organismos del Estado, el ejecutivo y el legislativo, y convertirse en actores decisivos para la integración de la CSJ y las cortes de apelaciones.  Para lograr esto, y como se vio en las secciones anteriores, han hecho lo necesario para neutralizar posibles amenazas al statu quo.

Pese a este consenso compartido sobre la continuidad del estado de cosas y el control de la institucionalidad pública, se trata de una coalición de redes, que aunque desde 2018 se han venido coordinando, también contienden por cuotas de poder.  En ese sentido, las elecciones también representarán un reacomodo de estas redes.  La salida de Giammattei del ejecutivo posibilitará que un nuevo presidente tenga algún margen de acción y de decisión.  Asimismo, el cambio en el legislativo definirá una nueva integración y número de bloques parlamentarios y, por lo tanto, la negociación de nuevas alianzas.

Frente a esta situación, la estrategia de las RPEI ha sido exacerbar las características del sistema político, para lograr la mayor cantidad de posiciones al menor costo posible en votos, pero empleando cantidades desproporcionadas de recursos.  Una estrategia utilizada ha sido la pulverización del sistema de partidos políticos.

Guatemala Elecciones Generales 2007-2023

Como se muestra en el cuadro 2, existe un aumento significativo entre el número de partidos y candidaturas presidenciales que compitieron en los últimos 4 procesos electorales.  A mayor número de partidos, la distribución de los votos es mayor, y se requieren relativamente menos votos para pasar a segunda vuelta electoral, y elegir diputados y alcaldes.

Aunque la competencia por la presidencia estaba limitada por los intereses de la coalición corporativa mafiosa, y eran pocos los candidatos que podían optar a una segunda vuelta electoral.  El bloqueo de candidaturas y el rechazo a la imposición ha producido el crecimiento no esperado de ciertas propuestas presidenciales.  Primero, Roberto Arzú, de Podemos, que tras empezar a crecer en las encuestas fue anulada su inscripción; y, recientemente el caso de Carlos Pineda, candidato presidencial de Prosperidad Ciudadana.  Aunque Prosperidad Ciudadana está formada también por RPEI y grupos de poder locales y regionales, su participación era secundaria. Sin embargo, la pulverización del sistema de partidos y la pretensión de imponer candidaturas “oficiales” de facto de la coalición gobernante, ha producido estas contradicciones y desafíos internos.

En ese marco, es para el congreso donde esta estrategia de fragmentación resulta más funcional.  Las distintas redes están en capacidad de postular a sus candidatos a diputados por lista nacional y distritales, incluso por diferentes partidos.  La mayor fragmentación del sistema de partidos puede en algunos casos disminuir el número de votos necesario para elegir un diputado en los distritos; y, el mayor número de bloques parlamentarios en el congreso hace que se eleven los costos de transacción.  Para el próximo gobierno, mantener una mayoría parlamentaria como la que se ha dado en las últimas dos legislaturas significará negociar con un mayor número de interlocutores y, intercambiar prebendas.

Asimismo, la fragmentación posibilita que en la mayoría de los partidos políticos se reciclen grupos de poder regional que, tras la primavera del 2015 tuvieron que bajar perfil, pero que resurgen.  Esto incluye desde estructuras de poder tradicional como los López Villatoro de Huehuetenango, los Arévalo de Totonicapán, los Quej de Izabal; los López de Quiché; los Castillo en Santa Rosa; personas que jugaron un papel central en la ofensiva autoritaria como Degenhart y Jovel; hasta grupos y personas ligadas a grupos criminales.  El intento de los fiscales de los partidos políticos por evitar que en las papeletas aparezcan los nombres de los candidatos a diputados, confirma el interés en ocultar cómo los liderazgos tradicionales de estas estructuras vuelven para tomar el control del ejecutivo y de las municipalidades.

Ahora bien, para poner un funcionamiento dos docenas de partidos y centenares de candidatos a alcaldes y diputados, estas estructuras han recurrido a fuentes de financiamiento ilícitas, particularmente provenientes de la corrupción – ha sido ampliamente denunciado el uso de recursos públicos para la campaña electoral – y de estructuras criminales.  Frente a esto, ni el TSE ni el MP han actuado de manera diligente.

Reflexiones finales 

Como se señaló al inicio de este informe, Guatemala es considerada como una autocracia electoral, que está cada vez más cera de convertirse en una dictadura cerrada como puede ser la nicaragüense o la norcoreana.  Sin embargo, el desenlace de los procesos políticos es determinado por la acción de los pueblos y de las personas.  Al respecto, se considera que, las elecciones de 2023 pueden generar tres posibles escenarios: la consolidación de la dictadura corporativa mafiosa y el cierre de las vías democráticas para enfrentarlas; la contención de la ofensiva autoritaria y la posibilidad de reconstruir el espacio cívico; y, el inicio del rescate del Estado y la transformación del Estado.

El primer escenario, la consolidación de la dictadura y el cierre de las posibilidades de cambio democrático sigue siendo un escenario posible.  El eventual triunfo electoral de las candidaturas más afines a la coalición gobernante, Zury Ríos y la coalición Vamos Unionista o Manuel Conde y el partido Vamos podría significar no solo la continuidad sino la profundización de la ofensiva autoritaria que el país viene enfrentando.  A este dominio del ejecutivo se sumaría un congreso fraccionado en múltiples bloques, pero controlado por las RPEI.  Esto posibilitaría la elección de altas cortes afines, la continuidad del uso político del MP, y el fortalecimiento de actores externos al sistema de justicia pero que parecen dominar su agenda, como la Fundación contra el Terrorismo.  Con el antecedente de exclusión política de las últimas dos elecciones, la subordinación e incapacidad del TSE, y el uso de la política exterior para defender la impunidad frente a la comunidad internacional, se cerraría aún más el espacio cívico, y en las próximas elecciones solo podrían competir candidaturas afines al régimen.  Sin embargo, como lo han mostrado las encuestas, la ciudadanía no ha aceptado la imposición.  El candidato oficial, que cuenta con recursos ilimitados provenientes del Estado y el apoyo de decenas de alcaldes, no ha logrado despuntar en las encuestas, y más bien han sido candidatos menos directamente ligados a la coalición mafiosa los que han irrumpido (y han sido excluidos) del proceso electoral.

El segundo escenario, la contención, implicaría que la presidencia fuera alcanzada por candidatos y partidos con menos compromisos con la impunidad y dispuestos a detener la ofensiva autoritaria.  Esto requeriría acciones en el congreso de una mayoría decidida a rescatar el Estado de Derecho, así como la acción decidida de la sociedad civil que posibilite un proceso transparente de designación de nuevas cortes, y nominación de funcionarios clave.  Esto implicaría acuerdos mínimos entre actores políticos, sociales y empresariales para reconstruir el Estado de derecho y recuperar la institucionalidad democrática.  Los cambios en la composición del congreso y el ejecutivo, podrían abrir oportunidades para este tipo de acciones.

El tercer escenario plantearía que los resultados electorales posibilitaran un cambio en el ejecutivo y el legislativo favorable al rescate del Estado y a la recuperación y transformación de la democracia.  La fragmentación del campo progresista y la exclusión del MLP limitan este escenario, que es el más deseable pero el menos probable con la información disponible a 25 días de las elecciones generales.

