Distintos operativos de las fuerzas de seguridad intentan reprimir las protestas frente a las políticas de ajuste del gobierno.

Efectivos de la Gendarmería ingresaron ayer al predio donde estudiantes y profesores mantenían una toma pacífica, desde hace tres meses, en la sede del Vicerrectorado de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN). La protesta, se realiza en el marco del plan de lucha definido por las universidades nacionales contra el ajuste,  del gobierno de Mauricio Macri, que las afecta. La Gendarmería desalojó violentamente con balas de gomas, gases lacrimógenos y camiones hidrantes el lugar.  La orden de desalojo del  juez federal Hugo Greca fue la respuesta a la denuncia penal del rector Juan Carlos Bellos. En el Día Internacional de los Derechos Humanos y a 35 años de la recuperación de la democracia en la Argentina,  11 personas quedaron detenidas y luego fueron liberadas.

El secretario general de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) también se refirío a la políticas represivas del gobierno nacional,  “un ajuste de estas características, convertido ya en un saqueo nacional, solamente se podía tolerar con mayor represión”.  “Si hay alguien que no quiere que haya desbordes o estallido social, somos nosotros porque la historia demuestra que en la mayoría de esos hechos los muertos son nuestros”, sostuvo Esteban “Gringo” Castro. “El Gobierno tiene que resolver los problemas y dejar de plantear problemas relacionados a la seguridad, cuando el tema es el saqueo que se está generando en nuestro país”, añadió. Castro cuestionó el nuevo protocolo del accionar de las fuerzas de Seguridad y consideró que “el Gobierno se quedó sin discurso”.

El mismo día en que UNICEF publicó su informe sobre “Pobreza Monetaria y Privaciones no Monetarias en la Argentina”, que reveló que el 48% de los niños y niñas viven en situación de pobreza,  se realizó un abrumador operativo protagonizado por la Infantería de la Policía de la Ciudad. Un intento por impedir el acampe que pretendían realizar unas 15.000 personas organizadas en una veintena de organizaciones sociales, en las puertas del Ministerio de Desarrollo Social. La medida se replicó en 19 provincias del país.

Eduardo Belliboni, vocero del Polo Obrero, denunció que “nos impiden manifestarnos. El Cuerpo de motos ingresó a nuestras columnas y golpeó a nuestras compañeras y tiró gas pimienta. Con este brutal operativo nos quieren impedir que nos manifestemos y que nos reunamos con nuestros compañeros que están en el Ministerio, donde vamos a reclamar por la situación de los planes sociales”.

Un gran operativo de seguridad en la estación de subtes de Constitución,  para impedir que las y los manifestantes llegaran hasta el Ministerio,  provocó la interrupción del servicio y con ello la bronca de miles de usuarios en el final de la jornada laboral.

Sin embargo el acampe se instaló y las organizaciones se retiraron 20 horas después, una vez que funcionarios aceptaron tratar alguno de las demandas en una reunión para esta semana. La situación culminó con el pago de un bono de fin de año, equivalente a la mitad de lo que perciben mensualmente, 3.000 pesos.  Esta asistencia adicional alcanza a unas 450.000 personas  que reciben el Salario Social Complementario y el programa Hacemos Futuro y otros planes menores. Sin embargo, desde las organizaciones sociales sostienen que ya estaba acordado un extra de 1.000 pesos.

La disputa,  frente a la cartera liderada por Carolina Stanley,  empalmó con la resolución del Ministerio de Seguridad, liderado por Patricia Bullrich, tendiente a flexibilizar las atribuciones de los agentes policiales para el uso de armas de fuego. Una resolución que refuerza  al aparato represivo y que el gobierno apuesta a capitalizar en el plano electoral pero que no alcanza para ocultar la profundidad de la crisis social.

El jueves, efectivos de la Policía bonaerense reprimieron a los trabajadores de la Planta II , de la avícola Cresta Roja. Desde hace dos semanas, las y los trabajadores despedidos,  a los que la nueva gestión de Tres Arroyos prometió reincorporación, protestan en las puertas frente a la planta  ubicada en avenida Fair al 2800, partido de Esteban Echeverría.

La CTA-A expresó su más profundo repudio a la resolución 61156527 del Ministerio de Seguridad firmada por su titular, Patricia Bullrich, que autoriza a las fuerzas federales que se encuentran bajo su órbita al uso de armas de fuego en “caso de peligro inminente de muerte o de lesiones graves”.

