Por Redacción Marcha / Fotos: Oscar De la Vega / Marcha

Este 30 de junio se cumplió medio año más que lxs 194 pibes y pibas de Cromañón no están. A un año de la presentación del proyecto de patrimonialización en la Legislatura Porteña, familiares y sobrevivientes le enviaron una carta abierta a los y las legisladoras para que se impulse su tratamiento. Preservar la memoria es una necesidad para defender a las futuras generaciones y recordar a sobrevivientes, familiares y víctimas que ya no están.

Desde el Movimiento Cromañón, una coordinadora de espacios sociales y organizaciones de familiares, amigxs y sobrevivientes, se envió una nota a las y los integrantes de la Comisión de Planeamiento de la Legislatura de la Ciudad para que traten el pedido de patrimonialización del boliche.  “Cada 30 nos preguntamos qué es lo que hay que hacer para lograr algunas cuestiones en relación con la memoria”, expresaron integrantes del Movimiento. La pandemia tampoco es una razón para que no sea tratado. “Quienes más sufrimos el Covid somos la familia Cromañón, porque todos los que hemos estado allí estamos en situaciones de riesgo, en particular muchos de los sobrevivientes” y agregaron que “no estamos ignorando el momento sanitario y político de la Ciudad, pero también sabemos que cuanta más injusticia y desmemoria hay, más nos enfermamos”.

La noche del 30 de diciembre de 2004, una masacre en el boliche República Cromañón se cobró 194 vidas, producto de una serie de complicidades políticas e institucionales. Algunos de sus responsables fueron juzgados, aunque los responsables políticos nunca llegaron a la justicia. Las víctimas se multiplicaron en los años subsiguientes, ya que a las muertes se sumaron familiares y sobrevivientes para quienes la vida se transformó inexorablemente. El Poder Judicial, después de 13 años, decidió entregar el boliche República Cromañón a Rafael Levy, dueño de la propiedad la noche del incendio e integrante de una empresa off shore, condenado como uno de los principales responsables de la masacre. El Movimiento Cromañón lucha por conservar el lugar como espacio de memoria.

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Marcha dialogó con Silvia Bignami, integrante del Movimiento Cromañón y madre de Julián Rozengart, uno de los pibes que perdió la vida esa noche. Silvia contó que “se niegan a entregar el espacio” y que “una de las anteriores acciones de lucha fue presentar el proyecto de expropiación del lugar”. A pesar de haber obtenido algunas adhesiones importantes, desde la Legislatura porteña sostuvieron que para expropiar el espacio hace falta un dinero que la Ciudad no tiene, lo cual desde el Movimiento Cromañón entienden que es una excusa. Tomaron entonces la iniciativa de presentar un proyecto de patrimonialización, que no es un proyecto alternativo, sino que prepara las condiciones para el proyecto de expropiación.

En relación a la diferencia entre ambos proyectos, Silvia explicó que “patrimonializacion quiere decir proteger. Se protege una calle, se protege una esquina, se protege un edificio por motivos simbólicos, históricos. En nuestro, caso pensamos que el boliche tiene que ser patrimonializado, que no tiene que modificarse nada más de la fachada, que no se pueda usar para cualquier cosa, que no se pueda poner otro boliche, que no se pueda construir un edificio. Esa patrimonializacion además crearía condiciones, porque le bajaría el valor monetario e impediría que el dueño haga un negocio”.

Bignami explicó que “para este proyecto de patrimonializacion, muchos legisladores nos dijeron que no tenían ningún problema. El propio Jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, el año pasado le dijo a un periodista por radio que no tenía problema con que fuese un espacio de memoria pero a nosotros nunca nos recibió. El proyecto de patrimonilizacion fue apoyado y levantado por el socialismo, por el Frente de Todos, por toda la izquierda y por los radicales”.

