El ajuste económico funciona como un mecanismo necesario en los países capitalistas. En términos generales, ajustar implica que un sector grande de la población obtenga menos beneficios producto de su trabajo. Esto se puede dar de muchas maneras: cobrando salarios nominales (lo expresado en pesos) por debajo de la inflación, pero también haciendo que su salario real cada vez valga menos y como resultado, comprar menos cosas. Otra forma es sobrecargándose de trabajos para poder llegar a fin de mes. Esto es entregar mayor horas de vida a cambio de un ingreso.

Como se planteó en una nota anterior lo que pierden unos en forma de ingreso lo ganan otros. Entonces, los ajustes perjudican a las mayorías trabajadoras y benefician a las minorías capitalistas. Porque es falso eso de que cuando hay ajustes perdemos todos y todas.

Generalmente, las y los trabajadores se resisten a los ajustes. O eso deberíamos creer si no pensamos como clase trabajadora. A lo largo de la historia argentina se dieron enormes muestras de fuerza para resistir a los ajustes de capital. En este sentido, hay algunas ideas que sostienen que cuanto peores son las condiciones de vida de las personas, el escenario se prestaría para resistencias y luchas contra esa situación material. El famoso, “cuanto peor, mejor”.

Sin embargo, eso podríamos creer si la clase trabajadora es homogénea y podríamos tener una idea general de cómo piensa y cómo siente ese ajuste en sus vidas cotidianas. ¿Qué sucede cuando la clase que vive del trabajo tiene un alto grado de fragmentación? Si la clase trabajadora tiene elevados niveles de fragmentación vamos a encontrar a un sector formal con buenos salarios, una capa de profesionales con título universitario que tienen que llenarse de trabajos para obtener un buen salario, otro que posee trabajos formales pero con salarios por debajo de la línea de pobreza y una enorme capa, quizás la mayoría, de trabajadores y trabajadoras informales, sin derechos, que combinan múltiples trabajos con la ayuda estatal.

En esta situación la principal consecuencia es que se nos va a ser difícil comprender cómo se percibe, como siente y cómo piensa cada sector de la clase. Ya que cada uno, según su posición de ingresos tendrá demandas materiales y culturales diferentes.

El ajuste permanente y sus consecuencias en la subjetividad de las personas

Leandro Barttolotta e Ignacio Gago, en un ensayo llamado “Implosión: apuntes sobre la cuestión social de la precariedad”, hacen un análisis muy interesante sobre el padecimiento de la precariedad en los cuerpos de las clases subalternas. Quizás el sector mayoritario de la clase trabajadora y que sufrió con mayor fuerza el ajuste permanente de los últimos doce
años.

Lo interesante del libro es como ligan una cuestión material y objetiva basada en el ajuste permanente que viene sufriendo una enorme capa social con el efecto anímico en la subjetividad. Los autores sostienen que los principales efectos son el cansancio, el agotamiento, la frustración y el malestar. Es decir, nos encontramos con millones de personas que sienten esas sensaciones producto de una realidad material concreta: la pobreza.

Pero se escapó la tortuga. Al menos a las dirigencias políticas que dicen representar al pueblo y, también, a los intelectuales que no estuvieron a la altura. Este ajuste permanente provocó la naturalización de la precarización de las vidas. Miles de familias haciendo malabares para poder llegar a fin de mes. La ansiedad producto del aumento de precios permanente. El malestar, la resignación y la angustia son la estructura de sentimientos de quienes padecen el cuerpo el ajuste.

El problema se profundiza cuando los diferentes gobiernos plantean discursivamente que iban a mejorar la calidad de vida de las personas, pero en los hechos, esas vidas empeoraban. La desilusión con estos programas llevan a una derrota, entonces, cuando los discursos reaccionarios aparecen, tienen allanado
el camino para los ajustes.

