A pocas semanas de las elecciones generales, el gobierno apunta a consolidarse en el marco de políticas regresivas.

El gobierno de Cambiemos salió fortalecido de las PASO, pues -de repetir la performance en octubre- se ubicaría como primera minoría en el Congreso y habría logrado expandir su alcance en las provincias, de la mano de variopintas alianzas. Todo esto en un contexto de persistente confrontación social: ya fue un éxito como no-derrota. Esta evaluación se sostiene incluso con el resultado en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, que el kirchnerismo blando busca estructurar bajo su liderazgo al resto del peronismo y a algunas fuerzas de centro-izquierda. El gobierno leyó esta situación con júbilo, pues le permite pensar en la continuidad de su proyecto político regresivo. Esto no era un dato antes de agosto, y constituye una novedad: según parece, el “gradualismo” del ajuste, criticado por la derecha más rancia, ha servido para ganar cierta gobernabilidad.

El mejor paralelo histórico disponible para comprender la actual deriva es el menemismo (1989-1999). Al igual que entonces, el candidato ganó con una fuerte dosis de demagogia y en el gobierno lleva adelante un proyecto social regresivo, de carácter neoliberal, todo esto logrado dentro del régimen democrático-procedimental, es decir, sin recurrir a una dictadura. Ahora bien, sobre este paralelo general, es necesario buscar precisiones que lo distingan. Lo que sigue son apenas notas preliminares en este sentido.

Proyecto pensado

En primer lugar, es importante remarcar que Cambiemos no asume en el contexto de una crisis previa. Cualquier indicador de recesión de 2015 no se compara con la larga década de estancamiento y los brotes de hiperinflación que cerraron los ’80. El miedo y la angustia del pasado inmediato no sirven de extorsión para validar cualquier medida. La denuncia de la corrupción ligada al gobierno previo tiene patas cortas, porque el actual gabinete está muy complicado. Por solo referir algunas manchas ilustres, están los Panamá Papers, Braun negociando precios minoristas con su propio tío, Aranguren y equipo aplicando un tarifazo que favorece los negocios de las empresas donde trabajaban o eran accionistas, Caputo y el equipo del ministerio de Finanzas colocando deuda a través de sus bancos, Macri condonándose a sí mismo la deuda del correo o subiendo los peajes a su propia concesionaria. La corrupción como potestad kirchnerista solo se sostiene por el blindaje mediático.

El segundo punto es que este proyecto -a diferencia de los ’90- no se da en el marco de una euforia global de reformas. El contexto actual es de una larga crisis irresuelta, que estalló en 2008 y mantiene al mundo creciendo poco, y la falta de un orden global consolidado bajo un claro liderazgo (como ejerció EEUU en aquella década). Las potencias apoyaron inicialmente a Macri, pues lo veían como la cabeza de playa de un “giro a la derecha” por la vía democrática (el voto, al menos) en la región. Pero esto no trasuntó en mayores concreciones materiales, debido por un lado a las dificultades para avanzar en el “giro” regional (derrota de Lasso en Ecuador, estancamiento de la situación venezolana), y por otro a las propias crisis de los países centrales (UE aún lidiando el Brexit y EUA con permanente cuestionamiento al gobierno).

Un tercer punto es que, aunque la agenda de reformas neoliberales es semejante, tiene el problema de que la mayoría de ellas ya fueron hechas, y solo escasamente revertidas. Esto hace que no haya un “golpe de efecto” de las reformas: no hay regalos tentadores, como el conjunto de las empresas públicas, que sirva para atraer la inversión y validar el modelo. Esto no significa que no existan negocios posibles (tenencias accionarias en manos de ANSES, rutas aéreas, etc.), sino que no alcanzan para mostrar contundencia. La liberalización de la cuenta capital y la apertura comercial fueron un hecho en el primer mes de gobierno, desmontando de un plumazo los escasos controles establecidos.

Los cuatro ejes de reformas económicas por los que el gobierno busca avanzar son la flexibilización laboral, la reforma previsional, la reforma tributaria y la agenda internacional del libre comercio (en rigor, la consolidación del derecho corporativo). De allí el apremio por firmar TLCs (hasta ahora esquivos) y lograr ser sede de negociaciones multilaterales (OMC en diciembre y G20 en 2018). Los 4 ejes están ya en marcha, debatiéndose tras bambalinas o incluso públicamente.

De conjunto, el gobierno no ha logrado inflingir todas las derrotas que esperaba sobre las clases populares, aunque ha tenido algunos éxitos. Entre otros, se puede mencionar que -gracias a la inflación- redujo en términos reales los salarios, las prestaciones sociales (AUH) y las jubilaciones, precarizó algunos convenios laborales (automotrices, petroleros, construcción), logró un recorte en el sistema de ciencia y técnica, hizo realidad el absurdo blanqueo de capitales (que benefició al propio staff de gobierno), el pago a los fondos buitres, el tarifazo (aunque en cuotas, en lugar de ser súbito como buscaban), y ha desmontado o amenazado con hacerlo algunos programas sociales (quita de remedios en PAMI, los subsidios a discapacitados o las becas a universitarios/as, por ejemplo). En este sentido, se despega de la contundente derrota inflingida por Menem en sus primeros años de gobierno.

Habiendo realizado una parte sustancial del ajuste en 2016, el gobierno ha puesto en marcha un esfuerzo de obra pública para impulsar el pequeño rebote económico en año eleccionario. Los sectores más beneficiados por la política económica, como el agro o la minería, se muestran incapaces de traccionar al conjunto del PBI y menos aún la contratación de fuerza de trabajo. Pero todo esto alcanza para dilatar el debate, promoviendo la idea de una recuperación en ciernes (los “brotes verdes”), mientras pasan las elecciones. Sin embargo, hasta el momento, todo este tenue rebote y las finanzas públicas está dependiendo directamente de la toma de deuda.

Vale señalar que hay una parte de la sociedad que está avalando este rumbo, que incluso se ha movilizado expresándolo en abril de este año. Algunos son presa de engaños de la posverdad, y otros solo confundidos por el bombardeo de desinformaciones, pero también hay una parte que avala con conciencia lo que se hace. Por la vía que fuera, el gobierno ha sistemáticamente instalado algunos elementos ideológico-políticos de la derecha, incluyendo la relativización del Terrorismo de Estado (en boca de ministros, secretarios e incluso el propio presidente), o el culto a la individualidad como garantía de éxito (bajo el discurso del emprendedorismo). Asimismo, se ha aprovechado muy bien del legado consumista de los ’90, para que una parte de la población se sienta a gusto con poder comprar más bienes importados o viajar más asiduamente al exterior (ninguna de ambas cosas era imposible antes). El apoyo del conservadurismo tradicional y el poder económico, claro, lo damos por descontado. Señalar estos rasgos de una minoría social favorable al gobierno no equivale a pronunciarse por una supuesta hegemonía.

