En el primer día de 2017 en México entró en vigor el aumento de la nafta del 20%, conocido como “gasolinazo”, dispuesto por el presidente Enrique Peña Nieto. En el segundo día se anunció un aumento en la tarifas eléctricas entre el 2 y el 4%. Ambos aumentos, sumado a una serie de políticas impopulares del gobierno mexicano, llevó al pueblo a manifestarse de forma masiva en las calles y las rutas del país a lo largo de esta semana, donde también se produjeron saqueos y represión policial. Quedó demostrado la gran incapacidad de las más altas esferas políticas para hacerse cargo de la situación.

Rápidamente  el gobierno de Peña Nieto intentó despegarse de semejante golpe al bolsillo de los y las mexicanas. En su primer discurso del año, el miércoles pasado, dijo que fue una “difícil pero inevitable” decisión y que como Presidente comprendía la molestia y el enojo que hay entre la población. Por último, afirmó: “Esta medida (es) una acción que nadie hubiera querido que se tomara. No es para el gobierno de la República una decisión fácil. No es, y menos el deseo del Presidente de la República, ni de su gobierno, el tomar una decisión como esta”. En este mismo sentido, el Coordinador del PRI (partido del gobernante Peña Nieto) en la Cámara de Diputados, César Camacho Quiroz, justificó el aumento porque de no haberse realizado significaba “la desaparición (del programa social) Prospera, todas las campañas de vacunación, no habría cómo sufragar la pensión para adultos mayores, el Seguro Popular y los apoyos a productores agrícolas; tampoco habría recursos para mantenimiento de caminos”.

Tampoco se hicieron cargo del aumento que ellos mismos impusieron sino que lo atribuyeron a la “responsabilidad” que se requiere para “cuidar la estabilidad de la economía”. Buscaron la salida por otro lado: el aumento del petróleo en el mercado internacional, el cuidado de la economía, la responsabilidad. Pero no admitieron que ellos mismos lo dispusieron y que el gobierno es responsable. Es el mismo gobierno que en el 2013, luego de aprobar la reforma energética, dijo que no iba a haber más “gasolinazos” gracias a esta polémica reforma que le abrió el camino a las transnacionales petroleras para explotar los recursos mexicanos.

Con este aumento,  México es uno de los países del mundo que más gasta de sus ingresos en nafta. Según un estudio de Bloomberg sobre precios del combustible entre 61 países, un mexicano consume al año 358,9 litros de nafta en promedio y para poder pagar todos estos litros gasta el 3,38% de sus ingresos. Es el segundo país que más gasta en nafta, sólo superado por Sudáfrica.  En Estados Unidos un habitante promedio consume 1.590 litros de nafta y gasta en ellos el 1,8% de sus ingresos anuales; un brasilero consume 205,7 litros y gasta el 2,5% de sus ingresos; mientras que un español consume 133 litros y gasta el 0,64% de sus ingresos.  Según una investigación de Huffington Post México es, junto a India, uno de los países con la población y economías más grandes donde toma más días de trabajo llenar un tanque de nafta de 40 litros.

Ante este desconsiderado aumento, el pueblo mexicano salió a calle a protestar y a exigir que se de marcha atrás con la medida. Entre estas grandes manifestaciones se desencadenaron una serie de saqueos a las estaciones de servicio y a los comercios que llevaron a la represión policial. La Asociación Nacional De Tiendas De Autoservicio Y Departamentales (ANTAD) denunció 370 saqueos en la Ciudad de México mientras que la Cámara de Comercio de la Ciudad de México denunció 800 en todo el país. Por otra parte, las autoridades confirmaron que ya hay más de 600 detenidos y estos hechos ocasionaron la muerte de, al menos, cinco personas.

