Por Peoples Dispatch

El 25 de mayo el periodista y activista indio de 68 años Gautam Navlakha fue transladado a la cárcel Tihar en Nueva Delhi, dándole 5 minutos para recoger todas sus pertenencias. Lo subieron a un tren y lo mandaron a Mumbai, que está a más de 1300 km. Todo esto pasa mientras la alta corte de Nueva Delhi escuchaba su plegaria de libertad provisional. Su compañera y familia no fueron informados sobre este translado que ocurrio en medio de la pandemia de COVID 19 en India. A las personas de mas de 60 años y esos con complicaciones médicas les han recomendado no viajar.

Gautam Navlakha es uno de los activistas y críticos del gobierno que están siendo acosados ​​por el Estado indio como parte de lo que se llama el caso Bhima Koregaon o el caso Elgar Parishad. Este caso está asociado con la violencia que se dio en el Estado de Maharashtra, en enero de 2018, posterior a un evento que celebra la victoria de las castas oprimidas en una batalla del siglo XIX. Muchos informes señalan que la violencia en 2018 fue perpetrada por grupos de derecha hindúes que comparten la ideología del gobernante partido derechista Bharatiya Janata (BJP). Sin embargo, la investigación pronto dio un giro diferente y comenzó a centrarse en activistas y críticos del gobierno.

El Estado indio llevaba intentando arrestar a Gautam Navlakha desde hace bastante tiempo. Fue detenido sin previo aviso el 28 de agosto de 2018, junto con otros cuatro activistas. Estuvo bajo arresto domiciliario hasta octubre de ese año, cuando se le concedió alivio de esa forma de detención. Sus súplicas por fianza anticipada seguían siendo rechazadas y, finalmente, el 14 de abril de 2020, se vio obligado a rendirse ante la Agencia Nacional de Investigación junto con el destacado académico Anand Teltumbde, quien también está siendo investigado en el mismo caso. Navlakha, Teltumbde y los demás activistas han sido acusados ​​en virtud de la Ley draconiana de prevención de actividades ilegales que restringe severamente las posibilidades de obtener una fianza y otorga a la policía amplios poderes.

Si bien el caso fue inicialmente sobre la violencia en 2018, pronto se convirtió en una conspiración más grande que incluyó un supuesto complot para asesinar al primer ministro Narendra Modi. El gobierno no ha brindado ninguna evidencia concreta de este complot y los tribunales se han negado a examinar minuciosamente estos reclamos.

¿Cuáles son entonces los crímenes de Gautam Navlakha? En las últimas décadas, y especialmente desde que el gobierno de Narendra Modi llegó al poder en 2014, Navlakha ha trabajado en el impacto de la violencia por parte de actores estatales y no estatales en algunas de las comunidades más oprimidas de la India. Fue uno de los miembros del Tribunal Internacional de los Pueblos para los Derechos Humanos y la Justicia, que en 2012 lanzó Presuntos perpetradores: Historias de impunidad en Jammu y Cachemira. Este informe narra los abusos contra los derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad indias en Cachemira.

Jugó un papel fundamental en un informe exhaustivo de los disturbios anti-Skh de 1984 en Delhi, titulado Quienes son los culpables, así como en un informe titulado Guerra de Cachemira de la India en la década de 1990. Ambos informes exponen el papel del entonces gobernante Partido del Congreso en el debilitamiento de las instituciones democráticas y en los abusos contra los derechos humanos. En 1992, las fuerzas de derecha hindúes dirigidas por líderes del BJP demolieron la mezquita Babri Masjid, en el estado de Uttar Pradesh. Navlakha también participó en el tribunal popular que lo investigó.

También ha narrado la opresión de las comunidades tribales en las partes ricas en minerales del centro del pais, regiones que han sido testigas de la acción militante de los grupos maoístas. Navlakha escribió sobre muchos de las problemáticas que enfrentan las personas allí en su libro, “Días y noches en el corazón de la rebelión”. Incidentalmente, mucho antes de su arresto, los medios de comunicación de derecha llevaron a cabo una campaña abusiva contra él, calificándolo de “Naxal urbano” (los naxals son militantes maoístas). La base de esta campaña fue un discurso que pronunció en una universidad donde hizo preguntas penetrantes sobre por qué los jóvenes en Cachemira estaban levantando armas contra el estado indio.

Navlakha ha escrito sobre las luchas de las personas en los estados del noreste de India contra el desplazamiento masivo debido a proyectos corporativos. También se ha centrado en el impacto de leyes draconianas como la Ley de poderes especiales de las Fuerzas Armadas, la Ley de actividades ilegales (prevención) y la Ley de seguridad pública.

Ha estado asociado con la Unión Popular por los Derechos Democráticos y la revista Economic and Political Weekly.