El punto de resistencia

El cuarto punto es, justamente, que la experiencia histórica está disponible, y por eso mismo una parte importante del pueblo sabe de qué se trata esto, y no se deja engañar por consignas vacías. En este sentido, el acuerdo con la burocracia sindical ha resultado insuficiente, viéndose desbordado más a menudo de lo que gustaría.

Desde su inicio, Cambiemos apareció como una opción menos conciliadora, menos hegemónica, de las fracciones del capital concentrado menos dispuestas a hacer concesiones. Es una expresión político-partidaria de la confrontación del 2008. Por ese motivo, la deriva represiva era un rasgo previsible. El protocolo anti-piquetes, el encarcelamiento ilegítimo de dirigentes sociales (con la figura central de Milagro Sala) y la represión en Cresta Roja fueron hitos inaugurales, consolidada este año con la cruzada contra los docentes, el desalojo de PepsiCo y los sistemáticos hostigamientos a comunidades ubicadas en torno a territorios con recursos valiosos (en especial, por hidrocarburos, litio y soja). En este último caso se enmarca la desaparición forzada de Santiago Maldonado.

Pero el sentido mismo de esta deriva es garantizar un cierto orden, que incluya (sin limitarse a) algunos buenos negocios y un horizonte de previsibilidad (el “clima de negocios”). La movilización sostenida, el uso de diversas redes sociales y medios alternativos para difundir información veraz, la militancia en los lugares de trabajo y en las calles, han mostrado que gran parte del pueblo no está dispuesta a tolerar este rumbo. Y que no acepta además la falsa polarización que reduce todo acto de resistencia a un “complot” kirchnerista: en la acción de resistencia convergen las más variadas fuerzas populares y de izquierda. El poder económico detectó esto, y de hecho ha publicado un comunicado sobre el caso Maldonado pidiendo pronta resolución: comprende que continuar este rumbo está generando más riesgos que garantías.

El gobierno enfrenta en octubre el desafío de consolidarse en la política institucional, para poder avanzar con su agenda de reformas regresivas. Por suerte, la política no se reduce a los votos, y es posible que las formas de resistencia hasta ahora desplegadas pongan coto a la ofensiva oficial. Por supuesto, mejor aún sería avanzar más allá de la resistencia al ajuste.

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A casi una semana de las PASO, seguimos sin saber los resultados definitivos pero algunos conceptos se logran instalar. Análisis de la polarización como opción del gran capital.

Prácticamente todo se ha dicho sobre los (no) resultados de las PASO: que Cambiemos deja de ser fuerza local para consolidarse como una alianza nacional, el kirchnerismo pudo reinsertarse en la disputa del poder pero con menos alcance del esperado, que el massismo y el randazzismo hicieron elecciones magras pero con poder de incidencia para octubre, que el Frente de Izquierda y de los Trabajadores se consolida como referencia de izquierda, pero sin desequilibrar la balanza de los grandes partidos del bloque de poder.

Estas concepciones dieron letra a un sinfín de discusiones, incluso el resurgimiento de la boleta electrónica como garante de un sistema que no transmite confianza, sin hacer hincapié en el oscuro juego de poder que conllevaría un nuevo sistema electoral, con evidentes fracasos en otros lugares del mundo. Al respecto, ya nos hemos ocupado de esta cuestión algunos meses atrás.

¿Polarización de coyuntura o bipartidismo como estrategia?

El gobierno que encabeza Mauricio Macri ha logrado construir su hegemonía en base a un significante que fue llenado por diferentes conceptos: la pesada herencia. Ya sea por el retraso cambiario, por el ajuste tarifario, por las obras no realizadas, por las corrupciones establecidas o cualquier otra razón, Cambiemos supo desarrollar una serie de decisiones en base a la necesidad de reconstruir lo destruido por el kirchnerismo durante 12 años.

Esta táctica fue recuperada felizmente por parte del PJ y el kirchnerismo duro, que respondió con supuestas políticas de Estado que permitieron a la población vivir mejor. Histórica oposición entre público y privado, más o menos derechos, soberanía o cipayismo, etcétera.

Es innegable, al menos para este periodista, que los momentos donde abunda Estado de Bienestar, capitalismo de estado o variantes de este tipo, tienen una incidencia de corto o mediano plazo mucho más positiva que los momentos de contracción económica, conservadurismo o neoliberalismo. Es decir que, dentro de las etapas por las que atraviesa el Estado burgués, hay momentos progresivos de auge económico y otros de retraso y ajuste de nuestras vidas.

Sin embargo, una y otra teoría, con su práctica correlativa, tiene un fin específico que es la consolidación de un bloque de poder en las estructuras del Estado. Es así que el macrismo no hubiese despedido 200 mil empleados públicos si estos hubiesen gozado de estabilidad laboral contra la precarización que hubo durante el kirchnerismo (precarización que, por supuesto, continúa), ni el macrismo hubiese sancionado las leyes del ajuste si no fuese por los votos que sistemáticamente les dio el PJ/kirchnerismo, por mencionar solo dos ejemplos.

Depende de quién lo mire, y tomando como referencia la provincia de Buenos Aires, hoy podemos asegurar que casi el 70% de la población rechaza las políticas de Cambiemos. Análogamente, podemos afirmar que casi el 70% de las y los provincianos no ven una opción kirchnerista para la coyuntura actual. Sin embargo, las tribunas de los grandes medios de comunicación, de un lado y del otro (léase, TN o C5N), evangelizan a unos y demonizan a otros. La mesa está servida, es el “cambio” o “vamos a volver”. Y fin de la historia.

Aquí podemos afirmar que el gobierno de Cambiemos es sumamente regresivo, antipopular y garante de la pobreza del país. Sin embargo, y contemplando positivamente algunas políticas sociales, el kirchnerismo nunca se definió por un cambio estructural de la sociedad para poder finalizar con el hambre y la explotación. No lo hizo Cristina, tampoco Nestor. No lo hizo Perón, ni mucho antes Rosas.

El Estado capitalista solo puede dar respuestas capitalistas, por lo tanto, al servicio de los poderosos. Lleguen migajas o panes enteros a los sectores populares. Esto ya lo hemos dicho y la historia lo demostró hasta el cansancio.

Hegemonía y lucha de clases

El panorama que se abre es realmente complejo. Los manuales del buen político dicen que en momentos de crisis económica y de pérdida de derechos adquiridos, la población tiende a aumentar los niveles de participación en el espacio público. Con mayores o menores niveles de involucramiento, con más o menos voluntarismo o espontaneidad, las personas se inclinan por recurrir a lo no convencional. Llevando esto a la arena política electoral, hubiésemos esperado una mayor inserción de los partidos de izquierda. Sin embargo, a nivel nacional solo el Frente de Izquierda tuvo un leve crecimiento en relación a las PASO de 2015, pero el resto de las fuerzas (a excepción de buenas experiencias locales como Ciudad Futura en Rosario), quedaron en el camino.