Esta decisión, firmada el lunes 26 de noviembre, no fue publicada en el Boletín Oficial lo que constituye un deliberado intento de ocultar a la población esta medida que representa una franca amenaza para las organizaciones populares y la ciudadanía en general. El empleo de armas de fuego por parte de las fuerzas represivas ha tenido en la historia argentina un desenlace trágico y ha significado para nuestro pueblo pérdida de vidas que el gobierno de Macri parece querer volver a reeditar.

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El mismo día que el presidente anunciaba la baja en el índice de pobreza, distintas organizaciones sociales y sindicales se movilizaron en dos acciones distintas por el sostenimiento de planes sociales y políticas de empleo genuino.

El gobierno de Mauricio Macri quiso anunciar una buena noticia de su gestión de gobierno. El dato, en términos concretos, dice que 1.900.00 personas dejaron de ser pobres y 600.000 salieron de la línea de indigencia en el segundo semestre de 2017. De todas formas, un dato preocupante reflejado en La Nación, refiera a que aún “El 39,7% de los chicos menores de 14 años son pobres”.

¿Bajó la tasa de pobreza durante 2017? Sí.

¿Es comparable este 25,7% con el 32,2% de abril de 2016? No. Macri intenta disimular el salto que pegó cuando asumió.

¿Es comparable con 2015? Tampoco. Distintas series.

¿Es una baja sostenida? Los datos INDEC de 2018 sugieren que no.

— Alejandro Bercovich (@aleberco) March 28, 2018

El presidente señaló que crecieron el empleo registrado, la industria y los créditos pero lo cierto es que los trabajadores y trabajadoras informales, “en negro”, o no registrados subieron del 33,6% al 34,2% (INDEC). Además, se refiere a que la desocupación bajó en general, pero para las mujeres aumentó del 8,4 al 8,7%. De esta forma se esconde la feminización de la pobreza.

Macri realizó el anuncio acompañado por la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley. Entre las hipótesis, se la nombra como una posible candidata para la vicepresidencia en caso de que Cambiemos apueste a la triple reelección de Macri, Larreta y Vidal. También el ministro Jorge Triaca, de la cartera de Trabajo, acompañó la “buena noticia”; el gesto responde a la buena “performance” del ministro en el cierre de paritarias por debajo del 15%, como exige el gobierno.

Jornada de movilizaciones

Mientras el gobierno anunciaba el retroceso de la pobreza, dos movilizaciones se preparaban en el centro de la Ciudad para desmentir esas cifras y denunciar los anuncios, porque los recortes en las políticas sociales y asistenciales, como las medidas económicas implementadas por el gobierno, no solo no resuelven la pobreza sino que, por el contrario, se incrementan familias sin trabajo y la demanda en los comedores populares.
Dos semanas atrás, bajo la consigna “Sin trabajo no hay futuro”, distintas organizaciones sociales rechazaron la propuesta del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, referida a la eliminación de los programas sociales “Ellas Hacen”, “Desde el Barrio” y “Argentina Trabaja”, con la idea de amparar a todos los y las beneficiarias en un nuevo programa llamado “Hacemos Futuro”.

“Sí al trabajo, no al ajuste”

En el día de ayer, se desarrollaron dos movilizaciones con un similar objetivo: denunciar las políticas del gobierno y reclamar por trabajo digno y genuino para los sectores populares.

Desde las 11 de la mañana, y convocada por el “Triunvirato Piquetero” (CTEP, la CCC y Barrios de Pie) se comenzaron a agrupar trabajadores y trabajadoras de la economía popular de toda la región metropolitana con el lema “Sí al trabajo, no al ajuste” para marchar hacia el Ministerio de Trabajo. Esta acción se replicó en las delegaciones en todo el país y como señalan las y los organizadores, en CABA fue acompañada “por representantes de la Juventud Sindical, ATE, CTA, SUTEBA, La Corriente Federal, AEFIP, Polo Obrero, MST, FPDS y FOL”, mostrando un importante arco de unidad en las calles con el objetivo de “exigir al gobierno que cumpla su palabra de no recortar los programas de trabajo que dejarían sin sustento a miles de familias de los sectores más vulnerables del país”.

El acto en las inmediaciones del Ministerio de Trabajo contó con la participación y la palabra de todas las organizaciones presentes. Según expresó Esteban “Gringo” Castro, secretario general de la CTEP en el cierre, fue la primera vez que hay más voceras que voceros.