Con los saqueos apareció el juego político en las esferas del poder porque lo que tienen los políticos en la mira son las elecciones presidenciales del próximo año. El opositor Andrés López Obrador, presidente nacional de Morena, un partido que se presenta como centro-izquierda, aseguró que la derecha y la mafia del poder organizaron “estrategias fascistas” para “dominar mediante el terror”. Una clara acusación al gobierno actual y manifestó que “queremos cambiar este régimen corrupto que es el que está propiciando un desorden que puede ser bien organizado para evitar un verdadero cambio”.  Aprovechó para hacer campaña. Al mismo tiempo, el derechista Partido de Acción Nacional (PAN) de Felipe Calderón, conocido por su “guerra contra el narco”, acusó al propio López Obrado de estar detrás de los saqueos y a los “anarquistas, vividores y ladrones comunes” y llamó a las autoridades a poner orden. Por su parte, el gobernante PRI rechazó tener cualquier tipo de participación en los saqueos y calificó de oportunistas a los líderes de Morena y del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

El pueblo mexicano salió a la calle masivamente, pero detrás de estas protestas hay una serie de medidas de Peña Nieto que sólo favorecen a una minoría y no se debe sólo al gasolinazo. Los escándalos de corrupción, el ajuste que se espera para este año, las graves violaciones a los derechos humanos, la impunidad en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el gran poder que tiene los carteles narcos y la complicidad estatal con ellos, son algunas de las razones por la cual el pueblo mexicano salió a protestar y a exigir la renuncia de Peña Nieto.

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Al cumplirse dos años del secuestro y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, compartimos el testimonio de Clemente Rodríguez Moreno, padre de Christian Rodríguez Telumbre, quien relata su búsqueda, sus esperanzas y la firme convicción de la responsabilidad del Estado mexicano.

Durante toda su vida, Clemente trabajó en el campo de Tuxla, estado de Guerrero, sembrando y cuidando animales, “de la casa al trabajo y del trabajo a la casa”. Afirma que antes del 26 de septiembre de 2014 “veía la política por televisión, estaba ciego, no veía lo que pasaba realmente en el país”. Incluso admiraba al presidente Enrique Peña Nieto y hasta lo había votado. Aquella noche, dos años atrás, en que el número 43 comenzó a significar dolor, impunidad, pero también lucha para una parte importante del continente, Clemente -junto a otros padres y madres- comenzó a echar mano de sus saberes y su capacidad de trabajo para comenzar la búsqueda de su hijo.

La historia de los estudiantes normalistas es una muestra del México profundo, indígena, campesino y empobrecido, que salió a la luz encarnado en 43 caras morenas desde las banderas de reclamo. “Christian, mi hijo, quería ser agrónomo. Lo envié a la Normal de Ayotzinapa porque era la posibilidad, la única opción para que estudiara. Toda la gente que entra a allí es campesina como nosotros, de bajos recursos”. Con sencillas palabras, Clemente explica por qué aquella noche el blanco fueron los normalistas: “Al gobierno le incomodan las escuelas normales porque allí a los jóvenes se les enseña a luchar, a tener interés social, y más que nada le molesta que los maestros que salgan de ahí vuelvan a las comunidades a enseñarle a los niños que empiezan a despertar y a entender su situación”. Asegura que hay una vocación del gobierno para eliminar escuelas Normales Rurales.

“Hace dos años los familiares de los normalistas empezamos a buscar solos, en los campos de Iguala, luego juntándonos con padres de otros desaparecidos que estaban en la misma situación pero cada uno en su casa. Después se sumó el apoyo de otros sectores como sindicatos y organizaciones”, rememora. Menciona como fundamental el aporte del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en el apoyo moral a familiares de la búsqueda, pero también en la investigación de pistas que el Estado mexicano decidió no seguir: “El gobierno no sólo ocultó pruebas sino que también plantó otras pistas falsas. No tiene interés en que se sepa lo que pasó con los normalistas”.

Según afirman los familiares, existen videos de aquella noche en los que  se puede ver a las fuerzas de seguridad actuando en la detención de los colectivos, hay registro de las llamadas de los jóvenes a celulares de familiares contando que la policía los estaba parando. Incluso hay testimonios de sobrevivientes que aseguran que personal del Ejército fue a “visitarlos” al hospital donde se encontraban internados esa noche, demostrando pleno conocimiento de lo ocurrido por esta fuerza. “Este presidente hizo todo al revés”, concluye Clemente. Además, denuncia que hay una acción intencionada para destruir al movimiento de Madres y Padres de Ayotzinapa, o dividirlo, como ha hecho con otras familias de los miles de desaparecidos que hay, ofreciéndoles dinero para que dejen de reclamar. “Nosotros como padres, por la dignidad que tenemos, decidimos no recibir ni un peso, nuestra lucha la financia la misma gente, la sociedad que de alguna manera pone su granito de arena”.

