La Caravana trabaja en cinco comisiones (Derechos Humanos, Género, Salud, Cultura, y Comunicaciones) y realiza un informe acerca de cinco territorios (Antioquia, Bolívar, Arauca, Chocó y Cauca) declarados en crisis humanitaria.

Este miércoles 14 de agosto, la Caravana se encontró con la comunidad indígena de Catrú, perteneciente al pueblo Embera. El intercambio con este pueblo, cuyo nombre significa “gente del río”, estuvo marcado con danza tradicional, atuendos de colores y tatuajes de jagua. Al momento de iniciar el trabajo de las comisiones, en materia de salud se atendieron casos, mayoritariamente, asociados a infecciones que se presentan por la contaminación del río Baudó. El principal medio no solo de comunicación sino de subsistencia de los embera.

La mayoría de los liderazgos en Catrú demostraron miedo al momento de referirse a los actores armados y el fenómenos del paramilitarismo, ya que se limitaron a enunciar este fenómeno como el “conflicto armado”. La comisión de género contó con una armonización de tejido de collares para luego conversar acerca de las violencias en medio de la crisis humanitaria.

Pese a todo lo anterior, la mayoría de indígenas conservan su lengua, danzas y música.

En el departamento Arauca, más de mil personas celebraron el 10 de agosto del reconocimiento gubernamental a los Territorios Campesinos Agroalimentarios (TECAM). Dicho acto político, realizado en el municipio Fortul, destacó esta forma de territorialidad campesina, ahora reconocida por el gobierno del presidente Gustavo Petro a través del Decreto Presidencial 0780. El acto político estuvo protagonizado por comunidades campesinas, y la Caravana estuvo allí. En efecto, la misión humanitaria no solo registra información acerca de las violaciones a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario sino también las propuestas que tienen las comunidades para vivir dignamente en el marco del conflicto armado.

El próximo 23 de agosto en la ciudad de Cali la Caravana entregará públicamente un informe preliminar con sus hallazgos. La Iglesia católica y parlamentarios recibirán oficialmente el documento.

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Por Huitaca

Eran las cuatro de la tarde del 12 de septiembre, llegaba al plantón artístico que se había convocado frente al Consulado de Colombia en Buenos Aires en protesta a la brutalidad policial y la grave situación de Derechos Humanos que había vivido Colombia los días 9 y 10 de septiembre, en los que la Policía Nacional de Colombia masacró 16 jóvenes en la ciudad de Bogotá con disparos indiscriminados y torturas, y ocultado los nombres de sus chaquetas. Hoy las manifestaciones y la crítica situación continúan.

Vallas negras por todos lados. El consulado estaba completamente vallado, éramos pocxs aún y había más de 40 policias enfrente, grabando y mirando fijamente. Cerca de 20 policias, en dos tandas, entraron amenazantes al interior del vallado. Vehículos antidisturbios y camiones hidrantes antimotines en las cuadras aledañas al Consulado.

Era clara la intención intimidadora y amenazante de tan desmedida presencia de policías frente a jovenxs que no llevábamos más que pinturas y carteles en nuestras mochilas. Pude sentir en mi cuerpo la vulnerabilidad de estar frente a tan aterrador desbalance de fuerzas y que, si así lo quisieran, podrían actuar sobre nuestros cuerpos con toda la brutalidad e impunidad posibles, porque legalmente están habilitados para ello. Por un segundo sentí el inmenso vacío de que esto era lo más cerca que podíamos estar de sentir la angustiante situación que vivian nuestrxs hermanxs en Colombia: asesinatos, torturas, violaciones y desapariciones a manos de la Policía Nacional. Nuestros hermanxs allá incendiaron comisarías de policía (CAI) y se defendieron con piedras; pero esto jamás se compara con el uso de la violencia por parte de la policía que cuenta no solo con armas letales y no letales, ciberespionaje y tecnologías; sino con armas legales, mediáticas y políticas que les da legitimidad para decidir qué personas merecen vivir y cuáles no…y cómo debe arrancárseles la vida.

Esas vallas negras como la muerte y sus guardianes de la impunidad nos amputaban un derecho constitucional: el derecho a la protesta. Nunca se había visto que ese lugar que debe darnos amparo en el exterior fuese el mismo que hoy nos impedía ejercer nuestro legítimo derecho a la protesta. El silenciamiento de nuestras voces como pueblo era contundente, aquí o en Colombia.  

Pero como los derechos no sólo se exigen, sino que se ejercen –nos habiliten o no para ello-, decidimos permanecer y realizar la instalación artística de denuncia que habíamos planeado. Pese a que pensamos en trasladarnos al Obelisco por la clara intimidación, decidimos que unxs compañrxs hablaran con la policía y les comentaran lo que realizaríamos allí y que lo haríamos por nuestro legítimo derecho a la protesta, siendo que es el Consulado la única institución que nos representa en el exterior y que esta acción no tenía porqué llevarse a cabo en otro lugar.
Afortunadamente recibimos una respuesta positiva y la posibilidad de cortar dos carriles de la 9 de Julio, pese a que durante todo el evento la policía y sus camiones estuvieron presentes, filmando y casi encima nuestro.

“Protestar es un peligro”, leí de un cartel que sacaban de una mochila y lo extendían en el piso. Y eso cerró mi idea: Ejercer un derecho constitucional es un peligro.
Cada vez fuimos siendo más y decidimos amucharnos, apañarnos y abrazarnos con risas, pintura, colores y conversaciones que llenaban de sentido y contención todo lo que ocurría en nuestro territorio. De repente el miedo se había convertido en resistencia, esa resistencia que es solidaridad, que es arte, que es pensamiento crítico y organización colectiva. De repente me sentí fuerte porque eramos muchxs; no tanto como ellos (los policías); pero sí un puñado suficiente como para sentir que había vida y color entre tanta oscuridad.

 Recordaba a Kropotkin en su teoría de la evolución – tan silenciada por la historia y en las escuelas-, en la que quien triunfa no es por la “ley del más fuerte” –como nos enseñó el Darwinismo-; sino que quienes triunfan son aquellxs que se dan apoyo mutuo, aquellxs que encuentran la fuerza en el calor de lo colectivo.

Habían cartones por todo el suelo, marcadores, pinturas, palabras, pies, carteles, memoria, latido, lápices, resistencia, telas, manos, sonrisas, dolor colectivo, algunos desgarros e impotencia que pronto eran abrazados por una voz amiga. Estaban Javier, julieth, Andrés, Jaider, Fredy, Germán, Julián, Angie, Cristian, Lorwan, Gabriel, Maria del Carmen, Eidier y demás compañerxs asesinadxs que ahora vivían en cada cartel con su nombre, en cada frase que buscaba denunciar, en cada lágrima y en cada palabra que buscaba justicia social. También estaban allí nuestrxs lideresas y líderes sociales marcándonos el camino, estaba la Madre Tierra bajo el asfalto con su ríos subterráneos, recordándonos que son seres vivos, sujetos de derecho y que viven un terricidio … Pero y, sobretodo, que ¡Vencerá la vida!

Pronto, en esas vallas negras de muerte, levantamos otra historia, la hicimos propia y ahora estaba llena de colores y denuncia, dolor y memoria. Ya no era más esa valla muda que conjuraba el olvido. Estaban allí los nombres de los responsables políticos de esta masacre, que en vez de pedirle a la policía que la detenga, han militarizado el país y han aplaudido con complicidad el sanguinario actuar de sus “héroes de la patria”: El presidente Iván Duque, el Ministro de Defensa Carlos Holmes y el general de la Policía Óscar Atehortua. Estaban allí las exigencias claras por Verdad, Justicia y reforma estructural de la Policía Nacional de Colombia. Exigencias claras de una justicia que no se centre únicamente en culpables individuales, sino que reconozca la responsabilidad institucional y política de la tragedia que actualmente vivimos.

Llegada la noche, empezamos a prender velas y hacerles casita con el cuerpo, para que el viento no las apagara… como quien protege con toda su fuerza la fragilidad de la vida. En este contexto no estamos como para descuidarnos y permitir que de un soplo nos arranquen más hermanxs.

Colocamos zapatos entre las velas, que no sólo nos mostraban los sueños truncados por la muerte, sino que nos mostraban por dónde caminar y a no permitir que nos arrebaten la esperanza de otro mundo posible.

Empezó la asamblea. Empezó a circular la palabra. ¡Ni un minuto más de silencio!, nuestrxs muertxs no necesitan minutos de silencio, porque es el que ha gobernado al país por décadas; sino que necesitan que gritemos, que hablemos, que no callemos nunca más ante la injusticia, aunque nos persigan, aunque nos monten falsos positivos judiciales, aunque criminalicen nuestras protestas y tilden de guerrillerx a cualquiera que se atreva a defender los Derechos Humanos. Aunque cada familia, desde sus privilegios y desde la comodidad de su casa, consuma las mentiras de los medios de comunicación y nos tilde de “vándalxs”, financiadxs por guerrillas y grupos extranjeros extremistas y cualquier otra sarta de viejas y re-encauchadas mentiras, que buscan evadir la responsabilidad de los policías y justificar sus actos violentos; así como desviar la mirada de las razones estructurales e históricas por las que se gestaron legítimamente las protestas.

