Este 26 de octubre se llevaron a cabo en Quito y varios lugares del país movilizaciones ciudadanas en rechazo al incremento en el precio de los combustibles, leyes laborales antipopulares, la nula política pública en beneficio del pueblo ecuatoriano y la escasa reactivación de economía real para los sectores históricamente empobrecidos del país.

El “Gobierno del encuentro” -como se autodenomina la administración de Guillermo Lasso- dice en medios de comunicación y redes sociales estar dispuesto al “diálogo”, mientras que en las calles dispone a las fuerzas del orden para arremeter contra las manifestaciones del pueblo.

Durante la jornada del día 26 se registraron en Quito y otras ciudades del Ecuador actos de represión por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

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Por Camila Parodi e Ignacio Marchini | Fotos de Camilo Rozo, Juan Ignacio Muñoz y Johan González

En sintonía con el levantamiento continental, el pueblo colombiano no se quedó atrás y realizó, en el día de ayer, un paro nacional. Con una enorme adhesión del campo y la ciudad, el campesinado y los y las trabajadoras urbanas frenaron la economía de Colombia y salieron a las calles contra el paquetazo neoliberal del gobierno de Iván Duque. Con muchas similitudes a los proyectos políticos económicos de Piñera, Macri y Lenin Moreno, el presidente colombiano pretende avanzar con un combo de reformas para sostener el ajuste en detrimento de los derechos de los pueblos. El paro apareció como una respuesta unificada de hartazgo a sus políticas de muerte.

En ese contexto, desde Marcha dialogamos con Jimmy Minguero, vocero del Congreso de los Pueblos y de la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular, sobre cómo se llega a este paro, los reclamos de las comunidades afro y campesinas, y el vínculo de la situación en Colombia con los levantamientos e insurrecciones en Latinoamérica y El Caribe.

¿Por qué se dio este paro nacional masivo ayer en Colombia?

Abrazamos todas las movilizaciones que se están dando en Nuestra América para confrontar las políticas neoliberales que se han establecido estos últimos años en todo el continente. La movilización de ayer en Colombia se plantea en contra del Paquetazo del gobierno de Iván Duque, una serie de reformas laborales, previsionales y tributarias, pero a su vez es una llamada en contra de los asesinatos y las judicializaciones. Estamos preocupados por estos más de 300 asesinatos durante este gobierno y la ola de criminalización de la protesta social.

En ese sentido, se organizaron las multitudinarias marchas que sucedieron ayer en todo el país. Millones de colombianos y colombianas han salido a decirle a Duque que “ya no más”, que no estamos de acuerdo con las políticas neoliberales y el extractivismo y estamos cansados de esta ola de corrupción y terrorismo de Estado que se ha impuesto en nuestros territorios. La respuesta ante nuestros reclamos fue represiva, con ataques de las fuerzas de seguridad en Cali, en Medellín, en Yopal, en Bogotá. El gobierno no garantiza la protesta social ni los derechos de las comunidades movilizadas libremente.

¿Cuál ha sido la política de Duque en relación a la seguridad interna? Porque por lo que contás hay mucha hostilidad por parte del Estado

El gobierno de Duque ha venido implementando un modelo de seguridad muy parecido a lo que en los dos gobiernos de Uribe llamaron la “Seguridad democrática”. Apenas entraron, implementaron, vía norma del Congreso, la llamada “Política de seguridad y defensa”, que agranda el aparato militar, dándoles facultades en los territorios y fortaleciendo la doctrina militar implementada en nuestro país hace muchos años, aprendida en la Escuela de las Américas. Esta doctrina marca que los movimientos sociales son enemigos del Estado colombiano, y a partir de eso se desarrolla una política contrainsurgente. El gobierno reprime y judicializa, les da facultades al Ejército y a los alcaldes para que decreten el Estado de sitio, Estado de excepción o toque de queda, algo que viola las libertades civiles y políticas de los ciudadanos. Esta persecución a los y las líderes sociales y la represión del gobierno, que llamamos terrorismo de Estado, está respaldado por los poderes mediáticos. Todo eso se traduce en la crisis humanitaria y de derechos humanos que estamos viviendo en Colombia.