En un contexto de una protesta docente que continúa firme en distintas regiones del país a pesar de la represión permanente, la aparición reiterada de fosas comunes, un gobierno cada vez más desacreditado por el aumento del costo de vida para los sectores populares y la desocupación, los crecientes femicidios y la violencia narco y paramilitar que tiene su principal foco en el pueblo, la lucha en reclamo por justicia por Ayotzinapa pone de relieve a un narcoestado que desconoce todos los derechos humanos de su población. Por estos días, los diferentes reclamos volvieron a confluir detrás de la bandera de los 43, pero nombrando a muchos más, a las miles de personas asesinadas, desaparecidas y desplazadas, buscando que México despierte y haga suya la consigna “vivos se los llevaron, vivos los queremos”.

Luego de la desaparición de su hijo, Clemente se hizo un tatuaje en el brazo para grabarse en la piel la perpetuidad de su búsqueda, se trata de una tortuga, que según Clemente es uno de los significados de Ayotzinapa en idioma Náhuatl. Es una marca para recordar una esperanza, la que su hijo esté vivo en alguna cárcel clandestina, de las que se sospecha existen en México y algún día reaparezca con vida. Sobre el dolor y el combate de estos dos años, Clemente y los familiares han aprendido mucho, y logran entramar su búsqueda particular con lo colectivo: “Aprendí estos años que esta lucha es de todos: estudiantes, campesinos, obreros, maestros. Por aquellas personas a las que el gobierno les está apretando el cuello, por el pueblo, nosotros estamos luchando por ellos también”.

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Nota relacionada: Ayotzinapa: una ausencia omnipresente

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Se cumplen dos años de la dolorosa secuencia que marcó a fuego al México contemporáneo. Y que desnudó la putrefacción del Estado mexicano. Aquel crimen de lesa humanidad cometido por la corporación policial y narcocriminal, que secuestró y desapareció a los 43 estudiantes, selló un quiebre histórico porque pudo desenterrar el grito atragantado de un pueblo que respira sangre.

Tlatelolco, Acteal, Tamaulipas, Nochixtlán… Ayotzinapa. Vamos conociendo la geografía mexicana a través de sus masacres. Orquestadas por el terrorismo de Estado o por sus fuerzas tercerizadas. Según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), hay en México 27.659 desaparecidos. Se estima unos 11 por día. Sin embargo, Ayotzinapa tuvo una carga simbólica especial que logró viralizar ante el mundo esta tragedia humanitaria.

Ayotzinapa le puso nombre a un sistema de violencia múltiple, sistemática y cotidiana, a una guerra difusa y no convencional, cuyo objetivo es profundizar el despojo de los bienes naturales a manos del capital transnacional.

Ayotzinapa sintetiza la hipocresía, la torpeza y la crueldad de un poder político que disfraza de incapacidad su responsabilidad en tan crudo escenario. En estos 24 meses, el gobierno de Peña Nieto desvió la investigación, fabricó culpables, ocultó evidencias. Mintió descaradamente. Pero gracias al equipo argentino de forenses y al grupo de expertos de la CIDH se logró desmontar la versión oficial que buscaba dar vuelta la página.

Ayotzinapa logró zamarrear al inconsciente colectivo al punto de hacer erosionar la imagen interna y externa de un gobierno huérfano de sensibilidad y como menos cómplice de los hechos. Si bien la movilización popular en reclamo de justicia fue menguando, el incansable y compacto grupo de familiares de los jóvenes aún sigue siendo la principal piedra en el zapato del establishment.

Las escuelas normales rurales son una herencia del cardenismo. De las 36 que funcionaron sólo sobreviven 16. Tienen una marcada impronta y tradición combativa, en particular la Escuela Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, de donde surgieron líderes magisteriales y guerrilleros como Lucio Cabañas o Genaro Vázquez. Aquella noche del 26 de septiembre de 2014, los normalistas se trasladaban a una actividad conmemorativa de otra masacre estudiantil, la de Tlatelolco en 1968. Sus verdugos subestimaron el impacto que tendría la arremetida contra un grupo de jóvenes, pobres y campesinos.