El arresto de Gautam Navlakha fue ampliamente condenado por los partidos políticos de izquierda y los grupos activistas. Su tratamiento en las próximas semanas fue igualmente impactante. Compañero y activista Sahba Husain dijo en una entrevista con Newsclick: “La última vez que Gautam me llamó fue cuando lo llevaron, casi secuestrado, a Mumbai, un día antes de la audiencia de su fianza. Expresó su seria preocupación por su salud, su presión arterial había aumentado a 200. Las autoridades incluso dejaron atrás sus recetas médicas. Nos sorprendió saber el tratamiento que le dieron, exponiéndolo al peligro de coronavirus además de subvertiendo todo el debido proceso procediendo de manera ilegal ”. Su abogado Mihir Desai dijo que Gautam sufre de poliposis colónica, gastritis crónica y presión arterial alta, y por lo tanto es particularmente vulnerable a COVID-19.

Gautam está ahora en la prisión de Taloja en Mumbai. Tanto la cárcel de Tihar en Nueva Delhi, donde se encontraba anteriormente como la prisión de Taloja, han registrado casos de COVID-19. A raíz del brote de COVID-19, varios estados de la India comenzaron a liberar prisioneros bajo diversas condiciones de libertad condicional para reducir la población carcelaria, pero el ataque contra los críticos del gobierno no ha cesado. Además del caso Elgar Parishad, la policía también arrestó a varias personas que a principios de este año estuvieron involucradas en protestas contra la divisiva ley de ciudadanía del gobierno.

El día de su rendición ante la Agencia Nacional de Investigación, Gautam Navlakha escribió sobre la guerra y la paz en la época de COVID-19. Dijo:

“El momento ha llegado. La pandemia lo ha hecho urgente. Porque cualquier cosa que nos distraiga de lo que hay que hacer aquí y ahora para mitigar el sufrimiento de la clase trabajadora con exceso de trabajo y mal pagada de la India no merecen la pena. Idealmente, esto no debería ser un paliativo a corto plazo, sino que debería marcar el comienzo de un cambio radical en nuestra actitud y política para garantizar una vida digna, algo que los haya superado … Esto requiere el trabajo de todos los ciudadanos conscientes y la administración. .. Esta pandemia nos ofrece una oportunidad “.

La lucha de Gautam Navlakha por la justicia continúa.

(Con entradas de Umer Beigh)

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Por Peoples Dispatch | Foto: Matt Rourke | Traduccion: Ivan Barrera

Protestas y manifestaciones han estallado en todo Estados Unidos tras el asesinato de George Floyd el pasado  25 de mayo. George Floyd fue asesinado por un oficial de policía que puso su rodilla en su cuello durante casi nueve minutos. Estas protestas exigen justicia, exigen un cambio sistémico, están exigiendo el fin del racismo policial. Para hablar más sobre esto, tenemos a Claudia de la Cruz del Proyecto de educación popular y del Foro del pueblo de  Nueva York.

Entonces, para comenzar con una de las cosas clave que muchas personas mencionan en las calles, es el hecho de que éste definitivamente no es solo un incidente aislado, este no es el caso de un par de manzanas podridas en una estación de policía en una ciudad del país. Este es realmente un problema sistémico, es parte de una serie de asesinatos, de ejecuciones en el pasado y, sin embargo, la tendencia continúa. Hay un gran número de movimientos como también de personas en el poder que han expresado palabras de simpatía. Han hecho llamamientos con lemas vagos para el cambio, pero no ha pasado nada. Entonces, ¿podría hablar un poco sobre los factores sistémicos y cómo juegan en esto, especialmente cuando se trata de la aplicación de la ley?

Claudia de la Cruz: Creo que es sumamente importante entender el problema como algo sistémico. Históricamente cuando hablamos de vigilar, cuando hablamos de la policía y de la militarización, estamos hablando del corazón y las raíces del desarrollo de los Estados Unidos de América. Pensarlo como un caso individual es una pérdida total, no solo para nuestros movimientos, sino en general para nuestra gente. Crea una desventaja en que no entendamos cuán malvado, cuán brutal, cuán demoníaco puede ser el sistema a la hora de proteger el capital, proteger la propiedad y proteger a la élite. 

Hemos presenciado el asesinato de cuerpos negros y marrones, de personas pobres, incluidos los blancos pobres, a lo largo de toda la historia de la violencia estatal. Es importante entender que esto es tan estadounidense como el pastel de manzana. Sigue sucediendo. Creo que la diferencia hoy está en que es algo que está siendo documentado y es algo que está siendo presentado para que el mundo lo vea.

