La defensora del pueblo, Nadia Cruz, se dirigió a las autoridades judiciales para pedir la liberación de la abogada ante la evidencia de una detención preventiva excesiva, una aprehensión ilegal y persecución política. Mientras, en redes sociales se sostiene la campaña #LibertadParaPatricia.

Ayer por la tarde, Nadia Cruz, titular de la Defensoría del Pueblo de Bolivia, emitió declaraciones en las que pidió a las autoridades judiciales “proceder a la liberación de Patricia Hermosa” y a la revisión de su causa y al gobierno de facto a que “se asuman acciones” contra aquellas autoridades que emitieron declaraciones que promovieron su estigmatización, en claro ejercicio de violencia simbólica.

Abogada y ex funcionaria del Estado Plurinacional de Bolivia, Patricia Hermosa Gutiérrez, padece el encierro sin condena y las violencias que causa desde el 31 de enero en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes, al sur de La Paz. Se encuentra privada de su libertad y del acceso a la defensa y la salud, acusada de “terrorismo, sedición y financiamiento al terrorismo”. Apoderada de Evo Morales, padece la persecución político- judicial por parte del Estado y la discriminación étnica e ideológica.

“Los cuestionamientos a la independencia judicial en nuestro país todavía siguen latentes”, afirmó Nadia Cruz, invocando no obstante, al órgano judicial, a la Fiscalía General del Estado y al Consejo de la Magistratura a proceder a la revisión de la causa de Patricia Hermosa y que, en el respeto de sus garantías del debido proceso, “se genere la liberación” y “se proceda a una auditoría jurídica para evaluar si se ha aplicado un juzgamiento con perspectiva de género y respetado la presunción de inocencia”.

En relación al gobierno de facto, la defensora afirmó que las declaraciones emitidas por integrantes del gabinete de Añez “encubre el machismo y la misoginia en nuestro país”. Se refirió a la manifestación del viceministro, Israel Alanoca, quien dijo que se instruyó realizar una investigación rigurosa sobre los viajes presidenciales que Evo Morales realizó y en los que partició Patricia Hermosa mientras cumplía sus deberes de funcionaria pública. “Es evidente que se ejerce violencia psicológica contra esta mujer desde el momento de su detención, generando procesos de difamación, humillación que han dañado su honra, su nombre y su dignidad”, agregó.

En su mensaje, difundido a través de un video publicado en los perfiles de la Defensoría, Nadia Cruz le habló a la presidenta autoproclamada, Jeanine Añez, y (le) dijo: “usted ha dictado el 2020 como de lucha contra el feminicidio y el infanticidio, que usted encabeza el gabinete de lucha y no resulta coherente que sea permisible con ese tipo de tratamiento hacia la mujer, con ese tipo de violencia contra las mujeres desde su gabinete”.

Por la tarde, cuatro diputadas integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Movimiento al Socialismo (MAS) de la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Sonia Brito, Andrea Bonilla, Muruel Cruz y Nely Lenz, intentaron visitar a Patricia Hermosa en la cárcel, acción que fue denegada. “¿Qué esconde el gobierno que no dejó que verifiquemos el estado en le que se encuentra Patricia?”, afirmó Brito en sus redes sociales.

“Queremos denunciar que no nos han permitido ver a Patricia Hermosa”, declaró Brito, “hemos venido a ver su estado de salud pero vemos una intención del gobierno de no permitirlo”. La asambleísta aseguró que realizarán una petición de informe y una queja “porque somos autoridades elegidas”. Para Brito, la negación de la fiscalización de las condiciones de detención de Patricia Hermosa “es una barbaridad” ya que el órgano legislativo es el de mayor autoridad del Estado. Desde el centro penal, la primera excusa fue no dejarlas pasar para evitar el contagio de COVID-19. La Comisión anunció, mediante una nota de prensa, que volverá al recinto penitenciario y si le vuelven a negar el ingreso, pedirá la destitución de la gobernadora de la cárcel de Obrajes.

Durante el día, diferentes espacios cercanos al Movimiento al Socialismo (MAS) iniciaron una campaña en redes sociales con la etiqueta #LibertadParaPatricia exigiendo su liberación: “Patricia está privada de libertad hace cuatro meses. Está acusada sin pruebas de uno de los delitos más graves contra el Estado. Le niegan su derecho a la salud y a la justa defensa. Es presa política de un régimen que castiga a las mujeres del pueblo”, afirmaron desde Warmis del MAS. “La persecución judicial y política contra Patricia Hermosa no cesa. La sexta acción legal por su libertad ha sido denegada pese a las recomendaciones de @ONU y Relatoría Especial para Independencia de Magistrados y Abogados”, agregaron.