La espiral de violencia en suelo azteca viene de larga data, pero explotó durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) y su “guerra contra el narcotráfico”. Aquel sexenio dejó oficialmente más de 121 mil muertes violentas. En lo que lleva en la presidencia Peña Nieto, se registran más de 78 mil homicidios y ya se superó la cantidad de desapariciones (algo más de 13 mil).

Muchos factores explican el cuadro, pero hay uno esencial: México paga caro ser la puerta de entrada al principal consumidor de drogas y mayor vendedor de armas del mundo. No pierde vigencia la célebre frase: “Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos”.

El poder fabrica monstruos y nos los vende como sus enemigos. Los grandes cañones mediáticos repiten: “combate al terrorismo”, “combate al narco”, ocultando que que el creador y la criatura son dos caras de una misma moneda que se complementan para seguir acumulando riquezas. Mientras, los muertos son siempre del mismo bando.

Los 43 normalistas se convirtieron en una ausencia omnipresente. Vivos se lo llevaron, vivos los queremos. Y vivos seguirán para siempre, recordándonos que, como dijo Emiliano Zapata, “si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno”.

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En esta entrevista, el dirigente magisterial Javier Vidal explica a fondo las razones de la huelga de maestras y maestros que cumplió tres meses en varias regiones de México. También cuestiona las políticas generales del gobierno de Peña Nieto y asegura: “Si logramos tirar la reforma educativa, las demás reformas irán cayendo una a una”. Claves y aprendizajes de una lucha que Peña Nieto no logra doblegar.

Con bloqueos y acampes permanentes en las rutas principales del país, el plan de lucha del movimiento de maestros y maestras en México en rechazo a la Reforma Educativa cumple tres meses. Luego de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa hace casi dos años, el fusilamiento de más de una decena de manifestantes en Oaxaca en junio pasado y la criminalización masiva, el gremio docente mantiene la adhesión de las comunidades en el reclamo contra los embates privatizadores del presidente Enrique Peña Nieto. Analizamos el conflicto y la situación general del país con el Profesor Javier Vidal, representante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Chiapas, uno de los estados más combativos, con una profunda historia de organización docente y comunitaria.

-¿Qué evaluación hace del proceso de lucha magisterial de los últimos meses?

-Para muchos esta lucha comenzó hace 90 días, pero para quienes la vivimos desde adentro empezó hace tres años con la sanción de la Reforma Educativa. En esta oportunidad, sin embargo, hemos profundizado el plan de lucha, logrando superar las movilizaciones de 2013, manteniendo la huelga durante todo el receso escolar de agosto. En este tramo reciente podríamos diferenciar tres momentos: un primer momento de ablandamiento que hizo el gobierno a través de la represión masiva con saldos catastróficos de detenciones, procesamientos, heridos. Y en el caso de Oaxaca con un saldo de al menos 13 personas fallecidas.

En un segundo momento se vino la represión selectiva y también la económica, cuando se buscó suspender los salarios docentes de todos los niveles que continúan hasta hoy.

Y ahora estamos en el tercer momento, cuando el gobierno presiona para que comiencen las clases y los docentes seguimos planteando que no. Estamos hablando de 16 millones de alumnos en todo el país. Desde los medios masivos que están aliados al gobierno se intenta promover un “linchamiento” de los maestros por parte de la población contraria a nuestra movilización. No queremos llegar a ese momento de enfrentamiento porque, a diferencia de otros momentos históricos, los padres de familia están muy comprometidos con nuestra lucha, integrándose a las asambleas.

Para que las clases comiencen exigimos la derogación de la Ley de Educación, pero esto sólo podría darse con la llamada a Sesiones Extraordinarias del Congreso Federal. En este sentido, estamos viajando a diferentes regiones del país haciendo asambleas con docentes y padres de familia. Incluso se están conformando comités de padres en apoyo que recorren los municipios impulsando acciones de difusión y agitación, esperando que este proceso no tenga un final trágico sino que podamos frenar la ley, quitar las cuotas escolares en los establecimientos públicos, lograr presupuesto para educación que actualmente pagan las familias. La educación en México, a contramano de lo que dice la Constitución, no es gratuita.

