Por Marcelo Musante* / Ilustración: Serko 

Si hay un grupo etario estigmatizado por el Estado Nacional, es el de los jóvenes de los barrios marginados. Un grupo social que es constantemente marcado negativamente, perseguido y encerrado por las fuerzas de seguridad, ente ellas, la propia Gendarmería Nacional. La definición descalificadora es contundente: “Ni estudian, ni trabajan”. Entonces, se vuelven “peligrosos”.

En ese marco, el Ministerio de Seguridad anunció la creación del Servicio Cívico Voluntario a cargo, nada más ni nada menos, que de la Gendarmería Nacional, la misma que hace dos semanas fue sentenciada como responsable de un crimen de lesa humanidad por haber sido ejecutora de la Masacre de Rincón Bomba en Formosa en 1947. ¿Por qué una fuerza de seguridad militar debe hacerse de un proceso educativo para jóvenes de 16 a 20 años?

Masacrar

A principios de mes -el 4 de julio-, el juez federal subrogante de Formosa Fernando Carbajal caratuló como Crimen de Lesa Humanidad a la masacre de Rincón Bomba perpetrada por la Gendarmería Nacional en 1947 durante el gobierno de Juan Domingo Perón.

La represión duró varios días e incluyó fusilamientos, violación de mujeres, asesinatos de niñas y niños, incendio de cuerpos en fosas comunes, entre muchas otras atrocidades. El terror institucional en su dimensión más totalizadora. Y el horror silenciado durante más de setenta años como manto protector de la responsabilidad estatal.

Ahí está el documental “Octubre Pilagá” y libro del mismo nombre de Valeria Mapelman para entender lo sucedido en profundidad a través del relato de muchos ancianos y muchas ancianas. Es material imprescindible para ver el accionar de la muerte que implementó la Gendarmería Nacional Argentina a partir de un 10 de octubre.

Ahí están los sobrevivientes pilagá en Formosa para contar qué sucedió a quien se acerque a escuchar sus historias llenas de dolor y de resistencia. Están en Las Lomitas, Ibarreta, Estanislao del Campo, en Pozo del Tigre y en cada comunidad indígena de la zona.

Ahí están Noole Palomo, Bartolo Fernández y la Federación Pilagá para contar una y mil veces los sucedido. No se cansaron nunca de hacerlo junto con muchos de los ancianos y ancianas sobrevivientes que fueron falleciendo en un proceso judicial que duró 14 años. Que no le importó ni al Estado Nacional ni al Provincial, que fue abandonado durante una gran parte de ese tiempo por los dos abogados que lo iniciaron y que debieron sostenerlo sin recursos económicos.
Pero ahora, ahí está la sentencia con carácter de verdad emitida por el Juzgado Federal N°1 de Formosa. Un reconocimiento único en nuestro país como crimen de Lesa Humanidad contra una población indígena y que será fundamental como precedente a otros similares, como el de Masacre de Napalpí ocurrida en Chaco en 1924.

A doce días del histórico fallo, el gobierno nacional del Presidente Mauricio Macri creó el Servicio Cívico Voluntario para jóvenes de 16 a 20 años como un sistema educativo de formación en valores y disciplina que puso a cargo de la propia Gendamería Nacional. Una paradoja que encierra otras.

Leer:

Gendarmería, muerte y silencio: a 70 años de la Masacre de Rincón Bomba

Educar

La sentencia plantea la obligatoriedad de una serie de reconocimientos públicos. Dinero para obras, becas estudiantiles para jóvenes, declarar el 10 de octubre como efeméride de “La masacre de la Bomba”, la construcción de un monumento conmemorativo, y la obligatoriedad para el ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación de incluir los hechos sucedidos en la planificación académica.

Es decir, más allá de los resarcimientos económicos hay una fuerte apelación a la construcción de la memoria. A reconocer y resarcir en términos de verdad y justicia una masacre que había sido intencionalmente olvidada en la historia argentina.

Pero mientras el juez federal en Formosa sentencia la inclusión del crimen de Gendarmería Nacional en la currícula escolar, el ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, se sienta al lado de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, durante la conferencia de prensa de anuncio del proyecto para defenderlo en beneficio de los “los chicos que hoy no están haciendo nada, que están en la calle”, con el “el objetivo principal es adentrar a los jóvenes en el sistema de responsabilidad de valores y la disciplina”.

