Por Gabriel Casas / Foto por Gustavo Garello

“Esto es herencia, herencia y herencia. Por más que me saquen a mí de la tribuna, otro va a ocupar mi lugar. Así no van a solucionar la violencia en el fútbol”, decía hace años el sociólogo barrabravista Rafael Di Zeo, jefe de La Doce de Boca. Y hay que darle la razón a alguien que conoce bien de adentro el entramado del armado de las barras bravas que ahora tienen en vilo al gobierno de la provincia de Buenos Aires y al de CABA con la interna feroz y salvaje en la vereda de enfrente: la de River.

Es que las barras nunca se fueron. Siempre estuvieron adentro de la cancha o desde afuera manejando su negocio por sus jefes. El gobierno de María Eugenia Vidal pone en su publicidad de la campaña electoral la lucha contra los barrabravas como uno de sus logros de gestión. Eso de la aplicación del derecho de admisión para dejar afuera de los estadios a los integrantes más conspicuos. Son los que tienen causas judiciales. Una engaña pichanga. Esconder la basura debajo de la alfombra.

Por más que los jefes no puedan ingresar, siguen manejando todo desde afuera. Recaudan con los puestos de comida en los alrededores (algunos directamente son suyos o reciben el canon que les “corresponde”), los estacionamientos de los autos en las calles linderas, la reventa de entradas que le bajan desde el propio club e incluso sus incursiones en el narcotráfico. Todo en connivencia con la policía de cada jurisdicción.

Pero ahora que están asustados por la repercusión (en la previa de dos River-Boca por la Copa Libertadores que conmocionan no solamente al ambiente futbolero) salen a cazar barras y también aplican la represión policial en el ingreso o el egreso de los estadios. Cualquiera que vaya a un estadio en la provincia de Buenos Aires sabe del trato inhumano a los hinchas “comunes”. Siempre salen a la luz en videos que registran los propios simpatizantes. En especial en la zona sur. Entonces, como un involucrado es el primo del ex futbolista millonario Jonathan Maidana, al que lamentablemente le destrozaron la pierna de un disparo, los medios se hacen eco de la brutalidad policíaca.

Y, por otro lado, están los relatos: tomamos con normalidad que se hable con tanta liviandad de “barra oficial” o de “barra disidente” en todos los medios hegemónicos.  Si hay una barra “oficial” es porque los dirigentes de ese club (por medio de un allegado para tal cuestión) deciden a dedo a quién darle el dinero y las entradas para la reventa. Y la “disidente” es la que quedó afuera del negocio y lo quiere recuperar. ¿Y cómo se dirime entre ellos? En emboscadas y a los tiros con un arsenal a disposición.

Los borrachos del tablón y la jarra rota

Después de que cayó en desgracia Caverna Godoy, en la previa a la final del superclásico que nunca se jugó en el Monumental (por eso mismo), hubo una especie de vacío de referencia en la barra de River. La fracción de “Los del Oeste” y que nuclea también a bravos de otros lugares, que fueron los que manejaron la barra en los noventa, ingresaron dos horas antes a la popular del estadio de Lanús con su cotillón y pusieron la bandera que dice: “Nosotros somos la historia”. Sus rivales de la oficial (de la localidad de Budge) sabían de la movida –lo sabemos, entre ellos todo se sabe– y fueron armados hasta los dientes para impedirlo. Ahí los detuvo la policía y salió la noticia que repercutió en todos los medios periodísticos. Después, sobre la hora del inicio del partido (recordemos que fue un miércoles, día laborable) se desató la agresión descontrolada con los hinchas “comunes” que querían ingresar,  que las fuerzas de seguridad (como siempre) no supieron cómo manejar y lo hicieron (como siempre) cumpliendo órdenes de violencia y cometiendo excesos. Por cierto, el partido se jugó igual. Porque, ante todo, “el show debe continuar”. Y después, el titular del Aprevide, Juan Manuel Lugones (designado por Vidal y el ministro de seguridad Cristian Ritondo), tiene la máscara o el tupé de salir a declarar que el operativo de seguridad fue “exitoso”. Diez hinchas “normales”, con sus entradas, todavía están detenidos hasta el martes, muchos de ellos, incomunicados, lo que es totalmente ilegal.  Los acusan de resistencia a la autoridad. Mientras que 49 de los 51 barrabravas apresados de la fracción de Budge salieron en libertad el día siguiente.