¡No nos callamos más! y manifestamos que esta masacre se da en el marco de una agudización de la violencia política armada en el país –principalmente en los territorios-, de la persecución al pensamiento crítico, los movimientos sociales y de defensa de los DDHH a través de las armas –masacres y asesinatos- y por vías legales –montajes judiciales-; porque el objetivo es exterminar todo pensamiento que se oponga a sus intereses políticos y económicos, y a todo aquel que cuestione sus instituciones de muerte a través de las cuales ejerce el control de los cuerpos –policía, ESMAD, ejército y paramilitarismo-.

Ya contamos con más de 55 masacres en lo que va del año y más de 1000 líderes y lideresas sociales asesinadxs desde las firma del acuerdo de paz en 2016. Agudizándose con la falta de garantías e incumplimiento de los acuerdos de paz por parte del presidente Iván Duque, sucesor de Uribe -quien se encuentra en prisión preventiva y a quien se le vincula con paramilitarismo-.

Ni en Colombia ni en Nuestramérica (Abya Yala) gobierna el Estado: gobierna el mercado financiero. Gobierna el capital. Las vidas deben subordinarse al mercado, a la acumulación de ganancias en manos de unxs pocxs. La vida se terceriza para explotar los territorios, meter mineras, extractivismo, financiar banqueros, semillas transgénicas, exprimir al campesinado y condenarlo a la pobreza con los TLC, entregar el país a multinacionales al precio de desalojar comunidades indígenas, afro y campesinas; se nos restan derechos sociales para pagar deudas con el FMI y el Banco Mundial, que se entrometen en la creación de políticas públicas para que la cúpula empresarial salga siempre victoriosa y el pueblo empobrecido.

Las violaciones de los Derechos Humanos son connaturales al sistema del capital, porque necesita violarlos para poder ponerse en marcha.

Esta es una realidad para muchos territorios de Nuestramérica y del mundo, por lo cual las violaciones a los Derechos Humanos por parte de las fuerzas públicas y armadas (policía y ejército) son un común denominador, pues obedecen y existen para defender lxs intereses de lxs poderosx, los intereses del capital y deben acabar con todo aquel que pueda oponerse a ello y se les encubrirá a toda costa.

Colombia es de los únicos países que tiene Fuero Penal Militar para la policía; es decir, los actos atroces serán juzgados por la misma policía, lo que da vía al encubrimiento y a la impunidad constitucional –además de otras excepciones legales de las que gozan-. Además, es también de los únicos países en el que la policía está habilitada para portar armas de fuego de largo alcance y armamento pesado; por lo que claramente no está para contener sino para atacar.

Por todo lo anterior, exigimos que la Policía Nacional de Colombia debe ser reformada estructuralmente, pues la masacre perpetuada, y los demás actos realizados en su historia, apuntan a que esto no se resuelve con la lógica simplista de buscar únicamente a los culpables individuales; sino que debe señalarse la responsabilidad como institución y el imperativo de que debe ser reformada para que esta tragedia no vuelva a ocurrir. Además de que se debe juzgar la responsabilidad política de estas decisiones, de los ya nombrados Iván Duque, Carlos Holmes y Oscar Atehortua; porque su actuar no obedece más que al accionar de un estado totalitario, semejante a una dictadura, a un estado policial, rompiendo el Estado Social de Derecho.

En ese sentido, es necesaria e imperativa una lucha internacionalista, una solidaridad y fortalecimiento entre las luchas de los distintos territorios, para pensarnos en conjunto formas distintas de desarrollo, junto a las voces sabias del Buen Vivir de nuestrxs hermanxs de los pueblos originarios; para pensarnos territorios autónomos, en ejercicio del autogobierno, en reconocimiento de sus justicias autónomas y restaurativas… para pensarnos territorios con justicia social.

 Invitamos a organizaciones y movimientos sociales a ejercer presión internacional para que en Colombia se detenga tan abrumadora violación de los Derechos Humanos.
Este lunes 21 de Septiembre tendrá lugar el gran Paro Nacional en Colombia, que pese a la clara necesidad de infundir miedo con la brutalidad asesina de la policía durante esta semana previa, no lograrán callarnos un segundo más, porque: Si igual nos van a matar, que sea luchando. Hemos perdido el miedo y ¡Por cada muertx nos hemos multiplicado!

¡Reforma estructural a la policía YA!
¡Juicio a los responsables políticos!
¡No habrá Paz sin justicia social!
¡Vencerá la vida!

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Por Eduardo Giordano | Fotos: Luis Carlos Ayala

La historia de las masacres de población civil en Colombia es de larga data y está muy bien documentada. Desde hace décadas se extermina de forma sistemática a quien se interponga a los grupos paramilitares en su estrategia de ocupación del territorio. También se llevó a cabo el genocidio de toda una fuerza política, la izquierdista Unión Patriótica, con más de 4.000 militantes asesinados por paramilitares. Hubo también masacres causadas por la guerrilla en su disputa con los grupos paramilitares por el control del territorio. Y el Ejército ha eliminado de forma aleatoria a una parte de la juventud rural, como se ha documentado en las masacres de los llamados “falsos positivos”, civiles sin ningún nexo político, fusilados por el ejército para abultar la cifra de “guerrilleros” exterminados en supuestos enfrentamientos.

Otras masacres y asesinatos son más recientes, posteriores al proceso de paz con las FARC. En estos casos, la desmovilización de la guerrilla no fue acompañada por la presencia del estado en el territorio, lo que permitió el avance de las llamadas autodefensas (grupos paramilitares financiados por terratenientes y narcotraficantes) que están asesinando de forma sistemática a los ex miembros de la guerrilla que dejaron las armas y se integraron a la vida política. Estos asesinatos selectivos ya alcanzaron a 200 ex miembros de las FARC desde 2016, la mayor parte durante el actual gobierno de Iván Duque. A los que se suman más de 500 dirigentes sociales asesinados. Los grupos paramilitares siguen avanzando en la ocupación del territorio y ya tienen presencia en el 90 % del país.

El plan Colombia y la militarización

Han transcurrido más de dos décadas desde que se lanzó el llamado Plan Colombia (2000), que dio impulso a un terrorismo de estado preexistente, pero que pasó a ser instigado, armado y arropado políticamente por Estados Unidos. Este plan, diseñado supuestamente para acabar con el narcotráfico, supuso una enorme inversión de 11.000 millones de dólares del gobierno estadounidense en equipamiento y entrenamiento de las fuerzas armadas colombianas, con el fin real de capacitarlas en contrainsurgencia para acabar con la guerrilla. Colombia se ha convertido desde entonces en el tercer receptor mundial de ayuda militar de Estados Unidos, después de Israel y Egipto, y en su territorio se instalaron nueve bases militares estadounidenses. Colombia también fue el primer país latinoamericano que estableció una relación oficial con la OTAN, en 2008, con acuerdos de colaboración en cuestiones de seguridad marítima, narcotráfico y -paradójicamente- sus vínculos con organizaciones criminales.

El ex presidente Álvaro Uribe, que llegó al gobierno en 2002, fue el principal artífice de la estrategia antisubversiva alentada desde Washington por el no menos belicista presidente George W. Bush, que sumó así un frente americano a su guerra contra el terror. Pero a pesar de tanto apoyo exterior, el plan Colombia no consiguió la derrota de la insurgencia, que recién abandonó las armas tras el proceso de paz negociado en La Habana con el gobierno de Juan Manuel Santos, ex ministro de Defensa de Uribe.

En el transcurso de las conversaciones de paz con la guerrilla, Uribe quiso imponer sus condiciones al gobierno de Santos, que equivalían a exigir el reconocimiento de una derrota de las fuerzas insurgentes. Santos se mantuvo firme en defender los acuerdos ya firmados con los dirigentes de las FARC, y Uribe forzó la convocatoria de un plebiscito en 2016, lideró la campaña por el “NO” y consiguió ganarlo por estrecho margen de votos. Un amplio sector de la sociedad colombiana decidió votar entonces por la opción política que representaba continuar la guerra bajo el disfraz de la Seguridad.

La aceleración de las masacres

Iván Duque, el candidato del Centro Democrático impulsado por Uribe para reagrupar a las derechas tradicionales, ganó las elecciones presidenciales de 2018. Estas elecciones fueron muy disputadas por el empuje del principal candidato de la izquierda, Gustavo Petro, de Colombia Humana. Petro ganó en primera vuelta, pero perdió frente a la coalición de la derecha en la elección final. Aun así, el ascenso electoral de la izquierda incentivó el accionar de los escuadrones de la muerte, que tras el ascenso de Duque reanudaron las masacres y se reactivó la disputa por el control del territorio.