¿Cuáles son los reclamos puntuales del campesinado y de las poblaciones afro?

El movimiento campesino viene levantando una agenda política que tiene como eje principal desarrollar una reforma agraria estructural que pueda reducir estos niveles tan altos de concentración de la tierra que hay en Colombia. Esto es parte de la génesis del conflicto social armado en nuestro país. También reivindicamos el reconocimiento del campesinado como un sujeto de derechos, una de las poblaciones más grandes de Colombia que el Estado no reconoce.

Reclamamos por las “áreas protegidas”, que supuestamente son para proteger las reservas naturales pero que el gobierno está usando para sacar a los y las campesinas y entregarle las tierras a la economía extractiva, representada principalmente en los agrocultivos y la agroindustria.

Los pueblos afros también nos sumamos a los reclamos por la reforma agraria y la Ley de Tierras pero venimos también levantando la consigna en perspectiva de poder desarrollar los procesos colectivos de las comunidades negras, de los consejos comunitarios. Se ha levantado una polémica porque en el último censo que realizó el gobierno, disminuyó enormemente la población afro. En el Pacifico colombiano, la zona de El Caribe, la población afro es mayoría y pasaron en el ultimo censo de 20 millones a 3 millones de personas de comunidades afros en Colombia. Esto es el explícito desconocimiento del Estado hacia esas comunidades.

¿Cómo se vinculan los actores sociales y los reclamos de estos sectores?

Un interés común con los indígenas es el respeto y el fortalecimiento de las guardias campesinas, de las guardias cimarronas y las guardias indígenas como mecanismos que tenemos los pueblos para la defensa de la vida y el territorio, en el marco de una escalada del conflicto.

Estamos vinculados porque reclamamos puntos que son parte de una agenda en común de mecanismos de negociación con los gobiernos. Alrededor de eso venimos levantando una consigna unitaria y un espacio de convergencia que es uno de los convocantes de la movilización de ayer. También articulamos con otros organismos en relación a la defensa de los derechos humanos.

¿Cómo vinculan lo que está pasando hoy en Colombia con lo que está sucediendo en el resto de Latinoamérica?

En Latinoamérica se ha venido generando una ola de luchas sociales y populares contra el modelo neoliberal. Los gobiernos de derecha se van posicionando desde lo político y lo jurídico, con golpes de Estado inclusive como es el caso de Bolivia, para profundizar el neoliberalismo en nuestro continente. Sobre esa base, hoy el continente está movilizado y agitado. La rebeldía ha tomado los países con los pueblos como protagonistas.

Específicamente en Colombia, históricamente ha gobernado una oligarquía mafiosa, criminal y asesina. Estos ejercicios de movilización de los últimos años, y la oleada de acciones del día de ayer en el marco del paro, son la suma de insatisfacción y agotamiento de ese modelo. La gente está venciendo al miedo, ya no cree en las mentiras de este gobierno. El pueblo está clamando por la defensa de sus derechos y la garantía de las necesidades básicas de las comunidades en los territorios. Por su parte, los sectores más organizados perciben este momento como ideal para poder construir un proyecto alternativo. Sobre esa base, Colombia se suma a esa oleada de luchas populares contra estos gobiernos que han venido promoviendo sistemas fascistas de represión los pueblos.

¿Qué tuvieron de particular las acciones de ayer?

Algo muy importante es que, si bien Colombia tiene tradición de movilizaciones, ayer percibimos ese sentir que se ha generalizado a lo largo y ancho del país contra un gobierno que básicamente lo que quiere es  ser servil a los intereses de los Estados Unidos. Y eso viene en sintonía con las otras situaciones, como en Chile donde el pueblo sale a la calle contra Piñera. En Ecuador, el movimiento campesino e indígena se levantó. El pueblo boliviano hizo lo mismo en defensa del proyecto del MAS y de Evo Morales y todo lo que representan las transformaciones de los últimos años. También se han movilizado en defensa del proceso de revolución de Venezuela y Cuba, país que ha sido amigo de la paz y que nos habilitó su territorio para el proceso de paz. Lo que está pasando en toda la región es un conjunto de problemática que nos han permitido levantar la bandera de indignación hacia la construcción de nuevos horizontes de lucha popular.