Un proyecto educativo que desde sus primeros objetivos estigmatiza a jóvenes que son marginados de un sistema público y que los enmarca bajo una sigla conocida como “Ni Ni”. Un grupo etario y social en los que parece que son ellos los que no quieren trabajar ni estudiar.

Esos jóvenes saben bien lo qué significa esa marcación negativa y lo que habilita represivamente para las fuerzas de seguridad en los barrios. Esos jóvenes son los que llenan las comisarías, cárceles, quedan como mano de obra del narcotráfico o son utilizados por las propias fuerzas para delinquir.

El gobierno nacional pone al frente de un proyecto educativo para jóvenes que no pueden acceder a las escuelas ni al trabajo a una fuerza de seguridad militar.

Y la ministra de Seguridad se jacta de afirmar que los “gendarmes docentes” estarán sin armas durante las clases. Como si el ejercicio de la violencia requiera exclusivamente de armas y no tuviera que ver con posicionamiento ideológicos en términos de contenidos y prácticas pedagógicas.

Historial

Se podría responder que aquellos gendarmes de la Masacre de Rincón Bomba no son estos gendarmes. Que aquella fuerza era distinta que esta.

Pero esta Gendarmería Nacional fue la misma ejecutó el 1 de agosto de 2017 la represión ilegal que terminó con la desaparición de Santiago Maldonado y su violenta muerte en el Río Chubut.
Es esa misma Gendarmería Nacional a la que se la ve en muchas filmaciones bajando de camionetas disparando, tirando piedras y reprimiendo.

Es esa Gendarmería que participó del mega operativo contra la comunidad mapuche en el Lago Mascardi y que terminó con el asesinato por la espalda del joven mapuche Rafael Nahuel en el que está imputado y con prisión domiciliaria el Cabo Javier Pintos del grupo Albatros de la Prefectura Nacional. Es esa Gendarmería Nacional que hizo la pericia balística que intentó ocultar todo y simular la idea de enfrentamiento afirmando que había pólvora en la mano de Rafael.

Es la misma Gendarmería Nacional que el 13 de junio de 2014, dos de sus efectivos pararon a Andrés García Rampoy en un control sobre la Ruta 7 en Luján de Cuyo, Mendoza, y lo asesinaron de un tiro en la nuca en un caso de “gatillo fácil” sin resolver.

Es la misma que el 7 de septiembre de 2013 cuando cayó asesinado Kevin Molina en la Villa Zavaleta, y con apenas 9 años, encubrieron el enfrentamiento entre bandas narcos cuando tenían puestos de vigilancia a cien metros junto con la Prefectura.

Es la que se metió en la Universidad de Río Negro a fines del año pasado y desalojó una asamblea y toma pacífica que rechazaba los recortes presupuestarios.

Es la que actuó en acuerdo con la policía formoseña de Gildo Insfrán durante la represión del 23 de noviembre de 2010 en la Colonia La Primavera en Formosa y terminó con el qom Roberto López asesinado. Es la que en esa misma provincia amenaza a las comunidades pilagá que de Oñedié y Penqolé. En tierras donde ocurrió la masacre de Rincón Bomba y los gendarmes hace rondas nocturnas amenazando con desalojar.

En la misma Gendarmería Nacional que hace continuamente operativos violentos, requisas injustificadas y que son defendidas acríticamente por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich sin ningún tipo de costo político ni judicial.

Valores

¿Por qué una fuerza represiva del Estado debe hacerse cargo de un proceso educativo y no el Ministerio de Educación? ¿A quién le habla el gobierno nacional con esta implementación del Servicio Cívico Voluntario en plena campaña electoral? ¿Qué sentido educativo puede tener para los y las jóvenes que participen yendo apenas una hora por día?

¿Será una nueva forma que adquiere el control social sobre estos y estas jóvenes? ¿Es un guiño a un sector del electorado que todavía sigue pidiendo por la reivindicación del accionar de las fuerzas militares en la última dictadura? Muchos medios de comunicación hegemónicos salieron a cuestionar las críticas al proyecto apelando a dejar de atrás los reparos, la memoria, que organizaciones sociales, de Derechos Humanos y partidos políticos tienen sobre las fuerzas militares en nuestro país.

