La justicia absuelve a lxs 6 integrantes de la Pu Lof en Resistencia Cushamen, acusados por la multinacional Benetton y el Estado de Chubut, mientras cuestionó el uso de la fuerza.

El pasado 18 de marzo lxs 6 integrantes de Pu Lof en Resistencia de Cushamen: Facundo Jones Huala, Andrea Millañanco, Sergio Ruiz Henchupan, Matías Santana, Rodrigo Jaramillo y Nicolás Hernández Huala,  fueron absueltxs por “usurpación” y sobreseídos de los cargos de “abigeato”, acusados por la multinacional Benetton y de la provincia de Chubut. La jueza reconoció que el estado criminalizó a la comunidad y cuestionó el uso de la violencia por parte del mismo. También, ordenó al Consejo de la Magistratura local que inicie una investigación por mal desempeño contra el fiscal Oscar Oro, primer impulsor de la denuncia contra la Pu Lof.

Al fin, la responsabilidad puesta en el Estado

La jueza de Esquel, Carina Estefanía, cuestionó fuertemente el uso de la violencia como única respuesta por parte del Estado nacional y provincial hacia las comunidades. En declaraciones a Página 12, Estefanía expresó: “en los procesos que tuve hasta ahora como jueza y en los 20 años que estoy dentro del Poder Judicial, nunca me había tocado un caso donde estuvieran involucrados los derechos de los pueblos originarios. Cuando fui designada entendí que era un caso para juzgar con perspectiva indígena, es decir sin desconocer su historia. No debemos desconocer las consecuencias de la Campaña del Desierto, como por ejemplo el despojo, la expropiación, la deportación, la división de las familias, los prisioneros, los campos de concentración”.

Reconoce así que la recuperación territorial comenzada en marzo de 2015 se inscribe en un conflicto histórico del pueblo mapuche con el Estado,  que con su sesgo racista solo ha tenido políticas de negación. “Determinados funcionarios no vieron que estábamos ante un reclamo de un pueblo originario, que merecía una mirada distinta. No se pueden tratar todos los conflictos de la misma manera. Las deficiencias que se dieron desde el comienzo de la investigación tienen que ver con la falta de capacitación de los funcionarios públicos, que no estuvieron a la altura de las circunstancias. Tenemos que enseñarle a la sociedad a convivir con este tipo de reclamos”. Palabras que no resultan para nada nuevas para los sectores de la sociedad que vienen desarrollando paulatinamente conciencia y sensibilidad para con los pueblos originarios (cuya resistencia lleva 500 años), pero que en voz de una funcionaria pública no se vienen escuchando.

De ser oído por otros poderes del Estado, podría ser un avance hacia una coherencia que hace tanto se viene reclamando. Los derechos de los pueblos preexistentes están incluidos en la Constitución Nacional, pero las acciones y las políticas que se llevan adelante siguen siendo coloniales.

Metodos de protesta, la criminalización estatal y el caso Santiago Maldonado

“Muchos grupos sociales que reclaman por sus derechos utilizan la capucha, esto no es solamente una cuestión de los pueblos originarios. Las capuchas no esconden sino exhiben lo que quieren mostrar: el conflicto. Por eso los funcionarios públicos y policiales tienen que estar capacitados para no instalar que los que se encapuchan son delincuentes”.

Estas afirmaciones de Estefanía son un claro llamado a cambiar el foco de la mirada que se instaló fuertemente desde los medios masivos sobre el pueblo mapuche, con burlas y estigmatizaciones; y desde el gobierno nacional, con una fuerte campaña de criminalización, encabezada por la ministra de seguridad Patricia Bullrich. Sustentada en acusaciones que la propia jueza desmintió, como el hecho de que esté comprobada la pertenencia de algún integrante de la comunidad a la llamada “RAM”.

Ante la pregunta de si considera que Santiago no habría muerto si el Estado hubiera dado respuestas en vez de utilizar la violencia, la jueza Estefanía fue contundente: “no existiría el caso, pero lamentablemente existe. Hicimos todo para que la escalada de violencia no continúe y es el Estado el que debe actuar de manera diferente para evitar la retroalimentación del conflicto. No les podes pedir a los ciudadanos que están reclamando que frenen su petición. Si los combatís con el uso de la violencia, la violencia continuará.”

El aparato judicial, históricamente anti-mapuche

También Andrea Millañanco, -una de las integrantes de la comunidad que tuvieron que someterse a este proceso-, valoró el fallo de la jueza y el hecho de que haya tenido en cuenta las pruebas que la comunidad aportó, tras reconocer que tenía pocas expectativas.

La judicialización constituye una de las principales herramientas que utiliza el Estado para amedrentar al pueblo mapuche y apelar al desgaste para que desistan de sus reclamos.  Cada integrante de la comunidad suele tener numerosas causas, y aunque luego son absueltos, se enfrentan a un proceso arduo, teniendo que comparecer ante los juzgados permanentemente.

Al respecto, Andrea declaró al portal EQS Notas: “entendiendo la persecución política que hay atras de la recuperación que viene levantando la Pu Lof en Resistencia de Cushamen, las declaraciones que se han hecho públicas tanto lo que tiene que ver con tierras como con las diferentes ilegalidades que se han cometido contra nuestro pueblo, este juicio no tenía las pruebas suficientes para desarrollarse, pero así y todo tuvimos que someternos a este proceso que duró 30 días que fueron extensos y agotadores, y nos trajo varios perjuicios a nivel psicológico y emocional. Al tener que repetir la historia dolorosa de nuestra familia y nuestro pueblo, y que ha querido ser tapada por la fundación de este país reiteradas veces”.

“El pueblo mapuche ha podido trascender, sobrevivir al genocidio, hemos renacido con la fortaleza de nuestros antepasados, y para eso es necesario el territorio. Como esta recuperación se van a dar más recuperaciones, porque es lo que necesita nuestro pueblo para obtener una vida digna” expresó Andrea Millañanco y prosiguió: “Fuimos arrojados a los barrios marginales de la ciudad, obligados a trabajar como mano barata más de una vez, y esta historia se repite en todas las familias del pueblo mapuche. Nuestros padres y abuelos fueron muchísimas veces humillados por su condición indígena, por no entender de protocolos coloniales, por no entender de leyes, muchas veces fueron engañados”.

Facundo Jones Huala

En relación al Lonko de la comunidad, Facundo Jones Huala, quien fue recientemente condenado en Valdivia, Chile, a 9 años, Millañanco declaró: “lo que sucedió tiene que ver con la persecusión política, el fallo se va a apelar nuevamente. Él se encuentra digno, y fuerte, a pesar de haberse sometido a una huelga de hambre de 40 días. Está fuerte y creo que con esta noticia lo va a estar mucho más, sabiendo que el esfuerzo, las convicciones, la fortaleza, la valentía de afrontar procesos de recuperación así, tienen un resultado. También a nivel de nuestro pueblo, la cantidad de gente que se ha reivindicado como mapuche ultimamente, han sido numerosos, y esa es la mayor gratitud para nosotros y para él también. Facundo se encuentra asumiendo esta prisión política, y desde la instancia carcelaria se vienen avanzando con proyectos para mejorar las condiciones para presos políticos mapuches. Lamentablemente nuestro pueblo sabe que por el momento que ni el Estado chileno ni el estado Argentino generan un diálogo ni un trato acorde a las necesidades de las comunidades para la reconstitución de las tierras, y que atravesar las cárceles será es una condición más como lo es la muerte y la persecución para distintos miembros del pueblo mapuche”, fueron las palabras de la hermana originaria.