Las masacres fueron habituales en Colombia durante la década de 2000. En 2010 se notificaron 38 masacres. En años posteriores este número fue decreciendo, hasta llegar por única vez a cero en 2016, año de la firma de los acuerdos de paz y del plebiscito que los impugnó. A partir de entonces los asesinatos en masa vuelven a remontar año tras año, con un gran incremento durante los dos años de gobierno de Iván Duque.

El escritor y actual senador Gustavo Bolívar, aliado político de Colombia Humana (sin pasado en ninguna guerrilla), resume así la escalada del terrorismo de estado durante lo que va del gobierno de Iván Duque. En los primeros seis meses “fueron asesinados 46 indígenas, 106 líderes sociales y más de 50 excombatientes de las FARC y se perpetraron 29 masacres […] En 2019 hubo 29 masacres […] También fueron asesinados 66 indígenas. En 2020 han asesinado 128 líderes sociales y se han cometido 43 masacres. A hoy, 22 de agosto de 2020, desde la posesión de Iván Duque, han sido asesinados 435 líderes sociales, 197 indígenas y 197 excombatientes de las FARC”. Se han perpetrado 105 masacres, tres en las últimas 24 horas”.¹

Escalofriante. No hay que perder esta perspectiva para entender lo que ocurre ahora, en medio de la pandemia, donde todas las poblaciones rurales están confinadas por razones de salud y los únicos que campan a sus anchas son los grupos irregulares armados.

La comunicación gubernamental sobre supuestos causantes de las masacres se refiere siempre a “disidencias de las FARC”, “miembros del ELN” o “narcos”. En el caso de una reciente masacre en Samaniego, una localidad de valor estratégico para las fuerzas irregulares, se intentó burdamente simular la autoría del ELN mediante pintadas en su nombre que amenazaban con matar a la gente por no respetar la cuarentena. Algunos medios alegaron que, a falta de autoridad del estado en el territorio, los grupos rebeldes se tomaban estas prerrogativas. La organización guerrillera desmintió su autoría de la matanza.

Ni siquiera el Ejército colombiano atribuye estas matanzas a las guerrillas izquierdistas. El ministro de Defensa, general Carlos Holmes, afirma que el principal enemigo de la paz es el narcotráfico, al que señala como culpable de las recientes masacres. Lo dijo como si no hubiera ninguna relación entre las bandas paramilitares y los narcos. Después de culpar genéricamente al narcotráfico el general Holmes anunció que como respuesta a las masacres el ejército está listo para retomar la fumigación aérea con glifosato de los cultivos de coca. Esta es una práctica devastadora que empezó en 2001, con el Plan Colombia, y que en 2015 fue interrumpida durante el gobierno de Santos, ante informes contrarios de la OMS que pidió su suspensión; la veda se mantuvo tras un dictamen de la Corte Constitucional de 2017. Además, la fumigación aérea está contraindicada en los acuerdos de paz. Pero la amenaza de las fumigaciones volvió con el gobierno de Duque. Su ministro de Defensa asegura que ante la multiplicación de las masacres “hay que considerar la aspersión como un asunto de seguridad nacional”. Y aclara: “En las condiciones de hoy, reiniciar la aspersión aérea es absolutamente indispensable porque su reiniciación tendrá además un resultado positivo en este asunto de los homicidios colectivos que tienen indignado al país”.²

Mientras tanto las comunidades indígenas, que ya sufren desplazamientos y el despojo de sus tierras por efecto de la violencia, consideran que con el glifosato se abren las puertas a la guerra y a la muerte. Miladi Morales, del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), asegura: “La política antidrogas en Colombia ha fracasado, y muestra de ello son las falencias en la implementación del punto cuatro del Acuerdo de Paz. Las fumigaciones lo que hacen es profundizar las problemáticas ya existentes en los territorios”.

Así pues, la población pide auxilio al gobierno ante las masacres que cometen criminales con ramificaciones en las fuerzas armadas, y la solución que brinda el ejército consiste en sofocar desde el aire con glifosato a esa población campesina, envenenando sus tierras y sus fuentes de agua, poniendo en riesgo su seguridad alimentaria.

El trasfondo actual de la violencia

El ahora ex senador Álvaro Uribe está en el foco de todas las miradas por la ola de masacres que sacude al país. No en vano se fueron acrecentando las sospechas de su implicación en el desarrollo de esas bandas criminales. Las desgracias de Uribe empezaron en 2014, durante un debate en el Congreso, cuando el senador Iván Cepeda (del Polo Democrático Alternativo) lo acusó de haber fundado, junto a su hermano Santiago Uribe, una rama de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), uno de los grupos paramilitares más temibles. Uribe inició un juicio contra el senador opositor, acusándolo de haber comprado el testimonio de miembros de grupos paramilitares que estaban en la cárcel. Pero en 2018 Cepeda fue absuelto y el acusador pasó a ser investigado por el mismo tribunal, tras comprobarse que su abogado sí había comprado la retractación de algunos paramilitares detenidos. La Corte Suprema abrió una investigación formal contra Uribe por manipulación de testigos, soborno y fraude procesal. El 4 de agosto quedó en prisión domiciliaria, si bien confortablemente alojado en una finca de su propiedad de 1.500 hectáreas en Antioquia. El mensaje de Uribe para sus seguidores consistió en proclamar que la Corte Suprema de Justicia es ahora una “aliada de las FARC”. A raíz de este episodio, los uribistas iniciaron una campaña para reformar la Constitución colombiana con el fin de controlar mejor el poder judicial.

La situación judicial de Álvaro Uribe se agravó dos semanas más tarde. El 23 de agosto la Corte Suprema retomó otra causa iniciada en su contra en 2000 y que permanecía congelada. En esta segunda causa se lo acusa entre otros cargos de inacción ante las matanzas cometidas por paramilitares en 1997, cuando era gobernador de Antioquia.³ El jefe político de la extrema derecha colombiana deberá responder aquí “por hechos relacionados con los delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado, secuestro, desplazamiento forzado y conexos, declarados como Crímenes de Lesa Humanidad por la Sala de Casación Penal”. Este caso corresponde a una masacre perpetrada por un grupo paramilitar en el municipio de Ituango, pero la Corte anticipa que tiene competencias para tramitar la investigación sobre otras masacres de esa época, cuyos emplazamientos precisa.

Al mismo tiempo, la situación política, sanitaria y de seguridad se complica día a día en Colombia. Aprovechando el momento en que las comunidades están a la defensiva por la covid19 y que la ausencia del estado es mayor de la habitual, los grupos paramilitares e irregulares están perpetrando una escalada de masacres devastadora. El lunes 10 de agosto, dos niños fueron asesinados por paramilitares de las Autodefensas Gaitanistas cuando se desplazaban por zonas rurales de Nariño para ir a la escuela. El martes 11 de agosto cinco niños afrodescendientes aparecieron degollados en las afueras de Cali, en el Valle del Cauca, una de las regiones más castigadas por las bandas criminales. Según el testimonio directo de algunos familiares los asesinos contaron con complicidad policial. Pocos días después, el 15 de agosto, se produjo la matanza de nueve jóvenes universitarios en Nariño, fusilados en el transcurso de una reunión en el exterior de una casa, después de identificarlos. Dos días más tarde fue el asesinato de tres jóvenes de la etnia Awá en Ricaurte (Nariño). Y a los pocos días, el 22 de agosto, se conocieron tres nuevas masacres perpetradas el mismo día: seis jóvenes torturados y asesinados en Tambo (Cauca), cinco muertes más en la zona rural de Arauca y otros seis jóvenes asesinados en Tumaco (Nariño). Más de 30 personas masacradas en menos de dos semanas, y estos son los casos reportados fehacientemente, a los que cabe añadir muchas otras denuncias por desapariciones.

En los días siguientes se notifican nuevas masacres, asesinatos y secuestros: el 23 de agosto tres jóvenes fueron masacrados en Venecia, Antioquia. El 24 de agosto el gobernador de Arauca denunció el secuestro de dos jóvenes abogados, interceptados por varios individuos fuertemente armados. El 25 de agosto aparecen tres hombres masacrados en una zona rural Ábrego, Norte de Santander. El 26 de agosto asesinan a la lideresa social Rita Bayona, de Santa Marta. Y así día a día, metódicamente, la maquinaria siniestra del terror paramilitar va devastando a la población colombiana.

El gobierno de Iván Duque culpa genéricamente de estos hechos al narcotráfico y asegura que llamarlos masacres es inapropiado, se trataría de ‘homicidios colectivos’. Hasta ese punto llega su cinismo. Esta expresión es la que se utiliza en los comunicados oficiales.

A muchos colombianos les parece sospechoso que esta terrible sucesión de masacres se produzca inmediatamente después de decretarse la prisión domiciliaria para el ex presidente Álvaro Uribe por una de las muchas causas en las que está procesado, por sus vínculos con grupos paramilitares, delitos de lesa humanidad y narcotráfico, entre otras imputaciones.

