Se realizó la segunda audiencia del juicio por abuso sexual contra el ex músico Miguel del Pópolo y fue el día de las querellantes, quienes con sus declaraciones destrozaron la estrategia de defensa. La novedad: podría ser incorporada una prueba testimonial más.

Por Laura Salomé Canteros | Fotos: Julianite Calcagno

Ayer, jueves 29 de agosto de 2024 desde el mediodía, se realizó en el TOC 25 la segunda audiencia del juicio contra Miguel del Pópolo, ex músico de 37 años, procesado por tres violaciones y una agresión física. Declararon las dos querellantes, Anabella Ciancarelli y Mailén Frías, parte del pequeño pero hidalgo universo de solo el 12% de quienes se animaron a denunciar a pesar de la visibilidad feminista del terror y la violencia sexual entre 2016 y 2021 en todo el país.

Durante la primera jornada, Del Pópolo había insistido en ratificar su postura y declaración: negó el círculo de las violencias ejercidas, los hechos concretos que lo trajeron a juicio tras ocho años y apuntó contra las sobrevivientes acusándolas de la “falsedad de sus dichos”.

Lo cierto es que, durante la segunda audiencia del juicio, lo más importante es la posibilidad de incorporar una prueba testimonial más en contra del procesado: la declaración de C., quien en 2016 tenía 14 años y habría sido violentada por del Pópolo en dos oportunidades. Una historia que acercó Mailén. Un requerimiento de incorporación que solicitó el fiscal Guillermo Pérez de la Fuente y que tanto el tribunal como la querella, a cargo de Gabriel Conder, aceptaron.

El proceso continuará el próximo 10 de septiembre al mediodía.    

“Mientras me apretaba la cara, me penetró”

Anabella vive en Países Bajos, tiene 33 años y es tester de software. Conoció a del Pópolo en un recital y luego de que él la violentó no lo vio más. “Él me agregó a Facebook y empezamos a hablar. En ese momento estaba buscando una habitación, él me contó que tenía una amiga que me podía alquilar; entonces nos encontramos para verla”.

Durante aproximadamente 45 minutos, Anabella relató de forma virtual –pero no con menos detalles-, la noche del 24 de octubre de 2013, fecha que recuerda con precisión porque es un día antes del casamiento de su hermana. Mientras, el acusado jugaba con una lapicera cabizbajo. Antes, había sido apartado para que ella no lo vea.

“Cuando llegué, él estaba tomando un vino”, relató la denunciante refiriéndose al contexto y la actitud del procesado; “compramos uno más y vimos la habitación en alquiler”, agregó. “Luego, fuimos a un bar. En el camino él tenía una actitud violenta, iba pateando la basura”, agregó Anabella; “tenía pensado ir a lo de una amiga a dormir, pero como se había hecho tarde no me respondía los mensajes. Entonces fuimos a su casa. Entramos a su habitación y nos acostamos en la cama. Yo no tenía experiencia con el sexo casual”.

Fue el momento en que Anabella relató cómo, a pesar de las torturas de del Pópolo, ejerció su derecho a decir no. “Pensaba que tenía que hacerlo porque fui a su casa”, señaló; “primero accedí, pero luego tuve mucho miedo. En un momento me dejé de resistir, me rendí, y él, mientras me apretaba la cara, me penetró”. Antes y después, el testimonio ante el Tribunal de la violencia física y simbólica como prueba, la radiografía compleja del abuso de poder patriarcal. “Cuando le quise pegar para defenderme, me agarró más fuerte. Ahí me di cuenta que no podía salirme de esta situación”, declaró.

“Ese día no se lo conté a nadie”, siguió cronológicamente Anabella, “al otro, tenía un mensaje de él pidiendo perdón y preguntándome si tomaba pastillas anticonceptivas”. También relató el recuerdo del dolor en su lengua que le duró una semana y ante la pregunta del fiscal Pérez de la Fuente respondió segura “primero accedí a tener relaciones sexuales y después dije que no”, “él me lastimó”, y agregó ante otra de las consultas: “no usó ningún tipo de protección”.

Tres años después, Anabella vio el video en YouTube de Mailén y de Rocío. “Sentí empatía y fuimos a la fiscalía a hacer la denuncia”, contó y profundizó en sus emociones: “Sentí culpa. Sentí que a Mailén le había pasado porque yo no había hecho nada al respecto. Entonces la contacté, no la conocía”. Nacía otra red feminista.

“Le pedí que pare y él me decía que esto era mi culpa”

Mailén vive el conurbano bonaerense, tiene 30 años, es estudiante de diseño industrial, trabajadora del sonido y declaró a la par de una de las profesionales de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC). “Nos conocimos a través de alguien en común”, introdujo refiriéndose al acusado, quien era su amigo. Tenía una remera que le rezaba a algunos santitos paganos; y una treintena de amigues que la abrazaban adentro y afuera de una sala conmovida por su sensibilidad y su relato.

“Él siempre tuvo el poder de justificar sus actos”, caracterizó Mailén; “yo estaba en una situación vulnerable y lo sabía”. Con memoria milimétrica, relató la previa a la violación que dio sustento a la denuncia que lo cambió todo: desde la red flag del acoso en línea hasta el primer asalto a su autonomía sexual por parte de del Pópolo.

“Fue una relación de amistad, sentía contención”, dijo Mailén, antes de contar la noche del hecho denunciado tras un recital. “Decidimos dormir en su casa y al otro día hablar”, declaró, haciendo referencia a la agresión del ex músico contra el público que lo había ido a ver. “Cuando llegamos a su casa, metió al perro a la habitación y lo escupió. Ahí empecé a tener miedo”, sostuvo; “me acosté en la cama, sin pantalón, se acostó conmigo, me abrazó” y comenzó la violencia.

Según la declaración de la sobreviviente, del Pópolo la “inmovilizó” y “cada vez que le pedía que parara se ponía más violento”. Afirmó que le pegó, la lastimó en la garganta, le mordió la lengua y la violó. “Le pedí que pare y él me decía que esto era mi culpa”, recordó; antes, el acusado le dijo: “para qué viniste si sabía que iba a pasar esto”.

“Tenía tanto miedo que lo único que quería era salir de ahí e irme a mi casa”. Al igual que el relato de Anabella, el lugar del hecho declarado se repetía, pero esta vez, del Pópolo obligó a Mailén a dormir con él. “Me desvistió a la fuerza y ya no me resistí”, contó. En la mesa, rodeando sus manos -firmes y temblorosas-, había unos caramelos que había alcanzado el presidente del tribunal, un café pedido por el fiscal, una botella de agua que facilitó una integrante de DOVIC, y un aceitito que le alcanzó Rocío, otra de las denunciantes.