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Por Colombia Informa

En Bogotá el Esmad golpeó, lanzó gases, aturdidoras y recalzadas a las personas que se encontraban marchando. A esta hora continúan los enfrentamientos en distintos puntos de la ciudad y se denuncia la presencia de la fuerza pública al interior de la Universidad Nacional.

En Cali la represión también fue constante; la administración local decretó toque de queda desde las 7 pm; misma hora en la que comenzaron a sonar cacerolas por toda la ciudad.

Tanto en Pasto como en Medellín, la movilización se llevó a cabo de manera pacífica y fue al final que el Esmad atacó a los manifestantes.

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En la capital antioqueña, por ejemplo, cientos de manifestantes que se encontraban descansado, sin bloquear vías ni generar desmanes, se vieron acorralados por el Esmad en intermediaciones del Parque de los Deseos. Allí se realizaron capturas arbitrarias sin la presencia de organismos de derechos humanos.

A pesar de la campaña de terror desatada en contra del Paro Nacional, la asistencia a las movilizaciones de hoy fue masiva; sin embargo, la represión y violaciones de derechos humanos por parte de la fuerza pública fueron recurrentes y dan cuenta de las políticas guerreristas implementadas por el gobierno de Iván Duque hacia la protesta social.

Por este motivo, en varias ciudades del país se convocó un cacerolazo a partir de las 8:00 pm, con el que miles de personas que salieron hoy a las calles continúan expresando su inconformidad frente al gobierno y a las políticas que atentan contra la vida de los colombianos. El Paro continúa, la indignación se mantiene.

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Por Lisbeth Montaña Erazo

En el mes de febrero, las organizaciones sociales, movimientos políticos y sindicatos colombianos decidieron de forma unitaria desarrollar el reciente gran Paro nacional en defensa de la vida, el territorio y la soberanía. En tanto que la situación de Colombia se profundiza en materia de derechos políticos, económicos y sociales.

De ahí que las razones para llegar a este nuevo escenario se expresan en varios puntos planteados en la agenda del paro nacional y en este artículo deseamos profundizar cada punto:

1. Apoyo al proceso de paz y la exigencia al cumplimiento de los acuerdos pactado en la Habana y la reanudación de los acuerdos con ELN

Desde la firma de los acuerdos de paz entre las FARC-EP y el gobierno de Juan Manuel Santos, los acuerdos han venido sufriendo modificaciones de fondo en relación al texto final firmado en 2016, en dos años de implementación de este acuerdo menos de un 30% se ha cumplido.

Hoy la dirigencia de la FARC vive en una inseguridad jurídica, ya que el gobierno actual no ha permitido generar las garantías al proceso de reincorporación y además se han venido incrementando el asesinato, el encarcelamiento y la persecución a los excombatientes y su familias.

La fuerte oposición a la Justicia Especial para la Paz (JEP), mecanismo que se creó como parte del sistema integral de reparación hacia las víctimas para esclarecer la verdad en  relación a los crímenes acontecidos en el desarrollo del conflicto armado en Colombia, y donde se ven obligados a comparecer todos los actores que han sido parte de la guerra y a la que hoy le temen los sectores de la derecha envueltos en su mayoría en relaciones con el paramilitarismo. Hoy se debate entre las objeciones, modificaciones y la reestructuración, las cuales se viene llevando a cabo en el Congreso de la República.

Por otro lado, las organizaciones sociales vienen exigiendo la reanudación de los diálogos con ELN, luego de que estos fueran suspendidos,  después del atentado a la Escuela Militar de Cadetes en la ciudad de Bogotá. En este punto se debe aclarar que la suspensión de los acuerdos no sólo se dieron por la acción cometida el 15 de enero. Ya desde la campaña presidencial de Duque en sus planes de gobierno se encontraba la oposición a darle continuidad a los diálogos con el ELN, y por lo tanto no se veía ningún gesto por parte de Centro Democrático y su candidato presidencial en querer avanzar en un proceso de paz con este grupo armado y a partir del atentado esto justificó la cancelación de los mismos.