Uribe fue elegido presidente de Colombia en 2002 con gran respaldo popular y ejerció el cargo por dos mandatos consecutivos. Al concluir el segundo mandato siguió liderando su partido y controlando la política colombiana entre bastidores, digitando las candidaturas de sus sucesores a la presidencia, primero de su ex ministro de Defensa Juan Manuel Santos y luego del actual presidente Iván Duque.

El regreso del uribismo en la persona de Duque supuso la cooptación de los organismos del estado y en particular de las fuerzas armadas para un proyecto político opuesto a construir la paz. Alberto Yepes, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos, lo explica en estos términos: “Lo peor que le pudo pasar a las Fuerzas Militares fue haber sido cooptadas por el uribismo […] No podemos esperar que un Gobierno que está comprometido con la reactivación de la guerra y con impedir la implementación del Acuerdo de Paz, le vaya a pedir a las Fuerzas Militares que actúen en contra de sus propios propósitos”. Yepes considera que en las últimas semanas se ha visto “una estrategia por llevar el caos y la violencia a todo el país, para generar una sensación de incertidumbre y de inseguridad” dirigida a “justificar una constituyente, una reforma de la justicia y replantear completamente el orden jurídico establecido”.⁴

Iván Duque se mostró siempre complaciente con su mentor y ahora se muestra indignado con la decisión de la Corte Suprema de dejarlo en prisión domiciliaria. También se sumó a la defensa de Uribe el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, quien reclamó su puesta en libertad defendiéndolo como un “héroe”. Al mismo tiempo, el senador Iván Cepeda denunció haber recibido amenazas de muerte. Así consta en una carta que cuatro parlamentarios alemanes dirigieron al presidente Duque el 25 de agosto: “Las amenazas de muerte contra el senador Cepeda parecen estar directamente relacionadas con la detención y el proceso penal contra el ex presidente Alvaro Uribe”.

Entre tanto, el gobierno colombiano mantiene su negativa a cualquier pacto que favorezca la paz. En respuesta al pedido de Naciones Unidas de cesar todas las hostilidades durante la pandemia, el ELN emitió un comunicado el 7 de julio proponiendo un cese del fuego bilateral durante 90 días. El gobierno de Iván Duque rechazó esta propuesta mediante un mensaje publicado en Twitter.

La naturalización del exterminio social

Durante este mes de agosto y en lo peor de la pandemia, en menos de dos semanas se produjeron en Colombia siete masacres, una cada dos días, en su mayor parte contra población afrodescendiente, indígena y campesina. Alberto Yepes asegura que no hay voluntad del gobierno de desmontar las estructuras paramilitares. Por el contrario, constata que “a lo largo y ancho del país se denuncia por parte de las organizaciones sociales y las comunidades la connivencia que existe entre agentes del Estado y paramilitares”.

Las masacres tienen especial impacto en la población indígena. Entre los más afectados por la violencia están los integrantes de la comunidad Awá, en Nariño. El diariodelsur.com.co indica (en su edición del 20 de agosto) que 14 miembros de esta etnia fueron asesinados en el marco de la pandemia de Covid-19. El diario documenta los asesinatos e informa de atentados contra la vida de otros líderes Awá, incluido un ex gobernador.

La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) lleva registradas hasta 1.200 violaciones de los derechos humanos contra el pueblo Awá en Nariño: “En los dos años de mandato del presidente Duque constatamos con extrema preocupación cómo los grupos armados ilegales han exacerbado la barbarie en contra de las comunidades y en especial contra los pueblos indígenas”. La ONIC ha advertido que estos sucesos ocurren en medio de un conflicto en el que intervienen “quince grupos al margen de la ley”, incluidas las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia, el E-30 Franco Benavides, Los Nuevos Delincuentes, La Gente del Nuevo Orden, Los Contadores, el Clan del Golfo, los Cuyes, los de Sabalo y La Empresa, además de las disidencias de las FARC y el ELN. Todos estos grupos se disputan el territorio y el control sobre los cultivos en las zonas rurales.

Darío Monsalve, arzobispo de Cali, hizo a comienzos de julio una valoración política que produjo una reacción airada en su contra de la jerarquía eclesial. Dijo, entre otras cosas: “Desde los comienzos de la campaña electoral, se sentía un espíritu de venganza contra el Gobierno Santos que vislumbró estos procesos [de paz], un espíritu de venganza contra el pueblo que los acompañaba y, lo más grave, una venganza contra los mismos excombatientes o exguerrilleros de las FARC que se acogieron al proceso. Una venganza genocida para desvertebrar, desmembrar completamente la sociedad, las organizaciones sociales y la democracia en los campos y en los territorios en donde, según se enfoca, tenían o tienen influencia las organizaciones subversivas”.⁵

Darío Monsalve conoce a fondo la sociedad y la política colombianas. Su mirada va más allá de los partidos y diseca las formas de segregación social que adquieren tintes patológicos: “En Colombia persiste una mentalidad -desde los tiempos de Pablo Escobar- de ‘limpieza social’ o de lo que yo he llamado ‘genocidio generacional’ entre los más pobres”. “A los jóvenes que adoptan esa forma de tribus o de pandillas urbanas, la sociedad piensa que no hay salida con ellos y que hay que echarles los ‘escuadrones de la muerte’, porque lo único que queda es matarlos o convertirlos en asesinatos ecológicos o en muertes con sentido social”.

Monsalve sacude la conciencia de los colombianos al insinuar que detrás del respaldo en las urnas brindado a Uribe y a Duque anida el huevo de la serpiente de la complacencia con las masacres: “El país tiene metida una conciencia de asesinatos que en realidad es genocidio”, asegura.

Visibilizar el genocidio

Cuando (una parte de) la sociedad colombiana consiente y a veces alienta los “asesinatos ecológicos”, pocos cambios cabe esperar a corto plazo en la construcción de la paz. Pero el mundo no puede quedarse impávido ante estas atrocidades. Es preciso poner freno a las masacres a través de la presión exterior.

En toda Europa, pero principalmente en España, hubo estos días un penoso apagón informativo sobre las masacres en Colombia, algo que, por otra parte, no es nuevo. Los medios de comunicación parecen estar desinformados al respecto. No debería ser así, porque importantes grupos de comunicación españoles controlan grandes medios de comunicación en Colombia y por tanto tienen acceso directo a estas noticias. La influencia de empresas españolas en los medios de comunicación colombianos de mayor audiencia, como es el caso del grupo PRISA en la cadena Caracol, o del grupo Planeta en el diario El Tiempo, sugiere que la información / desinformación que ofrecen esos medios pasa siempre por el tamiz de los intereses de las grandes empresas españolas que los controlan. Hay sin embargo una indiferencia absoluta por lo que ocurre en Colombia en la prensa, la radio y la televisión españolas, cuyas únicas coberturas del exterior fueron en estos días las marchas opositoras en Bielorrusia y el supuesto envenenamiento de un político ruso. El mundo circunscrito al ombligo de Europa, que por razones de conveniencia política ahora se extiende hasta su frontera oriental.

Las masacres también son invisibles para las autoridades europeas de política exterior, siempre tan beligerantes por los derechos humanos en la fronteriza Venezuela y tan insistentes en presentar a Colombia como modelo de democracia.

El pasado 25 de junio más de 40 organizaciones sociales -líderes indígenas, afrodescendientes, campesinos y excombatientes- iniciaron una Marcha por la Dignidad desde Popayán, capital del Cauca, y otras regiones muy castigadas por las masacres y los asesinatos selectivos, que confluyó en Bogotá el 10 de julio. Los manifestantes retomaron las demandas del paro Cívico Nacional de noviembre de 2019 y clamaron por justicia, al grito de “Nos están matando”. En su recorrido fueron acosados por la fuerza pública y pidieron “acompañamiento, apoyo y respaldo a organismos y organizaciones internacionales” en sus reclamaciones al Estado colombiano para “visibilizar y alzar la voz frente a las violaciones de derechos humanos”.⁶

En Colombia los grupos paramilitares y sus aliados en la política y en las fuerzas de seguridad están perpetrando un nuevo genocidio. #SOSColombia es una de las tantas etiquetas que convocan en redes sociales a repudiar las masacres y exigir justicia. No se trata de las ‘compensaciones’ que ofrece el gobierno para esconder los cadáveres bajo la alfombra. Las comunidades agredidas exigen justicia y reparación, recuperación del territorio y una nueva cultura de la paz. Es vital alzar la voz para defender estos derechos universales también desde el exterior.

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Colombia vive un hervidero. En pocas semanas ganó el NO en el plebiscito para refrendar los acuerdos entre el gobierno y las FARC, se dieron movilizaciones multitudinarias, le otorgaron el Nobel de la Paz al presidente Juan Manuel Santos y se anunciaron los diálogos con el ELN, que finalmente no comenzaron. Las claves de un conflicto armado que atraviesa a toda la sociedad en la voz de las mujeres que integran la delegación de paz en Ecuador.

