Por Pablo Flores Fotos Mariano Dalaison @dalaison.foto

Quizás la expresión más elevada de la crueldad del ajuste es la situación que viven los jubilados y jubiladas. Estos son el sector que, a partir de la licuación de sus ingresos, sostienen el superávit fiscal tan celebrado por el gobierno nacional.  El sobrante fiscal es “a costa de congelar los ingresos de personas que no tienen muchas alternativas para genera otros nuevos y para quienes el ajuste pasa por sus cuerpos y esperanza de vida”, sobre todo por sus cuerpos a fuerza de garrote y gases como cada miércoles por la tarde cuando se movilizan al Congreso. 

 Durante varios miércoles vimos por los medios de comunicación y las redes sociales cómo los jubilados son paliados y gaseados por ejercer el derecho a la protesta. Pero cuando hace pocas semanas, se lo vio a Carlos, hincha de Chacarita, con la camiseta de su club siendo golpeado por la policía, creció la bronca en un sector particular: los hinchas del fútbol argentino. Primero se sumaron un grupo de hinchas de Chacarita para defender a los jubilados de la represión. Ver a estos hinchas siendo reprimidos por defender a la población más vulnerable y sobre los cuales cae el ajuste de Milei, generó una respuesta inmediata. Al otro día empezaron a circular flyers de hinchas de otros clubes convocando a la siguiente movilización. Con el paso de los días parecía que se estaba gestando una gran movilización de hinchas del fútbol argentino para cuidar a los jubilados. 

¿Cuánto puede movilizar la camiseta de un equipo de fútbol?

 En nuestro país el fútbol es uno de los espacios más populares. Inclusive puede ser entendido como un termómetro social. En las identidades futboleras quizás aún podemos encontrar emociones y sentimientos contrarios a la crueldad. La naturalización de que caguen a palos a los jubilados se corta desde un ámbito tan complejo como es el fútbol. Sin embargo, lo que en un principio nos llamó la atención encuentra fundamentos en una realidad objetiva. Dentro de la espontaneidad existe algo que se llama organización. Y los clubes son espacios donde la organización popular encuentra sustento: peñas de hinchas, agrupaciones antifascistas, comisiones y departamentos de derechos humanos y colectivos populares que se referencian en los clubes de fútbol, es decir, la dinámica de la vida social de estos, son el soporte previo para este tipo de movilización pueda ser posible. En este proceso también se inscriben los tres espacios que tratan de funcionar como articulación: la coordinadora de hinchas, la del futbol feminista y la de derechos humanos del futbol argentino. 

 Que un sector de los hinchas de los clubes hayan salido a la calle para defender a los jubilados demuestra que hay un salto cualitativo en el rechazo y la resistencia a las políticas de ajuste de este gobierno. Son pocos los que están embanderados políticamente y sindicalmente. Es un sector de la clase trabajadora que, quizás con poca experiencia, quiere manifestar su descontento. Una respuesta inédita pero esperable para una país que se caracteriza, justamente, por la enorme cantidad de episodios de resistencia que pasaron a la historia y de expresiones organizativas distintivas. Una vez más, la anomalía argentina. 

 Hinchas y no barras

 El principal argumento que utilizaron desde el gobierno y los medios de comunicación cómplices de su política de ajuste y represión, como Clarín y La Nación, para descalificar y desmovilizar, fue la de sostener que detrás de la convocatoria estaban las barras bravas de los clubes de fútbol con sus vinculaciones políticas, municipios y dirigentes del peronismo. La deplorable nota de opinión de Gonzalo Abascal en el diario Clarín es la síntesis periodística de este argumento. Allí, el principal editor del diario, amparado en información falsa, tergiversada y con errores, sostiene que “la movida en redes sociales utiliza la pasión por los clubes para llamar a marchar en el Congreso. La identidad futbolística para esconder la pertenencia política”. 

Quien alguna vez haya transitado un estadio de fútbol y una tribuna, conoce cómo se manejan las barras bravas. La mayoría de ellas tiene vínculos con diferentes sectores internos del peronismo. El ojo del hincha puede reconocer cuando las acciones son comandadas por las barras o son expresiones espontáneas de las mayorías de hinchas que no forman parte de esos colectivos. 

 El argumento de la utilización de la camiseta para hacer política es un intento en vano de querer quitarle peso a lo sustantivo del hecho: sectores plebeyos, desorganizados y despolitizados se sumaron a una resistencia concreta contra la crueldad del ajuste. En las calles del Congreso se veían rostros de cientos de pibes y pibas, con las camisetas de sus diferentes equipos, mostrando su bronca contra la represión de las fuerzas del Estado al grito de “Hay que ser muy cagón para pegarle a jubilado”. 

Todas las camisetas contra la represión

Los días previos a la concentración estuvieron cargados de mensajes de la ministra de seguridad, Patricia Bullrich, que hacía imaginar un escenario represivo. Con el intento de evitar algún grado de masividad, estos mensajes generaron el efecto contrario. Desde temprano los hinchas se iban acercando con sus camisetas y banderas para defender a los jubilados.  Por la calle Entre Rios, lado sur, estaban cientos de hinchas, todos juntos mezclados con sus colores resistiendo ante el impedimento, por parte de las fuerzas represivas, de ingresar a la plaza del Congreso. 

 Las calles del Congreso se convirtieron en una tribuna. Y como a veces, los hinchas pueden mostrar su reacción, como cada fin de semana cuando la policía reprime en los estadios, la tribuna de Congreso respondió con resistencia. A las balas de goma y los gases de la policía, los hinchas aguantaron con piedras. Porque toda violencia ejercida desde arriba encuentra su legítimo acto de defensa desde abajo. 

Pequeñas notas del panorama que se abre

 El primer dato distintivo de la jornada fue la brutalidad de las fuerzas represivas del estado que participaron del operativo definido y decidido por Bullrich. La política de orden va a ser compleja de derrotar si las movilizaciones no se dan en forma masiva y organizada. 

 La represión a un supuesto enemigo interno es una política de estado y va de la mano de la aplicación de su programa económico que todavía no encuentra rumbo. En este sentido es preciso poner el foco en el momento de debilidad política del gobierno. La reacción a los dichos en Davos que se materializó en la marcha antifascista del 1F, la criptoestafa, el rechazo y repudio en Bahía Blanca en el marco de las inundaciones, y ahora, la represión en Congreso, puede potenciar un aumento del descontento popular. 

 Es en este marco donde se debe ubicar “la marcha de los hinchas”. Que un sector de los hinchas de los clubes hayan salido a la calle para defender a los jubilados demuestra que hay un salto cualitativo en el rechazo y la resistencia a las políticas de ajuste de este gobierno. Son pocos los que están embanderados políticamente y sindicalmente. Muchos de ellos provienen de los sectores populares. Es muy probable que formen parte de la enorme cantidad de trabajadores precarizados. La movilización de “las personas sueltas” son las acciones a reivindicar. Cuando salen a la calle estos sectores, los gobiernos empiezan a profundizar su pérdida de credibilidad. 

 La movilización, la represión, la resistencia y el saldo de heridos y detenidos podría abrir un nuevo panorama. A su vez funcionó como un doble mensaje para la superestructura. Uno es directamente para el gobierno. Se incorporan nuevos sujetos desorganizados con sus prácticas naturales de resistencia. El otro es para las centrales sindicales. Se está haciendo una experiencia contra este gobierno en relación a la crueldad del ajuste y la represión. A medida que este proceso se acelere, las organizaciones que representan a los trabajadores tendrán que motorizar las próximas acciones para ganar masividad. 

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Por Redacción Marcha / Foto de portada: Susi Maresca

En medio de una represión feroz, la “Ley Ómnibus” fue aprobada esta tarde en la Cámara de Diputados y será tratada el próximo martes 6 de febrero. Este proyecto, reúne los principales objetivos políticos y económicos que piensa impulsar Javier Milei para desmembrar la soberanía popular. Se trata, también, de una ley que privilegia a gran parte de los grupos concentrados del poder económico local y multinacional. Empresas que el Ejecutivo necesita a su lado para impulsar la captura del Estado y un plan de desestabilización.

Febrero de 2024 será recordado entre las fechas más tristes para el Congreso de la Nación así como para todo el pueblo argentino. Allí, una parte de sus legisladores decidió ser cómplice con una serie de medidas que, incluso luego de su votación, aún no se conocen con claridad. Lo que sí se sabe es que entre el conjunto de los artículos negociados se encuentra la privatización de empresas nacionales, la aprobación de reformas más punitivistas para el Código Penal, la restricción de libertad de expresión y del derecho a la protesta, la entrega de los bienes comunes y culturales de los pueblos, la flexibilización laboral y, como quedó demostrado, mucha más represión para quienes se oponen.