-¿Cuáles son los elementos específicos sobre los que quiere avanzar la reforma educativa?

-Lo que el gobierno mexicano pretende hacer pasar por reforma educativa es en realidad una reforma administrativa laboral. Su aplicación afecta principalmente la estabilidad laboral docente, aboliendo la responsabilidad del Estado de garantizar la continuidad por 30 años a las compañeras y 28 a los compañeros y asignándole centralidad a la evaluación educativa. Con este examen, lejos de medir las cualidades del docente lo que hacen es evaluar las competencias docentes marcadas según estándares internacionales de calidad planteados por la Organización de Cooperación Económica (OCDE). Esto para nosotros significa la posibilidad real de ser despedidos de manera masiva como ya ha sucedido en otros países como España, Italia, Portugal y Chile, que fue el laboratorio desde los años ´70 del siglo pasado en los cuales se echó a andar esta supuesta “Educación por competencias”. Contradictoriamente, en la mayoría de los países donde se instauró, ya ha sido desechada, y están utilizando modelos nuevos de pedagogía que no toman en cuenta sólo la competencia y la creación de “habilidades” en nuestros jóvenes para dotar de mano de obra barata a las compañías internacionales.

-¿Cuáles son las políticas generales que son puestas en cuestión por las y los maestros?

-El objetivo de las políticas nacionales en México es muy claro: poner todo en manos del capital. Los últimos gobiernos comenzaron creando las condiciones de inestabilidad laboral para todos los trabajadores a partir de la Reforma Laboral. De aquí se desprende la Reforma Educativa de la que hablamos, que busca contrarrestar todas las garantías constitucionales para el trabajo docente. Pero también han reformado la Ley Fiscal, la Ley Energética. El 40% del presupuesto nacional depende específicamente de la venta del petróleo al extranjero por parte de PEMEX. Cuando esta empresa se desmantela a partir de la Reforma Energética, comienzan a vender a empresas internacionales y transnacionales los activos de petróleo, perdiendo el Estado ese ingreso.

Entonces la manera que encontraron para resarcir esa pérdida presupuestaria es a través del aumento de impuestos y el recorte presupuestario. La política de Déficit Cero del Fondo Monetario Internacional (FMI) lo que impulsa entonces es a recortar los gastos de educación, salud e infraestructura, para ahorrar un dinero que permita pagar los intereses de la deuda externa y también el capital que se adeuda. A nosotros nos queda claro que el avance sobre la educación es parte de este recorte para asumir los compromisos internacionales.

Por otro lado, hacia el interior del país se aumentan los presupuestos para defensa y seguridad pública. En México en los últimos seis años se han inventado diversas fuerzas policiales, en conjunto con una política de Mando Único, lo cual significa que las policías federales, estadales y locales están enlazadas y obedecen las órdenes de una sola persona o un solo organismo. Entonces se han contratado más militares y policías y se les ha aumentado los sueldos, mientras que se pretende despedir a médicos, maestros y recortar las obras de infraestructura o ponerlas en manos extranjeras. Es el desmantelamiento total de la Nación.

-¿Cómo se logró, a pesar de la represión y la criminalización mediática, la adhesión de las familias a las demandas educativas?

-Nosotros como maestros tenemos una gran penetración en las comunidades, llegamos a donde el gobierno muchas veces no llega. Somos los que tenemos el pulso directo de lo que acontece socialmente, somos a quienes las comunidades recurren cotidianamente con sus necesidades.

