El 22 de agosto era la nueva fecha en que se iba a iniciar el juicio oral y público por el asesinato del joven Nehuén Rodriguez. Suspendido por segunda vez, a pocos días de su inicio, se pospuso nuevamente la posibilidad de establecer las responsabilidades por el asesinato que intentaron ocultarse por todos los medios.

La iniciativa de su madre junto al esfuerzo de amigas y amigos, vecinas y vecinos solidarios y organizaciones del barrio logró recuperar la verdadera historia del asesinato perpetrado por efectivos de la Metropolitana.

Postergaciones continuadas

La primera fecha del juicio era el 7 de junio, que se postergó para el 22 de agosto porque no se entregaron unas pericias que hacía Gendarmería. Una instancia a la que se llega luego de la investigación que la propia familia y personas cercanas iniciaron contra la versión oficial de un accidente.

Días antes de la reprogramada audiencia del juicio oral y público se vuelve a postergar la fecha con argumentos similares: no llegaron las pericias del celular de Castagnaso (uno de los policías acusados) y un handy, hechos que el juez ya conocía y  a pesar de lo cual había decidido comenzar  porque había  pruebas suficientes. “Quieren poner trabas para cansarnos y no nos organicemos” afirma Roxana Cainzos, madre de Nehuen. Aún no se ha determinado una nueva fecha para dar comienzo al juicio,  porque dicen que sin estas pericias no se puede iniciar, a pesar que contrariamente con anterioridad se había desestimado esta necesidad.   “El problema con esta causa y con todas,  donde están implicadas las fuerzas de seguridad,  es no visibilizar los casos”, afirma Roxana.

Quemero

Nehuen tenía 18 años ese 15 de diciembre de 2014 y apenas había terminado el secundario hacía 7 días. Ese día iba en su moto a la casa de un amigo para festejar el ascenso de su amado Huracán. Un móvil de la Policía Metropolitana, conducido por Daniel Germán Castagnasso, acompañado del subinspector José Daniel Soria Barba, lo atropelló en la esquina de Ramón Carrillo y Brandsen, del barrio de Barracas. El patrullero iba a más de 100 km por hora, sin sirenas y sin detenerse con el semáforo en rojo,  atropellando a Nehuén que a las pocas horas fallecía en el Hospital Argerich  como consecuencia del impacto.

Solidaridad

La presencia de sus amigos, amigas y profesores impulsó a su familia y en especial a su mamá, Roxana Cainzos, a investigar las verdaderas causas de un accidente que se convirtió en asesinato. La madre junto a sus compañeras y compañeros del secundario, armaron unos volantes con la cara de Nehuen que  salieron a pegar por el lugar del hecho y logró que a los pocos días aparecieran los primeros testigos, que a pesar del miedo, rompen con el relato oficial de la policía, para develar la verdadera historia del asesinato. Cada día 15 se hace una movilización junto a organizaciones del barrio para pedir justicia.

La semana pasada, a pocos días de la fecha del juicio oral, el barrio nuevamente se empezó a movilizar. Con esténcils, sus amigas, amigos, el vecindario y organizaciones sociales salieron a pintar para visibilizar y convocar a la presencia.

No son casos son pibas y pibes

Todos los días alguna niña o jóven desaparece en los barrios, con total impunidad. La Boca tiene un triste prontuario de hechos como el de Lucas Cabello, el pibe que salió a comprarse un sándwich y fue acribillado por un policía metropolitano en el barrio. Nicolás Arriola, hace pocos días, un pibe de 18 años que aún estudia en el secundario, circulaba con un amigo y le armaron una causa para detenerlo y mandarlo a Marcos Paz donde estuvo algunos días, hasta que fue liberado porque no había nada en su contra.

Luciano Arruga es quizás el emblema del accionar impune de las fuerzas de seguridad. Los pibes y pibas amenazados por Gendarmería en la villa 21-24, curas villeros como el padre Toto que la semana pasada sufrió la amenaza de las fuerzas de seguridad. Kiki Lezcano al que un policía no solo mató sino que antes lo torturó y filmó, sin embargo la justicia curiosamente lo absolvió. La lista se vuelve interminable.

Contra la impunidad

“Con pruebas fraguadas, huellas limpiadas, desaparición de los Gps, no había pericias de la velocidad,  la policía manejó todo con total impunidad, instalando una historia que estigmatiza a nuestros pibes” afirma Roxana Cainzos, mamá de Nehuen. Continúa diciendo: “hasta la médica del Hospital Argerich, que me llamó una hora después del hecho, lo primero que me dijo es que esto se podía haber evitado si hubiera tenido el casco puesto”, como si no hubiese existido la desidia de l conductor del patrullero.. Esa misma médica es la que en la pericia deja asentado que Nehuén tenía un corte de pelo con maquina, como si esto tuviese algún significado. Pura estigmatización que muestra la complicidad con los intereses de las fuerzas policiales y la insistente y reiterada criminalización de pibas y pibes de los barrios populares. Una construcción social con la que nuestros pibes y pibas conviven cotidianamente y que hoy ha llegado a su máxima expresión en los intentos reiterados por instalar la baja en la edad de imputabilidad. Violencia institucional, un concepto detrás del cual se esconde las historias del abuso donde el Estado es el máximo responsable. La  desaparición de Santiago Maldonado quizás hoy es el símbolo del accionar de las fuerzas de seguridad en alianza con el Poder Judicial que ha producido la movilización popular.

“O me encierro en el dolor o salgo a luchar” pensó Roxana y comenzó su larga lucha que aún no encuentra un poco de justicia para calmar el dolor de la pérdida irreparable de un hijo. Sin embargo en su largo camino se ha encontrado con un barrio, vecinas y vecinos, amigos de su hijo, organizaciones que la apoyan y la sostienen para darle visibilidad al maldito accionar que intenta eliminar a pibes y pibas de nuestros barrios.

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Veinte personas fueron detenidas y liberadas tras una cacería organizada por integrantes de las fuerzas represivas en inmediaciones a la Plaza de Mayo. Se abrió una causa para investigar el accionar policial.

