La implementación del Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad en Manifestaciones Públicas conlleva a una serie de reflexiones sobre la postura del mismo Estado ante la protesta social como legítima forma de reclamo a derechos desatendidos y pisoteados.

El Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas, anunciado bajo resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación, busca regular la protesta social a partir de una obligación de “informar” y esperar “autorización” antes de emprender el recorrido de un corte o piquete. En ese sentido, la Ministra de Seguridad explicó que, “no es que se van a prohibir todas las manifestaciones; no se van a prohibir las que estén programadas y se avisa cuál es el recorrido”.

Si el recorrido de una manifestación o el lugar de un corte, si la cantidad de manifestantes o el tiempo a realizarse es considerado “no apropiado” por parte de los funcionarios de gobierno y, tras 5 o 10 minutos de negociación con los involucrados, la situación se resuelve “positiva o negativamente”, se procederá a la “deposición, desalojo o disolución” de la movilización convocada. Y en caso de negarse, los manifestantes comenzarán a ser considerados por delitos cometidos en flagrancia, de acuerdo al Código Procesal Penal.

Sin entrar en el infinito debate sobre cuál de los derechos reconocidos constitucionalmente es más importante, en todas las disposiciones del Protocolo se revela un problema mucho más profundo y grave: la forma que tiene el Estado de entender y, por ende, de tratar, a la protesta social. Este Protocolo es una pieza más de un largo conjunto de medidas públicas que esconde una forma reduccionista y racista de entender la protesta.

Por un lado, se ha hablado de la “cultura del corte” como aquello que se busca atacar con este procedimiento estandarizado de actuación de las Fuerzas de Seguridad. Hablar de una “cultura” existente es creer que la gente protesta por la protesta misma, que a una manifestación la hacen porque les gusta o hay quienes prefieren cortar una calle antes de hacer cualquier otra cosa con su tiempo, con su vida, con su cuerpo. O incluso, las declaraciones de la Ministra sugieren que algún grupo de personas podría querer “prensa”, y un piquete, entonces, no sería otra cosa que una “performance” particular en un escenario “privilegiado” que es la vía pública. Esto revela una forma reduccionista, simplista y descomprometida de entender y atender a la protesta social.

Por otro lado, las reacciones a favor de este Protocolo no han hecho más que desnudar otra vez el racismo recalcitrante que atraviesa a nuestras sociedades. Desde ese lugar, se entiende que el piquete es cosa de “la negrada”, del “choriplanero”, del “vago”, del “grasa”. Sin entrar en el análisis sobre la composición de clase de algunas de las protestas más grandes y determinantes de los últimos años en el país (como lo fueron las manifestaciones en 2008 por la aprobación a las retenciones móviles a las exportaciones de soja; o las ocupaciones de la vía pública tras el “corralito” a los ahorros en dólares de 2001; o las marchas por la muerte del Fiscal Nisman en 2014), se asocia la protesta a la “barbaridad” y al carácter incivilizado de un proceder que desconoce las instituciones del orden vigente.

Pero la protesta social, además de consagrarse como un derecho, es una práctica política de denuncia y de visibilización de una situación de vulneración, negación o falta de acceso a otro derecho, tal como lo puede ser la alimentación, la salud, la educación, la tierra o la vivienda, la cultura o la identidad de género.

Años de investigación sobre conflictos, sujetos y organizaciones políticas que utilizan y elijen el corte o el piquete como forma de protesta demuestran que lo hacen como una vía de denuncia que tiene una situación prologada de demandas y necesidades desatendidas, olvidadas o desestimadas.

Son esos los verdaderos problemas de fondo que no podemos dejar de atender como sociedad, son esas demandas y necesidades sin solución las que un Estado que se dice promotor de la justicia y la paz social no puede negar o desestimar. Si eso sucediera, allí no caben más adjetivos que la incivilidad o la barbaridad de esa sociedad y de ese Estado que dejan sin amparo ni respuesta a sus integrantes más débiles. Más escandaloso parece, entonces, pensar que si no se llega a acordar una solución a esos verdaderos problemas de quienes protestan, en un lapso de 5 o 10 minutos, seguramente les valdrá como mínimo una imputación penal. Eso es una extorsión.

Si frente a un grupo social que sobre el escenario de la vía pública denuncia una situación de precariedad y riesgo, no tenemos más que un Estado que responde, antes que nada, con la fuerza y la amenaza, lejos de un modo dialoguista de sociedad, tenemos un modelo indolente, egoísta y fragmentador. En tales circunstancias, la ansiada paz social, o el mítico “orden público” se vuelven entelequias, eufemismos sin sentido.