Por otra parte, ciertas medidas traen profundo descontento. Hay un programa que se llama “Escuelas al CIEN”, a partir del cual el gobierno federal en diciembre del 2015 puso a disposición 150 mil millones de pesos a través de bonos que fueron comprados por la iniciativa privada. En 20 años estos empresarios que compraron los bonos van a tener la posibilidad de cobrarle al gobierno de México la inversión más intereses. ¿Cuál es la relación con la educación? A cada escuela o establecimiento educativo le van a dar por única vez un préstamo para infraestructura y mantenimiento escolar entre los 30 mil y medio millón de dólares. Pero para que les entreguen esos recursos por parte de los municipios, tienen que presentar en prenda las escrituras de las escuelas, lo que se está haciendo, entonces, es hipotecar la escuela. Como es prácticamente imposible para las escuelas pagar la deuda, quienes se quedarían con las escuelas son los empresarios que compraron los bonos. Son los mismos empresarios que encabezan los pedidos de represión a los y las docentes. Los padres de familia se dieron cuenta de esto, muchas escuelas rechazaron el programa, aunque hay casos en los que se plantea como una obligación. A partir de aquí las familias se empiezan a involucrar con la lucha del magisterio.

Incluso son los padres de familia quienes no dejan entrar a los maestros sustitutos durante los paros. Cada vez que el gobierno nos reprime, los padres salen en nuestra defensa. También en casos de represión, las familias resisten e incluso ayuda a reinstalar los bloqueos en caso de que sean dispersados. Además llevan comida y café a los plantones, así como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) también llevó cientos de quilos de comida. Se apoya con lo poco que tienen las comunidades para subsistir. Esto levanta el ánimo y acrecienta el compromiso.

No podemos regresar derrotados a nuestras escuelas. Esta batalla es definitiva, porque si nos logran doblar, todas las demás reformas van a ir en contra del pueblo. Están endureciendo las leyes, están permitiendo que el Ejército pueda entrar a tu casa, que puedan hacerse escuchas telefónicas sin orden judicial, etc. Están preparando todas las condiciones para instalar una dictadura, militar o civil. El pueblo nos ve entonces como un referente de lucha, un ejemplo, un sector que se tiene que mantener aguerrido porque si doblegan al magisterio, va a ser muy fácil ir contra cualquier intento de desobediencia civil.

– ¿Qué importancia tuvo la desaparición de los 43 normalistas en la conciencia de quienes están luchando ahora?

-La desaparición de los 43 y la muerte de seis personas más en la noche del 25 al 26 de septiembre del 2014 en Iguala es un parteaguas en la lucha. Para quienes estamos en la lucha social, sabemos que ese fue un aviso del gobierno, que eso puede pasarle a cualquiera que intente ir en contra del régimen en México. Los y las familiares y sobrevivientes de aquella noche nos han transmitido su espíritu guerrero, su convicción de estar hasta las últimas consecuencias exigiendo la presentación con vida, aunque sabemos que eso es imposible, porque el régimen de México lo que hizo fue desaparecerlos para tratar de escarmentar y dar mensaje claro a la nación de lo que puede sucederle a cualquier mexicano que esté en contra del gobierno. Tenemos la certeza de que tenemos que seguir luchando contra las políticas de hambre, control y represión. En los últimos meses la gente se ha preparado para resistirle al Estado, estamos más conscientes de lo que puede suceder en las manifestaciones, hemos visto que van preparados a matar maestros. Esto hace que a pesar de estar expuestos a la cárcel, procesamiento, despidos injustificados, asesinatos, desapariciones y no pago de sueldos, estamos convencidos de llevar esta lucha hasta las últimas consecuencias.

El hartazgo social no es únicamente por las mentiras que se dicen en los medios sobre el movimiento magisterial, sino por todo lo que se vive en el país y eso nos ha dado una protección por parte de la sociedad, que nos ha permitido en primera instancia estar ya 90 días fuera de las aulas, y que nos da cobertura para seguir la movilización que no es únicamente contra la Reforma Educativa, sino que estamos posibilitando crear un frente en contra de todas las reformas estructurales. Si logramos tirar la reforma educativa, las demás reformas irán cayendo una a una.

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El sur de México ocupa desde hace muchos años un lugar muy importante en nuestros corazones. No tan solo por la gran gesta del pueblo de Pancho Villa y Emiliano Zapata, y por los históricos levantamientos contra los malos gobiernos que les son sistemáticamente serviles a los EEUU.