En otro rapto de “lucidez”, Lugones declaró que el operativo había sido “exitoso” y que “se evitó una tragedia mayor”. Respecto del accionar policial y los heridos graves el funcionario optó por pensar en policías “desmadrados”, tal como se acostumbra en las represiones y prometió: “La auditoría de asuntos internos está trabajando y no quedará impune si algún policía manchó el uniforme. El policía que manche el uniforme queda afuera”. No sabemos aún qué será manchar el uniforme en una fuerza de seguridad que nos tiene acostumbrados al gatillo fácil y a la represión.

Pero eso no es todo, con amenazas de “concretar lo que no habían podido” en la Copa Argentina, la idea de un enfrentamiento en el Monumental estaba latente. De eso se agarró el fiscal Jorge Griego para realizar 28 allanamientos el domingo por la mañana en la previa del partido contra Vélez. El resultado: detenidos (los mismos liberados el jueves anterior), armas, drogas y trapos por doquier.

¿Dónde se ubican las y los hinchas en esta situación? ¿Las y los hinchas de verdad, es decir, la mayoría? Ayer, por temor a un posible enfrentamiento de barras, el Monumental no lució ni de cerca la cantidad de público que puede convocar para un partido tan atractivo como lo era River-Vélez. Ellas y ellos son quienes tienen que compartir tribuna y desde hace muchos años la cancha de River es un lugar hostil para muchas y muchos hinchas, incluso cuando la cancha propia era lugar seguro para locales.

Es cierto que, también, para algunos hinchas (en su mayoría, varones) hay cierta fascinación por los capos bravos. Se sacan fotos con ellos (como si fueran futbolistas o entrenadores) y las suben a sus redes sociales. Cuando van de visitante (en especial al exterior del país), esos hinchas se sienten más protegidos cuando ven a su lado a los bravos. Porque, también es cierto, saben que ellos son los primeros que van a responder ante presuntas agresiones de hinchas rivales o de la policía de otros países.

Esto es un problema sin solución sin una verdadera voluntad política desde el poder para terminarlo. No le conviene a nadie. No lo hizo el kirchnerismo tampoco. Es más, avaló la organización de Hinchadas Unidas Argentinas (HUA) y los jefes de varias barras fueron premiados con el viaje al Mundial de Sudáfrica 2010. Y hasta Cristina trató de “buenos muchachos” a los que se subían a los paravalanchas.

“El poder es tener los teléfonos del poder”, filosofaba también Di Zeo por aquel tiempo en el que estuvo preso o prófugo. No le atendían en su momento los teléfonos, pero recuperó la conexión con Daniel Angelici y Mauricio Macri. Como también en su momento lo usaría Caverna Godoy con Rodolfo D’Onofrio o sus allegados. Ellos se aprovechan de la hipocresía de los dirigentes de los clubes (también a algunos los tienen como rehenes porque amenazan a sus familias) y de los partidos políticos. Y después surge la indignación cuando queda todo expuesto en los medios. Y también usan la hipocresía la gran mayoría de las y los periodistas deportivos porque los conocen a todos y nunca hicieron nada para denunciarlos. Ya que también “violencia es mentir”.

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En días pasados, la noticia del asesinato de un oficial del Grupo Halcón de la Policía Bonaerense en un allanamiento en Laferrere puso al descubierto los lazos que unen delito y policías, que han estado al servicio de la represión comandada por la clase política.

El 26 de Junio del 2002 en el Puente Pueyrredón de la Ciudad de Avellaneda, al sur del conurbano bonaerense, se desataba una salvaje represión ordenada por el Gobierno Nacional y de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Eduardo Duhalde y Felipe Solá respectivamente. En aquella ocasión, en la estación de trenes de esa ciudad eran asesinados, luego de una cacería humana Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, que junto a otros y otras miles, protestaban por la falta de trabajo.