Durante estas semanas, el periodista Fernando Rosso planteó una serie de interrogantes que se vinculan con estas ideas. Si las personas durante todo este tiempo de ajuste permanente eligieron gobiernos que en el discurso decían que no iban a ajustar, pero en los hechos, ajustaban, ¿por qué no probar ahora con un gobierno de ajuste?

La naturalización de la precarización, del ajuste permanente y del malestar social puede funcionar como una derrota subjetiva en las mayorías provocando la aceptación de un feroz ajuste como el que estamos viviendo en estos meses. Entonces, cuanto peor, peor.

Ajuste de shock, derrota y refundación capitalista.

Desde que Milei comenzó con el ajuste de shock se dieron muestras de resistencias en diferentes sectores del campo organizado: las movilizaciones de los partidos de izquierda y los movimientos sociales, los paros llamados por diferentes sindicatos, el llamado a saltar los molinetes, los cacerolazos, etc. Son respuestas necesarias para los tiempos presentes. Sin embargo, aún se percibe cierto adormecimiento. Esa sensación de que se le está dando tiempo, a pesar de que el shock se está sintiendo cada vez con más fuerza. Además, cuando parecía que el discurso en contra de la casta comenzaba a tener sus límites, en la apertura de sesiones ordinarias Milei lanzó una batería de medidas contra la casta.

Es muy probable que esa prédica funcione como una especie de refuerzo en la subjetividad de las personas para seguir bancando el ajuste. El ensayista Alejandro Horowicz, en su libro “El Kirchnerismo desarmado” hace un recorrido histórico sobre la historia reciente, el programa económico de ajuste durante estos 40 años de democracia, el fracaso del peronismo y las penurias de las mayorías populares.

En un pasaje plantea lo siguiente:
“Si algo caracteriza a los derrotados, es el desprecio de su propia existencia;
desprecio que impide que la derrota sea apropiada como una fuente de conocimiento
para transformar la realidad. En ese punto estamos”

Alejandro Horowicz, 2023.

Da la sensación de que la precarización de las vidas y el ajuste permanente de la última década funciona como mecanismo subjetivo para aceptar un profundo ajuste. Ese desprecio de su propia existencia, de la que habla Horowicz, no es más que la descomposición social que habita en nuestro país. El problema es que si el ajuste pasa y se profundiza entraríamos en una gran derrota, como la de la hiperinflación del 89’ y como efecto de esa derrota, el capitalismo argentino podrá estar en mejores condiciones de ser reformado, como en los 90, con las consecuencias que eso traería: abaratamiento de la fuerza de trabajo, superexplotación laboral, profundización de la pobreza y ruptura de los lazos sociales.

Las largas crisis que empobrecen cada vez más a las personas sirven para que la gente acepte los ajustes y las salidas reaccionarias. La emergencia y la aceptación en gran parte de la sociedad de los discursos liberales demuestran que hay un espacio en el pensamiento y sentimiento de las personas que lo conocido ya no va más. En este escenario, es necesario derrotar el ajuste de Milei para evitar una mayor destrucción material de las vidas. Si no planteamos una salida estructural, alternativa a este modelo y al que nos trajo este escenario, vamos camino a una catástrofe social porque no hay salidas. La lucha la debemos dar en el plano ideológico/teórico, en el económico y en el político. Lo que no se regenera, degenera.

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Texto y fotos de Darío Cavacini

Con esta decisión, tomada por decreto un domingo por la tarde y comunicada formalmente al día siguiente, Mauricio Macri se transformó en el primer presidente elegido democráticamente en eliminar este Ministerio. Los anteriores habían sido los dictadores Pedro Aramburu en 1955 y Juan Carlos Onganía en 1966.

Este retroceso institucional histórico, que redujo considerablemente los presupuestos de áreas sensibles para el acceso a la salud de miles de personas en todo el país, no sólo afectó al área sanitaria, sino que también fueron degradados a Secretaría (con la consecuente reducción y subejecución presupuestaria) los Ministerios de Ciencia y Tecnología, Cultura, Energía, Agroindustria, Turismo, Ambiente, Trabajo y Modernización.