Entre las organizaciones que acompañaron la movilización y fueron parte del cierre, Dina Sánchez, vocera del Frente Popular Darío Santillán saludo la jornada de lucha y advirtió que “vendrán muchas más si este gobierno sigue insistiendo en hacer oído sordos a los reclamos de todos y todas los trabajadores y trabajadoras de la economía popular”. “Hoy volvimos a salir a la calle en unidad, como debe de ser, para denunciar a este gobierno, y su modelo de ajuste” explicó y detalló que el gobierno busca “eliminar los Programas de Trabajo Autogestivo, cuando todos y todas sabemos que es una fuente laboral para miles de personas”. “Estamos convencidos que sin trabajo no hay futuro”, concluyó.

Castro, por su parte, en el cierre del acto denunció que “hoy el presidente Macri va a plantear que bajó 2 puntos la pobreza, no le creemos nada. Si bajó la pobreza en este país es porque subió la indigencia, que no sean miserables, que no nos mientan en la cara”. Además adelantó que de no resolverse las situaciones denunciadas, en la segunda semana de abril se realizará una “jornada nacional de lucha” junto a las organizaciones sindicales.

No al recorte salarial. Apertura de los programas de trabajo

Aunque algunos medios de comunicación masiva intentaron instalar la idea del caos de tránsito en la ciudad, lo que aconteció es que no solo hubo demandas al gobierno nacional, sino que alrededor de 4 mil personas nucleadas en las organizaciones y cooperativas de trabajadores y trabajadoras precarizadas de la ciudad, llevaron adelante una intensa jornada contra las políticas del gobierno que encabeza Horacio Rodríguez Larreta.

Es así, que desde las 7.30 se desarrolló un corte parcial en la intersección de las avenidas Callao y Corrientes, convocado por MTR Votamos luchar, Movimiento Barrios de Pie, Frente Salvador Herrera y la Agrupación Germán Abdala de la CTA-A, Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), Polo Obrero, Agrupación Clasista Lucha y Trabajo, Movimiento Resistencia Popular, Agrupación Villera Piquetera y la Federación de Organizaciones de Bases (FOB), para visualizar la compleja situación que atraviesa el sector. Sebastián Zubizarreta, del FOL, aseguró que “Por tercer año consecutivo, el gobierno porteño pretende reducir los salarios de nuestros compañeros y compañeras de por sí precarios, que van de 4 mil a 8 mil pesos, es decir que además son salarios que están por debajo del Salario Mínimo, Vital y Móvil”. Esto, en respuesta a la propuesta del 15% en cuotas para el sector, representando una suma muy insuficiente.

En ese marco, alrededor de las 11 hs. las organizaciones y las y los cooperativistas se movilizaron al Ministerio de Espacios Públicos para exigir la apertura de programas de trabajo, además de que “Se pueda cumplir la Ley de Basura Cero en la Ciudad de Buenos Aires que desde su aprobación no llega a los barrios más humildes”, aseveró Zubizarreta.

Además, se entregó un petitorio con propuestas de trabajo, incluyendo ampliación de las cuadrillas de recolección de residuos, creación de puntos verdes, capacitaciones, entre otros puntos, con el fin de abrir mayores puestos de trabajo, además de abordar un tema complejo en los barrios más humildes en relación a los residuos.

Finalmente, Zubizarreta aseguró que “Rechazamos el discurso del gobierno de la ciudad que dice que ya no hay posibilidades de ampliarlos programas de trabajo, ya que es  el distrito con mayor presupuesto del país, donde no hay emergencia o dificultad presupuestaria y donde estamos hablando que se cumplan leyes existentes”.

El gobierno recibió las propuestas en lo que será, sin duda, una etapa más de un año complejo y de profundas exigencias por los sectores populares, cada vez más golpeados por el ajuste de Cambiemos.

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Ayer se llevó adelante el Migrantazo, impulsado por la campaña Migrar No Es Delito, bajo la consigna “Migrar es un derecho humano, la salud y la educación también”. Se exige la anulación de un decreto presidencial por considerarse xenófobo y estigmatizante.

