Por Base Investigaciones Sociales

El triunfo contundente del Partido Colorado en las elecciones del pasado 30 de abril ha dejado claro que este sector político es la primera minoría del país; en este sentido algunos referentes de la oposición han señalado que existe “una mayoría que votó contra la ANR”. Sin embargo, esa mayoría se encuentra dispersa, tanto en lo electoral como en materia de organización social y política.

El voto contra hegemónico, de impugnación al sistema político y económico actual, ha sido capitalizado por Paraguayo Cubas, un actor cuyas intervenciones políticas disruptivas genera enormes adhesiones en amplias capas de la población, principalmente aquella más marginada, y al mismo tiempo produce serías desconfianzas en los sectores más avanzados del campo popular que identifican en los discursos y en la acción política de “Payo” elementos propios de movimientos de ultraderecha que hoy avanzan en la región (Bolsonaro, Trump, Milei, entre otros).

Más allá de esto, tanto el resultado electoral como las movilizaciones posteriores permiten ver que existe un descontento de un sector muy importante de la población hacia el modelo democrático actual. En este sentido el libro “Movimientos Sociales y élites: disputas en torno a la democracia (2000-2021)” señala que esta crisis se explica desde la concepción misma de la democracia, en la que difieren las élites y los movimientos sociales. Al respecto este libro puntualiza: “la política en Paraguay es un terreno de confrontación y tensiones entre la ampliación o restricción de la democracia, entre las agendas de las élites y las de la sociedad en general. Mientras los sectores sociales comparten una perspectiva participativa y esperanzadora de disfrute pleno de derechos, las élites se han ido moviendo desde el lado de la democracia liberal, característico de los primeros años de transición, hasta una concepción patrimonialista, que implica que solo este sector tiene legitimidad para acceder a las instituciones y beneficiarse de ellas, lo cual refuerza su carácter involucionista, apropiador y conservador”.

El material indica que uno de los principales problemas estructurales en Paraguay es el control del Estado por un partido político y, en un sentido más amplio, por un sector minoritario (élite) que se ha consolidado como un partido total, de la cuna a la tumba, donde cualquier interacción social o económica está intermediada por este y beneficia al sector que representa. Esta dinámica totalizante pareciera no dejar espacio ni para una perspectiva de democracia pluralista ni participativa, ya que apunta a ocupar todo el espacio político. Frente a ello, avanzar en la construcción de la democracia aspirada por los movimientos sociales, encuentra su principal impedimento en el control del Estado (tanto a su institucionalidad, su normativa y sus funcionarios) por parte de las élites.

Ante esta situación el “hartazgo” popular parece seducido por una propuesta política de mayor confrontación con el modelo, propuesta que aún no ha sido asumida por los movimientos sociales y populares, y que, como se señaló anteriormente, fue capitalizada – en esta coyuntura – por la figura de Cubas.

La construcción de movimientos sociales y organizaciones populares fortalecidas, que puedan guiar ese hartazgo hacia la construcción de una “democracia real” que responda a las necesidades de la población más vulnerable, aparece como una tarea urgente ante el avance del conservadurismo y las políticas neoliberales y extractivas que se esperan del gobierno de Peña.

Publicada originalmente en Base IS.

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Por Roberto Irrazabal

Óscar Vicente Scavone y su firma Laboratorios de Productos Éticos donaron la suma de G. 1.200 millones para la campaña interna que logró poner a Santiago Peña como candidato colorado a presidente del país. La Ley establece un tope de G. 980.890.000 para las donaciones a campañas políticas. La empresa viene facturando al Estado casi USD 220 millones de dólares desde el año 2010, según datos de Contrataciones.

Los documentos de rendición de ingresos y gastos de campaña presentados por el movimiento Honor Colorado a la Justicia Electoral, respecto a las internas partidarias, detallan la lista de personas y corporaciones que realizaron donaciones y contribuciones para el grupo que logró posicionar a Santiago Peña como candidato de los colorados a presidente de la República, y a Horacio Cartes como presidente de la Asociación Nacional Republicana.

Como principal donante del cartismo figura el empresario Óscar Vicente Scavone Rivas, ex asesor económico y comercial de Cartes cuando fue presidente de la República, así como también figura su empresa Laboratorio de Productos Éticos CISA. Scavone figura con tres donaciones de G. 300 millones (G. 900 millones) y su empresa con otra de G. 300 millones.