Este caso particular de George Floyd provocó mucha indignación porque no es el primero en ser asesinado en medio de una pandemia. Es una de las muchas personas que han sido asesinadas, algunas de las cuales sabemos y otras de las que no. No solo por la fuerza policial, sino también por vigilantes que han sido apoyados por el Estado. Se toman medidas muy suaves -si se ha tomado alguna- para calmar a la gente. Y la gente está harta. 

Cuando tienes al presidente de los Estados Unidos hablando de negros, marrones y pobres como villanos. Cuando en Twitter trata al alcalde de Minnesota como débil y dice “Voy a enviar una Guardia Nacional para que se encargue de esto de la manera correcta ”, se puede ver el modo en que los supremacistas blancos abordan el dolor de las personas. Están más preocupados por la quema de edificios que por la muerte de personas. Está claro que la gente de los Estados Unidos, la gente que está en las calles, que está haciendo arder las calles en este momento, está harta. Entienden que no es solo cuestión de los nueve minutos que le tomó a ese policía asfixiar con su rodilla a George Floyd. Está más allá de eso, está más allá de esos nueve minutos, son los cuatrocientos años de violencia estatal.

Usted señaló que ha habido movimientos de protestas o ha habido muchos casos de protestas en el pasado, y la instancia más importante fue después de los asesinatos en Ferguson. Una de las preguntas clave es cómo se desarrollan estas protestas, qué tipo de demandas se presentan. Y todavía en los primeros días, especialmente ayer, vimos las protestas realmente extendiéndose a muchas ciudades de todo el país, así que ahora podría contarnos un poco sobre algunos de los aspectos clave que se están planteando.

Cuando ves las noticias, cuando hablas con la gente en la calle, cuando hablas con personas de las diferentes ciudades, la demanda principal es “una respuesta criminal a acciones criminales” Juzgar de asesinato en tercer grado (homicidio imprudente) no es suficiente para alguien que asesinó a sangre fría. Fue un linchamiento público. Si el sistema penal no se encarga de mantener a los oficiales de policía en el mismo nivel que los ciudadanos normales, esto continuará sucediendo. Históricamente está probado. Estos policías continúan brutalizado y asesinando a nuestra gente y no reciben el mismo trato que alguien que mata a una persona blanca o a un policía. El valor de la vida no es el mismo. Esa es la primera demanda. También hay mucha gente en los movimientos más izquierdistas que piden la abolición de las cárceles y la abolición de la policía. Que exigen una vigilancia comunitaria para que las personas puedan autoprotegerse. 

Desafortunadamente existe un alto nivel de desorganización por parte de los movimientos de base y de izquierda en los Estados Unidos. Hay muchas fracciones, está muy fragmentado y, por lo tanto, es muy difícil decir que hay una muy clara demanda política que es unificadora. 

Lo que necesitamos aprender de las rebeliones anteriores, de las revueltas anteriores, es cómo nos posicionamos para elevar el grito de nuestra gente de una manera que tenga sentido y avance en la agenda política. Necesitamos gritar “estamos aquí para defender la vida, estamos aquí para defender a la comunidad, estamos aquí desde una perspectiva anticapitalista, desde una perspectiva antiimperialista ”. Hay mucha fragmentación y hay muchas diferencias en términos de cómo concebimos avanzar. 

Estamos en un lugar diferente de donde estábamos en Ferguson y Baltimore en 2014. La gente eligió a Obama, sobrevivimos a Obama, sobrevivimos a Ferguson, sobrevivimos a Baltimore, pasamos cuatro años de Trump. Pasamos por la creciente agresión de los Estados Unidos a nivel internacional, el extractivismo, la creciente militarización, el ataque a las poblaciones migrantes. Hemos pasado por todo eso. Ahora estamos en medio de una pandemia global, por lo que estamos en un espacio diferente. La gente se unió en un momento y espacio diferente. Tan es así que hubo más de 15 ciudades que se incendiaron anoche..

Estas revueltas tienen un gran sentido histórico. Estas revueltas son la voz y el idioma de aquellos que están oprimidos. Tenemos el derecho de hacer esto, nuestra ira es justa y es lo que moverá este país. Esta es una gran oportunidad para que podamos avanzar en nuestras conquistas. Tenemos que tener el coraje de caminar codo a codo, de estar en esta lucha y luego aprovechar esta oportunidad para construir las organizaciones de la clase trabajadora que finalmente nos llevarán a otra realidad política y social.

Un desafío clave también será el hecho de que este es un año electoral y existe el riesgo y la tentación de que se enmarque por completo en torno a Trump. Obviamente las declaraciones han sido extremadamente violentas, han sido abusivas, pero este no es realmente un problema de Republicanos contra Demócrata en absoluto.