Al igual que las mujeres que ven en riesgo sus vidas y denuncian a los machos agresores, las que salimos a las calles este 8 de marzo estuvimos en total estado de indefensión. Ante los cuidados que nos autogestionamos en lo cotidiano y cuando salimos a reclamar por nuestros derechos, el Estado volvió a responder con lo que mejor sabe hacer: reprimir.

Como en el operativo realizado por la Policía Bonaerense de Daniel Scioli en el ENM de 2015 frente a la Catedral de Mar del Plata, anoche la ex Policía Federal Argentina y la Policía Metropolitana de Horacio Rodríguez Larreta realizaron una cacería sobre las calles de la Ciudad de Buenos Aires tras la que detuvieron arbitrariamente a 17 mujeres, lesbianas y bisexuales.

Los efectivos, que parecían armados para la guerra, realizaron primero un desalojo con gases lacrimógenos y agua de los camiones hidrantes a la Plaza de Mayo y que luego se extendió sobre Av. de Mayo y las diagonales. Eran alrededor de las 23 (tres horas después de los multidifundidos “incidentes” frente a la Catedral) y muy pocas personas quedaban en las inmediaciones de la plaza del pueblo, algunas realizando una fiesta frente al Cabildo, otras cenando con compañeras en lugares cercanos. Porque ante todo, el 8 de marzo fue la mejor fiesta organizada.

La cacería, la represión y las detenciones fueron brutales y constituyeron vulneraciones a los Derechos Humanos. Efectivos de civil y uniformados pero sin portar identificación detuvieron arbitrariamente a mujeres, las golpearon, amenazaron y violentaron, atropellos que continuaron en las horas en las que estuvieron detenidas, aproximadamente nueve horas.

Hace días seis mujeres habían sido detenidas y judicializadas por realizar pintadas como acción de difusión del Paro Internacional de Mujeres. El resultado de otra noche de resistencia ante el avance en la decisión política de criminalizar a las mujeres luchadoras fue el siguiente: 8 personas detenidas en la Alcaldía de la Comuna 4, 9 en la Comisaría 30, 2 en la Comisaría 4ta y uno en el Instituto Inchausti.

Las imputaciones son por “atentado, resistencia a la autoridad y lesiones” y la UFEM (Unidad Fiscal Especializada en violencia contra las Mujeres) y la Procuvin (Procuraduría de Violencia Institucional) abrieron una causa para investigar el accionar policial. A este respecto se están recibiendo denuncias de quienes fueron afectadas, detenidas o testigos que puedan aportar información, videos u otro tipo de datos que contribuya a reconstruir la represión de anoche.

Cuando nadie los ve. Relato de la cacería y represión 

Faltaba una hora para la medianoche y hacía pocos minutos que el paro y la movilización del movimiento de las mujeres y feminista había terminado. Un grupo mayoritariamente de chicas disfrutaba de una fiesta improvisada que se había armado frente al Cabildo, bailaban, mientras tanto un camión hidrante y efectivos de la Policía Federal y Metropolitana se parapetaron sobre Avenida de Mayo. “Vi un chorro de agua del camión y de repente estaba la policía tirando gas pimienta directamente a la cara”, contó una chica que logró escapar.

Había comenzado la cacería sobre las mujeres que se manifestaron en una jornada histórica, en el marco del Paro Internacional de Mujeres en el Día de la Mujer Trabajadora. Horas más tarde, llamados, mensajes y comunciaciones a través de las redes​​ sociales confirmarían que las detenidas de manera arbitraria eran cerca de 20, que acabaron distribuidas en diferentes comisarías porteñas, bajo los cargos de “atentado, resistencia y lesiones”.

“Creemos que hubo una orden de llevar detenidas mujeres”, dijo Laura Arnés, periodista de Página/12, una de las detenidas, “agarraron a una de nuestras compañeras de los pelos y la tiraron al piso, yo la quise agarrar y me tiraron a mi”. Contó que las arrastraron cuatro cuadras, las insultaron y amenazaron “nos dijeron que nos iban a romper los brazos”. Todo esto sin haberles comunicado el motivo de la detención. “En la Comisaría nos requisaron dos veces, nos hicieron sacar la ropa, nos tocaron, a unas nos pusieron contra la pared”.

Minutos después, el cielo relampagueaba y una lluvia intensa mojaba el asfalto. Y la policía logró acomodarse sobre Diagonal Sur y encerrar en el medio a unas veinte chicas que pedían que no les hicieran nada. Por Avenida de Mayo, otro grupo de efectivos hizo lo suyo: cuando otro par de chicas intentó correr, las agarraron y arrastraron hasta un móvil para detenerlas. Cuando un jóven intentó preguntar por qué se las llevaban, lo tiraron al piso, lo golpearon y le robaron las pertenencias.

“Vi que le pegaban a dos chicas y le empecé a preguntar por qué les hacen eso y se me acercaron dos corriendo, me empiezan a pegar, me llevan a una calle, me siguen pegando y, mientras le pegaban a dos chicas. Y yo les decía que eran unos cobardes, entonces vienen dos policías mujeres que les siguieron pegando y a mi me tiraron con gas pimienta”, contó a Marcha el joven, quien también denunció robo por parte de la policía ya que cuando logró tener su mochila pudo identificar que le faltaba una cámara de fotos y la billetera.

Las denuncias por la situación que se estaba viviendo no tardó en viralizarse entre todas las mujeres que participaron, y no, de la movilización que paró el país a lo largo y a lo ancho. Y, eso, sucedió a pesar de que desde las fuerzas represivas concretaron una práctica que no es nueva: la represión y las detenciones comenzaron cuando las cámaras de televisión ya se habían apagado, cuando eran sólo unas pocas las personas que quedaban allí en derredor.

Se dice: no es nueva porque lo mismo hizo la Metropolitana, en Parque Centenario por 2013, cuando la asamblea barrial se paró y alzó su voz en contra de las rejas que Mauricio Macri finalmente instaló al allí, la represión comenzó pasadas las 22, cuando ya no había cronistas ni personalidades que registraran los hechos. De igual manera actuaron durante los ENMs en Mar del Plata y, otra vez, en Rosario.