Las balas asesinas y obedientes a las órdenes del poder político del Estado, también hirieron a más de cuarenta personas. Los uniformados además aprovecharon la oportunidad para detener y torturar en las comisarías de la zona a centenares de personas, de manera tal de completar una especie de plan sistemático orientado a disciplinar al movimiento popular que reclamaba por la situación social, económica y política que estaba dejando sin trabajo a millones de personas.

Ese trágico día, el ahora ex-comisario provincial Alfredo Fanchiotti (condenado a cadena perpetua por las ejecuciones), encabezó un equipo de cobardes asesinos entre los que se encontraba el ahora ex-sargento de la bonaerense Carlos Leiva, padre de Alan Leiva, el joven de 22 años que hace algunos días perdiera la vida en un enfrentamiento armado con el grupo Halcón de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, durante un allanamiento en su domicilio de la localidad de Gregorio de Laferrere, en el partido de La Matanza. En el transcurso de ese procedimiento, Leiva (Alan) asesinó al oficial subinspector Leonardo Alfaro, ante la irrupción de los policías que cumplían una orden judicial por “amenazas agravadas”. Luego, también, se lo vincula a bandas que desarrollaban distintas clases de delitos, entre ellas el narcotráfico.

De tal palo…

Carlos Leiva es el ejemplo más burdo de cómo se entrelazan los mezquinos intereses de la corrupción y el delito con el cumplimiento de las órdenes del Estado para la realización de “trabajos sucios” a través de una fuerza policial. En la conocida Masacre de Avellaneda, Leiva actuó de civil, infiltrándose entre los manifestantes para posteriormente disparar contra ellos. La cacería comandada por este asesino, que recorrió la avenida Mitre de esa ciudad, derivó más tarde en el allanamiento ilegal del local de Izquierda Unida que quedaba a unas cuantas cuadras del Puente Pueyrredón. Luego de este hecho, estuvo prófugo hasta que fue detenido para cumplir la condena por la represión. Y en el 2007 salió en libertad.

Posteriormente, ya exonerado de la policía, formó una banda dedicada a los secuestros extorsivos conocida como “la banda de la autopista” y entre los integrantes también se encontraba su hijo Alan. Por el secuestro de un cantante de cumbia fue condenado a once años de prisión. Hoy, tal vez llore, o no, a su hijo asesinado por los integrantes de la fuerza policial que lo cobijó durante años.

Claro contraste con la realidad expuesta por Darío Santillán y Maximiliano Kosteki: hoy se los recuerda con gloria y se los reivindicará con honores desde miles y miles de gargantas que gritan sus nombres y los hacen presentes.

Control social

Es paradigmático observar cómo estas runflas de personajes siniestros “sirven” para el desarrollo de las políticas de control social esgrimidas desde las más altas esferas del Estado y que son ordenadas por los dirigentes de la clase política. La represión y el delito como los robos o el asalto, el narcotráfico, el secuestro, la trata, parecen ser necesarios a la hora de generar miedo y distracción en la sociedad. Una distracción que le permite a las clases políticas saquear desconsideradamente las riquezas del país para engordar los intereses de pequeños sectores cada vez con más ganancias, mientras el pueblo empobrecido debe cuidarse de los peligros de la vida cotidiana.

Un miedo, que si bien se desarrolla a través de la coordinación delictual de bandas donde la policía y otras instituciones del sistema participan, está orientado a generar una demanda social. Esta demanda apunta a pedir mayor presencia policial cada vez en más lugares, sin advertir que el delito está permanentemente asociado a los agentes que el común de la sociedad piensa que los cuida.

Es por esto que existen los Carlos Leiva dentro de este sistema de opresión. En este caso para los trabajos sucios, pero sin ninguna duda existen para generar cada vez más miedo en nuestra sociedad. Una sociedad que se debate entre reclamar más presencia policial o armarse, asesinar o linchar a “los otros”, como caminando sobre la delgada línea que nos separa del enfrentamiento pueblo contra pueblo.