Además del PRO, de quiénes ya no esperamos nada. El interbloque denominado “Hacemos Coalición Federal” integrado por legisladores y legisladoras de los partidos “Cambio Federal”, “Republicanos Unidos”, “Coalición Cívica” y “Hacemos por Córdoba”, son quienes avalaron los métodos antidemocráticos impulsados por “La Libertad Avanza” durante los últimos 50 días de su gobierno. Y son, en su mayoría, quienes decidieron frente al balotaje del 19 de noviembre transferirles su caudal electoral que hizo la diferencia en el triunfo de Javier Milei. Estos partidos, que se mostraron muy preocupados por los valores democráticos durante el debate, eligieron colaborar con un gobierno que anhela convertirse en un régimen autoritario. Pero los pueblos no olvidan.

El bloque del Ejecutivo no podría haber logrado los números para la aprobación de esta media sanción ya que no cuenta con un número considerable en el Congreso que le permita realizar aprobaciones automáticas. Y es que “el presidente más votado en la historia” ganó en la segunda vuelta electoral gracias a éstos armados políticos que ahora deambulan desconcertados entre el oficialismo y la oposición. Su única brújula les indica la orientación política necesaria para distanciarse del peronismo, aunque esto signifique avalar negacionistas.

Ciertamente ese “56% electoral” tan aclamado por el Ejecutivo y el paraoficialismo, no se transforma automáticamente en respeto y legitimidad. Por el contrario, la aceptación política se construye con las decisiones de gestión. Decisiones capaces de aliviar el bolsillo y las vidas de quienes habitan los territorios, políticas concretas y directas que evidencien su liderazgo más allá de la lógica de las redes sociales. Este rechazo se pudo ver claramente en el masivo Paro General del pasado 24 de enero, una jornada federal e intersectorial que sorprendió con su nivel de acción y articulación.

La guita no alcanza. El hambre nos pisa los talones y desde el Ejecutivo el gesto es cortar el envío de alimentos a los comedores populares y además reprimir a quienes reclaman ayuda y la restitución de políticas alimentarias. “El esfuerzo” para sacar el país adelante encontrará un límite porque no alcanza para sostener la vida cotidiana: ya sea para comer o para pagar el transporte para ir a trabajar. A medida que veamos desvanecer los salarios (para quienes lo perciben), seguramente veremos desvanecer la legitimidad del gobierno y también, de las fuerzas del cielo. Que serán reemplazadas por las de siempre: las manos obreras. Las del pueblo con conciencia de sí.

Una “Ley Ómnibus” que se debatió durante un mes, que tuvo sesiones informativas y que empezó siendo conformada por 600 artículos que buscaban sentar bases y principios para la reforma del Estado pero que terminó siendo un alegato para la libertad de los grupos concentrados de poder ya que, en lo concreto del tratamiento -o mejor dicho en la negociación para el dictamen de mayoría- quedaron afuera más de 300 de esos postulados.

Un marco de negociaciones teñido de ilegalidad ya que se denunciaron reuniones fuera del parlamento y difusión a discrecionalidad del texto del proyecto de ley a medios y periodistas afines al oficialismo y al paraoficialismo antes que a las y los legisladores de los bloques opositores. En un rol protagónico de una supuesta oposición que en nombre de la “gobernabilidad” ayudó a la sanción más al ejecutivo que el propio presidente y su gabinete.

Un texto que pretende ser gobierno ya que, ¿quién gobierna de esta forma? Una captura del Estado total por parte de los poderosos que se traducirá en destrucción. Unas facultades delegadas para decretar ante la emergencia pública en materia económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa hasta el 31 de diciembre de 2024. Y no habrá circo de perros o novias alquiladas, reuniones con CEOs o discursos baratos que puedan compensar la desilusión que provocará la crueldad ante el voto que definió el pueblo.

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Los hechos en el pasado

Santiago Maldonado fue desaparecido en el marco de un operativo represivo desatado por Gendarmería Nacional con el argumento de liberar un corte de ruta en la Patagonia Argentina. El hecho ocurrió el 1 de agosto de 2017, en el Pu Lof en Resistencia de Cushamen, ​ situado en la provincia de Chubut.

El cuerpo sin vida de Maldonado fue hallado en un rastrillaje efectuado en el río Chubut, dentro del Pu Lof, cuando habían transcurrido 77 días sin noticias de su paradero. En una ceremonia emotiva, sus restos fueron inhumados el 25 de noviembre de ese mismo año en un encuentro íntimo realizado en el Cementerio Parque Paraíso, en 25 de Mayo, su ciudad natal.

Ese mismo día, el 25 de noviembre de 2017, mientras en Buenos Aires despedían a Santiago Maldonado, en Bariloche mataban a Rafael Nahuel en el marco de un operativo del Grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina. El joven mapuche fue asesinado de un disparo por la espalda de arma de fuego. Ambos crímenes, fueron avalados y respaldados por Bullrich, quien defendió el accionar de los agentes en territorio patagónico.

En aquella jornada del 25 de noviembre de 2017, las primeras informaciones que se daban a conocer eran confusas y aparecían en los principales portales de noticias. Clarín y La Nación, casi en simultáneo y con la misma pluma titularon: “Un mapuche murió baleado tras un enfrentamiento con la Prefectura en Villa Mascardi” y “Un mapuche murió de un tiro en Villa Mascardi durante un enfrentamiento con Prefectura”.

“Esta situación ocurrió en el marco de una acción legal, legítima, totalmente enmarcada en la ley, frente a una acción ilegal, violenta e inaceptable para la democracia de un pueblo que quiere vivir en paz”, argumentó Patricia Bullrich, el 27 de noviembre, en su condición de Ministra de Seguridad de Mauricio Macri.

Esa teoría, que Bullrich plantó ante los medios en una conferencia de prensa realizada junto al ex ministro de Justicia Germán Garavano, fue un guiño hacia los magistrados que avanzaron sobre la hipótesis del enfrentamiento armado para alivianar las penas bajo la figura de “la legítima defensa”.

El Ministerio Público Fiscal avaló esa versión y dio por acreditado que aquel mediodía hubo un enfrentamiento con armas de fuego entre los prefectos y algunos manifestantes, y que los agentes federales sobrepasaron los límites que impone el protocolo de acción.

“El fallo no es lo que pedimos en nuestro alegato, lo que consideramos que se acreditó durante el debate oral: acá hubo un homicidio calificado, una persecución donde se dispararon 150 municiones de plomo, no hubo exceso de ningún tipo y ese no fue el resultado que entendió el tribunal oral, por eso no estamos de acuerdo”, agregó luego el abogado Przybylski.

Los hechos en el futuro

Luego del denominado “Pacto de Acassuso”, sellado entre Mauricio Macri, Javier Milei y Patricia Bullrich, la socia fundadora de esta alianza ya se prepara para ocupar un lugar en el gabinete del gobierno libertario y no se descarta su retorno a la cartera de Seguridad.

Sin embargo, mientras Bullrich toma carrera para pasar de la ‘Doctrina Chocobar a la Masserista’, esta última vinculada a la reivindicación que el presidente electo Javier Milei hace de la última Dictadura Militar. Esa doctrina, que se limita a reducir a “excesos” los crímenes de lesa humanidad ejecutados durante el Terrorismo de Estado, es la bajada línea que sale desde el poder central.

Por si fuera poco, los tribunales Federales de Comodoro Py – que se mueven al ritmo del nuevo clima político – ya dieron señales positivas para el libertario con las recientes resoluciones que favorecieron a Mauricio Macri en la causa ARA San Juan y perjudicaron a Cristina Fernández en la llamada “Ruta del Dinero K”. Como si fuera un un revival del periodo 2015-2019, todo indica que otra vez la sociedad argentina será víctima de medidas económicas y un plan represivo que tendrá un aval institucional gracias al nado sincronizado del Partido Judicial y la Quinta de Olivos.

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Por Iván Barrera e Ignacio Marchini | Foto: Juan Pablo Barrientos

Esta medida otorgaba a las fuerzas represivas la impunidad y la discrecionalidad para disparar sus armas de fuego prácticamente en cualquier circunstancia, así sea por la espalda y sin dar orden de alto.