Del lado del pueblo mapuche, la palabra

“Esto se enmarca en el contexto en el cual se desarrollan lamentablemente todas las recuperaciones territoriales del Pu Lof, con el tiempo la perseverancia y la convicción de una lucha digna y justa da sus frutos”, expresaron desde la comunidad mapuche, “Conseguir justicia que es lo que nuestros antepasados han querido, a la par de evitar el genocidio y etnocidio contra nuestro pueblo que nunca terminó, que solamente las prácticas han ido cambiando para adaptarse de acuerdo al contexto. Es un suspiro, en estos cuatro años de tantas injusticias que hemos sufrido. También hay que recordar que fue la propia Provincia la que tiró abajo la mesa de diálogo”.

“Allí quedó fuertemente establecido y evidenciado que de lado del pueblo mapuche la palabra es muy fuerte y los argumentos son sólidos, para entablar cualquier tipo de conversación. Esto representa al pueblo mapuche desde tiempos centenarios,  inclusive cuando nos quiso exterminar la corona española, en donde se intentó llegar a pactos y tratados que sostuvieran esta convivencia”.

Esperemos que este sea el puntapié inicial para que los juzgados de la llamada “justicia” no sean ya un lugar de conocidas humillaciones, y que comiencen a estar a la altura de la demanda que desde hace tiempo exige ser atendida.

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Ayer finalizó el segundo día de la re-edición del juicio en el que se acusa de usurpación de su propio territorio a siete hermanos mapuches del Pu Lof en Resistencia Cushamen. Un nuevo capítulo en la persecución de este pueblo-nación.El jueves continúan las audiencias.

Este martes 12 de febrero comenzó una nueva audiencia, en los Tribunales de Esquel, del juicio de Benetton contra integrantes del Pu Lof en Resistencia, del departamento de Cushamen,  en la provincia de Chubut, acusadas y acusados de usurpación, abigeato (hurto de ganado) y tenencia de armas.

Al finalizar Fernando Jones Huala, hermano del Lonko Facundo Jones Huala, e integrante de la Pu Lof en Resistencia, expresó que “el Ministerio Publico Fiscal y la querella respondieron los planteos de nulidad presentados por la defensa pública y nuestra abogada particular Sonia Ivanoff”. Entre los planteos se cuestiona la falta de objetividad por parte de la acusación, por parte del Ministerio Público Fiscal y la querella, junto con la vulneración del debido proceso, entre otras cosas, señaló Jones Huala en el lugar. Agregó que “técnicamente no pudieron responder acabadamente a estos planteos y solo hicieron una lectura de ciertas partes del expediente o de la acusación, pero no hicieron una respuesta técnica que era lo que ameritaban los planteos de nuestra defensa”.

Obstaculos judiciales para dilatar

La causa que se intenta resolver se parece a una comedia de enredos, si no fuesen tan serias sus implicaciones sobre la libertad y la vida de una comunidad que viene siendo criminalizada, perseguida y despojada con la complicidad de funcionarios. A ambos lados de la cordillera los intereses en disputa son los mismos y las estrategias para enfrentarlos también.

La primera audiencia se desarrolló el 7 de mayo de 2018, cuando la Fiscalía a cargo de Oscar Oro, que no es reconocido por defender a los pueblos originarios,  retiró los cargos por no encontrar pruebas del supuesto ilícito.  Frente a este planteo el juez de la causa, Martín Zacchino, debía decidir si avanzaba con el juicio -sólo sostenido por los abogados del grupo Benetton- o daba por finalizada la acusación.  En lugar de tomar una decisión al respecto, optó por elevar el caso al Procurador General de la Provincia, Jorge Luis Miquelarena, quien ya tenía una postura conocida sobre el conflicto.

Es conocido que el Procurador General había firmado un convenio con el Ministerio de Seguridad de la Nación junto a los Ministerios Públicos Fiscales de Río Negro y Neuquén en donde se comprometieron a trabajar en conjunto para “investigar” causas con posibles vinculaciones a la indefinida organización Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). Así, el acuerdo entre Nación y los fiscales provinciales le otorgaron atribuciones a Nación para inmiscuirse en los procesos judiciales contra los mapuche y continuar así la persecución.

En esta nueva audiencia, el fiscal Oro fue reemplazado por el fiscal Marcelo Cretton, quien insiste en sostener las acusaciones junto con el terrateniente Benetton.

Uno de los imputados en la causa es el Lonko Jones Huala, quien se encuentra en Temuco (Chile) atravesando su proceso judicial, pendiente todavía de resolución en la Corte Suprema chilena. Su ausencia implica una seria vulneración al derecho mapuche, ya que  implica que el pueblo nación Mapuche tiene vedado el derecho de hacer práctica y uso de sus autoridades en presencia para enfrentar la judicialización.

Fernando Jones Huala expresó que la audiencia seguirá el día jueves 14,  y se espera que   la jueza que está a cargo de este juicio, Karina Paola Estefanía, dicte alguna resolución, entre las que se encuentra la nulidad del juicio.

Agregó que “hasta el momento se ha cuestionado más la actuación del ministerio publico fiscal a cargo de los 9 fiscales que han pasado por la causa, y aún no se ha cuestionado la presunta autoría de los hechos de los que se nos acusa. Es decir, al día de hoy solamente se sigue denunciando estos montajes, la complicidad que hay entre fiscales y jueces, en particular en este caso el juez Martín Zacchino que ha demostrado una actitud parcial y ha actuado otras veces más en una postura de fiscal que de juez. La jueza al día de hoy está resolviendo lo que no resolvió en su momento el juez Zacchino. Esto es lo que ha sucedido hasta el momento en este juicio entre Benetton y las comunidades del Pu Lof en Resistencia Cushamen.”

La comunidad mapuche está convocando a las personas que se puedan acercar para acompañar este proceso judicial.

Se prevee que el juicio se desarrolle en el transcurso del mes de febrero, con una clara desigualdad a favor de la corporación Benetton. Una vez más, este pueblo se enfrenta a uno de los terratenientes que posee más de 900 hectáreas del territorio mapuche, necesarias para el ejercicio de su cultura y espiritualidad.

Chile: “ordenes desde Santiago”

En Chile, el Lonko de la comunidad, Facundo Jones Huala, se encuentra realizando una huelga de hambre, debido al impedimento que le impusiera Gendarmería para realizar ceremonias propias de su cultura originaria. También, le fue denegada la comunicación y el acceso al penal a su abogada Karina Riquelme, y a una trabajadora social. Por este motivo fue presentado un Recurso de Amparo que fue aprobado por la jueza María Teresa Villagrán, que no pudo hacer oídos sordos ante tal atropello, y debió tomar en consideración que al evitar la comunicación se vulnera el derecho a la defensa.

Así, se consiguió que el Lonko Facundo pueda hablar con su abogada, en lo que parece ser cada vez más una evidente prisión política, ya que a cualquier otro preso o presa no se les denegaría tales derechos elementales.

Por si esto fuera poco, Gendarmeria manifestó que existe una orden proveniente de Santiago de Chile, que va en contra de lo resuelto en Temuco. Al respecto Karina Riquelme declaró: “Dejamos los reclamos pertinentes, puesto que la Dirección Regional nos hablan que existe una orden desde Santiago. Nosotros creemos que esta orden es evidentemente política.” La jueza Riquelme solicitó la nulidad del juicio que condenó al comunero por el ataque incendiario al fundo Pisu Pisué en Río Bueno, en 2013; lo cual deberá ser resuelto por la Corte Suprema.