Concretamente, y siguiendo con la provincia de Buenos Aires como parámetro, alrededor del 80% de las y los votantes se inclinaron por la tradición política que ya ha demostrado hasta el cansancio su decisión disfrazada de incapacidad, de no resolver los problemas del pueblo trabajador.

Esto se da por varios condimentos: en épocas de masificación de los medios de comunicación -incluyendo todos los soportes (digital, audiovisual, gráfico) y redes sociales-, la generación de opinión pública está al servicio del bloque gobernante. El famoso “duranbarbismo” se instala, lavando la política, ocultando lo podrido -esto incluye los grandes partidos del hambre como el PJ o la UCR-, banalizando los padecimientos. Al mejor estilo de Roger Stone, que se haga lo que se tenga que hacer para ganar.

No son solo los medios. La complicidad de la burocracia sindical, la intervención en nuestras vidas de las instituciones del Estado, el uso deliberado de las fuerzas de represión. Y Este combo merece nuestra atención.

Cambiemos ganó en medio de la desaparición de Santiago Maldonado y Nadia Rojas, del femicidio de Anahí, de la represión a los trabajadores de PepsiCo. Elisa Carrió alcanza el 50% de los votos en la Ciudad de Buenos Aires por su “demostrada” coherencia y honestidad. Carrió, quien fuera antimacrista hasta hace tres años y viró en la política desde el progresismo, el centrismo, radicalismo o ahora en la derecha.

Y decimos que requiere nuestra atención porque es en un contexto nefasto donde el gobierno se consolida y el kirchnerismo puede salir a presionar por desaparecidos como si no existiera Julio Lopez o Luciano Arruga.

Frente a este contexto donde la hegemonía de la clase explotadora se consolida, más allá de su rotación al interior, la lucha de clases requiere de la mayor inteligencia política. Se trata de consolidar una alternativa nacional independiente de gobierno y patrones, pero la lucha va más allá. Se requiere, también, de la rigurosidad de estudio del contexto actual, de las intervenciones en los barrios y sindicatos, del compromiso de las universidades, del reagrupamiento de las organizaciones populares que se definen por el clasismo, contra el capitalismo y el patriarcado.

Esto no intenta ser una simple proclama unitaria, sino que, al igual que cuando anunciábamos hace algunos años que la derecha se estaba ajustando a los nuevos tiempos, demanda la capacidad de redoblar esfuerzos para detener, si, pero también vencer lo que, caso contrario, se tornará inevitable: que se dinamice el ajuste y la represión como una política estable.

Mike Pence, Vicepresidente de Estados Unidos, ya le dio la bendición a Mauricio Macri. La lucha contra el imperio y sus representantes locales deberá ser firme y prolongada.

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De cara a la jornada nacional por PepsiCo y luego de la represión sufrida el jueves pasado, el panorama sindical de la semana demuestra que el gobierno Nacional proyecta más cierres y despidos como política de ajuste.

Después de que el jueves pasado la policía Bonaerense reprimiera con palos y gases a las trabajadoras y los trabajadores que defendían sus puestos de trabajo en PepsiCo, integrantes de organizaciones sociales, políticos y periodistas; sindicatos, partidos y colectivos se solidarizaron con las víctimas y convocaron distintas movilizaciones en la Ciudad de Buenos Aires y en la Provincia. “Somos más de 600 familias que quedamos en la calle de un día para el otro, el 70 % son mujeres, madres, sostenes de familia”, lamentó Luis Medina, delegado de PepsiCo, en la Plaza de Mayo y aseguró que “el objetivo es avasallar los derechos de los trabajadores y están las condiciones dadas desde el Ministerio de Trabajo y de la burocracia sindical”. El martes 18 habrá una jornada nacional de protesta.

Por otro lado, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ordenó a la empresa PepsiCo durante el viernes la reincorporación de 11 trabajadores. Esto significa que deberán ser reubicados en la multinacional estadounidense, que ya confirmó que la planta de la localidad de Florida no será reabierta. La Sala VI del tribunal respaldó así una medida cautelar, argumentando que no se cumplió el procedimiento preventivo de crisis previsto para el cierre de la fábrica.

Una historia y una represión

“El 20 de junio nos pegaron una fotocopia A4 para avisar que cerraban la planta. Un día antes habían llamado a una convocatoria preventiva de crisis, que no tuvo nada de preventiva y tampoco de crisis porque la multinacional factura millones de pesos por año”, contó Medina, quien destacó que “las compañeras se pusieron al hombro la lucha” y agregó: “Las golpearon de manera indiscriminada, qué saben ellas de protestas, lo único que saben es trabajar”. Por último, agradeció a los vecinos de Florida que realizaron un cacerolazo en repudio a la represión. También alzó la voz en el festival solidario que se realizó ayer en las puertas de la fábrica, donde tocaron bandas como Las Manos de Filippi, Salta la Banca y Mal pasar, entre otras, y cientos de jóvenes dijeron presente.

Medina habló desde el centro de la Plaza de Mayo, durante la habitual ronda de los jueves que realizan la Asociación Madres de Plaza de Mayo y las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. Ambas organizaciones, como también el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVJ), convocaron a la ronda en nombre de la lucha de los trabajadores de PepsiCo.

Durante la ronda de Madres también estuvieron presentes trabajadores y trabajadoras que enfrentan otros conflictos laborales y resisten cientos de despidos, como la Uocra y el Sindicato Petroquímico de Zárate; ATE, Metrodelegados y los Bancarios junto a la CGT Corriente Federal.

Partidos de izquierda y la agrupación Naranja del sindicato de la Alimentación también marcharon a Plaza de Mayo. “Reclamamos más que nunca que el Sindicato de la Alimentación aparezca en defensa de los trabajadores. Es necesaria la convocatoria inmediata a un paro nacional de todos los trabajadores de gremio, en rechazo al desalojo y por la reapertura de la planta”, señaló la agrupación en un comunicado.

En la ciudad de La Plata, organizaciones sociales y políticas realizaron desde la mañana del jueves un corte en la calle 7 y 50 con pancartas con la inscripción “Pepsico, todos adentro” y “Libertad a todos los detenidos”. Las siete personas que fueron arrestadas durante el violento desalojo ya fueron liberadas.

En tanto, pasado el mediodía, trabajadores tercerizados del Ferrocarril Sarmiento levantaron el corte de vías que mantenían a la altura de la estación Haedo, en reclamo por la reincorporación de 80 empleados cesanteados y en solidaridad con los despedidos de PepsiCo.

