Por Dalia Cybel

“Soy mamá soltera… y el otro día estaba en una mediación… hacía tiempo que no me había sentido tan mal como me sentí ese día”, dice al micrófono Julieta Emilia Cazzuchelli, nacida el 16 de diciembre de 1993 en la localidad de Fraile Pintado, provincia de Jujuy pero más conocida como La Jefa o Cazzu para su público. “Ese hombre (el abogado opositor) me miró a los ojos, y sin decirme nada me dijo: tenemos el put* control sobre vos y tu hija. Y fue uno de los peores momentos de mi vida”, relató la artista urbana en el podcast Se regalan dudas conducido por Ashley Frangie y Lety Sahagún.

El conflicto de Cazzu comenzó tras una tempestuosa separación en mayo de 2024 con Christian Nodal, padre de su hija Inti y actual pareja de Angela Aguilar. En la entrevista la cantante confesó que la cuota alimentaria que recibe no es suficiente para sostener a Inti, a quien cría sola en nuestro país. Sin embargo, el escándalo estalló cuando la artista denunció que Nodal se negaba a firmar permisos para que la niña pueda viajar con ella al exterior durante sus giras.

“Yo tengo el privilegio de ir a tocarle la puerta a un juez… pero esas mujeres que no tienen abogado ni pensión… esas son las que más sufren”, lamentó Cazzuchelli.

¿Quiénes son esas madres que crían solas y no están bajo los reflectores? Marcha habló con tres de ellas y la abogada Carolina Rodríguez, una de las responsables de la presentación de la ley Cazzu en Argentina, para conocer un poco más sobre el tema.

Jefas de hogares monomarentales

Andrea* es madre de Sebastián, quien desde hace dos años no tiene contacto con su progenitor. Este desapareció luego de una separación atravesada por la violencia de género y desde ese momento no se hace responsable de las cuotas alimentarias. Aunque Andrea y su abogada, Carolina Rodríguez, solicitaron su inscripción en los Registros de Deudores Alimentarios Morosos, le prohibieron la salida del país y de negaron el acceso a la cancha, “se borró”, en palabras de la joven.

“El cuidado unilateral ya fue solicitado y otorgado luego de un año de litigio, pero a ella no le alcanza para salir del país de vacaciones, porque en nuestra legislación está ligado a la responsabilidad parental, que es un concepto más abarcativo y va más allá de quién ejerza el cuidado”, explica Carolina. “Para realizar algunos trámites, se necesita el permiso del otro progenitor, que es un poco lo que le pasa a Cazzu”.

El conflicto de la trapera y el cantante no tardó en viralizarse, y en convertirse en el puntapié para que, en el marco del Día de la Mujer Trabajadora, la diputada mexicana Sandra Arreola Ruiz, presentase un proyecto de ley donde solicita que en, casos de crianza y responsabilidad unilateral, resulte suficiente el consentimiento de uno de los ma/padres para que un hijo pueda salir del país, sin requerir autorización del progenitor ausente. “La patria potestad no puede seguir utilizándose como un instrumento de control”, sostuvo la legisladora.

En nuestras tierras la propuesta no tardó en hacerse eco y el grupo Abogadas Feministas AMBA decidió retomar la iniciativa. El proyecto fue presentado el 30 de marzo por el Senador Carlos Linares del Frente de Todos, ex Presidente del Partido Justicialista de Chubut y ex intendente de Comodoro Rivadavia. También hubo una campaña a través de Change.org que tiene actualmente alrededor de 37.884 firmas verificadas.

“El proyecto de ley en México requiere una reforma constitucional. Eso, por un lado, lo hace más complejo, porque implica modificar la Constitución; pero, por otro lado, cuentan con un Gobierno progresista y una posición legislativa un poco más orientada hacia los derechos humanos”, continúa la abogada.

En ese sentido, si bien el proyecto argentino solo busca añadir algunos artículos al Código Civil y Comercial, resulta más difícil que sea aprobado por la composición actual del Congreso.
Andrea cuenta la dificultad que tuvo para que su hijo recibiera contención profesional, ya que ninguno de los psicólogos especializados quería tratarlo, a pesar de que, frente a la vulneración de los derechos de niñas, niños y adolescentes y en virtud de la Ley 26.061, se les debe brindar asistencia.

Sin embargo, los profesionales evitan los conflictos que pueden conllevar enfrentarse de manera directa a progenitores violentos o recibir denuncias infundadas, entre otros inconvenientes, más allá de que eso suceda o no en un caso concreto. A esto se lo llama backlash, es decir, una reacción adversa o persecución contra los profesionales que trabajan con perspectiva de género, niñez y derechos humanos.
Lucía es docente, tiene dos hijas y fue víctima de violencia de género. Aunque creyó que el progenitor nunca había reconocido a sus hijas, cuando tuvo que hacerles la renovación de DNI, se dió cuenta que en los papeles del Registro Civil llevaban su apellido. “Esto sucedió en 2014, antes de la reforma del Código Civil en 2015”, aclara Carolina, quien asegura que en ese entonces el apellido paterno era obligatorio y debía llevarse en primer lugar. “En contextos como el de Lucía, de inscripción tardía y con niñas que lo poco que conocían de su progenitor era la violencia y el abandono, el impacto resultaba muy fuerte y perjudicial para ellas”.

La letrada insiste en que, si bien la inscripción filial es correcta, porque hace referencia a la identidad biológica de las chicas, ya no es obligatorio el apellido paterno ni que los niños deban sostener un apellido que, por razones fundadas, les cause daño. “Esto ya encuentra un cauce legal, pero debemos seguir pensando en mejoras para todas las situaciones arbitrarias que se presentan”.
La hija mayor de Lucía se negó por mucho tiempo a usar el DNI con el apellido de su progenitor y, ya con la sentencia en mano, aún se encuentra a la espera de la rectificación de su analítico del secundario que, cuando llegó la sentencia de supresión de apellido, ya estaba emitido.

El proyecto legislativo

La iniciativa de la ley Cazzu, en honor a la autora del libro “Perreo, una revolución”, plantea una suspensión provisoria de la responsabilidad parental basada en dos extremos: el incumplimiento total o parcial de tres cuotas alimentarias consecutivas o de seis alternadas y la ausencia total en el ejercicio del cuidado o en la comunicación y relación con ese hijo durante tres meses consecutivos.

Si bien en nuestro país el Código Civil y Comercial establece la responsabilidad parental como un conjunto de derechos y deberes orientados al cuidado y desarrollo de los hijos, priorizando desde la reforma de 2015 el esquema de cuidado compartido, las impulsoras del proyecto advierten que en la práctica esa corresponsabilidad no siempre se cumple.

Los datos son contundentes: el 16% de los hogares del país son monoparentales y, dentro de ellos, ocho de cada diez tienen jefatura femenina según el dossier del INDEC publicado en marzo. A su vez, el 56% de las madres no reciben la cuota alimentaria cuando el padre no habita en la vivienda. La cifra sube a 68% si se incluye a quienes la perciben de manera irregular, según un relevamiento de UNICEF.
Dicha estadística añade que 4 de cada 10 madres indicaron que los padres no se involucran plenamente en las actividades de cuidado de sus hijos, y que los niveles de pobreza infantil en hogares con jefatura femenina y en hogares monomarentales son significativamente más altos que en otros tipos de hogar.

UNICEF asimismo apuntó que más de 3 millones de niños viven en hogares monoparentales con jefatura femenina.

“Hablamos de madres, porque las estadísticas son tajantes, pero si hay un padre que cría en las mismas condiciones, claro que también lo alcanzará este proyecto”, enfatiza Rodríguez.
La denominada Ley Cazzu plantea que, ante determinadas situaciones, el juez pueda adoptar medidas cautelares de protección basadas en una evaluación interdisciplinaria que fundamente la decisión. Esta perspectiva parte del reconocimiento de que, en muchos casos, las madres asumen en soledad las tareas de crianza.

En este marco, si se dicta una medida cautelar que limite o suspenda derechos del progenitor, este podrá solicitar su revisión o rehabilitación. Para ello, deberá aportar pruebas que demuestren que la medida fue concedida de manera incorrecta o que su modificación resultaría beneficiosa para el interés superior de su hijo o hija.

“La ley no va a resolver todos los problemas, pero por lo menos apunta que cuando estén totalmente borrados o cuando no cumplan los deberes básicos de la responsabilidad parental, -cuidado, comunicación, alimentos-, no tengan que esperar años para que se dé una medida cautelar que le permita verdaderamente a la madre resolver y tener una vida digna en el mientras tanto”, subraya Rodríguez.

Marina dice que viene de una familia conservadora. Ella cuida, junto a su nueva pareja, a su hijo Julián, de doce años. Su progenitor desapareció luego de que ella se enterara de que tenía problemas de consumo, un año después del nacimiento de Julián. A partir de entonces, la situación fue empeorando a tal punto que tuvo que irse de su casa a escondidas para que él no se lastimara ni le hiciera daño a ella. “Yo estaba aislada del mundo, un poco porque en su momento me daba vergüenza y un poco por el prejuicio familiar”, cuenta.

Julián estuvo algún tiempo al cuidado de su padre, quien había asumido el rol de cuidador pero al mismo tiempo lo manipulaba. No dormía por las noches, no lo alimentaba bien ni lo llevaba a la escuela. El niño desarrolló un problema en los riñones por el estrés y ni siquiera lo llevaba al hospital.
Marina tuvo que denunciarlo y pedir el reintegro de su hijo en dos ocasiones, hasta que, con mucha persistencia y apoyo terapéutico para Julián, logró que se hiciera efectivo y que permaneciera al cuidado de su madre.

Su progenitor, por su parte, optó por borrarse. Al día de hoy, permanece rebelde en los procesos judiciales. Desde que se le impuso una cuota alimentaria, su decisión fue no abonarla. Tampoco acató la orden de que la vinculación con Julián fuera mediada o supervisada, dados sus graves problemas de consumo. Eligió, en su lugar, sostener la negación de todo lo expuesto y culpabilizar a los demás.
Sobre sus procesos legales, Marina asegura que fueron caminos arduos donde tuvo que recolectar pruebas, hacer actas en la escuela, hablar con las maestras y comenzar un tratamiento psicológico para su hijo, derivado por la escuela también.

“Ser jefa de un hogar monomarental es seguir afrontando las consecuencias de los progenitores que no se hacen cargo, que no cumplen con sus obligaciones. Las que terminamos pagando somos nosotras a través del desgaste emocional” relata Marina cuando se le consulta cómo definiría ser jefa de un hogar.
“Yo invertí todos mis ahorros en el proceso judicial y lo vivo de esa manera, como una inversión que me da paz mental y que era necesaria porque era insostenible la situación”, agrega Andrea, por su parte.
“Es importante que todas las personas que atraviesan estos contextos puedan acceder a medidas judiciales oportunas y efectivas; si no, el acceso a la justicia termina siendo una ficción y no impacta en la calidad de vida de los tantos niños y niñas que crecen en estos hogares”, asevera Carolina.

Para finalizar Marcha preguntó a cada una de las entrevistadas cómo las ayudó el feminismo a pasar este proceso. La respuesta fue unánime: todas ellas coinciden en que se hicieron feministas a través de la experiencia personal.