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El próximo 30 de diciembre se cumple un nuevo aniversario  de la Masacre de Cromañon que costó la vida de 194 personas, y las marcas físicas y psíquicas de miles de sobrevivientes, quienes junto a familiares, amigos y amigas, tuvieron que aprender a vivir con esas pérdidas.

Pasaron 14 años de la Masacre que puso en evidencia la cadena de complicidades, negligencia y negociados que desde la función de gobierno provocó tanta muerte joven evitable.

El 30 de diciembre de 2004 desde las pantallas nos llegaba la peor de todas las noticias: pibas y pibes que habían ido al boliche República de Cromañon a disfrutar de un recital, murieron como consecuencia de un incendio tóxico que se producía mientras actuaba el grupo Callejeros.

Como cantan quienes luchan por las y los pibes, “no fue una bengala, no fue un rock and roll”. Fue la suma de codicia empresaria, ganancia a toda costa, con la complicidad corrupta del estado, la que provocó tanto dolor. Un boliche habilitado para 1000 personas, pero donde había triplicado la cantidad de asistentes por la sobreventa de entradas; habilitaciones truchas; inspectores que no clausuraron cuando debían por un pacto con empresarios, matafuegos inexistentes, la mediasombra tóxica, salidas de emergencia con candados y luego el desastroso operativo durante la emergencia, con hospitales colapsados, ausencia de un plan de rescate, y las y los propios pibes entrando a rescatar a quienes habían quedado atrapados, no importaba si eran amigas, amigos o no.

A pocas horas de la celebración del nuevo año una masacre que se llevaba 194 jóvenes vidas, por la responsabilidad de un Estado que miraba para otro lado mientras sus funcionarios hacían negociados espurios con empresarios codiciosos.

En primera persona

Para familiares, sobrevivientes, amigas y amigos, la masacre significó un vuelco en sus vidas, aún a 14 años, expresan que sienten también que hubiera sido ayer, porque es imposible no recordar a los pibes y pibas, con sus sueños y proyectos.

A través de años de lucha, ciertos logros fueron asomando, como la destitución de Aníbal Ibarra principal responsable político de la masacre, a través de un Juicio Político que establece la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires; y también la condena en el juicio penal, a algunos de los responsables (funcionarios, empresarios, policías). Sin duda las condenas fueron siempre insuficientes.

Las condiciones que dieron origen a la masacre siguen intactas, y de hecho cada año toca denunciar más hechos vinculados a la lógica Cromañon: la muerte joven, la ganancia a toda costa, la desidia como una de las caras del Estado: presencia para reprimir a las y los jóvenes a la vez que ausencia para cuidarles.

“Cada año se trata de indignarse nuevamente, y este año en particular se renueva la indignación por los nuevos femicidios, el aumento del gatillo fácil y recientemente, el asesinato estatal de lxs jóvenes detenidxs ilegalmente en la comisaría de Trans Radio: otras 10 muertes jóvenes evitables”, expresa Silvia Bignami[i].

La situación, continúa Silvia Bignami, “nos obliga a pensar Cromañon nuevamente todo el tiempo. Pero no sólo como homenaje, sino por la repetición. Pensar Cromañon que fue un libro armado x familiares, a partir de un ciclo de charlas debate. En ese momento los medios habían instalado que lxs familiares éramos violentxs, que estábamos cegadxs por el dolor, que no podíamos pensar. El asociar la lucha a la locura no es nuevo en este país, es una forma de invalidar a quienes luchan. Pero sí: podemos pensar a partir del dolor. Senti-pensar Cromañon. Pensar desde Cromañon, pensar desde las y los que ya no pueden pensar porque no están ya físicamente, pero además pensar qué significa en cada momento, lo que Alfredo Grande llamó la “lógica Cromañon”, es decir todo lo que funciona mal, lo que está atado con alambre, lo que muestra que la vida no vale nada, que la plata vale más que la vida. Yo lo llamo la lógica capitalista, pero podemos decirle del Mal vivir, o cualquier otro nombre, pero es una lógica de muerte”[ii].

Para ayudar a romper esa lógica de muerte, están la lucha y la memoria. Que se ejerce cotidianamente, pero en especial cada 30 de diciembre, ahora ya a 14 años de la masacre, en el recuerdo de las y los pibes que ya no están, pero también en el acompañamiento a otros y otras familiares, amigas y amigos en lucha, y muchas y muchos que se rebelan contra la injusticia y la impunidad.

Este domingo 30 de diciembre se convoca a Plaza de Mayo, la plaza de las Madres y de la resistencia del pueblo, ante los distintos crímenes del Estado de ayer y de hoy, se convoca a concentrar a partir de las 17.30, para “Sembrar la memoria para que no crezca el olvido”. Una actividad en donde habrá música, lectura de un documento consensuado y se gritará PRESENTE ante cada nombre de las y los chicos. Como otros años, se dará espacio para visibilizar otras situaciones vinculadas a la responsabilidad del Estado. Luego, se marchará hacia el Santuario ubicado en Plaza Once.

Luchar y a la vez abrazarnos, dicen familiares: porque NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS Y NO NOS RECONCILIAMOS. El Estado es responsable.

“Las y los pibes de Cromañon Presentes Ahora y Siempre”

[i] Silvia Bignami,  madre de Julián Rozengart víctima de Cromañon, es integrante de Sobrevivientes, familiares, amigos y amigas de víctimas de Cromañon e integrante de Pañuelos en Rebeldía.

[ii] Entrevista realizada en Charco de Arena, Fm La Tribu L a V 9 a 10 hs.

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Trascendió,  por los medios,  que la Fiscal Federal que investiga la causa de Santiago Maldonado elevó un pedido de indagatoria a los principales testigos del operativo de Gendarmería.

El pasado 20 de diciembre, tras la condena al Lonko Facundo Jones Huala, trascendió a través de una nota publicada en Infobae,  que la Fiscal Federal subrogante de Esquel, Silvina Ávila, elevó un pedido de indagatoria a 11 miembros del Pu Lof en Resistencia Cushamen. Se los acusa de ser “una organización destinada a desviar la investigación para responsabilizar a la Gendarmería Nacional (sic)”. Un cinismo que va en aumento y que parece destinado a sostener el relato oficial.

Al hecho se suma a que este 26 de diciembre la Policía de Chubut detuvo y torturó a un integrante de la comunidad y golpeó a su familia cuando se acercaron.

Poder judicial, fuerzas policiales y medios hegemónicos vuelven a actuar articuladamente para perseguir, reprimir y tergiversar los hechos, mientras se da consistencia a la construcción de un relato oficial. Condenado el Lonko avanza el montaje judicial sobre Pu Lof en Resistencia Cushamen.

Los múltiples intereses del poder para garantizar la impunidad de la represión,  desaparición forzada seguida de muerte, reforzar el enemigo interno, y finalmente vaciar el territorio para garantizar el saqueo.  Lo que está en juego son los poderosos intereses para quedarse con el territorio.

Comunicado del Comité de perseguidos políticos por la lucha mapuche 

En respuesta a lo publicado por Infobae, el Comité elaboró un comunicado que difundieron el pasado 26 de diciembre. Allí se denuncia “el montaje político ejecutado por el Estado Argentino a través de su Poder Judicial, fuerzas represivas y aparato mediático para continuar con su campaña racista de estigmatización y desprestigio generando la discriminación por parte de la sociedad al instalar relatos mentirosos y así crear un falso enemigo interno”. Continúa, “después del paso del Secretario de Seguridad de la Nación, Eugenio Burzaco, por la localidad de Esquel, la fiscal Ávila presentó este pedido de indagatoria, de algunos de las y los que fueron testigos claves de la desaparición forzada de Santiago Maldonado.”