Mediante la Resolución 1231/2019, la Ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, aprobó un nuevo “Reglamento General para el Empleo de las Armas de Fuego por parte de los Miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad”, que reemplaza los anteriores y deroga distintas resoluciones que implicaban un enorme retroceso en materia de Derechos Humanos y que fueron duramente repudiadas por un amplio arco de organizaciones políticas y antirrepresivas.

El factor preponderante de este nuevo reglamento es regular la utilización de armas de fuego por parte de las fuerzas represivas, haciendo foco en la necesidad de respetar la dignidad humana y los derechos humanos, y en el uso abusivo que se hizo del anterior protocolo. Según el último informe de Correpi, se contabilizan al menos 891 casos de asesinatos por las fuerzas represivas no penitenciarias en los años de la Doctrina Chocobar.

Esta resolución deroga también el reglamento para la implementación de pistolas Taser y otras “armas electrónicas no letales”, considerando que la calificación de “no letal” en realidad significa “menos letal” y que su protocolo anterior distaba mucho de regular su uso. También se derogan las resoluciones que proceden a crear un “Centro de formación de gendarmes” en el Complejo Turístico de Chapadmalal, la que asigna la creación del Servicio Cívico Voluntario en Valores en manos de Gendarmería y las libertades que se les otorgaba a las fuerzas represivas para pedir documentos de identidad discrecionalmente en el transporte público.

La regulación del uso de armas de fuego y el límite a la libertad de acción de las fuerzas represivas son los primeros pasos urgentes para empezar a desarmar el entramado legal, armamentístico y cultural que buscó imponer a fuego y sangre la ex Ministra de Seguridad y actual Presidenta del Pro, Patricia Bullrich. Ardua tarea tiene Frederic por delante para terminar realmente con el abuso de las fuerzas represivas y lidiar con las cifras que demuestran una escalada ininterrumpida de la violencia estatal en los años de democracia. El legado es extenso, desde los protocolos para reprimir la protesta social hasta la Gendarmería en los barrios como agentes del control social, pasando por la formación de las distintas fuerzas y la militarización creciente de las policías locales.

Es enorme el trabajo por delante para frenar la violencia de la policía, para conseguir justicia para los y las muertas a manos del aparato estatal, para alcanzar algún tipo de paz para los y las familiares de las víctimas del gatillo fácil y para frenar el abuso de las fuerzas represivas en los barrios. Sin duda, esta medida representa un primer paso racional y urgente en el largo camino hacia el fin de la impunidad.

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Por Hernán Gustavo García

Avenida Córdoba. Cantan contra el procesamiento de las y los estudiantes cordobeses. Cantan “obreros y estudiantes, como en el Cordobazo”. No es una insistencia geográfica, no es casualidad. El Cordobazo, uno de los acontecimientos históricos más importantes para la clase trabajadora, nos recuerda que la unidad en las luchas es posible y, además, necesaria. Por eso la Comisión educativa contra la criminalización de la lucha ha convocado en la tarde del miércoles a distintos sectores obreros y estudiantiles que vienen en pie de lucha enfrentando el ajuste y la represión del Estado. Porque la unidad en las calles es una vía real para alcanzar un futuro distinto, aún cuando desde el gobierno intenten amedrentar a las y los luchadores sociales.

Durante 2018 distintos conflictos educativos en todo el país tomaron las calles y los lugares de estudio. Fue la expresión de un movimiento estudiantil y docente que exigió respuestas frente a los bajos salarios docentes, la ley de la UniCABA y el abandono y la precariedad que se cobraron las vidas de Sandra y Rubén. Desde el gobierno respondieron con represión y criminalizando los métodos de lucha que sostuvieron tanto estudiantes como docentes: semaforazos, clases públicas, movilizaciones, tomas de los lugares de estudio y de trabajo. Ante la nula respuesta por parte de las autoridades, la radicalización en los métodos fue en aumento. En agosto del año pasado, mientras se realizaba una multitudinaria marcha educativa,  facultades de distintos puntos del país se encontraban tomadas. Como respuesta a los reclamos, a principio de este año la Universidad Nacional de Rio Negro expulsó a 15 estudiantes y exoneró a 2 docentes. En mayo fue el turno del Normal 4 de CABA y el procesamiento de 3 estudiantes. En la Universidad Nacional de Córdoba fueron 27 las y los estudiantes procesados que aún pelean por resolver su situación judicial.

Durante la concentración inicial en el Ministerio de Educación de la Nación desde un micrófono abierto se pronunciaron estudiantes de terciarios de CABA y zona sur, estudiantes de universidades, trabajadores del Astillero Rio Santiago y referentes de partidos políticos y organizaciones sociales. La idea de que no hay que esperar a diciembre fue sostenida por todos y todas las que tomaron la palabra. También se manifestaron en solidaridad con las luchas obreras en curso, como las de la línea Este y 60, la de los y las trabajadoras de Ran Bat, que cortaron Puente Pueyrredon esa misma mañana. Todos estos son conflictos que pasan desapercibidos para los medios de comunicación. También se exigió la libertad de Daniel Ruiz, el Lonco Facundo Jones Huala y todos los y las presas por luchar. Durante la lectura del documento se criticó la persecución a quienes luchan, la doctrina Chocobar de gatillo fácil y el Servicio Cívico Voluntario de Patricia Bullrich.

La movilización avanzó cortando Rodríguez Peña y luego Avenida Córdoba donde durante una hora se repartieron volantes informando la razón de esta medida que los medios hegemónicos intentan invisibilizar. El reclamo por la despenalización de las y los presos por luchar fue la consigna que resonó durante toda la movilización, pero también lo fue la unidad obrero-estudiantil, que rememorando la mejor tradición de la lucha de los pueblos contra quienes los oprimen, se hizo presente en esta acción que reunió sectores combativos del movimiento estudiantil y de la clase trabajadora.

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Por Luz Ailín Báez  / Foto: Pepe Mateos 

En el contexto de las PASO analizamos lo que dejan casi cuatro años de gobierno Cambiemos en términos de geopolítica y la subordinación a políticas regionales que se impusieron de la mano de la gestión de Mauricio Macri al frente del Poder Ejecutivo Nacional.

Desde Marcha Noticias consultamos con Stella Calloni, periodista, escritora y analista internacional; y Elsa Bruzzone, profesora de historia y especialista en geopolítica, que historizaron sobre este avance re-colonizador sobre nuestros pueblos y recursos naturales.

Guerras de baja intensidad 2.1: ONGs y “lawfare”

“América para los Americanos” es el emblema de la Doctrina Monroe que encabezaba el documento Santa Fe 4. Los documentos Santa Fe fueron escritos para orientar la política de los Estados Unidos hacia América Latina. La imposición de un modelo que propició el complejo militar industrial estadounidense y escrito por el Comité Santa Fe – “think tank”, un laboratorio de ideas y doctrinario frente a la evaluación de la amenaza que constituía el marxismo en la región, tal como antes había constituido la Escuela de las Américas que funcionaba como usina de doctrina para los gobiernos militares de la región en Panamá.

El documento Santa Fe IV propició una política exterior ultradura en tiempos de Ronald Reagan y George Bush padre. La evaluación del Comité de Santa Fe para el siglo XXI, que se iniciaba, planteaba que los principales elementos importantes para la seguridad nacional de Estados Unidos y para mantener su hegemonía regional eran: el control de los Estrechos Atlánticos, el uso del Canal de Panamá (“devuelto” en 1999 a los panameños), consolidar una ruta sureña segura alrededor del Cabo de Hornos, asegurarse que los países del hemisferio no sean hostiles a “sus” preocupaciones de seguridad nacional y, por último, que los recursos naturales del hemisferio estuvieran disponibles para responder a sus prioridades nacionales. Un decálogo que parece haber recuperado el gobierno de Cambiemos.

Tal como lo define Stella Calloni, “este Comité prepara cada diez años el modelo que van a aplicar sobre América Latina. En ese análisis reinventaron, remozaron la idea de la <<guerra de baja intensidad>>, un esquema para no sacar las tropas a la calle, inspirado en los golpes blandos que ya habían dado resultado para meterse en diferentes países de la ex Unión Soviética tras su caída. Asimismo, agregan que sería necesario el control de la infiltración en las estructuras judiciales, lo que hoy llaman law fare: el uso de la justicia para perseguir a personas”.