La definición del plebiscito generó incertidumbre para todos los sectores. Aunque con un escaso margen, la decisión popular, con un nivel de abstención importante, tuvo como primera pregunta qué pasaría con el conflicto armado. La respuesta transversal fue el deseo de paz. Votantes del NO y del SI, políticos, sindicalistas, movimientos sociales y la población entera reafirmó la voluntad de paz y la necesidad de dar pasos hacia ella. Desde entonces, y en tiempos vertiginosos, Santos recibió el premio Nobel, Uribe manifestó su vocación de diálogo y millones de colombianos y colombianas salieron a las calles.

La apertura de la fase pública de las negociaciones con el ELN y la reanudación de los diálogos con las FARC fueron pasos concretos de cómo avanzar, sumando la participación de la sociedad civil. Sin embargo, la decisión unilateral tomada por el gobierno de Santos de suspender el inicio de la mesa de negociaciones en Quito hasta que fuera liberado uno de los retenidos por el ELN, el excongresista Odín Sánchez, enturbió el inicio del diálogo.

A diferencia de la delegación del gobierno de Santos, la del ELN cuenta con varias mujeres que son parte de la organización y que aportarán su mirada. Entre ellas, Consuelo Tapias, explicó: “La mesa debía instalarse el 27, pero hubo dificultades y hasta entonces permanecemos en Quito, esperando que se superen los malos entendidos y que podamos instalar la fase pública de los diálogos. Para instalar la mesa, el acuerdo entre ambas partes era realizar gestos humanitarios, que tienen que ver con liberaciones tanto de miembros del  ELN que están en las cárceles del régimen y liberaciones de personas que están en poder del ELN. En ese proceso nos encontramos hoy, con la expectativa de que se inicien los diálogos”.

Crónica de una apertura de diálogos frustrada

Cientos de referentes de movimientos sociales, cancilleres de los países garantes, periodistas colombianos y ecuatorianos estaban prestos a participar de la instalación de la fase pública de las negociaciones en Quito. La decisión de Santos de aplazarla por el supuesto incumplimiento del ELN de la liberación de Odín Sánchez tuvo como respuesta de la delegación de la insurgencia el detalle de los acuerdos, en donde eso no estaba pactado.

Si bien a una semana del aplazamiento de la mesa la delegación del ELN, delegados del gobierno y miembros de los países garantes continúan en conversaciones para poder iniciar los diálogos, el 27 se habían movilizado hasta Quito más de 200 referentes de movimientos sociales para poder expresar su voz en la instalación de la fase pública de las negociaciones y que ya regresaron a sus territorios.

La participación de la sociedad civil es el primer punto de la agenda de negociaciones de Quito. Desde numerosos sectores sociales ayer se lanzó en Colombia la Mesa Social por la Paz, justamente para plantear la importancia de que en los diálogos haya una voz protagónica y vinculante de los movimientos. En ese sentido, otra de las mujeres que es parte de la delegación del ELN, Silvana Guerrero, se refirió a la importancia de motivar un gran diálogo nacional de cara al proceso de paz: “Lo central de este proceso es que la sociedad civil participe, a través de sus organizaciones sociales, de los gremios económicos, de los sectores excluidos, los que nunca han tenido posibilidad de ser escuchados y mucho menos ser tenidas en cuenta sus propuestas. Sólo con la participación de toda la sociedad colombiana se podrán buscar transformaciones por la paz en Colombia, con los problemas concretos que afectan a los territorios y las personas y buscando salidas reales a las causas que originaron el conflicto armado en sus inicios”.

Diálogos con los votantes del SI, del NO y las FARC

Luego de los resultados del plebiscito son incontables las acciones e iniciativas que se han impulsado en Colombia para fomentar la paz: desde la Mesa Social el día de ayer, carpas y vigilias por la paz que llevan más de una semana, conversatorios, los diálogos del presidente Santos con los distintos espacios políticos y el nuevo encuentro con la delegación de las FARC en la Habana, entre muchos otros.

La preocupación de muchos sectores sociales se vincula a la “campaña sucia” que ha hecho el ex presidente Uribe en el marco del plebiscito, la confesión por parte de sus integrantes de esta campaña y el escenario de criminalización a los movimientos sociales que se mantiene en el país, en donde se ha dictado un código de policía de “mano dura” y en donde, en sólo la última semana, se han detenido dirigentes sindicales y asesinado a un líder campesino del Cauca de Marcha Patriótica.

En ese sentido, María Helena Buitrago, parte de la delegación de paz del Ejército de Liberación Nacional, aseguro: “El plebiscito le ha dejado una enseñanza a todo el pueblo colombiano. La paz no tiene color, ni bandos, por eso desde la mesa decimos que es necesaria la confluencia de todos los sectores. La paz  se debe construir entre todos y todas, depende de una voluntad real del estado, las guerrillas y el pueblo colombiano”.

Las tres mujeres, integrantes activas del ELN y de la delegación de paz, concluyeron con la importancia del rol de las mujeres, no sólo dentro de su organización sino para pensar el proceso de cambios en el país: “Lo que nosotras planteamos como mujeres elenas, pero además como colombianas, es que las mujeres debemos jugar un papel importante como sujeto político y de derecho, de posicionamiento político para ver si entre todas logramos cambiar esto, que es la realidad de nuestro país y del sistema patriarcal”.

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Mientras se redefinen los acuerdos entre el gobierno colombiano y las FARC, y se busca destrabar el inicio de la mesa con el ELN, emerge una novedosa movilización social que inunda cotidianamente las calles colombianas en un grito unido por la paz.

A pesar de la derrota del “Sí” en el plebiscito del 2 de octubre, en el que se le consultó al pueblo colombiano si apoyaba el acuerdo final para terminar la guerra y alcanzar una paz estable y duradera, la posibilidad de construir nuevas esperanzas de transformación social no cesan de florecer y siguen surgiendo y acumulando voluntades, pasos y puños levantados dispuestos a defender la vida y la dignidad de un país que no tolera más la guerra, exigiéndole al Estado que implemente los acuerdos alcanzados en La Habana con la insurgencia de las FARC–EP y que instale de una vez la fase pública de la mesa de negociaciones con el ELN.

El nuevo escenario que vive el país, y el curso que han tenido las diferentes iniciativas ciudadanas, nos ha permitido reflexionar sobre el sentimiento inicial que invadió las horas y días siguientes a los resultados que dieron al No en el plebiscito la victoria: una votación con el 63% de abstención y un 50% que se había inclinado por el No se presentaba entonces como el correlato de un país desinteresado, despolitizado, despreocupado por la suerte de la guerra y la paz en la Colombia rural.

Sin embargo, del rencor y el sinsabor protagonistas durante la semana posterior al 2 de octubre, fuimos transitando a una oleada de convocatorias espontáneas en las principales ciudades del país. Muchas de estas personas, efectivamente, no acudieron a las urnas, incluso muchas votaron por la opción del No, pero se sintieron convocadas a construir desde escenarios callejeros y asamblearios propuestas de paz en las que se sintieran incluidas las diversas lecturas políticas presentes en la coyuntura política.

La urgencia para proponer nuevas formas de hacer política y para debatir sobre el contexto de incertidumbre que atravesamos se hizo presente en las principales plazas de las ciudades, en las universidades, también en los barrios, donde muchos y muchas sintieron por primera vez la responsabilidad de aportar frente al rumbo que está por tomar el país a favor de la paz y la transformación de la realidad que se vive en Colombia a causa del conflicto político, social y armado hace más de medio siglo.

El resultado adverso del plebiscito ha generado espacios de participación política a donde se lleva la preocupación por la paz, más allá del resultado mismo. Las expresiones artísticas y culturales han sido diarias desde entonces; progresivamente, la agenda política de nuestro país ha copado las universidades con charlas, debates y bailes por la paz; muchos barrios están haciendo pedagogías de paz y en otros persisten campamentos donde se exige que inicie la implementación de los acuerdos firmados.

Movilizaciones masivas en las principales plazas urbanas del país recibieron con alegría, respeto y reconocimiento a comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes y de víctimas del conflicto que viajaron desde las regiones rurales a la capital para exigirle al Estado el cumplimiento de los acuerdos y su implementación inmediata, generando actividades y espacios en defensa del cese bilateral de fuegos y hostilidades, proponiendo espacios como las Vigilias por la Paz, iniciativas que han pasado a ser parte de la agenda política de prisioneros y prisioneras políticas e inclusive de la guerrilla en varios de los campamentos, demostrando que el clamor por la paz y la reconciliación requiere de la armonía entre la Colombia urbana y la rural, diferencias evidenciadas en el plebiscito y que deben desaparecer si queremos una nueva Colombia erigida sobre las bases inamovibles de la unidad y la paz con justicia social.

Indudablemente, algún porcentaje de ese 63% inicial se encuentra hoy movilizado, tomándose las calles y los campos, llorando y abrazándose, siendo creativo a través de herramientas como la música y el teatro como elementos generadores de conciencia para el futuro, por la construcción de una Colombia que supere la guerra y genere por fin escenarios de participación democrática reales donde las clases populares tengan la posibilidad de ser artífices de su propio destino.