La estrategia del miedo le viene funcionando muy bien a este sistema. Es la mayor herramienta de control en esta sociedad. Por eso, luchar contra el miedo es luchar contra estos personajes, contra quienes les imparten las órdenes, y a favor de la libertad y la justicia.

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El asesinato del policía Lucas Muñoz, un nuevo hecho que conmueve a Río Negro y que devela complicidades policiales, judiciales y políticas que salpican hasta al Gobernador. Frente a la falta de justicia, también hubo marchas y escrache.

Un nuevo hecho pone en primera plana una vez más el accionar de la Policía de la provincia de Río Negro. Esta vez la tragedia recayó sobre un efectivo de la propia fuerza policial, lo que parece mostrar que hay una compleja trama que no solo castiga a los sectores más pobres, tal como venimos contando, sino que recae sobre las propias internas.

El sábado pasado se realizó una nueva marcha en Bariloche en demanda de justicia por el crimen del oficial de policía Lucas Muñoz, y por los femicidios de Micaela Bravo y Natalia Báez, que conmocionaron la ciudad en los últimos meses. Participaron familiares, amigos, amigas y vecinos de las víctimas, en la convocatoria que partió desde la Escuela de Arte La Llave y se dirigió por Onelli, Moreno y Mitre hasta llegar al Centro Cívico. A la movilización se sumó un escrache a los polícias implicados en el caso Muñoz, con carteles que aparecieron pegados en las calles céntricas de Bariloche.

Desaparición y asesinato del policía Lucas Muñoz

El viernes 12 de agosto despidieron los restos del oficial de policía Lucas Muñoz en la ciudad de Bariloche, desde donde partió hacia Ramos Mexia, su lugar natal, una localidad de 1000 habitantes, en la provinicia. El jóven policía Lucas Muñoz desapareció el 14 de julio en Bariloche, cuando se dirigía a tomar su guardia en la Comisaría 42. Salió de su casa y no se lo volvió a ver. Frente a su ausencia y la falta de diligencias para ubicarlo, su familia denunciaba que “No hay interés de la jefatura de buscarlo. Son los propios compañeros quienes realizan rastrillajes, se quedan después de hora para seguir sus pasos pero no hay órdenes explícitas de los jefes”.

En el curso de las investigaciones fueron imputados y detenidos policías, por sus implicaciones en el caso, mientras la trama llega hasta las cúpulas policiales y envolvió a varios jefes que fueran apartados. El propio gobernador intervino en el esclarecimiento del caso. La presión familiar se hizo sentir, con marchas, que se iniciaron el día 30 de julio, organizadas en medio del temor de la población por participar. El jueves 12 de agosto, al conmemorarse las 2000 rondas de Madres, en el Centro Cívico de Bariloche, junto a las Abuelas, también se pidió por juicio y castigo a los responsables de la desaparición Lucas. Después de 27 días de búsqueda, el viernes 12 de agosto, finalmente fue hallado sin vida el cuerpo de Lucas Muñoz, en un descampado en las inmediaciones de la Circunvalación de Bariloche, donde pocos días antes se hizo un rastrillaje sin resultados. Desde el colectivo Al Margen denunciaban que: esta vez no “desapareció” un joven por sus ideas, sino al parecer por saber algo del lado oscuro de la policía.

Quizás el caso más resonante mediáticamente fue el de Daniel Solano oriundo de Tartagal, que en noviembre de 2011 desapareció de un boliche. El joven había llegado a Choele Choel a cosechar fruta tras permanecer desaparecido, fue encontrado asesinado. El de Daniel Solano no es un hecho aislado. Hay otros casos de jóvenes desaparecidos y asesinados, en los que existen tramas vinculadas a la trata de personas, la violencia policial, la estafa empresarial y la impunidad judicial y política.