El presupuesto sanitario, desde la asunción de esta gestión saliente, se ha visto reducido año tras año, quedando siempre varios puntos por debajo del índice de inflación. Este ajuste se puede pensar desde dos perspectivas. Por un lado, en el mecanismo de la elaboración de los presupuestos; en este aspecto, la gestión macrista no ejecutó los mecanismos administrativos necesarios para actualizarlos en función de la inflación anual y de las necesidades de la población, sino que se fue replicando el del año anterior sin tener en cuenta estos factores. El otro punto se centra en la ejecución de los mismos, donde en general se han autorizado partidas presupuestarias que no llegaron a cubrir las necesidades básicas de la población, quedando incluso varios millones a pagar por la gestión de Alberto Fernández.

La reducción presupuestaria tiene, en términos concretos, efectos nocivos para la salud de la población en general, y estas decisiones en particular han afectado a los sectores más vulnerables, quienes vieron disminuidas sus posibilidades de acceder a un sistema de salud público, gratuito y de calidad.

Es necesario repasar algunos de estos efectos, pensados desde el nivel central de la cartera sanitaria, sin desconocer las particularidades con las que estos procesos se han llevado adelante en cada una de las provincias y municipios, para tener en claro los alcances de una gestión que se ha preocupado más por el marketing que por proponer y sustentar planes, proyectos y programas reales que mejoren la calidad de vida y la accesibilidad a los sistemas de salud de la población.

En relación a la compra de medicamentos, se han producido dos hechos significativos. Por un lado, la dolarización de su precio, que hizo que año tras año sea más dificultoso la compra de los mismos, ya que los presupuestos no se han actualizado en función de esta realidad (aun cuando administrativamente se podría haber realizado). Por otro lado, la no-exención de impuestos aduaneros a los insumos que salud importa, lo que genera que un porcentaje grande del presupuesto vuelva circularmente a ser parte de la recaudación fiscal,  dificultando aún más la compra de los mismos por su alto valor agregado.

Estas dificultades creadas por el desinterés de la propia gestión han generado la falta de accesibilidad a medicamentos para el tratamiento continuado y sostenido de tuberculosis, HIV y otras enfermedades de trasmisión sexual y la imposibilidad de compra de los insumos necesarios para llevar adelante estrategias de APS para la prevención de las mismas y para ser distribuidos gratuitamente en los centros de salud (preservativos, tests de embarazo, métodos anticonceptivos varios, misoprostol, hormonas, DIUs, etc).

Tampoco se han podido realizar en su totalidad las compras necesarias de medicamentos para virus respiratorios (especialmente los dirigidos a los sectores de la población más vulnerables en relación a este problemática: niños/as y adultos/as mayores), medicamentos oncológicos y medicamentos esenciales (aquellos que cubren las necesidades de atención de salud prioritarias).

Estos recortes han impedido las compras de las vacunas que completan el calendario nacional (uno de los más completos de América Latina según la OMS). En 2018 se dio el ejemplo más claro de esta política de ajuste, al quitarse el refuerzo contra el meningococo para niñas y niños de 11 años, en medio de la aparición de nuevos casos que pusieron en riesgo la salud de miles de personas en todo el país. Además, durante estos cuatro años, casi no se entregaron descartables ni otros insumos, no se pagaron programas de capacitación profesional y se redujo a más de la mitad la cantidad de vacunadores/as, médicos/as, psicólogos/as y personal administrativo del Programa Médicos Comunitarios.

Vinculado con el desfinanciamiento del calendario vacunatorio, la Dirección Nacional de Epidemiología y Análisis de Situación mostró su preocupación por registrarse, en noviembre de 2019, más de 60 casos de sarampión, el mayor número desde el año 2000. Los afectados fueron principalmente niñas y niños menores de un año. A pesar de que no existe un tratamiento específico para esta enfermedad, la vacuna Triple Viral (Sarampión-Rubéola-Paperas) es la que se utiliza para su prevención y una de las que más se han registrado faltantes a nivel nacional.