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En las últimas horas se conoció el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el cual se avaló el uso de las neopicanas Taser X26 por parte de la Policía Metropolitana.

Faltan pocas semanas para un nuevo 24 de marzo que, sin dudas, no será uno más. Son 40 años de aquel golpe de Estado cívico, militar y clerical, el más brutal y sanguinario de la historia. Y realmente es lamentable que frente a una fecha tan trascendental, donde contaremos con la presencia del terrorista más famoso del mundo en la actualidad, Barak Obama, el máximo tribunal de justicia, la que responde a los poderosos, no estuvo ni lento ni perezoso y mediante un fallo autorizó el uso de las neopicanas taser X26, en esta versión mejorada y moderna de lo que fueron aquellos métodos de tortura entre el año 1976 y 1983.

En un comunicado, el Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad (ODH) expresó su “repudio ante el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), que eligió desentenderse en la causa ´Taser´, avalando que la Policía Metropolitana pueda torturar a las personas que transiten por la ciudad de Buenos Aires”.

El año pasado, ante la insistencia de la justicia porteña por impulsar esta medida, ya se denunciaba el avasallamiento constitucional. A su vez, se remarcaba otro de los problemas que existió en esta oportunidad. “Sorprende, asimismo, que la Corte haya dado a conocer el fallo a su agencia de noticias antes que a las partes”.

Que decida la corte

El pasado 9 de abril, el ODH junto al Defensor General de la Ciudad, Dr. Horacio Corti, presentaron un recurso extraordinario contra el permiso para que la Policía Metropolitana utilice las neopicanas.

Contemplando el contexto y la triste historia de nuestro país, el comunicado destacaba que “la presentación del ODH ante la Corte fue acompañada por diferentes organizaciones que se presentaron como Amigos del Tribunal (Amicus Curiae), hecho que reforzaba la necesidad de un amplio tratamiento de los argumentos por parte del Máximo Tribunal. Amnistía Internacional, La Unión de Trabajadores de la Educación (UTE – CTERA), Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Agrupación HIJOS, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), APDH, Comunidad Homosexual Argentina (CHA), ATE, Abuelas de Plaza de Mayo, Comité para la Defensa de la Salud, la Ética Profesional y los Derechos Humanos (CODESEDH), el CEPRODH, la Asociación Americana de Juristas, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad entre otros organismos habían solicitado que su voz sea escuchada. El oscurantista fallo de la Corte prefirió el silencio”.

Más recursos para la represión

No hay ninguna novedad si decimos que la vieja pero siempre utilizada metodología de la represión como mecanismo de contención por parte de los malos gobiernos frente a los reclamos del pueblo, goza de una vigencia y legitimidad como hace mucho no pasaba. Los miles de despidos del sector público y privado con sus correspondientes reclamos y movilizaciones no han tenido, en la mayoría de los casos, más respuestas que los palos y las balas de goma. Luchas ganadas o perdidas, puestos de trabajo recuperados y no, la represión siempre existió.

En esta faceta triste de nuestra historia, donde también en Democracia se persigue, desaparece y mata, los primeros meses de este año no hicieron más que acentuar y profundizar brutalmente estas metodologías.

El comunicado del ODH afirma: “Desde el Observatorio seguimos sosteniendo que es tan violatorio del derecho a la integridad física, la tortura mediante el uso de picana en un sótano de una comisaría, como lo es la descarga eléctrica provocada por una moderna Taser X26 en una manifestación. Las Taser son un elemento de tortura por el intenso dolor que generan, hecho corroborado por el Comité contra la Tortura de la ONU y por Amnistía Internacional”.

Con este panorama, donde todos los mecanismos legales ya han tomado partido por los verdugos del pueblo trabajador, es que sea hace necesaria la organización como herramienta indispensable de las y los de abajo.

El informe culmina asegurando que “ante este fallo vergonzoso, al haber agotado las instancias judiciales en el país sin que se haya hecho Justicia, analizaremos los pasos a seguir para hacer valer nuestros derechos ante las instancias interamericanas correspondientes, a fin de poner un freno a la violación de los Derechos Humanos. No podemos permitir que se vuelvan a utilizar las picanas eléctricas en la Argentina. Desde el ODH seguiremos exigiendo ´Picanas, ¡Nunca Más!´”.

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Continua grave el joven que recibió tres tiros a quemarropa por parte del oficial Ricardo Ayala. Mientras su familia cuestiona el polémico fallo que dejó en libertad al agresor, y la querella pide el encarcelamiento del policía ante la justicia, el pibe Cabello dio a conocer un mensaje esperanzador: “Espero verlos pronto en la calle”.

“Gracias a todos por el aguante. Día a día me voy recuperando porque tengo muchas ganas de vivir. Espero verlos pronto en la calle, allá afuera. Un abrazo fuerte a todos los que me bancan y se la bancan”, publicó Lucas Cabello en las redes sociales, el pasado fin de semana.

Victima del gatillo fácil, Lucas fue acribillado de tres tiros a quemarropa por el agente de la Metropolitana, Ricardo Ayala. El brutal ataque ocurrió el último 9 de noviembre, en su domicilio particular. A plena luz del día, lo balearon cuando regresaba de la panadería con su pequeña hija de dos años. Por el feroz ataque perdió un testículo, y puede quedar inmovilizado por una bala que perforó su médula ósea. El cuadro de salud aún es complejo, por eso sigue hospitalizado en una clínica privada de Palermo. Salió de terapia intensiva, está en una terapia intermedia.

Gatillo fácil: el mismo protocolo

El agente Ayala está acusado de balear a Lucas Cabello, de 20 años, en la puerta de su casa en Martín Rodríguez al 500 del barrio de La Boca. Según pudo reconstruir Marcha, en la tarde de aquel lunes la escena era tenebrosa, clara y contundente. Los vecinos escucharon tres disparos, la misma cantidad de balas que se encontraron en el cuerpo de la víctima. El agresor, que es policía, escapó. A las autoridades, que intentaron plantar pruebas, les resultó imposible armar o sostener una mentira. Nada de “narcos” y “trapitos”. Fue un ataque policial contra un hombre desarmado.