Frente a ello no podemos sino preguntarnos otra vez qué significa la seguridad para esta sociedad: ¿seguridad para quién y para qué? Y otra vez no podemos sino denunciar que la seguridad viene hace varias décadas entendiéndose como sinónimo de policialización y militarización del Estado y de la sociedad entera. Aun cuando el cinismo parece no pesar sobre quienes no dejan de reconocer que la corrupción y el autoritarismo son dos notas propias de los cuerpos policiales de todas las jurisdicciones provinciales.

Desconocemos así que la única forma que tiene el Estado para responder a los problemas que genera la forma actual de organización social, política y económica es con represión y castigo. Para matar y violentar, alcanzan 5 o 10 minutos; para pensar y construir una sociedad con equidad y real libertad para todos y todas, necesitamos mucho más tiempo que eso.

*Integrante del Colectivo de Investigación “El llano en llamas”. Militante del Encuentro de Organizaciones- Córdoba.

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Miles de personas marcharon hacia la Plaza de Mayo en repudio de las políticas que viene exhibiendo el gobierno de Mauricio Macri en sus apenas tres meses al frente de la Nación.

Cuando el fuego crezca quiero estar ahí

El cemento refractaba el sol que ya era intenso a las 10 y 30 de la mañana. Las banderitas francesas flameaban por todo el centro porteño, esperando darle una grata bienvenida al presidente de aquel país del viejo continente y que, sin lugar a duda, se debe haber sorprendido. Como una metáfora de miles de fueguitos caminando por las calles, el calor no hizo rendir a nadie: por el contrario, sólo fue un contexto donde voluntades, firmezas y reclamos concretos no se amedrentaron ni ante la posibilidad del debut del flamante “Protocolo de seguridad en manifestaciones” o, como se le dice en criollo: Protocolo antipiquetes.

Con la mentora, la ministra de Seguridad Patricia Bulrich de viaje (algo que, parece ser, acostumbra el gobierno para evitar decisiones álgidas), la fuerte seguridad que rodeaba la Casa Rosada y las fuerzas de seguridad de uniforme y de civil apostadas en las esquinas, la tensión se percibía pero las columnas empezaban a formarse para empezar la caminata hasta la Plaza de Mayo.

La convocatoria realizada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), sumó a las dos Centrales de Trabajadores de Argentina (CTA), a numerosas organizaciones sociales y de derechos humanos, partidos políticos de izquierda y colectivos LGBTTTI para hacer uno el reclamo de los miles de despidos a estatales y privados, el techo a las paritarias, pero también contra el protocolo antipiquetes y el atropello a los derechos humanos que el gobierno macrista impone desde los decretos y sugiere desde la disputa del sentido.

Noticias de ayer

Mientras las columnas avanzaban, detrás de banderas que hablaban de siglas y también de científicos, becarios y toda la gama que el Estado intenta marginar como trabajadoras y trabajadores, acompañaban también en muchas personas sueltas, que acompañaban con palmas y cantos el ruido de los redoblantes y tambores; o que se protegían a la sombra del sol ya del mediodía.

Mientras, los medios hegemónicos interpretaban la realidad con el sutil lente de sus necesidades y expresaban –en vivo, desde una placa, o al instante, desde un sitio web– la preocupación por la falta de aplicación del protocolo, el horror porque “el centro porteño fue un caos” y la necesidad de que “la ley se cumpliera”. En vivo u on line la pregunta que surgía es si el gobierno estaba dispuesto a cargarse una feroz represión o a asumir ante los medios que acompañaron y ayudaron a su llegada al gobierno que a partir de “la letra chica”, el protocolo no llegaría a cumplirse. Parece difícil la elección para el Macrismo, y parece que los medios se han tomado atribuciones de las que les costará volver.

El desafío estaba echado sobre la mesa: el pueblo en la calle bloqueando arterias e imponiendo, contra todas las adversidades, los reclamos en lo más alto y claro del contexto que se atraviesa. Ni los manifestantes ni los periodistas populares y comprometidos hicieron caso al protocolo que aprendió del crimen de Darío y Maxi y que intenta no repetir su derrotera historia. Pero esta vez, como antes y como después, el disciplinamiento de los de arriba fue vulnerado por la organización de los de abajo.