“Es tan importante la perspectiva de género que puede definir prácticamente entre la vida y la muerte en algunos otros casos. Para mí el feminismo fue querer hacer algo diferente por mi hijo y para las futuras generaciones. Decir, ‘bueno, yo voy a hacer un cambio. Yo lo vivo en carne propia’ “, asegura Marina.
“Sacarme la responsabilidad de la violencia del otro, sacarme la culpa, esa sensación de que hice mal y no sentirme sola, sentirme sostenida por un por un grupo de personas que me iban a entender, que no me iban a juzgar”, suma Andrea.

Lucía explica que la ayudó mucho la terapia y el hecho de capacitarse en ESI. “Más allá de los avances que se hayan logrado, sigue habiendo vulneración de derechos contra las mujeres, contra las infancias y contra las juventudes. Hay que ir por el feminismo, porque es lo único que puede garantizar una igualdad real y una sociedad más justa”, concluye.

*Todos los nombres de esta nota, excepto el de Carolina Rodríguez han sido modificados para preservar la identidad de las entrevistadas y sus hijos e hijas.

Source

Cuba atraviesa un momento crítico marcado, en primer lugar, por el corte del suministro de petróleo que sostenía buena parte de su sistema energético, una situación directamente vinculada a la política exterior del gobierno de Donald Trump. A través de sanciones, presiones e intervenciones en la región —particularmente sobre Venezuela—, la administración estadounidense promovió un reordenamiento geopolítico orientado al control de recursos estratégicos, cuyo impacto golpea de lleno a la isla. La interrupción de ese flujo energético no es un hecho aislado, sino una consecuencia concreta de esa estrategia, que se suma al recrudecimiento del bloqueo histórico impuesto por Estados Unidos.

Este escenario profundizó una crisis estructural que ya estaba tensionada por el impacto persistente de la caída del turismo tras la pandemia —una de las principales fuentes de ingresos de la isla—. En los últimos días, la situación se volvió aún más urgente con apagones totales que dejaron a amplias zonas del país sin electricidad durante horas, afectando la vida cotidiana, el funcionamiento de hospitales y la producción de alimentos. Con la llegada del verano, cuando aumentan las temperaturas y la demanda energética se intensifica, el escenario plantea desafíos inmediatos para el sostenimiento de servicios esenciales.

Pero esta no es solo una historia de crisis. Es también —y sobre todo— una historia de solidaridad.

Una tradición internacionalista basada en el cuidado de la vida

Durante más de seis décadas, Cuba ha construido una política internacionalista que pone en el centro el cuidado colectivo. En contextos donde el mercado no llega o llega excluyendo, la isla ha enviado lo más valioso: conocimiento, trabajo y compromiso.

Desde 1963, más de 600.000 profesionales de la salud cubanos han trabajado en 165 países, con una presencia sostenida en América Latina, África y el Caribe. Han estado en territorios atravesados por la pobreza estructural, conflictos armados y emergencias sanitarias, muchas veces en condiciones adversas.

En la pandemia de COVID-19, brigadas médicas cubanas llegaron a decenas de países, incluso a regiones donde los sistemas de salud colapsaban. También intervinieron en crisis como el ébola en África y en escenarios de catástrofes naturales.

La “Operación Milagro”, por su parte, permitió realizar millones de cirugías oftalmológicas gratuitas, devolviendo la vista —y con ella autonomía y dignidad— a personas históricamente excluidas.

Alfabetizar como práctica de justicia social y emancipación

Otro de los pilares de la solidaridad cubana es la educación. El método de alfabetización “Yo, sí puedo”, desarrollado desde una perspectiva pedagógica popular, permitió que millones de personas aprendieran a leer y escribir en sus propios territorios y lenguas.

Su enfoque parte de lo cotidiano, de lo que cada persona ya conoce, y se adapta a contextos diversos: comunidades rurales, pueblos originarios y personas con discapacidad. En América Latina, este método contribuyó a que países como Bolivia y Venezuela fueran reconocidos por la erradicación del analfabetismo.

La alfabetización, en este sentido, no es solo una política educativa: es una herramienta de autonomía, participación y dignidad.

El internacionalismo cubano como práctica sostenida de cooperación entre pueblos

La solidaridad cubana no se limita a intervenciones puntuales, sino que constituye una política sostenida en el tiempo, basada en la cooperación entre pueblos y no en la lógica de la ayuda condicionada. A lo largo de décadas, Cuba ha formado gratuitamente a miles de estudiantes de América Latina, África y Asia, especialmente en áreas estratégicas como la medicina, generando capacidades locales que luego se traducen en sistemas de salud más accesibles en sus países de origen.

Este internacionalismo también se expresa en la capacidad de respuesta ante emergencias. Brigadas especializadas han intervenido en huracanes, terremotos y crisis sanitarias en distintos continentes, muchas veces siendo las primeras en llegar a territorios donde otras asistencias no arriban. Esa presencia no se limita a la atención inmediata, sino que suele incluir procesos de acompañamiento y reconstrucción.

A su vez, Cuba ha compartido desarrollos científicos, tecnológicos y organizativos: desde vacunas y tratamientos médicos hasta modelos de atención primaria y experiencias comunitarias en salud y prevención. En todos los casos, se trata de una práctica que prioriza el fortalecimiento de capacidades locales y la construcción de vínculos duraderos, antes que la dependencia o el endeudamiento.

Una crisis que impacta de lleno en la vida cotidiana

La actual crisis no se expresa solo en indicadores económicos, sino en las condiciones concretas de vida. Los apagones prolongados afectan la conservación de alimentos, el acceso al agua, la conectividad y el funcionamiento de servicios básicos. En los hogares, implican reorganizar rutinas enteras en función de la disponibilidad intermitente de energía.

En el sistema de salud, la falta de electricidad y combustible tensiona el funcionamiento de hospitales, equipos médicos y cadenas de frío necesarias para medicamentos y vacunas. En paralelo, las dificultades para el transporte impactan en el acceso a centros de atención, al trabajo y a la producción.

También se ve afectada la vida comunitaria: desde escuelas que deben adaptar sus horarios hasta espacios productivos que reducen su actividad. La crisis energética, en este sentido, no es un fenómeno aislado, sino un factor que atraviesa todas las dimensiones de la vida social.

El convoy internacional: solidaridad sin fronteras frente a la asfixia económica

En este contexto, se organizó una respuesta internacional que busca no solo aliviar la emergencia, sino también disputar el sentido político del aislamiento. Un convoy impulsado por una coalición de movimientos sociales, sindicales, organizaciones humanitarias y referentes públicos de distintos países se prepara para llegar a La Habana con más de 20 toneladas de ayuda.

La iniciativa incluye alimentos, medicamentos, insumos de higiene, equipamiento médico y, de manera clave, sistemas de energía solar —paneles y generadores— destinados a sostener hospitales y servicios esenciales en medio de la crisis eléctrica. La articulación con redes internacionales y activistas también pone en agenda la relación entre soberanía energética y justicia global.

El convoy no es solo una acción humanitaria: es también una intervención política que busca visibilizar el impacto del bloqueo y afirmar que la cooperación internacional puede construirse desde abajo, entre organizaciones y pueblos, sin condicionamientos.

Redes de solidaridad desde Argentina: energía para sostener la vida

En Argentina, también se activan redes de apoyo concretas. La Casa de la Amistad Argentino-Cubana impulsa una colecta solidaria para la compra de paneles solares, una herramienta clave en el actual contexto de crisis energética.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través del alias 191017385501730301010032 a nombre de Casa de Amistad Arg Cubana (CUIL 30-70127094-7), aportando a una iniciativa que busca sostener servicios esenciales desde una lógica de cooperación entre pueblos.

Una responsabilidad colectiva frente a la crisis: Si Cuba fue capaz de sostener la vida en tantos territorios cuando más se la necesitaba, la pregunta que se abre hoy es qué significa sostener a Cuba.

Source

El fin de semana del 28 de febrero y 1 de marzo, la diversidad en el deporte se hizo presente en el CEMEF de San Martín para celebrar nuevamente su torneo: el Torneo de Todes. Se trató de la tercera edición de un encuentro que busca, desde su concepción, luchas por el deporte sin fronteras de género, donde la competencia se distribuya en base a  las condiciones de cada participante y su performance en el deporte más allá de su identidad.

Lo que comenzó como una propuesta local hoy se consolida como un faro regional. Esto es posible gracias a la construcción conjunta de las diferentes organizaciones deportivas LGBT que llenan las canchas y piletas del país cada vez más.

Con más de 616 deportistas preinscritos y 50 equipos provenientes de toda la Argentina, Brasil y Uruguay, el evento apeló a la necesidad de espacios seguros y competitivos para la comunidad LGBT+ y demostró que la lucha por conseguirlos no conoce fronteras.

La diversidad como política de Estado

El éxito del “Todes” no es casualidad. San Martín se destaca históricamente por ser el tercer municipio del país en contar con un área de diversidad, un espacio que ha trabajado de manera transversal a lo largo del Estado durante años. Según los organizadores, el orgullo del torneo no es solo que suceda, sino cómo sucede: es una política municipal integral que involucra desde logística y prensa hasta salud y educación.

“Tener el ‘Todes’ acá es la conjunción de un montón de trabajo que no necesariamente se pensó solo para el deporte, sino para meter la diversidad en los organigramas del municipio”, explicó Pablo Eva Larrosa, coordinador general de Diversidades y Disidencias. Esta estructura permite que la inclusión sea cotidiana: el distrito ofrece entrenamientos semanales de vóley, básquet, natación y fútbol en sus sedes deportivas habituales, rompiendo la lógica de “sedes aparte” para el colectivo.

Habitar el espacio: El derecho al cuerpo y al goce

Más allá de los resultados en el fútbol o el vóley, el torneo interpela las lógicas tradicionales de la infraestructura deportiva, ofreciendo vestuarios seguros para todos los géneros y la existencia de una única categoría: la open, que busca dar por tierra con las separaciones por género en el deporte y organiza la competencia en base a otras variables deportivas, como el tiempo. Esta categoría nació como un impulso conjunto de las organizaciones deportivas diversas en el circuito de la natación y busca, a la larga, implementarse en el circuito profesional deportivo en todos los ámbitos y deportes. En ese sentido, el Todes incluyó esta vez no sólo natación, sino también fútbol, vóley y básquetbol, uniendo a más de 616 atletas en dos días a pura competencia.

El torneo también incluyó, clases abiertas de waterpolo y nado sincronizado organizadas por Dogos, grupalidad perteneciente a CABA, ampliando el acceso a deportes históricamente vedados para ciertas identidades y visibilizando su existencia en el colectivo. El cierre estuvo a cargo de una Kiki Session que reunió a los mejores talentos de la escena ballroom en la entrada del CEMEF para un show lleno de glamour y brillantina.