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Por Maru Waldhüter / Fotos: Maru Waldhüter y Prensa Comunitaria

Allanamientos, ciberataques, persecuciones, judicializaciones, asesinatos y el exilio como la única supervivencia, forman parte de la vida cotidiana de los y las periodistas en América Latina y el Caribe y especialmente en Centroamérica. Ante este escenario, el medio Prensa Comunitaria realizó un monitoreo en zonas urbanas, en la ciudad capital y en áreas rurales para relevar los diversos ataques contra la prensa en Guatemala. El resultado arrojó una cifra más que preocupante ya que, desde el año 2021 a la actualidad, se relevaron 125 agresiones. Son cifras que ya no permiten hablar de casos aislados porque el registro de todas las agresiones detalladas configuran una estadística que da cuenta de una acción sistemática que tiene como objetivo a la prensa en Guatemala. En palabras del cronista de Prensa Comunitaria, Simón Antonio Ramón, “una agresión es una agresión, 100 son estadística”.

Este mapa de situación se refleja con características similares en El Salvador, Honduras y México. En éste último, según la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), solo en lo que va del año, se asesinaron a 8 periodistas. En Suramérica, las alarmas se encienden en Colombia, Brasil, Chile y Bolivia donde en 2019 el golpe de Estado al gobierno de Evo Morales se caracterizó, entre otras cosas, por el hostigamiento a la prensa por eso, también, continúa el pedido de justicia por el reportero argentino Sebastián Moro quien fue asesinado en el contexto del golpe.

Con este contexto, periodistas, indígenas y feministas se reunieron en Guatemala durante la última semana de abril en el marco del encuentro “Mujeres, territorios y libertad de expresión”organizado por Prensa Comunitaria y la Asociación Maya Uk’ Ux B’e. Junto a cronistas de México, Honduras, El Salvador, Colombia, Argentina, Estados Unidos, Bolivia, Brasil y Guatemala, estuvo presente el Relator Especial de Libertad de Expresión de la CIDH, Pedro Vaca, quien escuchó cada una de las historias expuestas, especialmente aquellas que refieren a comunicadores y comunicadoras comunitarias, quienes asumen mayores riesgos debido a las situaciones de violencia que acosan a sus territorios asediados en gran medida por el avance de proyectos extractivos y además, por la deslegitimación de la prensa tradicional.

“Asumimos este desafío a pesar de la censura que busca limitar derechos”

Domingo Hernández, titular de la Asociación Maya Uk’ Ux B’e, abrió la rueda de prensa en la que estaban presentes la directora de Prensa Comunitaria, Quimy De León; el Procurador de Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas Andrade; y el Relator para la Libertad de Expresión de la CIDH, Pedro Vaca, en la que se abordaron los “Desafíos para la libertad de expresión en América Latina”.

Prensa Comunitaria es una agencia de noticias que nace en diciembre de 2012 y está conformada por un equipo multidisciplinario que articula junto a Ruda la agenda del periodismo feminista. Su directora, Quimy De León, sostuvo durante la conferencia de prensa que “hay una estrategia que busca silenciar a las comunidades” y que más de una vez, los y las periodistas asumen la tarea de contar lo que sucede en los territorios a riesgo de sufrir diferentes formas de hostigamiento e incluso costarles la vida. “Asumimos este desafío a pesar de la censura que busca limitar derechos”, afirmó.

Por su parte, el Relator para la Libertad de Expresión de la CIDH, Pedro Vaca, señaló en varias oportunidades que “la censura es la golosina del poder” y esto implica desafíos democráticos para todo el continente ya que “son valor la pluralidad y diversidad, por lo tanto es un disvalor democrático el ejercicio de un relato único”. Durante la jornada el Relator ofreció los diferentes recursos mediante los cuales se pueden acudir o pedir intervención a la CIDH y enfatizó que los Estados no deben aplicar el Código Penal para criminalizar a la prensa. Sin embargo, historias como las de Anastasia Mejía, periodista indígena Maya K’ich’e y directora de las emisoras de radio y TV Xol Abaj, quien fue acusada de “sedición”, “incendio y robo agravado” en 2020 mientras cubría una manifestación popular en contra del alcalde de la comunidad de Joyabaj. Anastasia estuvo en prisión preventiva durante un año hasta que se dictó su sobreseimiento por falta de pruebas en su contra.

Pedro Vaca también escuchó los casos específicos presentados por colegas de México, El Salvador, Colombia, Bolivia, Honduras y Guatemala, y advirtió que la prensa comunitaria, alternativa o independiente tiene además que sortear una dificultad adicional impuesta por el periodismo tradicional, que es la del reconocimiento del oficio, la rigurosidad y el profesionalismo. Sobre esto, Gloria Muñoz, periodista de Desinformémonos de México, trajo la historia de Samir Flores, comunicador y fundador de la Radio Comunitaria Amiltzinko, asesinado en 2019. La radio y su oficio estaban al servicio de la lucha de la comunidad que se oponía a la instalación de una termoeléctrica en la zona. A Samir Flores no se lo reconoció como periodista, se desestimó su tarea y tampoco está en el registro de periodistas asesinados en México. Al ser parte del territorio, los medios forman parte de la comunidad y al mismo tiempo son un servicio para sus habitantes, con lo cual dar de baja una frecuencia no solo atenta contra el medio y sus periodistas, sino que también lo hace contra la comunidad. Algo de esto es lo que sucede en El Salvador, donde no solo hay relatos de persecuciones y ciberataques, sino también el impedimento para sostener las emisoras comunitarias. La burocracia se pone al servicio del impedimento y los hostigamientos cotidianos para limitar el derecho a la comunicación y a la libertad de expresión.

“Hay que destacar el papel de la prensa comunitaria. Es una esperanza que nos escuchen en otros países, por eso es importante apoyar los esfuerzos periodísticos porque queremos un país donde las diferencias se respeten”, advirtió el Procurador de Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas Andrade, ante colegas de diferentes países.

Las jornadas continuaron durante toda la semana con intercambio de experiencias, debates y puestas en común sobre el oficio periodístico. También se hicieron presentes defensoras y defensores de los territorios, referentas y comunicadoras de comunidades Maya para acercar la historia de sus ancestras y la actualidad de sus luchas porque como expresó Quimy De León, “hablar de libertad de expresión es contar desde nuestros medios las luchas de los pueblos”. En esa dirección andaremos el camino y tal como concluye la declaración del Encuentro: “afirmamos que la comunicación y el periodismo comunitario, indígena y feminista seguirá aportando a estos procesos desde su trabajo y compromiso. Porque sabemos que somos herramienta estratégica para una Abya Yala donde los derechos de las personas, pueblos y Madre Tierra no solo sean reconocidos sino plenamente ejercidos”.

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Por Prensa Comunitaria/ Foto Juan Rosales

Los periodistas se reunirán del 25 al 29 de abril en Guatemala para conversar, tomar una pausa en el intenso camino de informar a diario sobre lo que pasa en sus comunidades y reflexionar sobre la importancia de comunicar desde el territorio, privilegiando voces feministas e indígenas.

El encuentro empezará con una jornada de reflexión que acompañará Pedro Vaca, el relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, quien compartirá sobre los mecanismos de protección que apoya la Comisión y sobre las acciones concretas tomadas en casos específicos de periodista amenazados, perseguidos y acosados por actores criminales, élites de poderes políticos económicos e incluso por los gobiernos de sus países.