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Una mirada al trasfondo de las causas históricas que determinaron el triunfo del NO en el plebiscito refrendatorio de los acuerdos entre el gobierno colombiano y las FARC. Las similitudes de los proyectos encarnados en Santos y Uribe.

La frase “Colombia votó NO a la paz” es temeraria. En primer lugar, votó solo el 37% del padrón electoral. Se sabe: el voto no es obligatorio. No se sabe tanto: la historia del país descree de las instituciones democráticas, de un Estado que, como bien reconoció el presidente Juan Manuel Santos poco antes del plebiscito, fue cómplice del extermino sistemático de la Unión Patriótica (UP), un partido político surgido del acuerdo de paz entre diversos grupos insurgentes y el gobierno de Belisario Betancur en la década de 1980. Más de cuatro mil militantes, incluyendo dos candidatos a presidente (Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa), ocho congresistas, 13 diputados, 70 concejales y 11 alcaldes fueron asesinados por grupos paramilitares. Ante la evidencia de semejante arremetida del poder político y empresarial amenazado por el voto popular, muchos ex combatientes volvieron al monte, entre ellos el mítico fundador de las FARC, Jacobo Arenas.

Es también sabida y documentada la incidencia del dominio territorial de los grupos paramilitares (las Autodefensas Unidas de Colombia) en la elección de Álvaro Uribe como presidente en 2002. La mayoría del entorno político del actual paladín del NO fue juzgado durante el escándalo de la “parapolítica”, donde se demostró el financiamiento y apoyo a través de la coerción de estos grupos en las elecciones, y su correspondiente “devolución de favores”, a través de la facilitación de las herramientas del Estado (incluyendo el organismo de inteligencia, el DAS) para que las AUC llevaran adelante un plan militar que fue responsable de uno de los mayores genocidios y desplazamientos masivos de la historia reciente de América Latina.

Estos grupos, surgidos de las ideas anticomunistas de los Estados Unidos y una alianza entre grupos terratenientes locales y el narcotráfico -también está demostrado- fueron financiados por empresas multinacionales que usaron su servicio para del despeje de territorios estratégicos para negocios que van del petróleo a la palma africana (usada para biodiesel y diversos usos industriales), además de los megaproyectos de infraestructura dentro del Plan IIRSA.

Uribe fue el máximo exponente de esta alianza, terrateniente, ladero de Pablo Escobar y el hombre número 82 de los hombres más buscados por la DEA en los ´80. Uno de sus principales socios, representante de las burguesías urbanas y miembro de la familia dueña del diario El Tiempo, fue Juan Manuel Santos, ministro de Defensa durante su gobierno. Haciendo un paralelo un poco abrupto, pero no tanto, votar entre el SI y el NO, entre Santos y Uribe, es casi la misma trampa democrática que se vivió en Argentina el año pasado teniendo que decidir entre Mauricio Macri y Daniel Scioli, dos representantes del empresariado local, con aceitadas relaciones con el capital internacional, y que tienen a Uribe como su principal asesor en “seguridad democrática”.

No tan distintos

Con sus matices, el plan es el mismo: el avance de los grandes grupos económicos legales e ilegales empoderados en el Estado para el saqueo de los recursos naturales. Frente a eso, no hay otra opción que la organización popular. No hay Estado que nos salve. Si uno que nos reprima bajo la falsa bandera de la democracia y la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, actividades que ellos mismos encarnan y son la excusa para la judicialización, criminalización, genocidio y desplazamiento de los pueblos.

“No se firma la paz. Se firma un acuerdo de cese al fuego entre las FARC y el Estado colombiano. La paz no se puede firmar, la paz no cabe en un acuerdo, la paz hay que construirla”, explicaba meses atrás Manuel Rozental en una charla con FM La Tribu. Creador del Tejido de Comunicación de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte de Cauca (ACIN), exiliado en México y parte del colectivo Pueblos en Camino, el médico y militante aclaraba: “En todos los países el capital utiliza terror, propaganda, ocupación territorial y del imaginario, y las políticas para favorecer los intereses del capital y la acumulación. En Colombia el terror ha sido la fundamental maquinaria de control social. En Cuba se sientan dos actores armados que han intentado involucrar a toda la población en su guerra, que han excluido a la mayor parte de la población”.

El mismo día en que se firmaba “la paz” en Cuba, el Estado reprimía a los comuneros del norte de Cauca y su proceso de “Liberación de la Madre Tierra”. Los comuneros del Cauca reclaman por el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que obligó al Estado colombiano a una indemnización de 14 mil hectáreas y 20 mil millones de pesos por su responsabilidad en la masacre del Nilo en 1991. La operación paramilitar que causó 21 muertes y cientos de desplazados, habría sido orquestada desde la finca La Emperatriz, propiedad de Ardille Lulle, empresario azucarero dueño de la marca de gaseosa Postobon y el canal de noticias RCN.

Es esta misma finca donde hoy los comuneros indígenas, afros y campesinos han construido viviendas, plantaciones y altares en torno a los antiguos cementerios indígenas que todavía ahí se encuentran. Son los mismos desplazados de los llanos orientales, campesinos expulsados por la guerra que dura más de un siglo, ahí, precisamente ahí, donde a través de la intervención de la canciller Susana Malcorra, el zar de la soja Gustavo Grobocopatel firmó en Cuba, dentro de los acuerdos de “paz”, un plan para explotar 3 millones de hectáreas de soja y otros granos.

El mismo que te vende la guerra te vende la paz

Quizás el inconsciente colombiano sepa que el SI o el NO no determinan la PAZ sino apenas las posiciones dentro del complicado tablero de ajedrez de esta pseudo democracia narcocriminal de las dos posiciones en pugna: los terratenientes campesinos representados por Uribe y los empresarios urbanos representados por Santos. Al capital transnacional le da lo mismo. Afila sus plumas contables, hace bajar la bolsa y las calificaciones de riesgo para presionar el ajuste fiscal, los Tratados de Libre Comercio, los megaproyectos económicos y de infraestructura. El mismo que te vende la guerra te vende la paz. Sin haber podido mostrar una fuerza política de inserción en las instituciones que hace años poco saben de “paz” o “democracia”, los guerrilleros vuelven al monte.

Esta vez ni siquiera pudieron intentarlo. Diezmados por años de persecusión, del asesinato sistemático de su líderes, del deterioro en el apoyo de las organizaciones sociales y la opinión pública frente al sistemático ejercicio de la violencia.

Una violencia solitaria frente a la complicidad de los sicarios de la comunicación que se indignan por los crímenes de las FARC pero nada dicen de esos señores paramilitares que jugaban al fútbol con las cabezas de campesinas cortadas a motosierra y que fueron indultados por la Ley de Justicia y Paz de Álvaro Uribe. De esa impunidad con la que hoy cuenta el ex presidente que viaja por el mundo vendiendo su “seguridad democrática” y es votado por History Channel como el colombiano del siglo.

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Un recorrido por la trayectoria belicista del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, a quien le acaban de otorgar el Nobel de la Paz. Acusado internacionalmente por ordenar el bombardeo de un país hermano, tuvo responsabilidad política en ejecuciones de jóvenes inocentes y abanderó la política de “Seguridad Democrática” que aterrorizó al pueblo colombiano hace apenas una década. Pero desde Noruega, parece, sólo se ven las más recientes camisas blancas.

Un animal político. “Un cyborg programado desde chiquito para ser presidente”, afirma la periodista Juanita León. Hijo de una de las familias dueñas del país, niño mimado de la oligarquía cachaca, con pregrados y maestrías en EEUU e Inglaterra, sobrino nieto de presidente, primo de vicepresidente, ministro de Hacienda, de Defensa, y finalmente presidente promotor de acuerdos de paz. “Si algo quiere Juan Manuel Santos es pasar a la historia”; la caracterización de Juanita León es de 2010, cuando aún debía ganar las presidenciales. Véanlo ahora, recibiendo el Nobel: pasó a la historia, nomás. Bien programado, después de todo, el cyborg.

La primera vez que Santos habló de un acuerdo de paz con comandantes de las FARC fue durante el gobierno de Samper, en los 90; habló también con Carlos Castaño de las Autodefensas Unidas de Colombia, y tanto a guerrilleros como a paramilitares les hizo una propuesta de paz, con una preacuerdo explícito: solicitar la renuncia del entonces presidente, que le había negado la embajada en Washington, escalón que él consideraba fundamental para su incipiente carrera. Después fue crítico inflexible del gobierno de Pastrana, hasta que en el año 2000 éste le ofreció el ministerio de Hacienda. En 2006 pidió a Uribe el ministerio de Defensa, el cargo de mayor exposición para catapultar su carrera a la presidencia.

“Algunos le recomendaban a Santos que no fuera ministro porque Uribe sólo tenía viceministros”, relata Juanita León en La Silla Vacía, pero, analiza, “quizás sea el único ministro de defensa que ha logrado un verdadero poder sobre los militares; entró a mandar”. Con esa impronta que nadie pone en duda, es difícil que Santos pudiera esquivar su responsabilidad en los crímenes de la doctrina de Seguridad Democrática que por años enlutaron al país.