Para la analista, un elemento de acción fundamental para la región, es propiciar la descomposición de los parlamentos a través de la corrupción, la actividad política de Ongs, que han logrado con éxito en varios países. Así es que invitan a jóvenes y a jueces como el brasileño Sergio Moro y el argentino Claudio Bonadío,entre otros, para entrenarlos. La Fundación Libertad- para citar un ejemplo- con sede en Rosario, es una de las organizaciones no gubernamentales más antiguas (este año cumplió 31 años en el país), originarias de este movimiento ideado por el Comité Santa Fe. Actualmente es presidida por el Nobel, Mario Vargas Llosa. La misma ha promovido disertaciones de personalidades de la justicia nacional, como el juez Bonadío, de representantes mediáticos liberales, como el periodista y economista Javier Milei y ha sido sede de encuentros de primeros mandatarios como Mauricio Macri y Sebastián Piñera.

Con la llegada de Reagan al poder, América Latina fue invadida, con Fundaciones como la NED (Fundación Nacional para la Democracia) y la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID) luego transformada en la U.S AID. Fundaciones madres encargadas de recibir dinero enviado desde la Embajada de Estados Unidos para operar en los diversos países latinoamericanos, con los ejemplos más recientes de los intentos de golpe de Estado en Venezuela contra el presidente Maduro en Venezuela y el impeachment promovido por los altos mandos judiciales brasileños a la ahora ex presidenta Dilma Rousseff o el encarcelamiento forzado de Lula Da Silva.

Militarización de América Latina y avance sobre los recursos naturales

Por otra parte, Elsa Bruzzone, especialista en geopolítica y defensa, analizó que “de alguna manera todo lo que estamos viviendo ya fue adelantado en los documentos elaborados fundamentalmente a partir del año 2003 por el Pentágono, el Departamento de Defensa de Estados Unidos, Departamento de Estado, el Comando Sur, la CNA Corporación que está conformada por altos jefes militares y navales norteamericanos. Figuran también en las estrategias de Seguridad de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental del año 2012, en las nuevas estrategias que están fijando ahora donde ellos admiten, sin tapujos, que sus recursos naturales, los propios de Estados Unidos, están en vías de agotamiento. Por lo tanto, para tener libre acceso y control de recursos naturales que se encuentran a lo largo y ancho del mundo, necesitan expandirse militarmente a través de acuerdos para instalar bases comunes o bajo el pretexto de lucha contra el narcotráfico, terrorismo, las armas de destrucción masiva, los desastres naturales, las epidemias y las migraciones”.

“En la actualidad, las bases de EE.UU. más importantes en América Latina son las nueve que tiene en Colombia, las cinco que tiene en Perú bordeando la selva amazónica, la que tiene en Concón, Chile, disfrazada de sitio de entrenamiento de las tropas de Naciones Unidas; las que tiene en Centroamérica sobretodo la de Comalapa (El Salvador); las que tiene junto con la OTAN en las Islas del Caribe; y Puerto Rico que en sí es una base militar norteamericana y hacia el Sur la ocupación conjunta de Gran Bretaña, Estados Unidos y la OTAN de las Islas Georgias del Sur”, detalla Bruzzone.

Para Calloni, estamos hablando de la Doctrina Monroe del siglo XXI, “el proyecto más importante geoestratégico de recolonización que Estados Unidos ha instalado sobre nosotros. América Latina es un continente con vastísimos recursos naturales: agua dulce, litio, coltán, petróleo, yacimientos para petróleo no convencional, entre otros. Y está a mano. Tienen la facilidad de venir sobre nosotros porque somos aún países dependientes de ellos, en función de los tratados que han hecho estos gobiernos a lo largo de la historia. John Kerry, Secretario de Estado de Obama, “Vamos a volver al patio trasero”. Siempre nos consideraron patio trasero. Llevar petróleo de Venezuela les cuesta nada comparado con traer petróleo de Iraq. En Medio Oriente lo hacen con más violencia, acá con otra metodología. Nosotros somos una necesidad estratégica para ellos. Y por eso están acá metidos. Y por eso levantaron en 1999 el Comando Sur y sus casi 20 bases militares en la zona del canal de Panamá y se las dispersó en América Latina.

“En Perú hay FOL´s (Forward Operations Locations en inglés- bases de operación estadounidenses yankis establecidas para compensar la pérdida de las instalaciones en Panamá) nuevos todos los días, en Paraguay desde 2005 tenemos tropas de EE.UU. en el Chaco paraguayo, en la frontera con Brasil, cuando ingresaron para hacer una maniobra y se quedaron hasta la actualidad”, expresa Calloni, y agrega: “ahí tenemos la Base Mariscal Estigarribia- preparada para recibir aviones D52 que son los que trasladan los equipos grandes ya desde la época del dictador Stroessner- a 240 km de la frontera con Bolivia, muy cercana a la frontera argentina, base que está preparada para recibir entre 12 y 15 mil soldados de Estados Unidos si se produce una situación que amerite que vengan”.

Argentina en el contexto actual

En abril de 2017 se inició una demanda al gobierno nacional por hipotecar los recursos naturales como garantía del pago de la deuda externa. Previa a la presentación judicial, el abogado Eduardo Barcesat, uno de los demandantes, afirmó que el presidente Mauricio Macri “ha profundizado el endeudamiento y la sujeción a futuro de generaciones de argentinos, al comprometer, en todos los endeudamientos pactados en el curso del año 2017, como respaldo de los pagos de servicios e intereses, el conjunto de los recursos y riquezas naturales”. Y detalló que el hecho había ocurrido “el 11 de enero de 2017, a través del decreto 29/2017”. Mediante el mismo, “el presidente Macri facultó al Ministerio de Finanzas a tomar deuda por hasta U$S 20.000 millones o su equivalente en otra moneda y definió la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales sitos en Nueva York y/o Londres. Acto seguido, dejó constancia de la renuncia de la Argentina a la defensa de la inmunidad soberana y excluyó de este desistimiento a las reservas del Banco Central, los bienes diplomáticos, la herencia cultural, los depósitos bancarios, valores y otros medios de pago. Sin embargo, el decreto nada dice en su cuerpo central de los bienes comprendidos en el artículo 236 del código civil. Incluso en el anexo, de más de 400 páginas, termina incluyendo expresamente los recursos naturales, como prenda, en el caso de que la Argentina no pueda afrontar el pago de los intereses o del capital de la deuda”.

Meses después, en septiembre de 2017, Argentina recibió por primera vez en la historia al Primer Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en un claro gesto de alineamiento geopolítico con ese Estado, apéndice de Estados Unidos. Jorge Elbaum, periodista, sociólogo y presidente del Llamamiento Argentino Judío sostuvo, en ese entonces, que “la política exterior del gobierno de Mauricio Macri se ha basado en un alineamiento total con las posturas de Estados Unidos, el Reino Unido e Israel. Este nuevo posicionamiento geopolítico de Argentina también ha implicado que el gobierno de Cambiemos haya puesto gran parte del armado de su seguridad en manos de Israel, sus servicios de inteligencia y el negocio de la compra de armas” ( https://www.diariocontexto.com.ar/2018/06/06/jorge-elbaum-la-decision-de-macri-de comprarle-armas-a-israel-supone-un-pacto-geopolitico/ ). Así, en julio de 2018 empezaron a patrullar los casi mil kilómetros de frontera fluvial, desde Clorinda (Formosa) hasta Posadas (Misiones, Argentina), dos lanchas israelíes, desmesuradamente equipadas con armamento de guerra, con el fin de prevenir el narcotráfico. Tiempo antes, la Federación de la Industria Naval Argentina (FINA) había pedido al gobierno que revise la decisión de comprar a Israel las 4 lanchas artilladas por 49 millones de dólares porque con ese monto se habrían podido construir 20 en la Argentina.

Ya en el corriente año, el Boletín Oficial del 22 de mayo de 2019, en su artículo 6 dispuso que: “La infraestructura destinada a la atención del visitante de los Parques Nacionales y Monumentos Naturales se ubicará en las Reservas Nacionales. De no ser posible prestar desde éstas una adecuada atención, la que se sitúe, con carácter de excepción, en los Parques Nacionales se limitará a lo indispensable para no alterar las condiciones del estado natural de éstos. A tales fines y siempre que resulte justificado en virtud de un interés general manifiesto, el PODER EJECUTIVO NACIONAL a propuesta de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES, que exprese que no significará una modificación substancial del ecosistema del lugar, podrá acordar, mediante Decreto singular, autorización para construir edificios o instalaciones destinados a la actividad turística y, en tal caso, se faculta al PODER EJECUTIVO NACIONAL a otorgar -con todos los mencionados recaudos- concesiones de uso, de hasta TREINTA (30) años”. En otras palabras, el Poder Ejecutivo Nacional puede autorizar construcciones para el turismo por decreto, puenteando al ente regulador de dichas acciones.