La campaña fue sostenida diputadas, alcaldesas, candidatas y ex funcionarias de Estado, integrantes del MAS, y algunas ciudadanas que se expresaron por la libertad de la abogada en redes sociales. Patricia Arce, alcaldesa de Vinto, fue clara y afirmó desde su Twitter: “invito al país a unirnos en una sola voz, #LibertadParaPatricia”. La demanda seguramente llegará a los organismos internacionales encargados.

Leé su historia en la entrevista exclusiva que realizamos con Patricia Hermosa en marzo:

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Por Camila Parodi y Laura Salomé Canteros desde La Paz 

En Bolivia hay presas políticas como consecuencia del racismo que se instauró desde las instituciones a partir del Golpe de Estado. Con tan sólo 35 años, la abogada Patricia Hermosa, ex jefa de Gabinete y apoderada del ex presidente Evo Morales, trabajó día y noche en la estructura estatal durante más de 10 años. Hoy se encuentra privada de su libertad y del derecho a la defensa en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes, al sur de La Paz, acusada de forma ilegal de “terrorismo, sedición y financiamiento al terrorismo”.

Como parte de la Delegación Feminista Plurinacional que viajó a Bolivia alrededor del 8M para relevar las violencias contra las mujeres y las disidencias a partir del Golpe de Estado, Marcha ingresó al centro penal donde se encuentra Patricia hace más de 45 días. Nos esperó junto a su abogado alrededor de una mesa con sombrilla que solicitó para nosotras. Si bien agradeció la posibilidad de tener un amigo abogado que haya decidido acompañarla, sabe que ningún abogado/ a quiere asumir ese tipo de responsabilidad política. Patricia se encuentra en una situación muy frágil; le cuesta expresarse y la injusticia cayó sobre su cuerpo- territorio. No accedió a su derecho a la salud a pesar de haber padecido un evento obstétrico. Se encuentra vulnerable pero contó su historia. Lo hizo porque no está sola.

“Me tuvieron encerrada una hora”

Era una tarde de sol en un barrio tranquilo al sur de La Paz. Patricia (nos) agradeció la visita y consintió contar su verdad. Hasta ese momento, ninguna organización ni medio de comunicación había llegado a la institución carcelaria para escucharla o constatar los rumores acerca de su estado de salud integral. La ex funcionaria nos contó que se encuentra privada de su libertad, básicamente, por mantener conversaciones telefónicas con su ex jefe, Evo Morales. Es más, que le tendieron una trampa: en los primeros días del Golpe de Estado, asesores de la autoproclamada presidenta, Jeanine Añez, la llamaron para que ingrese a la residencia oficial para retirar las pertenencias de Morales. Esas conversaciones y el cumplimiento de su tarea de apoderada, fueron usadas en su contra.

“Me detuvieron para que amplíe una declaración pero nunca he tenido una audiencia”, denunció desde el encierro la abogada, apuntando a la labor del Ministerio Público. El pasado 31 de enero comenzó su periplo. De forma arbitraria, sin orden judicial, fue detenida por policías de civil que la encerraron ilegalmente en una camioneta policial. “Me tuvieron encerrada una hora”, contó. “Me preguntaban acerca de la documentación que tenía y al día siguiente habían robado los documentos”. Había llegado a La Paz para gestionar la candidatura de Evo Morales como senador del MAS en las próximas elecciones del del 3 de mayo. 

En ese momento, el juez Armando Zeballos ordenó la detención preventiva de la abogada Patricia Hermosa mientras se realizara el juicio en su contra. Pero Patricia sabe que su detención es una simple excusa para retener el poder notarial y el original de la libreta del servicio militar que corresponden al ex presidente y que eran requisitos indispensables para la inscripción de su candidatura en el Tribunal Electoral. “Me quitan los documentos para que no pueda ser candidato”, aseguró. La proscripción de la mayoría política del país llegó muy lejos: las que pagan las consecuencias son las mujeres jóvenes y de raíces indígenas.

Por su trabajo en la estructura estatal de más de 10 años, Hermosa reconoce haber visto durante los días previos a su detención, a distintos policías siguiéndola; pero como sabía que ella había cumplido con sus deberes, eligió ignorarlo. Hermosa advirtió que no desconocía que durante esos meses, ejecutores/ as del Golpe de Estado implementaron un sistema de persecución y control sistemático contra quienes habían sido parte del gobierno que representaba el Proceso de Cambio. En particular con quienes son indígenas.