¿Qué podrá tener para decir esta Gendarmería Nacional sobre Rincón Bomba, sobre la represión el Lof Cushamen, sobre el asesinato de Rafael Nahuel o en cada caso de gatillo fácil y encubrimiento que participó y que aquí apenas se mencionaron algunos? ¿Alcanza con que den los talleres sin armas? ¿Qué tipo de conocimiento se pretende construir desde ese lugar?

El 4 de julio la sentencia del juez Carbajal afirmó que la masacre de Rincón Bomba debe recibir un “resarcimiento civil a consecuencia de la violación de derechos humanos por los Crímenes de Lesa Humanidad perpetrados por y a través de material y personal perteneciente a Gendarmería Nacional”.

Esta Gendarmería nunca reconoció la masacre ni pidió disculpas públicas. La ministra de ministra Patricia Bullrich afirmó que es la institución más valorada del país. De eso se trata, de valores. De valores y de jóvenes. Las fuerzas militarizadas en nuestro país no tienen que formar parte de ningún proyecto de educación pública. Nunca más.

(*) Sociólogo, integrante de la Red de Investigadorxs en Genocidio y Política Indígena en Argentina.

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Se cumplen cien años del llamado “último malón indígena”. El Estado inventó que la Masacre de Fortín Yunká fue perpetrada por el Pueblo Pilagá de Formosa. Nada se dirá de la venganza, de las muertes indígenas ni del rencor que continúa vigente tras aquel hecho. Un siglo después, la idea de enemigo interno se reactualiza en distintos puntos del país para seguir justificando la represión sobre esos cuerpos.

Inventar un enemigo, señalarlo para reprimirlo y marcar para siempre la historia a través de su circulación en los libros escolares, discursos oficiales, materiales turísticos y medios de comunicación. Así fue la invención del último malón indígena y las consecuencias represivas futuras hacia el pueblo Pilagá.

Año 1919. Formosa era territorio nacional. Una línea de fortines marcaba las fronteras.  El Fortín Yunká estaba ubicado en el centro norte de la ahora provincia. Vivían siete soldados, algunas mujeres e hijos e hijas. El fortín sufrió un ataque el 19 de marzo de ese año. El Sargento 1º Fernando Leyes, seis soldados a su cargo y sus familias aparecieron muertos. Y de inmediato, se desplegó una maquinaria de violencia feroz que se perpetúa hasta estos días.

Unos días después, las tropas enfurecidas -a cargo del Teniente Narciso Del Valle y el capitán Enrique Gil Boy- asesinaron a mansalva familias pilagá y apresaron al Caquice Garcete, uno de los líderes más importantes del Pueblo Pilagá. De esa masacre feroz quedan pocos registros.

Los militares necesitaban venganza y culpables. ¿Habían sido los Pilagá? Quizás ni se lo preguntaron. No importaba saber la verdad, quién había sido ni por qué. Lo importante era el castigo. Y que el castigo sea público. Había que vengarse y que “los indios” supieran cuáles eran las reprimendas.

Se suponía que las campañas militares al Chaco habían terminado dos años antes, en 1917. Era mentira. Aquél había sido sólo un discurso, porque las fuerzas militares de las Campañas al “Desierto verde” seguirán operando hasta 1938. Así lo relatan los propios militares en sus partes.

Fortín Yunka pasó a la historia como el último malón. Así se puede leer en la una guía YPF como reseña turística. La idea que los Pilagá habían sido los perpetradores se fue repitiendo en diarios y libros escolares.

Sin embargo, sólo hace falta ir al monolito que recuerda a los caídos para ver que los militares no mencionan a los Pilagá en sus placas.

Gendarmería

Poner punto final al malón es uno de los argumentos históricos que se esgrimieron para avanzar sobre los cuerpos y los territorios indígenas. Para fundamentar una maquinaria genocida que permitiera la violenta anexión de territorios al incipiente Estado-Nación.

Cinco años después de Yunká -en 1924-, el Regimiento de Gendarmería de Línea también participó (junto a la policía territoriana del Chaco) de la Masacre de Napalpí, una represión a una protesta indígena por las condiciones de vida en la Reducción de Napalpí en la que se fusilaron a cientos de indígenas qom y moqoit.