Mailén contó ante el poder judicial que le advirtió al acusado que lo iba a denunciar. “Él me dijo ´ni en pedo, si no te hice nada´ y se acostó a dormir”; continuó. Fue cuando ella, atenta a la respiración del agresor agarró sus cosas, algo de plata que había tirada en la habitación y se fue. Cuando salió, caminó y corrió. Tuvo miedo que él la siguiera desde atrás. Se dirigió a la casa de su ex novio y un amigo, a quienes le contó lo que sucedió y la acompañaron: primero a una comisaría cercana a denunciar y luego al hospital Pirovano.

“Mientras estaba haciendo la denuncia, me empezó a llamar y por chat me pidió perdón”, contó Mailén. Lo que siguió fue el hostigamiento de amigos del violento para que desista con la denuncia y no se transforme en una causa judicial. Menos un juicio. “Toda mi vida tuve el acompañamiento de mis amigues”, lanzó como antídoto ante la complicidad y una vez que realizó el video fue consciente que el apoyo se multiplicó por miles. “Hasta hoy quienes me escriben me dicen ´este tipo me cagó la siquis´”, y afirmó: “Yo me pude defender, pero estas chicas no pudieron hacer nada”.

“Decidí esperar a que ella pudiera hablar”

La declaración testimonial de Mailén se extendió por dos horas mediando un breve cuarto intermedio. Fue un alegato político para que no les pase a otras; la responsabilidad social con el juzgado como escenario. Un refugio de esperanza donde reside lo aberrante.

“Eran tantas las que me decían lo mismo sobre él que tuve que cerrar las redes sociales porque sentía que tenía que quería ayudar a todas y no lograba hacerlo con nadie”, suspiró angustiada retomando lo que siguió a su video de denuncia contra del Pópolo; “no solo violó, también maltrató, y todas esas estamos sufriendo las secuelas”.

Mailén habló sobre la salud mental de ella y de quienes sobrevivieron y sobreviven a las consecuencias de los actos de violencia sexual de personas cercanas y que creían de su confianza. Fue después de mencionar la historia de C., de quien ella sabía de su existencia y la relación con del Pópolo por sus propios comentarios. “Decidí esperar a que ella pudiera hablar”, afirmó amorosa. Queda ver si se confirma que su declaración será incorporada al juicio en las próximas audiencias.

Porque el silencio no es nuestro idioma.   

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Los hechos en el pasado

Santiago Maldonado fue desaparecido en el marco de un operativo represivo desatado por Gendarmería Nacional con el argumento de liberar un corte de ruta en la Patagonia Argentina. El hecho ocurrió el 1 de agosto de 2017, en el Pu Lof en Resistencia de Cushamen, ​ situado en la provincia de Chubut.

El cuerpo sin vida de Maldonado fue hallado en un rastrillaje efectuado en el río Chubut, dentro del Pu Lof, cuando habían transcurrido 77 días sin noticias de su paradero. En una ceremonia emotiva, sus restos fueron inhumados el 25 de noviembre de ese mismo año en un encuentro íntimo realizado en el Cementerio Parque Paraíso, en 25 de Mayo, su ciudad natal.

Ese mismo día, el 25 de noviembre de 2017, mientras en Buenos Aires despedían a Santiago Maldonado, en Bariloche mataban a Rafael Nahuel en el marco de un operativo del Grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina. El joven mapuche fue asesinado de un disparo por la espalda de arma de fuego. Ambos crímenes, fueron avalados y respaldados por Bullrich, quien defendió el accionar de los agentes en territorio patagónico.

En aquella jornada del 25 de noviembre de 2017, las primeras informaciones que se daban a conocer eran confusas y aparecían en los principales portales de noticias. Clarín y La Nación, casi en simultáneo y con la misma pluma titularon: “Un mapuche murió baleado tras un enfrentamiento con la Prefectura en Villa Mascardi” y “Un mapuche murió de un tiro en Villa Mascardi durante un enfrentamiento con Prefectura”.

“Esta situación ocurrió en el marco de una acción legal, legítima, totalmente enmarcada en la ley, frente a una acción ilegal, violenta e inaceptable para la democracia de un pueblo que quiere vivir en paz”, argumentó Patricia Bullrich, el 27 de noviembre, en su condición de Ministra de Seguridad de Mauricio Macri.

Esa teoría, que Bullrich plantó ante los medios en una conferencia de prensa realizada junto al ex ministro de Justicia Germán Garavano, fue un guiño hacia los magistrados que avanzaron sobre la hipótesis del enfrentamiento armado para alivianar las penas bajo la figura de “la legítima defensa”.

El Ministerio Público Fiscal avaló esa versión y dio por acreditado que aquel mediodía hubo un enfrentamiento con armas de fuego entre los prefectos y algunos manifestantes, y que los agentes federales sobrepasaron los límites que impone el protocolo de acción.

“El fallo no es lo que pedimos en nuestro alegato, lo que consideramos que se acreditó durante el debate oral: acá hubo un homicidio calificado, una persecución donde se dispararon 150 municiones de plomo, no hubo exceso de ningún tipo y ese no fue el resultado que entendió el tribunal oral, por eso no estamos de acuerdo”, agregó luego el abogado Przybylski.

Los hechos en el futuro

Luego del denominado “Pacto de Acassuso”, sellado entre Mauricio Macri, Javier Milei y Patricia Bullrich, la socia fundadora de esta alianza ya se prepara para ocupar un lugar en el gabinete del gobierno libertario y no se descarta su retorno a la cartera de Seguridad.

Sin embargo, mientras Bullrich toma carrera para pasar de la ‘Doctrina Chocobar a la Masserista’, esta última vinculada a la reivindicación que el presidente electo Javier Milei hace de la última Dictadura Militar. Esa doctrina, que se limita a reducir a “excesos” los crímenes de lesa humanidad ejecutados durante el Terrorismo de Estado, es la bajada línea que sale desde el poder central.

Por si fuera poco, los tribunales Federales de Comodoro Py – que se mueven al ritmo del nuevo clima político – ya dieron señales positivas para el libertario con las recientes resoluciones que favorecieron a Mauricio Macri en la causa ARA San Juan y perjudicaron a Cristina Fernández en la llamada “Ruta del Dinero K”. Como si fuera un un revival del periodo 2015-2019, todo indica que otra vez la sociedad argentina será víctima de medidas económicas y un plan represivo que tendrá un aval institucional gracias al nado sincronizado del Partido Judicial y la Quinta de Olivos.