Tienes toda la razón, no es algo partidario. Tanto los Demócratas como los Republicanos han estado en la Casa Blanca y han sido cómplices en el accionar policial. Definitivamente nuestra reclamas no son partidistas, no hay una posición partidista. Es la posición de la clase dominante, la de aquellos que están allí para proteger y promover las ideologías y las prácticas de una clase dominante la que han convertido este país en una dictadura durante demasiado tiempo. 

Es importante recordar que Obama estaba en el poder cuando Mike Brown fue asesinado. Él era un presidente negro, que supuestamente provenía de la organización comunitaria, con padres inmigrantes, con ideas diferentes y que tenía el poder de poner a sus asesinos ante la justicia y no lo hizo. Fue cómplice.  

También es importante entender que el movimiento anti-Trump en los Estados Unidos no es homogéneo. Es un movimiento que también lo conforman Demócratas y gente que está a favor del capitalismo y de mantener el status quo. Debemos ser claros en que nuestra lucha contra la brutalidad policial, contra la supremacía blanca, debe estar emparejada y arraigada muy bien en un línea anticapitalista, antiimperialista, anti patriarcal, anti supremacía blanca. Necesitamos ser realmente muy claros, debemos ser realmente muy cuidadosos de que esto no se convierte en un problema partidario. 

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Por Mario de los Santos*

Los presos del complejo carcelario “La Picota”, en Bogotá, han participado en diferentes acciones de protesta ante el riesgo de llegada del coronavirus: cacerolazos, huelgas de hambre, mensajes a la opinión pública…. Sus reivindicaciones han sido recogidas en un comunicado de cinco puntos, pero se reducen a una: ser tratados como cualquier otra persona en los tiempos del Covid 19. Piden material de protección, geles, desinfección, cuidados, atención médica, pero también una administración sensible frente a sus dificultades y temores y que, en estos momentos de crisis, acuda al diálogo para alcanzar soluciones. No olvidan que, el pasado 21 de marzo, durante las protestas en más de 24 centros carcelarios del país, que pretendían visibilizar estas mismas necesidades, fueron asesinadas 23 personas privadas de libertad en la cárcel La Modelo de Bogotá y 83 fueron heridas, después de que la guardia abriera fuego aduciendo un intento de fuga.

Entre los reclusos se encuentran José Vicente Murillo y Jorge Enrique Niño. La historia de ambos comienza mucho antes, en Saravena, departamento de Arauca, frontera con Venezuela, en octubre del año pasado. Para entenderlos, quizás haya que remontarse muchas décadas atrás, a la época en que las tierras donde viven, una zona llamada los Llanos del Sarare, incrustada en los parajes inmensos de los hombros de Latinoamérica, eran domadas por colonos de poncho y sombrero ante el abandono absoluto del estado colombiano.

Tan solo asumiendo esta revisión histórica podemos identificar un territorio creado a sí mismo, en la frontera lejana de dos estados, Colombia y Venezuela, incapaces de atender sus necesidades por la escasa logística e interés. Un territorio al que terminaron por acudir muchas personas perseguidas por la política de Bogotá en busca de una oportunidad, pero también la oposición política y armada: primero, las guerrillas liberales en los cincuenta, después las insurgencias tanto de las FARC como del ELN. El Sarare se construyó por el esfuerzo comunal de sus habitantes. Las escuelas, los hospitales, las vías de comunicación, las empresas comunitarias de gestión de aguas y residuos, todo ello fue levantado por sus habitantes y cuando el Estado colombiano hizo presencia, pasados los años, en los setenta, debido al descubrimiento de reservas de petróleo, eligió la estrategia del miedo, y militarizó la zona para realizar la extracción del crudo, con mínimas inversiones sociales, acusando a todo y a todos de guerrilleros. En lugar de negociar con quienes habían levantado la vida, de curar viejas rencillas geográficas y políticas, decidió ocupar militarmente la zona y dejar su desarrollo socio-económico a las empresas petroleras.

Jorge Niño: Por ser líder social de la vereda Las Bancas, en Arauquita, sufro la persecución del estado y, estoy más que seguro, de las empresas petroleras. Hemos tenido unos inconvenientes con la empresa estatal petrolera Ecopetrol y con una de sus subsidiarias, la empresa Cenit, a la que cedieron el contrato de explotación. Esto se hizo para rebajar salarios a los trabajadores y dejar de pagar las regalías que Ecopetrol había firmado con las comunidades por donde pasan lo oleoductos, están los campos de extracción… Según el estado colombiano, la empresa Ecopetrol tiene que mitigar el daño social y ecológico que hace con su actividad en las comunidades, tiene que dejar unas escuelas, unos hospitales, vías, pero nada de eso se ha visto. Usted no verá un escuelita con una placa de Ecopetrol, y las vías son las peores que pueda imaginar. El petróleo de Arauca no deja un cambio para bien en nuestro departamento. Estamos en un total abandono.