Ninguna casualidad

El abogado Sergio Heredia, que acompaña a la familia Solano por la desaparición y asesinato de Daniel, en declaraciones para Radio Encuentro de Viedma ratificó su postura crítica respecto del rol que viene jugando desde hace mucho tiempo la fuerza de seguridad en la provincia, y fue claro: “No hay que dejar que la policía participe en la investigación del caso Muñoz”. Recordó que el Oficial Daniel Irusta, recientemente detenido en el marco de las acciones judiciales por la desaparición de Lucas Muñoz, fue encubridor principal de los policías que asesinaron a Daniel Solano y de quienes dieron la orden, los dueños de Agrocosecha. Agrega: “Irusta, que debió ser exonerado de la policía, acaba de ser detenido en la causa Muñoz con sospecha de que también haya encubierto el accionar de policías”. El abogado Heredia afirma que la policía es un engranaje fundamental de actividades delictivas, que tiene una protección especial que le otorga la Ley Orgánica que no pudo ser modificada durante el gobierno de Wereltineck y que avala que sucedan estas aberraciones ya que un policía recién puede ser exonerado de la fuerza ante una condena firme. En ese sentido, afirmó: “Los policías tienen en esta provincia una protección que no tienen en otras provincias”

Policía, violencia y algo más

Cada año, miles de trabajadores temporarios viajan a Choele Choel, el pueblo donde nació Rodolfo Walsh, a cosechar fruta. El joven, de Tartagal, Daniel Solano visto por última vez allí en noviembre de 2011, es uno de los tantos que se desplazan a distintas localidades de la provincia.

En la Patagonia la policía tiene permiso para salir de cacería: detienen, golpean, desaparecen y matan a pibes. Sus familias buscan justicia y no la encuentran. Algunas causas judiciales están paralizadas. En otras se han desestimado pruebas contundentes que determinan el olvido del caso. Si no fuera por la lucha de los familiares la impunidad muchas veces sería ley.

Bariloche y RíoNegro aún tiene en el más fresco recuerdo el caso de Diego Bonefoi en donde la Cámara Primera del Crimen condenó a 20 años de prisión al cabo Sergio Colombil por haber baleado en la nuca al chico de 15 años. En este caso los jueces aplicaron una condena fuerte al ex cabo, pero rechazaron el pedido de perpetua de la fiscalía por considerarla inconstitucional, porque no habilita la gradación de la pena, no tiene fines humanitarios, y el condenado es joven. Así evitaron aplicar el artículo del Código Penal que castiga con perpetua a policías que cometieron un crimen semejante al de Bonefoi.

Un reclamo de justicia que se extiende en la provincia

Río Negro parece constituir un peligroso antecedente en materia inseguridad policial con un accionar repetitivo de casos en donde la fuerza se halla involucrada. Hace poco tiempo el Superior Tribunal de Justicia de la provincia le otorgaba legalidad la práctica sistemática, que se realiza contra los jóvenes de sectores vulnerables, de detener por averiguación de antecedentes. El lunes 15 de agosto se realizó un corte en rutas 3 y 23 en reclamo de justicia y esclarecimiento. Familiares de desaparecidos de la provincia se organizaron para hacer oír el reclamo de justicia en distintos lugares. Con la activa participación de familiares de Lucas Muñoz en el empalme de las rutas 3 y la 23.

Los abogados de la familia del oficial de la policía Lucas David Muñoz, pidieron al fiscal a cargo de la investigación, que el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, sea citado a declarar dado que creen puede tener información sobre un supuesto “pacto de silencio” entre uniformados.

Sin justicia, con escrache

Un afiche circula en la región con las fotos de Rodrigo Hredil, desaparecido hace un año en Las Grutas, de José Codina desaparecido el 13 de julio pasado en Valcheta y cuyo cuerpo apareció sin vida, de Daniel Solano desaparecido y asesinado en noviembre del 2011, de Lucas Muñoz desaparecido y asesinado en Bariloche y el del taxista de Allen Carlos Painevil desaparecido en el 2012. En algunos casos el reclamo está unido al pedido “por una policía no corrupta y emparentada con el delito”, como claramente sucede con el asesinato de Daniel Solano y de Lucas Muñoz. Y en todos los casos hay un reclamo de una policía y una justicia más eficiente y que responda con celeridad y sin presiones al clamor de “no a la impunidad”.