La categoría Open y la lucha por la inserción deportiva

El Todes funciona, además, como un manifiesto político por el deporte del futuro. Desde su concepción, la idea del torneo es la de que exista una categoría única, sin género, donde las categorías genéricas sean reemplazadas por nuevas categorias que sean específicas a los deportes y se ajusten a ellos sin cambiar la dinámica fundamental de la competición, demostrando que no hay necesidad deportiva de separar alos deportistas por su género. El sueño del Todes es el sueño de los que construyen el deporte diverso: ver a los mejores jugando juntos, en un futuro sin género, profesional y federado, popular y divertido, accesible y, a la vez, que genere ganancias, rentas y empleos.

Es por ello que en 2025 se creó el Seleccionado Argentino Diverso de Deportes Acuáticos, una iniciativa en conjunto de las grupalidades pertenecientes a la natación (quizás uno de los ambientes deportivos diversos más políticamente articulados hasta el momento) que, con el apoyo de la Confederación Argentina de Deportes, viajó a Washington DC a competir en el mundial IGLA+ 2025. El seleccionado argentino marcó un hito histórico, llevando al exterior a representar a nuestro pueblo marica criollo a los mejores atletas de la diversidad. Travestis, gays y lesbianas argentines que hicieron historia e inspiraron a competidores trans de otros países a participar, generando un efecto dominó mundial que lleva a la creciente demanda por la inauguración de una categoría deportiva certificada por los entes reguladores mundiales que permita a todas las personas competir.

Pero los logros no concluyeron ahí: a fines de 2025 se acordó una alianza entre la Confederación Argentina de Deportes, la Federación Argentina LGBT y la unidad deportiva para construir el camino a la categoría open a nivel nacional, buscando la aprobación por parte de los entes reguladores de cada disciplina. Este naciente 2026 le presenta a la diversidad deportiva la oportunidad de encarar un proceso reformador que le permita participar a nivel profesional en el deporte, que le permita a las travas y los travos llenar las piletas de Parque Roca y los otros circuitos deportivos oficiales del país para demostrarle al mundo que somos atletas de élite que merecen competir con los más grandes.

Un desafío político y regional

El Torneo Todes no es solo una cita deportiva; es un posicionamiento político. En un contexto de avance de discursos excluyentes, el evento se planta como una respuesta colectiva. “El desafío es que las políticas conservadoras y de derecha nunca más gobiernen nuestra patria”, señaló Pablo Eva Larrosa. Para el Todes, el deporte es, ante todo, una herramienta de construcción de ciudadanía y soberanía.

Este torneo, nuestro torneo, es el resultado de la unidad deportiva que lograron las grupas acuáticas en un contexto de degradación total del lazo social que nos une y del ataque cruento hacia la solidaridad que el sistema político y económico ejerce sobre nuestros cuerpos. El Todes que la Liga Deportiva Travesti, Trans y No Binaria forjó es más fuerte hoy porque las grupalidades lo hacen suyo participando, festejando los logros y lagrimeando las derrotas, generando abrazos entre compañeros de distintas grupalidades porque aquí nadie es rival de nadie.

Con esta tercera edición, el torneo se despide con la promesa de seguir contagiando a los distritos vecinos, demostrando que cuando se eliminan las barreras, la diversidad no divide: multiplica, potencia y construye comunidad. Mientras el resto de los ámbitos políticos se encuentran divididos, en el deporte está la diversidad más fuerte que nunca, reunida y lista para demostrar que se puede alcanzar un nivel profesional incluso con los pocos recursos disponibles.

Source

Desde que Milei asumió la presidencia en diciembre de 2023, el país atraviesa un proceso vertiginoso de desmantelamiento del Estado y en paralelo una crisis económica, institucional y social de gran magnitud. En menos de dos años, su gestión impulsó un programa de ajuste feroz con recortes drásticos en áreas clave como educación, salud, desarrollo social, cultura y ciencia. Bajo la consigna de combatir lo que denomina “la casta política” y reducir el llamado “gasto público”, las políticas de Milei provocaron un desplome del poder adquisitivo, un aumento acelerado de la pobreza y una paralización de la economía real que golpea particularmente a los sectores populares y a las clases medias.

A la par del ajuste económico, el gobierno desplegó una estrategia de confrontación directa contra múltiples actores sociales: trabajadorxs de prensa e integrantes de sindicatos, movimientos de feministas, cooperativas y partidos políticos de oposición. La criminalización de la protesta se convirtió en la nueva norma, así como las detenciones arbitrarias, la represión violenta en manifestaciones. El armado de causas judiciales hoy busca disciplinar a quienes se manifiestan. Mientras, el presidente ataca públicamente a periodistas, intelectuales y activistas con una retórica que niega derechos fundamentales y reproduce discursos de odio con un tono abiertamente misógino, sionista, antiderechos y autoritario.

Pero la violencia durante el gobierno de Milei no es solo simbólica: el 6 de mayo de 2024, cinco lesbianas fueron quemadas vivas mientras dormían y cuatro de ellas murieron. El supuesto agresor, Juan Barrientos fue un vecino que las insultaba sistemáticamente por su orientación sexual. El triple crimen de Barracas estremeció a la comunidad y fue un antes y un después para la sociedad argentina, ya que fue entendido como una consecuencia directa de la crueldad y el clima de desinformación, discriminación y agitación promovido por el Estado. Por eso, frente a este panorama, las calles argentinas comenzaron a convertirse en el escenario de una resistencia que es transversal pero con un fuerte componente feminista y LGBTIQ+.

Al 1 de febrero antifascista le siguieron movilizaciones masivas el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y el 3 de junio, en el décimo aniversario del Ni Una Menos, cuando feminismos, sindicatos y movimientos sociales ocuparon el espacio público para rechazar el avance represivo y defender los lazos de solidaridad construidos tras cuatro décadas de recuperación democrática en el país. Y solo en junio, otra de las protestas más multitudinarias sacudió al gobierno, la que tuvo lugar tras el intento de proscripción de la expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, lo que reactivó una fuerte defensa frente al uso del aparato judicial con fines persecutorios.

Ante este escenario, las respuestas organizadas no se limitaron a la ciudad de Buenos Aires. En distintas provincias —de Catamarca a Córdoba, de Río Negro a Chaco— se multiplican las expresiones de resistencia: gremios, organizaciones sociales, comunidades indígenas y asambleas barriales se mantienen en estado de alerta. 

Mientras tanto, en la capital, cada miércoles, frente al Congreso Nacional, se realiza una marcha encabezada por jubilados, acompañados por trabajadores de la salud, de la educación y referentes feministas. Esa imagen, repetida semana tras semana, se ha convertido en un símbolo del presente argentino: en medio de los recortes, la represión y el abandono estatal, la población toma las calles para defender lo común y organizar la esperanza.

La violencia política contra las mujeres avanza 

“Este gobierno es profundamente antifeminista. Se encargó de desarmar todas las políticas que nos beneficiaban y amenaza con tirar atrás las leyes más importantes que conseguimos”, advierte a Truthdig, Victoria Tesoriero, socióloga y exsubsecretaria de Asuntos Políticos de la Nación. Fundadora de la organización feminista Proyecto Generar, es una de las primeras que comenzó a sensibilizar y medir la violencia política patriarcal sobre activistas de los partidos políticos. 

“Este ataque tiene que ver con varias cuestiones: por un lado, el potencial de cambio del feminismo que es el único movimiento que se masificó y creció exponencialmente en los últimos años con capacidad de movilización y de instalación de su agenda; pero también, porque las mujeres somos las más perjudicadas por el modelo económico que impulsa el gobierno”, agregó.

“Este gobierno es profundamente antifeminista.”

En el informe “De lo personal a lo colectivo. Una radiografía de la violencia política en Argentina”, el equipo de trabajo de Tesoriero retrató que “siete de cada 10 entrevistadas dijo sufrir o haber sufrido violencia política” y advirtió que estos resultados atentan contra el ejercicio de los derechos de participación y de representación de mujeres y LGBTQI+. Se realizó en 2021, por lo que resultó una evidencia de que cuando se restringe el acceso de esta población, lo que se deteriora es el sistema democrático. “Hoy se perpetúan discursos de odio en el presidente mismo, en foros internacionales y en diferentes espacios”, reflexionó la socióloga. “Este odio es planificado, financiado por un esquema de ONGs que perpetúan estos discursos de discriminación y tratan de deslegitimar a nuestro movimiento feminista”. 

Tesoriero sostuvo que “enfrentamos una contraofensiva conservadora” y agregó que “la persecución y el aumento de la violencia contra mujeres políticas, especialmente a la figura de Cristina, tiene que ver con que es la representante más importante de la oposición a este gobierno. En la semana en que anunció que iba a ser candidata fue inmediatamente encarcelada”. La persecución judicial y política contra la expresidenta, contra militantes cercanas a su partido y los ataques del propio presidente a periodistas feministas como Julia Mengolini o María O’Donnell evidencian este escenario. Entretanto, los sectores sociales más vulnerables —particularmente las mujeres, las juventudes y los jubilados— enfrentan las consecuencias del ajuste, pero también se organizan: sostienen redes comunitarias, cuidan, resisten y defienden los derechos conquistados. 

El estilo confrontativo de Milei no es un fenómeno aislado. Su discurso y su lógica de poder encuentran fuertes paralelismos con figuras como Donald Trump, con quien el presidente argentino no ha ocultado su afinidad. Mientras Milei ataca de forma directa a periodistas, nombrándolxs y ridiculizándolxs en redes sociales y actos oficiales, Trump lo ha hecho de manera más generalizada contra los medios de comunicación demócratas, a los que ha tildado sistemáticamente de “enemigos del pueblo”. Ambos líderes alimentan una narrativa que busca desacreditar cualquier voz crítica y legitimar un clima de hostilidad y violencia hacia quienes ejercen la libertad de expresión.

Sindicalismo en pie

Para lxs trabajadorxs estatales, estos años bajo el gobierno de Javier Milei han significado no solo un avance del ajuste presupuestario, sino también una ofensiva directa sobre su existencia como sujetos políticos. “Somos blanco específico del ataque de este gobierno que llegó diciendo que era el topo que iba a destruir el Estado desde adentro”, advierte Clarisa Gambera, dirigente sindical de ATE (Asociación Trabajadores del Estado) y referente feminista. En ese escenario hostil, la respuesta fue doble: resistir en las calles, pero también sostener emocional y colectivamente a quienes se encuentran bajo amenaza constante.

La ofensiva gubernamental se expresó en despidos masivos —incluso de personas que ingresaron por cupos de inclusión laboral para identidades trans y no binarias, violando normativas vigentes— en prácticas persecutorias como exámenes arbitrarios para validar idoneidad laboral y en la estigmatización sistemática del empleo público. Frente a esto, los sindicatos impulsaron estrategias jurídicas, presentaron cautelares, acompañaron a las personas despedidas y construyeron espacios de cuidado mutuo. “Fortalecimos la agenda feminista porque no estamos dispuestas a soltarla y porque nuestras formas de hacer política son más amorosas y permiten acompañar la angustia de este tiempo”, explica Gambera.

Esa angustia tiene cifras: según la Encuesta Nacional sobre Violencias y Políticas en contexto de ajuste impulsada por ATE en 2025, el 43% de las personas encuestadas declaró consumir medicamentos para gestionar el estrés o síntomas físicos vinculados a la situación socioeconómica y laboral actual.