Por eso hemos protestado, pero la única respuesta a nuestras demandas de esos derechos ha sido el incremento de la presión de la fuerza pública, que ya había militarizado toda la línea del oleoducto Caño Limón-Cobeñas. Hemos tenido militares buenos, regulares y malos. Muchos casos de asesinatos de compañeros campesinos. Y no lo entendemos, porque los militares llegan a nuestras casas y les damos agua, comida, sombra, pero ellos nos tratan a patadas, nos tildan de guerrilleros, y no entendemos porque los militares conviven con nosotros las veinticuatro horas y saben qué hacemos, por dónde andamos… Con las empresas petroleras llegó realmente violencia.

Esa herencia histórica recibió el Sarare, el actual departamento de Arauca. José Vicente Murillo y Jorge Enrique Niño no fueron ajenos a una dialéctica de lucha y reivindicación como única forma de obtener los derechos más fundamentales.

Dentro de este marco, las detenciones arbitrarias han sido una constante en el actuar del estado colombiano frente a las reivindicaciones sociales, de tal forma que el informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, en 2008, tras una visita al departamento de Arauca, ya anunciaba que “se observa también la práctica de las detenciones masivas y la ausencia de evidencia sólida para proceder a las capturas, particularmente cuando los únicos indicios son las acusaciones de reinsertados. El Grupo recomienda al Gobierno erradicar la práctica de las capturas masivas y de la detención preventiva administrativa…”. En esta misma línea se expresa Murillo:

José Vicente Murillo: Hay que entender que el régimen carcelario del país es obsoleto en la medida de que, por un lado, es insuficiente para atender la población carcelaria actual, pero por otro lado, la política del tratamiento del delito no busca sino meter a la gente en la cárcel por cualquier pendejada. A esto se une que el régimen judicial es supremamente lento y lo normal es que tras las detenciones, a los tres o cuatro años, la gente salga en libertad, bien por prescripción del delito o por inocencia. Sin duda, entendemos que es una forma de perseguir a los líderes sociales, que responde a la ideología del modelo económico imperante.

La construcción social en el Sarare tiene una amplia tradición. Al igual que el resto del país, los campesinos se organizan en las Juntas de Acción Comunal y cooperativas productivas. La ciudad de Saravena incluso dispone de una empresa comunitaria que gestiona los servicios públicos, incluida la recogida de basura, saneamiento y potabilización de aguas y reciclaje y compostaje de residuos sólidos. Murillo es detenido precisamente en medio de una reunión donde la comunidad campesina se encuentra elaborando un plan para la producción de fertilizantes ecológicos, mientras que Jorge es detenido en su propia finca, delante de su familia.

José Vicente Murillo: Desde hace dos años venimos en un proceso de construcción de abonos orgánicos, como respuesta y alternativa a toda la contaminación que los agrotóxicos han generado en la naturaleza y los seres humanos. Conforme a nuestro legado de defender la vida, nos hemos metido en la construcción de una planta de abono orgánico para brindar la posibilidad al campesinado de que poco a poco vaya haciendo una transición cultural en la producción agropecuaria. Tras una reunión de formación con compañeros brasileños, sentí una presencia que me seguía y al poco unas camionetas de la fuerza pública, armada con armas de asalto, me detuvo en mitad de la vía.

Jorge Niño: Estaba yo en mi finca con mi familia, mi mujer, mis hijos, un cuñado con tres hijos pequeños, un obrero y un maestro de construcción, y cuando se aproximó el helicóptero, ahí sí tengo que reconocer que tuve miedo, y no pensé en otra cosa que correr, porque a mí ya me habían amenazado de que me iban a capturar porque le exigía a Ecopetrol. Llegué a correr unos cien metros y desde el helicóptero me tiraron varios tiros, y ahí me paré porque, de repente, me percaté de que yo no debía nada a nadie. Yo no llevaba otro arma que la tijera de podar. Ellos me tiraron al suelo, me dieron patadas, me dijeron que era un perro, que mejor me hubieran matado, y yo les dije que bien, que si me matan, solo hubieran matado un campesino más.

El asesinato de representantes sociales en Colombia es una constante en la política del país. Desde la firma de los acuerdos de paz con las FARC-EP hasta el año 2019, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, 800 representantes sociales han sido asesinados en Colombia. Por ello apenas se han realizado 22 condenas efectivas. En los tres primeros meses de este año, 91 representantes sociales y personas desmovilizadas en el proceso de paz fueron asesinados.