Ese Regimiento es el antecesor de la Gendarmería Nacional, que actuó en muy diversos lugares del país destilando un odio profundo a esas otredades indígenas.

En el documental y libro Octubre Pilagá, Valeria Mapelman recupera con claridad cómo casi treinta años después del ataque, la Gendarmería Nacional perpetró la masacre de La Bomba, en cercanías de Las Lomitas, a unos 200 kilómetros de Fortín Leyes (nombre que tiene hoy el antiguo Fortín Yunká) con ansias de venganza.

El 10 de octubre de 1947 comenzó la feroz represión que extendió durante días. Durante las persecuciones, entraron a la Reducción de Indios Francisco Muñiz -donde estaban sometidas familias wichí bajo el control y sometimiento del Estado Nacional- y la mención a la venganza por Yunká también estuvo en las voces gendarmes.

En la actualidad, se puede mencionar -entre muchas otras y en distintos lugares del país- la voraz represión sobre la Comunidad Potae Napocna Navogoh, La Primavera, Formosa, que en 2010 se encargó de “liberar” la Ruta Provincial Nº 86. La avanzada de la Gendarmería Nacional junto a la policía formoseña terminó con el asesinato del anciano qom Roberto López, varias viviendas incendiadas y ocultamiento de la documentación luego de la represión.

El 1º de agosto de 2017 la Gendarmería Nacional ingresó de modo ilegal al Pu Lof en Resistencia de Cushamen en Chubut y reprimió violentamente. Ese día, en ese marco, desapareció Santiago Maldonado, que estaba acompañando a la comunidad mapuche en el corte de ruta. El 17 de octubre fue hallado muerto en el Río Chubut.

A partir de la desaparición de Maldonado, se construyó una campaña mediática para blindar la acción del gobierno obstinado en proteger a la Gendarmería Nacional en su responsabilidad por el asesinato. La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, desligó instantáneamente a la fuerza de seguridad. Lo mismo hizo tras el asesinato de Rafael Nahuel con la Prefectura. Expresó públicamente el apoyo al accionar de las fuerzas para desalojar el territorio. Poco después, sus palabras fueron avaladas por la vicepresidenta Gabriela Michetti y por el jefe de Gabinete, Marcos Peña.

Genocidio vigente

Si para las campañas militares se necesitó construir al indígena como malonero y salvaje, ahora se lo reinventa como parte de una organización terrorista armada que ocupa ilegítimamente rutas y territorios. No importa dónde. El tema es que no se junten, no reclamen. Porque miedo del malón sigue vivo. En el norte y en el sur. Y la represalia está de guardia.

En Las Lomitas, último bastión del ejército en Formosa, existía hasta hace poco años una escuela infantil de la Gendarmería Nacional. Se llamaba “Agrupación Yunka”. Allí se reunían a niños y niñas para regar esa sed de venganza. Diversos procesos educativos dentro de las fuerzas que siempre van a hablar de esa versión de Yunká. Que van a permitir justificar cualquier represión.

Atrás quedó la verdad, enterrada. Lo que circuló fue el discurso hegemónico y la versión instalada. Los Pilagá, los supuestos asesinos de Yunká, siempre estarán en riesgo.

Ese resentimiento no sólo flotó en la Masacre de La Bomba, sino que siguió en el aire en las amenazas a las comunidades de Oñedié y Penqolé, dos recuperaciones territoriales que el Estado nunca termina de reconocer. Y que la Gendarmería Nacional se ocupa de “amenizar” con hostiles rondas nocturnas.

Nuestro país se constituyó sobre un genocidio indígena que aún no es reconocido ni por el Estado ni por la sociedad. Pervive no sólo el racismo brutal, sino también el sutil, el casi imperceptible, que lleva a desconocer estos hechos históricos y sus consecuencias que siguen vigentes.

No conocer muchos de los modos que adquirió el disciplinamiento de los pueblos originarios implica participar en la reproducción de silencios y olvidos. Porque una de las maneras en las que el Estado consigue reproducir estas prácticas sociales genocidas es justamente invisibilizando sus violencias.