La jornada de reflexión estará acompañada también por Jordán Rodas, Procurador de Derechos Humanos de Guatemala, quien en entrevista con Prensa Comunitaria, uno de los organizadores del encuentro, aseguró que en el país centroamericano hay muy pocas garantías para el libre ejercicio del periodismo, lo cual ha afectado la calidad democrática de Guatemala.

El resto de la semana, los periodistas realizarán actividades como paneles, talleres y ejercicios de reflexión a partir de las experiencias específicas de sus países.

Durante el encuentro se destacará el papel de las periodistas en la defensa del territorio desde un ejercicio de género y resistencia. También se analizará el papel que han jugado los periodistas indígenas en la defensa de sus comunidades al denunciar los abusos históricos a los que estas han estado sometidas, sobre todo por parte de gobiernos, estructuras paramilitares y la industria extractivista.

A diferencia de otros encuentros, centrado en el ejercicio urbano del periodismo desde agendas relevantes para las ciudades capitales, en este los protagonistas serán los comunitarios, quienes ejercen el periodismo desde una óptica diferenciada, la que da hacerlo de forma constante desde los mismos territorios.

Un documento preparatorio del encuentro lo explica así: “El periodismo comunitario y el periodismo feminista son categorías que funcionan como mecanismo de romper la hegemonía de la narrativa dominante para la exigibilidad de derechos. Ambos, juntos a otros nombres del periodismo fuera del cerco oficial y corporativo que funcionan para los sectores que se benefician de las estructuras de desigualdad social, han diversificado presencia de actores sociales en campo mediático y diversificado los modelos de reporteo, actores e incorporar a sujetos oprimidos por el poder dominante e invisibilizados por el periodismo de este.”

Desde Prensa Comunitaria, ese periodismo pretende romper con la forma tradicional de reportear y contar, distanciarse de eso, siendo la propia gente la que produce su propia información, para sí misma y desde sí misma. Es un compromiso con la transformación de la realidad y las formas de comunicar.

El encuentro ocurre en momentos en que el continente americano vive importantes regresiones democráticas debido a los afanes autoritarios de sus líderes, desde Jair Bolsonaro en Brasil hasta Alejandro Giammattei en Guatemala y Nayib Bukele en El Salvador. Estas nuevas autocracias, caracterizadas por el afán de concentración de poder y la difuminación de los controles sociales que suelen ser garantías del respeto a los derechos individuales y sociales en las aún frágiles democracias latinoamericana, han golpeado, y fuerte, al periodismo, sobre todo al comunitario.

Reflexionar y compartir experiencias es parte de un ejercicio más integral de resistir, desde el periodismo comunitario, esos embates autoritarios.

La situación en Guatemala

La situación del país anfitrión del encuentro es solo una muestra del deterioro continental. En Guatemala, las agresiones a periodistas no son nuevas, mucho menos en el caso de periodistas comunitarios, que han tenido que soportar desde hace años encarcelamientos, allanamientos de sus viviendas, zozobra impuesta por las autoridades o persecución de empresas privadas extractivas que son dueñas y señoras del territorio ahí donde tienen proyectos mineros o hidroeléctricos.

En los últimos años, sin embargo, la situación general de deterioro democrático durante los gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei han agravado la persecución a periodistas. Solo en 2021, Prensa Comunitaria registró 125 agresiones a periodistas.

Uno de los ejemplos que mejor ilustra el patrón de agresiones es el de El Estor, el municipio de Izabal en el que funciona una mina ruso-suiza que sobornó al Estado de Guatemala para reprimir a los comunitarios Maya Q’eqchi’ que se han opuesto a la depredación ambiental de la mina. Los periodistas que han cubierto estas luchas, también Maya Q’eqchi’, han sido objeto de persecución constante desde 2017, cuando la Policía Nacional Civil, al servicio de la minera, mató a un pescador, y más recientemente en 2021, cuando el Ministerio Público abanderó la persecución de tres periodistas comunitarios que documentaron más agresiones de la PNC.

De forma extraoficial se registra que ya de Guatemala han tenido que salir al menos cuatro periodistas acosados por el régimen de Giammattei.

Todos los casos de persecución, y en especial los que tienen que ver con el periodismo comunitario, están amparados en una cultura de impunidad que se ha alimentado en los últimos años por la regresión autoritaria que, como se dijo, no es exclusiva de Guatemala.

Durante este encuentro periodístico, serán los periodistas comunitarios del continente, las periodistas feministas e indígenas quienes buscarán, con el diálogo, la forma de resistir desde el periodismo.

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Por Nelton Rivera (*)

La droga fue uno de los temas visibles en la agenda y discursos del hondureño Juan Orlando Hernández (JOH) y del guatemalteco Alejandro Giammattei. Con Nayib Bukele, de El Salvador, coinciden en el distanciamiento de los Estados Unidos, en discurso por lo menos. Los tres presidentes coincidieron en sus quejas, en reclamar soberanía y la no intromisión en los asuntos internos del que por décadas ha sido socio de las élites depredadoras a las que representan. 

Cada discurso llegó acompañado por las crisis internas de cada país. Bukele, a quien le colocaron un video pregrabado de 7 minutos, enfrenta el inicio del rompimiento de la luna de miel con el poder. Un importante sector urbano de El Salvador cansado de las medidas que toma el gobernante cyan, antojadizas y sin mayores controles, salió a las calles en una multitudinaria protesta en contra del proyecto de criptomoneda, la reelección y la negociación oculta con las pandillas. 

Giammattei, quien tiene la protección de las élites guatemaltecas, intenta sostener a su amiga, la actual Fiscal General del Ministerio Público, en medio de la escandalosa denuncia de sobornos de empresarios rusos. Esta denuncia fue realizada por el ex jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, previo a salir expulsado del país. Giammattei, el presidente peor calificado de América Latina, enfrenta la crisis con constantes movilizaciones que exigen su renuncia. 

JOH,  presupuestado a dejar el poder después de las presidenciales del próximo noviembre, se despedirá con elecciones en medio de las acusaciones de los Estados Unidos por traficar drogas y oxigenar la dictadura antichavista que desde 2009 la potencia del norte respaldó. Con toda una Honduras convulsionada en protestas y el éxodo masivo de sus ciudadanos buscando llegar a los Estados Unidos a través de las caravanas. 

La región a la que Washington ha llamado el Triángulo de Centroamérica, donde estos hombres ejercen su poder, se ha convertido en una mega pista de aterrizaje para el narcotráficos de acuerdo con diversas investigaciones , especialmente para los cargamentos de cocaína que proceden principalmente de Sudamérica, con origen en Colombia. 

El tema de la droga estuvo en las agendas y discursos de Juan Orlando Hernández (JOH) y Giammattei, coincidentemente con Nayib Bukele distanciados de los Estados Unidos, en discurso por lo menos. Los tres presidentes coincidieron en sus quejas, en reclamar soberanía y la no intromisión del que por décadas ha sido socio de las élites depredadoras a las que representan. El Triángulo Norte continúa siendo la principal ruta de la droga rumbo a México y  los Estados Unidos. 

JOH pide a NETFLIX una serie de narcos, capítulo Honduras 

Juan Orlando Hernández, a quien se le conoce comúnmente como JOH,  logró el respaldo de los Estados Unidos para continuar con el régimen que tras el golpe de estado de 2009 mantiene en el poder al Partido Nacional. En marzo de 2021, fue señalado de narcotraficante por una corte federal de Nueva York,  en los Estados Unidos, afirma France 24. Los fiscales consideraron a JOH un “co-conspirador” en Honduras, un “narcoestado”. 