En enero de 1994 el alzamiento zapatista nos dio ese impulso para romper la falsa idea del triunfo del capitalismo a escala mundial y volver a dar factibilidad a nuestros intrépidos navíos. La brújula apunta desde aquel momento al corazón de nuestra América latina y nuestras naves se alimentan de la infinita capacidad de resistencia de nuestros pueblos.

Fue en el 2006 donde la lucha del magisterio de Oxaca, volvió a hacer que nuestras miradas se posicionaran en el castigado y empobrecido sur de México. Florecieron las asambleas del pueblo de Oaxaca y con ellas se abrieron riquísimos procesos de luchas contra la tiranía de los poderes económicos y políticos.

Las batallas se libraron en las calles y sus plazas, en los puestos de trabajo y la ciudad fue tomada por el pueblo con las asambleas y los trabajadorxs con sus sindicatos (o pese a ellos). Distintas zonas de la ciudad quedaron bajo control de las asambleas. Renació el poder comunal.

Pero también hubo una batalla muy importante y aquella fue la de las ideas y el control de la comunicación.

Harto el pueblo de las mentiras de los medios de incomunicaciòn, de no querer mostrar las salvajes represiones, de no querer mostrar las demandas de las asambleas y de la constante criminalización de las mismas, se lanzaron a ocupar los canales y radios y tomar el control de estos.

Fueron las mujeres de las asambleas del pueblo de Oaxaca quienes ocuparon los medios exigiendo ser escuchadas y como fueron ninguneadas por las empresas, tomaron control del aire y aprendieron a transmitir por la TV y la radio.

La Asamblea tenia su propio medio y el pueblo custodiaba que así fuera.

Si bien la reacción de los sectores dominantes encabezados por el empresario Fox devenido en presidente fue bestial, (asesinando, violando a mujeres de las asambleas, desapareciendo a referentes y encarcelando a quienes resistían) el pueblo no dejo de lado la lucha, esa que hoy nuevamente de la mano de lxs maestros vuelve a florecer rebeldemente en el sur de México, en el sur de nuestros corazones.

La llamarada nunca se apagó.

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Al cumplirse 19 meses del secuestro y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sus familiares marcharon y rechazaron la decisión del gobierno mexicano de dar por finalizada la labor del grupo de expertos independientes, que lograron desmontar las irregularidades y mentiras de la investigación oficial.

Los padres lo dejaron claro: si el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes mandatado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos abandona el seguimiento del caso Ayotzinapa es porque el gobierno no tiene voluntad política para que continúe.

El emplazamiento por la responsabilidad de lo sucedido en la Masacre de Iguala, dónde Daniel Solís Gallardo, Julio César Mondragón y Julio César Ramírez Nava fueron asesinados, Edgar Andrés Vargas y Aldo Gutiérrez Solano fueron gravemente heridos y 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, fueron secuestrados por agentes de la policía en un operativo que congregó a las tres reparticiones de la fuerza y al ejército, y desde entonces se encuentran desaparecidos, trepó al más alto nivel del Ejecutivo Mexicano. Es a Enrique Peña Nieto, presidente de la República, a quien los padres apuntaron como responsable por la impunidad que sigue reinando a 19 meses de lo arriba descrito.

El agradecimiento a los expertos fue la tónica de las alocuciones de los papás durante la conferencia de prensa que brindaron este lunes 25 de Abril. El día anterior, domingo 24, los padres vivieron otro momento que los dejó al borde de las lágrimas: la presentación del segundo – y último – informe del GIEI, que se retira del país. “Desde que ellos llegaron, sentimos un poco de tranquilidad”, dijeron. Entonces, ¿cómo seguir ahora que les arrebatan ese tantito de responsabilidad?.

La tranquilidad de que mediante una investigación seria y metódica pudieron, paso a paso, ir desmantelando la “verdad histórica”, a la que las instituciones judiciales fueron acomodando las evidencias; y no al revés.

El GIEI aportó como prueba clave de la manipulación que se hizo de la investigación oficial, que integrantes de la Procuraduría estuvieron presentes en el basurero de Cocula – el señalado por la verdad histórica y oficial, como el destino final de los estudiantes a pesar de que no hay pruebas científicas o técnicas que así lo avalen – un día antes de lo que fue consignado en el expediente del caso.