Pese al desgaste, la experiencia organizativa se profundiza. Espacios como la Intersindical Feminista resultaron fundamentales para articular con otros sectores y sostener una respuesta común. La marcha antifascista del 1 de febrero, por ejemplo, fue impulsada por agrupaciones de distinto origen y representó un límite claro frente a la violencia gubernamental. “Estamos ante un gobierno que nos declaró la guerra y eso nos obligó a acelerar procesos de unidad defensiva”, señala Gambera. En esa línea, el último 3 de junio (Ni Una Menos) también se amplió el espacio de asamblea para incorporar a sectores como los jubilados, en una consigna que hoy sintetiza el momento histórico.

Frente al aumento de la violencia política, las sindicalistas feministas también se organizan para dar respuesta. Tras la detención de Kirchner en junio, se expresaron en una asamblea unitaria con referentes políticas para denunciar el atropello a la democracia. Y hoy, ante la judicialización de militantes por participar en protestas, continúan en alerta. “Son nuestras compañeras las que están detenidas”, subraya Gambera. Y con ellas, también está en disputa la libertad de todas.

Salud en peligro: la lucha por el Garrahan y el derecho a cuidar

Entre las luchas más sostenidas y representativas se encuentra la del Hospital Garrahan, el principal centro pediátrico público del país, cuyxs trabajadorxs protagonizan desde hace meses una batalla ejemplar por la defensa de la salud pública y de sus condiciones laborales. Frente al congelamiento del presupuesto 2025 —que mantiene el mismo monto nominal del año anterior, pese a una inflación acumulada que supera el 117%—, el hospital sufre un vaciamiento progresivo que impacta tanto en los insumos como en los salarios. El deterioro no es abstracto: en lo que va del año, más de 220 profesionales han renunciado ante la imposibilidad de sostener sus tareas en condiciones dignas.

“Estamos ante un gobierno que nos declaró la guerra y eso nos obligó a acelerar procesos de unidad defensiva.”

La situación es especialmente alarmante si se considera el rol estratégico del Garrahan en el sistema de salud argentino: es el hospital de referencia para niñxs con enfermedades complejas de todo el país. Familias enteras viajan desde las provincias más alejadas para recibir tratamientos y cirugías que no pueden realizarse en sus lugares de origen. El desfinanciamiento del hospital, por tanto, no solo afecta a su personal, sino también a miles de pacientes pediátricos cuya vida y bienestar dependen del acceso a una atención de alta complejidad, gratuita y de calidad.

La respuesta del personal ha sido contundente y creativa: paros escalonados, bicicleteadas, festivales abiertos a la comunidad, abrazos simbólicos y una convocatoria nacional para marchar desde el Congreso hasta Plaza de Mayo, bajo la consigna de defender el Garrahan, el Posadas y toda la red de salud pública. Con el acompañamiento de figuras del mundo cultural y una fuerte articulación multisectorial, lxs trabajadorxs del Garrahan insisten en que no defienden solo sus sueldos o sus puestos de trabajo, sino el derecho de toda la sociedad —y en especial de las infancias— a una atención médica de calidad. “Cuando atacaron la universidad pública, fuimos cientos de miles en las calles. Ahora vienen por los hospitales. Nos atacan a todos”, señalan en sus acciones de visibilización.

En este entramado de resistencias, donde se cruzan las luchas sindicales, feministas, territoriales y jubiladas, se expresa una disputa de sentido que va más allá de los números del déficit: se pelea por el presente y el futuro, por el derecho a vivir, a cuidar y a ser cuidados. Y aunque el gobierno persista en su narrativa de “equilibrio fiscal” a costa de la vida, en las calles argentinas se sigue ensayando otra política: la de los vínculos, la dignidad y la persistencia.

Lxs jubiladxs, nueva “casta” del ajuste

Durante su campaña presidencial, Javier Milei prometió terminar con los privilegios de “la casta política”. Sin embargo, en la práctica, quienes están cargando con el peso del ajuste fiscal no son lxs funcionarixs ni los grandes empresarios, sino los sectores más vulnerables de la sociedad. Entre ellos, lxs jubiladxs ocupan un lugar central. En nombre del “equilibrio de las cuentas públicas”, el gobierno ha recortado ingresos, eliminado medicamentos esenciales, y desmantelado políticas de protección para las personas mayores, convirtiéndolas en variable de ajuste de su programa económico.

En julio de 2025, el Congreso argentino aprobó una ley para recomponer parcialmente los haberes jubilatorios: un aumento del 7,2%, que representa apenas US$20, y la elevación del bono mensual de emergencia de 70.000 a 110.000 pesos (aproximadamente US$92), con actualización automática por inflación. Hoy, incluso con el bono incluido, la gran mayoría de lxs jubiladxs no percibe más de 379.000 pesos mensuales, es decir, unos US$320 al tipo de cambio oficial. Pero lejos de celebrar la medida, el presidente Milei la definió como “un acto de desesperación” por parte de la clase política, anunció que vetará la ley, y amenazó con judicializarla si su veto es rechazado. El argumento: ese aumento “rompe el equilibrio fiscal”. Para el gobierno, garantizar que un jubilado no caiga por debajo de la línea de indigencia representaría una amenaza mayor que mantenerlo en la pobreza.

Frente a este escenario, surgieron reacciones espontáneas y organizadas en todo el país. Una de ellas tuvo lugar en Catamarca, cuando tres militantes históricos —sobrevivientes de la represión de los años setenta— salieron a la plaza con un cartel de repudio tras conocerse el veto a un aumento anterior de apenas 17.000 pesos. Entre ellos estaba Emperatriz “Monena” Márquez, ex presa política y defensora de los derechos humanos. “Era como un caramelo por día”, recuerda a Truthdig, indignada. Esa pequeña acción fue grabada por una joven que pasaba por el lugar. El video se viralizó y fue el inicio de una movilización que hoy continúa cada semana en diversas provincias, en articulación con otras luchas populares.

Para Márquez, la lucha actual no es solo por los derechos de quienes hoy cobran una jubilación, sino también por las generaciones futuras: “Luchamos por nosotros y por los que vendrán”. Señala con claridad cómo el retroceso actual afecta sobre todo a quienes trabajaron en condiciones precarias: amas de casa, trabajadores rurales, personas que no pudieron hacer aportes regulares. La eliminación de la moratoria previsional significa para muchas de ellas quedar completamente fuera del sistema.

Más allá del impacto económico, Márquez destaca la dimensión política y simbólica del vaciamiento estatal: “Este gobierno no reconoce ninguno de nuestros derechos; directamente los borra. Nos considera una carga, un descarte”. Sin embargo, subraya también el papel activo del colectivo jubilado: lejos de la imagen pasiva o resignada, muchas personas mayores siguen participando, organizando, proponiendo. 

“Queremos seguir viviendo con dignidad, tener una vida plena, y también una muerte digna. Por eso luchamos”, afirma. Entre sus demandas están el acceso real a medicamentos, el fortalecimiento del PAMI (obra social de jubilados), la devolución del Fondo de Garantía de Sustentabilidad a la seguridad social, y el desarrollo de viviendas colectivas para personas mayores en situación de soledad o vulnerabilidad.

La economía del despojo: cuando el ajuste se dirige contra la vida

El modelo impulsado por Milei no puede entenderse sólo como un programa de ajuste. Es, sobre todo, una reacción política al avance de los feminismos y a los derechos conquistados en la última década. La economista Candelaria Botto lo plantea con claridad: “El surgimiento y crecimiento de Milei en la Argentina se da en oposición a la marea feminista, a los movimientos feministas. Él se presenta por primera vez en 2021 como reacción justamente a todo el crecimiento que tenían los movimientos feministas y también a un gobierno que tenía, al menos en la narrativa, un discurso feminista o de inclusión. Se sustenta sobre eso”. En ese marco, no sorprende que una de las primeras decisiones de su gobierno haya sido desmantelar las políticas de género y eliminar los organismos institucionales que las sostenían.

Sin embargo, Botto subraya que este vaciamiento no se limita a la cuestión de género: “Su modelo económico es un modelo de reducción en los servicios públicos, de empeoramiento en la calidad y en la cantidad de servicios relacionados a la salud, al mundo de la educación —sobre todo las universidades— y también a las jubilaciones, en el sentido de licuar e incluso de eliminar la moratoria para nuevos jubilados y jubiladas”. 

Este rediseño del Estado no tiene como objetivo reducir el déficit, sino reorientar el gasto: “No quiero decir un sesgo de ajuste fiscal, porque no es solo eso. Estamos en un año donde se achican estas prestaciones públicas pero crece el pago en intereses de la deuda. Entonces, no es simplemente achicar el gasto público sino reorientarlo, donde los servicios públicos quedan obviamente como los primeros recortados”.

“Este gobierno no reconoce ninguno de nuestros derechos; directamente los borra.”

En esta lógica, el bienestar colectivo deja de ser una prioridad. El acceso a la salud, a la educación y a una vejez digna se convierte en un privilegio, mientras los recursos del Estado se destinan a garantizar ganancias financieras y a sostener privilegios de los sectores más ricos. En este punto, la economista señala un rasgo que Milei comparte con otros gobiernos de extrema derecha: “Comparten una agenda que tiene que ver con la reducción de los impuestos a los ultra ricos, a las personas con más ingresos. En Argentina se dio con esta baja de Bienes Personales y en Estados Unidos también avanza con este tipo de iniciativas”.

Las diferencias entre Milei y Donald Trump en materia de política exterior son evidentes: “Trump tiene una visión mucho más proteccionista que la de Milei, que es una suerte de revival del Consenso de Washington de los 90”, afirma Botto. Sin embargo, más allá de los matices, ambos expresan un mismo proyecto: el debilitamiento de lo público, la deslegitimación de los derechos colectivos y una narrativa que culpa a los sectores más vulnerables —mujeres, jubilados, migrantes, pobres— de las crisis estructurales.

Frente a un gobierno que promueve el despojo como política de Estado, las calles argentinas vuelven a ser territorio de disputa y de construcción. En los cuerpos que marchan, en los hospitales que resisten, en las plazas tomadas por jubilados, docentes, trabajadoras y estudiantes, se expresa una voluntad colectiva que no se resigna. No hay épica en la miseria ni virtud en el sufrimiento: lo que está en juego es la posibilidad misma de vivir con dignidad. Y en esa lucha, que no empieza ni termina hoy, se traman vínculos, se recupera la memoria, y se defiende lo que aún no ha sido vencido. Porque mientras existan quienes resisten, también seguirá existiendo futuro.

Como afirma la sindicalista Gambera: “unir las luchas es la tarea”. Y esa tarea ya está en marcha, articulando generaciones, territorios y demandas diversas que convergen en la defensa de lo común. En esa línea, Márquez, ex presa política y referente de derechos humanos, lo resume con claridad: “Nuestra lucha es también por todos aquellos que un día serán jubilados. Porque estos derechos han costado vidas. Ningún derecho se ha conseguido sin pelea”. En sus palabras, y en los cuerpos que no se rinden, se cifra la promesa de un porvenir más justo.