Cabe preguntarnos entonces, ¿cómo queda entonces parada Argentina frente a este contexto, tras las decisiones tomadas por el gobierno nacional durante estos cuatro años? ¿Qué políticas protegen hoy nuestra democracia y nuestros recursos? Para Elsa Bruzzone, “El país ha delegado la defensa de nuestro territorio, la defensa nacional, en manos del Comando Sur. Los convenios que se han hecho con la Guardia Nacional del estado de Georgia delegan también los que vendría a ser parte de nuestra defensa. Como tenemos delegado en Comando Sur la defensa del país, si mañana desembarcaran marines, le tendríamos que pedir a los marines norteamericanos que nos vengan a defender de sus propios compañeros”. Para la especialista en Defensa, el país está en total indefensión. “Prácticamente Argentina no tiene fuerzas armadas. Todo lo que era producción para la defensa- Fabricaciones Militares, fábrica de aviones y tanques, los artilleros como Río Santiago- fue totalmente desmantelado y está en terapia intensiva. Hasta han intervenido, desde el gobierno, a la obra social de las tres Fuerzas Armadas que cuenta con una caja valuada en 20 millones de pesos”, apunta. “El gobierno ha priorizado a las fuerzas de seguridad sobre las fuerzas armadas y el plan es transformar a las fuerzas armadas en una fuerza de seguridad: integrarlas a Gendarmería, Prefectura o a otras fuerzas para dedicarlas a la seguridad interior. Es un regreso a la Doctrina de la Seguridad Nacional, donde el enemigo vuelve a ser el propio pueblo”, señala Bruzzone.

No obstante, resalta que los intentos por establecer bases norteamericanas en nuestro país vienen fracasando: “No han podido instalar siquiera las que querían instalar en la provincia de Misiones en la zona de la Triple Frontera- justamente un lugar importante de recarga y descarga del Acuífero Guaraní, el cuarto reservorio de agua subterránea del mundo que compartimos Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. No han podido instalar en Jujuy, en la frontera con Bolivia, en el corazón del litio. No han podido instalarla en Neuquén, muy cerquita del aeropuerto de Neuquén, en la meseta patagónica del camino petrolero, muy cerca del yacimiento de Vaca Muerta y con proyección también hacia los recursos de agua que se encuentran en la provincia. Y tampoco la han podido instalar, pese a los esfuerzos que han hecho, en la provincia Tierra del Fuego, Islas Malvinas del Atlántico Sur y Antártida Argentina, con la intención de tener más libre acceso y control hacia la Antártida que es muy rica en recursos naturales y cuya prohibición para explotación termina en el año 2041. Es decir que pese a todos los acuerdos y pese a todos los intentos, los pueblos nuestros han impedido la instalación”.

Calloni disiente en este punto y sostiene que hoy tenemos a nuestro país cercado desde todos los flancos, mediante bases encubiertas: en Concón (Chile), Tolhuin (Tierra del Fuego), en Neuquén y en Jujuy: “Hasta ahora nunca se había podido establecer ninguna base estadounidense en nuestro país. Pero en marzo de 2016 vino Obama y se empezaron a establecer unan cantidad de permisos para la injerencia de EE.UU. en América Latina. Macri firma un acuerdo de seguridad con Obama que nunca ha pasado por el Congreso donde prácticamente aceptaba a entregar todos los datos de los habitantes de Argentina. Luego, en 2017, se votó en Argentina que se le entregaran los datos de la ANSES- el archivo de datos más grande sobre la población argentina- a marcos Peña. Acto seguido, desenterraron el decreto de Menem del año 1995 que nunca se había efectivizado para que Estados Unidos pusiera una base en Tolhuin, en Tierra del Fuego, que tiene como supuesta finalidad hacer logística para las expediciones a la Antártida, con lo cual estaban aceptando que fuerzas extranjeras van a estar haciendo expediciones constantes a la Antártida nuestra. Esa base hoy existe, con la finalidad de hacer vigilar ensayos nucleares. En Neuquén, con el pretexto de la ayuda humanitaria frente a desastres naturales, hay prácticamente terminada una base. Abiertamente el Comando Sur propuso construir la misma y los grandes diarios titularon que era con el “propósito de ayuda humanitaria contra los desastres naturales”, al igual que la maniobra que hubo en Misiones en las Cataratas del Iguazú, se hizo con diversos países para aprender a combatir los diversos desastres naturales. En octubre de 2016 firmó Bullrich con la entonces gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, un acuerdo para crear un centro de inteligencia regional para aprender los temas de inteligencia- como una escuelita de las Américas- se creó, se firmó el acuerdo sin consultar al Congreso. Es una base encubierta. (LINK: http://www.telam.com.ar/notas/201610/168901-bullrich-centro-integral-de-inteligencia-tierra-del-fuego.html ). En 2018 el ministro Aguad anunció que se iba a poner una base logística también en Ushuahia. (link a nota: https://www.telam.com.ar/notas/201802/254217-una-base-logistica-en-ushuaia-permitira-competir-para-ofrecer-servicios-por-us-60-millones-anuales.html ) Con esto tendríamos por lo menos tres bases. Luego está la base en las Islas Malvinas. La zona sur es estratégica por su composición geográfica y territorial. Están tomando zonas fronterizas. En Misiones las lanchas artilladas israelíes -compradas bajo el ministerio de Patricia Bullrich- patrullan los ríos fronterizos “contra el narcotráfico y el terrorismo” y con su ingreso entraron al país 500 efectivos entrenados en dicho país”.

En el caso de Neuquén, Bruzzone opina que “es real que han tratado de retomar la construcción de dicha base, pero la resistencia de toda la provincia -donde también ha tenido una actitud muy importante los medios de comunicación hegemónicos oficiales como los alternativos-, ha impedido que progresaran en la instalación de la base. No obstante, el plan final está presto a llevarse a cabo en cualquier momento: “Como han delegado la defensa nacional en manos del Comando Sur entonces no necesita FF.AA. La misión de toda FF.AA. es la defensa del territorio y los recursos naturales, de la población ante el ataque de un enemigo exterior. Lo que se está intentando hacer es terminar de destruir a esas FF.AA. Por eso no hay equipamiento o es reciclado con 50 años de antigüedad y adquirido mediante negociados con países europeos o aliados de Estados Unidos como Israel”, aclara.

Bases yanquis: ilegales

Un dato no menor que mencionan ambas especialistas es que necesariamente el Congreso de la Nación tiene que aceptar estos acuerdos y convenios que se hicieron para que realmente sean legales. Esto está previsto desde la reforma constitucional de 1994, en el capítulo IV, “Atribuciones del Congreso”, donde según el artículo número 75 inciso 24, corresponde al Congreso: “Aprobar tratados de integración que deleguen competencias y jurisdicción a organizaciones supraestatales en condiciones de reciprocidad e igualdad, y que respeten el orden democrático y los derechos humanos. Las normas dictadas en su consecuencia tienen jerarquía superior a las leyes.

La aprobación de estos tratados con Estados de Latinoamérica requerirá la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara. En el caso de tratados con otros Estados, el Congreso de la Nación, con la mayoría absoluta de los miembros presentes de cada Cámara, declarará la conveniencia de la aprobación del tratado y sólo podrá ser aprobado con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, después de ciento veinte días del acto declarativo.

La denuncia de los tratados referidos a este inciso, exigirá la previa aprobación de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Instancia que aún no ha ocurrido pese al pedido de senadores/ as y diputados/ as exigiendo ver los convenios para saber de qué se trataban. Entonces, la totalidad de las bases propuestas en estos acuerdos y convenios entre el gobierno nacional y los Estados Unidos son ilegales, ilegítimas e inconstitucionales.

Mientras los grandes medios de comunicación callan, Argentina y el resto de los países del hemisferio sur caminamos entre la posibilidad de volver a ser Estados nacionales más soberanos y autónomos o ser totalmente fagocitados y transformados en un apéndice de las corporaciones transnacionales militares, financieras y económicas que buscan avanzar sobre nuestros recursos naturales. Entre ser Patria o volver a ostentar la huella de una bota militar estadounidense sobre nuestra Casa.

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Por Redacción Marcha / Foto: Alejandra Malcorra

A diez días de las elecciones primarias, P.A.S.O, gran parte de los movimientos y partidos políticos volvieron a ocupar esas calles que, durante los últimos tres años de macrismo fue espacio político de disputa. Por fuera de las acciones propias de la agenda feminista, la Plaza de Mayo no desbordaba desde el paro del 30 de abril y luego de la histórica marcha del 24 de marzo. En año electoral, las tensiones existentes se fueron negociando por otros medios que no necesariamente utilizan a la calle como espacio político. Mientras nos íbamos enterando –e indignando- por las distintas hostilidades cotidianas, vimos cómo las mismas se fueron resolviendo desde las redes sociales y especulaciones electorales. 