Además, la empresa realizó durante estas semanas una verdadera burla contra el pueblo y la clase trabajadora: dijo que cerraba por el peligro de contaminación y de logística. Es decir que echaba a 600 familias y las dejaban en la calle supuestamente por la falta de inversión en obras mínimas de infraestructura. Luego importó papas fritas de Chile mostrando que no había ningún problema logístico, trayendo productos terminados del exterior cuando tiene una planta en condiciones de producir a dos kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.

Fiel al estilo que viene practicando desde que asumió Mauricio Macri, con largas horas de demora luego de la feroz represión estatal contra los obreros de PepsiCo, la Confederación General del Trabajo (CGT) anunció que realizará una movilización el 22 de agosto (sic).

Uno de los triunviros, Carlos Acuña, también anunció que se tomará dos semanas para elaborar “un documento crítico” sobre la marcha del país, que emitirán el próximo 28 de julio.

Por último, cuando la policía y los periodistas quedaron cara a cara frente a un comercio aledaño a la planta, los efectivos no dejaron avanzar a la prensa y se registraron hechos de violencia que terminaron con trabajadores de prensa agredidos y la denuncia de una cámara destruida, mientras los dirigentes Nicolás del Caño y Luis Zamora intentaban mediar en el lugar.

Un plan a largo plazo

El Gobierno de Cambiemos estaría analizando un plan que incluye 4.000 despidos y el cierre de 800 sucursales del Correo Argentino, en la búsqueda de cumplir sus metas fiscales. El ajuste en la entidad fue anticipado en el diario La Nación. De acuerdo al matutino, el Correo estima pérdidas por $ 2.000 millones para este año y desde la Jefatura de Gabinete sostienen que no existe margen para postergar los recortes.

Uno de los principales cuestionamientos a la gestión del Correo se centraría en los aumentos salariales acordados en mayo: 12% retroactivo a abril, más un 6% en agosto y 5% en enero próximo. Además de una suma fija de $ 8.000 en tres cuotas.

La firma química Carboclor de Campana rompió la conciliación obligatoria que regía hasta la semana próxima. El jueves comenzaron a llegar los telegramas de despido y las y los operarios no pudieron ingresar a la planta. Busca pagar el 50% de las indemnizaciones.

El cierre se suma a la catarata de despidos que tienen lugar en la zona y que encuentran su punto más alto en los más de 1.000 trabajadores de la construcción que se quedan en la calle por las cesantías en la planta nuclear Atucha.

La empresa de calzado GGM de Las Flores, fabricante de las marcas Pony, Signia y Asics, no les paga a sus 280 trabajadores desde el pasado mes de abril, momento desde el cual, la fábrica está paralizada y los obreros se encuentran suspendidos.

“Lo único que resta con el empresario es la negociación o conciliación por las máquinas y el local para avanzar en un sistema de cooperativas para que los operarios puedan continuar trabajando”, señaló el intendente Ramón Canosa, quien también reconoció que por estos días, “el único respaldo que tienen los trabajadores es un RePro”, de 3.000 pesos mensuales.

Más de 150 profesionales del programa “Turismo Educativo” se quedaron sin trabajo, denunció uno de los docentes afectados, Juan Manuel Pacheco, quien además adelantó que el Ministerio se propone cubrir esos cargos con pasantes sin experiencia.

“Desde que asumió esta nueva gestión (hace dos veranos) los chicos no viajan a Chapadmalal ni a Embalse”, denunció el docente, quien además contó que este año tampoco fueron contratados para los programas de invierno.

Pacheco, además, denunció que de los 12.000 chicos de escuelas de zonas vulnerables que por año solían viajar de forma gratuita a Chapadmalal y a Embalse “para intercambio cultural”, este año viajaron 5.500.

El grupo chileno Cencosud, dueño de Jumbo, Disco, Easy, Plaza Vea y Blaistein, tiene varias sucursales en conflicto. Las medidas de fuerza las lleva adelante el sindicato de Comercio que denuncia unos treinta despidos en Jumbo, Disco y Easy en los últimos meses.
El fin de semana pasado cesantearon trabajadores en el supermercado Disco de la calle Cuba y Pampa en Belgrano; del Disco de Palermo, ubicado en Salguero y Figueroa Alcorta y del Jumbo de Puerto Madero. “Son despidos por goteo y se producen en todo el grupo, unos treinta. Esto comenzó en los últimos tres meses, cuando empezó a caer mucho más fuerte el consumo. En algunos casos, aducen ‘pérdida de confianza’ para poder despedir con causa y ahorrarse la indemnización”, explicó Oscar Tedesco, Secretario de Asuntos Gremiales del Sindicato de Empleados de Comercio de Capital Federal.

La empresa Transporte Gómez, con sucursales en todo el país, decidió repentinamente cerrar las áreas de operaciones de “Logística y Paquetería”. Aunque seguirá operando en otras ramas, la disposición deja en la calle a casi un centenar de familias.

“Los compañeros que prestan servicios, llegaron y se encontraron hoy con la novedad que la empresa está con las puertas cerradas, que no hay ningún camión adentro, y no hay mercadería”, señaló el Secretario General de la Seccional Tucumán del Sindicato de Camioneros, César Torres.

Se confirmó que VF, ubicada en el departamento de Arauco (La Rioja), bajará las persianas, decisión que afectará a 105 operarios: 80 fueron desvinculados el lunes pasado y los restantes 25 seguirán en funciones hasta agosto inclusive.

Funcionarios provinciales responsabilizan directamente a la Casa Rosada por la situación, ya que la apertura de importaciones le dio un mazazo al rubro textil, y justamente en La Rioja se encuentra “el principal polo del sector de Sudamérica”, como había manifestado el propio gobernador Sergio Casas. Se trata de una sangría que ya lleva más de 1.600 bajas de puestos laborales en el último año y medio en la provincia.

A la apertura de las importaciones se suma una baja del consumo en términos generales, baja que recrudece en las zonas de frontera, como las cordilleranas, por el éxodo de compradores a países limítrofes para aprovechar descuentos y promociones respecto de los altos precios locales.
La crisis textil también se siente en provincias como Catamarca, San Luis y Chubut, que también sufrieron cierres de empresas.

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Se recrudece el conflicto por los 600 despidos de PepsiCo. Las y los trabajadores mantienen la toma en la planta de Florida a pesar de la amenaza de desalojo.

“Si no hay pan para nuestros hijos, que no haya paz para los empresarios”, se lee en la bandera que atraviesa todo el ancho de la populosa Avenida Corrientes. “Familias en la calle, Nunca Más”, se advierte en otra. Las despedidas y los despedidos de PepsiCo plantaron ese mensaje en el emblemático Obelisco. Sus rostros y sus pancartas, en el corazón de la Ciudad de Buenos Aires, mostraron la peor cara de la crisis económica argentina, que por ahora no se detiene y sólo crea y recrea más pobres y más desocupados. La postal que atravesó la mañana porteña del martes 4 de julio comenzó a las 8 con un corte sobre la 9 de julio, siguió con una marcha hacia el Ministerio de Trabajo y concluyó con una movilización al Congreso de la Nación.

