Por Redacción Periódicas* / Foto: Titi Nicola

El frío en los tobillos crece sin importar la multitud de pañuelos verdes en una tarde gris de junio de 2018. Una carpa sobre Avenida Rivadavia reúne frente al Congreso de la Nación a cientos de mujeres que buscan escuchar y conocer el trabajo de las socorristas. Al armazón que poco resguarda de la llovizna y el frío, se lo distingue desde lejos por el cartel de referencia que lleva el nombre de Ana María Acevedo. Allí, atestado de santafesinas, los brazos se cruzan con otros por compañía, calor y las ansias de una marca en la historia. “No estás solx”, dicen los folletos con información sobre el protocolo ILE que reparten las trabajadoras de la salud. Pero también atraviesa un punzante dolor: el recuerdo de la agonía de una verense en la cama de un hospital público, presa del fundamentalismo religioso y un Estado que no reconoce la soberanía de las mujeres.

Más de una década tuvo que pasar para que el derecho a decidir se debata en la Cámara de Diputados y en la de Senadores de la Nación. Ana María murió el 17 de mayo de 2007, a los 20 años, en el hospital Iturraspe de la ciudad de Santa Fe. El director de la institución era Andrés Ellena, la ministra de salud era Silvia Simoncini, y el gobernador Jorge Obeid.

La joven fue en mayo del 2006 al Samco de su ciudad, en Vera, para que se le extrajera una muela. Por el fuerte dolor, estuvo cuatro meses con antibióticos que le fueron recetados y volvió a consultar de manera recurrente sin recibir respuestas sobre su salud. Seis meses después de la primera consulta llegó a Santa Fe. En el hospital Cullen le diagnosticaron un sarcoma de apenas tres centímetros sin ramificar y se la derivó al Iturraspe para iniciar el tratamiento oncológico, como se hace en esos casos. Tenía posibilidades de curarse.

En diciembre de ese año, contó que tenía un atraso menstrual. Los profesionales de la salud le hicieron un test de embarazo que dio positivo y calcularon que estaba en la tercera semana de gestación. Pero ni a Ana María, ni a sus padres –Norma Cuevas y Aroldo Acevedo– les informaron sobre el embarazo. Tampoco les dijeron que la realización de un aborto se presentaba como la alternativa para poder iniciar el tratamiento contra el cáncer. Los médicos y médicas decidieron enviarla nuevamente a Vera, con la única información que debía regresar a la consulta cinco meses después, sin indicarle ningún tipo de medicación ni tratamiento para su enfermedad.

Con el pelo enrulado pasando los codos, Norma le apoya la mano en la cabeza a su hija, Ana María, que volvió antes de lo indicado al hospital Iturraspe -al mes-, con dolores intensos y la cara deformada. Le acaricia el brazo y le susurra palabras de amor. Las dos pidieron un aborto terapéutico para que pueda empezar la quimioterapia y la radioterapia, pero no recibió tratamiento ni del área de Ginecología ni de Oncología. Ana María quería volver a casa con sus tres hijos. Cuando nació el menor de ellos, los médicos no le practicaron la ligadura tubaria que había solicitado. A pesar de la insistencia de la paciente, el Comité de Bioética del Iturraspe desestimó el pedido y la obligaron a continuar con su embarazo hasta el 26 de abril de 2007.

Según documentos de la Multisectorial de Mujeres de Santa Fe, describieron: “Según detalla la historia clínica, se encontraba en estado pre-mortem, con insuficiencia respiratoria y falla de órganos internos, por lo que se le practicó una intervención quirúrgica –que los médicos llamaron cesárea– a las 22 o 23 semanas de gestación. Nació una beba que sobrevivió menos de 24 horas. Luego de la intervención, pese a su crítico estado de salud, Ana María recibió tres sesiones de quimioterapia que minaron aún más sus defensas, y finalmente murió el 17 de mayo de 2007, sin haber tenido la oportunidad de pelear por su vida”.

Su muerte y la de su bebé marcaron un punto de inflexión en el sistema de salud santafesino y en el debate sobre el cumplimiento efectivo del artículo 86 del Código Penal. “Ni una muerta más. Que nunca más le pase a ninguna lo que le pasó a mi hija”, dijo Norma once años después, en la plaza que lleva el nombre de su hija, ubicado en la esquina del hospital donde en la impotencia la vio morir. Pero ya no está entre paredes grises y autoridades que no le responden. Los hijos de Ana María la siguen de cerca, con los pañuelos verdes puestos alrededor del cuello. Adolescentes, jóvenes, adultas y mujeres mayores se acercan a ella. La abrazan y le muestran el mural que vuelven a pintar por décima vez. Los números de teléfonos de las socorristas se pintan cada vez más grandes en las paredes del hospital, más fuertes. Como los cantos para que el aborto sea legal, en el hospital, en cualquier lugar.