Esto, además de levantar miles de preguntas y dudas acerca del porqué, es una violación al “debido proceso” y tiñe toda la investigación oficial posterior.

No sólo eso, sino que el informe del GIEI insiste en cómo algunas pruebas obtenidas en peritajes y testimonios eran desechadas de la investigación si no concordaban con la versión oficial. Es decir, las pruebas que cuestionaban esa versión eran eliminadas del expediente, o ignoradas, dejando miles de frentes y flancos de investigación abiertos e inconclusos, hasta hoy.

Desde hace más de siete meses, cuando el GIEI publicó su Primer Informe al año de los hechos, en setiembre de 2015, los padres reclaman por que se haga una investigación interna por obstrucción de la justicia, posible fabricación de evidencias y ahora se suma la tortura a detenidos para fabricar una teoría del caso.

Ese es otro de los puntos importantes fue el señalamiento de que ciertos testimonios incluidos en el expediente judicial del caso fueron obtenidos bajo tortura, sobre todo, de aquellos inculpados que hoy están presos. Sin embargo, desde enero, las cárceles se cerraron para el GIEI. No hubo posibilidad de que pudieran tener acceso a esos detenidos, que fueron torturados para que sostuvieran en sus declaraciones la versión oficial mandatada por el Estado.

Tampoco, y el reclamo ha sido repetido durante meses, se les permitió entrevistar, ni siquiera interrogar a ninguno de los integrantes del 27 Batallón del Ejército, situado en Iguala de la independencia.

“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos no nos deja solos, lo que le pedimos es la creación de un mecanismo de seguimiento del caso, que esté encabezado por el actual presidente del organismo” El comisionado James Cavallaro ocupa este cargo y es, a su vez, es el relator de México para la Comisión.

El modelo de seguimiento por el que pugnan los padres y las organizaciones de derechos humanos y legales que los acompañan, tendría como propósito la investigación de los hechos, la búsqueda de los estudiantes y la atención de las víctimas, tal como lo indican las medidas cautelares que la CIDH emitió a México. Implicaría que el equipo del mecanismo que se forme viaje periódicamente al país, que se le permita tener acceso de manera directa a la información y el expediente y no mediante oficios, así como reclaman que al menos uno de los integrantes del GIEI forme parte del mecanismo de seguimiento a crearse.

Además, reclaman por el seguimiento de las líneas de investigación sobre el paradero de los muchachos marcadas por el GIEI en sus dos informes. Por un lado, los prófugos del caso, entre ellos los jefes de las policías municipales de Huitzuco e Iguala. Y otro, importante, es la línea de investigación que señala en el 27 Batallón del Ejército como la posible fuente del tráfico de armas en beneficio de organizaciones criminales de Iguala, así como el tráfico de drogas utilizando los autobuses públicos, entre Iguala y Chicago. Estas evidencias fueron aportadas por investigaciones de Estados Unidos, por lo que para los padres es clave apelar a la cooperación internacional de otros estados en la investigación porque no hay en México un sólo antecedente de haber investigado ese tráfico.

Y, tercero, la telefonía. Ya que la investigación oficial sostuvo que los estudiantes habían sido quemados en Cocula, junto con todos los teléfonos celulares que cargaban. Dato desmentido por las sábanas de registro de las comunicaciones que tienen mensajes enviados por los estudiantes pasadas la medianoche del 26 de setiembre.

También, en este segundo informe del GIEI, se prueba que todo la agresión fue coordinada por una persona, con quien se comunicaron los policías y detenidos y que estaba identificado “El Caminante”, en algunos de los celulares de estos.

Este martes 26, con un panorama difícil, los padres volverán a marchar a 19 meses de la Masacre. Porque no hay forma de detenerse ante tal arbitrariedad y violencia, porque la falta de un hijo sólo la calma la verdad y la justicia. Es por eso, que reiteraron el llamado “a amas de casa, trabajadores, campesinos, estudiantes” a que vuelvan a tomar las calles, uniéndose a sus reclamos.

“Lo que está en juego es la voluntad política del Estado. Ese reto necesita que la sociedad vuelva a entender lo que está en juego aquí. Es la historia de México pasando por este momento.”

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