Pero, ¿quién logró convocar a las y los miles que ocuparon la Plaza durante la tarde de ayer? Fueron las y los familiares, nuestras Madres, Santiago. Una historia de impunidad que no cierra para ninguna de las banderas políticas que se oponen al macrismo. Un activista anarquista que defendía, junto al pueblo mapuche, los territorios políticos y ancestrales de la Pu Lof Cushamen. Santiago, asesinado por las fuerzas represivas del macrismo es hoy la figura que (nos) convoca y obliga a salir. Santiago, demuestra que este pueblo tiene memoria y que más allá de la coyunturas hay paradigmas con los que nadie se puede meter. La palabra autorizada de familiares y organismos de Derechos Humanos en tiempos electorales sentaron, durantes estos años, los límites del “hasta donde” al macrismo.

Así lo advirtió Sergio Maldonado desde el escenario, ante el aplauso de las miles de personas que se acercaron a Plaza de Mayo, y en el que no será el último reclamo por justicia para Santiago su hermano: “El 1 de agosto del año que viene nos volveremos a ver acá mismo. No habrá justicia hasta que sepamos dónde están todos los desaparecidos en democracia. Basta de represión, de gatillo fácil, de femicidios y travesticidios. No necesitamos el Servicio Cívico Voluntario, los pibes necesitan salud y educación. Santiago, anarquista, luchador, caminante solitario, fue un ser libre y solidario. Santiago no especulaba con las fechas electorales para ser solidario. Sobre todo fue y seguirá siendo mi hermano. No al cierre de la causa, basta de impunidad”.

Santiago Maldonado es un grito de denuncia. Al lado de las Madres, con un pañuelo verde y el puño en alto. “Santiago estuvo desaparecido 78 días para amedrentar, aleccionar y para que la muerte se naturalice en manos de sus fuerzas”, dijo Sergio Maldonado: “El 25 de noviembre, mientras se velaba el cuerpo de Santiago la Prefectura asesinaba a Rafael Nahuel. Al ver que acá hay un montón de gente que viene a apoyar, que sigue manifestándose, y necesita que se resuelva lo de Santiago porque dejarlo impune naturaliza, deja un patrón que la impunidad sea lo que nos gane”.

Y es que Santiago nos propone una lucha atemporal que no se limita a la división de años por periodos electorales. La coyuntura, para él, se ponía en juego cuando había que defenderse de algún desalojo. Estar donde había que estar sin cálculos electorales. Quizás por eso la Plaza volvió a ser epicentro de lucha. Santiago como un nuevo símbolo de unidad de quienes gritan(amos) que las y los desaparecidos son 30 mil, que a Luciano Arruga lo mató la policía de Daniel Scioli y que a Santiago Maldonado lo desapareció y asesinó la Gendarmería de Patricia Bullrich.

Foto: Emiliana Miguelez

Un entramado estatal para garantizar la impunidad 

“Desde el Estado se está haciendo todo lo posible en sus distintos estamentos, no solo para que la causa sea archivada, sino también por conseguir que la Gendarmería sea reivindicada”, declaró Myriam Bregman a Marcha. “Las leyes están hechas para los poderosos, para que a la cárcel vayan los pobres y los ricos queden impunes por sus crímenes contra el pueblo”, agregó, “y este caso en particular no escapa de esa lógica”.

“La decisión del juez Gustavo Lleral de cerrar la causa de desaparición forzada y muerte de Santiago (Maldonado) no resiste ningún análisis técnico ni lógico”, afirmó María del Carmen Verdú, abogada e integrante de CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional) a Marcha. “En ningún momento se analizó algo tan básico y central como que la desaparición se produce en el marco de un operativo de Gendarmería”, agregó, analizando que es una forma de operar histórica que tienen jueces y fiscales para “desresponsabilizar al aparato estatal”. “Es una vieja maniobra, pero no por vieja menos efectiva. Por eso una de las consignas central de hoy es ´No al cierre de la causa´”.

“El caso de Santiago es fundamentalmente representativo de una modalidad que, si bien no empezó con él, ni empezó con Jorge Julio López, ni con Luciano Arruga, tenemos más de 200 desaparecidos y desaparecidas en democracia en manos de las fuerzas de seguridad”, contextualizó Verdú, quien realizó hincapié en que la represión que mató a Santiago fue “en el marco de un operativo represivo a un conflicto social tan paradigmático y central como es la reivindicación de los territorios ancestrales de los pueblos originarios, especialmente en la Patagonia y en la Pu Lof Cushamen que venía sufriendo desde antes este tipo de embates”. 

“En las principales represiones la Gendarmería tuvo un rol protagónico, participando directamente o como apoyo de otra fuerza nacional o provincial”, declaró Myriam Bregman, abogada de Derechos Humanos. “La Gendarmería es una fuerza que durante toda la dictadura fue armada por y subordinada al Ejército. Es una fuerza completamente militarizada, con el viejo espionaje como hemos denunciado en el Proyecto X. Es una fuerza que cumple o sustituye el rol que cumplían las fuerzas armadas en otro momento en la seguridad interna”, agregó. Recordamos además que fueron las fuerzas armadas quienes en época de dictadura estuvieron subordinadas a los grandes intereses económicos que hoy nuevamente están al frente del gobierno por la vía electoral y que nunca fueron juzgados. 

En campaña electoral: macrismo y represión explícitos 

“Solo con mucha movilización se logró que esta causa se abra”, dijo Bregman, analizando los contextos que no le ganan a la organización: “solo con movilización y lucha de la familia se logró instaurar que Santiago estaba desaparecido, que sufrió una desaparición forzada y que, para que esa causa avance, vamos a seguir movilizados”. 

“El período electoral marca su impronta en todas las causas vinculadas a las luchas sociales y políticas”, analizó Verdú. “Por ejemplo, en el caso de Daniel Ruiz, preso desde septiembre del año pasado por participar de las movilizaciones contra la reforma previsional, ya debería haberse hecho su juicio; sin embargo, el Tribunal viene dilatándolo porque precisamente no es un juicio que quieran hacer en campaña electoral”. Y agregó: “tenes preso a Daniel Ruiz por tirar una cañita voladora y tenes en libertad a policías imputados de homicidio calificado, como (Giuliano) Fattori, autor del fusilamiento de Leo Sotelo”, un pibe de 19 años asesinado en 2016 en Burzaco. 

Foto: Emiliana Miguelez

Santiago vive 

El Brujo, el Lechuga, el Ardilla o el Viquingo. Así lo conocían a Santiago Maldonado sus compañeros y compañeras en las distintas luchas a las que se acercó. Luchó contra la injusticia sin fronteras y por eso hoy, además de resignificar una fecha que nos es triste, celebramos que Santiago se transformó en un símbolo de respeto. Lejos de las especulaciones políticas y electorales. El se solidarizó con los presos por los saqueos de Bariloche, luchó en las asambleas y barricadas de Chiloé, cortó la ruta 40 por la liberación de Facundo Jones Huala, entre tantas acciones solidarias contra la vulneración de derechos.

“Es parte de una muy buena tradición de nuestro pueblo no permitir que estos crímenes queden impunes”, dijo Bregman, ”porque es un pibe, porque las víctimas las pone el pueblo, porque son jóvenes, como Maxi y Darío, todos pibes y pibas que siempre salieron a luchar y que sufrieron las políticas represivas”. Para Verdú, “la desaparición forzada de Santiago logró algo que hace mucho tiempo no concretábamos, la movilización unitaria de todos los sectores vinculados a la defensa de los Derechos Humanos”.

Por eso y por más, Santiago vive en la lucha. Porque lxs brujxs no mueren.

Foto: Leo Crovetto

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Por Ignacio Marchini / Foto: Oscar De la Vega 

Hoy se cumplen dos años desde que Santiago Maldonado desapareció en una represión de la Gendarmería Nacional a la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia de Cushamen, Chubut. Un hecho que ocasionó el apoyo popular en grandes manifestaciones y puso en jaque la continuidad del macrismo como sistema político y cultural dominante que vio la necesidad de tomar la decisión política de incrementar la represión.