“Si bien el juez Gustavo Lleral cobardemente le manifiesta a la madre de Santiago Maldonado que cerraba la causa de desaparición forzada por presiones políticas del gobierno de Macri, su familia lejos de bajar los brazos continúa las instancias judiciales para exigir el esclarecimiento de la causa.”

En el comunicado se desmienten las acusaciones de la Fiscal, recordando que fue el Estado, y los medios hegemónicos quienes se encargaron de crear pistas falsas para desviar la investigación. Al igual que “haber escondido y/o ocultado pruebas, mientras que ningúno de las y los denunciados se apoderó de algún elemento de Santiago”. En cambio, se recuerda,  que jamás se investigó desde el Estado quién fué la persona que atendió el teléfono de Santiago,  una vez que él ya estaba desaparecido, o dónde se encontraba ese móvil,  ni se explicó lo que sucedió con su mochila que secuestró Gendarmería. “No se tuvieron en cuenta pericias realizadas sobre el cuerpo que dejan constancias que aún no está claro dónde, cómo y cuándo fue la muerte de Santiago”.

Una situación que no ha podido ser esclarecida a pesar que las Fuerzas de Seguridad entraron al territorio  “todas las veces y cuando quisieron para hacer rastrillajes (unas cuatro veces)”, mientras que los medios que difunden noticias que favorecen el montaje oficial “comunicaban lo contrario”. En una de las oportunidades denuncian que se realizó un operativo con más de 500 efectivos que nunca se hizo público.

Es importante visualizar la forma sistemática en la que viene actuando el gobierno junto al Poder Judicial, en lo que refiere a las causas que involucran al pueblo mapuche: en lo que debería ser una investigación a las fuerzas represivas en su accionar al desaparecer y/o asesinar se investiga -a partir de falsas acusaciones- a quienes son las y los principales testigos del accionar de las fuerzas represivas.  No sólo se instala el intento perverso de deslegitimar a las víctimas, sino que judicialmente se pretende inhabilitar a las mismas para prestar declaraciones. Tal lo que sucede con Fausto Jones Huala y Lautaro González, quienes en el caso de Rafael Nahuel son testigos claves del accionar de Prefectura, pero se encuentran judicializados, con orden de captura, y así forzados a pasar a la clandestinidad, lo que impide su importante aporte a la causa.

A menos de un mes de que el juez Lleral se comunique con Estela, mamá de Santiago, para decirle que cerraba la causa por extorsiones, (justo antes de que se llevara adelante la cumbre del G20), sería inocente pensar que nada tiene que ver este nuevo intento de ensuciar a las y los testigos clave, ya no sólo de la represión y desaparición de Santiago el 1º de Agosto,  sino también de todo lo que vino después.

El Poder Judicial, en una decisión que solo parece favorecer la hipótesis de criminalización de la comunidad,  no esclarece la desaparición de Santiago y cerró esta causa sin respuestas. La resolución del juez ya fue apelada por la abogada de la familia Maldonado, que como bien dice el comunicado lejos está de bajar los brazos.

Golpiza policial. Clarín “miente que algo quedará”

El pasado 24 de diciembre Tomás Pilkiman (integrante de la Lof) estaba haciendo dedo sobre la ruta cuando un policía lo reconoció y lo detuvieron. El policía al detenerlo le dijo: “vos me escrachaste”. El uniformado era el mismo que hace tres meses ingresó al territorio de la Lof en Resistencia Cushamen, haciéndose pasar por un pescador.

Su familia encontró a Tomás el Hospital de Lago Puelo golpeado y detenido. Cuando su familia se quizo acercar también fue golpeada.  El argumento policial, cuando las detenciones no tienen justificación:   “averiguación de antecedentes”. La noticia tuvo rápida difusión en redes y a partir de la presencia de organizaciones solidarias, de derechos humanos, políticas y sociales frente a la comisaría tuvieron que liberar a Tomás Pilkiman.

Hasta la victoria siempre, querido Osvaldo

A solo tres días de la muerte de Osvaldo Bayer  las organizaciones se autoconvocaron para rendirle un sentido homenaje en el día de hoy. Osvaldo fue quien mejor investigó y describió el complejo entramado polítco, judicial y mediatico para despojar a las comunidades ancestrales de sus territorios, a través de la construcción de un enemigo interno peligroso para la construcción de la nación. Tal como continúa sucediendo en la actualidad.

Osvaldo Bayer fue quien ha luchado incansablemente por desterrar el racismo histórico, que aún perdura no sólo en cada nombre de calle, en cada monumento a los genocidas (Roca, Rauch, Sarmiento, entre otros) reivindicados por la mayoría de la sociedad como próceres.

Las organizaciones sociales,  políticas y culturales y diversas agrupaciones  nos debemos un merecido homenaje a Don Osvaldo, convocado para la tarde en el barrio donde vivió, Belgrano, que debiera extenderse como un compromiso sostenido para con los pueblos originarios y su lucha en los territorios y para denunciar y eliminar todo racismo de nuestra sociedad que, tal como él lo decía “contiene en su ADN la violencia de la conquista y el colonialismo”.

Enlaces:

Red de Apoyo Comunidades en Conflicto – MAP

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Este lunes 17 de diciembre se movilizaron hermanos y hermanas mapuches  junto a organizaciones de derechos humanos, políticas y sociales frente al Consulado de Chile, en CABA,   para repudiar el reciente fallo condenatorio al Lonko Facundo Jones Huala, en Valdivia y entregaron una carta dirigida al cónsul.

Ayer se dieron cita delegados y delegadas de distintas organizaciones junto a hermanos y hermanas mapuches que se autoconvocaron para expresar su solidaridad y repudio al fallo que condenó a Facundo Jones Huala por su supuesta participación en el ataque a la hacienda Pisu Pisué, de Río Bueno, sucedido en el año 2013.

“Sabemos que el trasfondo de este fallo es político por ser un referente mapuche y por reclamar por su derecho como tal, sobre todo por defender la tierra, que las y los poderosos codician”, expresaron en un comunicado dirigido al cónsul. Mientras llaman la atención que mientras Jones Huala es condenado mientras el resto de las y los acusados fueron absueltos en la misma causa.

Kim, la hermana mapuche, integrante de la delegación compartió unas palabras “Mari mari kom pu che, mari mari ka pu wenuy, estamos acá a las afueras del consulado de Chile en Argentina en repudio a la condena de nuestro lonko Facundo Jones Huala.

La comitiva presente en la actividad repudió la injusta condena y señaló como principales responsables políticos a Sebastián Piñera y Mauricio Macri, así como a los magistrados Carlos Flores Valenzuela, Guillermo Olate Arganguiz y Héctor Hinojosa Aubel,  quienes condenaron al Lonko de Lof Cushamen en resistencia sin pruebas concretas que lo sitúen en el lugar.

El representante diplomático de Chile, no se hallaba presente en el lugar, si bien se había anunciado la presencia de la comitiva y los aguardaban un desmedido operativo de seguridad con tres camiones de detención y decenas de policías antidisturbios para amedrentar al grupo de personas que se acercaron a solidarizarse.