* Nota publicada originalmente en Truthdig.com

Source

Por Redacción Marcha

En Argentina, el movimiento feminista forma parte de los entramados populares que históricamente tensionan las relaciones de poder en las calles y de la mano de las organizaciones sociales; sin embargo, la llegada de nuestros aprendizajes a la construcción de políticas públicas es muy reciente. Es paradójicamente algo que se le cuestiona desde el discurso marketinero de la extrema derecha: que son casta, parte del Estado, las poderosas. En realidad, y sobre todo en América Latina y el Caribe, las democracias nos deben muchísimo.

Invitada por la Fundación Rosa Luxemburgo, Irene Montero, secretaria política de Podemos, ex ministra de Igualdad del Estado español e integrante de la Internacional Feminista, llegó al encuentro “Radicalizar la democracia” que se realiza hoy y mañana en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires con el objetivo de debatir y ser cada vez más.

La entrevistamos en exclusiva para Marcha Noticias para hacer lo que no siempre podemos, realizar balances y abrazarnos para resistir y avanzar más allá de las fronteras. 

*  

Irene, ¿qué balance haces del Ministerio de Igualdad de España y por qué no se llamó de Mujeres, Géneros y Diversidad? ¿Cuáles son las diferencias más allá de lo nominal?

En realidad no nos dejaron elegir el nombre. En España esta es la segunda vez que existía un Ministerio de Igualdad. Había existido una vez solamente antes, en la segunda legislatura de Zapatero. Y se llamó Ministerio de Igualdad en ese momento. Entonces la única opción que nos dieron, nosotros intentamos ponerle y dar varias opciones de otros nombres diferentes porque ya teníamos esa reflexión de que no se trata solo de que haya más mujeres en puestos de responsabilidad sino que la clave es que sean mujeres feministas o personas feministas haciendo políticas públicas feministas y transformando las que hay en feministas. Pero no nos dejaron y éramos el socio minoritario y pensamos que aunque los nombres sirven para crear realidades también era más importante pelear las competencias que íbamos a tener y otras cuestiones antes que ese nombre. Por eso se llamó y se llama Ministerio de Igualdad. 

Sobre el balance, lo más importante es que la experiencia del Gobierno de coalición -no solamente del Ministerio de Igualdad-, demuestra que las cosas sí se pueden cambiar. Su característica principal es que ha sido el primero de la democracia en España; la primera vez que se rompía una cláusula de exclusión histórica según la cual solo podían acceder al Gobierno el Partido Socialista y el Partido Popular, y la gente que pensaba como nosotras no tenía derecho a que sus representantes estuviesen. Hicieron falta cuatro repeticiones electorales para que el Partido Socialista aceptase gobernar con nosotras. 

En ese momento nos decían que no se podían muchas cosas, que no se podía subir el salario mínimo, que no iba a salir adelante una ley trans, que no íbamos a poder limitar el precio de los alquileres, que la intervención del Estado en sectores estratégicos de la economía, por ejemplo para poner un tope al precio del gas o de la energía, era algo bolivariano y una cosa que atentaba contra el libre mercado y lo hicimos, subimos el salario mínimo y la economía no se hundió y lo que pasó es que la gente vive mejor porque cobra un salario más ajustado al trabajo que realiza y sobre todo a las necesidades vitales, sacamos adelante la ley trans sin enormes problemas y siempre se puede aspirar a más.

Cuando digo que la principal conclusión es que sí se puede, no quiero decir que esté todo hecho o que lo hayamos hecho todo o que hayamos conseguido el máximo de nuestras aspiraciones pero sí más de lo que la inmensa mayoría de la gente creía que era posible. Hemos terminado poniendo un tope al gas y un precio tope a la cadena de las mascarillas, a productos de primera necesidad y hemos limitado por ley el precio de los alquileres ya que la vivienda es un grandísimo problema en España; eso parecía imposible y se ha conseguido.

Entonces esa es la principal conclusión: que cuando las feministas ganamos espacios de poder podemos usarlos para transformar, también con mucha conciencia de cuáles son los límites. De que estábamos gobernando en minoría, que no hemos conseguido todo lo que queríamos pero es una conclusión de esperanza; de esperanza no ingenua. Los cuatro años que he sido ministra he tenido siempre físicamente muy presente a nuestros adversarios; entonces, no digo ni que sea fácil que las cosas pasen ni que consigamos todo lo que queremos pero si hay equipos humanos, no una sola persona, siempre en colectivo, si hay grupos dispuestos a transformar y a pelear a pesar de las dificultades, a pesar del costo político, es posible cambiar y ese es un mensaje de profunda esperanza. Porque nosotras estamos acostumbradas a perder casi siempre, a que no se nos tenga en cuenta, a que nuestros derechos se vean vulnerados; entonces, saber que las cosas pueden ser de otra manera, que no tenemos por qué resignarnos me parece el mensaje más importante. Especialmente en momentos en los que acá hay muchas compañeras que lo que tienen más presente emocionalmente es la derrota que supone que un señor tan reaccionario como Milei sea el presidente de este país.

¿Cómo protegemos la institucionalidad de género y LGBTI+ conquistada? 

Ese es uno de los grandes puntos de ataque de nuestros adversarios y de la reacción: la presencia de compañeras feministas en los espacios de poder, no solo en las instituciones, también en los medios de comunicación, en el poder judicial o en el poder económico como una tarea imprescindible. Las feministas a nivel internacional, los feminismos con todas nuestras diferencias y diversidades, tenemos muy claro que el sistema no funciona, que poner parches no sirve y que tenemos que cambiar todo. Estamos proponiendo un cambio radical en el sentido de ir a la raíz de las cosas, de preguntarnos por lo importante, de ir a lo esencial, cómo nos queremos organizar como seres humanos para que la vida sea posible, para que no nos maten o no nos agredan sexualmente por ser mujeres, para que nuestros espacios de vida sean seguros. Cómo garantizamos que todo el mundo puede ser quien es sin sufrir discriminación o sin tener miedo a que se vean vulnerados sus derechos o a la violencia; entonces, si lo que queremos es una transformación profunda necesitamos estar en todos los espacios donde se toman decisiones, en todos los espacios de poder. Aún sabiendo que eso es una relación compleja, porque la relación de los movimientos feministas con las instituciones es necesariamente complicada, porque el feminismo dice, esas instituciones no me representan, no me garantizan mis derechos.

Entonces, de partida es muy difícil mandar compañeras a confiar en que se pueden transformar las cosas desde un espacio que normalmente es hostil o tú percibes como hostil hacia ti, ¿no? ¿Cómo vamos a mandar compañeras feministas al ámbito judicial si hasta la propia ONU reconoce que la justicia patriarcal existe, que existen sesgos en los sistemas de justicia que desprotegen a las mujeres? España tiene condenas por haber desatendido y desprotegido a mujeres, por ejemplo, a madres protectoras que los agresores han terminado asesinando a sus hijos e hijas Por tanto, es una relación compleja, es difícil, pero es imprescindible estar en todos los espacios de poder, y a partir de ahí ir siendo capaces de transformar y de construir el mundo que queremos, porque ésta es fundamentalmente una batalla de poder. 

Nuestro adversario sabe que cuando una compañera está en una posición de más protagonismo o de entrar allí donde nunca hemos entrado -le toca ser ministra o ser una jueza-, empieza la violencia política. También cuando eres un liderazgo social, ¿no? Como Berta Cáceres o Marielle Franco. Y el objetivo de esa violencia es frenar los cambios y eso se hace a través del escrutinio, la estigmatización de compañeras concretas; también para que dudemos las unas de las otras. Para que al final digamos, a lo mejor esta compañera ya no está en el mismo proceso político que yo, a lo mejor ya lo único que busca es estar ahí, ya ha traicionado, o a lo mejor no lo ha hecho bien, se ha equivocado y no hay que prestarle apoyo, o si le presto apoyo y voy a tener yo también una enorme consecuencia porque si le están haciendo esto a esta compañera que es ministra o a esta compañera que es diputada, a esta compañera que tiene este poder, ¿qué no me van a hacer a mí que no tengo ningún poder? Esa violencia política el adversario la sabe muy bien y es éxito asegurado para ellos y por eso nosotras tenemos que hacer mucho trabajo de lo contrario, de mantener nuestros vínculos aunque muchas veces sean muy complejos porque la relación del movimiento con la institución, ya sea la política institucional o la justicia o los medios de comunicación siempre es muy compleja.

Venimos conversando sobre la construcción de un proyecto político feminista. ¿Qué demanda este proyecto y cómo convive con las lógicas de los partidos polítcos tradicionales? Pensando también en los espacios progresistas en los que a veces se suele pedir moderar la impronta feminista.

Es uno de los grandes errores de la izquierda que además no tiene ninguna base analítica, es simplemente mentira. Los gobiernos y los procesos populares están sostenidos en el empoderamiento y el ejercicio de los derechos de las mujeres. Son ellas las que están ganando las elecciones, los procesos electorales a favor de gobiernos populares. Entonces, y por otra parte, en términos políticos, ya no solo electorales o de política institucional -ya que es fundamental ganar elecciones y estar en los gobiernos-, como parte de un proceso político que va más allá, porque el motor de las transformaciones son los pueblos, no los gobiernos. Aunque los pueblos necesitemos los gobiernos para transformar. Pero en ese proceso político más amplio que estamos viviendo, en que es evidente que el capitalismo en fase neoliberal está  terminal, en una crisis muy profunda, y quienes quieren sostener ese sistema de privilegio lo tienen muy complicado. De hecho, lo que hacen los reaccionarios cuando ganan, como Milei, es reforzar los elementos más crueles y descarados; más desiguales e injustos del sistema neoliberal. Van a cara descubierta con una enorme violencia sobre los pueblos, una pérdida de derechos muy agresiva, un cuestionamiento de la democracia y cuando no, dan golpes de Estado. Utilizan la guerra judicial y mediática, es decir, van con el ejercicio desnudo de la violencia y nos demuestran que la democracia -ni en su idea política ni en sus procedimientos- les interesa más que cuando ganan; les interesa como un procedimiento que les sirve para legitimarse. Cuando el procedimiento no les sirve para ganar y sí sirve a los pueblos para ganar, entonces les da igual, golpe de Estado o si cojo las elecciones, gano y después hago cosas como un cambio constitucional encubierto, que es lo que os contáis que está ocurriendo acá. Entonces, nosotras tenemos una clara conciencia de que todo tiene que ser transformado de raíz y eso es lo que le da una gran potencia al feminismo. 