No han habido políticas públicas suficientes en relación a la prevención de enfermedades como Chagas, zika, chikunguya, fiebre amarilla, hanta virus (en enero de 2019 se registró un brote en Chubut que se cobró la vida de más de una docena de personas) y dengue (registrándose en 2016 la peor epidemia de la historia de nuestro país, con más 40.000 casos).

En relación a las políticas de género implementadas, se han visto fuertemente afectadas, a pesar de la constante tarea y compromiso sostenido por las trabajadoras de esa área. Entre las más relevantes se puede mencionar, como ejemplificadora de la gestión, la escasa articulación entre los diferentes programas y direcciones vinculadas con esta temática, tanto a nivel central como en las diferentes instancias regionales. Se ha producido, de manera consciente y deliberada, la reducción de las compras de métodos anticonceptivos y de medicamentos necesarios para llevar adelante los procesos de hormonización para las personas trans y se ha cerrado el programa Qunita que brindaba asistencia a la madre del/la recién nacida/o.

Sobre el debate acerca de la interrupción legal del embarazo, más allá de que el por entonces Ministro de Salud de la Nación Adolfo Rubinstein se había pronunciado a favor de su aprobación en el debate de 2018, no hubo a nivel institucional expediciones para pensar cómo abordarla en términos de problemática de salud pública. Como punto final de esta falta de políticas públicas, se produjo la derogación del protocolo de interrupción legal del embarazo, a pesar de que la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva había realizado un trabajo de meses con una fuerte articulación inter y multisectorial para actualizarla en concordancia con el fallo FAL, actualizando el protocolo vigente desde 1921.

El área de discapacidad ha sido una de las más afectadas en este último tiempo. Hacia finales de 2018 se produjo su descentralización, es decir, dejó de depender del ex Ministerio de Salud para quedar baja la órbita de la Agencia Nacional de Discapacidad a cargo de la vicepresidenta Gabriela Michetti. Durante su gestión se produjeron la baja de miles de pensiones no contributivas (sin evaluación mediante de las situaciones particulares, aumentando la vulnerabilidad de las personas que las percibían), la discontinuidad de los tratamientos terapéuticos por falta y/o atraso en los pagos a las instituciones de salud y significativos faltantes en psicofármacos y medicamentos varios.

El deterioro de las instituciones públicas de salud fue otro de los puntos sobresalientes de la gestión, con infraestructuras abandonadas por obras paralizadas o suspendidas, falta de insumos básicos, precarización laboral de sus trabajadores/as y despidos masivos. Quizás los ejemplos más significativos hayan sido los de los hospitales dependientes del área central de la cartera sanitaria como el Garrahan y el Posadas. Este último establecimiento de alta complejidad, reconocido a nivel regional por la calidad de sus prestaciones, ha sufrido más de 800 despidos que afectaron directamente a las áreas de enfermería, anatomía patológica, farmacia, neumología, cardiología infantil, neurocirugía y otras.

Como corolario de gestión, durante estos cuatro años se produjeron miles de despidos, tanto en el área central como en los diferentes ministerios provinciales, encubiertos en su gran mayoría como no renovación de contratos y jubilaciones anticipadas. Se han precarizado las condiciones laborales, con contratos monotributistas y tercerizados de corta duración, atraso en el cobro de los sueldos y viáticos (llegando en algunos casos a estar más de un año sin cobrar) suspensiones de tareas y el vaciamiento de direcciones y secretarías nacionales, provinciales y municipales. El punto de cierre de estas políticas ha sido la reciente represión sufrida por concurrentes y residentes a manos de la policía de la Ciudad de Buenos Aires.

Nunca se contó con un plan de acción ni evaluación detallada de la situación socio-sanitaria a nivel nacional ni regional que permita dirigir las políticas públicas hacia alguna dirección, estableciendo prioridades de acuerdo a las necesidades de la población y en base a eso pensar la prescindencia, continuidad o transformación de algunas funciones y programas.