2. La denuncia por los casi 600 asesinatos de líderes y lideresas sociales que en lo corrido del 2019 suman casi 50, el asesinato de 128 excombatientes de la FARC y en los últimas se suman el asesinato del bebé de 5 meses Samuel Gonzalez Pushaina hijo de ex combatientes y el de Dimar Torres a quien el ejército le disparó a quema  ropa, alteró la escena del crimen y luego pretendían enterrar su cadáver en una fosa.

Es paradójico pensar que Colombia, un país en el que sus políticos se llenan la boca diciendo ser democráticos, hoy impida que se consoliden nuevas fuerzas políticas y sociales a sangre y fuego y que se tenga que salir a las calles a pedir que respeten el derecho de vivir para que no se sigan asesinando más líderes y lideresas sociales.

En Colombia desde siempre y sobre todo desde la firma de los acuerdos con las FARC, se ha venido desarrollando un genocidio y volvimos a la época de horror en la que se presenciaba crímenes de estado y crímenes políticos en los que se encuentran involucrados las fuerzas militares del estado, las fuerzas paramilitares, organismos del estado y partidos políticos.

“Lo que este gobierno está haciendo es tratando de cerrar toda posibilidad y superar esa nueva anomalía que permita preservar el régimen de dominación para abrir un nuevo escenario hacia nuevas reformas democráticas que permitan desatar nuevos escenarios de lucha y transformación para afectar los intereses de la clase dominante en Colombia”.

Desde el día 28 de abril en la ciudad de Bogotá 2000 líderes sociales tomarán la plaza Bolívar, principal escenario de las luchas sociales del país y en el que se asentaran para desarrollar un Campamento Humanitario, para poner en evidencia la crisis social del país en  materia de desplazamiento,refugio, exilio, persecución, encarcelamiento y asesinato hacia lxs luchadoxs sociales.

3. La situacion de la crisis económica y el incumlimiento de los acuerdos pactados con los sectores agrarios,campesinos, indígenas, docentes, estudiantiles, etc. La
profundización del modelo neoliberal expresado en Plan Nacional de Desarrollo donde su énfasis está puesto en seguir impulsando la economía extractivista y la llamada economía naranja.

Colombia contaba con una industria, aunque pequeña,  basada en la agricultura, donde productos como el banano y el café era los que sostenían la industria. Con la llegada del  neoliberalismo esa pequeña industria fue arrasada, desfinanciada y acabada.

Por lo tanto, hoy asistimos a un escenario de reprimarización de la economía, que ha conducido al país a vivir de lo que produce en su subsuelo: petróleo,carbón y el oro. En primer lugar, Colombia no es un país petrolero y sus reservas están apunto de agotarse, ya que se prevé que hacia 2022 estas reservas desaparezcan.

Por otro lado más de 22 países han anunciado dejar de comprar carbón para hacer un cambio en relación a las emisiones de carbono y la búsqueda de nuevas energías alternativas. Por lo tanto es necesario diversificar en la economía porque pronto estos recursos dejarán de existir y hoy el país sufre una dependencia económica en relación a estos bienes de la naturaleza, en tanto que estos representan 6,07 % del Producto Bruto Interno.

Más del 67% de la población en Colombia actualmente vive en la precariedad y la población ha tenido que salir a protestar masivamente para exigir condiciones dignas para poder vivir. Esas acciones se vieron reflejadas en los últimos paros en Colombia, en regiones como Buenaventura, en el Pacífico, el Catatumbo, en la frontera con Venezuela,  y en el Cauca, donde por 18 días las comunidades indígenas salieron a bloquear las principales carreteras del país,  por donde circulan el mayor flujo de mercancías; allí donde el gobierno nacional en vez de buscar una salida negociada recurrió a la brutalidad militar y policial, en la que cayeron muertos 8 indígenas y más de un centenar de heridos.