El hermano menor del presidente de Honduras, Tony Hernández, fue condenado este año a cadena perpetua por narcotráfico, luego de introducir 185 toneladas de cocaína de Honduras a los EEUU, equivalentes a más de 5 mil 500 millones de dólares en 2019, con un precio de 30 millones por tonelada. 

Durante su intervención ante las Naciones Unidas, JOH se refirió a la lucha de su gestión en contra de la corrupción, con la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), sepultada por él mismo durante las primeras semanas de enero de 2020. 

Con el país completamente debilitado para investigar y desmantelar al crimen organizado, JOH afirma que Honduras pasó de ser el país con más tráfico de drogas a los EEUU. Al afirmar que con la extradición se podrá saber quién es quién. Tomó una  hoja en la que se ven dos mapas, el primero con la ruta actual de la droga con destino en Guatemala de 2019 y el segundo, la de 2010, donde Honduras era el destino de la droga previo a trasladarse a México y EEUU.   

JOH, en una invitación para los productores de las series de narcos en Netflix, pide que se produzca una serie sobre su persona en Honduras, citando documentos del 2013 desclasificados,  en donde supuestamente los narcos locales se quejan de no poder trabajar con él. 

Su intervención duró casi media hora, la mayor parte de la cual la dedicó a defenderse, buscando exculparse ante las investigaciones de los tribunales de los EEUU que lo vinculan al narcotráfico. 

Una lluvia de comentarios acompañaron la transmisión en vivo del canal de la ONU: “mentiroso”, “mitómano”, “narcotraficante”, entre otras fueron las expresiones que recibió el hoy presidente, continuador del golpe de estado de 2009  y quien consolidó la dictadura. 

Giammattei y la dictadura depredadora 

El presidente de Guatemala, quien en menos de un año se ganó un alto porcentaje de desaprobación popular, se presentó ante las Naciones Unidas con graves señalamientos de corrupción, que lo involucran con sobornos y toda una trama con empresas transnacionales rusas vinculadas a la extracción minera. 

En su intervención ante la asamblea de las Naciones Unidas, aseguró que la demanda por el consumo de drogas, de la que EE UU es el mayor comprador y consumidor, provoca una grave crisis en Guatemala. Giammattei afirmó que el 95 por ciento de las aeronaves que aterrizan en el país provienen de Venezuela, coincidiendo con su agenda particular anti Maduro. 

Un dato interesante en su discurso es que Guatemala dejó de ser un país de tránsito y se convirtió en productor de amapola, mariguana y cocaína. El momento de su queja contra los EEUU llegó en la parte final de su discurso: “estos éxitos no parecen ser reconocidos, ni valorados por los países consumidores, quienes tienen la mayor responsabilidad en esta cadena insana del narcotráfico”. 

Una segunda queja, casi al finalizar su intervención:  “no queremos condicionantes, ni presiones o intentos de violentar la soberanía a cambio de apoyo, ayuda o cooperación… Jamás poniendo en riesgo la autodeterminación de los pueblos y el respeto de la democracia. Así como la no intervención a los asuntos internos de otros países”.

Estos asuntos tienen que ver con María Consuelo Porras, su amiga personal, incluida recientemente  dentro del listado Engel  para personas corruptas en el Triángulo Norte, y quien además engrosó el listado de personas a las que ya les quitaron la visa estadounidense. 

Lo irónico del discurso antidrogas son los aliados del presidente en el Congreso de la República; diputados condenados por narcotráfico en los EEUU, diputadas y diputados vinculados a los grupos del narco, especialmente al partido UCN, con Mario Estrada como uno de los principales dirigentes, pagando una condena en los EEUU. 

Giammattei, al igual que lo hizo  JOH con la MACCIH, puso la lápida sobre los esfuerzos anticorrupción que nacieron con la llegada de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala CICIG, presionando por la destitución ilegal de Juan Francisco Sandoval, ex jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad FECI. Una forma de proteger y pagar la deuda electoral a las élites depredadoras que se benefician de la corrupción e impunidad.  

Bukele, el dictador no tan cool 

Bukele, desde el pulgarcito de Centroamérica, es quien con más decisión busca romper las relaciones con los Estados Unidos. Con el lema “El dictador más cool del mundo”, y  al igual que sus contrapartes  Giammattei y JOH, el presidente salvadoreño enfrenta fuertes movilizaciones en contra de su gestión, especialmente por los golpes a la democracia. 

Sobre la lista Engel, los Estados Unidos incluyeron en la actualización más reciente de esta a los cuatro nuevos magistrados de la Corte Suprema, nombrados a dedo por él y quienes avalaron su reelección presidencial a pesar de que la propia Constitución Política lo prohíbe. De los listados anteriores se sabe de funcionarios de su gobierno, algunos más cercanos a él y su círculo de poder que otros. 

Siguiendo los pasos de Giammattei y JOH, Bukele también puso punto final a la Comisión Internacional Contra la Impunidad de El Salvador (CICIES), apenas tres meses atrás. El Salvador, al igual que Honduras y Guatemala se convulsionan por el descontento social, mismas que se reflejan en fuertes movilizaciones sociales en los tres países, frente a la apuesta de los gobiernos por la corrupción y la impunidad. 

Sobre Bukele pesan también la persecución a la prensa independiente y la negociación oculta con las principales pandillas de El Salvador, escándalos que fueron revelados recientemente. 

En sus breves 7 minutos de discurso pregrabado, reclamó por los ataques que su gobierno está recibiendo, por querer hacer las cosas diferentes. Tan diferentes que lo unen negocios vinculados al petróleo venezolano con JOH y con Daniel Ortega en Nicaragua, documentado por el periodista Héctor Silva Ávalos y publicado recientemente en Infobae.  

En fin, con la agenda común de las dictaduras centroamericanas, la cool, la depredadora y la narcotraficante, unos 35 millones de personas diseminadas a lo largo y ancho de 243 mil kilómetros cuadrados entre dos océanos,  reviven los viejos recuerdos de una Centroamérica bajo el control de Ronald Reagan y regímenes como los de Ríos Montt, Salvador Magaña y Roberto Suazo Córdova. 

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Por Lourdes Álvarez Nájera (*) | Foto: @machifranciscalinconao

Machi es el nombre con el que la población mapuche reconoce a quien se encarga de curar los males del cuerpo y del alma, una tarea que ahora se extenderá a la sociedad a cargo de la machi Francisca de 62 años, que redactará junto a feministas, ecologistas, abogados y artistas, la máxima compilación de leyes de la población chilena, luego de que el 15 y 16 de mayo se eligiera a las 155 personas que integrarán la Asamblea Constituyente, así como a los representantes de 346 municipalidades.

Según Front Line Defenders, la machi Francisca presentó en 2008 un recurso de protección ante la Corte Suprema de Chile, con el objetivo de impedir la tala ilegal en los bosques, que afectaba al pueblo Mapuche y fue la primera líder indígena en denunciar, ante tribunales chilenos, las violaciones al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, logrando implementar la protección a los derechos de los pueblos indígenas, desde la perspectiva del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

La machi Francisca y ocho indígenas Mapuche fueron absueltos del asesinato de dos personas en el año 2013, en un caso cuestionado en el que siempre reiteraron su inocencia, aunque varios de ellos fueron vinculados y condenados bajo la Ley Anti-terrorista de Chile.