En 2015 Norma se pone para la foto que le piden los medios locales en Tribunales. Nunca sonríe, la mirada la mantiene arriba, fija. El pañuelo de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito lo tiene desde hace años, colgado del cuello o de la cartera en cada oportunidad, cada vez que le hacen una entrevista. Ese año, el gobierno provincial firmó un convenio de reparación con los padres de Ana María y recibieron disculpas públicas.

En el debate en Diputados de 2018, Norma participó como oradora. En Santa Fe, después, contó: “No sé qué cabeza tenían con la conciencia que ellos tuvieron. A Ana María no la mataron en uno o dos meses, a ella la mataron en un año y nueve días. Me la asesinaron en ese tiempo. Cuando ella murió éramos tres o cuatro nomas, entre nosotros que somos la familia y la sectorial de mujeres de acá de Santa Fe. Ahora vemos que hay muchas. Estoy muy emocionada y agradecida. Vamos a seguir en la lucha para que ni una mujer más muera como Ana María. Voy a luchar por todas las mujeres que son pobres para que no les pase lo que le pasó a ella, que nadie deje chicos sufriendo esperando a su madre como hacen mis nietos”.

*nota informe publicada en Periódicas el 28 de mayo de 2018

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Por Lautaro Manuel* / Foto por La Tinta

En agosto del 2017, vecinos y vecinas de los barrios aledaños a la fábrica, presentaron un Amparo Ambiental en contra de la contaminación e instalación ilegal de la misma, marcando un precedente histórico que al día de hoy mantiene expectante a gran parte de la comunidad cordobesa. La denuncia recae principalmente en el Ministro de Energía y Minería de la Nación, organismo estatal encargado de la regulación adecuada de la empresa, la cual presenta el carácter de codemandada.

Porta Hnos. produce 300.000 litros diarios de bioetanol y no presenta EIA (Estudio de Impacto Ambiental). Tampoco convocó a una audiencia pública para su instalación. Debido a reiteradas denuncias por parte de las y los vecinos, en 2014 la justicia provincial ordenó una pericia química ambiental de la que participaron representantes de la Red Universitaria de Ambiente y Salud (REDUAS). Esta pericia confirmó que los fermentadores de la planta liberan contaminantes químicos como formaldehído, tolueno, xileno, hexano, ácido acético, etanol y otros, los que también fueron detectados en muestras de aire recogidas en las calles de Bº San Antonio. En el ‘’Informe Estudio de Salud Ambiental de Barrio San Antonio y Residencial San Antonio’’, realizado en el año 2016 por la misma Red, se comprobó la presencia de abortos espontáneos, distintas enfermedades como cáncer, enfermedades respiratorias, oculares y dérmicas, cefaleas y un gran etcétera, que se reúne en lo que se le llama ‘’Síndrome de Sensibilidad Química Múltiple’’.

En cuanto al impacto psicológico que tiene la problemática sobre la población, el escrito “Significaciones sobre las condiciones de vida en B° San Antonio por parte de sus pobladores/as en impactos en en las subjetividades’’ realizado por Julio Muro, docente de la Facultad de Psicología de la cátedra de Psicología Comunitaria, da cuenta de las “condiciones de padecimiento, que producen sufrimiento psíquico, malestar, impotencia, sensación de inminencia de enfermedad y muerte por convivencia y relación con quienes ya manifiestan orgánicamente distintas enfermedades y/o han fallecido por causas relacionadas a la presencia de tóxicos en el aire’’.

A lo largo del mes de agosto de este año, se llevaron a cabo acciones pacíficas en las veredas de Tribunales Federales N° 3, en las que las vecinas con su reiterada presencia dejaron un mensaje claro: “Para nuestros cuerpos no hay más tiempo’’. Sin embargo, a pesar de hacer llegar esta consigna a Vaca Narvaja, la sentencia todavía no llega, pero la espera no sigue sin ser paciente.

Retomando la consigna que hace 6 años unificó a distintos sectores de la comunidad cordobesa, logrando el cese de la instalación de la fábrica de la multinacional Monsanto-Bayer en la localidad Malvinas Argentinas, el festival por una Primavera sin Porta, nuevamente buscará ser una mensaje para visibilizar el repudio ante la indiferencia estatal (municipal, provincial y nacional). Haciendo hincapié en el derecho humano a vivir en un ambiente sano, según lo dicta el artículo 41 de la Constitución Nacional, se espera que esta acción sea la última en el marco de un fallo que determinará la vida de muchas familias.

* Publicada en Enfant Terrible

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