Estado de situación

La trasnacional Pepsico es un monstruo planetario. Una de las mayores corporaciones de alimentos y bebidas. Tiene presencia en 200 países, con más de 250 mil empleados en todo el mundo. Solo en 2016, cosechó ganancias netas por 63 mil millones de dólares. Doritos, Twistos, papas fritas Lay’s y maní Pehuamar, son algunos productos que, hasta hace unas semanas, salían desde la planta de Florida y se desparramaban por todo el territorio argentino.

El miércoles 21 de junio, después del feriado patrio, un directivo de la compañía mandó a pegar un papel en la puerta de la fábrica. Un par de renglones alcanzaron para armar el comunicado. “Con motivo del cese de operaciones de Planta Florida y la relocalización de producción en otro establecimiento, y mientras da cumplimiento a instancias legales correspondientes ante el Ministerio de Trabajo, se comunica al personal que queda transitoriamente liberado de prestar servicios manteniendo el goce de haberes”, decía el texto.

Cuatro días después, tras varias noches de acampe y luego del fallido plenario de delegados del Sindicato de la Alimentación que descartó un paro general, los trabajadores y las trabajadoras resolvieron ingresar a la fábrica y hacer una ocupación pacífica. Hector Daer, titular del sindicato y triunviro de la CGT, criticó la media por inconducente. “Eso no soluciona nada”, señaló. “No siempre que cierra una fábrica es mala noticia”, justificó el analista afín al macrismo, Sergio Berensztein. El Jefe de Gabinete, Marcos Peña, como si fuese un simple espectador del conflicto, lanzó que desde Casa Rosada “no se puede impedir la decisión empresarial”.

Efecto directo

-¿Cómo es tu nombre?

-Nicolás Gómez.

-Hace cuanto laburas en PepsiCo?

-Siete años. Y ahora soy delegado de la comisión interna.

-¿Siguen ocupando la fábrica?

-Desde el lunes 26 junio, cuando decidimos entrar a la planta.

-¿Cómo es eso?

-Entramos para resguardar los materiales de trabajo que usamos para producir.

-¿Y pasan la noche adentro?

-Si, estamos pidiendo que reabran las puertas y se vuelvan a encender las maquinas.

-¿Por el momento se van a quedar?

-Si, nos vamos rotando. Estamos juntos para seguir luchando.

-¿Y con la familia como hacen?

-Yo no tengo hijos. Pero tengo a mi esposa. Ella es docente y me está bancando.

Continuidad

En la noche del viernes 7 de julio se conoció el pedido del fiscal Larramendi para que la planta sea desalojada. Ahora es la jueza Andrea Rodríguez Mentasty la que debe resolver. Mientras, los obreros y las obreras ratificaron su voluntad de pelear por sus puestos laborales y llamaron a fortalecer la vigilia.

El domingo 9 de julio, al caer la tarde, empezó a circular la siguiente información:

“Los trabajadores de PepsiCo Snacks Planta Florida irán mañana lunes a las 10:30 al Juzgado de Garantías N°3 de San Isidro ubicado en la calle Ituzaingó 340 para exigir a la jueza Andrea Rodríguez Mentasty que no apruebe el pedido del fiscal Larramendi para que la planta sea desalojada violentamente. Estaremos acompañados por organismos de DDHH, referentes y delegados de organizaciones sindicales y políticas”.

Este pedido fue conocido por los trabajadores el pasado viernes 7 y es impulsado por la patronal de PepsiCo la cual se encuentra en la ilegalidad más abierta ya que fue denunciada por lock out ofensivo, vaciamiento y discriminación.

De nuestra parte sostenemos que no abandonaremos la lucha por amenazas represivas”.

Damián, que es padre de dos hijos y paga el alquiler de su casa, demuestra fortaleza ante la adversidad. “Nuestro único pedido es volver a laburar, pero entendemos que esto es aleccionador para otras empresas más chicas. Por eso esta lucha, es por todos, por nuestras compañeras que son sostén de familia, por nuestros compañeros que tienen 50 o 60 años y se les va a hacer cuesta arriba arrancar de nuevo. Uno todavía es joven, puede sacar fuerzas, pero sabemos que para otras personas es mucho más difícil”.

“Yo trabajo hace 8 años. Tengo dos hijos, alquilo. No tengo plata en el banco ni en Panamá, como otras personas. Soy un asalariado. Esto, la verdad, te cambia la vida. Pero creo que es una oportunidad para modificar las cosas. Mientras tanto, la empresa ya está en condiciones de despedir. Así que se viene días de novedades”.

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Trabajadores y trabajadoras de la multinacional Pepsico Argentina reclamaron en contra de los despidos generados por el cierre de la planta Florida, ubicada en el partido bonaerense de Vicente López, durante la previa del casamiento de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo en Rosario.

“No a los 600 despidos”, “600 familias sin trabajo”, “600 familias en la calle”, fueron algunos de los mensajes mostrados antes del inicio de la fiesta del astro de Barcelona y el seleccionado argentino.

En la fiesta de Messi la bebida no alcohólica fue de la línea Pepsi, en sus variantes cola, lima (Seven Up) y naranja (Mirinda).

Hace dos semanas, la empresa Pepsico Argentina anunció el cierre de su planta de snacks ubicada en Florida, donde trabajaban unos 536 empleados.

Las y los obreros de fábrica, como parte de su plan de lucha, también hicieron el viernes un corte en la Panamerica a la altura de Henry Ford. Fue sorpresivo, burlando a los centenares de gendarmes que día a día están apostados por la mañana en Avenida San Martín y Panamericana cerca de la fábrica. Entre las 6:30 hasta casi las 8 de la mañana, duró esta nueva medida de lucha en reclamo por la reapertura de la fábrica.

Por la tarde, un importante plenario definió medidas en apoyo a la lucha. En la reunión participaron dirigentes de distintos gremios (telefónicos, subte, estatales, docentes, entre otros), referentes políticos y de Derechos Humanos, y numerosas delegaciones obreras de más de 30 gremios.