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Por Laura Salomé Canteros @laurasalome

“Aumentaron la condena, tomaron los casos prescriptos, el proceso de cierre se acerca. Escucharon nuestros pedidos, hicimos jurisprudencia colectiva, seguimos tejiendo la historia por una vida sin abusos”. Con estas palabras y desde sus redes sociales, Ariell Carolina Luján, une de les denunciantes de las violencias sistemáticas del ex músico Cristian Aldana, comunicó que la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional emitió su fallo y comienza la reparación de las personas sobrevivientes.

Hoy, y ante el planteo de nulidad efectuado por los abogados de Aldana el pasado 29 de junio de 2022, la Sala I de Casación Penal -integrada por los jueces Gustavo A. Bruzzone, Jorge Luis Rimondi y Mauro Divito- , resolvió rechazar y condenarlo, en definitiva, a la pena de 25 años de prisión como autor penalmente responsable del delito de corrupción de menores reiterado en seis oportunidades. La novedad judicial se da a tres años y un día de su condena que no estaba firme y resultó en un aumento de su encierro ya que fueron consideradas dos denuncias en perjuicio del fallo de 2019.

Dialogamos con Ariell quien nos regaló sus primeras impresiones de otro día histórico.

*

– ¿Cómo definirías la lucha que dieron y porqué la tenemos que reivindicar más que nunca?

La definiría como ardua, paciente, feroz, y llena de amor colectivo. Un crecimiento personal muy enorme, un desafío de cada une de nosotres, para afrontar todo lo que significa “no callar más”. Nunca pensé que luego de levantar esa pancarta en el sur, con esta proclama tan mágica y poderosa “No nos callamos más”, iba a suceder todo lo que sucedió. No son logros personales, son y siempre fueron colectivos. Y en lo personal, le dedico con mucho amor este logro de lucha por la verdad y la memoria anti abuso a mi hermana, por ella levanté esa pancarta, fue fundamental para construir la fuerza y seguir levantando la voz hasta el final.

La lucha la tenemos que reivindicar con memoria, fortaleciendo las redes, con información útil y real. Apoyando a sobrevivientes, ex víctimas y víctimas, a quienes deciden escrachar, denunciar o solo decírselo a una persona. Construir eso que han intentado arrebatarnos y convertirlo en activismo afectivo, por una vida sin abusos, una sociedad no revictimizante y un mundo no patriarcal.

– A pesar de las dificultades, ¿Quiénes te acompañaron y cuáles son esas discusiones que te hicieron más fuerte?

Me acompañó mi abogada Gabriela Conder, que me defendió de una manera muy amorosa y como una fiera activista gross y genial. Solo tengo palabras de agradecimiento con ella, por su dedicación, activismo, cariño, compromiso. Y luego, mis compañerxs denunciantes, mis amigxs, mi familia, mi terapeuta, y yo misme, me agradezco construir resiliencia, ante todo. Confío, en que el mundo macho está cayendo.

Y sobre la discusión, es siempre política, y la decisión y la diferencia, siempre, es no callar más, ningún tipo de abuso. Eso significa, no encubrir, no sostener, no reproducir abusos. Es una labor de todos los días, porque nos atraviesan las violencias, pero es una elección corrernos y repararnos.

– ¿Ahora qué sigue?

Sigue la reparación histórica y estoy escribiendo un proyecto de ley al respecto e invito a que se sumen ya que vamos a necesitar ayuda y colaboración de todes para que sea una realidad y estoy dispuesta a dejar ese registro por las niñas y adolescentes que fuimos y por les que vienen. Elles no merecen un mundo donde te violan, te abusan, te golpean, te acosan o te matan. No queremos y no somos parte del mundo macho y sus reglas. Por esa decisión, por esa elección que nos sitúa en otro lugar, en otros roles, sé que es posible. Nuestros mundos sin abusos existen y los elaboramos y los labramos día a día para romper el paradigma opresor de la cultura de la violación.

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Si bien hoy se cierra una etapa, la definición política de interpelar a los poderes sigue viva. Tras más de 10 años de organización y proceso judicial, la revictimización sobre las personas denunciantes de las violencias que ejerció Cristian Aldana requiere un nuevo nivel de responsabilidad institucional y vale para todes: la de la efectivización de una reparación histórica a sobrevivientes de abusos sexuales en la infancia. Para esto, Ariell abrió un canal de recepción de aportes al proyecto de ley que está redactando. Le pueden encontrar en Instagram @ariellcarolina o a su mail: ariellcarolinalujan@gmail.com

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Por Ariell Carolina Luján* | Ilustración: Lourdes Reinaga

El 12 de julio de 2019 y tras un año y dos meses de audiencias en los Tribunales de la calle Paraguay en la ciudad de Buenos Aires, Cristian Aldana, ex músico, era condenado por “corrupción de menores reiterado” y era el veredicto del juicio que marcó una era, la del “ya no los callamos más”. Fue precisamente en esa sala de lectura de sentencia en que el Tribunal Oral en lo Criminal 25, integrado por los jueces Gustavo Goerner, Ana Dieta de Herrero y Rodolfo Bustos Lambert, rechazó en primer lugar el planteo de nulidad efectuado por la defensa del condenado. Sin embargo, hoy, en la audiencia de apelación que tuvo lugar en Casación Penal, en la calle Talcahuano, esta fue una de las cuestiones a considerar.

Pero hubo más, porque la definición política de interpelar a los poderes sigue viva. Tras más de 10 años de organización y proceso judicial, la revictimización sobre las personas denunciantes requiere un nuevo nivel de responsabilidad institucional: la de la efectivización de una reparación histórica a sobrevivientes de abusos sexuales en la infancia. Recuperamos el texto que se presentó hoy porque lo judicial también es político y colectivo.

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El día martes 22 de mayo de 2018, en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°25, comenzó la recta final de un largo proceso judicial que nos atravesó profundamente en la totalidad de las áreas de desenvolvimiento personal y social a todas y todes las y les denunciantes y testigos damnificades en la causa caratulada “Abuso sexual gravemente ultrajante en concurso ideal con corrupción de menores” contra Cristian Aldana, quien cumple una condena de 22 años lograda colectivamente luego de un gran esfuerzo psicoemocional, físico y económico por parte de todas las denunciantes y testigos.

En esta instancia de apelación observo urgente expresar mi visión al respecto, dando cuenta de lo que significa para lxs sobrevivientes de abuso sexual en la infancia y adolescencia que la condena aún no esté firme, y el proceso judicial no se cierre definitivamente. 