Uno de los casos más macabros de la historia reciente de Colombia se conoció como “los falsos positivos”. Una práctica frecuente en las fuerzas armadas que consiste en asesinar a civiles para hacerlos pasar por guerrilleros. Este hecho se generalizó debido a las recompensas que recibían las unidades militares que obtenían resultados en la lucha contrainsurgente medidos como bajas. Estas prebendas variaban desde días de vacaciones, dinero y ascensos. El resultado, según las fuentes, oscila entre mil y cuatro mil personas asesinadas sumariamente por la fuerza pública. El MOVICE (Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado) denuncia que se trata de una estrategia estatal en la que se amparan también los “falsos positivos judiciales”: personas encarceladas sin cargos sólidos con la intención de detener sus actividades políticas y generar miedo en el movimiento social. Esta práctica, no siempre tan conocida, consiste en detener a representantes sociales, acusados de pertenecer a la insurgencia guerrillera, mantenerlos encarcelados durante años, sin recibir finalmente juicio alguno, o abriéndose el juicio sin evidencias ni pruebas acusatorias. Se critica especialmente que compañías como ECOPETROL firmen convenios con el Ministerio de Defensa y la Fiscalía para su financiación. Por un lado, aparece la empresa como pretendida víctima en procesos judiciales en los que sus actividades se vieron afectadas y, por otro, aporta grandes sumas de dinero a los encargados de la investigación contra los líderes, se crea así una asimetría sin que exista igualdad de condiciones jurídicas ni garantías.

José Vicente Murillo: De 2003 al 2006 ya tuve la experiencia de la persecución del terrorismo estatal y duré detenido tres años y medio en el que me dieron un tour carcelario por diferentes cárceles de alta seguridad. En dieciocho meses estuve en seis cárceles diferentes. Así que ya conocía la dinámica, la cultura y la convivencia en una cárcel. Ya sabía que no facilitan ni colchoneta, ni cobija, ni nada, y que la familia debe proveer de todo. La experiencia depende de cómo uno aborde las cosas. Si bien es cierto de que somos inocentes de lo que se nos acusa, el régimen colombiano no ha dudado en asesinar para acallar la oposición política, y si nos tienen que matar no lo van a dudar. Así que acá estamos vivos, otros compañeros y compañeras no han tenido esa suerte.

Jorge Niño: Yo nunca he tenido tantas personas armadas vigilándome. Me han catalogado como una persona muy peligrosa. En la imputación de cargos me acusan de ser guerrillero del ELN, pero uno no es sino una persona comunal. Nuestra Junta de Acción Comunal tiene personería jurídica desde 1975. Mi delito ha sido es ser líder comunal y pedir los beneficios de mi comunidad frente a Ecopetrol. Nunca me han agarrado con armas, ni con prendas militares, ni he chantajeado ni he andado en problemas con nadie.

El sistema penitenciario colombiano padece un hacinamiento crónico que ronda el 54%: con 80.000 plazas habitan cerca de 130.000 personas. El uso indebido de la prisión preventiva por parte de los jueces es uno de los factores determinantes de dicha sobresaturación. Esta situación hizo que la sentencia STP-142832019 (104983), de octubre del año pasado, de la Corte Suprema de Justicia Sala Penal recordara a los jueces el carácter excepcional que debe tener dicha herramienta. Por el contrario, las personas privadas de libertad preventivamente representaban un 33,5% del total de personas presas en 2019 según datos del INPEC (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario).

Sin embargo, en los penales, además de espacio, se carece de los elementos básicos de aseo, abrigo y, en muchos casos, alimentación, que deben ser proporcionados por las familias de los reclusos y, por lo tanto, se convierten en un mecanismo de castigo arbitrario para aquellos que piden mejores condiciones.

José Vicente Murillo: Una anécdota no más para mirar cómo es este régimen. Nuestras familias nos mandaron unas encomiendas a un compañero y a mí. Las encomiendas eran idénticas, con el mismo número de artículos. Debían entregárnoslas cuando llegáramos, pero se demoraron. Como yo molesté con esa encomienda y fui a hablar con el director de la cárcel, con el comandante del cuerpo de custodia, cuando llegó la siguiente fecha de entrega, al compañero le entregaron el paquete, pero el mío lo regresaron. Nunca argumentaron nada, sino simplemente que se rechazó. En ella iba una chaqueta para protegerme del frío, porque mi tierra es tierra caliente y me mandaron a Bogotá, que es supremamente fría, sin poder tomar ninguna ropa de abrigo. En ese tipo de cosas se ve que toman medidas represivas con los derechos fundamentales.

Jorge Niño: La verdad que he aprendido mucho de grupos del INPEC. Ellos llegan por la noche, de forma agresiva, lo sacan a uno a una canchita pequeña que hay por el patio y le hacen sacar sus cosas y empiezan a darle vueltas absolutamente a todo, le parten las cosas, se las dejan revueltas con las de otros presos… Eso me tiene preocupado y asustado, porque hay presos que no tienen el mejor genio y se les puede ofender con la forma de expresarse, y uno vive muy estresado porque si habla uno es malo y si no habla también… Corre uno el peligro de que el otro se le prenda y le pueda dar un chuzo, porque de un momento a otro se acaba el buen comportamiento de los presos y se forman unas peleas, y uno está todo el día arriesgando la vida.