Desde entonces, la lucha de la familia y amigos y amigas de Santiago busca determinar los responsables materiales e intelectuales y las responsabilidades judiciales, penales, administrativas y políticas tras lo que significó una desaparición forzada seguida de muerte en Argentina. Por eso, señalan al juez Gustavo Lleral, a cargo de la causa, quien se rehúsa a investigar las inconsistencias de las pericias.

En diálogo con Marcha, Verónica Heredia, la abogada de la familia de Santiago Maldonado, contó los fundamentos sobre los cuales basan el pedido de reapertura de la causa y de una nueva investigación que sea imparcial e independiente al gobierno y a las fuerzas represivas.

¿Cuál es el estado actual de la causa por justicia para Santiago?

Desde el 29 de enero de este año la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia debe resolver si mantiene o no el archivo de la causa dispuesta por el juez Gustavo LLeral el 29 de noviembre de 2018. Por lo tanto, han pasado seis meses, todos los plazos legales están vencidos. Observamos una vez más que los plazos de esta causa van a responder a las elecciones, porque de aquí a fin de año quedan tres comicios. Los jueces, de aquí a fin de año, van a elegir en qué momento van a decidir, no va a responder a una cuestión legal ni judicial la resolución.

Nosotros presentamos todo en tiempo y forma, porque los plazos son perentorios. A los tres días que el juez dictó la sentencia de archivar la causa apelamos. El 4 de diciembre de 2018 la Cámara de Apelaciones nos citó a una audiencia el 29 de enero y, hasta la fecha, no dictó ninguna resolución. Cualquier decisión que se adopte, ya sea mantener el archivo o desarchivarla, no va a responder a los plazos legales. Los jueces están manejando políticamente la causa de Santiago.

¿Qué momento pensas que están esperando? ¿Después de las elecciones?

No lo sé. Lo que sí sé es que están todos los plazos vencidos. Lo que sabemos es que de acá a fin de año hay tres elecciones y en algún momento van a resolver. Están especulando con esa decisión. No responde a los plazos legales, no responde al Código Procesal. Uno de los jueces, el Presidente de la Cámara, forma parte de la comisión que tiene a cargo las escuchas telefónicas, Javier Leal de Ibarra. Él ya había dicho que la causa había que cerrarla. Lo recursé cuando dijo eso y negó lo que dijo.

Las expectativas sobre esta justicia forman parte de la desconfianza que el propio relator de Naciones Unidas para la libertad de expresión dijo en su comunicado: “En Argentina, la gente no cree en el poder judicial”.

¿Cuáles son las irregularidades de la causa?

Primero, nos opusimos a que la investigación siga estando en manos del Ministerio de Seguridad. Desde el primer momento dijimos que tanto el juez, como la fiscal, como la ministra de seguridad, forman parte del problema y, obviamente, de ellos no va a salir ninguna solución. Logramos apartar al juez Guido Otranto, pero aún con todas las recusaciones que hicimos contra la fiscal Silvina Ávila no la pudimos sacar de la causa, se mantuvo con apoyo del Ministerio Público Fiscal. Tampoco logramos que el juez Gustavo Lleral resolviera iniciar una investigación sin Prefectura ni la Policía Federal. Mientras Prefectura mata a Rafael Nahuel por la espalda, acá hace las pericias, y mientras que Gendarmería reprime la protesta donde desapareció Santiago, hace las pericias de Nahuel. Todo muy pornográfico.

Ya veníamos advirtiendo que esto iba a quedar en la nada y efectivamente el juez resolvió que Santiago ingresó voluntariamente a las aguas del Río Chubut y ahí la muerte lo encontró en un pozo donde cayó. Así, groseramente está escrito en la sentencia. Por eso apelamos todo, desde la primera hasta la última resolución. Todo dijimos que estaba mal hecho, que no se había investigado porque no podían investigarse a si mismo quienes llevaban adelante la investigación. Esto es lo que venimos reclamando desde el primer momento: la conformación de un grupo de expertos independientes, con la lógica de los 43 normalistas en México, como la comisión que lleva adelante la investigación sobre la muerte de Berta Cáceres. No estamos pidiendo un absurdo, se ha hecho en diferentes partes del mundo cuando el hecho es claramente generado por el propio Estado, que no está organizado para investigarse a sí mismo.

¿Cuáles son las inconsistencias de las pericias?

Se instaló que en la autopsia se había firmado que Santiago se ahogó sólo el primero de agosto y que ahí permaneció hasta que fue encontrado el 17 de octubre. Eso lo autopsia no lo dice. Se instaló que 55 peritos habían dicho esto. No solo no dice esto, sino que no fueron 55 peritos, son 26. A partir de ahí, todo lo que se instaló mediáticamente, la autopsia no lo dice.

En la autopsia hay 55 firmas porque aparte de los 26 peritos está la del juez, los secretarios, las personas que abrían la puertas, los que cerraban, los que sacaban fotos, etc. Es un escrito que tiene 100 hojas, de las cuales las primeras diez son todas firmas y presentaciones y las últimas veinte también. Es un escrito muy escueto, muy pobre, y por eso hicimos preguntas para que se amplíen las afirmaciones que estaban en ese escrito y eso es lo que nos rechazó el juez.

¿Qué sí dice la autopsia y el juez no quiso aclarar? Dice que el estado en el que se encontraba el cuerpo de Santiago era producto de la crioconservación artificial y natural. La crioconservación natural se da a menos de 80 grados centígrados. El Río Chubut no llega a 0°. Todas las temperaturas del río que el propio informe de la autopsia dice, es más de 7° promedio. Nosotros le preguntamos al juez por qué los peritos afirman eso, de qué crioconservación hablan. Es ejemplificado el chiste que hizo la diputada Elisa Carrió (NdR: comparó a Santiago con Walt Disney). El cuerpo de ese chiste no está en ningún río, está en un lugar artificial, acondicionado para eso.

¿En la autopsia figura alguna temperatura en la que encuentran el cuerpo?

Ellos nombran el estado perfecto del cuerpo de Santiago, que conservaba hasta las huellas digitales. El cuerpo estaba perfecto. Yo vi el cuerpo. Cualquier persona que haya estado en el agua sabe como te queda la piel luego de horas, imaginate tres meses. No es lógico. ¿Qué explicación dieron? Que el cuerpo de Santiago estaba crioconservado naturalmente y eso, por lo menos en las aguas del Río Chubut, es imposible. Entonces, si estuvo crioconservado de manera natural, no fue en el Río Chubut, y si no fue en el Río Chubut, fue en otro lado. Es así de simple y eso está escrito en la autopsia y el juez no lo dijo. No solamente no lo dijo, sino que no nos permitió preguntar y que nos dieran explicaciones.

Hablan también de otras inconsistencias en las pericias

Así como dice crioconservación artificial y natural dice “muerte violenta”. Eso él tampoco lo dijo ni explicó por qué habla de muerte violenta. Lo que no dice la autopsia es que Santiago murió ahogado solo, sin que nadie lo viera, que se cayó en un pozo donde fue encontrado el 17 de octubre. Por eso, el perito de la familia en ese momento firmó la autopsia porque eso no lo dice y había que explicar y explayarse sobre qué puntos sí se estaban diciendo. Más allá de que él es antropólogo, no es especialista en crioconservación ni médico forense.

Cuando se presenta la autopsia, lo primero que hacemos es preguntar sobre todos estos puntos, que expliquen por qué escribieron eso. Ni siquiera es que los forenses negaron la respuesta, el problema es que el juez no permitió que hiciéramos la pregunta. Los peritos son especialistas en distintos temas, ellos hacen el informe y se abre una instancia para que, como abogada, pueda pedir que se amplíen ciertos puntos. El juez negó que se formularan las preguntas.

Si hay algo que no le interesó a Lleral fue saber la verdad. Él llegó para encontrar el cuerpo, que nadie explicó por qué Guido Otranto no lo encontró si el cuerpo estaba ahí el 18 de septiembre, cuando fue con 400 personas. Le pedimos a Lleral que lo citara a Otranto y que viniera a explicar cómo él sabía que Santiago estaba ahí y no lo encontró. Por supuesto, negó esa citación. Todas las preguntas que hicimos están formuladas en tiempo y forma en el expediente. El juez dio por terminada su labor cuando se encontró el cuerpo, sin ningún interés de saber qué pasó.