Mis primeras denuncias datan del mes de abril del año 2011, las cuales fueron desestimadas y archivadas. En septiembre del año 2015 realicé una pancarta para visibilizar el caso y meses después apareció un blog utilizando mi proclama para denunciar públicamente también los abusos sexuales, emocionales y psicológicos cometidos por el sujeto. En abril del año 2016, ingresó en la Agencia Territorial de Acceso a la Justicia (ATAJO) mi cuarta denuncia por las mismas causas anteriormente mencionadas. Al día siguiente, se sumaron 6 denuncias más en la Unidad Fiscal Especializada en Violencia Contra las Mujeres (UFEM).

Un recorrido de más de 10 años pidiendo justicia por los hechos que vivenciamos siendo todas y todes menores de edad. Los testimonios, tanto los expuestos en el sistema judicial mediante denuncias, como los más de 100 expuestos en redes sociales, declaran en su gran mayoría que los hechos fueron consumados siendo menores de edad, entre 11 y 18 años precisamente. Hoy en día existen diversos estudios que demuestran el estado de shock y trauma que generan los abusos sexuales, específicamente en menores de edad, y las múltiples consecuencias que luego se desarrollan a lo largo de toda la vida, con dificultades diversas, psicoemocionales y físicas para un desenvolvimiento sano  en la cotidianeidad, tanto en sus áreas personales como sociales. Cito a la psicóloga social Sandra Barilari, especializada en derechos de las niñeces y adolescencias, quien en su libro “Efecto Dominó” ahonda e investiga esta problemática y sus devenires para facilitarles una mayor comprensión de lo que nos sucede frente a esta audiencia: “Traigo el concepto general de trauma psicológico para poner más luz y no perder de vista que estamos hablando de un profundo daño que ocasiona la desestructuración de la persona, por la imposibilidad de ser tramitado, sobrepasando las capacidades de la víctima de violencia sexual, en cualquiera de sus formas. Los traumas más comunes resultan en una ruptura en el sentimiento de seguridad básico. Una carencia de interacción humana necesaria. Ser objeto de expresiones excesivas e inadecuadas de agresividad y/o sexualidad. Algunas secuelas, síntomas y consecuencias del trauma por abuso sexual y violación son alteraciones en la autopercepción, como vergüenza, culpa, sentimiento de invalidez, alteraciones de la consciencia, como amnesia o hipernesia, disociación, despersonalización y alteraciones en las relaciónes sociales como aislamiento, falta de confianza, fracasos repetitivos en la autoprotección (…)”. 

Todas las denunciantes fuimos diagnosticadas en los peritos psicológicos y psiquiátricos con estrés postraumático y con ésto a cuestas nos hemos predispuesto a respetar el proceso judicial sin perjudicar de ninguna manera su desarrollo. Siendo evidente en múltiples ocasiones el caso completamente contrario con el denunciado y su representante.

En esta instancia, me parece de extrema importancia que se tengan en cuenta los niveles altísimos de revictimización constante al que estuvimos y estamos expuestas, siendo una vez más objetos de abuso psicológico por parte del condenado. No sólo hemos soportado la revictimización del extendido tiempo hasta que nuestras historias fueron escuchadas, luego el largo proceso del juicio producto de las diversas incompetencias del denunciado y su letrado, elaborar lo que conlleva volver a nombrar nuestras historias traumáticas y cruzarnos personalmente con él, sus familiares y amigos, muchísimos de ellos cómplices y coautores, lidiar con la mediatización muchas veces ultra revictimizante, la agresión continua de fans y familiares del condenado hacia todas nosotras antes, durante y aún en la actualidad, batallar en nuestra vida personal con los síntomas antes expuestos, resultados del alto grado de trauma que todas vivenciamos, y las imposibilidades para acceder a un trabajo que contemple esta situación, terminando la mayoría sin poder ir a las audiencias, o trabajando de manera informal con muy bajos ingresos para poder acceder a lo que debería ser un derecho para nuestra reparación histórica: asistir a las audiencias, obra social, asistencia psicológica y psiquiátrica, alimentos, viáticos y un hogar. 

Más allá del debate sobre cuándo, qué y cómo actuar con presos, estamos hablando especificamente de condenados por abuso sexual cuando éramos menores de edad, y en un marco social ultra patriarcal, necesitamos que el sistema judicial revise y accione frente a los diversos beneficios que el sujeto tuvo, y que aún busca perpetrar, en contraposición con las enormes e injustas dificultades que atravesamos las denunciantes, antes, durante y luego del proceso judicial. En esta oportunidad, en la que se me otorga hacer llegar mi voz y perspectiva sobre el pedido de nulidad del condenado, quisiera agregar a todo lo expuesto la problemática profunda y de variados aspectos que significa y representa que el denunciado y condenado pueda seguir accediendo sin ningún tipo de revisión (para evitar violentas revictimizaciones que detonan nuestros síntomas) a notas periodísticas donde expresa tácitamente que mentimos, entre otras actividades como realizar la grabación de un disco, consumando mensajes que ya hemos demostrado que son peligrosos porque vienen de un agresor psicológico, físico y sexual, psicópata y narcisista, diagnosticado por los propios peritos de este proceso judicial. Además de perpetrar su impunidad, trayendo una enorme desprotección y desamparo a sus víctimas, siendo ésta una de las maneras para cooptarnos cuando éramos menores de edad. Sin dejar de mencionar, lo peligroso que llega a ser que siga accediendo a la comunidad menor de edad, a través de un lenguaje artístico, en este caso, la música.

Cabe destacar que la jueza Ana Dieta de Herrero votó en disidencia y consideró que debía condenarse a Aldana a la pena de 35 años de prisión, pido que este punto sea revisado y tenido en cuenta junto con la apertura e inclusión de los dos casos desestimados por prescripción. 

Nuestra disposición para colaborar con el proceso judicial estuvo y está a la vista, pero también es importante expresar la necesidad urgente de que la condena quede firme y que éstas instancias cesen, para poder seguir con nuestras vidas sin este pesado proceso aún a cuestas. También invitamos a que puedan revisar la cantidad de falencias que existen para acompañar y proteger a denunciantes y sobrevivientes de abusos sexuales, a razón de hacer de este proceso, ya doloroso de por sí, menos revictimizante. Muchas gracias por esta oportunidad para expresarnos frente a esta apelación, con todo lo expuesto, considero que ningún beneficio debería ser dado al condenado, que el pedido de nulidad del juicio es incompetente, y por el contrario, que con urgencia este proceso termine por cerrarse.