Apoyos de clase

Tras el saludo de Marcelo Frondizi (Secretario de organización de ATE Capital), Camilo Mones de Pepsico, resumió la situación del conflicto, denunciando la complicidad del Ministerio de Trabajo y el sindicato de Rodolfo Daer en el brutal cierre que pretende dejar en la calle 600 familias. “El lunes pasado en asamblea decidimos ingresar a la fábrica para permanecer allí en defensa de nuestra fuente de trabajo. Pero no queremos encerrarnos. Queremos salir con toda la fuerza hacia afuera, hacer medidas contundentes para que nuestro reclamo se haga público, ganando las calles para que tome nota el gobierno y afectando los intereses de la multinacional PepsiCo. Nuestro conflicto es parte de un ataque más de conjunto y queremos sumarlos a todos ustedes a esta pelea contra los despidos, las suspensiones y el ajuste de Macri que viven miles de trabajadores”.

Allí destacó las acciones que habían hecho estos días, el bloqueo conjunto con Camioneros y el corte sorpresivo de AU Panamericana. Y planteó entonces las cuatro propuestas iniciales: la primera, jornada nacional de lucha para el día martes 4 de julio, que tuvo como acción central un corte de la Avenida 9 de Julio por la mañana y acciones en otros puntos del país; el impulso a la campaña “No compre productos de PepsiCo” que ya impulsan referentes de Madres de Plaza de Mayo y decenas de personalidades, con afiches y 100.000 stickers; la promoción de un gran fondo de lucha con colectas y bonos, para sostener a las y los trabajadores; la realización de acciones frente a plantas del gremio de la Alimentación.

Para estas medidas, los trabajadores y trabajadoras de PepsiCo pidieron el apoyo “real y contundente de todos los gremios y organizaciones presentes”.

Por su parte, el Nono Frondizi alentó que “Es una pelea dura pero no imposible de ganar, en un marco en el que el gobierno de ricos avanza sobre las conquistas obreras y de los humildes.”

El jueves 22 de junio en un plenario de delegados del Sutiaga de Trelew (Chubut) decidieron parar 48 horas en apoyo a la lucha de los despedidos de la Pepsi de esa localidad.

El paro involucró a alrededor de “250-300 trabajadores de Coca Cola, Ivess, el resto de las soderías, incluyendo distribuidoras que también dependen de la misma empresa de Pepsi”, detalló Claudio López, delegado de Coca Cola.

Los 48 despedidos se encuentran haciendo un acampe en los portones de la planta desde el martes 20 de junio, en reclamo por el cobro total de las indemnizaciones y para conformar una cooperativa de envasado de agua y soda.

Testimonios de largo aliento

Myriam Bregman, candidata a legisladora en la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), afirmó que está “Acompañando a los trabajadores y trabajadoras de PepsiCo, hace muchos años fui abogada de ellos cuando la empresa empezó una enorme persecución sindical para tratar que no se organizaran, pero igual lo hicieron, igual se organizaron y en este momento están sufriendo un ataque, el mayor ataque que es perder su fuente de trabajo así que aquí estamos acompañándolos”.

Por su parte, Gustavo Lerer, delegado del Hospital Garraham, aseguró que “Nosotros hace rato que cultivamos la solidaridad obrera con todos los trabajadores en lucha y más con los compañeros de PepsiCo que son una Comisión interna combativa clasista. En estos momentos están sufriendo lo más agudo del ajuste que son los cierres de fábrica, ya pasó en AGR e inclusive sectores que no cierran por quiebra sino que son maniobras patronales de las multinacionales. La idea es venir a traer la solidaridad para ver cómo ayudar a los compañeros, para que puedan mantener su fuente de trabajo y enfrentar de manera unificada al gobierno de Macri y a la oposición burguesa que son los responsables de esta situación”.

Otra de las voces presentes en el plenario del viernes pasado fue la de Luis Medina, delegado de la Comisión interna de Pepsico planta Florida, que afirmó que “Vinimos a proponerle a todas las organizaciones que están acá preparar un Plan nacional de lucha, no solamente por las más de 600 familias en la calle que hay de Pepsico, sino también por los cientos de miles de despidos que hay en el país y ni el Ministerio de Trabajo ni los burócratas sindicales se ponen al frente de esta lucha, así que los trabajadores nos tenemos que organizar y empezar a dar una verdadera pelea a esta situación”.

Lejos de bajar los brazos y naturalizar la situación, las y los trabajadores demuestran que están dispuestos a luchar por cuidar las fuentes laborales. El cierre de la carta que le presentaron al Intendente es clarificador al respecto: “Por eso nos ponemos de pie en esta lucha contra estas políticas neoliberales que solo favorecen a estas mega empresas multinacionales que solo ven en nosotros, la clase obrera, un número detrás de una computadora y no lo que realmente somos”.

Nota relacionada: Cierre de PepsiCo: “Los empresarios se aprovechan de que este gobierno les dio una mano grande”

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In Memorian

A Rodolfo Oscar Estivill, jubilado suicidado por el ajuste macrista

Un jubilado de 91 años se suicidó en una sede de Anses en Mar del Plata, luego de concurrir a la sucursal para realizar un cambio de domicilio. Rodolfo Oscar Estivill había llegado a la agencia estatal a las diez de la mañana junto a sus dos sobrinas para cambiar la dirección de cobro. Antes de irse, les pidió que lo esperaran en la entrada porque “conocía a alguien del primer piso” que ayudaría. Al bajar de las escaleras, sacó un arma, dijo estar “cansado de luchar” y se disparó ante la mirada de empleados y vecinos que realizaban diligencias. Centenares de marplatenses se reunieron en la puerta de esa sede, en avenida Independencia y San Lorenzo, para protestar por el recorte a jubilados.

 “El suicidio de un jubilado de 91 años en Mar del Plata desnuda la triste realidad que atraviesan los jubilados y jubiladas de todo el país. Las políticas de este Gobierno atentan tanto a su vida como a las condiciones de los trabajadores y trabajadoras”, declararon en conjunto los tres gremios que tienen afiliados a trabajadores de la Anses, Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Asociación del Personal de los Organismos de Prevención Social (Apops) y Sindicato de Empleados de la ex Caja de Subsidios Familiares para el Personal de la Industria (Secasfpi). Los sindicatos decretaron un paro nacional el pasado viernes: denuncian los recortes en jubilaciones, pensiones y en programas como Procrear y Progresar, y aseguran que el Gobierno “va a ir por más: elevar la edad jubilatoria, volver a las AFJP y desguazar todo el sistema de Seguridad Social Público”.

“El grado de angustia que cargan los jubilados es increíble, pero lo peor de todo es la indiferencia dirigencial ante ese dolor”, aseguró Sandra Mayol, empleada y delegada gremial de Apops en Mar del Plata. Leonardo Fabre, el titular del gremio, dijo que hay un “plan de exterminio” hacia los jubilados y hasta habló de “genocidio”.