Hay ciertas declaraciones desde el oficialismo en pos de intervenir en la causa para darla por terminada

La injerencia del Poder Ejecutivo en la causa fue clarísima desde el primer momento. A este gobierno le interesa que la causa de Santiago siga siendo utilizada mediáticamente y electoralmente, como ellos la utilizaron en su momento. Instalaron que Santiago no estaba, que formaba parte de la RAM (NdR: Resistencia Ancestral Mapuche), que era violento, que había un 20% de probabilidades de que esté en Chile. Se dijeron barbaridades, una tras otra. Luego, cuando apareció el cuerpo, dijeron que se ahogó solo. Se terminó. La misma gente que antes hacía todo un razonamiento y decían que estábamos inventando un desaparecido, cuando aparece el cuerpo dicen que se ahogó solo. De ese modo el juez afirma en una sentencia lo que el Poder Ejecutivo estaba diciendo. Ahora quieren que esto se instale.

¿Qué pensás de la relevancia que tomó la figura de Santiago?

Santiago representa la denuncia a todo el sistema, al sistema represivo, al sistema capitalista, al sistema extractivista, la defensa de los pueblos originarios. Todo eso representa Santiago. Así que al Gobierno le interesa que quede que Santiago se ahogó solo, que se ahogó como un tonto.

Vamos a estar este primero de agosto, como vamos a estar el primero de agosto de 2020 y el primero de agosto de todos los años hasta que sepamos realmente qué pasó con Santiago el primero de agosto de 2017, qué pasó con Santiago desde el primero de agosto al 17 de octubre y qué pasó desde ese momento hasta ahora, que se está garantizando la impunidad. De allí podremos determinar los responsables materiales e intelectuales y las responsabilidades judiciales, penales, administrativas y políticas.

Maldonado y Santillán, hermanados contra la impunidad

Santiago Maldonado: principio y final.

¿Dónde está Santiago Maldonado?

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Tal y como ocurrió hace dos años con la aprobación del DNU 70/2017, el gobierno argentino vuelve a sacar la carta de la xenofobia como una de sus principales apuestas para publicitar su política de seguridad de cara a sus votantes, que ya comienzan a dudar de su capacidad para sacar adelante la economía del país.

El día lunes, la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, en conferencia de prensa, confirmó lo que horas previas había sido anunciado por el periódico Clarín: el gobierno tiene preparada una lista de 1000 extranjeros para ser expulsados en los próximos meses. Un número redondo y hasta poco creíble, pero lo suficientemente llamativo como para ocupar la portada de un medio aliado al gobierno. Con esto, Cambiemos sigue instalando en el imaginario la idea de que habría una relación causal entre migración y delincuencia, pese a que, según datos de la Procuración Penitenciaria Nacional (PPN), la población carcelaria de origen extranjero se mantiene constante desde 2002.

Ofreciendo una estadística que sólo considera al Sistema Penitenciario Federal (SPF), Bullrich afirmó que el 20% de la población penitenciaria es extranjera. La Ministra obvió señalar que esto se debe a que es en el SPF donde son alojados los reclusos por narcotráfico, en la que hay una representación mayor de extranjeros en todo el mundo, dada las modalidades de este delito, pero que no se refiere a personas efectivamente asentadas y residentes en Argentina. Las cifras, además, se caen al considerar las prisiones provinciales que representan el 84% de la población carcelaria del país y en la que los extranjeros son apenas el 3,2%.

Cabe destacar que en Argentina la población migrante representa apenas el 4,5% del total del país y, de ese porcentaje, únicamente el 0,24% está en prisión, lo que equivaldría a 4307 extranjeros, según datos de 2015. Una cifra que pone bajo cuestionamiento el nivel de prioridad que el gobierno ha decidido darle al tema.

Con encuestas en mano, Cambiemos inicia un año electoral en el cual un aumento en la dureza de su política de seguridad es una de sus principales banderas. Es en esta lógica que este anuncio se complementa con la propuesta de bajar la edad de imputabilidad a 15 años, propuesta que la oposición señaló no acompañaría, y la compra de pistolas taser, que han sido declaradas como armas de tortura por Naciones Unidas.

Desde las organizaciones la reacción no tardó en llegar. En un comunicado compartido el día martes, el Bloque de Trabajadorxs Migrantes denunció el uso de una campaña de mentiras contra los y las migrantes. Reafirmaron el rol fundamental que juega la migración en la vida social, cultural y económica de la Argentina, resaltando los 1500 millones de dólares anuales que los y las migrantes aportan con su trabajo al país.

En los próximos días veremos si efectivamente estas expulsiones se concretan. A dos años de la aprobación del DNU 70/2017 y a la espera de que la justicia resuelva la apelación del gobierno, Cambiemos refuerza su ofensiva contra la migración. En esta lista, seguramente, no veremos a los Benetton y a los Lewis, mucho menos a Cristine Lagarde, pero si se trata de extranjeros peligrosos para el pueblo, sin duda deberían ocupar los primeros lugares de la lista.

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La reglamentación con respecto al uso de armas de fuego en las Fuerzas de Seguridad, que habilita a disparar a quien huye sigue cosechando críticas, ya no sólo de los organismos de DDHH sino también de Elisa Carrió. Ivonne Kukoc, madre del joven asesinado por el policía Luis Chocobar dijo que quieren aplicar la pena de muerte en Argentina y pidió la renuncia de Bullrich.

En los últimos meses, Ivonne conoció muchas madres y padres que, como ella, perdieron a sus hijos en manos del gatillo fácil. En ellas y ellos encontró la fuerza para seguir adelante y exigir justicia para que Chocobar, el policía local de Avellaneda que asesinó a su hijo Juan Pablo Kukoc vaya preso. En ese reclamo

pone toda su energía.

Mientras, el gobierno nacional hizo ley lo que empezó a llamarse la “doctrina Chocobar”, cuando honró al policía que disparó por la espalda al joven Kukoc. La Resolución 956/18 cambia la reglamentación para el uso de armas del fuego para las fuerzas de seguridad y amplía las posibilidades de disparar a quienes consideren “sospechosos”. El repudio creció y sigue creciendo y en las últimas horas de ayer, la justicia hizo lugar a un amparo presentado por varias personas referentes de Derechos Humanos, decretando como inconstitucional e inaplicable el reglamento en la Ciudad de Buenos Aires.

Mientras tanto, conversamos con Ivonne en el barrio de la Boca, a pocas cuadras del lugar donde fue asesinado su hijo, para conocer su opinión tras “el cambio de doctrina” de la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

–¿Qué pensás de la decisión del gobierno de permitir que los policías federales disparen sin dar la voz de alto?

-Es gravísimo. Es una decisión horrible. Yo creo que ven a la gente como animales y quieren matar pibes pobres como si fueran perros. Lo que no se dan cuenta es que esta medida lo único que va a generar es más violencia. El rol de la policía es detener a quien comete un delito y ponerlo a disposición de la justicia, no tener licencia para matar a discreción. De esta manera lo que buscan es legalizar la pena de muerte en Argentina.

–La Ministra de seguridad, Patricia Bullrich, dijo que la doctrina anterior despreciaba a los uniformados y que esta los resguarda.

-La verdad es que la Ministra tendría que renunciar. Este no es trabajo para ella. Se trata de una funcionaria que festeja muertes. La solución a los delitos, a la inseguridad no puede ser matar pobres y negritos. Si hay pibes y pibas que roban, deben ser detenidos. Pero la solución estructural es la que falta.

–En estos meses te encontraste con madres y padres que han perdido a sus hijos e hijas en casos de gatillo fácil. ¿Qué aprendiste de ellos?

-Ante tanto dolor, nos encontramos y nos acompañamos. En este tiempo aprendí que la justicia se gana en las calles. A nuestros hijos se lo llevo el gatillo fácil, policías que actuaron siguiendo generalmente órdenes políticas y que tienen protección de los poderosos. Imaginate la protección que tienen, que al asesino de mi hijo lo recibió con honores el Presidente, aunque está acusado de homicidio.
La única manera de lograr justicia, es estar organizados y juntos. Y la fortaleza de encontrarnos y saber que vamos a pelear hasta el final.

– ¿Cómo se sigue día a día, después de perder un hijo?

-Es muy duro. Porque no se murió. Lo mataron. Y todos los días se me vienen a la cabeza las mismas imágenes: Juan Pablo tirado en la calle, Chocobar disparándole hasta matarlo. A mi hijo lo mataron como un perro. Y eso yo no se lo deseo a nadie. Hay un vacío que siento que nunca más se va a llenar. Pero acá hay que sacar fuerzas de donde sea. Por Juan Pablo y por todos los pibes y pibas que tienen derecho a la vida. Ellos quieren instalar la pena de muerta. Y nosotros tenemos la obligación de defender el derecho a la vida. Para todos los seres humanos.

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