Chile se encamina a cumplir el gran anhelo

Para el politólogo Álvaro Quinteros, que estudió una licenciatura en Ciencia Política en Chile y vivió en ese país durante siete años, uno de los grandes anhelos del pueblo chileno está en camino de cumplirse con la redacción de la nueva constitución, porque la que se encuentra vigente es asociada a la dictadura de Augusto Pinochet, incluso se le conoce de manera popular como la constitución de Pinochet.

“Uno de los grandes anhelos de Chile y de todos los países es vivir en una democracia plena, donde se respeten los derechos de todas y todos los ciudadanos y ahora parece estar cumpliéndose lo que parecía un sueño”, agregó Quinteros.

Chile es un caso particular, según el politólogo, porque ese cambio que se logrará con la redacción de la nueva constitución fue un proceso que inició con las masivas protestas de 2019, cuando la población salió a las calles a manifestar la desigualdad imperante y la evidente falta de atención del estado en muchos aspectos, que no les permitía una vida digna.

La nueva constitución que será redactada bajo nuevos términos democráticos, tendrá espacios importantes para las mujeres y los pueblos originarios, además de sentar un precedente que Quinteros catalogó como “referente y de suma importancia” para el resto de países latinoamericanos, porque se enfocará en el reconocimiento pleno de todos los derechos.

“En América Latina tenemos una larga historia de no reconocimiento de los pueblos originarios, pese a que deberían ser los primeros en reconocerse y Chile tiene una gran deuda con ellos, sobre todo con el pueblo Mapuche, porque no hay reconocimiento por parte del Estado y existen conflictos profundos y de larga data que no han sido resueltos”, aseguró el politólogo.

Quinteros coincide con diversas organizaciones que han señalado que ni durante los gobiernos progresistas como el de la expresidenta Michelle Bachelet se logró detener la represión en contra de los pueblos indígenas en Chile.

“Existe una represión constante contra los pueblos originarios donde incluso se les cataloga como terroristas. Hablar de terrorismo es una palabra muy fuerte sobre todo cuando se trata de la concepción de pueblos originarios que piden que se les reconozcan los derechos sobre sus tierras que fueron arrebatas”, agregó Quinteros.

Chile nuevamente tiene en sus manos la posibilidad de encaminar sus máximas leyes a una verdadera representación democrática, con la incorporación de mujeres, pueblos indígenas, profesionales, abogados, odontólogos, médicos, trabajadores de casa y manicuristas, porque además se votó por constituyentes que son aquellos profesionales o no que salen a trabajar todos los días, “esto es lo que más se asemeja a una nueva democracia, con un antes y un después en términos políticos”, puntualizó Quinteros.

La machi Francisca y el resto de personas encargadas de redactar la nueva constitución tendrán un período de nueve meses para preparar el proyecto, que se puede ampliar a tres más. En el 2022 la población chilena nuevamente acudirá a las urnas a emitir su voto a favor o en contra de ese texto.

(*) Publicado originalmente en Prensa Comunitaria

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Por Quimy De León, Carlos Ernesto Choc y Rubén Darío Melgar (*)

Domingo Choc Che se encontraba durmiendo en el corredor de la casa de un familiar, donde había decidido quedarse a pernoctar. A pesar de ser conocido y respetado, por el servicio comunitario que prestaba con sus conocimientos, estas personas días antes, empezaron a difamarlo y lo acusaban de ser “brujo“. Según testimonios recabados por la Policía Nacional Civil (PNC) y fuentes comunitarias, lo culpaban por la enfermedad crónica de un familiar que había muerto días antes en el hospital de Poptún, y que supuestamente antes de fallecer nombraba a Domingo.

“Personas religiosas comenzaron a difamarlo y a señalarlo como un brujo y culpable de la muerte de un comunitario, también dijeron que lo habían encontrado en el cementerio, cosa que no era cierto porque fue otra la persona a quien habían encontrado junto a un panteón y luego la gente inventó que fue enviado por el guía espiritual“, nos dijo alguien cercano a Choc.

Llegaron a buscarlo, él quiso resguardarse en casa de sus familiares y pedir auxilio pero ya no lo logró, la gente dormía. Pese a la intervención de autoridades comunitarias, a quienes llamaron para mediar, estas personas, al menos tres hombres y dos mujeres, lo retuvieron, lo amarraron a un vehículo tipo picop alrededor de las cuatro de la mañana y finalmente al amanecer decideron asesinarlo.Ya no permitieron la intervención de nadie y apartaron a las autoridades bajo amenazas, pese a que algunos de ellos les advirtieron que estaban cometiendo un grave error.

Domingo les pidió agua, y en respuesta le rociaron gasolina y lo quemaron. Él les decía “yo no les debo nada, suéltenme porque no le debo nada a nadie, ¿por qué me están matando?“. Lo quemaron en el campo de fútbol de la comunidad Chimay, su lugar de origen en el municipio de San Luis, Petén. “Lo soltaron, luego lo quemaron, él trató de correr, trató de pedir auxilio en alguna casa, llegó hasta el rincón de una casa”.

El crimen se cometió frente a otras personas de la comunidad quienes observaron la terrible escena, algunos documentaron y tomaron videos. En llamas, Domingo quiso buscar ayuda y corrió hacia una casa “fue ahí donde el quedó tirado. Ahí dio su último suspiro, se murió. La gente seguía gritando, felices de haberlo asesinado”. nos dijo una persona de la comunidad.

Algunas de las personas que lo asesinaron son “creyentes” y asisten a iglesias evangélicas, además tienen poder económico a nivel local, ya que se dedican al comercio de maíz y tienen camiones, nos aseguraron algunas personas que por temor piden confidencialidad. Por lo que no fue una muchedumbre la que cometió este crimen, fueron pocas personas, plenamente identificadas por la comunidad.

A las pocas horas varios medios de comunicación de manera irresponsable, difundieron las imágenes sin más, algunos reafirmando la idea de que por brujo lo habían quemado.

Eran casi las ocho de la mañana del sábado, cuando la PNC recibe una llamada de urgencia, para acudir a la aldea Chimay, un caserío con 300 familias aproximadamente, que queda a 120  kilómetros de la cabecera municipal de San Luis en Petén, al menos son dos horas en carro para poder llegar.  El 88% de la población de este municipio con 3,000 km2 vive en áreas rurales y el 69.85% en pobreza y el 9.45% en extrema pobreza. La última vez que había sido noticia este municipio fue en septiembre de 2019, cuando el gobierno de Jimmy Morales decidió imponer un Estado de sitio para 22 municipios, incluyendo San Luis.

Según un documento de la PNC, al llegar junto a una fiscal del Ministerio Público (MP), técnicos de escena del crimen y agentes de investigación criminal, las autoridades comunitarias les dijeron que “la comunidad no les autorizaba la entrada” para realizar la diligencia de levantamiento del cadáver y que se encargarían de enterrarle. Ante esto decidieron retirarse, pero volvieron pasadas las dos de la tarde. Para entonces entraron y encontraron el cuerpo de Domingo Choc tirado “en el corredor de una casa que está en la orilla de la calle frente al campo de fútbol”, también encontraron un gorro pasamontaña negro y un pedazo de lazo de nylon de colores.