En aquella oportunidad, la primera versión que hizo correr La Metropolitana ante la prensa fue la de instalar un tiroteo. La teoría, con el correr de las horas, sólo fue respaldada por la entonces vicejefa de Gobierno porteño María Eugenia Vidal. “Se trató de una cuestión de género”, lanzó ante los medios la actual gobernadora bonaerense. “El policía protegía a la mujer que apretó el botón antipánico”, agregó, y así Vidal justificó lo injustificable. El papelón fue tan grande que hasta las mismas autoridades de la fuerza la contradijeron al aclarar que “no era una consigna por violencia de género”. Los familiares le pidieron que se retracte, gesto que jamás mostró.

El 26 de noviembre, de forma inesperada, el juez Osvaldo Rappa solicitó “la inmediata libertad” del agente de la Metropolitana, quien permanecía detenido desde el día del criminal ataque. El efectivo fue procesado por el delito de “homicidio en grado de tentativa, agravado por su condición de ser miembro de una fuerza de seguridad, con exceso en ejercicio de legítima defensa”. Además, el magistrado le trabó un embargo por la suma de 300 mil pesos. Pero lo dejó en libertad, entre otras cosas, porque no tiene antecedentes.

Según narró el policía en su declaración indagatoria, tras un intercambio de palabras, Cabello “se da vuelta y bruscamente extrae de su cintura un arma de fuego y le apunta con la clara finalidad de disparar hacia el torso”. Sin embargo, el fallo asevera que “no se pudo acreditar fehacientemente que Cabello tuviera un arma de fuego en su poder, ni que increpara con un elemento de esas características al oficial Ayala”.

El juez reconoce que la víctima no estaba armada, y por eso el abogado Nahuel Berguier remarcó contradicciones en varios pasajes del fallo. “En el escrito dice que Ayala le dio tres tiros a Cabello –el primero que lo voltea y dos en el piso–, reconoce que Lucas no estaba armado, pero igual plantea que hay exceso en la legítima defensa cuando no se está defendiendo de nada”, expresó Berguier.

Desde su interpretación, el magistrado dudó de los testigos y hasta vaciló por los dichos de la propia mujer de Cabello, Camila Magallanes, presente en el trágico momento. “Su testimonio se debe valorar teniendo en cuenta el estado que se encuentra por la situación padecida por el padre de su nena”, justificó el letrado.

El caso hoy

Este martes 22 de diciembre se realizó una audiencia en la que los abogados del joven expusieron los fundamentos por los que Ricardo Ayala no debe permanecer en libertad. La querella y la fiscalía que intervienen en la causa rechazaron que el efectivo haya actuado en legítima defensa y pidieron que se lo detenga nuevamente. Las partes se pronunciaron ante la Cámara Nacional en lo Criminal.

Como era de esperar, la defensa del policía Ayala pidió que se le dicte la “falta de mérito” a su representado. A contramano de esa postura, los fiscales y los abogados formularon informes orales contra el procesamiento a Ayala y reclamaron a la sala VI de la Cámara que revoque la libertad que el juez de instrucción Osvaldo Rappa le otorgó a Ayala el 26 de noviembre, cuando dictó su procesamiento.

Para los abogados querellantes Nahuel Berguier y Federico Paruolo la actitud de Ayala, quien disparó tres veces contra Cabello “que estaba desarmado”, no encuadra en la legítima defensa, sino que “representa un accionar criminal”, agravado por la condición de policía del procesado, explicaron los letrados de la madre de Cabello, Carolina Vila, ante los camaristas Mario Filozof y Julio Lucini.

“Sólo aparecen las tres vainas servidas producto de los disparos de Ayala, quien no sufrió ningún tipo de lesión”, advirtieron. “Hasta hubo ensañamiento”, coincidieron. En la misma línea se pronunció la fiscal Susana Calleja. Descartó un altercado que obligara al policía a abrir fuego y consideró que el hecho configura “una gravísima violación de derechos humanos”.

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Fue excarcelado Ricardo Ayala, el policía de La Metropolitana que le disparó al joven de 20 años en la puerta de su casa en el barrio porteño de La Boca. El juez Rappa pidió su “inmediata libertad”, y aunque reconoció que la víctima “estaba desarmada” consideró que el agente solo actuó con un “exceso en ejercicio de legítima defensa”. Cabello sigue internado “estable pero grave y con funciones físicas gravemente afectadas”. Mientras su madre aún espera las disculpas de Vidal, Macri ubica a Patricia Bullrich a custodiar la seguridad de los argentinos.

La justicia liberó al agente de la Policía Metropolitana acusado de disparar contra Lucas Cabello el pasado 9 de noviembre en el barrio de La Boca. De pura casualidad, la resolución del juez de instrucción en lo Criminal Osvaldo Rappa se dio a conocer justo cuando se anunciaba el arribo de la controvertida Patricia Bullrich al Ministerio de Seguridad de la Nación, por decisión del electo presidente Mauricio Macri. Antes de asumir en el cargo, Bullrich pudo olfatear la herencia de una posible sintonía fina entre los distintos poderes.

Para la diputada Patricia Bullrich, tan atenta a los lineamientos de seguridad que impone la administración de los Estados Unidos, este tema no fue ajeno a sus intenciones y preocupaciones. Reconocida opositora al proceso Bolivariano de Venezuela, y con vínculos directos sobre los espías de inteligencia, Bullrich fue asesora en materia de Seguridad del entonces intendente pejotista de Hurlingham Juan José Alvarez, quién luego se convertiría en uno de los responsables políticos de la Masacre de Avellaneda. Luego pasó al Ministerio de Justicia y Seguridad bonaerense durante la gobernación de Eduardo Duhalde y en 1999, cuando Fernando de la Rúa asumió la presidencia, fue secretaria de Política Criminal y Penitenciaria. Desde esos días, propone un programa con la baja a 14 años de la edad de imputabilidad, y alguna vez sugirió cobrarles a los presos el alojamiento en las cárceles.