Carta del Lonko

En el acto también se leyó una carta que el Lonko envió desde el penal: “un Lonko ha sido condenado. El tribunal oral en lo penal en la ciudad de Valdivia lo condenó por unanimidad por los delitos de incendio y portación ilegal de armas, tras su supuesta participación en el ataque de 2013 a la haciendo Pisu Pisué en Río Bueno.
El poder judicial es cómplice de la criminalización del pueblo mapuche. Hoy han condenado al lonko Facundo Jones Huala sin pruebas. No sirve litigar cuando las sentencias vienen ya escritas, con anterioridad. Macri, Bachelet y Piñera deben estar celebrando. Esta es una condena política.
Siempre listos, no se rindan. Somos la gloriosa milenaria y hermosa nación mapuche. Lo que no nos mata, nos fortalece. Para el mapuche esta vida es una batalla constante. Así será hasta liberarnos y reconstruirnos. Lonko Facundo Jones Huala”.
A continuación la hermana de Facundo prosiguió: “Así que Lamuen, vaya toda nuestra fuerza, nosotros estamos comprometidos en todo el territorio, nosotros nos vamos a levantar. Nosotros vamos a seguir estando, ya le dijimos al cónsul que nosotros vamos a seguir viniendo. Nos van a ver siempre. Vamos a seguir luchando así que ¡Marichiweu!”

Jones Huala

El pueblo mapuche viene reclamando la propiedad ancestral de tierras que ocupan empresarios y corporaciones aliadas al gobierno. La defensa de las tierras esgrimida por corporaciones, fuerzas de seguridad y el poder judicial aliado viene cobrándose vidas de quienes defienden el derecho a la propiedad ancestral a ambos lados de la cordillera. Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, Camilo Catrillanca murieron a manos de las fuerzas de seguridad del Estado por defender el derecho a la tierra.

Facundo Jones Huala es el símbolo de estas reivindicaciones y por ello criminalizado. Condenado por una acción ocurrida en el año 2013 en Chile, luego que Argentina hiciera lugar a su extradición en el mes de marzo pasado,  en procesos con graves irregularidades que atraviesan las condenas a uno y otro lado de la cordillera.  La justicia en Argentina procedió al reclamo del país trasandino, en lo que parece constituir una situación ejemplificadora para futuros reclamos por la propiedad ancestral de tierras que detentan empresarios y corporaciones. Isabel Huala, madre de Facundo, expresaba en ese momento que “los mapuches peleamos por nuestros derechos porque somos preexistentes a este Estado que pidió su extradición”.

Tal como se anunció ayer, frente al consulado,  “las acciones de movilización continuarán  ya que el próximo viernes se comunicará la pena y el pueblo movilizado no está dispuesto a quedarse de brazos cruzados ante tanto atropello. La carta fue recibida, nosotros nos vamos a seguir manifestando, nosotros vamos a seguir luchando por nuestro Lamuen”.

El proximo jueves a las 15.30 hs. se convocó a quienes se solidarizan a acompañar la ronda de Madres de Plaza de Mayo Linea Fundadora y el viernes a esperar la sentencia frente a la Embajada de Chile.

Carta de protesta

CABA,  17  de diciembre de 2018

Atención:

Sr. Cónsul General Alejandro Pascual Bravo Förster

Autoridades del Consulado General de Chile en Buenos Aires

Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile

Hacemos llegar mediante la presente nuestra más profunda preocupación por la situación de vulneración de los derechos humanos del Lonko mapuche del Pu Lof en Resistencia de Cushamen Facundo Jones Huala, y repudiamos absolutamente el fallo en el cual se lo ha condenado el pasado 14 de diciembre, en Valdivia, sin tener una sola prueba concreta que siquiera lo ubique en el lugar de los hechos de los cuales se lo acusa. Responsabilizamos a los magistrados Carlos Flores Valenzuela, Guillermo Olate Aranguiz y Héctor Hinojosa Aubel quienes integran este tribunal cegado de racismo y colonialismo.

Este es un escalón más en la persecución que venimos denunciando de distintas maneras ante autoridades nacionales y provinciales de los estados argentino y chileno desde el 2016, siempre acompañadxs por organismos de Derechos Humanos y organizaciones sociales y políticas.

Las acusaciones contra el Lonko Facundo Jones Huala son parte de un juicio político que como es de público conocimiento ya ha absuelto al resto de las y los acusados en la misma causa en Chile, pese a lo cual han solicitado su extradición al gobierno argentino. La misma fue denegada en 2016 por la justicia de este país, pero se lo sometió a un nuevo proceso, que finalmente lo ha entregado a la justicia chilena en medio de una escandalosa operación mediática y judicial en marzo de este año, desoyendo un pedido de la ONU de detener tal proceso.

Se han realizado decenas de movilizaciones y acciones de la sociedad civil en defensa de su no enjuiciamiento, y exijiendo su liberación, pero a cambio solamente se recibió mayor criminalización y represión para el pueblo mapuche y quienes se solidarizan con el mismo, teniendo las más trágicas consecuencias en los asesinatos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel en 2017, y Camilo Catrillanca el mes pasado, así como un tendal de decenas de procesados/as por manifestarse en ese sentido.

Recordamos que el Lonko esperó su segundo juicio en prisión, sometido a condiciones de vulneración de derechos básicos como el acceso a la salud según los parámetros culturales mapuches, tal como indican las  normas internacionales sobre derecho indígena, y que en las mismas precarias condiciones llegó al actual proceso en Chile.

Esta condena es un nuevo atropello a su integridad y solo busca oscurecer la verdadera causa de su judicialización: ser mapuche en territorio mapuche.

Exigimos que detengan este juicio  a los principales responsbles políticos de esta persecución al Lonko y al pueblo mapuche, ellos son los presidentes Mauricio Macri y Sebastián Piñera.

Exigimos justicia y verdad sobre los asesinatos de Santiago Maldonado, Rafael Nahuel y Camilo Catrillanca.

Exigimos el cese de la persecución al pueblo mapuche y la devolución de sus legítimos territorios.

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Luego de dos semanas de audiencias, la justicia chilena condenó al Lonko mapuche Facundo Jones Huala como culpable.

El Tribunal Oral en lo Penal de la ciudad de Valdivia, lo condenó por unanimidad por los delitos de incendio y portación ilegal de armas, tras su supuesta participación en el ataque de 2013 a la hacienda Pisu Pisué de Río Bueno. La sentencia se dará a conocer el viernes 21 de diciembre, pero aún quedan las instancias de apelación en la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema.

Su abogada Karina Riquelme señaló que “el poder judicial es cómplice de la criminalización del pueblo mapuche. Hoy han condenado al Lonko Facundo Jones Huala sin pruebas. No sirve litigar cuando las sentencias vienen ya escritas con anterioridad. Macri, Bachelet y Piñera deben estar celebrando”

Jones Huala fue detenido el 27 de junio de 2017 por la justicia argentina. Luego, el 11 de septiembre fue extraditado por decisión del Juez Federal de Neuquén Gustavo Villanueva y con la ratificación de la Corte Suprema. En Chile, el Fiscal Sergio Fuentes Paredes pidió una condena de 15 años al comienzo del insólito juicio. El proceso al líder mapuche se llevó a cabo por segunda vez, a pesar que anteriormente él y los/as demás acusados/as fueron absueltos/as.