Lo grave de esto es que es un análisis de los sectores progresistas o de las izquierdas y creo que es un error de análisis, porque precisamente el feminismo es el proceso político democrático más importante de nuestro tiempo, también porque somos las mujeres las que estamos decantando los gobiernos populares, pero sobre todo porque creo que detrás de eso hay una lógica política que nos lleva a la derrota y nos lleva a entregarle la victoria al adversario. Independientemente de que ellos también sean inteligentes, y a veces nos ganen. Creo que si nosotras ganamos, pero no transformamos. Si nosotras ganamos, pero cuando ganamos decimos hay que moderarse ¡Vaya, estas feministas! Este discurso en España se ha dado. El presidente ha dicho esto: “Irene Montero tengo amigos de 40 y 50 años que están muy molestos con las políticas del Ministerio de Igualdad. Cuando las feministas van demasiado lejos, echan a los hombres a la extrema derecha”. ¡Al contrario! Cuando las feministas estamos fuertes, el país habla sobre el derecho al aborto, el país habla sobre los derechos trans, el país habla sobre el derecho al cuidado, el país habla sobre las violencias machistas, sobre el derecho a la vivienda, sobre el derecho a la salud, sobre el derecho a la educación. Cuando las feministas no estamos fuertes, hablamos de corrupción, hablamos de autoritarismo, hablamos de seguridad, hablamos de todo lo que lleva a ganar a la derecha. Pero sobre todo, sobre todo, la gente no es idiota. Nuestros pueblos no son idiotas y saben que la democracia funciona relativamente, en el sentido de que sí nosotras tenemos un poder, que es el del voto, y tenemos un poder, que es el de la movilización popular, pero el dueño de un medio de comunicación manda más que un diputado, y manda más que un ministro, y el dueño de una gran empresa, a veces, manda más que un presidente. Y a veces los jueces también mandan más que un diputado, o que un ministro, o que un presidente, y pueden condicionar las decisiones democráticas del pueblo. Entonces, si ya tienen eso claro, y aún así deciden confiar en el proceso democrático, y decir voy a confiar en esta gente que dice que se puede avanzar en derechos, si cuando ganamos no lo hacemos, entonces lo que le estamos diciendo es que tienen razón, es que voten a quien voten, estamos contribuyendo a la antipolítica, votes a quien votes nada va a cambiar. Ahí llega la antipolítica, la decepción, la frustración, con la que conecta esa extrema derecha de una forma excelente, por eso yo creo que el principal reto de las izquierdas ahora es precisamente salir de esa gran mentira que es si las feministas avanzan, la izquierda pierde, que es un relato absolutamente falso, a la luz de las evidencias, no solo por convicción yo creo que no es así, y que la pregunta que se haga es puesta a la contraria, ¿por qué crees que incluso en los momentos de mayor oscuridad el feminismo siempre emerge como un tema de conversación social y con una victoria? Porque el feminismo es un proceso político que no se puede permitir preguntarse si hay que moderarse o no, el feminismo es un proceso político que no puede permitirse preguntarse si valen parches o la transformación total, el feminismo es un proceso político que sabe que hay que cambiarlo todo, porque cuando empiezas a tirar de cualquier hilo el derecho al aborto, o la educación sexual, o las violencias machistas, al final dices, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo está organizado el mundo? El mundo es posesión de los hombres blancos heterosexuales, y fíjate que esto, si lo lees en España dirán, “ya estamos con el cliché del hombre blanco heterosexual”. Pero es que el mundo tiene que cambiar su base de organización del poder y de la vida, de la economía y de la sociedad, entonces por eso el feminismo vuelve a emerger una y otra vez, y parece como que nunca lo matas, por mucho que el adversario lo intente y no sitúe como el principal foco de los ataques, El feminismo nunca se hace la pregunta de si es necesario moderarse para ganar, o si es posible poner un parchecito en lugar de ir a por todas, y también porque los feminismos tenemos derecho a ir a por todas. ¡Somos la mitad de la población, somos un montón, sí lo somos! 

En una época de concentración de la atención, ¿cómo volvernos más visibles? ¿Cómo podemos volver a que ese discurso feminista sea tendencia? 

Una de las cosas que más me ha sorprendido de esta vez que he venido a Argentina, es la emocionalidad de muchas de vosotras, de muchas compañeras. Ese sentimiento de enorme dolor por la derrota por un lado, y por otro, esa sensación que produce también la derrota, pensar que no se va a salir de aquí, que de repente te olvidas de tu propia fuerza que es también el efecto de la violencia sobre nosotras. Se enfrentan a un personaje profundamente reaccionario, y ése es su proyecto político, el de afianzar los elementos más crueles, desiguales e injustos del sistema neoliberal. También es una revancha, un ensañamiento con un pueblo que se ha atrevido a soñar y a decidir su propio futuro y a tener o querer un Gobierno para sí y no para los buitres o los especuladores y poderosos. Las compañeras argentinas nos lo dicen todo el rato, no es solo violencia, es crueldad, es el disfrute de la violencia, tiene que ver con el disciplinamiento. Si os atrevéis a soñar, si os atrevéis a hacerlo posible, las consecuencias van a ser devastadoras para vosotras, entonces mejor no os volváis a atrever a hacerlo. 

Entonces, lo comprendo. Porque además no es lo mismo saber lo que ha pasado a lo largo de la historia que vivirlo, pero os seguimos queriendo, admirando y confiando en vosotras igual que cuando habéis tenido las victorias más importantes del mundo. En la pandemia, el mundo entero y las feministas de todo el mundo vibramos todas en nuestras casas encerradas mientras las calles de Argentina estaban llenas de vida conquistando el derecho al aborto. Pues, ahora es otro momento, porque no se gana siempre, porque las cosas importantes cuestan y nosotras estamos más acostumbradas a perder que a ganar y aunque cuesta más perder cuando has ganado que perder cuando llevas perdiendo muchos años, pongamos en el centro nuestra mejor tradición democrática. Y Argentina y el pueblo argentino es un ejemplo en eso y las feministas argentinas han perdido muchas veces y de esas derrotas han seguido adelante hasta conquistar nuevas victorias; entonces seguimos confiando en vosotras y confiando en vuestro poder y fuerza. Sois más fuertes que Milei; aunque nos hayan ganado unas elecciones, es así.

Por último, en los últimos seis meses Israel no detuvo el ataque sobre Gaza que ya lleva cerca de 30 mil personas muertas ¿La causa palestina es una causa feminista?

El feminismo y la paz son los procesos políticos democráticos más importantes del momento. Las feministas tenemos una larguísima tradición en la defensa de la paz. Pienso en Clara Zetkin y la Primera Conferencia Internacional, en ese momento de mujeres socialistas, que en la defensa de la paz llegaron a producir enormes rupturas, incluso en la socialdemocracia europea. Precisamente por esto, por mujeres que decían que la socialdemocracia no podía apoyar los créditos de la guerra, estoy hablando de las guerras mundiales. Pero incluso en esos momentos de mayor oscuridad las feministas siempre hemos estado en el lado de la paz. Incluso cuando otras compañeras han tenido dudas. Y es que, si ya para las mujeres una sociedad con paz, teóricamente con paz, es una sociedad enormemente violenta en la que muchos espacios no son seguros, hay agresiones sexuales, violencias machistas de todo tipo, vulneración sistemática de derechos, en tiempos de guerra, las mujeres somos las más dañadas. Antes de la guerra, porque el relato de la guerra necesita otorgarnos un rol que es enormemente sumiso y desprotector de nuestros derechos y durante las guerras, porque además nos ocupamos de las tareas que son más invisibles; del cuidado, del sostenimiento de la vida en un contexto de muerte. Y en la posguerra, la inmensa mayoría de personas refugiadas son mujeres con niñas y niños que huyen de los conflictos y que buscan la seguridad de la familia y de la propia vida. Entonces, sin duda, hay que decir no al genocidio del Estado de Israel contra el pueblo palestino porque es una causa feminista, democrática y humana. Porque no es solo Palestina, es que los pueblos le digamos con claridad a todos estos señores de la guerra que esto no puede pasar en el mundo. No puede ser que haya unos señores que decidan que van a dejar a un pueblo sin agua, sin alimentos, sin medicinas, haciendo amputaciones sin anestesia, derribando el 60% de las viviendas, el 80% de las escuelas. No puede ser que se produzca eso en ninguna parte del mundo, ni en Palestina, ni en ningún lugar. No queremos una humanidad así. Es que este es un momento profundamente ideológico y de principios éticos, políticos, de preguntarte pero ¿qué es la vida? ¿Qué somos como humanidad si permitimos que eso ocurra? Y es tan asquerosa la hipocresía de Europa y de Estados Unidos, porque es cómplice de esto. Netanyahu no podría estar haciendo este genocidio a pleno luz del día, televisado, sin la cómplicidad de Estados Unidos y de Europa. Y entonces tenemos una responsabilidad, porque además como Europa hemos dicho al mundo durante muchas décadas que somos un conjunto de países que hemos pactado la paz y la civilización. Pero claro, nosotros no irradiamos derechos humanos. Nosotros ahora mismo, de hecho, andamos bastante faltas de principios políticos que nos permitan dejar de ser cómplices con un Estado genocida. Y de hecho lo que tenemos que hacer es mirar a Sudáfrica o mirar a Colombia, que están siendo la dignidad del mundo.

Source

Por Redacción Marcha / Foto de portada: Susi Maresca

En medio de una represión feroz, la “Ley Ómnibus” fue aprobada esta tarde en la Cámara de Diputados y será tratada el próximo martes 6 de febrero. Este proyecto, reúne los principales objetivos políticos y económicos que piensa impulsar Javier Milei para desmembrar la soberanía popular. Se trata, también, de una ley que privilegia a gran parte de los grupos concentrados del poder económico local y multinacional. Empresas que el Ejecutivo necesita a su lado para impulsar la captura del Estado y un plan de desestabilización.

Febrero de 2024 será recordado entre las fechas más tristes para el Congreso de la Nación así como para todo el pueblo argentino. Allí, una parte de sus legisladores decidió ser cómplice con una serie de medidas que, incluso luego de su votación, aún no se conocen con claridad. Lo que sí se sabe es que entre el conjunto de los artículos negociados se encuentra la privatización de empresas nacionales, la aprobación de reformas más punitivistas para el Código Penal, la restricción de libertad de expresión y del derecho a la protesta, la entrega de los bienes comunes y culturales de los pueblos, la flexibilización laboral y, como quedó demostrado, mucha más represión para quienes se oponen.

Además del PRO, de quiénes ya no esperamos nada. El interbloque denominado “Hacemos Coalición Federal” integrado por legisladores y legisladoras de los partidos “Cambio Federal”, “Republicanos Unidos”, “Coalición Cívica” y “Hacemos por Córdoba”, son quienes avalaron los métodos antidemocráticos impulsados por “La Libertad Avanza” durante los últimos 50 días de su gobierno. Y son, en su mayoría, quienes decidieron frente al balotaje del 19 de noviembre transferirles su caudal electoral que hizo la diferencia en el triunfo de Javier Milei. Estos partidos, que se mostraron muy preocupados por los valores democráticos durante el debate, eligieron colaborar con un gobierno que anhela convertirse en un régimen autoritario. Pero los pueblos no olvidan.

El bloque del Ejecutivo no podría haber logrado los números para la aprobación de esta media sanción ya que no cuenta con un número considerable en el Congreso que le permita realizar aprobaciones automáticas. Y es que “el presidente más votado en la historia” ganó en la segunda vuelta electoral gracias a éstos armados políticos que ahora deambulan desconcertados entre el oficialismo y la oposición. Su única brújula les indica la orientación política necesaria para distanciarse del peronismo, aunque esto signifique avalar negacionistas.