“Este combinación de violencia y angustia que se vive día a día en la Anses, producto de las medidas actuales del gobierno, me hace recordar a los noventa, cuando los jubilados estaban totalmente desesperados”, afirmó Carlos Ortega, secretario general del Secasfpi. También describió los desafíos que transitan actualmente los jubilados, pensionados y discapacitados para mantener sus beneficios: “Hay gente que viaja 200 kilómetros sólo para presentar una fecha de nacimiento o de defunción de su pareja. Acá se hizo todo al revés, en vez de revisar los casos que podrían ser dudosos, se les recortó a todos, sin hacer ninguna evaluación”, indicó Ortega y agregó que “estamos en un retroceso notable, similar a los años noventa cuando se crearon las AFJP. Esta gestión vacía el Fondo de Sustentabilidad con la simple excusa de que hay personas que no deben ser beneficiadas. Obviamente con estas revisiones injustas las personas se desesperan”.

Mientras, las flores en homenaje a Estivill y los carteles de protesta contra el recorte a los jubilados se multiplicaban cada vez más: “El neoliberalismo mata”, “No a la suba de la edad jubilatoria”, “Los abuelos no somos descartables”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los marplatenses en la puerta de la sede de la Anses.

Luego de la tragedia de Mar del Plata, la Administración Nacional de la Seguridad Social suspendió las intimaciones a los pensionados viudos, a quienes obligaba a demostrar su estado civil.

De acuerdo con la circular 15/17, que la Anses solo distribuyó a través de su correo interno, se informó a todas las oficinas de atención al público que “en el día de la fecha (30 de junio de 2017) ha finalizado la etapa de comunicaciones mediante orden de pago previsional (OPP), prevista en el programa de rutina de actualización de datos”.

“Los titulares que contaban con algún mensaje de los previstos en este procedimiento (Actualización de datos correspondientes a beneficios de pensión por fallecimiento) podrán corroborar que los mismos no se repetirán en mensuales siguientes”, agrega la circular.

El ajuste más anunciado ya comenzó

1) La baja masiva de pensiones no contributivas: 170.000 beneficiarios.

2) El Plan Progresar destinado a incentivar el estudio de los jóvenes entre 18 y 24 años sufrió una baja de 904.000 beneficiarios a 558.000, es decir, 346.000 menos. Se trata de una ayuda mensual de $ 900 congelados desde 2015. Las Universidades denuncian una quita del 31,4% del subsidio, de $ 8.147 millones a $ 5.520 millones.

3) El Plan Conectar Igualdad para acortar la brecha digital que entregó 5.3 millones de netbooks entre 2010/5 quedó virtualmente paralizado; en lo que va de la gestión macrista solo se entregaron 94.000 y el gobierno se ahorró $ 1.200 millones.

4) Plan Remediar. De 74 medicamentos esenciales bajó a 7.

5) SUMAR que brinda cobertura de salud a niños, adolescentes, embarazadas, hombres y mujeres hasta 64 años pasó de $ 2.274 millones en 2016 a $ 1.548 millones.

6) Lucha contra el Sida y ETS (Enfermedades de Transmisión Sexual): se rebajó en $ 105 millones.

7) Argentina Sonríe de atención odontológica fue dado de baja. Suponía una inversión anual de $ 233 millones.

8) Suspensión de la entrega de 60.000 kits del Programa de Acompañamiento de la Madre y el Recién nacido “Qunita”.

9) Restricciones en la cobertura de medicamentos al 100% para jubilados: 200.000 afectados.

10) Cambios en el sistema de facturación en la Obra social de jubilados al sistema de cápitas: $ 1.600 millones.

11) REPRO. Programa de subsidios para proteger los puestos de trabajo. En plena ola de despidos en 2016 se otorgó a 123.056 trabajadores contra 756.487 que lo cobraron el año anterior: $ 814 millones menos.

Un grupo de clubes bonaerenses se reunirá el próximo lunes para analizar cómo proseguir judicialmente frente al tarifazo en la factura de electricidad, luego de que esta semana recibiera un revés por parte de la Sala 1 de la Cámara Federal de San Martín. El fallo de la Sala habilitó la suba del servicio para el caso de seis instituciones de San Martín, que habían apelado el incremento en la boleta que alcanzó al 500 % de aumento. Además tendrán que pagar el retroactivo. En el escrito consideraron suficiente que la demanda quedó abstracta porque hay un nuevo cuadro tarifario que se validó en una audiencia pública. Ahora, bajo el patrocinio de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, que conduce Guido Lorenzino, se analizará una presentación basada en la Ley de Defensa al Consumidor. En algunos casos la factura trepó de 6.000 a 30.000 pesos.

Las seis instituciones que presentaron el amparo cuentan en promedio con unos 1.000 socios cada una y cobran cuotas de entre 250 y 300 pesos. Tras conocerse el revés judicial denunciaron que no pueden aumentar las cuotas en proporción porque la gente no las pagaría. Además de atender a sus socios, en los clubes funcionan colonias de verano y hay actividades deportivas para chicos de las escuelas de la zona.

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Después de PepsiCo, la transnacional Wallmart se sumó al plan de despidos masivos que promueve el gobierno para ejecutar la flexibilización laboral. Por ahora, más de 50 familias quedaron en la calle. El testimonio de trabajadores y trabajadoras con más de 15 años de antigüedad.

El imponente predio de Sarandí está vacío. Hay algunos autos sueltos en la playa de estacionamiento y solo se ven a dos o tres personas caminando hacia ningún lado. La postal, que difiere de la realidad cotidiana que se vive en el supermercado Wallmart, refleja un silencio inusual. No hay una muchedumbre cargando bolsas de consorcios, ni se ven un tumulto de gente en los accesos o las salidas. Hay un escaso, tenue movimiento. Es miércoles 28 de junio y los trabajadores y las trabajadoras mantienen el bloqueo en la puerta principal. Las cajas, cerradas. Las góndolas, intactas. Nadie entra, nadie sale. Los y las empleadas están ahí desde el lunes 26, cuando comenzaron a llegar los telegramas de despidos. En total, por ahora, son 50 familias en la calle.

“Esta pesadilla empezó cuando nos informaron que la empresa decidió despedir el 30 por ciento de la nomina actual de empleados. O sea 55 personas, de los 160 empleados que hay aproximadamente”, cuenta Marcelo Fernández, delegado del Sindicato de Empleados de Comercio de Lanús y Avellaneda (SECLA). “La mayoría son sostén de familia y casi todos tienen más de 10 años de antigüedad”, agregó quien oficia de vocero mientras hace una permanencia en lugar junto a su pequeño hijo.

Ajuste profundo

El ajuste del gobierno de Mauricio Macri impacta diariamente en los rincones del conurbano, donde se siente la situación más crítica. En la provincia de Buenos Aires la desocupación trepó a un 11,8%, lo que representa 639.000 personas sin trabajo. Llamativamente, en vez de reconocer el flagelo, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, aseguró que la suba de la tasa de desempleo registrada por el Indec para el primer trimestre del año “es estacional”.