Por todo lo anterior, hoy asistimos a un escenario de constantes incumplimientos donde la gente obliga al gobierno a sentarse, se generan acuerdos y luego los incumple. Por lo tanto, no se resuelven las condiciones de vida de la población y se precariza la vida.

Estos incumplientos han hecho que el pueblo colombiano se vuelque a las calles y por eso no encontramos actualmente, ante un ascenso en la lucha de masas, un país que hoy vive en un régimen y en un gobierno totalmente de espaldas al país.

4. La denuncia y el apoyo venezolano ante los ataques y una posible intervención militar a Venezuela, desde el territorio colombiano, avalado por los Estados Unidos. Colombia se ha constituido como el lugar y el escenario para generar las provocaciones y la desestabilización del gobierno venezolano. El gobierno actual en complicidad con el partido del Centro Democrático, en cabeza del ex presidente Álvaro Uribe, se ha comprometiendo con recursos políticos y militares, de espalda al pueblo colombiano, a apoyar una posible intervención militar al territorio venezolano.

Este Paro Nacional le está exigiendo al gobierno nacional que se busque una salida política al conflicto que hoy vive el país vecino y que se respete la soberanía nacional tanto de Colombia como de Venezuela y que se detenga cualquier intento por desarrollar un guerra en la que se encuentran involucradas las principales potencias del mundo, Rusia, China y Estados Unidos.

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Por Colombia Informa

El último gran Paro Nacional en Colombia se llevó a cabo en el 2016 y finalizó con unos acuerdos concretos que, según las comunidades, aún no se han cumplido. La implementación de unas políticas públicas que garanticen los derechos económicos, sociales y culturales, siguen siendo nulas; de hecho, el Plan Nacional de Desarrollo -PND- planteado por el actual Gobierno, profundiza aún más estas problemáticas

Asimismo, el PND incentiva un modelo económico de carácter extractivista que amenaza los bienes naturales como el agua y hace caso omiso a la autodeterminación de las comunidades que habitan los territorios.

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Por otro lado, el aumento del pie de fuerza en las regiones y el trato represivo que se le ha dado a la protesta social, han desencadenado en el asesinato sistemático de dirigentes sociales, dejando un saldo de más de 100 líderes asesinados en el 2018. Actualmente la persecución, la militarización y la estigmatización son las principales amenazas para la vida de quienes habitan los territorios.

Estos fueron algunos de los motivos que se plasmaron en el llamamiento oficial para el Paro Nacional realizado por el Congreso de los Pueblos y el Coordinador Nacional Agrario -CNA- el pasado 23 de abril.

Frente a este panorama, las comunidades han desarrollado alternativas para permanecer y habitar el país. Así, ante el modelo de despojo implementado por el Gobierno, se han construido planes de vida que dan cuenta de un pueblo que se organiza, mandata y exige ser escuchado.

Ante estas problemáticas estructurales, acuerdos incumplidos y falta de garantías para la vida digna se hace el llamado a confluir en el escenario de lucha y reivindicaciones que será el Paro Nacional.

En este sentido, en el llamamiento se invita “a todos y todas las congresistas populares de las regiones, procesos, sectores, dinámicas de capítulos internacionales para que motivemos a juntarnos en los escenarios de movilización que están convocando al Paro Nacional”.

El próximo 25 de abril será la hora cero de esta jornada; distintas regiones y sectores de Colombia se encontrarán en las vías, carreteras y parques para dar vida al Paro que busca que sus apuestas de un país para la vida digna sean escuchadas.

“Es el momento de construir la unidad en medio de la acción política de calles y carreteras, vamos al paro nacional como escenario de resistencia y lucha de nuestros pueblos”.

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El Hospital de Pediatría reconocido por la calidad de su atención y servicio a nivel latinoamericano lidia con los problemas de faltas de insumos y sueldos bajos que no se ajustan a la inflación. Para aclarar este panorama, y luego del paro nacional de ATE, conversamos con Gustavo Lerer, Delegado General del Hospital Garrahan.