Ciertamente ese “56% electoral” tan aclamado por el Ejecutivo y el paraoficialismo, no se transforma automáticamente en respeto y legitimidad. Por el contrario, la aceptación política se construye con las decisiones de gestión. Decisiones capaces de aliviar el bolsillo y las vidas de quienes habitan los territorios, políticas concretas y directas que evidencien su liderazgo más allá de la lógica de las redes sociales. Este rechazo se pudo ver claramente en el masivo Paro General del pasado 24 de enero, una jornada federal e intersectorial que sorprendió con su nivel de acción y articulación.

La guita no alcanza. El hambre nos pisa los talones y desde el Ejecutivo el gesto es cortar el envío de alimentos a los comedores populares y además reprimir a quienes reclaman ayuda y la restitución de políticas alimentarias. “El esfuerzo” para sacar el país adelante encontrará un límite porque no alcanza para sostener la vida cotidiana: ya sea para comer o para pagar el transporte para ir a trabajar. A medida que veamos desvanecer los salarios (para quienes lo perciben), seguramente veremos desvanecer la legitimidad del gobierno y también, de las fuerzas del cielo. Que serán reemplazadas por las de siempre: las manos obreras. Las del pueblo con conciencia de sí.

Una “Ley Ómnibus” que se debatió durante un mes, que tuvo sesiones informativas y que empezó siendo conformada por 600 artículos que buscaban sentar bases y principios para la reforma del Estado pero que terminó siendo un alegato para la libertad de los grupos concentrados de poder ya que, en lo concreto del tratamiento -o mejor dicho en la negociación para el dictamen de mayoría- quedaron afuera más de 300 de esos postulados.

Un marco de negociaciones teñido de ilegalidad ya que se denunciaron reuniones fuera del parlamento y difusión a discrecionalidad del texto del proyecto de ley a medios y periodistas afines al oficialismo y al paraoficialismo antes que a las y los legisladores de los bloques opositores. En un rol protagónico de una supuesta oposición que en nombre de la “gobernabilidad” ayudó a la sanción más al ejecutivo que el propio presidente y su gabinete.

Un texto que pretende ser gobierno ya que, ¿quién gobierna de esta forma? Una captura del Estado total por parte de los poderosos que se traducirá en destrucción. Unas facultades delegadas para decretar ante la emergencia pública en materia económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa hasta el 31 de diciembre de 2024. Y no habrá circo de perros o novias alquiladas, reuniones con CEOs o discursos baratos que puedan compensar la desilusión que provocará la crueldad ante el voto que definió el pueblo.

Source

Por Laura Salomé Canteros*

Fue emocionante la campaña popular que se construyó de forma colaborativa y que recorrió los territorios ancestrales estos últimos días. Es que un pueblo con memoria -y épica- es la clave para vencer; y contra todos los pronósticos, Bernardo Arévalo de León, candidato del partido Movimiento Semilla, un espacio de centro izquierda, ganó de forma contundente la segunda vuelta y será el próximo presidente de Guatemala.

Con el 92% de los votos contabilizados y una participación ciudadana del 44%, Bernardo Arévalo venció por un 59,39% a la candidatura y al proyecto antiderechos de Sandra Torres (35,89%) y desde el 14 de enero ejercerá la presidencia de la República. Una alegría para la reconstrucción de los territorios secuestrados por el “pacto de corruptos”, una élite política, económica y religiosa unida por los privilegios patriarcales. 

Arévalo, hijo de la historia

Sobre Bernardo Arévalo de León rodean al menos dos aristas épicas: una, que es hijo de Juan José, el ex presidente socialista que gobernó entre 1945 y 1951 tras una revolución ciudadana que determinó la realización de las primeras elecciones transparentes en la historia de Guatemala; y la otra, que cargaba con el peso simbólico de haber sido la candidatura sorpresa que en las elecciones del pasado 25 de junio logró captar la voluntad popular que rechazó de forma implacable al pacto de corruptos.

Desde entonces, la pregunta que surgió fue qué camino político de alianzas tomaría Movimiento Semilla; ya que enfrente se encontraba una candidata a presidenta poderosa: Sandra Torres, millonaria y representante del establishment, el negacionismo y a los antiderechos en la misma proporción quien además realizó una campaña de odio contra las políticas públicas feministas y el reconocimiento de los derechos LGBTI. Por esto, llevando adelante un proyecto antagónico al del odio, Arévalo, no dudó y se puso a la altura de la historia: escuchando y mostrándose con referencias políticas y simbólicas claves como autoridades ancestrales indígenas y juventudes organizadas.

“Mucha gente lo meditó y decidió votar por Arévalo, que viene de un grupo que surgió de las protestas ciudadanas del 2015”, afirmó, otorgando un contexto, la periodista Lucía Escobar. “Por primera vez en la historia, el pueblo salió a defender un candidato”, agregó, y se refirió a “las muestras de cariño en los mitines” como un fenómeno “nunca antes visto en Guatemala”. Asimismo, mencionó la importancia de que hubo pueblos indígenas que “le han dado los bastones de autoridad” a Arévalo y finalizó: “Hay mucha esperanza de que este gobierno abra las bases para empezar con los cambios”.

Por su parte, para Andrea Villagrán, diputada feminista electa por Movimiento Semilla, este es “un momento de transición y cambio en el rumbo de la historia en la que avanzamos hacia la posibilidad nueva de construir país y democracia”. Y caracterizó la importancia de dejar atrás “una dictadura de corrupción y de cooptación del Estado”, como “un avance por el que guatemaltecas y guatemaltecos han luchado durante años”.

Cronología del día de la victoria

“Vamos todos y todas a votar con alegría porque de esa manera el que va a ganar es el pueblo de Guatemala”. Con estas palabras y enorme cobertura de prensa, Bernardo Arévalo emitió su voto, alrededor de las 9 AM, en la zona 2 de la ciudad capital. Estaba acompañado por la candidata a la vicepresidencia, Karin Herrera, quien hizo campaña los últimos días por la representación de los derechos de las niñas y las mujeres.

Cuando faltaba hora y media para el cierre de la elección, tanto Movimiento Semilla como UNE realizaron una conferencia de prensa donde denunciaron de forma cruzada diferentes irregularidades e instaron al Ministerio Público y al Tribunal Supremo Electoral (TSE) a investigar. Concretamente, desde el partido que lleva como candidato a Arévalo, denunciaron “el acarreo de personas y la compra directa de votos a cambio de víveres” y la sospecha sobre la “malversación de fondos del Estado”, afirmando que el gobierno de Alejandro Giammattei colaboró con el espacio de Sandra Torres.   

“Esta es una situación sistemática en varios municipios y hubo capturas”, afirmaron desde Semilla y agregaron que “estamos pensando en ampliar esta serie de denuncias”. Por su parte, Samuel Pérez, diputado y jefe de bancada, llamó urgente al voto y expresó que “es fundamental que el pueblo de Guatemala se pronuncie contundentemente en las urnas, ya que esto que parece irrelevante puede cambiar la historia para siempre”; porque “la voluntad del pueblo es la que tiene que prevalecer”.

Después, integrantes del TSE afirmaron que “fueron 3.468 los centros de votación habilitados dentro y fuera del país” y que la participación, hasta las 3 PM, registraba un “porcentaje histórico”, con la conformación de “más de 20 mil juntas receptoras de votos” y “más de 7 mil observadores electorales nacionales e internacionales”. Además, formalizaron la puesta en cero de base de datos y la apertura del programa informático.

Lo que siguió fue un conteo rápido y la noticia más esperanzadora. Un futuro con dignidad y escucha, sin persecución institucional, es posible para Guatemala. 

*editora Marcha Noticias

Source

Por Laura Salomé Canteros* / Foto: J. Lopresto

El Consenso de Montevideo es un acuerdo regional adoptado por los gobiernos de América Latina y el Caribe durante la primera reunión de la Conferencia regional sobre Población y Desarrollo celebrada en Montevideo (Uruguay) en 2013. Es el acuerdo intergubernamental más progresista del mundo en materia de Derechos Sexuales y (no) Reproductivos.

Es un encuentro de potencias feministas; un documento integral que transversaliza e intersecta diferentes temáticas generando un tejido de políticas para garantizar derechos y que contiene una agenda de revisiones construida de forma interseccional e intergeneracional con énfasis en una vida libre de violencia de género para todas las personas.

Los países de la región se comprometieron, desde entonces, a asegurar la efectiva implementación de los programas de educación integral para la sexualidad, a promover, proteger y garantizar a la salud y los derechos sexuales y reproductivos, y a promover políticas que contribuyan a que las personas tomen decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad y proyectos de vida con respeto de su orientación sexual e identidad de género, racial u originaria sin coerción, discriminación ni violencias patriarcales.

Esto incluye incorporar en el conjunto de prestaciones integrales en los servicios de salud sexual y reproductiva, medidas para prevenir y evitar el aborto inseguro, la educación sexual integral, el acceso a métodos anticonceptivos modernos y eficaces y el asesoramiento y atención frente al embarazo no deseado. En ocasión de esta fecha simbólica se realizó una conferencia de prensa convocada por redes regionales de organizaciones de la sociedad civil. Retomamos algunas de sus voces para tener más argumentos de porqué los Estados y sus políticas públicas de Derechos Humanos las entendemos como IRREVERSIBLES.

*

Para Ana Cristina González Vélez, médica, activista y de la Articulación feminista Marcosur, “el primer logro a destacar del Consenso de Montevideo es la existencia de un sólido movimiento feminista”; ya que “gracias a ese movimiento que la agenda se defiende, se sostiene y se avanza”. Y agregó que: “La expansión y fortalecimiento de los movimientos feministas en su amplia diversidad es un rasgo distintivo de nuestra región y ha sido clave para la lucha por la autonomía y libertad reproductiva y para denunciar las violaciones a esos derechos”.

“El segundo logro a destacar es la consolidación de la agenda de derechos sexuales y reproductivos en los acuerdos intergubernamentales y otros instrumentos legales y estándares de derechos humanos”, afirmó González Vélez. “Un fortalecimiento en el compromiso de los gobiernos de la región en los escenarios de negociación latinoamericana, a diferencia de lo que sucede a nivel global”. Y destacó que es además un paradigma que pone en el centro el Estado laico, el rechazo a la criminalización y la protección a defensoras de derechos humanos”.

Por último, “el tercer logro que quiero destacar es la autonomía y la libertad reproductiva”, afirmó, y mencionó hitos de avance en el “marco legal y el acceso a los servicios”, como “la despenalización de la píldora de anticoncepción de emergencia en Honduras, la liberalización de las leyes de aborto en varios países de la región y en 11 estados mexicanos”, además de resoluciones judiciales de que “la penalización es inconstitucional”. Y finalizó: “En suma, el logro más sobresaliente de la última década son los avances en la lucha por el aborto”.