Las transnacionales radicadas en Argentina decodifican a la perfección las señales que salen desde Casa Rosada, que ejecuta despidos en el propio Estado y dispone paritarias por debajo de la inflación. Mientras repercute el caso más cercano por el cierre de la fábrica Pepsico, en Vicente López, que dejó a 600 personas en una situación desesperante, ahora un escenario similar se expone en la sucursal de Wallmart ubicada en el kilómetro 9 de la autopista Buenos Aires-La Plata.

“Yo estaba en la parte de rotisería. Venía todos los días, cada mañana, y así durante 17 años. Toda una vida acá adentro”, contó Enrique, otro de los hombres que perdió su empleo, mientras encabeza una ronda de mates. Son varios, sentados en ronda, a la espera de una solución colectiva. “De repente, de la nada, nos dejaron afuera”, agrega Jesús, con 18 años en la empresa.

La firma, de origen norteamericano, envió los respectivos telegramas de despidos a los domicilios particular de los afectados. Si alguien no lo recibió en su hogar, fue notificado de manera personal cuando llegaron el martes a cumplir con su jornada.

Juan Quiroga, gerente de Relaciones Externas Walmart, argumentó la medida al señalar que “se trata de una decisión difícil, pero entendemos que esta decisión posibilitará conservar más fuentes de trabajo”.

Otro de los echados se llama Martín. Hace 10 años realiza tareas en Wallmart. Su pareja, desde hace 12. Se conocieron en el laburo, y ahí mismo se enamoraron. Desde hace un tiempo, viven juntos y sostienen un mismo hogar.

– ¿Vos hace 10 años laburas acá?

– Si

– ¿Y ahora te echaron?

– Me echaron

– ¿A vos y a tu pareja?

– Si, ella hace 12 años que labura acá.

– ¿Se conocieron acá?

– Si, hace 7 años estamos juntos.

– ¿Conviven?

– Si, si.

– O sea, empezaron a armar una vida juntos y…

– Y lamentablemente nos pasa esto.

– ¿Les llego el telegrama?

– Exactamente

– ¿Y ahora cómo la ven?

– Y lo vemos muy triste. Para nosotros y para nuestros compañeros y compañeras porque hay muchos que están en peores situaciones que nosotros.

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Ayer, 600 trabajadoras y trabajadores se enteraron a partir de un cartel que la multinacional PepsiCo cerraba su planta de Vicente López, en Buenos Aires. Mientras la empresa alegó “su compleja estructura de costos y extensos requerimientos logísticos”, las y los despedidos se plantaron con un acampe y con dignidad laburante.

“El país ha comenzado a crecer”, afirmó el presidente Mauricio Macri, el último martes 20 de junio, al hablar en el acto central del Día de la Bandera que se realizó en la ciudad de Rosario. Sin embargo, sus dichos se desvanecen, tanto en la realidad palpable como en los datos que arroja su propio gobierno.

De acuerdo con los recientes datos difundidos por el INDEC, en la Argentina nuevamente aumentó la desocupación en los últimos meses. En total, un 9,2% de la población se encuentra desempleada. En el período anterior el resultado  había dado 7,6%, casi dos puntos menos. En el país, son 1,7 millón de desocupados y desocupadas. La situación más crítica se refleja en el Gran Buenos Aires, con un 11,8%, lo que represeta 639.000 personas afectadas.

Justamente, en territorio bonaerense, y mientras el presidente largaba esa frase ficticia desde la provincia de Santa Fe (con un monumento vallado y el pueblo lejos), la crisis se agudizó por el cierre de la planta de PepsiCo de Florida, Vicente López. Allí un escueto cartel pegado en la entrada de la calle Gervasio Artigas anunciaba la peor noticia: “Se comunica al personal que queda transitoriamente liberado de prestar servicios”; una libertad que, claro está, no deleitaba a los trabajadores. Y agregaba que lo hacían “manteniendo el goce de haberes”; un goce que, claro está, tampoco servía a nadie.

Sobran motivos y faltan palabras

José Luis Fungueriño es uno de quienes perdieron su trabajo a través de una esquela, y así lo cuenta, todavía sin poder creerlo: “Cuando llegamos había un cartel. De boca en boca nos fuimos enterando todos porque desde la empresa no habían dicho nada; en ningún momento nos dieron certeza de lo que iba a pasar. Pero el feriado cerraron y 600 personas se quedaron sin trabajo. Y a eso hay que sumarle una cantidad importante de tercerizados”.

Se refiere a ese mismo día en el que el Presidente fantaseaba con el crecimiento en la producción. Ese mismo, sí, porque el día anterior habían trabajo normalmente: “El lunes cumplimos la jornada como siempre y el martes feriado pusieron los carteles en todas las puertas, con total insensibilidad hacia los trabajadores”.  “Los empresarios se aprovechan de que este gobierno les dio una mano grande para que hagan este tipos de cosas –amplió, y advirtió por despidos futuros–: El gremio de la alimentación tiene que estar en alerta, porque si esto lo hizo una compañía grande van a seguir así en otros lugares”.

Desde el martes plantaron un campamento, entonces, para obtener respuestas más concretas y con la idea, siempre, de recuperar sus fuentes de trabajo. No olvidemos que Pepsico es una multinacional, con sede en Nueva York, y hoy puede encontrarse en cualquier buscador el siguiente dato curioso: “Sobre la base de los ingresos netos, PepsiCo es la segunda mayor empresa de alimentos y bebidas en el mundo, presente en más de 200 países con diferentes marcas (algunas regionales)”. Por eso, que 600 personas se queden sin trabajo, que las posibles excusas futuras sean la baja de productividad o la imposibilidad de costear sus sueldos, con esos datos (curiosos, dijimos; macabros, también) es tan cruel como empezar a sentir nuevamente el aroma de las ollas populares creciendo acá y allá en pleno junio, en plena crecida del frío.

Las voces se siguen sumando. Juan Carlos Rodas tiene 25 años de antigüedad y nos cuenta: “Yo pase toda una vida acá, vi pasar muchos compañeros, muchas cosas, y ahora me quedé en la calle”. “Tengo esposa, dos hijos que van a la escuela, y la veo re jodida, por la edad, y también por la situación económica del país. En vez de avanzar vamos para atrás, parece la década del 90”, remarcó.

Hernán Bacarin es otro de los que cuenta con más de dos décadas de antigüedad, y se suma: “Yo hace 22 años vengo todos los días a trabajar. Hemos pasado muchas de estas, pero parece que esto es mucho más complicado. Lo lamento por mis hijos, que son chicos, alquilo…”. “Estoy sin palabras”, agregó. Aunque la falta de palabras, para cada uno y cada una, se va transformando en acción: en resistencia y acampe, en dignidad y fueguito que enciende una olla y ayuda a pasar la noche.

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