La pandemia y el aislamiento no desalentaron al Movimiento Cromañón que persevera: “este año empezamos a hacer reuniones virtuales y tanto el Frente de Todos como el radicalismo de Evolución nos dijeron que estaban de acuerdo, entonces lo que hay que hacer es reunir la comisión. También en su momento, algunos se ofrecieron a ser quienes intercedieran con el núcleo duro del Pro, que no dijeron que no estaban de acuerdo sino que era caro. El proyecto de patrimonialización requiere una decisión política y no una erogación de dinero”.

Y concluyó exigiendo que “se reúna la Comisión, que estemos nosotros presentes y que nos den una respuesta y nos dejen de pelotear. Enviamos una carta, logramos que se les entregue en mano a los quince legisladores de la Comisión. Por ahora, no estamos teniendo ninguna respuesta formal o informal, pero la Comisión sabemos que se reunió por otros temas, no es que no está funcionando en lo absoluto la Legislatura. Queremos que se apruebe, por lo menos, el proyecto en primera instancia, que igualmente nos va a llevar todo el año este debate. Nosotros estamos esperando una respuesta”.

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“Desde el viento en la montaña hasta la espuma del mar

mojo mis pies y vuelvo a volar

no pregunto en la mañana hacia dónde debo ir

ya lo sabré, el tiempo dirá

si el destino me quiere en el sur

viajaré temprano con la luz

cielo todo el día y a la noche barro”

(Pez.  Disco El sol detrás del sol. 2002)

El Río Santa Cruz, en la provincia homónima, es eje de un nuevo riesgo ambiental en nuestro país a partir de la construcción de mega-represas. Organizaciones sociales y vecinales y pueblos originarios, en unidad contra un nuevo saqueo.

El impacto socioambiental de la construcción de mega-represas en el río Santa Cruz, genera cada vez más alarma y suma críticas de múltiples sectores sociales. Frente al complejo hidroeléctrico, se integran organizaciones ambientalistas, vecinos y vecinas autoconvocadas y pueblos originarios para aunar fuerzas. Como el viento patagónico, rugen sus voces contra el proyecto y la promesa inverosímil de desarrollo para la región austral.

El Movimiento Patagonia Libre

Interrumpir el cauce del río Santa Cruz, el último río glacial patagónico que corre libre desde los Andes hasta el Mar Argentino, con la instalación de dos mega-represas para obtener un aprovechamiento hidroeléctrico, significará cortar el camino a la vida. La inundación de vastos territorios, la transformación de la mitad del curso del río en espejos superficiales de agua y los enormes tendidos de alta tensión provocarán no sólo impactos ecológicos irreversibles a un ambiente prístino, sino también profundas consecuencias sociales y culturales a las poblaciones locales.

Para oponer resistencia a la construcción del complejo hidroeléctrico en la provincia de Santa Cruz se conformó el Movimiento Patagonia Libre, fruto de la integración de organizaciones ambientalistas, movimientos sociales y las y los vecinos autoconvocados. Luego del “Encuentro Nacional Voces del Río” en agosto de 2017, comenzó la gestión de este gran colectivo con propósito de aunar fuerzas, para tener una oposición firme a las mega-represas Cóndor Cliff-Presidente Néstor Kirchner y La Barrancosa-Gobernador Jorge Cepernic.

Oficialmente el grupo se originó durante el “Encuentro Patagónico Gritos de la Mapu” los días 8 y 9 de diciembre de 2017 en la localidad de Cmte. Piedra Buena, al que asistieron distintos frentes santacruceños a favor de la vida, provenientes de El Calafate, El Chaltén, Río Gallegos, Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz, Perito Moreno y Los Antiguos, que durante los últimos años vienen luchando contra los proyectos del modelo extractivo, como la mega-minería, el fracking, los cultivos transgénicos e incluso la instalación de plantas nucleares.

Mapa del Río Santa Cruz. Proyección de represas con inundación de 47 mil hectáreas

Concientizar con la palabra

Durante el verano, el Movimiento Patagonia Libre ha llevado a cabo sus primeras actividades para concientizar sobre la problemática socioambiental, entre las que se destacan un conversatorio con turistas en el Glaciar Perito Moreno y un debate en la Unidad Académica Puerto San Julián de la UNPA (Universidad Nacional de la Patagonia Austral) con la comunidad educativa y los pobladores locales. Este martes 27 a las 18hs sus representantes se hicieron presentes en Plaza Congreso, para adherir a la “Bicicletada en defensa de los glaciares” que organiza la Asamblea Jáchal No Se Toca contra la modificación de la Ley de Glaciares que impulsa el Gobierno Nacional.