Según la investigación preliminar de la PNC la gente les dijo que el 5 de junio por la noche, lo estaban vigilando ya que sospechaban de él, y lo sorprendieron “haciendo actos de hechicería” frente al panteón de la persona que murió en el hospital y que por esa razón lo retuvieron y lo asesinaron. Sin embargo algunas personas aseguran que se encontraba en la casa de un familiar, cuando lo llegaron a buscar.

Esta persona fue quien acusó, difamó y participó en el asesinato de don Domingo Choc Che en San Luis #Petén. Ante la entrevista de @NoticiasPeten aceptó ser uno de los autores intelectuales y materiales de este crimen. #JusticiaDomingoChoc pic.twitter.com/KeCEgKu4Zn— PrensaComunitaria (@PrensaComunitar) June 9, 2020

Ovidio Ramírez Chub al ser detenido fue uno de los que difamó, retuvo y participo del asesinato de Domingo Choc Che tras culparlo de la enfermedad y fallecimiento de su padre, por supuestos actos de hechicería.

Pese a los esfuerzos de reconstrucción del tejido social, los años después de la guerra, en las comunidades empezaron a sufrir una serie de problemáticas que se sobrepusieron a las dinámicas sociales ya debilitadas, algunas herencia de la contrainsurgencia usadas para controlar a la población; otras relacionadas con nuevas formas de enriquecimiento ilícito. San Luis es entrada de drogas hacia el departamento y es territorio de influencia de narcos, según el informe Grupos de poder en Petén: territorios, política y negocios, publicado en el 2011.

En este informe se hace referencia a estructuras de “limpieza social” existentes en este municipio asociados a ex paramilitares y/o grupos criminales de alcance nacional, que se han dedicado a asesinar a jóvenes supuestamente vinculados a maras y a otras personas. Las actividades de control económico están asociadas a ganaderos tradicionales y palma de aceite. En el municipio hay un destacamento militar y solo en la aldea Chimay hay al menos cinco iglesias entre católicas, carismáticas y evangélicas.

Carlos Morán Ical pocomchi´ investigador de la cultura maya, psicólogo y también Ajq’ij explica el rol de los aj Ilonel como Domingo Choc:

“Un Aj Ilonel es la persona, dentro del modelo de medicina maya, que tiene un don, que le permite ser quien resguarda la salud de las personas y de la familia. Es quien tiene el conocimiento de las plantas, de los ciclos lunares y conocen la época de identificación, recolección y preparado de plantas medicinales. Su función y rol comunitario es resguardar a la comunidad, es un personaje de respeto que si se requiere su consejo lo puede facilitar ya sea a personas o a las familias”.

Todo esto lo desconocían los perpetradores de su muerte o el miedo que provoca el desconocimiento, sumado a la influencia de religiones conservadoras y fundamentalistas que logran distanciar a la gente de su propio ser.

Tres días después de este crimen el MP detuvo después de un allanamiento en la aldea Chimay, a cuatro personas, ellas son Romelia Caal Chub, Mayly Pop Caal, Edin Arnoldo Pop Caal y Ovidio Ramírez Chub hijo del señor que murió en el hospital de enfermedad.

Voces que claman justicia y el camino hacia la verdad

La indignación no se ha hecho esperar, grupos organizados de autoridades ancestrales, guías espirituales, terapeutas mayas, académicos, embajadas exigen justicia. Las autoridades también han reaccionado, el Procurador de Derechos Humanos Jordán Rodas se han pronunciado exigiendo justicia y  abrieron un expediente. El presidente Alejandro Giammattei desde el sábado pidió al MP su colaboración para que los responsables sean llevados ante la justicia.

El cuerpo de Domingo Choc fue llevado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala – INACIF y el MP por medio de la Fiscalía Municipal de Poptún en coordinación con la Fiscalía Distrital de Petén dijo que investiga el hecho. En la madrugada del 9 de junio llegó el ejército, la policía y el MP a realizar allanamientos y detenciones a la aldea Chimay.

¿Quién era Domingo Choc Che?

Domingo Choc dejó a 14 hijos, tenía más de veinte años de ser Aj Ilonel, una figura dentro del modelo médico maya, además era guía espiritual y científico. Dedicaba parte de su tiempo recorriendo lugares lejanos a Chimay, para encontrar las plantas con las que curaba. Las enfermedades que el abuelo Choc trataba eran físicas y espirituales como por ejemplo granos, manchas, derrames faciales y en todo el cuerpo, trataba los sustos, controlaba el embarazo y los flujos vaginales, y otras enfermedades que se puede tratar con plantas medicinales ancestrales, según lo dijo José Che, otro Aj Ilonel.

Domingo también trabajó con la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala ─ODHAG desde 1998 como promotor de salud mental durante casi 10 años, en un proyecto que inició en el Vicariato apostólico de Petén, después de que se publicara el Informe de la Recuperación de la Memoria Histórica. Su trabajo consistía en trabajar con personas sobrevivientes para sanar y tratar el dolor emocional y físico, por las secuelas de la guerra que se vivió en el país, esto incluía acompañamiento a exhumaciones y otras acciones integrales de salud mental.

Quienes lo conocieron recuerdan que comenzó su camino desde muy joven. En el año 2010 se encontró y conoció con los integrantes de ACGERS de Poptún, Petén, y llegó a ser parte de esta organización. El tata Domingo, como le llaman varias personas “era un hombre muy comprometido con su cultura y asumió el rol de trascender, es decir de transmitir el conocimiento a las nuevas generaciones” recuerda Mónica Berger antropóloga sociocultural y compañera de trabajo.

Según cuentan varias personas estaba preocupado por la desaparición de los bosques y extinción de muchas de las plantas que él recuperaba con sus conocimientos. Además, es descrito por sus colegas científicos, como un puente para que se reconozca la medicina, la botánica y la fitoterapia maya como ciencia.

En su casa mantenía un altar maya, donde atendía a sus pacientes, al mismo tiempo rigurosamente registraba en un libro sus consultas, para tener un control de todas las enfermedades que trataba. Esta forma de sistematización y conocimiento para la Asociación de Concejos era muy importante, porque revela su gran conocimiento sobre el trabajo con las plantas medicinales al mismo tiempo que lo preserva. Domingo como los demás, salía a los bosques y recorría grandes distancias para identificar y nombrar las plantas con nombres científicos.

La tarea silenciosa para que el sistema de conocimiento maya se reconozca como ciencia

Mónica Berger antropóloga sociocultural con un doctorado en Ciencias, es encargada de la Unidad de Antropología Médica del Centro de Estudios en Salud de la Universidad del Valle de Guatemala, fue la primera, después de su asesinato en nombrar la trayectoria y memoria de Domingo, hacía tres meses hicieron juntos un viaje de reconocimiento botánico de plantas de conocimiento ancestral.

Ella es coordinadora de dos proyectos de investigación con la Asociación de Concejos desde el año 2010 en los que se fueron abriendo caminos, a raíz de que las autoridades q´eqchi´ les pidiera apoyo para llevar el nivel de conocimiento maya ancestral y fuese reconocido como ciencia, explica Berger.

Domingo era parte de este grupo de trabajo, estaba dedicado a  documentar la medicina y fitoterapia maya con plantas tradicionales, en este proyecto recibieron estudiantes de intercambio y colaboraron con científicos europeos suizos e ingleses, desde la noción e que los sistemas de conocimientos son iguales y tienen el mismo valor, describe Mónica Berger.