Si bien han habido diferencias en las dos gestiones en salud que llevó adelante el gobierno macrista en estos cuatro años (Jorge Lemus fue Ministro de Salud entre 2015 y 2017 y Adolfo Rubinstein -primero Ministro, luego Secretario de Salud- entre 2018 y 2019) la lógica imperante no ha cambiado su tónica: siempre estuvo dispuesta a cumplir a rajatabla los imperativos del FMI que proponía reducir paulatinamente el gasto en materia de salud en concordancia con las políticas neoliberales de vaciamiento. Basta ver lo números oficiales de los presupuestos sanitarios de estos últimos cuatro años y compararlos con los números oficiales del INDEC en relación al índice inflacionario en ese mismo período.

El desinterés por mejorar el sistema público de salud para que sea accesible a la mayoría de la población fue quizás el aspecto más significativo de una gestión de CEOs preocupada siempre por sus propios intereses en desmedro de las necesidades y derechos de las grandes mayorías populares.

Para pensar en una salud pública con la calidad y la amplitud necesaria para dar respuesta a las necesidades más apremiantes de la población, hay que volver al pensamiento siempre vigente de Ramón Carrillo, quien enunciaba: “El derecho a la salud es uno de los más olvidados, y sin embargo, el más trascendente, porque se vincula con la dignidad de la persona humana, con la vida colectiva, con la economía nacional e internacional. No es aventurado afirmar que la salud de los pueblos es una condición fundamental para lograr su seguridad social y su paz”.

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Desde tempranas horas del martes, trabajadoras y trabajadores de la vía pública del barrio de Once, fueron objeto de un operativo de desalojo con una violenta represión por parte de las fuerzas de inseguridad que representan al Estado.

Mercaderías confiscadas y el impedimento de trabajar. Feriantes, manteros y vendedores ambulantes se movilizaron para responder a los palos y ocuparon las calles para reclamar por su derecho al trabajo. También fueron reprimidos trabajadores y trabajadoras de los medios de prensa, que cubrían la noticia.

Hace casi un año, trabajadores y trabajadoras de la vía pública fueron desalojados y reprimidos en la calle Avellaneda, del barrio de Flores. Con promesas de relocalización que nunca se cumplieron, estas personas aún esperan una solución por parte del gobierno ciudadano. Una estrategia de gran contenido mediático que estigmatiza a estos trabajadores pobres, que sostienen la economía popular, por fuera de toda formalidad. En su gran mayoría comercializan mercaderías que responden a una producción industrial, de la cual ellos son el último eslabón. Sin embargo el sentido común instala la responsabilidad en el comercio hormiga, informal, que sostiene esas producciones industriales cuyo beneficio va a parar al bolsillo de los empresarios, que ni siquiera son sospechados por este accionar, que evade impuestos a gran escala, que no declara sus ingresos y que implica una red de comercialización informal, una mafia, que lucra no solo con el hambre de las clases populares, sino también con otro modo de subsistencia.

Medios masivos serviles

Mientras tanto los medios masivos se ocupan de legitimar los argumentos, esgrimidos por el Gobierno de la Ciudad con ayuda de los comerciantes, que culpabilizan a estos trabajadores de la economía popular porque ocupan el espacio público, no pagan impuestos, no tienen autorización para trabajar y son parte de una mafia. Todo ello los hace responsables de la falta de ventas en los comercios de la zona. Una construcción discursiva que oculta el beneficio para los grandes empresarios textiles, que alimentan circuitos de informalidad para comercializar y a la vez invisibiliza la responsabilidad que tienen las actuales políticas económicas en la disminución del consumo, que los afecta.