-¿Qué repercusiones tuvo en el Hospital Garrahan el paro nacional del pasado jueves 11?

Hicimos un corte de calle, una concentración. Porque estamos en un plan de lucha específico, que tiene que ver con todas las reivindicaciones que se están levantando, pero particularmente estamos pidiendo $5.000 más, para todos los trabajadores del hospital, menos para la jefatura porque a fin de año ya se aumentaron un 20% retroactivo a junio de 2015. Ese 20% más el 31% de la paritaria da más de un 50%. El resto de los trabajadores no recibimos ese porcentaje y con la inflación y los tarifazos se nos hace bastante complicado llegar a fin de mes.

-Esta demanda empalma, de alguna manera, con la de reapertura de paritarias que ya están reclamando varios gremios.

Nosotros nunca planteamos ni apertura ni cierre, porque en realidad tanto con el gobierno kirchnerista anterior, como con éste, siempre hubo techos salariales y, en general, a las paritarias va la burocracia sindical y jamás negocia nada positivo para los trabajadores. Nosotros planteamos aumento de salario, estén abiertas o cerradas las paritarias. El fetiche de las paritarias no nos interesa, sobre todo porque suelen terminar en que la burocracia negocia con pinta de grandes aumentos que son en cuotas, que empiezan a pagar a mitad de año, etc. Pero sí, en este momento se plantea la reapertura de paritarias, el tema es que después te terminan dando aumentos para marzo de 2017.

-En el edificio donde todavía funcionan algunas de las áreas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en Av. De Mayo 575, ver en el 2º piso un afiche de Sutecba (municipales) haciendo referencia a la necesidad de suplir la falta de personal de enfermería y administrativos en los hospitales. En general Sutecba no es un gremio que haga este tipo de reclamos. ¿Qué dimensión tiene este problema en el ámbito de la salud de la Ciudad de Buenos Aires?

Fundamentalmente, en casi todos los hospitales hacen falta enfermeros, anestesistas, médicos, hay guardias sin cubrir, etc. Es algo cotidiano. Lo que pasa es que tal vez Sutecba ahora lo plantea para después negociar otra cosa, siempre sucede esto cuando empieza a haber malestar, mayor participación y exigencias por parte de los trabajadores. La burocracia sindical se acomoda a ese tipo de cuestiones. Esta situación viene desde hace rato y ni habar del conurbano y el resto del país. Y ahora con el nuevo plan que están promocionando, con el tema de la salud universal, lo que están haciendo es una privatización directa de la salud, en vez de poner la guita en hospitales se la van a dar a clínicas privadas. Es la misma historia de siempre.

-¿Cómo continúa el plan de lucha de las y los trabajadores del Hospital Garrahan?

Esta semana vamos a hacer una marcha alrededor del Hospital. Estamos convocando a todas las organizaciones barriales, piqueteras, de desocupados, comisiones internas antiburocráticas, a nuestro propio sindicato ATE, tanto nacional como el de la Capital que lo conducen sectores del kirchnerismo, para que nos acompañen en esta parte del plan de lucha.

El 24 de agosto, se va a hacer una nueva asamblea general para evaluar cómo seguimos. Lo escandaloso es que el Consejo de Administración, integrado por macristas y kirchneristas, que ganan sueldos de 120.000 pesos, se niegan a dar un aumento de 5.000 pesos cuando el gobierno de la Ciudad ha hecho un recorte al Hospital Garrahan de 380 millones de pesos en el presupuesto 2016 y la exigencia que planteamos no llega a 168 millones.

-¿Cómo sigue esto?

Vamos a continuar con estas medidas, defendiendo nuestro salario a través de asambleas y la movilización, y cuando vengan a decirnos “pobres los chicos, hay paro” que se acuerden que estuvimos durante meses tomando medidas sin paro y nadie nos dio pelota.