El sueño de Choc y de la Asociación de Concejos era la creación de un vivero para medicina ancestral, que consistía en recuperar las plantas que están en peligro de extinción, debido a la quema de muchos bosques en Petén y otros lugares. Sobre esto Mónica Berger dice que “por eso les era difícil encontrar sus plantas, por el avance de los monocultivos, la ganadería y otras actividades, y que no se protegía el  territorio prístino donde está la farmacia natural de la madre tierra, y por eso estaba en este esfuerzo, estaba consciente que había que documentar.“

Tras ese sueño fue que Domingo en el año 2018 comenzó a trabajar en este proyecto. Él participaba en la identificación y recolección, ya que tenía mucho conocimiento sobre ellas, cuenta José Che secretario del Consejo. Carlos Morán Ajq’ij pocomchi´explica lo relevante del rol poíitico de Domingo Choc Che:

“Hay todo un proceso de apropiación de la cultura ya que además de que la reivindica, la investiga y la socializa, y ese rol es mal visto. Un Aj Ilonel como Domingo posiciona el conocimiento ancestral maya en el ámbito de la salud, en el ámbito espiritual y también en el ámbito científico, y sobre todo se vuelve un ente transmisor o formador de nuevas generaciones. El racismo y discriminación en los últimos 20 años se ha vuelto más extremo con la religión evangélica. Este rol es el que ha hecho de que fuese visto con malos ojos”.

El racismo estructural y los fundamentalismos religiosos la causa que subyace al crimen de Domingo Choc Che

Este crimen cometido contra el guía espiritual, abre el debate acerca del racismo, discriminación y la libertad de culto, responsabilidad del Estado. El Convenio 169 establece que es obligación de los Estados reconocer, proteger los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales propios de los pueblos indígenas.

A consideración de Domingo Hernández Ixcoy reconocido dirigente indígena, el racismo en nuestro país no esta superado y más bien es promovido por los grupos de poder y el Estado ha visto esto como algo normal y en algunos momentos es promotor:

“Esto es una cuestión de racismo, nos preocupa que los medios de comunicación tradicionales generalmente promueven esta situación. Este es un crimen promovido por el fanatismo religioso, que parte de la idea de superioridad de que la espiritualidad que profesan es mejor. Esto ocurre por toda la propaganda que se hizo en contra de la cosmovisión maya, de decir que son brujos, hechiceros”.

En esta misma línea Carlos Morán guía espiritual pocomchi´en su análisis plantea que “hay muchas formas y mecanismos de avasallar la cultura como en la guerra o en el abandono del estado en torno programas que pudieran apoyar acompañar procesos de reinvindación y de pemirtir la participación de pueblos mayas”. Y dice que lo ocurrido se debe a formas extremistas de la religion evangélica y que este no es un hecho aislado que se entremezcla con el racismo y discriminación.

También interpreta que algunas personas fundamentalistas no ven bien que otras se organicen, por la misma mala propaganda que existe sobre quien defiende sus derechos. “A partir de que se organizan como Consejos los portadores de dones o autoridades ancestrales en el ámbito comuntario en el caso de Domingo, no lo vieron bien”.

La abogada Jovita Tzul Tzul también vincula como causa de este crimen “el racismo estructural y el fundamentalismo religioso que se ha establecido dentro de las comunidades que se traduce en el rechazo a las formas de espiritualidad y medicina maya”.

En el campo de la salud desde hace mucho tiempo ha habido varias propuestas que plantean el reconocimiento y respeto hacia el trabajo de terapeutas indígenas, uno de ellos durante la gestión de la ministra de salud Lucrecia Hernández Mack, en donde se impulsó la propuesta, para que el primer nivel de atención en salud fuera incluyente con el modelo de medicina maya, y que atendiera más problemas de salud, con el fin de descongestionar el resto de la red de servicios. Esta propuesta provenía desde la sociedad civil incluyendo terapeutas mayas, académicos y oenegés.

La Organización Panamericana de la Salud define como terapeuta tradicional a la “persona reconocida por la propia comunidad en que vive, como competente para prestar atención de salud mediante empleo de productos vegetales, animales y minerales, y aplicación de algunos otros métodos de origen social, cultural y religioso, basados en los conocimientos, actitudes y creencias de la comunidad, en lo que respecta al bienestar físico, mental y social, y al origen de la enfermedad y la invalidez”.

La imposición de que las religiones de proveniencia judeocristiana son la única forma socialmente aceptada es un acto racista que se traduce en odio hacia los grupos que profesan otras formas de espiritualidad como la maya. Los diputados del Congreso de la República el 3 de marzo del 2020 recibieron una biblia con su nombre grabado en la portada y muchos de los que son parte del “pacto de corruptos” daban discursos casi prédicas sobre la moral y sobre dios.

El presidente Alejandro Giammattei usa como eslogan “dios bendiga a Guatemala” desde su campaña política hasta en sus acciones gubernamentales. Para la pandemia por covid-19 ha planteado ayunos y oración y ha propiciado reuniones con “sociedad civil” en donde excluyó al Procurador de Derechos Humanos y sí incluyó dentro de los invitados a uno de los pastores evangélicos más poderosos, Cash Luna de la Iglesia Casa de Dios y a monseñor Álvaro Ramazzini.

Esta mirada sobre los pueblos indígenas, su cosmovisión maya, espiritualidad y la medicina han sido causantes de crímenes, en este caso contra terapeutas y guías espirituales, por lo que el debate sobre racismo y discriminación sigue abierto. 

(*) publicada originalmente en Prensa Comunitaria

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Por David Toro para Prensa Comunitaria

Thelma Cabrera es una mujer Maya Mam de 49 años. Pasó su niñez trabajando en el campo en el municipio de El Asintal, Retalhuleu. La realidad le permitió darse cuenta de la explotación y desigualdad que existía en los campos del sur de Guatemala. Fue así como comenzó a sentir la necesidad de pelear por sus derechos. En 1992 se incorporó al Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) y en la actualidad es uno de los rostros visibles de este movimiento. Es candidata a la presidencia con un instrumento político nuevo. Desde su creación han sufrido asesinatos y la criminalización de sus líderes. Cabrera junto al Movimiento de Liberación de los Pueblos (MLP) propone nacionalizar la energía eléctrica y buscará reformar el Estado, que asegura solo representa a la élite del país.

Thelma Cabrera creció en época de guerra, recuerda que durante su niñez fue afectada psicológicamente porque aparecían muchos muertos en las cuadras y carreteras cercanas a su casa en El Asintal. Sus padres no le permitían salir después de las 6:00 p.m. por el peligro que representaba, “cuando crecí me di cuenta de que a algunos los mataron y a otros nos inculcaron el terror”.

Thelma solo pudo estudiar hasta sexto primaria porque tenía que trabajar. Su formación política la desarrolló en las luchas sociales. Cuenta que desde sus inicios en 1992 se dedicó a la defensa de la naturaleza y el territorio. Dirigió la red de mujeres de Codeca durante sus primeros años de participación y desde el 2010 hasta el 2019 ha encabezado la junta directiva de esta organización campesina que se resiste a la privatización de la energía eléctrica propiciada por la empresa distribuidora Energuate.