A eso de las 15hs en la Plaza de los Dos Congresos. Escondidos entre colectivos estacionados y multitudes docentes en desconcentración, se empezaban a juntar las y los participantes de lo que sería la segunda jornada de lucha organizada por la campaña “Migrar No Es Delito”. Hacía poco más de un mes que en esa misma plaza había tenido lugar su lanzamiento público. Migrantes latinos de todo el continente, fundían el reclamo por la derogación del decreto presidencial 70/2017 que permite al Estado argentino tomar medidas judiciales express para la deportación de población migrante de manera arbitraria.

El miércoles pasado en la mutual Sentimiento del barrio de Chacarita, se realizó una reunión abierta de casi un centenar de personas para conversar sobre la reciente propuesta discriminatoria impartida por sectores del radicalismo, integrantes del frente Cambiemos. Gerardo Morales abrió la discusión sobre arancelar la salud para la población migrante, por lo menos en la provincia de Jujuy donde oficia de gobernador. Posteriormente el diputado nacional por el mismo partido, Luis Petri, presentó un proyecto de ley en el congreso nacional para arancelar tanto la salud como la educación a nivel país. Más allá de que finalmente el polémico proyecto de ley no prosperó, el debate ya se encontraba abierto. De la reunión convocada nació la necesidad de expresarse, de movilizarse.

“Teniamos que desmentir los argumentos que el gobierno utilizó. El trabajador migrante, humilde, que vive en los barrios, que viene a trabajar, que sostiene la agricultura, la economía de su familia, que trabaja precarizado, no es el que se está choreando la plata. Nosotros y nosotras tenemos todos los derechos de percibir los servicios sociales, de salud y educación porque también somos parte de la población que aporta al mantenimiento de esos servicios. En eso el gobierno está perdido, quiere culpar a gente que no tiene que culpar, quiere quitarle recursos a quien no hay que quitarle recursos. Es lo que venimos viendo en varios ámbitos de la sociedad”, nos expresó Pablo Cossio, integrante de origen chileno del Bloque de Trabajadorxs Migrantes (BTM)

Migrantazo

Pasadas las 16 hs, comenzó el evento programado. Se formó un semicírculo entre las principales columnas de organizaciones como el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el Polo Obrero, Barrios de Pie. “En el fondo lo que quieren hacer es que una persona tenga que pagar por utilizar los servicios públicos en la Argentina, ir en contra del sistema universal de salud. Es nada más y nada menos que la privatización del sistema, primero vamos a empezar pagando nosotros, después lo vamos a hacer todos”, afirmó Juan, trabajador boliviano, micrófono en mano delante de la multitud. En diálogo con él, nos comentó jocoso “En la campaña estamos expresados casi todos los países latinoamericanos, creo que nos falta Guyana Francesa, nada mas. Las asambleas son buenísimas porque hay tonos de todos lados”. Además, agregó que “Nosotros empezamos a plantearnos de otra forma, estamos hablando de la necesidad de un paro migrante, el pedir que no nos discriminen, el acusar al otro de ser malo, realmente no funcionó. Mirá, todo lo que nosotros hacemos acá, todo lo que servimos, todo lo que aportamos en esta economía, en esta sociedad, eso se tiene que reconocer. Queremos ser parte de la discusión sobre la política migratoria”.

En una de las última intervenciones nos habló Chana del movimiento centroamericano “2 de Marzo”, organización formada a partir del asesinato de la militante feminista e indigenista Berta Cáceres en Honduras. Ella conforma el espacio “Ni una migrante menos” al interior del BTM: “Entendimos que hay una gran feminización de la migración a nivel latinoamericano y nosotras sufrimos bastante toda la discriminación y xenofobia, siendo nosotras las que estando a cargo de los cuidados, tenemos que acudir los hospitales públicos y las escuelas con nuestros hijos. Muchas compañeras no se están animando a ir a los hospitales por la situación discriminatoria, otras de interactuar con las docentes y directivos de los colegios”. Y sentenció que “Todo apunta a desorganizarnos como migrantes. No nos quieren echar, nosotros somos una parte importante de la producción nacional, nos quieren precarizar. Es un paquete neoliberal”.

Cerrado el evento, las columnas se desplegaron en una vuelta a toda la plaza Congreso, se marchó agridulce. Se sentía la alegría de ver como la cosa estaba creciendo, tomando voz y forma, haciéndose cada vez más grande. A veces las coincidencias atacan, será que cuando estamos hablando de una cosa, en realidad estamos hablando de todo. Esa misma tarde se sentenció la extradición a Chile del mapuche Fernando Jones Huala, en fin. Seguimos hablando de fronteras.

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