En este contexto, tan tiempista como oportuno, el juez Rappa pidió este jueves 26 de noviembre “la inmediata libertad” del agente de la Metropolitana, quien permanecía detenido desde el día del criminal ataque. Si bien el efectivo Ricardo Ayala fue procesado por el delito de “homicidio en grado de tentativa, agravado por su condición de ser miembro de una fuerza de seguridad, con exceso en ejercicio de legítima defensa”, y aunque sus bienes fueron embargados hasta cubrir la suma de 300 mil pesos, este procesamiento no incluyó la prisión preventiva y le permite al policía Ayala estar en su casa mientras aguarda el inicio del juicio. Para los abogados de la familia, se descarta que si el agresor está libre se puede poner en riesgo la investigación.

El juez reconoce que la víctima no estaba armada, y por eso el abogado Nahuel Berguier remarcó contradicciones en varios pasajes del fallo. “En el escrito dice que Ayala le dio tres tiros a Cabello –el primero que lo voltea y dos en el piso–, reconoce que Lucas no estaba armado, pero igual plantea que hay exceso en la legítima defensa cuando no se está defendiendo de nada”, expresó Berguier.

En la resolución judicial se sostiene que “no hay indicios que permitan sospechar que los disparos de Ayala contra Cabello fueran intencionales y sin motivo aparente”. Y aclaró que “sólo se advierte un mal desempeñó en su labor, y su poca experiencia para enfrentar una situación de agresión y tensión, siendo imprudente en su manejo con el arma”.

El fallo insistió con la palabra “imprudencia” al afirmar que Ayala “efectuó tres disparos, de manera imprudente, con su arma reglamentaria, excediéndose en los límites impuestos por la ley”.

Otro de los puntos criticados por la querella es que el procesamiento refiere a “una agresión de Cabello” y que el efectivo lo que hizo fue “repeler un ataque”, aunque nunca se halló un arma en posesión de la víctima y los testigos, en sintonía, coinciden en que no vieron ningún revólver o pistola que no sea la del policía.

El Caso

El juez Rappa se inclinó por la posición de los funcionarios macristas que utilizaron la mentira y la confusión para justificar este caso de gatillo fácil. Apenas sucedieron los hechos, la primera versión que hizo correr La Metropolitana ante la prensa fue la de instalar un tiroteo. La teoría, insostenible con el correr de las horas, sólo fue respaldada por la vicejefa de Gobierno porteño María Eugenia Vidal. “Se trató de una cuestión de género”, mintió la funcionaria. “El policía protegía a la mujer que apretó el botón antipánico”, agregó, y así Vidal justificó lo injustificable. El papelón fue tan grande que hasta el subjefe de la fuerza Ricardo Pedace la contradijo al aclarar que “no era una consigna por violencia de género”.

Evidentemente, en varios puntos de la Ciudad de Buenos Aires, la inseguridad se viste de uniforme. En menos de un año la Policía Metropolitana, en el cordón sur de la Capital Federal, protagonizó varios casos de violencia institucional. Lamentablemente, la mayoría de los hechos terminan con jóvenes muertos, familias destrozadas y ningún detenido. En diciembre pasado, en Barracas, una camioneta policial atropelló y mató a Nehuen Rodríguez, el chico que salía a festejar el ascenso de su querido club Huracán. Los agentes que conducían ese vehículo, están libres.

Meses después, Roberto Autero, de 16 años, fue asesinado de un tiro en la nuca por otro agente metropolitano. El oficial Sebastián Torres, quién disparó contra “Robertito”, no estuvo ni un sólo segundo detrás de las rejas. Ahora, a la lista de baleados se suma Lucas Cabello, que recibió tres tiros y pelea por salvar su vida. En las últimas horas, el agente que lo fusiló fue excarcelado.

El agente Ricardo Ayala está acusado de balear a Lucas Cabello, de 20 años, en la puerta de su casa en Martín Rodríguez al 500 del barrio de La Boca. Según pudo reconstruir Marcha, en la tarde de aquel lunes la escena era tenebrosa, clara y contundente. Los vecinos escucharon tres disparos, la misma cantidad de balas que se encontraron en el cuerpo de la víctima. El agresor, que es policía, escapó. A las autoridades, que intentaron plantar pruebas y preparar un escenario de tiroteo, les resultó imposible armar o sostener una mentira. Nada de ‘narcos’ y ‘trapitos’, fue un ataque policial contra un hombre desarmado.

Lucas vivía con su familia desde hacía varios años en un hogar de tránsito que se instaló sobre una antigua casona del Instituto de la Vivienda porteño (IVC), ubicada en la calle Martín Rodríguez. En ese complejo, habitado por personas que fueron desalojadas de varios conventillos, se hospeda una mujer que mantiene diferencias con su hijo y recibió como medida judicial un botón antipánico y custodia. Ante ese problema familiar o social, una de las soluciones que propuso el macrismo fue mandar a un policía. Los resultados están a la vista.

El efectivo que disparó a quemarropa estaba en consigna, pero Cabello no tiene relación con ese caso y la restricción de acercarse a ese lugar era para otra persona. Según explicaron algunos testigos, el uniformado se confundió de pibe, intentó impedir que Lucas ingresara a su propio hogar y por ese hecho se desató el altercado verbal que derivó en el fusilamiento. Cuando el chico cruzó la puerta, le gatilló sin dar la voz de alto.

Notas relacionadas:

La Metropolitana, otro caso de gatillo fácil y otra vez el sur

Lucas Cabello: tres vainas, un arma y la carta de una madre

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La mamá de Lucas Cabello, el pibe fusilado por la policía Metropolitana, dio a conocer un emotivo mensaje y cuestionó las agresiones verbales de la gobernadora electa de Buenos Aires. “Exijo que Vidal se rectifique”, expresó.  Ante la contradictoria declaración del agente Ayala, la querella solicitará el procesamiento con prisión preventiva del imputado.