El último sábado en el centro cívico de Bariloche se realizó una marcha por justicia para Lucas Muñoz y por los femicidios de Micaela Bravo y Natalia Baez. Al mismo tiempo la zona céntrica apareció empapelada con carteles que exhiben los rostros y nombres de los integrantes y exjefes de la Policía de Río Negro imputados por el caso Lucas Muñoz. Los carteles exhiben las fotografías de cada uno de ellos y una breve reseña que explica las razones por las cuales fueron apartados, trasladados y/o detenidos en el caso. En primer lugar aparecen los tres imputados por la desaparición y homicidio del oficial Muñoz: Federico Valenzuela Campos, Néstor Meyreles y Luis Daniel Irusta. Además son señalados Manuel Poblete, ex segundo jefe de la Regional Tercera, Jorge Elizondo ex comisario de la unidad 42º donde se desempeñaba Muñoz y David Paz, ex jefe zonal del departamento de Seguridad Vial

En el país crecen día a día las acciones en donde las fuerzas policiales se hallan involucradas en actos delictivos y represivos, contra los sectores de menores recursos, contra dirigentes y luchadores sociales. Quizas la más brutal expresión fue la represión a los jubilados en el Puente Pueyrredon, hace una semana, o la detención ilegal y arbitraria de la legisladora, para el Parlasur, Milagro Sala, que ha sido repudiado dentro y fuera de nuestro país y hasta por organismos internacionales.

El reclamo de justicia de sectores organizados aparece hoy como la acción más fuerte y contundente para oponerse al accionar mafioso, vestido de uniforme policial, que parece contar con cobertura política y judicial. Mientras tanto el gobierno nacional y sus funcionarios denuncian públicamente ser intimidados y apremiados por acciones incomprobables al tiempo que se comunica un plan contra el narcotráfico, que amenaza con incrementar el descontrol policial.

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Hoy se marchará nuevamente en Córdoba para exigir justicia por las pibas y los pibes asesinados por la policía. La Coordinadora de Familiares de Víctimas de Gatillo Fácil convoca a acompañar y a gritar “basta de gatillo fácil”.

La Coordinadora de familiares de víctimas de gatillo fácil se conformó a mediados de 2014 en la ciudad de Córdoba como respuesta al crecimiento exponencial de casos de gatillo fácil y de suicidios en cárceles y comisarías. Las y los familiares se organizaron a partir de una misma lectura: no son casos aislados; y una misma exigencia: justicia por las pibas y los pibes y basta de gatillo fácil. Este martes 23, por segunda vez la Coordinadora se suma a la Marcha nacional contra el gatillo fácil que en otros puntos del país se realizará el sábado 27; el cambio en la fecha para la ciudad de Córdoba ha sido consensuado por familiares de la Coordinadora para lograr la mayor visibilidad posible.

Varias semanas atrás los rostros de las pibas y los pibes estampados en varias paredes les dieron la bienvenida a las organizaciones que, invitadas por la Coordinadora de familiares, se sumaron a darle cuerpo y contenido a la próxima marcha contra el gatillo fácil. En ese escenario y en reuniones periódicas se pusieron en marcha los esfuerzos de quienes decidimos acompañar a las madres, hermanas y familiares en la lucha que se pusieron al hombro.

En uno de esos encuentros, desde el Frente Organizado Contra el Código de Faltas, charlamos con madres integrantes de la Coordinadora sobre la importancia y el significado de esta movilización que se suma a las diversas actividades que se realizan bajo la misma consigna: ni un pib* menos.

El reclamo de justicia no se agota en los casos de pibas y pibes asesinados por la policía. Las detenciones arbitrarias, las golpizas y el armado de causas completan la figura fantasmática que amenaza como destino inevitable a las pibas y los pibes de los barrios pobres. Una de las madres denuncia que “…las detenciones arbitrarias que hay día a día no es solamente llevarlos presos: los golpean y les arman causas y así los chicos tienen que conocer complejos y cárceles…”.

Los casos de gatillo fácil son la faceta más lamentable de un tejido que se visibiliza con el accionar policial y que se sostiene con la venia de quienes gobiernan, del poder judicial y de los medios de comunicación. Así denuncian las madres de la Coordinadora que agregan una pregunta: ¿por qué a sus hijos sí y a otros no?