En charla de la UNPA, a la cual accedimos, se ha compartido información de investigadores científicos, ingenieros y técnicos especialistas sobre el impacto ambiental, social y turístico que representará la construcción del par de mega-represas. El proyecto sobre el río Santa Cruz implicaría inundar 47.000 hectáreas de tierras, devastando un ecosistema irremplazable en el área de influencia del Parque Nacional Los Glaciares (declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco). Detener el libre cauce del río causaría a su vez un aumento en la cota de su principal afluente, el Lago Argentino, acelerando el deshielo de los glaciares Perito Moreno, Upsala y Spegazzini en su cuenca, debido a la elevación del nivel y la temperatura del agua.

Se recordó que es responsabilidad del Estado preservar a los glaciares para el futuro, como reservas estratégicas de agua para el consumo humano, la agricultura y la biodiversidad. Sin embargo, con las represas está incumpliendo su obligación de no arriesgar a estos recursos valiosos, al no tomar las medidas de principio precautorio conforme al “régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial” (Ley 26.639), que a su vez el Poder Ejecutivo pretende modificar.

Mapa del Río Santa Cruz. Proyección de represas con inundación de 47 mil hectáreas

La propia Administración de Parques Nacionales en un primer momento había indicado que las represas afectarían irreversiblemente a uno de los ambientes más amenazados en la Patagonia por el cambio climático. Los ambientalistas temen que el impacto al ecosistema, donde viven decenas de especies de aves, peces y mamíferos adaptados a duras condiciones climáticas, conllevaría a la pérdida de la biodiversidad, desde la segura extinción del macá tobiano (ave declarada “Monumento Natural Provincial” y recurso eco-turístico), hasta gran inquietud que afecte a los mamíferos marinos que habitan próximos al estuario del río, como las ballenas que llegan a parir a la costa patagónica.

Asimismo, se manifestó mucha preocupación entre los pobladores porque van a perjudicarse las actividades económicas usuales en la provincia, como el turismo por la pérdida de las maravillas naturales y la pesca debido a la mortandad de peces. También hay alarma por el riesgo que corre la provisión de agua para consumo en los hogares de Puerto San Julián, Piedra Buena y Puerto Santa Cruz. La posible falta de este servicio básico, consecuencia de desviar el curso del río para llenar el embalse, podría durar un par de años.

Destrucción del patrimonio natural y cultural

El grupo ayudó a reflexionar sobre la pérdida del paisaje autóctono y su patrimonio natural y cultural, que desde del siglo XIX motivó la admiración de exploradores y naturalistas como Francisco P. Moreno, Charles Darwin, Fitz Roy y George Musters. Al provocar la inundación de tantos territorios (equivalente a casi 2 veces la Ciudad de Buenos Aires) pueden perderse fósiles y restos paleontológicos de millones de años, como también restos arqueológicos de los primeros pobladores humanos en la Patagonia. Para la ciencia representa un conocimiento científico invaluable que quizás nunca pueda obtenerse, porque quedaría cubierto o destruido por el agua.

Su preservación y protección también es responsabilidad del Estado, como parte del patrimonio cultural de la Nación y para el aprovechamiento científico,  según la Ley 25.743 de “Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico”. Sin embargo, fue el mismo Estado quien alegó no poder hacerse cargo de su responsabilidad y le consignó al consorcio hidroeléctrico de empresas chinas y nacionales, la contratación privada de arqueólogos para hacer un relevamiento, remover los restos que encuentren y construir un espacio para alojarlos, comentó el lnan Lonko Nahuelquir.