“La historia aparece así como propiedad privada cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas”

Rodolfo Walsh

Cuando decimos que los poderes suelen usar los mismos recursos, cada vez, no estamos siendo repetitivos en vano. ¿Cuántas veces debimos salir a limpiar la imagen que algunos medios hegemónicos, los gobiernos de turno, el prejuzgamiento desde algunos sectores –e incluso de periodistas– insistían en ensuciar ante un pibe víctima de gatillo fácil? Esta no es la excepción, y desde el primer día, salimos tras la verdad en el caso de Lucas Cabello porque confiamos ante todo en la verdad de las familias silenciadas, en el buen recuerdo de vecinas y vecinos cotidianos, en la búsqueda de una justicia que no incline la balanza siempre para el mismo lado. La carta de la madre de Lucas, la acusación de la querella, van en la línea del camino que trazamos hace apenas unos días, cuando los discursos se teñían de justificaciones y sospechas. Valga volver un poco atrás y amar un rompecabezas cada vez más evidente.

La carta

La Metropolitana, otro caso de gatillo fácil y otra vez el sur . Así se tituló la primera nota que publicamos en Marcha sobre el caso de Lucas Cabello. “Otra vez la Policía Metropolitana, otra vez el sur de la Ciudad de Buenos Aires, otra vez un pibe, y otra vez un pibe humilde. La inseguridad, otra vez, se viste de uniforme”, decía el texto en el arranque, descartando la versión del “tiroteo” o “enfrentamiento” que se instaló desde algunos medios durante varias horas.

“Mi hijo fue baleado por el agente Ayala de la Policía Metropolitana, en la puerta de nuestra casa, cuando venía de comprar comida en la panadería de la esquina. No se trató de un enfrentamiento, ni de un tiroteo como dice la policía”, detalló en una carta de Carolina, madre de Lucas Cabello, publicada en el Facebook de la revista La Garganta Poderosa.

“Nosotros vivimos en uno de los Hogares de Tránsito del Instituto de la Vivienda de la Ciudad, en Martin Rodríguez al 500. Allí se encontraba, desde hace meses, un oficial de consigna, por un problema que existe entre vecinas. Ni Lucas ni su novia, Camila, están vinculados a este caso. Él no tenía ninguna restricción, ni denuncia, ni intentó fugarse, como dijo la versión policial y como repitieron muchos medios”, amplió Carolina.

En ese sentido, vale aclarar que en este sitio se había informado que la mamá de Lucas “reconoció que en su cuadra siempre había un policía de consigna por un caso de violencia familiar, pero según ella su hijo no está involucrado en ese episodio”, tal como se evidenció desde un principio, a pesar de las miserables declaraciones de María Eugenia Vidal, la vicejefa de Gobierno. La funcionaria porteña inventó un problema de “violencia de género” para respaldar la versión oficial y, así, justificar lo injustificable.

Y ahí están las repeticiones de las que hablábamos al principio: un padre, una madre, peregrinando tras micrófonos o palabras para que el prontuario de su hijo baleado se limpie. Como si una sonrisa Colgate valiera más que una crianza de años, que una nieta que llora, que un diente de leche guardado en algún frasquito vacío. Así, en la carta, la madre cruzó a Vidal: “Como madre y como mujer, no puedo aceptar sus palabras; por eso es que exijo que se rectifique, que pida perdón, y que diga la verdad sobre lo que pasó con mi hijo. Esto fue un accionar ilegítimo de la fuerza de seguridad que responde al gobierno porteño”. Y agregó que “desde hace un tiempo, en el barrio estamos descontentos con la violencia ejercida por los policías metropolitanos”.

“En este momento, mi hijo Lucas está peleando por su vida en terapia intensiva. Su estado es muy grave. Hay grandes probabilidades de que no pueda volver a caminar y que sus brazos queden inmovilizados para siempre. Les pido por favor, a todos los que lean estas palabras, que recen por él, para que pueda salir adelante”, pidió la mujer.

El comunicado

Mientras tanto, el otro camino, el que se hace por justicia y esclarecimiento, también empezó a transitarse. En un reciente comunicado, los abogados querellantes Gabriela Carpineti y Nahuel Berguier, señalaron que “mientras Lucas Cabello continúa peleando por su vida acompañado por su familia y su pequeña hija, el Agente de la Policía Metropolitana, Ricardo Ayala, no pudo ofrecer ningún elemento que excluya su responsabilidad en el criminal e ilegítimo accionar”.

Fue en la nota “El gatillo fácil de la Metropolitana y la artillería de Vidal”, de ayer nomás, que algunos datos se iban confirmando también. “El lunes a la tarde la escena era tan tenebrosa como clara y contundente, un joven de 20 años fue fusilado en la puerta de su casa con su hija en brazos. Los vecinos escucharon tres disparos, la misma cantidad de balas que se encontraron en el cuerpo de la víctima. El agresor, que es policía, escapó”.

En el mismo sentido, Carpinetti y Beguier indicaron que “en el acta que figura en la Foja 1 del Expediente 66248/2015, el personal policial de PFA actuante luego de sucedido el hecho, confirma claramente que en el suelo había solamente tres (3) vainas servidas, las disparadas por el Agente de la PM, Ayala, que impactaron en el cuerpo de Lucas en la zona abdominal, miembro inferior y el maxilar inferior”. “Ningún arma ni vaina que pudiera corresponder ni a Lucas Cabello ni a un tercero, descartándose la hipótesis que elaboró desde el inicio la Policía Metropolitana, refiriéndose al hecho como un ‘enfrentamiento’”, afirman los abogados.

En este juego macabro de recurrir a la coartada más simple, la palabra “enfrentamiento” empezaba a correr para intentar repetirse hasta que parezca la única verdad posible, la más cómoda, la que mejor soporta el sistema. Para referirnos a ese episodio, nosotros ya decíamos “nada de ‘narcos’ y ‘trapitos’, fue un ataque policial contra un hombre desarmado. Otra vez, la falsa teoría de la legítima defensa, una marca registrada en estos casos, se desvaneció de inmediato”.

Los ojos horrorizados de una nena que lo vio todo no parecen ser suficientes para contrarrestar el relato de quien pertenece a las fuerzas policiales. El imputado duda… no dudó entonces en apretar un gatillo contra un pibe desarmado, delante de su pequeña hija. Ante lo contradictorio de sus declaraciones, la querella solicitará en sede judicial, “el procesamiento con prisión preventiva del mismo, bajo la calificación de tentativa de homicidio agravado por pertenecer el sujeto a las fuerzas de seguridad y por el estado de indefensión de la víctima”.