Su gestión signó el período de mayor ofensiva bélica y violaciones de los Derechos Humanos de las Fuerzas Militares a su mando. Fue la época de injerencia más directa de los EEUU en los asuntos internos de un país latinoamericano “democrático”, por medio del Plan Colombia primero (que ya se había iniciado bajo la gestión Pastrana) y el Plan Patriota después; el mando estratégico de la “guerra contra el narcoterrorismo” durante la doctrina de la Seguridad Democrática recayó en manos de las criminales Agencias de Seguridad de los gobiernos norteamericano e israelí.

Que lo capture Interpol

De todas las atrocidades cometidas durante la Seguridad Democrática del gobierno de Uribe y de la gestión de Santos al frente de las Fuerzas Militares, el hecho que causó mayor conmoción internacional fue el bombardeo de territorio ecuatoriano. En 2008, el Ejército, unidades de operaciones especiales de Infantería de Marina y de la Fuerza Aérea colombianas atacaron el país vecino produciendo numerosas muertes, entre ellas un ciudadano ecuatoriano, cuatro mexicanos y varios colombianos. La operación se denominó Fénix; tuvo como excusa atacar a un campamento de las FARC y dar muerte a uno de sus comandantes, Raúl Reyes. A raíz de tamaño atropello a la soberanía de un país hermano, un juez ecuatoriano solicitó orden de captura contra Santos y otros miembros de la cúpula militar colombiana; el presidente Rafael Correa, por su parte, defendió el pedido de captura y solicitó a la Interpol el arresto del ministro colombiano, hoy Nobel de paz (El hecho quedó impune, después de todo).

El bombardeo sobre el campamento de Reyes fue la ofensiva bélica más notoria, pero otras tantas acciones de tierra arrasada se desarrollaron en los años de Santos al frente del ministerio de Defensa contra numerosos frentes guerrilleros de las FARC; centenares de miembros de la guerrilla fueron aniquilados por la acción coordinada de Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Policía, provocando un clima de guerra en las comunidades del país complementado por ataques y asesinatos a líderes sociales, masacres de las fuerzas militares regulares o paramilitares, bajo una estrategia común de aniquilamiento de la insurgencia. Santos dejó el ministerio en 2009, sólo para lanzar su candidatura presidencial.

Falso, todo falso

Durante su gestión al frente de una de las etapas más terribles de la guerra en Colombia, se destapó el doloroso escándalo de los “falsos positivos”: jóvenes campesinos o de extracción popular ejecutados por el ejército y presentados después como guerrilleros abatidos.

El caso más emblemático fue el de Soacha, en las afueras de Bogotá. Un grupo de jóvenes fue llevado al otro extremo del país, donde fueron asesinados y después de eso vestidos como guerrilleros. Cuando Santos asumió el ministerio en 2006 la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU ya había alertado sobre esas ejecuciones extrajudiciales de las tropas bajo su conducción política, pero durante los primeros años dejó hacer.

En septiembre de 2008 el Fiscal de Ocaña afirmó que los 9 jóvenes aparecidos en esa ciudad norteña habían caído en combate, y lo mismo dijo el de Cimitarra, refiriéndose a otros dos cuerpos encontrados allí. Pero eran los jóvenes de Soacha; con esa información, el director de la Oficina de Derechos Humanos de la Vicepresidencia llamó al ministro, y la situación ya no se pudo disimular. Cuando se conoció el escándalo, dos años después de estar al frente de un ejército que tuvo como práctica habitual la presentación de “falsos positivos”, recién entonces Santos creó una unidad especial de fiscales para investigar.

Hace nada, tres días apenas, las Madres de Soacha se instalaron una vez más a reclamar justicia en los tribunales. “No vamos a esperar más, estamos cansadas, nos tienen hasta la coronilla. A nosotros nos están viendo la cara de qué, ¿de pendejas?”, expresó ofuscada Carmenza Gómez, madre de Víctor Fernando, uno de los jóvenes que apareció fusilado en Ocaña, Norte de Santander.

Carmenza no faltó a ninguna de las audiencias desde 2008; ella y las otras madres deberán seguir reclamando contra la impunidad que reina en Colombia ante la infinidad de crímenes cometidos por el Estado… pero ahora posando la mirada en un premio Nobel de la Paz.

* Pablo Solana es miembro del Equipo Editor de Lanzas y Letras, integrante del Instituto José Martí de Bogotá – Escuela Nacional Orlando Fals Borda – Colombia.

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¿Cuál es el trasfondo del triunfo del NO en el plebiscito por la paz en Colombia? ¿Qué mecanismos operan desde hace décadas para haber impedido, una vez más, encontrar una solución política al conflicto armado más antiguo del continente?

Ya son bien conocidos los resultados del plebiscito realizado en Colombia el domingo pasado donde se rechazó, por un estrecho margen, el Acuerdo de Paz entre el gobierno y las FARC. Las opiniones y balances señalan de manera insistente a Álvaro Uribe, para bien y para mal, como el gran protagonista y artífice del triunfo del NO. Sin embargo, más allá de la obnubilación que produce el expresidente en buena parte de la opinión pública nacional e internacional, los números de la votación -50,21% del NO frente al 49,78% del SI, con un 62,52% de abstención- son reveladores de las dinámicas del conflicto armado en las últimas décadas.

Empecemos por considerar aspectos fundamentales de la realidad del conflicto colombiano, frente al cual se siguen guardando silencios cómplices. En buena parte del territorio nacional hacen presencia ejércitos paramilitares, que defienden y preservan un orden conseguido a sangre y fuego en los últimos 30 años, a través del terror, muertes aleccionadoras, tierras arrasadas, que provocan millones de desplazados despojados de sus tierras y permiten una alta concentración de la riqueza, dejando a Colombia como una de las sociedades más desiguales del mundo (*1).

El proceso sangriento por medio del cual se han configurado estas estructuras terminó por sedimentar las prácticas de exclusión, segregación y movilización del odio como fuente de identidad, recurso de movilización y construcción social, frente a cualquier proyecto alternativo y contestatario del orden establecido (*2). Como resultado, una parte de la sociedad justifica la “acumulación por desposesión” (*3), se opone a la diversidad sexual, asocia el sindicalismo y la defensa de los derechos humanos con intereses insurgentes indeseables y proclives al “castro-chavismo”, exponiendo a los activistas a un riesgo inminente, presente y constante (*4).

Es precisamente este sector de la sociedad el que representa el 50,21% de los votos, el que se opuso desde el inicio mismo de las negociaciones a cualquier tipo de acuerdo privilegiando la vía militar. Aquellos que apoyaron el recibir entre aplausos a los jefes paramilitares en el Congreso, acogieron con beneplácito los constantes hostigamientos a los integrantes de los equipos negociadores de La Habana y se constituyeron en férreos oponentes del gobierno del presidente Santos.

Mientras tanto, un amplio sector social, que representa el 62,52% que se abstuvo de votar, ha visto con indolencia y cinismo el transcurrir de la guerra fratricida, su degradación y prolongación, no se ha condolido por atroces crímenes contra la humanidad que se han llevado a cabo tanto en el campo como en la ciudad (recordemos muy bien que fueron jóvenes de Soacha conurbada con la capital del país donde se desató el escándalo de los “falsos positivos”).

Este gran sector de la sociedad ha presenciado impávido la llegada a las ciudades de miles de desplazados que engrosan los cinturones de miseria, mientras en el campo los intentos de construir iniciativas de paz y reparación de las víctimas del conflicto han sido sistemáticamente atacados por parte de los ejércitos paramilitares y los poderosos intereses económicos que defienden.

En este escenario, debe ser prioritario defender el cese de hostilidades y consolidar los acuerdos alcanzados hasta el momento. Además, la construcción de una paz real y sostenible en el tiempo implica la necesaria transformación de la sociedad, el desarme de los ejércitos paramilitares que controlan amplios territorios y el cuestionamiento a los intereses que representan, que también se expresan en el Congreso y cuentan con una amplia base social que se manifiesta en las urnas. Si no avanzamos en ese camino, tal vez condenaremos a quienes dejen sus armas a un exterminio seguro. ¿Vamos a repetir el genocidio de la Unión Patriótica? De seguir así, ¿qué tipo de “paz” nos espera?

* Investigadora colombiana, docente de la Unidad Académica de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Zacatecas.

*1 CEPAL (2016) Panorama Social de América Latina 2015, Santiago: CEPAL, 68 p.

*2 Franco, Vilma Liliana (2009) Orden contrainsurgente y dominación Bogotá: Instituto Popular de Capacitación-Siglo del Hombre Editores, 567 p.

*3 Harvey, David (2004) El “nuevo” imperialismo: acumulación por desposesión, Buenos Aires: CLACSO.