*denunciante, activista y escritora. Corrección final del texto: Lau del Hoyo D´Onofrio

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Por Laura Salomé Canteros @laurasalome / Fotos: Dan Damelio @dan.dan.ph

“¡La libertad, la libertad, chicas, la libertad!”, gritó Higui en el pasillo del penal de Magdalena en horas de una tarde de junio cuando una de sus hermanas le comunicó por teléfono lo que ya era noticia en las redes que lucharon por su libertad: la Cámara de Apelaciones de San Martín le había concedido la excarcelación extraordinaria y esperaría el juicio oral en libertad. Cuentan que en las celdas se escucharon cantitos de festejo y que Higui bailó y lloró de alegría al saberse libre. De ese momento pasaron cuatro años y ocho meses. Hasta que el inminente comienzo del juicio que dictaminará en la absolución su definitiva libertad convocó a les activistas a volver a organizarse.

El 15 de marzo en los tribunales de San Martín, provincia de Buenos Aires, comenzará el juicio oral y público que juzgará a Eva Analía de Jesús, Higui, por “homicidio simple” en al menos cuatro jornadas en las que se presentarán los testimonios de 30 testigos y pericias psicológicas. Por esto, el sábado 19 de febrero en la Plaza de Mayo, con la presencia de Higui, su abogada Gabriela Conder, y alrededor de 70 activistas, se realizó una reunión de estrategia colectiva. Porque como manifestaron, “la lucha por la absolución de Higui se tiene que dar en todos los espacios”.

El juicio contra Higui es de interés público y social. En primer lugar, debido al hecho que se investigó, una violación correctiva en ataque contra la integridad física, sexual y psicológica de una lesbiana; la articulación del colectivo LGBTIQ+ para alcanzar la masividad del pedido por su libertad; y finalmente, debido a las críticas sobre la falta de capacitación en DDHH del poder judicial que están manifestando los feminismos populares. Por eso, para que no persista la impunidad, la garantía de un juicio público por parte del tribunal 7 de San Martín es una de las primeras preocupaciones de su defensa: que se asigne la sala más grande para el ingreso de familiares, amigues, activistas y el periodismo; y que haya transmisión en vivo.

“El Estado te acusa si salis de cómo se supone que tenes que actuar ante un ataque heteronormativo”, opinó la abogada Gabriela Conder y fundamentó la importancia de que se generen las condiciones para que todes sigan el juicio contra Higui: “Queremos saber cómo resuelve el poder judicial en relación a una violación correctiva”, dijo. “Necesitamos estar en el juicio y que sea público”. El mensaje que otorgue uno de los poderes más cuestionados no puede ser la condena tras una legítima defensa con las herramientas de trabajo de una lesbiana.

Memoria feminista: el Estado es responsable de su encierro e integridad

La excarcelación extraordinaria de Eva Analía De Jesús, Higui, llegó el 17 de junio de 2017 tras días de incertidumbre y lucha. El 1 de junio de ese año, la habían trasladado desde el destacamento policial donde se encontraba privada de su libertad desde que fue atacada por varones violentos el 16 de octubre de 2016 en San Martín hacia el penal de Magdalena, en la órbita del Servicio Penitenciario bonaerense, alejándola de su familia. Desde entonces se lucha por su absolución.

Una semana después de ese traslado compulsivo, el 8 de junio, una convocatoria acompañó el pedido de su defensa ante la Sala de Apelaciones en los Tribunales tras la marcha que gritó el 3 de junio “ni una menos, vivas y libres nos queremos”, ocasión en que la libertad para Higui fue una demanda urgente en las calles y el escenario. Atrás había quedado la jornada que se organizó en varias provincias el 17 de mayo, día de lucha contra el odio hacia el colectivo LGBTIQ+.

La jornada por #LibertadParaHigui se realizó con la decisión de instalar el reclamo en el centro político e institucional del país. Ya que el acoso que padeció, las agresiones y las amenazas de los machos; la discriminación y criminalización de sus acciones de parte del poder judicial; y la negligencia de la policía apenas ocurrido el hecho que se juzgará; son una evidencia de la revictimización y el lesbo- odio del Estado. Al finalizar ese 17 de mayo, el reclamo por libertad para Higui trascendió todas las fronteras y tuvo uno de los guiños de color más emocionantes: René Higuita, el legendario arquero colombiano por quien Eva lleva el apodo, se solidarizó con el reclamo de libertad y subió a sus redes sociales una foto con el cartel #LibertadAHigui.

“Higui” es una lesbiana del conurbano profundo y estuvo privada de su libertad desde la noche en que se atrevió a defender su integridad del ataque de un grupo de varones violentos que la abordaron en su barrio, en el conurbano noroeste, con fines disciplinadores de su orientación sexual. Una agresión en contexto de amenazas que podría haber sido mortal y por la que fue imputada de forma inmediata por herir de muerte a Cristian Espósito.

Eva es otra víctima de la violencia machista que padeció en el encierro la revictimización de las instituciones que debieron protegerla, tras ser acusada por “homicidio simple” sin que se le crea ni se tenga en cuenta el contexto de desigualdad, lesbo- odio y violencias y desigualdades biográficas y sociales cotidianas que acompañaron la agresión que padeció.

En su historia, no casualmente, los varones que atentaron contra su integridad en impune abuso de poder no fueron señalados, investigados, detenidos ni imputados; ni por “lesiones graves”, ni por “abuso sexual”. Por eso, tras años de criminalización, la absolución de Higui apenas se acercará a la reparación y a la definitiva reconstrucción de sus opciones de vida y sus libertades.

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La reunión en la Plaza de Mayo fue una ronda y circulaba la palabra, como la pelota que anticipaba el “fulbito” que tendría como protagonista a Higui. Los trapos verdes y negros se mezclaban en las fotos con los pañuelos de las Abuelas y las Madres y las fotos con la frase “Yo me defendería como Higui” volvieron, junto a la organización disidente. La memoria y la solidaridad se activaron con los cuerpos historizados. La esperanza de la definitiva libertad rondaba; y se contagiaba de la misma forma en que lo hará la convocatoria a acompañar el juicio durante los próximos días. Un hit se anticipaba “Olé olé/ Olé olá/ Olé olé/ Olé olá/ Una lesbiana se defendió/ se llama Higui queremos la absolución”. Serán las frases que se escucharán frente a los tribunales de San Martín.