Ningún testigo directo de los hechos reconoció a Jones Huala como participante de los delitos. La familia víctima del ataque de desconocidos, quienes les incendiaron su casa y todas sus pertenencias, no identificaron al Lonko como protagonista del atentado. “Durante los primeros cuatro días el Lonko Facundo no fue nombrado por ninguno de los peritos presentados, y no existe ninguna relación con los hechos por los cuales es acusado”, explicó su abogada Riquelme.

En el día de ayer al finalizar el juicio, el Lonko declaró luego de saludar a su pueblo en la lengua mapudungún; “solamente quiero recalcar que mantengo mi inocencia independientemente de lo que resuelva el tribunal. Tantas vejaciones a mi pueblo, de este lado y del otro de la cordillera, donde murieron personas durante mi extradición -en referencia a Santiago Maldonado y a Rafael Nahuel- (…) uno se da cuenta con lo que pasó ahora con el peñi Catrillanca, que lo mataron, y dijeron que había habido un enfrentamiento, cuando todos sabíamos que no fue así.”

“somos incomprendidos por ambos Estados, espero que se haga justicia, no solamente en mi caso, sino que a la vez se pueda avanzar en justicia para nuestro pueblo, y se dejen de montajes políticos y judiciales con el pueblo mapuche, como fue con la operación de la CAM, como es la muerte del peñi Camilo, como es la muerte de Rafael Nahuel”, prosiguió.

Asimismo, el Lonko hizo mención a la “Operación Huracán”. Se trataría de un operativo de investigación de los servicios de inteligencia de Chile amparados en la Ley de Inteligencia que en septiembre de 2017 derivó en la detención de ocho comuneros mapuches. Luego, en enero de 2018 el Ministerio Público -que estaba a cargo de la investigación- informó que había descubierto mediante pericias técnicas que la Unidad de Inteligencia Operativa Especial de Carabineros habría manipulado las pruebas que incriminan a los detenidos. En el juicio se quiso incriminar al Lonko con pruebas obtenidas de esos mismos servicios de inteligencia, amparados bajo la misma Ley.

Desde el 4 de diciembre, el día que comenzó el juicio, el lonko Facundo Jones Huala, su familia y su comunidad no dejaron de recibir apoyo de otras comunidades y representantes del pueblo mapuche. “Estoy acá preocupado por la situación del peñi Lonko Facundo. En los últimos tiempos están ocurriendo situaciones muy injustas contra nuestro pueblo. No quisiéramos ver más montajes, más detenidos ni peñis muertos”, dijo, en las puertas del Tribunal, Marcelo Catrillanca, el padre de Camilo, asesinado por la espalda el pasado 14 de noviembre en Temucuicui, a manos de un comando de Carabineros.

De nuestro lado de la cordillera:

En Argentina la persecución a Jones Huala y a las comunidades mapuches tuvo varias idas y vueltas, con un primer juicio de extradición que se declaró nulo por torturas de la policía al testigo principal. Asimismo, el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich presentó el llamado “informe RAM” en donde se criminalizó al pueblo mapuche, asociando a activistas -mapuches y no mapuches pertenecientes a sectores de izquierda y del anarquismo- como terroristas, llegando a hablar de insurrección indigenista. De esa forma se justificó la creación de un Comando Especial por parte de las fuerzas represivas. Además, cabe recordar que en el marco de las protestas por la detención de Jones Huala, Santiago Maldonado resultó víctima de desaparición forzada mientras se solidarizaba con el reclamo del pueblo mapuche.

A pesar del pedido que realizó el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas al Presidente Macri, en septiembre Jones Huala fue extraditado a Chile. Dicho acto de desoír el pedido de la ONU podría ser tomado en cuenta como uno de los atenuantes para la condena, ya que no había sido previamente integrado por la defensa porque no habría contado antes con ella.

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A un año del asesinato, de Rafael Nahuel, que aún está impune,  y mientras su comunidad lo recordaba, volvió a ser reprimida y criminalizada. Una sucesión de abusos de las fuerzas de seguridad avaladas por el Estado y la Justicia en defensa de los terratenientes globales que desconocen la propiedad comunitaria ancestral de los territorios.

El domingo pasado se cumplió el primer aniversario del asesinato de Rafael Nahuel, de 22 años, a manos de Francisco Javier Pintos, integrante del Grupo Albatros de la Prefectura Nacional. Pocos días han pasado del asesinato de Camilo Catrillanca en Chile con el mismo modus operandi: asesinato por la espalda a un hermano mapuche en el seno de su comunidad  por parte de grupos especiales, y el intento desde el poder de instalar un supuesto enfrentamiento.

Aquel 25 de noviembre de 2017, (mismo día en que se realizaba el entierro de Santiago Maldonado, en la provincia de Buenos Aires), las fuerzas de seguridad federales ingresaron al territorio de la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu, -ubicada cerca del Lago Mascardi- torturaron y encarcelaron mujeres y niñxs de la comunidad, y llevaron adelante una cacería con balas de plomo, dejando como saldo dos heridos y la muerte de Rafa. Los Albatros tendieron una emboscada a los mapuches, varios kilómetros más arriba, determinado por una orden de desalojo que dictó el juez anti-mapuche Gustavo Villanueva. Irónicamente, el mismo juez Villanueva,  que estaba como juez subrogante y hasta hace poco a cargo  de la investigación de estos hechos de los que él mismo es responsable.

Patricia Bullrich, los medios, y la habilidad para ocultar la verdad

En los días siguientes a la represión se sucedió la ya conocida estrategia de desinformación por parte de las y los funcionarios estatales -responsables políticos del hecho- en connivencia con los medios de comunicación hegemónicos. Solo pasaron dos días para que la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, junto con el ministro de justicia Germán Garavano, justificaran el accionar de Prefectura en una conferencia de prensa donde aclararon “no tenemos que probar lo que hacen las fuerzas de seguridad en el marco de una tarea emanada de una orden judicial. Le damos a la versión que nos da la Prefectura con carácter de verdad (…) fueron a enfrentarse con un grupo violento”.  Un discurso que luego repetirían reiteradas veces en distintos medios practicando aquella triste máxima de propaganda nazi que la ministra parece haber tomado como propia: “miente, miente, que algo quedará”. El enunciado de una política de estado que quedó estampado en la realidad.

En marzo de 2018, las pericias oficiales confirmarían lo que la comunidad mapuche dijo desde el primer momento: todas las balas fueron disparadas por las fuerzas de seguridad del Estado y las recibieron las y los mapuches.

A Rafa lo mataron de un disparo por la espalda, más precisamente en su glúteo. Fueron -al menos- 114 disparos contra quienes allí resistían, y simplemente defendían su derecho a propiedad comunitaria de la tierra como pueblo preexistente.

Las versiones falaces circularon y lograron su cometido: reforzar la figura del enemigo interno, que tan fácil prende en el sentido común de una sociedad fuertemente racista. Enseguida, sin pruebas, se señala como culpable a un grupo de mapuches, pobres, que se deciden a pelear por sus derechos. Y vale recordar, que esos mismos derechos son reconocidos en la Constitución Nacional en el artículo 75 inciso 17, pero esto no parecen reconocerlo quienes desde sus mesas de verborragia televisiva hablarían impunemente de “usurpación”, como habitualmente lo hacen en relación a este tipo de conflictos.

Un discurso instalado que beneficia a los grandes terratenientes, amigos y aliados del gobierno, que quieren liberar sus territorios de esos que llaman “intrusos” porque limitan el uso y abuso de esas tierras.

Lautaro González y Fausto Jones Huala de testigos clave a imputados

Elízabeth Loncopan, vocera de Fausto y Lautaro, el pasado lunes fue entrevistada por Radio La Retaguardia*.