Mientras no se reconozcan las represiones indígenas como parte de un proceso genocida, la muerte seguirá merodeando de noche a las comunidades indígenas. Como lo hace la Gendarmería Nacional en Formosa.

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El 10 de octubre de 1947, cientos de indígenas pilagá fueron asesinados en un paraje cercano a Las Lomitas, Formosa. Las y los persiguieron, violaron, fusilaron, apilaron y quemaron. No era ni la primera ni la última vez que la Gendarmería protagonizaba una represión indígena. Pero el “problema” es siempre el mismo: la concentración pública de sujetos indígenas es una invitación a la represión.

“Les dimos corchazos para que tengan”, celebra un gendarme. Otro, tira piedras. El otro, esconde un hacha. Y otros, quizás, un cuerpo. Escenas que infunden terror pero que están muy lejos de ser inaugurales o casuales.

La desaparición forzada de Santiago Maldonado durante la feroz represión en el territorio mapuche del Pu Lof en Resistencia en Cushamen, Chubut, puso en primer plano la violenta relación de la Gendarmería Nacional con las comunidades indígenas.

Una violencia que se inscribe en un continuo histórico en donde la reunión de sujetos indígenas en el espacio público reactiva rápidamente la necesidad de poner punto final al “malón”. Esa fue una de las justificaciones históricas que se esgrimieron para fundamentar la violenta anexión de territorios indígenas a través de las avanzadas cívico-militares conocidas como “Campañas al Desierto”. Un despliegue enorme de mecanismos represivos que impactan sobre los cuerpos y los territorios indígenas que vienen aprehendidos y sostenidos desde el siglo XIX.

La Gendarmería Nacional protagonizó distintas represiones indígenas a lo largo de la historia. En 1924, una protesta indígena por las condiciones de hacimiento en la Reducción de Napalpí fue reprimida por la policía del Territorio Nacional del Chaco y por el Regimiento de Gendarmería de Línea (luego reconvertido Gendarmería Nacional) dejando un saldo de cientos de indígenas qom y mocoví asesinados.

En la actualidad, se puede mencionar -entre muchas otras y en distintos lugares del país- la voraz represión sobre la Comunidad Potae Napocna Navogoh, La Primavera, Formosa, que en 2010 se encargó de “liberar” la Ruta Provincial Nº 86. Allí –al igual que hace dos meses en Cushamen- la comunidad qom sostenía un corte de la ruta en defensa de su territorio y sus derechos. La avanzada de la Gendarmería junto a la policía formoseña terminó con el asesinato del anciano qom Roberto López, varias viviendas incendiadas y ocultamiento de la documentación luego de la represión.

En Napalpí, Potae Napocna Navogoh o Cushamen, los y las indígenas se habían reunido. Y el delito es reunirse. Cambian las fechas y el color político del gobierno de turno. Pero los imaginarios que se actualizan en las fuerzas represivas del Estado permanecen intactos: La concentración pública de sujetos indígenas es leída como una invitación a la represión sobre esos cuerpos. Y eso fue lo que pasó hace 70 años en Formosa, en una de las masacres más silenciadas de la historia argentina.

La Bomba

Tonkiet era un hombre que -según los ancianos sobrevivientes- “sanaba con su palabra”. Su llegada a fines de septiembre de 1947 a un paraje llamado La Bomba, cercano a Las Lomitas, circuló rápidamente por el montaraz paisaje formoseño.

Ese era su legítimo nombre en lengua pilagá, aunque luego fue conocido por su nombre español: Luciano Córdoba. Y en torno a él, cientos de familias se congregaron para participar de un encuentro sagrado. Con el correr de los días, fueron cientos o quizá miles de personas quienes se reunieron a orilla del madrejón y formaron un solo cuerpo colectivo, ancestral y espiritual.

Dicen que el persistente sonido de tambores y alabanzas en lengua originaria se escuchaba a varios kilómetros de distancia. Y también dicen que la multitudinaria reunión fue leída como una amenaza para civiles y militares que vigilaban el entonces territorio nacional. La Gendarmería Nacional fue la que intimó a las familias a abandonar esa concentración espontánea.

Pero los caciques, ancianas y ancianos allí reunidos no se dispersaron: era una reunión sagrada, estaban en su territorio ancestral y entendían que no significaban amenaza alguna.