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Para el próximo miércoles 24 de febrero, diferentes gremios y organizaciones sociales siguen sumando su presencia. En medio de los despidos, las precauciones ante el debut del flamante protocolo antipiquetes. 

Desde que el paro del 24 de febrero fue anunciado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), no ha cesado de sumar adhesiones y se constituye como un hecho político de envergadura nacional. Ambas Central de Trabajadores de Argentina (CTA), las seccionales opositoras de Suteba, los ferroviarios del Oeste y numerosas organizaciones sociales tomaron la jornada como propia. Más allá de las muchas rencillas que existen al interior del sindicato estatal en la gestación de la jornada de protesta, de cara al masivo social se trata del primer paro nacional al gobierno de Mauricio Macri.

El paro pone en discusión no sólo los despidos por miles y el techo a las paritarias que el gobierno nacional está decidido a imponer, sino también otras dos cuestiones fundamentales para nosotros como trabajadores y trabajadoras: la criminalización de la protesta y el sentido del Estado con respecto a los derechos humanos y sociales. La consigna creada por los y las compañeras de la Junta Interna de ATE en el Ministerio de Trabajo es atinada para una coyuntura donde el debate ideológico juega un rol clave: “Soy estatal, mi trabajo son tus derechos”.

¿El debut del protocolo antipiquetes?

La escalofriante novedad es que la camaleona política Patricia Bullrich (ahora mutada en ministra de seguridad de Cambiemos) tomó la decisión de aplicar el flamante protocolo antipiquetes a las movilizaciones que se realizarán en todo el país en el marco del paro. Por eso citó a la cúpula de ATE a una reunión de negociación a la que, tal como manifestaron las Seccionales combativas de ATE Sur, los dirigentes no deberían acudir de ningún modo. La única reunión que tiene lugar en este contexto es el ámbito paritario, para discutir la reincorporación de las y los miles de precarizados despedidos y los salarios estatales en un contexto inflacionario descontrolado.

El propio kirchenrismo ya había galanteado con la idea de reglamentar la protesta. Cristina Kirchner en persona había buscado la simpatía de amplias franjas sociales, instándonos a marchar por la vereda “como en Estados Unidos” (2/3/2014, apertura de sesiones ordinarias). Esa simpatía se la terminó ganando Macri, que ahora busca cumplir lo que, desde mi punto de vista, es un anhelo inmanente a las clases dominantes: el sueño de una sociedad de control y gestión punitiva de la conflictividad social, que en verdad no es otra cosa que la consecuencia lógica de la desigualdad estructural.

Creemos que el paro del 24 va a mostrar la disposición a pelear de muchos y muchas trabajadoras estatales. Si bien la campaña de presión y miedo que desarrolla el gobierno macrista genera efectos, la dignidad y la bronca se están expresando en Asambleas multitudinarias en cada organismo estatal. Esta masividad, junto a la aparición de autoconvocatorias permanentes, impugna la lectura quietista que muchos dirigentes de la propia ATE hacen sobre las bases estatales, que amenazan con desbordarlos. Si bien ATE es el único gremio que está generando respuestas contra los despidos, las internas incesantes y la lógica de conservación del aparato lo alejan bastante de la respuesta contundente que el escenario requiere. En esto será clave lo que pase con la paritaria docente. El no inicio de clases puede ser un verdadero problema político para el gobierno de Cambiemos, que ha cometido una torpeza con la fallida oferta salarial a nivel nacional.

Por parte de la militancia sindical combativa y de base estamos preparando el paro en cada lugar de laburo codo a codo con nuestros compañeros y compañeras, promoviendo a la vez la unidad y el debate sobre el sentido del paro con la mayor democracia de base. No podemos pensar la unidad sin debate en las bases, como pretenden algunos dirigentes para los cuales la unidad es ponerse atrás de ellos y “confiar”, un término demasiado new age para ser tomado en serio.

Tanto en Ate desde Abajo como en la Agrupación Víctor Choque tratamos de romper el miedo y organizar la bronca, con la claridad de que al gobierno nacional no le vamos a torcer el brazo con un solo paro (por más masivo que sea), y que tenemos que prepararnos para proyectar cómo seguir con un plan de lucha que no quite el foco de lo viene pasando en los lugares de laburo y sea organizado, sabiendo que se trata de un reclamo gremial en el marco de un debate social con alto contenido ideológico, como expresamos antes. La indiferencia social es nuestro peor enemigo en esta batalla.

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