Sobre esta realidad violenta, la posibilidad del contagio del Covid 19 ha tensado la cuerda hasta el límite de la ruptura. Las personas privadas de libertad no solo deben capear la incertidumbre de la situación de sus familias, con las que apenas tienen contacto, sino que son conscientes de su debilidad colectiva al moverse en las mejores condiciones para la transmisión de la pandemia: alto contacto entre personas y escasas medidas de higiene y protección. La masacre de 23 privados de la libertad del estado colombiano el pasado 21 de marzo en la cárcel Modelo, no hace parte de una solución, sino del agravamiento de una situación. Tampoco se sienten seguros con las medidas del decreto 546, recién firmado por el presidente Iván Duque, por el que pretende transferir a 4.000 personas de las cárceles a arresto domiciliario, ya que el número resulta claramente insuficiente para solucionar el problema del hacinamiento, que asciende a 45.000 personas.

José Vicente Murillo: En esta ocasión nos encontramos con el tema del COVID19, en el que el gobierno, y el régimen penitenciario, toman la medida de declarar en cuarentena las cárceles del país. Medida que los presos compartimos, pero que debe darse de manera integral: es decir no solo quitarle la visita al preso sino aplicarse otras medidas que sean efectivas para prevenir la propagación de la pandemia, como que el cuerpo de custodia también se acuartele, no tenga contacto con el mundo exterior, y se tomen las medidas higiénico-sanitarias para que el personal administrativo no sea transmisor de esta enfermedad. También establecer una contingencia en el servicio de sanidad para atender las situaciones derivadas del coronavirus. En medio de todo esto, la población carcelaria ha sido consciente de la amenaza del Covid 19 y ha tomado medidas de autocuidado en términos del aseo, de eliminar factores de contaminación, pero sabemos que estas medidas son insuficientes. Se ha declarado una emergencia carcelaria, con un paquete de medidas en las que el gobierno está aplicando de forma inmediata las más coercitivas y represivas para la población carcelaria, pero ninguna efectiva para la descongestión de la situación carcelaria ni por supuesto medios físicos como mascarillas o geles desinfectantes. Ya de por sí, la medida del decreto 546 resulta insuficiente porque aplica a una mínima parte de la población carcelaria. Sabemos que ni con esta pandemia el gobierno va a abordar los problemas estructurales más acuciantes de la población carcelaria.

Jorge Niño: En esta situación del virus, la distancia con la familia se vive todavía con más angustia. La comunicación con ellos es demasiado distanciada, con dificultades. Ahí hay unos teléfonos del INPEC que son costosos, muchas veces no funcionan, le intervienen a uno las llamadas, no hay privacidad con la familia. Este control del INPEC incomoda mucho y viola los derechos fundamentales. Eso me intranquiliza porque en la cárcel no se puede tener un peso y uno depende del apoyo y el ánimo de la familia fuera. Las cárceles colombianas son difíciles para sobrevivir y con el coronavirus la gente anda todavía más nerviosa en los patios y los pasillos, y los conflictos se dan con más facilidad. Uno quisiera decirle al estado que revise bien estas injusticias que han hecho conmigo, quién sabe cuántas personas están en la misma situación, que por ser líderes, que porque reclama los derechos de una comunidad, en teoría con aval del propio estado, están pasando por estas penurias.

La pandemia de Covid 19 supone una prueba de estrés a nivel político, sociológico, económico, y personal. Ha mostrado el lugar por donde se rompen las costuras de una sociedad inmersa en la lógica de usar y tirar. Muchas de las medidas tomadas, aunque necesarias, resultan fatales para los colectivos más castigados socialmente. La sistematicidad de la persecución y asesinato de representantes sociales se evidencia, tanto en las crudas cifras de personas muertas, como en las de personas privadas de libertad en régimen preventivo. Un número demasiado alto para una medida excepcional y que remite al silenciamiento de las voces críticas que trabajan en las veredas, juntas de acción comunal o barrios.

Mientras el país sigue en confinamiento los presos continúan hacinados, sometidos a la angustia de comprobar que efectivamente la pandemia se está expandiendo al interior de las cárceles con los primeros contagiados y muertos. Las denuncias de hace mas de un mes, anticipando esta situación, cayeron en oídos sordos. El Gobierno optó por la represión, un reciente decreto de excarcelaciones que no paliará la situación humanitaria por el amplio elenco de exclusiones que contempla y por medidas como el irresponsable traslado de presos entre cárceles (desde la prisión de Villavicencio en la que se detecto el primer foco de infección), que ha conducido a la propagación de la enfermedad. Desde el Movimiento Nacional Carcelario continúan reclamando solidaridad con los privados de la libertad para atender esta situación y lograr una excarcelación humanitaria cuando aún se está a tiempo de proteger a miles de seres humanos.