Sin mediar ningún intento de entendimiento, la negación fue rápidamente asumida como un acto de rebeldía. Y en la tarde del 10 de octubre de 1947, la Gendarmería Nacional desplegó toda la ferocidad de la violencia represiva del Estado. Su delito fue reunirse.

La emboscada fue fatal: por un lado, un avión con ametralladora perseguía desde el aire; mientras que la cacería por tierra abarcó distancias de más de cien kilómetros y varios días de persecución.

El minucioso y respetuoso documental “Octubre Pilagá. Relatos sobre el Silencio”, de Valeria Mapelman, recupera la memoria oral de los sobrevivientes y saca a la luz, entre otros, los delitos sexuales cometidos contra mujeres y niñas. La violencia de género en el marco de un proceso genocida entendida como mecanismo de tortura y silenciamiento.

Allí, también se recuerda en forma colectiva cómo fue ese proceso genocida que incluye matanzas, sometimiento, traslados forzosos y desmembramiento familiar, tal como se especifica en el concepto de genocidio que la Asamblea General de las Naciones Unidas elaboraría un año después de esta masacre para analizar los crímenes del nazismo.

Quienes lograron sobrevivir, fueron capturados por los gendarmes y enviados a trabajar en “reducciones indígenas” en condiciones de semiesclavitud y bajo el control de la misma Gendarmería Nacional que llevó adelante la masacre.

Morir sin justicia

Qadeite era una niña cuando comenzó la masacre. Aquel fatídico 10 de octubre de 1947 huyó junto a su madre y su pequeño hermano. Se escondió en el monte. Pasó hambre. Escuchó inmóvil el paso de las tropas que con una jauría a cuestas avanzaban por el territorio en busca de futuros fusilamientos.

A muchos “se los tragó el monte”. El hambre y las heridas los llevó a engrosar la cantidad de muertos. Nombres e historias que ni siquiera forman parte de un listado oficial. Nombres e historias que el Estado decidió deliberadamente ocultar. Víctimas de una maquinaria genocida que aún hoy no es reconocida.

Qadeite relataba que la encontraron junto a su familia y otro grupo de personas que también estaba escapando. Y luego los llevaron a las reducciones de Francisco Muñiz y Bartolomé de las Casas.

En esta última funcionó también el Internado para Niños José de San Martín, que manejaba un grupo de monjas y un capellán, institución destinada a impartir instrucción católica, disciplina y “pautas para el trabajo”. A sus ochenta y tantos años, Qadeite aún recordaba con angustia la imagen de su mamá forcejeando con las monjas para evitar que se llevaran a su hermanito.

“Cuando escapamos (de la Reducción) fuimos a lo de un señor que siembra algodón y ahí quedó toda la familia. Y ya después fuimos de un sembrado a otro. Toda la vida fue un peregrinar de un patrón de otro, de una cosecha a otro. Nunca más fuimos libres”.

Más de sesenta años después, eso contaba Qadeite a escasos kilómetros del epicentro de la matanza. Terreno donde no hace falta agudizar demasiado la visión para observar los pozos que indican las fosas comunes ni rasgar demasiado el polvo para que salgan a superficie los restos de las víctimas masacradas.

Una mujer tierna y valiente, que les cantaba a sus bisnietas mientras tejía sus yicas, que de a poco pudo recomponer los relatos del horror, y que tenía clarísima la ferocidad y la violencia de un Estado que nunca –ni siquiera- le pidió perdón.

Su hija, Noolé (o Cipriana Palomo, según el documento) es titular del Consejo de Mujeres de Federación de Comunidades Indígenas del Pueblo Pilagá, una organización que reúne distintas comunidades de la provincia de Formosa y logró el reconocimiento del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

Qadeite falleció en septiembre de 2015, unos meses después de la partida de Setkoki´en (Melitón Dominguez), otro activo sobreviviente de la masacre.

El año pasado fue el turno de Salqoe (Pedro Palavecino), un anciano que siempre instaba a seguir en la lucha por la verdad y la justicia. “Falta seguir, porque muchos no saben. Y porque todavía duele”, decía.

Y hace un mes murió Ni´daciye (Solano Caballero) que en diciembre del año pasado llegó hasta la Ciudad de Buenos Aires desde su Formosa natal para dar testimonio.