Leé todas las notas que publicamos sobre la lucha por la libertad de Higui en:

https://www.marcha.org.ar/tag/libertadparahigui/

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Por Santiago García (desde Entre Ríos)

Néstor Pavón, señalado por la Querella y la Fiscalía (pero sobre todo por las pruebas) como coautor del femicidio de Micaela García junto a Sebastián Wagner, quedó en libertad. El beneficio llegó de la mano de un fallo de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, que por dos votos contra uno (sí, dos varones contra una mujer) determinó que, habiendo cumplido más de dos tercios de su condena por encubrimiento, ya no tenía sentido que siguiera con prisión preventiva.

La caución que se le impuso y que ejecutó esta semana es de un millón de pesos y Pavón entregó una camioneta Renault Master como garantía a pesar de que la sentencia figura como oficio “gomero” . En el fallo se considera que la caución es “una garantía de que la persona cumplirá con lo pactado, prometido u ordenado”. Los magistrados que han dispuesto la excarcelación de Pavón son los doctores Daniel O. Carubia y Miguel A. Giorgo. En sus respectivos votos, consideran que Pavón ya no pone en riesgo la investigación porque se encuentra “concluida”. A su vez, para hacer más agraviante el texto, agregan que ya no se justifica el encarcelamiento preventivo “que viene sufriendo por la sola circunstancia de ejercer su legítimo derecho a la revisión integral de un fallo condenatorio dictado en su contra, cuando han desaparecido los conocidos riesgos procesales que en su momento motivaron su dictado y la hipótesis más desfavorable que tiene a la vista el encartado Pavón sería el breve lapso de tiempo que le resta por cumplir en caso de adquirir firmeza su condena”. Para cerrar, agregan que mantenerlo en prisión sería “un antojo o capricho, un mero acto de poder, absolutamente despojado de razones de tutela de los fines del proceso, que se encuentra totalmente asegurado a esta altura”.

Es importante recordar que la Cámara de Casación Penal, revisando la enorme evidencia contra Pavón, decidió que se realizara un nuevo juicio para esclarecer su participación en el hecho. Sin embargo, está claro que, para los anteriormente mencionados, la Justicia no piensa responder a las preguntas que todas y todos nos hacemos. Es justo destacar que la Dra. Mizawak, en el mismo fallo del STJ, destaca que “el imputado Pavón llevó a cabo durante la investigación de los hechos que rodearon la muerte de la víctima Micaela García maniobras que perturbaron el desarrollo de la investigación y que no pueden ser soslayados aún en el contexto reseñado por el voto de la mayoría del superior tribunal provincial, pues forman parte de la conducta precedente del sujeto y, como tal, son datos concretos y objetivos”. Mizawak, que se manifestó en contra de la liberación de Pavón, señaló: “La singular gravedad del hecho endilgado (encubrimiento del abuso sexual con acceso carnal en concurso ideal con homicidio triplemente calificado por ser con alevosía, violencia de género y criminis causa de Micaela García), su actitud posterior al delito y su probable contribución al retraso del esclarecimiento del delito”. En un mismo fallo se pueden observar las diferentes perspectivas de género, y la incoherencia vergonzosa de la injusticia entrerriana.

Las preguntas que la el poder judicial no quiere responder

Durante el juicio por el femicidio de Micaela García, la Querella y la Fiscalía coincidieron en acusar a Néstor Pavón como coautor del delito junto a Sebastián Wagner. El tribunal de Gualeguay, integrado por los Dres. Cadenas, Crespo y Pivas resolvió que sólo le cabía la pena de encubrimiento agravado. Descontentos por el fallo, la familia de Micaela y el Ministerio Público Fiscal apelaron y la Cámara de Casación Penal les dio la razón, ordenando un nuevo juicio contra Pavón. Sin embargo, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (máxima autoridad de la Provincia) dio vuelta el fallo de Casacióny permitió la libertad de Néstor Pavón. Más allá del curso que tome la cuestión legal, ante la posibilidad de que el caso alcance a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hay algunas preguntas que quedaron sin responder:

-¿Por qué ayudó Pavón a una persona que tenía más de una condena por violación, mientras toda la ciudad buscaba a una chica desaparecida?

– ¿Por qué desvió la investigación, ocultando pruebas, “confundiendo” el nombre de Wagner, escondiendo el vehículo, facilitando el traslado de Wagner a Buenos Aires y ofreciendo seguir transfiriendo dinero a su ex empleado una vez fugado?

– ¿Por qué las únicas personas que corroboran la coartada de Pavón durante la desaparición de Micaela fueron sus propios familiares?

– ¿Quién ayudó a Wagner en el femicidio de Micaela, ya que, según las pericias, está probado que participó más de una persona?

-¿Quién coartaba la libertad de Micaela mientras Wagner manejaba?

-¿Quién ayudó a Wagner a desempantanar el auto, antes y/o después de deshacerse del cuerpo de Micaela?

– ¿De quién eran las marcas de barro que tenía el auto en el asiento del acompañante?

– ¿Quiénes eran las dos personas que un testigo vio en la ruta arriba del auto en el que se secuestró a Micaela?

– ¿A quiénes les decía: “suéltenme hijos de puta”, Micaela, antes de ser secuestrada?

– ¿Qué hacía Sebastián Wagner cerca del domicilio de Pavón después de cometer el delito?

Podríamos seguir haciendo este tipo de preguntas durante mucho tiempo. Lo cierto es que, al parecer, para la Justicia de Entre Ríos, no son importantes. Pareciera que da igual que un posible femicida se encuentre libre por las calles de la misma ciudad en la que nos arrebataron la vida de Micaela.  En honor a su memoria, nuestro deber es seguir preguntando.

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Este martes 4 de septiembre Día del Inmigrante en la Argentina, distintas organizaciones, de migrantes y sociales,  aglutinadas en la campaña Migrar No Es Delito convocan al 2º Paro Migrante en la Argentina. El pasado viernes se realizó una Audiencia Pública en el Congreso Nacional donde  expusieron académicos, trabajadoras y trabajadores y referentes de organizaciones sociales frente a las políticas xenófobas impulsadas por el gobierno nacional.

Esta vez, al reclamo que desde hace más de un año se viene realizando contra la derogación definitiva del DNU 70/2017, que modificaba la Ley de Migraciones, en el que ya hubo un antecedente de inconstitucionalidad, se unen los reclamos contra las iniciativas de Ley que buscan generar políticas discriminatorias para migrantes como arancelamiento de salud y educación, el aumento de tarifas a los trámites, las trabas administrativas, además de la persecución policial que sufre principalmente la comunidad senegalesa, la precarización laboral como parte del ajuste y la recientemente  creación de una aplicación de celular para tener un registro de migrantes en situación administrativa irregular.