Choque de culturas

La Comunidad Lof Fem Mapu de Puerto Santa Cruz también apoyó a la formación del Movimiento Patagonia Libre. Sergio Nahuelquir es lnan Lonko de esa comunidad y viene acompañando al colectivo para testimoniar la preocupación del pueblo mapuche-tehuelche por el conflicto ambiental. Ante el posible impacto de las represas sobre el territorio comunitario, han denunciado al Estado Nacional por incumplir con la “Consulta Previa, Libre e Informada”.

En la charla brindada en la UNPA, Nahuelquir declaró que el Estado argentino ha violado el Convenio Internacional 169 de la O.I.T. (Organización Internacional del Trabajo) y la Ley 24.071 de nuestra Constitución Nacional que lo ratifica, al no garantizar e implementar el derecho a la consulta previa a los pueblos originarios de la provincia. Por este motivo, a mediados de 2017 las comunidades presentaron un amparo solicitando a la Justicia que ordene al Poder Ejecutivo Nacional detener las obras, hasta tanto sea realizada.

Los pueblos mapuche y tehuelche llevan trece mil años en la zona y su preexistencia al Estado-Nación es reconocida constitucionalmente. Estas comunidades indígenas chocan con los agentes desarrollistas que pretenden transformar a la naturaleza en mercancía. Se trata de una diferencia cosmológica; lo que para algunos son meros recursos, para ellos son lugares y elementos sagrados.

lnan Lonko Sergio Nahuelquir en la UNPA. Puerto San Julián, Santa Cruz. 2017 © Noel Miranda

Con respecto al patrimonio cultural intangible, Nahuelquir aseguró que la instalación de las represas perjudicará la cosmovisión del pueblo mapuche, porque según sus creencias el río tiene un Ngem. Los Ngem son espíritus que protegen la vida silvestre y residen dentro de los elementos naturales. “El Ngem es una fuerza de la naturaleza que regula la fuerza de todo lo demás, y se va a afectar nuestra armonización”, expresó.

Asimismo, corre peligro el patrimonio cultural tangible por la inundación de sitios arqueológicos que incluyen pinturas rupestres y restos óseos de sus antepasados. Aseguran que la empresa ha comenzado con la remoción de chenques (tumbas indígenas) sin permiso y sin restituir los restos mortales a las comunidades descendientes.

A fines de octubre, la justicia dio la razón a la demanda del pueblo mapuche-tehuelche. El Juez Federal Aldo Suarez dictó una sentencia favorable, intimando al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y ordenando al Poder Ejecutivo que apliquen el derecho a la consulta previa, para que sea escuchada la voz de las poblaciones originarias y hagan saber si desean esa obra en su lugar en el mundo.

Sin embargo, a pesar del fallo judicial la construcción avanza y no muestra intenciones de detenerse. En la etapa inicial presente, se continúa con la edificación de dos campamentos temporarios que alojarán a 1500 obreros cada uno, mientras trabajen en las represas. El lnan Lonko  advirtió que los pueblos originarios están dispuestos a llevar la causa a instancias judiciales superiores e internacionales, volviendo a acusar al consorcio de empresas que tienen la concesión, al INAI y a los Estados Provincial y Nacional.

Isla Pavón y Río Santa Cruz. Cmte. Luis Piedra Buena, Santa Cruz. 2017 © Leo Micieli (www.leomicieli.com)

Nuevos espejitos de colores

Nahuelquir reconoció que los pueblos mapuche y tehuelche, descreídos de las promesas de desarrollo y bienestar del extractivismo, los espejitos de colores de nuestro tiempo, repudian al accionar del Estado por entregar los recursos naturales a las empresas, las cuales tendrán la concesión de las hidroeléctricas para lucrar durante treinta años.

Al igual que el Movimiento Patagonia Libre, el lnan Lonko entiende que va a ponerse “En juego la vida de las futuras generaciones, no solo de los pueblos originarios, sino de todos los habitantes de la provincia que les va a faltar el agua en sus casas y por toda la biodiversidad que va a perderse”, con el fin de producir electricidad para ser utilizada en las grandes urbes de Buenos Aires.