*publicado originalmente en Colombia Informa

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Por Camila Parodi y Zoe PC Foto Copinh

En el día de hoy se conocerá la sentencia que señalará la culpabilidad de siete de las personas que estuvieron implicadas en el asesinato de la defensora de los ríos Berta Cáceres. Entre ellos se encuentra un empleado y ex empleado de la empresa hidroeléctrica DESA, como así también miembros de las Fueras Armadas de Honduras activos hace un año. Por su parte el Tribunal ya declaró que los ejecutivos de DESA conocían y dieron su consentimiento para asesinar Berta e hicieron referencia a otras personas participantes en el crimen. En ese sentido, desde el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), organización lenca a la que pertenecía Berta Cáceres y desde la que se sostiene el proceso de búsqueda de justicia integral, se espera que la sentencia escrita contenga lo dicho en este fallo. Se entiende que el Tribunal tiene la responsabilidad ahora de ordenar más investigaciones y diligencias para capturar los autores intelectuales.

Durante la sentencia, el Tribunal deberá individualizar la responsabilidad de cada una de las personas condenadas, como así también ordenar nuevas investigaciones sobre el hecho que se esclareció en el debate oral y público. De forma tal que esto incluye otros actores que ordenaron y pagaron por su asesinato. Si bien desde el Ministerio Público se ha anunciado públicamente en repetidas ocasiones que siguen investigando el caso, hasta la fecha, no se han realizado más órdenes de captura por la autoría intelectual, aparte de David Castillo, quien lleva más de un años y medio en prisión preventiva, sin que avance su caso a la etapa de juicio.

En diálogo con Peoples Dispatch y Marcha, Bertha Zúniga, la actual coordinadora del Copinh, e hija de Berta Cáceres, reflexiona sobre esta nueva jornada de juicio y sus posibles desenlaces.

¿Porque es importante esta sentencia para el Copinh?

La importancia de esta sentencia es que dentro de la misma y sobre todo no solo se señala la culpabilidad de personas que estuvieron vinculadas con el hecho del asesinato, o sea los ejecutores materiales. Expresa que ese hecho tenía que ver con los intereses de la empresa DESA, del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca y que hubo una orden desde ese lugar hacia esas personas que simplemente fueron peones o personas contratadas y que además Berta Cáceres fue asesinada por su lucha. Entonces eso es la importancia de esta sentencia, que no solamente juzga a esas siete personas sino que también abre la puerta hacia otras responsabilidades dentro de la empresa. Y que entonces el Estado tiene que comprometerse a seguir en esta línea y no cerrar el caso solo por dar algún tipo de resultado después de casi cuatro años de estas exigiendo que alguien se reduzca responsabilidad o a algunas personas o a algún estructura criminal se le reduzca responsabilidad por este hecho tan trágico.

¿Por qué consideran que demoró tanto en salir la sentencia?

Demoró porque supuestamente se escudaron en algunos amparos, pero realmente porque en todo ese proceso ha habido una serie de irregularidades e irrespeto incluso a los plazos que están establecidos en la ley hondureña,  que simplemente están yendo en contra del camino de la justicia y a favor de la impunidad. Nosotros recordamos que este camino no ha terminado aquí sino que hay una deuda inmensa con la justicia verdadera y que retrasar el proceso y dilatarlo ha sido la estrategia del Estado para quitarle presión por la causa a la justicia. Entonces esas son parte de las irregularidades del proceso, de no aceptación de prueba, de no inclusión de algunos peritajes, que van más allá de los autores materiales, y que amarran este hecho de los autores materiales con esa voluntad política de esta estructura criminal de asesinar a Berta Cáceres y asesinar su lucha.

¿Cómo continúa la causa ahora respecto a la captura de los autores intelectuales?

Solo hay un caso abierto,  que también ha sido bastante retrasado, el de David Castillo, el presidente de la empresa. Sin embargo, siempre decimos que David Castillo es el lado más débil dentro de los intereses que tomaron la decisión y apoyaron económicamente para que este hecho se materializara,  por eso es una de nuestras peticiones y exigencias es la captura de los máximos responsables, de los que ya se ven algunas pruebas y de los que se ha podido determinar algún tipo de participación, con nombres y que papel jugaban dentro de la estructura criminal.

El Tribunal de Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Honduras anunció que dará lectura a la sentencia hoy a la 1:30, hora de Honduras. El Copinh llama a una concentración en las afueras del Tribunal para exigir una vez más justicia verdadera para Berta.

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