“Tengo 97 años y no olvido. Yo no olvido esta causa. ¿Por qué? Porque ahí está la sangre, ahí están los huesos, ahí en la tierra. Este es mi dolor. No es chiquito. Es grande, está arriba este dolor para mí. Pero estoy contento de llegar acá, a ustedes. Pero la justicia tiene que ser grande, porque pasaron muchos años”.

En 2005, la Federación Pilagá denunció al Estado por esta masacre. Inició un juicio civil y otro penal. Los ancianos y ancianas sobrevivientes van muriendo en el olvido y sin respuestas del Estado.

Nora Cortiñas junto a Ni´daciye en diciembre de 2015. Foto: Luciana Mignoli

Genocidios de segunda

Este 10 de octubre a las 17 hs, la Federación realizará un acto por la conmemoración de los 70 años de esta masacre en la comunidad indígena de Oñedié, Ruta 28 Norte en intersección con la Ruta Nacional 81, Las Lomitas. Entre otras cosas, se inaugurará un memorial en honor a las víctimas y sobrevivientes de la masacre, realizado por el artista plástico Ulises González, integrante de la Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena en Argentina.

¿Cuántos organismos de derechos humanos les mandarán sus adhesiones? ¿Cuántas figuras públicas acompañarán este día al Pueblo Pilagá? ¿Cuántos medios de comunicación destinarán amplias coberturas a esta masacre impune? ¿En cuántas escuelas recordarán este hecho histórico? ¿Y por qué hay dolores que conmueven más que otros?

Porque hasta tanto no comprendamos que esa víctima indígena se me parece, hasta tanto no podamos sentir el dolor de esas comunidades como propio, hasta tanto no nos conmueva cada conflicto y cada represión, ese proceso social genocida sigue vigente.

Un genocidio indígena sobre el cual se constituyó este Estado Nación que cree haber “bajado de los barcos” y aún hoy sigue negando que sometió a la población originaria a campos de concentración, violaciones sistemáticas, reparto forzado, trabajo semiesclavo, separación familiar, expulsión de territorios, cambio de nombres, imposición de la religión católica y eliminación física.

Porque participamos –sin siquiera saberlo- de dinámicas de circulación de estos discursos que permitieron perpetrar un genocidio, que se sostuvieron a lo largo de los años y que, desde la desaparición forzada de Santiago Maldonado, han tenido un salto exponencial de racismo.

El genocidio no sólo opera a través de las fuerzas militares, sino que lo hace a través del discurso dominante, del sentido común, de los medios de comunicación, de los libros de historia, de los museos, de los actos escolares.

Reconocer, asumir y trabajar ese genocidio originario nos permitirá entender cómo se construyen y legitiman las demandas actuales; y por qué aún hoy la reunión de sujetos indígenas en el espacio público sigue permitiendo desplegar toda la fuerza de los aparatos represivos del Estado ante la latencia de un malón que siempre se actualiza.

Por eso, en el 70º aniversario de una de las masacres crueles del siglo XX, Qadeite, Salqoe, Setkoki´en, Ni´daciye y todo el Pueblo Pilagá merecen que nunca deje de exigirse memoria, verdad y justicia por las víctimas y sobrevivientes de Rincón Bomba.

(*) Luciana Mignoli es periodista e integrante de la Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena en Argentina.

Crédito de la imagen de portada: Fotografía publicada en el libro de Valeria Mapelman (2015), Octubre Pilagá. Memorias y archivos de la masacre de La Bomba, Buenos Aires: Tren En Movimiento Ediciones, tomada de El último alzamiento, Revista de Gendarmería Nacional (1992).

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Salqoe (Pedro Palavecino según el documento) era apenas un niño cuando cientos de indígenas pilagá fueron asesinados en un paraje cercano a Las Lomitas en 1947. Sobrevivió a la Masacre de La Bomba. Y tras largos años de silencio, pudo contar su historia. Falleció el 30 de mayo 2016. Se suma así a la lista de víctimas que mueren sin justicia.