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Lucas Cabello, percusionista de La Caminito Rock, fue fusilado por un agente de la fuerza porteña, en la puerta de su casa y delante de su pequeña hija. La vicejefa del Gobierno de la Ciudad inventó una historia para justificar el feroz ataque policial.

Los hechos

El lunes 9 de noviembre, pasadas las 16.30, Lucas Cabello va con su hija de menos de dos años a la panadería. Cuando regresa a su casa lo intercepta un agente de la policía Metropolitana. En el momento del cruce, Lucas tiene a la nena en una mano y los dos sánguches recién comprados en la otra. El uniformado le dice que no puede estar en esa vivienda, le pide que se retire y se genera una discusión. La historia termina de la peor manera porque el agente desenfunda la reglamentaria y responde a los tiros.

Los primeros balazos le destrozan la médula y el pibe de 20 años cae al suelo. La beba se salva de milagro porque su tía la rescata y la saca de la línea de fuego. La víctima, que en el piso se retorcía de dolor, recibe un tiro de gracia que le revienta un testículo. El agente, de apellido Ayala, se sube a un móvil y huye con una compañera de la misma fuerza.

Los vecinos no esperan la ambulancia y se llevan a Cabellos al Hospital Argerich, donde es operado de urgencia. Su estado es grave y hay lesiones irreversibles. Los médicos ya informaron que difícilmente pueda volver a mover los brazos ni las piernas.

El Barrio

Sobre el cordón izquierdo de la calle Martín Rodríguez está la bicisenda. Del otro costado, en el margen derecho, una larga fila de autos estacionados. La mayoría de los vehículos pertenecen a los clientes de “ll Matarello”, el reconocido restaurant de La Boca ubicado en el 517 de esa calle. Lucas Cabellos, bombista y percusionista de La Caminito Rock, vivía a unos pocos metros de ahí, en el 549. Durante el día, cuidaba los coches en esa zona de paseos turísticos, una actividad laboral muy común en los pibes del barrio que lograron ganarse la confianza de los comerciantes del lugar.

Lucas es fanático de River, tal como lo demuestra el tatuaje que tiene en la pierna. Es el hincha del “Millo” más conocido de esas calles boquenses. Siempre de buen humor, ‘Luquitas’ recibía a los jugadores, dirigentes o viejas glorias del club “Xeneize” que estacionaban sus coches para ir a comer a ese local. Todos lo saludaban porque lo conocían: era el adversario perfecto, un rival directo para intercambiar bromas y chistes futboleros.

Los medios

Cuando a Lucas se le quita el nombre y se le dice ‘un trapito’, el discurso dominante parte de una estigmatización brutal y plantea que no es una persona y no está sujeta de derecho, sino que es algo, qué no tiene o no merece legislaciones que lo protejan. “Trapitos”, “Limpiavidrios”, “Manteros”, para adjetivar esa mano de obra barata al periodismo de elite le sobran recursos. Sin embargo, los comunicadores no se desenvuelven con la misma agilidad para conceptualizar otros fenómenos, como por ejemplo, la violencia institucional.

“Gatillo Fácil”, que tiene facilidad para gatillar. Así de simple. O, cómo dice la Wikipedia, “es el nombre utilizado comúnmente en Argentina para indicar que se trata de un hecho de utilización abusiva por parte de las fuerzas de seguridad con armas de fuego, generalmente presentado por la policía como una acción accidental o de legítima defensa”.

El lunes a la tarde la escena era tan tenebrosa como clara y contundente, un joven de 20 años fue fusilado en la puerta de su casa con su hija en brazos. Los vecinos escucharon tres disparos, la misma cantidad de balas que se encontraron en el cuerpo de la víctima. El agresor, que es policía, escapó. A las autoridades, que intentaron plantar pruebas y preparar un escenario de tiroteo, les resultó imposible armar o sostener una mentira. Nada de ‘narcos’ y ‘trapitos’, fue un ataque policial contra un hombre desarmado. Otra vez, la falsa teoría de la legítima defensa, una marca registrada en estos casos, se desvaneció de inmediato.

De todas formas no faltaron los periodistas que se animaron a decir que hubo “un enfrentamiento” para teorizar sobre “un confuso episodio” o un “eventual combate”. La abogada Gabriela Carpinetti, desestimó esa interpretación y explicó que “los hechos de violencia de esta magnitud, que ponen a una persona entre la vida y la muerte, tienen una serie de antecedentes persecutorios por parte de la fuerza”. “Nadie es baleado de un día para el otro, sin haber sido parte de un proceso de estigmatización y persecución previo”, amplió Carpinetti.

La Vidal

La primera versión que hizo correr La Metropolitana ante la prensa fue la de instalar un tiroteo. La teoría, insostenible con el correr de las horas, sólo fue respaldada por la vicejefa de Gobierno porteño María Eugenia Vidal. “Se trató de una cuestión de género”, mintió la funcionaria. “El policía protegía a la mujer que apretó el botón antipánico”, agregó, y así Vidal justificó lo injustificable. El papelón fue tan grande que hasta el subjefe de la fuerza Ricardo Pedace la contradijo al aclarar que “no era una consigna por violencia de género”.

Si la futura gobernadora de Buenos Aires, ante los posibles casos de violencia institucional que puedan aparecer en el conurbano, le va hacer caso a los noticieros o a La Bonaerense, se avecinan tiempos complejos en la provincia más grande del país.

Después de fugarse, el policía que le disparó a Cabello se presentó en la Comisaría 24, de La Boca, pero luego, por cuestiones administrativas, fue llevado a la seccional 28. El oficial detenido, quien presta servicios en la Comuna 4, fue pasado a disponibilidad preventiva por la Auditoría Externa del Ministerio de Justicia del Gobierno de la Ciudad. En ese contexto, su declaración se dio ante el juez de instrucción porteño 35, Osvaldo Rappa. Desde la querella se solicitó que la causa sea caratulada como “tentativa de homicidio agravado por el estado de indefensión de la víctima”, y además exigen que sea exonerado de la institución.