“Cuando es al revés, las cámaras aparecen”

En la ciudad de Córdoba, las grabaciones de las cámaras de seguridad vienen siendo utilizadas para sostener un discurso estigmatizante y justificar las políticas represivas como supuesta respuesta a una ola de inseguridad. Sin embargo, “cuando hay un hecho de gatillo fácil las cámaras no aparecen. ¿Por qué esas cámaras no aparecen? Porque cuando es al revés: a favor de un policía, de alguien que tiene un cargo importante o que tiene plata, ahí las cámaras aparecen. Cuando le toca a un pobre, las cámaras no aparecen en ningún lado, todo se borra”, cuenta una de las madres. Estas evidencias súbitamente invisibles se suman a los partes médicos distorsionados que impiden el esclarecimiento de las causas que terminan siendo guardadas. “Estamos exigiendo que las causas no se cajoneen, porque son las últimas en ser revisadas y rápidamente se quieren cerrar . A todas nos está pasando lo mismo. Hay miles de trabas (que no hay testigos presenciales, etc.), cuando a simple vista estos son casos de chicos asesinados por la policía”, agregan en vo colectiva.

“Somos madres que salimos a pedir justicia”

Las fuerzas se sintetizan en otro reclamo unificado: que desde los medios masivos de comunicación se acabe con el discurso estigmatizante, la distorsión y la invisibilización de esta lucha. “A nosotras se nos esconde; entonces por eso otra vez tomamos las calles para gritar “basta de gatillo fácil”. Los discursos estigmatizantes montados y promovidos desde los medios masivos de comunicación se escudan en un relato sobre el delito y reducen a cada pibe a una historia distorsionada sobre presuntos delincuentes. Así, las madres repudian estos aparatos que las obligan a desmentir versiones amarillistas y las enfrentan a un hostigamiento constante de comentarios odiosos que justifican la muerte con la liviandad de quienes niegan que “detrás de cada pibe hay una familia y una historia”.

Mientras tanto, en el presupuesto del gobierno provincial…

Lejos de escuchar la denuncia de los familiares y de una revisión seria de la conducta de los agentes de la Policía de Córdoba, el discurso oficial sigue subido a la ola de la (in)seguridad con más policía (más impune) en las calles. Finalizado el 2015, el gobierno de Unión por Córdoba gastó $1311 por persona para mantener jardines y escuelas primarias. Lo mismo pasó en el rubro de salud, con una inversión de $ 1734 por persona. En cambio, con una inversión de $ 2255 por habitante, el gobierno destinó más de $ 8.000 millones a copar la ciudad de policías.

Con la llegada del 2016, la situación no cambió. Al contrario, le dieron la bienvenida al año con la puesta en vigencia de un nuevo Código de Convivencia cordobés, que vino a lavarle la cara al tradicional (e inconstitucional) Código de Faltas. El cambio de nombre no significó cambios en las prácticas: del merodeo pasamos a la actitud sospechosa, del comisario, al ayudante de fiscal. Los resultados, los mismos: pibas y pibes presos, golpeadas y hostigados.

La policía sigue acechando a las y los jóvenes pobres en cada uno de los puntos de la ciudad. Sumado a los miles de detenidos por contravención mensuales, en los últimos años asesinaron con total impunidad a Brian Guaiman, Nicolás Nadal, Christian Guevara, Exequiel Avila, Miguel Angel Torres, Lautaro Torres, Matías Paneta, Exequiel Barraza, Facundo Rivera Alegre, Güere Pellico, Ivan Rivadero, David Moreno, Jorge Reyna, Rodrigo Sanchez, Ismael Sosa, Rodrigo Sanso, y ¿cuántos más?
Desde el Frente Organizado contra el Código de Faltas nos sumamos a denunciar la persecución a las pibas y a los pibes. Ni balas por la espalda ni condena extrajudicial ni justicia por mano propia. “Si cometieron un error, no merecían morir así. Nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie y menos de esa manera.” E invitamos a acompañar y a contagiarse de la coherencia y la tenacidad de la lucha de las madres y familiares de la Coordinadora de víctimas contra el gatillo fácil.

*Comisión de prensa del FOCCOF

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