Los diarios no van a hablar de él. No van a describir la profundidad de su mirada ni van a narrar cómo sobrevivió al horror. Nada dirán de su lucha, de su personalidad movilizante ni de su enorme generosidad.
Su testimonio está eternizado en “Octubre Pilagá. Memorias del silencio” y su realizadora, Valeria Mapelman, fue la llave que nos abrió a su confianza, que nos permitió conocerlo y escuchar “historias tristes” bajo la sombra de un árbol.
El 10 de octubre de 1947, en pleno gobierno democrático de Juan Domingo Perón, cientos de indígenas pilagá fueron asesinados en Ayo La Bomba, un paraje cercano a Las Lomitas, Formosa.
Perseguidos por cielo y tierra durante casi un mes. Víctimas de delitos sexuales, torturas, fusilamientos. Enterrados en fosas comunes. Y quienes sobrevivieron, los esperaban campos de concentración y explotación laboral.
Salqoe recordaba todo. Y lo contaba. Una y otra vez. Quería que lo escucharan. Quería justicia. El tenía muy claro que el Estado intentaba borrar la historia este hecho genocida. Pero la memoria oral emerge como un grito desgarrado.
En junio del año pasado murió Setkoki´en (Melitón Domínguez) y en septiembre, Qadeite (Rosa Palomo), también sobrevivientes de la masacre.
Salqoe es el último una penosísima lista de abuelos y abuelas que mueren sin ver justicia.
La última vez que lo vimos nos dijo “falta seguir, porque muchos no saben. Y porque todavía duele”.
Y aquí seguiremos, querido Salqoe, exigiendo memoria, verdad y justicia. Porque todavía duele.

DESPEDIDA PARA SALQOE, por Marcelo Musante (**)

Ojos celeste profundo. Eran un par de cielos pilagá.
Y en el fondo de ese celeste, el avión que se venía.
El avión de la Masacre de La Bomba.
Salqoe siempre volvía a la masacre.

Y a Don Pedro, a Salqoe, yo le decía:

– “ya le contó a Valeria, eso es triste, hablemos de otra cosa”
– “Pero el juicio, el juicio sobre la masacre, yo quiero saber”, me decía. “¿Me pueden llevar a Formosa, a los tribunales?, quiero entrar ahí y preguntar qué pasa. Los abogados se olvidaron de nosotros”.

Don Pedro se murió.

Esos ojos tenían furia,
La furia del silencio obligado.
¿Por qué en un país que reivindica la memoria, la de los indígenas vale menos?
Pregunta que no sabemos hacernos, pregunta qué quizás no importa

Fue en 1947, en el gobierno democrático de Juan Domingo Perón

Del mismo modo que en 1924 fue en Napalpí, con un radical, Marcelo T. de Alvear.
Los crímenes de lesa humanidad sobre los indígenas no fueron solo cosas de militares.
Y eso lo repetía Salqoe, Don Pedro.
En él había un tono de voz que te traspasaba.
La masacre no la contaba, la transfería
Había una resistencia y lucha por la verdad que pocas veces en mi vida.
Sabía que era necesario contar, pedir justicia, compartir el dolor.
Sabía que recordar es necesario para que no se repita.

Igual que cuando contaba como lo explotaron en la reducción de Bartolomé de las Casas. Cuatro años de trabajo forzado por haber sobrevivido a la masacre.

No lo conocí tanto, habrán sido cinco o seis conversaciones en su casa.
Las suficientes para saber cómo vivir, cómo pelear, cómo no claudicar.

Hoy La Bomba debe ser una multitud abrazada en llanto y bronca.
Esos ojos celestes se cerraron.
A los que su muerte nos duele, nos queda seguir.
Pedir justicia por todos los asesinados en la masacre de Rincón Bomba.

Hay que hablar en pasado de Salqoe.
No pudo ver lo que tanto pidió: Verdad y justicia.
Queda su familia. Quedan algunos sobrevivientes. Cada vez menos.
Uno de los silencios más injustos, crueles y aterradores de la historia argentina.

(*) Luciana Mignoli, periodista, integrante de la Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena en Argentina.

(**) Marcelo Musante, sociólogo, integrante de la Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena en Argentina.

Imagen: Salqoe (Pedro Palavecino) entrevistado en su casa, Ayo La Bomba, 2012. (Foto Luciana Mignoli).

(***) Esta nota de opinión -fotografía incluida- puede ser reproducida libremente, total o parcialmente.

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