“Lautaro y Fausto son continuamente sometidos a una judicialización sistemática.  Hoy imputados por resistencia a la autoridad y usurpación dentro de la misma causa donde se investiga el asesinato de Rafa. Es importante dejar en claro que ellos no sólo bajaron el cuerpo de Rafael hasta la ruta 40, tratando de auxiliarlo, sino que son sobrevivientes y principales testigos de la emboscada sufrida aquel día por parte del Grupo Albatros. Al llegar a la ruta, fueron detenidos, y a partir de ahí comienza la persecución judicial que hoy les imposibilita ser testigos en la causa.”

“Fueron excarcelados 4 días después y el 15 de mayo se les revocó la excarcelación por una orden de la Cámara de Casación que pretende acusarlos por otro delito: atentado al orden constitucional.  A los pocos días sale la orden de detención. A pesar de los reiterados pedidos de excarcelación en junio la Corte Suuprema lo rechazó”.

“La fiscal a cargo de la causa introduce un nuevo elemento en la causa: tenencia de arma, aunque no haya ninguna prueba de esto. El 10 de agosto se les dicta una nueva orden de captura, y días después se les suspende la defensa. Posteriormente se pide nuevamente la pericia sobre las ropas de Rafael, Lautaro y Fausto, para constatar si habían restos de pólvora, y se volvió a probar que los mapuches no portaban armas.” Y prosiguió: “ellos no decidieron darse a la clandestinidad sino que fueron obligados por las presiones que les impusieron tanto jurídicamente como políticamente. Esperamos que las comunidades, las organizaciones sociales y de derechos humanos tomen una postura necesariamente política y salgan a defenderlos.  Ellos son quienes pueden decir lo que pasó durante esa emboscada y pueden decir quienes dispararon además de Pintos (que ya está probado) pero también hay 6 Albatros que intervinieron y cuyos roles no están definidos, hoy están llamados solamente como testigos”, concluyó Loncopan. Hace dos días, y estando ya a días del comienzo del juicio a Facundo Jones Huala en Chile, Interpol libró un alerta roja como pedido de captura para Lautaro y Fausto”.

Actividades en reclamo de justicia, y más represión como respuesta

Los días 25 y 26 se llevaron a cabo distintas actividades en el país reclamando justicia para Rafael Nahuel. Una forma de darle visibilidad al caso, pero también de encuentro entre organizaciones sociales, originarias, culturales; y para darse newen (fuerza) ante un contexto político cada vez más hostil hacia los sectores oprimidos.

En Buenos Aires también el domingo se realizó una actividad en Parque Los Andes que incluyó un Palin Weichan (juego tradicional mapuche), ceremonia-encuentro político y social de las organizaciones, colectivos y personas allí presentes, mizawün (almuerzo compartido), radio abierta, muestra fotográfica y panel sobre el genocidio en los territorios. Irma Caupan del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir nos dijo que, “hoy estamos recordando el asesinato, el fusilamiento de nuestro lamien Rafael Nahuel. En el recordamos a todos los lamien que han ido desapareciendo que siguen siendo oprimidos a lo largo de todo el territorio, por este sistema que nos sigue aniquilando y que va profundizando a un lado y otro de la cordillera un genocidio sistematico. Este es un dia de lucha resistencia y sobre todo de seguir proponiendo la vida, a pesar de la impunidad que castiga a nuestros pueblos originario. Nos reunimos acá hasta las 18 hs y mañana en el monumento del genocida roca, para seguir sosteniendo la memoria, nos reunimos a las 17 hs. como una manera de no olvidar pero si de seguir haciendo propuestas ante un Estado que nos quiere desaparecer, que nos aniquila y nos sigue hostigando permanentemente”

Patagonia

Este lunes 26 en Bariloche, familiares y amigos de Rafael Nahuel junto con integrantes de distintas comunidades marcharon reclamando por acciones judiciales concretas que determinen responsabilidades y condenas, por el asesinato que ya lleva un año en plena impunidad. El Cabo Pintos, prefecto cuyo disparo terminó con la vida de Rafa aún no está procesado.  El juez a cargo de la causa se negó a un pedido de reunión, lo que representa un nuevo acto de ninguneo y desprecio del Estado hacia la familia.

Una vez más, cuando las y los integrantes de la comunidad presentes comenzaron a desconcentrarse, integrantes de las fuerzas federales comenzaron a perseguir y detener manifestantes, entre ellos tres menores de edad, con una mujer que se encontraba herida y también detenida. Además también fueron amedrentados y cercados por las fuerzas federales la madre, el padre y el hermano de Rafael Nahuel. Esta acción de amenaza y represión también se repitió en el día de ayer. La presencia e insistencia de la comunidad logró el excarcelamiento de la mayoría de las y los detenidos.

En Esquel también hubo una marcha hacia el juzgado de la ciudad, en donde participaron distintas organizaciones como las comunidades Lago Rosario, Gualjaina, Costa de Lepa, Pillan Mawisa, Vuelta del Río, Lof Cushamen, APDH,  No A la Mina, docentes y estudiantes, que entregaron una carta al célebre juez Otranto, conocido por entorpecer la causa de la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado.

Mapuche significa en lengua Mapudungún “gente de la tierra”. Sus poblaciones que viven principalmente en el sur de Chile y suroeste de Argentina constituyen una comunidad lingüística, cultural e histórica. La comunidad mapuche lucha desde hace mucho tiempo por recuperar las tierras que les fueron arrebatadas con engaños y violencia.

La potencia de los hechos y sus verdades parece que solo puede ser contrarestada por el ejercicio del poder y de la (in) justicia.

*Radio La Retaguardia 

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¿Cuál será la razón por la cual se busca disciplinar de esta manera a un pequeño grupo de personas que entrega una carta? Y aunque ya la política represiva que lleva adelante Cambiemos, y fundamentalmente la ministra Bullrich, no resulta novedosa, lo cierto es que no se mueve tal cantidad de uniformados en otras actividades en donde participan muchas más personas, ni se actúa con la misma agresividad. El hecho es que se necesita de la construcción de un enemigo interno: quien sea mapuche y defienda su derecho a asumir tal identidad, íntimamente ligada a su cosmovisión y su territorio ancestral. Para el poder, en esa bolsa de enemigo interno, entra quien se solidarice con tal causa.

Pero no es por casualidad que se elige construir tal “monstruo” -sostenido en discursos profundamente racistas- alrededor de las y los mismos. La razón es que esta causa justa resulta una piedra en el zapato de los intereses geopolíticos, económicos, de las empresas trasnacionales que buscan profundizar el saqueo del modelo capitalista, colonial y patriarcal del continente, pero se encuentran con comunidades arraigadas a su identidad, a su cosmovisión, y que entienden que el único camino posible es resistir en la defensa del territorio hasta las últimas consecuencias.

Ayer se cumplieron 7 meses del asesinato de Rafael Nahuel en manos de prefectura, en la feroz represión que hubo en el marco de la recuperación del territorio ancestral de Lago Mascardi. Por eso, diversas organizaciones se reunieron a metros de la Plaza de Mayo, en el monumento al genocida Roca como cada 25, para exigir justicia y que sean esclarecidos los hechos que tienen como principales responsables al gobierno nacional.