La movilización, que se espera cuente con una gran convocatoria, partirá desde Tribunales hasta el Congreso Nacional. La campaña impulsa la necesidad de que el Poder Judicial ratifique la inconstitucionalidad del Decreto (DNU 70/2017). Como parte de esta lucha, la distintas colectividades han venido realizando una serie de acciones informativas en los consulados y embajadas, e invitando a la Audiencia Pública que se realizó el pasado viernes 24 de agosto en el Congreso de la Nación.

Durante la Audiencia Pública, dirigida por la diputada Romina del Pla, tomaron la palabra distintas personalidades, diputados y diputadas, estudiantes, especialistas, migrantes, organizaciones de derechos humanos, quienes intervinieron alrededor de cuatro ejes: salud, educación, trabajo/sindical y DNU. Durante las intervenciones se hizo hincapié en la denuncia contra la política xenófoba y de persecución que realiza el gobierno nacional y que se refleja de forma explícita en las declaraciones de sus funcionarios.

Entre las ponentes estuvo Lucía Galoppo, abogada de la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF), una de las organizaciones que presentó el amparo contra el DNU por su carácter inconstitucional. En su intervención, Lucía explicó la situación actual del Decreto,  luego de que el gobierno presentara un recurso extraordinario federal, con lo que la sentencia de la Cámara queda anulada hasta que la Corte no resuelva sobre esta situación. Es decir, en términos prácticos, el Decreto sigue vigente. Más allá de la situación legal. Además, destacó el carácter disciplinador del DNU y las distintas medidas administrativas que empujan a los y las migrantes a una situación irregular.

Por su parte, Pablo Ceriani, director de la especialización Migración, Asilo y Derechos Humanos de la Universidad de Lanús, quien hizo especial énfasis en la lógica de control social que  encierran acciones como la aplicación de teléfono que busca informar a funcionarios de gobierno sobre la situación migratoria, y la equiparó con el espíritu de la Ley 22.439, que operó durante la última dictadura cívico militar, conocida como la Ley Videla, y cuyo objetivo era la expulsión de inmigrantes.

Otra de las intervenciones fue la de Zulema Montero, abogada de la asociación Yanapakuna, quien fue parte del movimiento de Migrantes Organizadxs que impulsó la Ley 25.871,  que es la que fue modificada con el DNU. Montero contó una serie de casos como cobros indebidos, familias que se están disgregando a partir de las expulsiones, restricciones en materia de salud y educación, e hizo un llamado a la unidad de las organizaciones migrantes para frenar este retroceso en materia de derechos.

En el eje de educación, Natalia Gavazzo, antropóloga e investigadora del CONICET, cuestionó, mediante datos recopilados a través de investigaciones, el argumento que se repite sobre el abuso de los y las migrantes de los servicios de salud y educación. La investigadora explicó que el problema no es el porcentaje de migrantes, que a principios del siglo XX era del 30% y que ahora apenas supera el 4% de la población, sino que lo que más molesta a una élite arraigada,  a una ideología eurocéntrica,  es que “el 70% sea de origen latinoamericano”. Finalmente, alertó sobre la falta de herramientas con las que cuentan las y los docentes para tratar temáticas de interculturalidad en las aulas del sistema educativo y recordó que la presencia de estudiantes extranjeros le da prestigio internacional a las universidades argentinas, contrariamente a los discursos que promueven desde los medios hegemónicos en relación a que estos estudiantes serían únicamente un costo.

Delia Colque, trabajadora textil, integrante de la cooperativa Juana Vilca y del Bloque de Trabajadorxs Migrantes, contó las problemáticas que enfrentan las mujeres migrantes que se dedican al rubro textil y las dificultades para avanzar en propuestas cooperativas. Entre estas problemáticas se encuentran los despidos y las dinámicas de abusos y sobreexplotación en las fábricas, las amenazas de cierre en la cooperativa,  si   contratan personas sin documento y la negación de los aportes de las y los migrantes a la economía. La trabajadora cerró su intervención haciendo un llamado a acompañar el Paro Migrante este 4 de septiembre.

La sesión continuó con otras intervenciones como la de Sandra Carreño, del FPDS Ezeiza, quien hizo un llamado a reconocer el aporte de los y las migrantes y retomó la propuesta, planteada el año pasado por Evo Morales, en favor de avanzar hacia la conquista de una ciudadanía universal.

El último segmento de la Audiencia estuvo destinado a contar casos emblemáticos de violencia contra migrantes. Entre estos casos, se encuentra el de Dina Sánchez, vocera del Frente Popular Darío Santillán (FPDS), quien acusó al gobierno de una ola de ataques xenófobos, machistas y racistas que sufrió en redes sociales luego de participar en la Marcha Federal por Pan y Trabajo. Frente a los ataques, Dina se encargó de dejar claro que “las mujeres pobres y migrantes no nos callamos más”.  En la audiencia también se hizo presente Patricia Ramos, del FOB, traductora de Reina Maraz, mujer quechua parlante que estuvo detenida acusada injustamente de haber asesinado a su esposo. El caso de Reina Maraz fue un caso simbólico en la lucha del movimiento feminista contra la justicia patriarcal y colonial, y que tuvo como desenlace su liberación en 2016.

Durante la jornada, más de 20 personas expresaron su opinión en relación a la política xenófoba del gobierno, desde distintas perspectivas y experiencias. El punto en común fue claro, la necesidad de avanzar en unidad y dar la mayor fuerza posible al segundo Paro Migrante en Argentina. Finalizada la Audiencia, las organizaciones (más de 40) que integran la Campaña Migrar No Es Delito hicieron un llamado a movilizar el 4 de septiembre, en un acontecimiento que promete ser un hito en la resistencia migrante en Argentina, y por qué no decirlo, en el mundo.

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Cuando es la mujer golpeada la que tiene que probar ante el poder judicial las violencias que padeció se desata una cadena de vulneraciones que no debe ser naturalizada. Un relato y la inacción que se transforma en violencia institucional de parte del Juzgado de Paz de Hurlingham, en el conurbano oeste, a cargo Alejandro Daniel Cattáneo.

Ella estaba embarazada de seis meses. Ya era la segunda o la tercera vez que él la golpeaba. No se acuerda si esa vez fue por la comida, o porque la hija mayor no paraba de hablar o porque sentía “celos” vaya a saber de quién.