Al mismo tiempo

Un operativo ejecutado en defensa del espacio público e instrumentado brutalmente por la Policía de la Ciudad golpeó a mujeres, jóvenes y persiguió incluso a trabajadores discapacitados cuyo único modo de ganarse la vida es la venta callejera. Curiosamente no interviene el Ministerio de Trabajo, teniendo en cuenta que los perseguidos son trabajadoras y trabajadores en condiciones de gran vulnerabilidad social. Poco antes de finalizar el año el gobierno nacional junto con el Congreso Nacional reconoció la Emergencia Social por la situación de los sectores más frágiles de la sociedad.

Al mismo tiempo que se reprimen a los trabajadores más informales, se ejecuta otra operación discursiva desde las políticas del gobierno nacional. La flexibilización laboral está en marcha. Esa que fuera anunciada desde el minuto cero de este gobierno, cuando desde el diario La Nación se anunciaba que era alto el costo laboral argentino. El Secretario de Empleo y ex directivo de Techint, Miguel Ángel Ponte, enunció esta semana que “la posibilidad de entrar y salir del mercado laboral hace a su esencia” a lo que agregó que es como “comer y descomer” con una metáfora alimenticia de dudosa veracidad, para alguien que no debe haber tenido dificultades para acceder a la ingesta diaria. El funcionario hacía alusión a la implementación de pasantías laborales favorecidas desde la cartera laboral, lo que en la práctica implica la flexibilización del mercado laboral, cuyos salarios van a la baja. Esto se acompaña de políticas de Estado que buscan reducir los aportes y contribuciones patronales que sostienen el sistema previsional. Es decir favorecen una vez más a los grandes grupos económicos.

Al mismo tiempo los diarios titulan “Macri firma convenio de Vaca Muerta y logra la primera flexibilización laboral” (El Cronista). Un acuerdo que suscribe el presidente Mauricio Macri y sus ministros con el acuerdo del secretario general del Sindicato de Petroleo y Gas Privado de Rio Negro, Neuquen y La Pampa, Guillermo Pereyra y su par de los petroleros jerárquicos, Manuel Arévalo. La flexibilización laboral con la complicidad escandalosa de los representantes de las y los trabajadores que benefician a las petroleras.

Al mismo tiempo, se implementa la complicidad del aparato judicial, que a través de uno de sus jueces acaba de deportar a un joven con la hipótesis de implicación en un asesinato, que aún no ha llegado a juicio, contrariando la presunción de inocencia que consagra nuestro derecho.

¿Qué relación tiene esto con los vendedores desalojados?

Mientras los medios, cómplices históricos, ponen el foco en perseguir a las personas que buscan un miserable sustento diario, con extensas jornadas laborales soportando las inclemencias climáticas, se oculta que no parece haber otra posibilidad de alcanzar otro modo de ganarse la vida. Emergencia social, creciente desocupación, junto con la flexibilización laboral muestran el trazado de un ajuste que está en marcha, un ajuste feroz para una gran mayoría, que solo cierra con represión. Así también lo muestran los episodios que están sucediendo en nuestra Patagonia, donde se instrumenta la represión de estado para permitir la entregan de territorios y cursos de agua que benefician a grandes grupos económicos

La sociedad busca un chivo expiatorio, alguien a quien responsabilizar por sus males. En general estas hipótesis se dirigen a la representación del extranjero, el negro, el pobre, los jóvenes, es decir el diferente, que se convierte en una amenaza. Un discurso legitimado desde las usinas del pensamiento más xenófobo, tal como lo expresa de manera brutal el discurso de Trump y que cotidianamente circula en el sentido común más instalado: inmigrantes, extranjeros, de otras religiones, una amenaza a la integridad de los estados nacionales. Un discurso que se dirige a encontrar siempre un culpable en el más débil.

La cuestión de las y los vendedores callejeros aún no encuentra solución, la de la entrega de nuestros intereses soberanos a los grandes grupos económicos tampoco, pero mientras tanto el pueblo se organiza, se moviliza y lucha. “Para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino” tal es lo que consagra nuestra Constitución Nacional, al mismo tiempo en su artículo 14 bis garantiza el derecho al trabajo.

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