La privatización de este bien fue en 1996 cuando Álvaro Arzú era presidente y los altos costos de la energía fueron notables a partir del año 2000. Esta defensa les ha costado muchos detractores, persecuciones penales e incluso asesinatos El hijo de Cabrera fue implicado por Energuate en un caso de robo de energía eléctrica hace algunos años, pero fue absuelto por falta de pruebas.

¿Cómo surge el Movimiento por la liberación de los Pueblos (MLP)?

El MLP surge desde las entrañas de más de 597 comunidades que vivimos en carne propia la criminalización. Fue formado en el 2016 por más de mil 500 personas con trayectoria de lucha. No somos un partido politiquero de esos que surgen cada cuatro años. Nosotros mismos debemos ser los organizadores, comunicadores y promotores de la fundación del Estado plurinacional, que es nuestro objetivo central.

¿Cómo financia su campaña política el MLP?

Cada integrante aporta su granito de arena, si va a una actividad del partido, cada uno cubre su pasaje, lleva su banderín, arma su propio pedazo de tela, ese es su aporte. Así sobrevivimos porque sentimos que el partido es de nosotros.

¿Usted considera que el MLP es un partido de izquierda?

Yo no me puedo llenar la boca diciendo que soy de izquierda, porque lo que va a ver el pueblo son mis acciones, en que luchas estoy involucrada. En el MLP, nosotros definimos que nuestra ideología como antineoliberal, anticolonial. Entonces mis acciones deben mostrar de qué lado estoy.

¿Qué diferencia han hecho las izquierdas en el Congreso?

Nada, es nulo. Por eso a mí me da pena decir que soy de izquierda, porque hay supuestos izquierda en Guatemala, es complicado hablar de eso.

Su primer paso en la política fue con URNG-MAÍZ ¿Cómo fue esa experiencia?

Hay experiencias que uno no quisiera recordar, a veces las personas se podrían enojar con uno por decir lo que piensa. Cuando se fundó Codeca vimos que la URNG era la única opción para participar e ir construyendo ideas. Pero ese partido tiene dueño, las puertas no se pueden abrir. Yo proponía la participación como lo hago en el MLP, pero nos expulsaron del partido en una asamblea general hace algunos años, cuando estaba como secretario general Ángel Sánchez. Pensaban que queríamos tomar la dirección del partido, pero cuando estamos en un espacio político estamos para proponer no para ir a mandar.

¿Por qué buscar la nacionalización de la energía eléctrica y cómo lo haría si gana las elecciones?

Después de que se dio la privatización la gente comenzó a sentir el alto costo de la energía, nosotros como Codeca no teníamos cómo acompañar esa demanda. Entendimos que el acceso a la energía es un derecho y la lucha nace de nuestros hermanos de San Marcos. Investigamos porque de lo contrario tendríamos que regresar al candil o la candela. Porque los ricos no iban a perdonar un solo centavo, pusimos memoriales gobierno tras gobierno, nunca respondieron a las demandas que hacíamos denunciando a la empresa (Energuate). Porque nos estaba saqueando, por eso basados en el artículo 44 y 45 de la Constitución decidimos declararnos en resistencia, porque ni siquiera hay trabajo ni salarios dignos ¿cómo íbamos a mantener a una empresa?

Hemos designado candidatos al Congreso porque el primer paso es revisar los convenios y contratos con las empresas, tenemos que hacer un estudio técnico para entender cómo se dio la privatización. Es importante ganar plazas en el Congreso porque el tema de los costos de la energía es una convulsión social que todos los guatemaltecos lo sentimos, y es un tema que se debe atender de urgencia nacional. Sabemos que en cuatro años no podemos darle la vuelta a todos los problemas estructurales pero es importante iniciar ya.

¿Ustedes consideran que han sido criminalizados?

Desde el inicio de la lucha la empresa (Energuate) nos ha criminalizado y asesinado, porque algunos líderes han investigado sobre derechos laborales. Cuando resistimos a la privatización aumentó la cantidad de presos políticos y asesinados. Hemos sido secuestrado y en ocasiones han encarcelado a nuestros líderes sin fundamentos ni órdenes de captura.

Un ejemplo claro que vivimos de la agudización de la criminalización fue en Chiantla, cuando nuestro defensor Mauro Vay y la compañera Blanca Julia Ajtún, estuvieron tres meses en la cárcel acusados de robo de energía. La empresa y los medios de comunicación nos acusan, pero ninguna de sus acusaciones ha procedido en los tribunales. En el caso de Mauro Vay la Organización de Naciones Unidas (ONU), reconoció que existió una detención arbitraria.

En ninguno de los casos de criminalización la empresa ha podido probar sus acusaciones, incluso nuestra compañera Vicenta Jerónimo quedó absuelta y ahora participa como candidata al listado nacional del Congreso. Todo se ha tratado de una estigmatización a nuestra lucha por parte de los medios de comunicación a servicio de las empresas privadas.

¿Por qué buscan impulsar una Asamblea Plurinacional Constituyente?

Hoy lo que tenemos es un Estado unitario, en donde los que gobiernan son los criollos y poderosos de corbata, que justifican que hay una democracia, pero realmente no existe. El MLP plantea el Estado Plurinacional con la participación de todos los pueblos mayas, xinca, garífuna y mestizo. queremos la inclusión de los idiomas, culturas e identidad, que sea un Estado donde nos sintamos representados.

¿Qué opina sobre la Cicig?

Hizo un buen trabajo, no puedo decir que todo lo que hicieron sea malo. Pero es un proyecto que fue impuesto por Estados Unidos y respondió a ciertos intereses particulares. No podemos ignorar que el mismo Ministerio Público de la señora Thelma Aldana, que trabajó en estos casos de corrupción, impulsó políticas de criminalización en contra de defensores de derechos humanos, no solo de Codeca, también de los pescadores de El Estor y líderes comunitarios de Huehuetenango. No hizo nada por investigar por el asesinato de Luis Marroquin, 09 de mayo 2018.

Es necesario el trabajo de CICIG, pero el problema es de estructura. Para hacerle frente a la corrupción yo propongo renunciar al derecho de antejuicio que la Constitución otorga a presidentes, diputados, alcaldes y magistrados y al secreto bancario para poder rendir cuentas y tener un gobierno transparente.

¿Ha sido objeto de ataques racistas durante la campaña?

Cuando yo acepté la candidatura tenía claro a quienes iba a enfrentar. En una sociedad machista patriarcal impuesto por el sistema, sabía que tenía que enfrentar esas consecuencias tan solo por mi humildad. En redes sociales veo comentarios que dicen que me falta capacidad y formación, pero eso no me afecta, me fortalece, porque debo seguir con mi formación. Yo acepto que no fui a una academia, pero soy trabajadora del campo, conozco las necesidades de los territorios olvidados y empobrecidos. Los ataques son parte de este contexto y por medio de mis luchas puedo demostrar que soy una persona reconocida que he andado en las calles en momentos difíciles de mi pueblo y he dado la cara, nunca me niego a hablar la verdad en cualquier espacio.

Thelma Cabrera recibió su acreditación como candidata hace dos semanas, luego de que el TSE rechazó un recurso de nulidad interpuesto en su contra por el abogado independiente Rafael Briz Méndez. La participación de Cabrera es histórica pues ninguna otra mujer maya mam proveniente de las luchas sociales había competido por la presidencia. Según las encuestas más recientes previo a publicar esta entrevista Cabrera está lejos de los punteros, pero con una intención de voto del 2% que ha crecido conforme pasan las semanas.

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