Desde el momento de su detención, a Patricia Hermosa, jamás le otorgaron el pedido de ampliación de la declaración testimonial y en dos ocasiones le fue negada la prisión domiciliaria, a pesar de haber presentado el pedido en la fiscalía; una forma de mostrarse dispuesta a colaborar con el proceso judicial. Para la fiscalía, Patricia presenta “riesgo de fuga”. Es que, entre su información migratoria, figuran (apenas) dos viajes realizados en años en que fue funcionaria del Estado Plurinacional. Datos personales que no deberían ser usados en su contra. Hermosa además nos contó que devolvió el pasaporte diplomático.

“Me visitan mis amigas”

“Solo los indios estamos en la cárcel”, reflexionó Patricia Hermosa en una frase que caracteriza claramente el Golpe de Estado que asaltó en noviembre pasado el poder gubernamental en el país vecino. Aseguró que, al igual que la ex presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), María Eugenia Choque (60 años), detenida en la misma unidad, sus encierros sin condena no se resuelven porque son indias. “Con Eugenia lo hablamos a diario”, contó, “hay discriminación por género, etnia, clase. Además, por razón ideológica”, agregó. A Patricia la acusan de “terrorismo” por hablar por teléfono. A Eugenia la castigan por representar el empoderamiento de quienes hace cinco siglos soportan el racismo.  

Sin embargo, a pesar de la violencia institucional que implica el encierro, Hermosa no pierde sus esperanzas. “Me visitan mis amigas”, respondió emocionada a una pregunta preocupada, y agregó, “acá no me falta nada, las presas se organizan”. El Centro de Orientación Femenina de Obrajes es un penal semicerrado que cuenta con espacios al aire libre y verdes. Allí, Patricia convive con las mujeres que son madres o que están embarazadas. A pesar de eso, también relató que fue testiga de torturas a otras mujeres; familiares de Senkata, entre las que recuerda a “Dora”, una luchadora de apenas 20 años. 

“Te vamos a traer café todas las semanas”, le dijeron al pasar unas mujeres solidarias que visitaban a otras detenidas. “Y chocolates”, respondió Patricia. La promesa sonó como el emparejamiento perfecto para el libro que lleva en su mochila: “La revolución india”, de Fausto Reinaga. Un clásico del movimiento indianista que relata la historia de resentimiento por parte del colonizador durante la conquista; la búsqueda del reconocimiento desde Europa que, al verse subestimado, elige despreciar al originario del Abya Yala ya que no le basta con haberlo conquistado. Patricia sonrió al exhibir el libro que quedó sobre la mesa. Cómplice, reaccionario. Al igual que ella, que se mostró confiada por estar libre pronto. 

El 3 de mayo habrá elecciones en el Estado Plurinacional de Bolivia, comicios que se encuentran amenazados por diferentes factores: el terror social que impuso el levantamiento policial y militar desde el Golpe de Estado que asesinó y reprimió a niñes y mujeres de pollera; la proscripción política del MAS; la manipulación arbitraria del TSE del padrón electoral, sobre todo en áreas rurales; el cerco mediático que impusieron los medios hegemónicos para denunciar las vulneraciones de derechos desde noviembre de 2019 -censura sostenida con tortura, persecución y exilio de trabajadorxs de prensa-; la pandemia y crisis mundial a partir del COVID 19; y las ansias de la derecha racista -financiada por intereses imperiales- de continuar ejecutando el poder de decisión desde el Estado. 

“Este es un mal sueño”, finalizó Patricia Hermosa. Nos contó que la fiscalía le ofreció un juicio abreviado a cambio de que se declare culpable y acepte uno de los mayores delitos para acceder a la prisión domiciliaria. “Ellos tienen otro fin”, aseguró, “quieren que diga que mi jefe hizo terrorismo”. Ni la detención arbitraria, la privación ilegal de la libertad ni la condena social parecen amedrentarla. El pedido de libertad de Patricia Hermosa Gutiérrez es un grito sin fronteras y su historia formará parte del informe que la Delegación Feminista Plurinacional enviará a Organismos y Cortes Internacionales de Derechos Humanos. El Proceso de Cambio continuará porque vive en quienes levantan sus banderas y tienen raíces indígenas, caras aniñadas y voces suaves. Son quienes están destinadas a vencer.

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