*4 Hincapié, Sandra y Jairo López (2015). “Rutinización, indiferencia y cinismo. Fallos, recomendaciones y acuerdos internacionales sobre derechos humanos en Colombia” En: Iberoamericana. América Latina-España-Portugal, Año XV, N°60, Instituto Ibero-Americano (Berlín), el GIGA Institute of Latin American Studies (Hamburgo) y la Editorial Iberoamericana/Vervuert (Frankfurt am Main/Madrid), pp. 7-26. ISSN 1577-3388/ISSN 2255-520X.

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Empezaron a sentirse los coletazos del triunfo del NO en el plebiscito que buscaba refrendar los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y las FARC: Santos anunció el fin del cese al fuego para el 31 de octubre. Algunas pistas para comprender el inesperado resultado en las urnas y la compleja etapa que se abre Colombia con el regreso de Uribe al centro de la escena política.

Frente a la pregunta “¿Apoya usted el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?”, 6.419.759 de colombianos (50.22%) impidieron ratificar el acuerdo final entre el gobierno y las FARC-EP con su voto negativo. Ambas partes aclararon que mantendrán el cese al fuego bilateral y la voluntad de solución tras los resultados de un plebiscito que tuvo una abstención del 62.6%, la mayor de los últimos 22 años.

Colombia es el primer país donde es la sociedad –y no la posición de los adversarios- la que rechaza unos acuerdos de paz para superar violencias históricas en el marco de la democracia representativa. El partido Centro Democrático, liderado por el senador y expresidente Álvaro Uribe, logró su objetivo principal: conseguir a toda costa que se no se aprobaran los acuerdos de La Habana. El SÍ estuvo cerca con 6.373.382, el 49.77% de los votos.

El trasfondo del NO a la paz

El conflicto armado tiene realidades de tipo geográficas que se vieron reflejadas en la votación: en las regiones afectadas por el abandono estatal y los combates militares como Chocó, Nariño, Guajira y Cauca, ganó el SÍ con una diferencia considerable. Incluso Bojayá, uno de los territorios donde las FARC reconocieron responsabilidades de acciones militares, el SÍ obtuvo un apoyo del 96%. Igualmente, de los 27 municipios donde las FARC se concentrarán para la dejación de armas, 23 obtuvieron un SÍ mayoritario.

Esto quiere decir que padecemos de una esquizofrenia colectiva que es motivo para dar la espalda a campesinos, soldados, guerrilleros y pobres en general, quienes ponen el cuerpo para la guerra pero son capaces de perdonar. Además, celebrarlo y sentirse orgulloso mientras se revictimiza a los más golpeados por el conflicto es una afrenta vergonzante. A excepción de Bogotá, fue el país urbano el que definió la suerte del país rural. “No es justo que tengamos que mendigar a Colombia por la paz”, lamentó una víctima de la masacre de Bojayá.

La extrema derecha y la iglesia fueron los vencedores. Ganaron los argumentos embaucadores, el país perdió. En todo caso hay que reconocer que tras cuatro años de negociación, parte del país no se sintió interpelado por lo que sucedía en Cuba. Como opinan algunos analistas, “no fue un diálogo nacional sino entre sectores”.

Asimismo, ganó el NO porque a la paz le faltan militantes. No todos los movimientos políticos o partidos de izquierda respaldaron el proceso en la dimensión necesaria, fuerza que deberán aportar para sumarse a defender el proceso ahora y no permitir que Uribe trastoque los puntos de participación política y justicia transicional, su seguro próximo paso. Temer a las FARC en política y pronosticar un apocalipsis comunista no sólo es osado sino un acto de mera cobardía.

Lo que importa es mirar hacia adelante, no permitir que la mesa de La Habana se termine sin que haya un acuerdo que recoja más voces, la tarea que demanda el resultado. En este punto es clave la participación de los detractores del gobierno que tienen propuestas de paz como la guerrilla del ELN y el Centro Democrático. Se ha mencionado un gran diálogo nacional, una mesa multilateral o una Asamblea Nacional Constituyente donde la sociedad tenga mayor protagonismo. Ahora bien, la activista por los DD.HH. Piedad Córdoba manifestó que hay puntos del acuerdo en los que se puede avanzar, como en el del Estatuto de la Oposición: “Es fundamental en un país donde se relaciona a la izquierda con el terrorismo”, afirmó.

El voto simbólico de los niños con 13.571 tarjetones fue con victoria para el SÍ con 67.46%. Un niño de 11 años expresó: “La guerra sabe a tristeza porque te separas de lo que amas”. Uribe dice “mejor 20 años más de diálogos que entregarle el país a las FARC”.

Ausencia de Plan B

Que el Centro Democrático no quiera la paz, o que se esté viendo obligado a improvisar en un consenso donde estén incluidas algunas de sus propuestas propensas a la venganza y a no ahondar en las verdades del conflicto, no quiere decir que sea imposible revertir las posiciones del país que son reacias a la reconciliación. Perder por una diferencia tan bizantina también era una posibilidad, se tendrá que trabajar sobre el acumulado, no sobre la avalancha de decepciones y desesperanzas que produjo el resultado del domingo.

Las FARC manifestaron: “El amor que llevamos en el corazón es gigante y con nuestras palabras y acciones seremos capaces de alcanzar las paz”. Tampoco tienen Plan B, aunque se ratifican en mantener el acuerdo. “La paz triunfará”, concluyeron en un comunicado. No obstante, la reacción del gobierno fue abrir la puerta grande de la negociación al uribismo, desde donde no paran de hablar vaga e impúdicamente de impunidad, lo que resta seriedad a su participación en el proceso.

Quienes hablan de impunidad dentro del acuerdo, funestamente quieren hacer ver la cárcel como justicia per se, siendo el Estado el principal victimario de la violencia y trasgresor del orden constitucional del que tanto pregonan para mantener la guerra. Si quieren constatar lo que es una guerra con sangre ajena con altos índices de impunidad pueden preguntarle a Santos y a Uribe lo que son los “falsos positivos”.

Por su parte, Uribe hizo propuestas que ya estaban incluidas en el acuerdo firmado, como la amnistía para guerrilleros rasos sin delitos gravosos, lo que ha sido polémico pues aunque nombraron voceros como oposición para discutir este nuevo limbo político y jurídico que ellos mismos ocasionaron, denotan amplias incongruencias y contradicciones a las que ahora se tendrán que enfrentar en el debate público para desengranar el proceso.

Lo que se ganó y lo que se puede perder

El pueblo colombiano siempre ha sido fuerte, ha tenido momentos de obligado silenciamiento, pero siempre ha buscado las maneras para resistir ante la violencia. Hay que aceptar que el país ya no es el mismo desde que ha trascurrido la firma del acuerdo, no porque haya mejorado en algún punto vital sino porque el fin del conflicto armado se convirtió en una posibilidad latente.

Gana el país porque sí quiere terminar la guerra a pesar del resultado, lo que lleva a solucionar de manera precisa y oportuna la incertidumbre que conlleva el lamentable resultado del plebiscito, que le faltaba ese respaldo para ser una realidad y terminar con 52 años de terror. El gobierno está en un tono de solución y eso es positivo, aunque es desventurado llamar “unidad para la paz” la participación de los voceros de la guerra.

Durante los últimos años se intensificaron los foros masivos sobre paz y las investigaciones académicas, se multiplicaron las ONG´s de derechos humanos y organizaciones defensoras de víctimas, algo del periodismo político mutó su lenguaje, la guerrilla volvió a ser escuchada en la pantalla chica luego de años de censura. Las víctimas hablaron, la guerrilla pidió perdón, el Estado reconoció el carácter político de la insurgencia y los movimientos sociales crearon instancias para deliberar sobre el conflicto y generar propuestas autónomas de paz. Sin embargo, esto no alcanzó. Los impulsores del NO sólo tuvieron que hacer lo de siempre: repetir invenciones, odiar bajo argumentos mentecatos y agitar el voto. La paz deberá voltear la balanza.

Es un momento de tensión y desconcierto. Los conservadores camanduleros y los uribistas salen fortalecidos con este plebiscito, los liberales que se arriesgaron al camino de la solución política salen perjudicados. La alianza de clases dominantes alterada desde 2010 podría regresar, lo que no es otra cosa que la derrota de la paz. La izquierda es la gran vencida de la jornada: no logró hablarle al país. En el ambiente lo que predomina es una rivalidad Santos-Uribe y no una visión de paz con justicia social, como lo que han venido construyendo parte de los movimientos sociales y políticos. Favorablemente, Colombia es medalla de oro en levantamiento de derrotas, está acostumbrada a resistir y ya se prepara para el siguiente paso.

No se trata de apoyar una paz como la quieren los negociadores, sino de respaldar un acuerdo que busca lo mejor que se puede hacer en favor de la causa de la solución política al conflicto que pueda producirse en la realidad presente. Vencer a Uribe y a su proyecto inentendible de país es imperativo político. Si no, el mundo tendrá la mala noticia de tener que asimilar la arribada un “nuevo” consenso de derechas que repita la historia de los fracasos de la búsqueda de la paz en Colombia.

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