Ella lo había dejado hacía unos meses, antes de enterarse que estaba embarazada. Pero él volvía, siempre volvía, para intentar convencerla de que la idea de una familia juntos era posible y hermosa. Cuando ella se negaba, él se ponía “loco”, y empezaba la rabia, los insultos y las cosas a volar por toda la casa.

Un día el golpe tuvo un poco más de furia. Ella le estaba diciendo que se vaya, que estaba cansada, que no se sentía bien y que quería acostarse. Ya estaba de 38 semanas de embarazo cuando sintió el golpe en la nuca y no pudo con la fuerza. Terminó en el piso, tambaleando con la enorme panza. Rompió todas las cosas que tenía a su alcance. Se llevó todo lo que pudo.

En ese momento decidió denunciarlo. En la comisaría derivaron la denuncia al Juzgado de Paz de Hurlingham, a cargo del Juez Alejandro Daniel Cattáneo. Embarazada como estaba, con la panza enorme y la nena de dos años a cuestas, ella siguió con el trámite.

“Quiero evitar que me haga algo más grave cuando nazca el bebé”, me había dicho. Cuando inició el trámite para la restricción le pidieron testigos. La abogada que le tocó la dejó encargada de buscar testigos que puedan comprobar que ella fue agredida. Era la primera vez que escuchaba algo así. Llamamos al 144 para corroborar y se sorprendieron tanto como yo del pedido. No importa, el Juzgado pidió igual los testigos, “para que el juez tenga mas elementos a la hora de emitir la restricción”, dijeron.

Pasaron las semanas. La restricción aún no estaba lista. Ella tuvo a su bebé. Y el violento casi que no se movió de la habitación de ella. Al nacer, ella lo anotó con su apellido en el registro civil que funciona en el hospital Argerich, con la esperanza de que eso lo salve de alguna manera. Pero las empleadas del lugar no dudaron en iniciar un discurso de buenas costumbres: “vos no tenés derecho a ocultarle quién es el padre, él está acá y quiere tener derechos sobre su bebé, vos no tenés que privarle eso”, le dijeron entre otras cosas más. Ninguna preguntó el porqué de su decisión.

Cuando el violento robó la pulsera de la muñeca del recién nacido, se armó alboroto. Ella fue acusada de perder la identidad del pequeño, cuestionada. No tuvo opción. Tuvo que saltear la vergüenza, el pudor. No quedaba otra, él se había llevado la pulserita que identifica a los bebes recién nacidos con sus mamás. Intentó explicar que él se había llevado la pulserita, que él no debería estar en el hospital, “Yo pedí una restricción porque él me pegó”, tuvo que decir.

Mientras ella estaba en el hospital, él iba y venía de la casa que antes compartían. Se llevó todo lo que pudo; y lo que no, lo rompió. No pudo volver a su casa. De casa en casa anduvo con su hija y su bebé. El no paro de llamarla, no paro de buscarla, de humillarla, de insultarla.

Un día ella no llegó a la casa de la compañera donde estaba parando. La compañera empezó a preguntar, la voz fue pasando de un lado a otro. Se alzó y ya éramos muchas y muchos que la estábamos buscando. Porque ella no estuvo sola, no está sola.

Sabíamos que él la había estado buscando, y no la encontrábamos en ningún lado. El único lugar donde no podíamos buscarla era la casa de él pero no sabíamos dónde estaba. Sabíamos que el la tenía porque habíamos llamado a su celular, había atendido y nos había advertido “no jodan más”. Llamamos a la escuela de la nena mayor, para que nos den la dirección de él, pero era un domicilio viejo.

Y fue entonces que fuimos al Juzgado donde se tramitó la restricción…

Se me ocurrió que no me iban a pasar la dirección del tipo. “No me conocen”,- pensé-, “estoy llamando por teléfono, ni la cara me ven… no me la van a dar”. Entonces me presenté, di mi nombre, mi apellido. Conté que soy parte de una organización social de la cual participa una compañera que tramitó ahí la restricción. Me llamó la atención que se acordaran de ella, de su nombre y apellido.

Entonces les expliqué que ella estaba desaparecida, que pensábamos que estaba en la casa de él, que entendía que no me iban a dar la dirección para ir a buscarla pero que quería saber qué pasos seguir, si podríamos mandar a la policía a buscarla o algo por el estilo.

Quien me atendió me dijo que no podían hacer nada, que si ella estaba con él seguramente era porque quería, que esas cosas pasan. Y muchas barbaridades más. Insistí en que ellxs habían emitido la restricción, que ella estaba desaparecida desde hace un día, que está con dos menores, que tememos por su vida y la de sus hijos. “No podemos hacer nada si ella no se presenta”, me dijeron.

Y así el absurdo…

Llamamos al 144. Tuvimos que marcar un rato largo porque no atendían. Cuando lo hicieron nos guiaron en la forma de actuar. Fuimos a la comisaría más cercana y radicamos la denuncia por desaparición. En ese momento, el violento se comunicó porque seguíamos llamando al teléfono de ella, todo el tiempo, ni un minuto dejamos pasar entre llamada y mensaje. El comisario habló con él. No sabemos bien como fue ese momento, pero ella pudo salir. Bien. Ella y sus hijxs.

El violento no fue penado. El violento no es ni fue castigado y sigue violando la orden de restricción. Ni siquiera fue notificado de esa orden. No hay justicia que lo encarcele, que lo castigue por haberla golpeado, por haberla humillado, por haberla insultado, por haberla retenido sin su consentimiento a ella y a sus hijos, no hay justicia que lo castigue por haberle robado, por haber entrado a su casa y romperle todo. No hay justicia que lo penalice a él por todas estas situaciones.

Si hay una justicia que a ella no la busque, que no la encuentre, que no la proteja, que no le crea, que la descuida a ella y a sus hijxs; hay una Justicia que la deja en la calle, que no le da un techo (no un lugar para dormir, sino un hogar) donde él no pueda encontrarla ni herramientas para acceder a eso. Hay una justicia que que la deja sola, sin una salida para poder rearmar su vida, desarmada en pedazos.

Lo que nos preguntamos ahora es hasta dónde seguir. Cómo hacerlo. Porqué es ella la que tiene que moverse, allá, acá, buscando, llevando, informando. Es la mujer golpeada la que tiene que probar, avanzar o callar. Es ella la protagonista de su mal, en todo sentido.

Habrá que buscar otras salidas, otras formas de protegernos. Otras formas de organizarnos contra la violencia patriarcal que nos ataca en casa, en la calle, el hospital, en la justicia. Parece que habrá que construir, desde abajo, una alternativa que no nos hiera, no nos abandone y no nos vuelva a violentar.

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