Según los detalles, las primeras dos donaciones, de G. 300 millones cada una, Scavone las realizó el 26 de agosto del año pasado (facturas número 3 y 4), y la tercera donación a su nombre de G. 300 millones fue el 5 de octubre del año pasado. Por último, la cuarta donación de G. 300 millones lo hizo, pero a nombre de su empresa, en fecha 3 de noviembre del 2022. En total, Honor Colorado recibió G. 1.200 millones de Scavone.

La Ley Nº 6501/2020 de Financiamiento Político señala que los partidos, movimientos políticos, alianzas y concertaciones electorales, y los movimientos internos de éstos, no podrán aceptar o recibir directa o indirectamente, en forma monetaria o no monetaria, contribuciones o donaciones individuales superiores al equivalente a diez mil jornales mínimos para actividades diversas no especificadas por cada ejercicio anual, ya sea de personas físicas o jurídicas.

Tomando el Decreto Nº 7072 del Poder Ejecutivo del año pasado, que estableció el salario mínimo para actividades diversas en 2.550.307 guaraníes y el jornal en 98.089 guaraníes, el tope establecido para donaciones individuales es de G. 980.890.000. Como artimaña para violar la ley, Scavone hizo figurar a su nombre G. 900 millones, y a nombre de su empresa G. 300 millones.

Por cierto, dicha empresa figura en el sistema de contrataciones públicas como proveedora del Estado con datos públicos desde el año 2010 hasta la fecha, y según este sistema, la suma de todas sus adjudicaciones, desde entonces a la fecha, ha sido de G. 1.576.274.542.403, es decir, unos USD 218.927.020.

El aporte de Scavone a HC configuró más de la tercera parte de todo el dinero recaudado para la campaña, que en total fue de G. 3.575.620.000, todo en concepto de donaciones, según el informe presentado a la Justicia Electoral, donde señalan además que gastaron G. 3.408.032.439.

Otros contribuyentes con grandes facturacionesEn la lista de donaciones a Honor Colorado, además de Scavone, figuran otros importantes empresarios y empresas, como el caso de Raúl Doria Cortés, con G. 130 millones, y Miguel Ángel Figueredo Caniza, con G. 34.550.000.

Ambos directores del Centro Médico La Costa que se maneja con la empresa de seguro médico Asismed, otra gran prestadora de servicios al Estado, con un total facturado desde el año 2013 a la fecha de G. 1.854.468.030.319, es decir, unos USD 257.565.004.

Figueredo Caniza también figura como representante legal y presidente de Laboratorio San Roque SRL, y presidente Consejo de Administración MAPFRE Parguay, esta última también con algunos contratos con el Estado desde el 2010, que a la fecha suman G. 3.352.921.511, según el sistema de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

Otra importante donación de G. 100 millones a HC fue la realizada por el empresario Eduardo Francisco Daud Orue, propietario, junto a sus dos hermanos, de la empresa Ao Poti SA, que también figura en el sistema de proveedores del Estado, con una facturación desde el año 2012 a la fecha de G. 78.952.428.494.

La empresa Pampeiro SA figura como aportante de la suma de G. 13.820.000 para Honor Colorado, y también figura en el sistema de la DNCP, con facturaciones al Estado desde el año 2010 que a la fecha suman G. 8.165.639.743.   Pedro Daniel Barrail Troche es otro que está en la lista de aportantes, él con la suma de G. 14 millones. El mismo figura como parte de la empresa BAGA SA, que alquila oficinas en el Complejo Barrail Costanera, entre ellas al Estado, según una licitación del 2021, específicamente el MITIC, por la suma de G. 1.865.500.000.

Entre otros donantes, también aparecen empresas con antecedentes de conflictos por la tierra con comunidades indígenas, como el caso de VLW SA, que figura como aportante de G. 72 millones para la campaña de HC, así como también en publicaciones de ABC Color del 2014 que hablan de deforestación de tierras de los silvícolas totobiegosode en Puerto Casado, Alto Paraguay.

En la misma línea, se encuentra la empresa H3 Agrochemical SA, cuyo representante legal es Hermann Hutz Afara, sobrino del ex vicepresidente y actual senador Juan Afara, e hijo de Hermann Hutz, quien desalojó a los indígenas Ava Guaraní de la comunidad Tekoha Sauce, que reclama tierras que le arrebató la Itaipú Binacional. Dicha firma figura con un aporte de G. 356.250.000 para HC.

(*) Este reportaje fue publicado originalmente en Made In Paraguay y hace parte de un trabajo colaborativo de la #RedAlternativa, una organización de diez medios digitales que unen sus esfuerzos de comunicación para estas elecciones. Podés seguir nuestras publicaciones en las redes sociales con las etiquetas #eleccionespy2023 y #otramirada

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