La vivienda

Lucas vivía con su familia desde hacía varios años en un hogar de tránsito que se instaló sobre una antigua casona del Instituto de la Vivienda porteño (IVC), ubicada en la calle Martín Rodríguez. En ese complejo, habitado por personas que fueron desalojadas de varios conventillos, se hospeda una mujer que mantiene diferencias con su hijo y recibió como medida judicial un botón antipánico y custodia. Ante ese problema familiar o social, una de las soluciones que propuso el macrismo fue mandar a un policía. Los resultados están a la vista.

“Por las condiciones de habitabilidad del inmueble y su precariedad, es muy común que en esa situación de vulnerabilidad haya conflictos. En ese contexto, se hizo presente la Policía Metropolitana, que comenzó con un accionar persecutorio, violento y estigmatizador, en particular, con algunos jóvenes de allí, y entre ellos, Lucas”, graficó la doctora Carpinetti. “Evidentemente, no está preparada para disuadir conflictos donde yace la vulgaridad y la precariedad habitacional. Y esta contradicción pone en riesgo a todos los habitantes de la ciudad de Buenos Aires”, puntualizó.

El efectivo que disparó a quemarropa estaba en consigna, pero Cabello no tiene relación con ese caso y la restricción de acercarse a ese lugar era para otra persona. Según explicaron algunos testigos, el uniformado se confundió de pibe, intentó impedir que Lucas ingresara a su propio hogar y por ese hecho se desató el altercado verbal que derivó en el fusilamiento. Cuando el chico cruzó la puerta, le gatilló sin dar la voz de alto.

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Roberto Claudio Autero era el menor de cuatro hermanos. Vivía en situación de calle, al igual que su mamá, quien falleció en 2010. Tenía 16 años, y estaba con otros tres pibes cuando en la madrugada del 7 de febrero recibió un balazo en la nuca. Lo asesinó el oficial de la Metropolitana Sebastián Ezequiel Torres.

El colegio

A Isauro Arancibia lo acribillaron a balazos en el local del gremio docente tucumano, el 24 de marzo de 1976, el mismo día del terrorífico golpe militar en la Argentina. Estaba con su hermano Arturo, cuando un grupo de tareas reventó el local de la ATEP, la Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales. Maestro desde muy joven, es recordado por su participación en las huelgas de 1958 y en las peleas sindicales por el Estatuto del Docente. Tenía 49 años cuando lo asesinaron. Al otro día, el 25, hubiera cumplido los 50.

El centro educativo que lo recuerda y evoca en la Ciudad de Buenos Aires queda en los bordes de San Telmo y La Boca, en la zona del bajo, “la Isauro Arancibia es una escuela de adolescentes y adultos, inclusiva, vienen chicas y chicos en situación de calle, en su mayoría. En total, habrá 280 pibes”, explicó la Directora Susana Reyes.

Desde hace varios meses, la comunidad educativa del “Isauro” viene alertando que el gobierno de Mauricio Macri analiza demoler el establecimiento de Av. Paseo Colón 1318, para extender el Metrobus. “Acá vienen los que han cortado todo lazo social, los chicos de la calle que andan como nómades por distintos barrios porteños, van a la escuela, vienen todos los días. Ellos, que son los estigmatizados por la sociedad, como los peligrosos, los que asustan a los transeúntes, son pibes que pasan noches muy crueles, se levantan y vienen acá. Vienen y estudian porque quieren saber”, remarca Reyes.

El Robertito

Roberto Claudio Autero tenía 10 años cuando llegó al Arancibia. “Anduvo por diferentes institutos, hogares, paraba en la villa Zabaleta, un pibe con una vida muy difícil”, cuenta Pablo Garacotch, uno de sus últimos maestros. “A los 14 años ya entró a un segundo ciclo, porque en la nivelación aprendió a leer y escribir, y entonces pasó, para que se entienda, a un 4° o 5° grado”, amplía el docente. Autero era el menor de cuatro hermanos. Su mamá, que también estaba en situación de calle, falleció en 2010.

“Robertito” estaba junto a tres jóvenes más en Parque Rivadavia, la madrugada del 7 de febrero, cuando lo asesinó el oficial de la Metropolitana, Sebastián Ezequiel Torres. De la versión judicial se desprende que el agente los encontró tratando abrir un auto estacionado y dio la voz de alto. Ellos corrieron, y él disparó. El cuerpo de Robertito quedó tirado en la vereda de Rosario al 300. Otro muchacho fue detenido por un policía de la Federal, y los otros dos lograron escapar. La causa fue caratulada como “robo con arma no apta para disparo”. La violencia institucional se desmarcó del crimen.

El metropolitano

Según consta en el expediente, Torres le comentó al otro uniformado de la Federal que Robertito había recibido el balazo de frente porque intentó atacarlo y se habría detenido para apuntarle con un arma. Ese relato es una marcada registrada en los casos de gatillo fácil. El policía metropolitano, que antes fue parte de la bonaerense, hoy está bajo tratamiento psiquiátrico. En la autopsia se pudo comprobar que la trayectoria de la bala fue de atrás hacia adelante y que salió por la frente.

La memoria

“No se tapa la felicidad ni el dolor

no se tapa la tristeza, la amargura

no se tapa el amor

ni la voluntad de hacer cosas

no se tapa la traición

no se tapa la crueldad”

(Roberto Autero)

Cuando trabajaron sobre el Día de la Memoria, los alumnos vieron Las AAA son las tres Armas, el cortometraje del desaparecido Raymundo Gleizer, con fragmentos de la “Carta Abierta a la junta militar” escrita por Rodolfo Walsh. Al repasar su cuaderno, los maestros destacan la claridad de Robertito. “A pesar de los métodos que utilizó la Dictadura, él se quedó con el otro concepto, que era la planificación de la miseria. Y eso está en sus hojas, como también esta que la memoria no se tapa”.

Sobre lo ocurrido, Garacotch sentencia que “es una injusticia; una cobardía total”. Y sobre los que ocurre diariamente, reflexiona, “el mensaje que lamentablemente cae en un sector de la sociedad es que estos pibes son peligrosos, cuando en realidad estos pibes están en peligro. La vienen remando por tratar de cambiar su realidad y cuando es asesinado por parte del Estado es horrible, muy injusto”.

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