“Nosotros no estamos en contra del progreso de la humanidad, pero sí pedimos ser partícipes en la toma de decisión de qué tipo de progreso queremos. ¿Cuándo nosotros, los pueblos originarios, tendremos voz y voto en los proyectos que hacen las empresas en nuestro territorio, o en cualquier tipo de construcción que atente contra nuestra vida?” se preguntó Nahuelquir.

Dilemas de gran escala

Según la Comisión Mundial de Presas, durante el siglo XX la construcción de 45 mil grandes represas en todo el mundo causó 80 millones de personas desplazadas de sus hogares y en el siglo XXI esta forma de aprovechar energía ya no se considera “renovable” por tener escasa vida útil (debido a la rápida acumulación de sedimentos). No obstante, el gobierno nacional intentó instalar a las mega-represas en el sentido común de la ciudadanía como la solución de la crisis energética y fuente de desarrollo y progreso para Santa Cruz.

En el llamado a licitación de 2012 se prometió que el proyecto crearía cinco mil puestos de trabajo en forma directa, se obtendría un enorme aprovechamiento de 1700 MW de energía limpia y sería el primero de carácter enteramente nacional (a diferencia de las represas binacionales de Yacyretá y Salto Grande). Se afirmó que cambiaría la matriz energética trasformando a la región austral y la Argentina, y también promovería la integración regional porque se intercambiaría el excedente con Brasil.

Río Santa Cruz. Cmte. Luis Piedra Buena, Santa Cruz. 2017 © Leo Micieli (www.leomicieli.com)

Ante la disyuntiva que plantean las represas, puede ayudar la mirada crítica del antropólogo brasileño Gustavo Lins Ribeiro a la concepción occidental de desarrollo. Doctorado en la Universidad de la Ciudad de Nueva York, donde fue discípulo de Eric Wolf (uno de los antropólogos más importantes del Siglo XX), Lins Ribeiro cuenta con treinta años de experiencia sobre temas de desarrollo, ambientalismo y globalización.

A partir su trabajo de campo y estudio sobre proyectos a gran escala, como en la represa de Yacyretá, él afirma que este tipo de emprendimientos se nutren no solamente de las desigualdades económicas a nivel nacional e internacional, de las ambigüedades jurídicas y de los intereses políticos, sino también de un proceso de legitimación con una poderosa carga simbólica.

Son siempre acompañados con la articulación de discursos ideológicos para justificarlos, denominados por el antropólogo como la ideología del progreso; concibiendo al desarrollismo como una forma de traer bienestar, la ideología de la redención; suponiendo que redimirá a la región de su atraso, el creador de oportunidades; como fuente de empleos y el gigantismo; presentándolo como positivo por ser de grandes dimensiones.

Río Santa Cruz. Cmte. Luis Piedra Buena, Santa Cruz. 2017 © Leo Micieli (www.leomicieli.com)

Sin embargo, aunque reconoce como cierto que pueden generar una considerable oferta de trabajo temporario, lamentablemente las poblaciones locales son incorporadas en las posiciones más bajas del mercado laboral, y la cantidad de empleos creados guarda una proporción muy chica con respecto a los montos gigantescos de las inversiones.

Estos proyectos que implican enormes movimientos de capital, son reiteradamente presentados a la ciudadanía como promotores del desarrollo para todas las clases sociales o grupos étnicos involucrados. Pero en realidad favorecen a grandes concentraciones económicas nacionales e internacionales, en detrimento de las poblaciones locales que siempre resultan perjudicadas, sostiene Lins Ribeiro.

De forma invariable, el precio que pagan por estas obras los pueblos afectados se desoye, los impactos socioambientales se invisivilizan y los derechos humanos y derechos colectivos se niegan. Por eso, frente al mega-proyecto en el río Santa Cruz se aúnan los esfuerzos de ambientalistas, vecinos, vecinas y pueblos originarios en el Movimiento Patagonia Libre, para pelear por causas justas y legítimas; defender al río, proteger al agua y pedir respeto por la vida.

(*) Lic. en Antropología

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