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Fotos: Pedro Medved @pedromedved

El 15 de junio se cumplieron seis años de la masacre de Curuguaty,  un episodio que marcó la historia del Paraguay,  y anticipó un rumbo en la región. Una injjusta condena contra 6 campesinas y campesinos.  La fecha  se recordó con una vigilia frente a la Embajada de Paraguay, en la CABA. Desde Argentina gritamos: “Justicia, Tierra y Libertad”.

Cronica de la vigilia

En la noche del pasado jueves, una decena de activistas, periodistas, artistas, y militantes por los derechos humanos, concentramos en la embajada de Paraguay en Buenos Aires, Argentina. Una vigilia para mantener vivo el reclamo por justicia,  se realizó en la noche del jueves pasado hasta las cero horas del viernes, por uno de los hechos más aberrantes de la historia reciente del Paraguay,  que dejó un saldo de 11 campesinas y campesinos  asesinados, mientras que los sobrevivientes inocentes fueron condenados. “Por los muertos de Curuguaty, clamamos la inocencia de Dolores López, Fani Olmedo, Lucía Agüero, Alcides Ramírez, Felipe Benítez, Adalberto Castro, Juan Carlos Tillería, Arnaldo Quintana, Luis Olmedo, Néstor Castro y Rubén Villalba”.

En el marco de la vigilia convocada por el Movimiento 138 (integrado por militantes paraguayos residentes en argentina) se realizaron distintas actividades, en las que participamos niños, niñas,  mujeres y hombres de distintas generaciones. El frío, que cada año acompaña la fecha, no fue impedimento para poner el cuerpo. Los cocidos (infusión de mate típica)calientes y compañeros, acompañaron desde temprano,  a quienes fuimos llegando. Desde lejos se distinguía el lugar  por las banderas, inscripciones, fotografías colgadas, junto al altar armado con frutas, verduras, velas e imágenes de las y los campesinos, al tiempo que eramos escoltados por tres patrulleros y decenas de policías que estaban apostados de manera provocadora.

La apertura de la actividad tuvo un carácter didáctico y participativo. La propuesta consistía en hacer el ejercicio de ubicar cronológicamente los distintos sucesos políticos que rodearon al caso. Con esa construcción colectiva se fue trazando una línea histórica a partir del relato de las y los participantes. A continuación, otra actividad consistió en descubrir, a partir de palabras sueltas, una frase: “Curuguaty es una herida abierta en el corazón de América Latina”. Las actividades estuvieron dirigidas a poner en relevancia la necesidad de recuperar la  memoria histórica de los pueblos respecto al hecho que marcó la avanzada neoliberal en nuestro continente. Un hecho que perdura hasta el día de hoy y que fue el primero de una seguidilla de golpes de estado institucionales de una derecha que en Latinoamérica busca reinstalarse tras algunos años de gobiernos progresistas.

Una actividad que continuó con un encendido de velas que conformaban un número “6” ubicadas sobre el pavimento de la calle Las Heras, en la puerta misma de la embajada. Alumbrados por las velas se conformó el fogón, que con música y poesía popular para evocar al campesinado que lucha por la tierra y al pueblo paraguayo y latinoamericano en su conjunto: canto guaraní con guitarras, melódicas y percusion al compás de las palmas y la arenga de los presentes. Frente al altar con dos grandes inscripciones: “ libertad a los campesinos paraguayos” y “¿qué pasó en Curuguaty?”se ofrendaron velas encendidas y flores de distintos colores.

Hacia el final de la vigilia se leyó un comunicado al que adhirieron distintas organizaciones populares, organismos de derechos humanos (entre ellos Madres Línea Fundadora) organizaciones campesinas y de mujeres, de distintos territorios de Latinoamérica y de Europa,  que finalizó al grito: “libertad a los 6 campesinos presos políticos”.

Las intenciones de las y los  presentes tiñeron la noche de esperanza al igual que el verde esperanza del pañuelo de las compañeras presentes, que ese día consiguieron la media sanción a la ley por el aborto legal, seguro y gratuito. Verde esperanza como el color de la hierba fresca, viva, que se podía apreciar en las imágenes de aquellas tierras de Curuguaty. A más de mil kilómetros, las hijas e hijos de aquellas tierras continúan sembrando la rebeldía y la memoria necesaria que harán germinar la tan ansiada justicia.

Justicia, Tierra y Libertad

En el comunicado por Tierra, Justicia y Libertad, se pone de relieve la situación actual de injusticia continuada que vive el pueblo paraguayo y la historia de la masacre.

La masacre ocurrió en el año 2012 en las tierras de Marina Kue (Curuguaty) una situación que de violencia donde se intenta despojar de las tierras a las y los campesinos organizados en un asentamiento. Las familias de campesinos que se predispusieron a resistir una vez más los desalojos, que esta vez se produjeron en una situación de máxima violencia, dirigido por un Grupo Especial de Operaciones, que luego les impidió hasta socorrer a sus heridos y sus muertos.

Paraguay es quizas el mayor emblema a nivel regional de la injusta distribución de la tierra, donde un 3 % es propietaria del 85% de las tierras. Muchas de estas tierras, que correspondían a la reforma agraria, están en manos de grandes empresarios agrícolas que las obtuvieron ilegalmente beneficiados por la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989).

La Masacre de Curuguaty, que dejo un saldo de 11 campesinos y 6 policías muertos, se dio en un proceso que días después, el 22 de junio, culminó con el golpe de Estado al entonces presidente Fernando Lugo, y que le permitió al gran capital sojero dar un mayor impulso a la concentración de la tierra y seguir condenando a todo aquel que se le enfrente.

Una trama de criminalización en la que participaron jueces y fiscales, a quienes se puede identificar con nombre y apellido,  son juzgados las y los campesinos por el asesinato de 6 policías y no hay ningún responsable imputado por los 11 campesinos asesinados. Con un proceso judicial plagado de irregularidades donde testificaron los propios uniformados se condenó injustamente a las y los campesinos: Dolores López, Fani Olmedo, Lucía Agüero, Alcides Ramírez, Felipe Benítez, Adalberto Castro, Juan Carlos Tillería, Arnaldo Quintana, Luis Olmedo, Néstor Castro y Rubén Villalba.

Luego de la masacre y la criminalización de las y los campesinos, se produjo la destitución del presidente Fernando Lugo y la asumió de manera temporal Federico Franco, quien procedió a habilitar la semilla transgénica de Monsanto y dar concesiones a empresas Estadounidenses como Dahava Petróleos. De la mano del  presidente Horacio Cartes, el modelo extractivista se profundizó con leyes privatistas como la de Alianza Público-Privada, la ley de Seguridad Interna, permitiendo usar a las Fuerzas Armadas, sin la aprobación del Congreso, para militarizar más el país con el apoyo de la Asociación Rural de Paraguay.

“Cada 15 de junio, desde el año 2012, es momento de Memoria para el pueblo paraguayo en compañía de las y los hermanos de América Latina. Es un momento donde renovamos nuestro compromiso de no resignación frente a la injusticia. Por los que no están, por los que faltan, por los que sufren encierro y por los que vendrán, desde Argentina  gritamos: JUSTICIA, TIERRA Y LIBERTAD”.

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Al grito de “Alen presente, hoy y siempre” y “queremos justicia”, los y las manifestantes expresaron su rechazo a la decisión que en los últimos días tomó el juez Miguel Gaimaro Pozzi de otorgarle domiciliaria a Diego Maldonado, el femicida de Alen, . La causa, caratulada como “abandono de persona seguido de muerte”, deja entrever la ideología patriarcal y retrógrada de un juzgado que se niega a reconocer el evidente carácter femicida del accionar de Maldonado.

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