Las deudas de los Estados: avanzar a la par de todos los derechos

“Desde la Patagonia y hasta el río Bravo, la marea verde se ha levantado en una sola voz para resistir, transformar y asegurar los derechos que nos corresponden”, afirmó en conferencia de prensa, una referente de La Ceiba, una organización feminista de Honduras.  “Sentencias de las Cortes de México, Colombia han apuntado con toda contundencia a que el aborto tiene que dejar de ser un delito”, y agregó que “el Congreso argentino marcó vanguardia despenalizando el aborto hasta las 14 semanas”. Pero que, sin embargo, la “desigualdad sigue estando presente de forma contrastante en la región: en El Salvador, Nicaragua, Honduras y República Dominicana, territorios donde el aborto se encuentra completamente penalizado”.

Para Milene Molina, de la Red MAAD, es “tremendamente importante visibilizar la existencia de la población afrodescendiente como una población con derechos”, una obligación de los Estados y gobiernos al momento de “hablar de igualdad de género y autonomía de las mujeres afrodescendientes”; ya que “el racismo no es un problema exclusivo de las personas que lo sufrimos en nuestra vida cotidiana, sino que es un problema que aqueja a la sociedad y tiene un reflejo en la desigualdad”. Por lo que, los “Estados deben asumir un compromiso real con el Consenso de Montevideo para un compromiso también con la población afrodescendiente”.

Mientras que, para Pamela Pérez Ponce de la Red LAC, las brechas de desigualdades materiales existentes en la región dificultan el acceso de los derechos sexuales y (no) reproductivos. “Las condiciones en las que vivimos no son las de una vida digna y no se garantizan espacios seguros ni adecuados según las necesidades”, afirmó, y se refirió a la importancia para las juventudes de acceder de forma plena a la Educación Sexual Integral “con perspectivas de género, de juventudes, intercultural y antirracista”. Y propuso no aislar; pensar también en “un acceso desigual a nuestros derechos laborales, la precarización y la flexibilización… ¿Cómo se puede garantizar el ejercicio de los derechos si no hay un reconocimiento efectivo?”.

Para Norma Don Juan Pérez de ECMIA, “hay muchos retos por delante; uno es la disponibilidad de datos sobre la situación de los derechos de las mujeres indígenas ya que solo algunos países recogen datos desagregados de pueblos y tampoco se producen desde un enfoque intergeneracional”. Por eso, es fundamental que “las redes regionales asuman el protagonismo en esta agenda y se sumen a la evaluación del Consenso exigiendo su implementación”.

Por último, la valoración es que “aún falta mucho para la plena implementación del Consenso de Montevideo en nuestra región”, como afirmó Cecilia Stapff, de Iniciativas Sanitarias de la organización FOS Feminista, pero interpeló: “Como feministas estamos comprometidas en la lucha contra la vulneración de los derechos para que haya justicia de género y reproductiva”.

Nuestros feminismos: movimientos democratizadores y de liberación

Este aniversario llega para la región en un contexto donde las opciones fascistas, disfrazadas de liberales, como en Argentina pretenden llegar a los Estados para recortar derechos. Por eso, dar las discusiones dentro de los movimientos feministas y las organizaciones de la sociedad civil es fundamental para abortar la neutralidad y garantizar que las voluntades políticas a favor de instrumentos como el Consenso de Montevideo se transformen en gobiernos.

Los feminismos son movimientos democratizadores de las sociedades y de la política; y en los últimos años además son protagonistas de las grandes transformaciones para la vida sabrosa. Por eso, el asalto de los Estados a través de las urnas para la perpetuación de las desigualdades por parte de opciones que pretenden instalar proyectos políticos de odio, fue un tema de la conferencia de prensa. Para estas referentes feministas regionales, “estamos librando una batalla cultural muy importante”, un factor fundamental para “las conquistas que hemos alcanzado y los logros que hemos conseguido en las tres o cuatro últimas décadas”. Por eso, avanzar unidas: “somos ciudadanas plenas y merecemos vivir con igualdad y con libertad”.

*editora Marcha Noticias

Source

Por Andina Ayala* / Fotos: Eslly Melgarejo

El martes 27 de julio, mujeres plurales y diversas se posicionaron frente a las vulneraciones del proceso electoral 2023, señalando las graves implicaciones que esas acciones tienen contra la democracia de Guatemala. Además, para pedir que cesen las campañas de miedo y zozobra que atentan contra la participación ciudadana el próximo 20 de agosto en la segunda vuelta electoral.

Las mujeres presentaron un comunicado en donde expresan: “Profunda inquietud ante los intentos de utilizar el sistema de justicia para desconocer la voluntad de la población el 25 de junio del 2023, día de las elecciones generales en Guatemala”, e hicieron un llamado “a todas las mujeres a participar activamente en el ejercicio del voto y resguardo de la democracia del país”.

El grupo de mujeres reconocidas en diversos ámbitos del país, aglutinaron su apoyo a las mujeres criminalizadas en esta contienda electoral. Estos fueron sus mensajes ante la coyuntura política:

“Las mujeres están sufriendo una cosa terrible, la persecución política. Eso es una aberración, tenemos el pleno derecho de elegir y ser electas. Me siento indignada, creo que las leyes se hicieron para corregir anomalías y las están usando al contrario, les diría a las mujeres del partido Semilla: siéntanse fuertes no están solas”, expresó la exministra de Cultura y Deportes, Otilia Lux de Cotí.

 “Quiero decirles que crean mucho en su voz, que también es colectiva, quitarnos la idea que no debemos estar en política. Compañeras de todos los tiempos, de todos los territorios, de todas las generaciones, también nos podemos involucrar desde el lugar en donde estemos. Vamos con nuestras vecinas, con nuestras amigas y aferrarnos al deseo y al anhelo de la justicia y la dignidad”, dijo la cantautora Kaqchikel Sara Curruchich.

 “Uno de nuestros mayores logros ha sido la palabra,  este es el momento de estas mujeres que han hecho una lucha enorme por estar en los espacios de la política y que tendrán que cuestionarse el papel que van a jugar. Es el momento de decirles estamos con ellas, su voz es importante.  Somos nosotras las que hacemos todavía la cohesión social, las que trabajamos a nivel de la familia y comunitario, somos esa amalgama y las mujeres que están en política, son el pegamento ético que está allí, para lograr una Guatemala que quiera crecer con democracia y justicia”, expuso la escritora y columnista, Carolina Escobar Sarti.

“Un mensaje en especial para las mujeres indígenas que han participado en política, que han sido electas para puestos en el sector público, según las estadísticas hay poca participación en puestos públicos, las exhorto a seguir participando a pesar de la democracia que hoy está en crisis, especialmente con la judicialización que se está dando en el ámbito de las elecciones. Tenemos que estar firmes y unidas para buscar la justicia incluyente para los pueblos y las mujeres indígenas, esto  no sería posible si no participamos”, puntualizó la abogada Ana López.

*original en rudagt.org

Source

Por Laura Salomé Canteros / Fotos: RUDA

“Hoy, tras una larga espera, por fin podemos comunicarle al pueblo de Guatemala que estamos oficialmente comenzando el camino de la segunda vuelta”. Con estas palabras, Bernardo Arévalo de León, candidato presidencial por Movimiento Semilla, comenzaba, en horas de la tarde, la conferencia de prensa que anunciaba lo que se quería escuchar.

Es que mientras en redes sociales se multiplicaban las convocatorias en diferentes ciudades y territorios comunitarios para defender el voto ciudadano, la organización popular se transformaba en mística y opción en la Guatemala que va rumbo a la segunda vuelta presidencial del próximo 20 de agosto. Cuando un triunfo de Semilla podría ser histórico para el país centroamericano que resiste hace años el secuestro del Estado y de la esperanza.

“Este es un camino que tiene una parada importante este 20 de agosto pero no se termina ahí”, agregó Arévalo, “es un camino que tiene como destino acompañar un proceso de cambio muy anhelado por los guatemaltecos y las guatemaltecas, un cambio con esperanza, ilusión, tranquilidad; un cambio que nos permita construir una nueva primavera”.

Estaba acompañado por la candidata a vicepresidenta, Karin Herrera, quien leyó a la par de Arévalo el comunicado preparado. De fondo, un gatito -o gatita- por la democracia paseaba expectante. “Una minoría ha decidido amenazar el orden constitucional de nuestro país”, expresó Herrera, y agregó ante periodistas y referentes: “esta minoría de poderosos quiere ir en contra de la decisión libre del pueblo de Guatemala y es lo que no debemos permitir”.

Semilla, en segunda vuelta

El pasado 25 de junio, en elecciones generales, la voluntad popular, los pueblos de Guatemala que se expresaron en las urnas, rechazaron de forma contundente el pacto de corruptos. Ese sistema que alía empresarios, políticos y manipuladores de la fé fue derrotado: el voto nulo sacó un 17% de las expresiones y Movimiento Semilla, un espacio de centro izquierda, quedó en tercer lugar con un 12%; mientras que UNE, el espacio ultraconservador y antiderechos de Sandra Torres, sacó el 15% pasando a segunda vuelta.

Leé también:

Pero la incertidumbre sobrevino ya que, 48 horas después de la elección, la Corte de Constitucionalidad decidió mediante un fallo arbitrario sin fundamentos, dejar en suspenso los resultados de las elecciones lo que afectó a las candidaturas de presidenciables y los escaños en el Congreso. Todo parecía indicar que la cooptación de las instituciones judiciales para perpetuar la corrupción y garantizar la impunidad de los delitos, triunfaría.       

Y en una escalada más, el 12 de julio por la noche, mientras se esperaba la conferencia de prensa en la que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó que Arévalo y Torres pasaban a segunda vuelta, el Juzgado Séptimo, conocido por su persecución a periodistas y a la libertad de expresión, siguiendo directivas del Ministerio Público, peticionó la suspensión de la personería jurídica de Semilla y ordenó el allanamiento de la sede del partido y el decomiso de las actas de registro de avales ciudadanos. Un intento de exclusión directa.

“Ni el Ministerio Público, ni el Juzgado tienen la capacidad para suspender la personalidad jurídica de ningún partido, menos en medio de un proceso electoral como está claramente establecido en la ley”, declararon Arévalo y Herrera, quienes informaron la presentación legal de un amparo ante la Corte de Constitucionalidad para “defender la democracia”, y otras medidas “en contra de quienes han querido abusar del poder que ejercen y utilizan las instituciones penales”, según afirmaron “con un claro propósito político”.  

Asimismo respaldaron el accionar del TSE y del Registro de Ciudadanos, organismos que confirmaron la segunda vuelta con la presencia de Semilla y UNE, tal como lo expresó la voluntad popular. Además, agradecieron “a todos los sectores que se han manifestado en rechazo a estas manipulaciones y en defensa de la institucionalidad democrática y la integridad del proceso electoral”, y mencionaron a “movimientos indígenas, organizaciones sociales, gremiales, el sector económico, movimientos populares y la iglesia católica”.

Finalmente, tras la conferencia de prensa de Arévalo y Herrera, la Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo provisional a Movimiento Semilla y suspendió la resolución del Juzgado Séptimo. “Quienes estamos defendiendo la democracia, somos la mayoría”, sostuvo Arévalo y finalizaron: “Que el abuso de estas minorías y la indignación que sentimos, no nuble nuestro propósito de cambio, futuro y anhelo de un mejor país”.

Source