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Luego de 15 días de protestas y bloqueos en más de 100 puntos del país, el paro nacional terminó con un saldo de represión profundo pero con cierta tranquilidad para las comunidades indígenas, campesinas, afro y urbanas por los nuevos acuerdos firmados con el gobierno colombiano. Sin duda un logro importante para las organizaciones de la Cumbre Agraria y su persistente movilización social.

Aunque el gobierno trató de dilatar las negociaciones con la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular utilizando todo el arsenal diplomático y mediático para manipular la opinión pública y estigmatizar las marchas y bloqueos de carreteras, amenazando con mayor represión y ofreciendo conversaciones regionales para no asumir las discusiones con las vocerías encargadas, al final, debido a la presión política y el nivel de las movilizaciones, se dieron nuevos acuerdos en materia de tierras, en el ámbito mineroenergético y se crearon compromisos en el factor humanitario.

Dentro de los compromisos se consigna la habilitación de una Comisión Nacional para analizar los títulos de explotación minera y lo referido a la exploración de minerales e hidrocarburos. En ese sentido se proyecta la tarea de construcción de un mecanismo de aplicación de las sentencias de la Corte Constitucional en cuanto a la otorgación de licencias y frente a la protección de territorios, páramos, cuencas hídricas y tierras de vocación agrícola.

Uno de los mayores logros de esta Minga Nacional fue el compromiso de que el gobierno reconozca al campesinado como sujeto de derechos, insistiendo del mismo modo en el reconocimiento de “figuras de territorialidad agraria” como los territorios campesinos agroalimentarios y las zonas de reserva campesina.

Otro de los temas acordados tiene que ver con la habilitación de escenarios de debate de carácter nacional para que la sociedad participe de los procesos de construcción de paz donde se garanticen los derechos humanos. Si bien esto suena a algo mínimo y básico, pues no es otra cosa que cumplir la Constitución de 1991, lo cierto es que durante estas jornadas de movilización -como en las de años anteriores- la Cumbre Agraria ha sido relacionada por parte de políticos y medios de comunicación con grupos armados, irrespetando el derecho a la protesta social. En este punto se obtendrá acompañamiento de las Naciones Unidas.

Marylen Serna, vocera campesina del Congreso de los Pueblos, anunció el levantamiento del paro “aunque continuando en asamblea permanente”. Queda claro que seguirán las tensiones si estos acuerdos vuelven a ser incumplidos. El gobierno tendrá que trabajar con la Mesa Única Nacional compuesta por las organizaciones sociales que protagonizaron el paro y quienes trabajaron en los diálogos para reafirmar el Pliego Único de la Cumbre.

Fueron más de 100 los puntos de concentración en el país, los cuales despertaron la solidaridad nacional e internacional, demostrado en los actos realizados en las embajadas colombianas en Argentina, Chile y en diferentes países de Europa. Incluso 32 eurodiputados le enviaron una carta al presidente Juan Manuel Santos manifestando la preocupación por el “abuso de la fuerza” contra los manifestantes, quienes sufrieron hechos graves como el asesinato de tres indígenas, una acción arbitraria donde hubo 135 detenidos, 24 acontecimientos relatados como “hostigamientos e inteligencia ilegal”, más de 150 heridos y alrededor de 20 municipios atacados por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). Esta carta desde el Parlamento Europeo prendió alarmas en otros países, confirmando los dichos de que al gobierno colombiano hay que hacerle un paro para que preste atención, otro para generar acuerdos y otro para que los cumpla.

Mientras tanto, los pobladores urbanos, que salieron a las calles en igual medida, anuncian un próximo Congreso Nacional de Vivienda, además de advertir lo que se viene en materia de organización social para hacerle frente a “la crisis” del transporte y el ambiente. Estas aseveraciones no son menores, pues ahora el Ministerio del Interior y el de Relaciones Políticas tendrán que asumir las demandas ciudadanas en la relación campo-ciudad que se vienen clamando.

Amanecerá y veremos. Por el momento, la Cumbre Agraria logra salir fortalecida y la legitimidad de la protesta social y sus medidas de fuerza en Colombia se hicieron sentir en todo el territorio nacional.

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En el primer día de paro las fuerzas de seguridad colombianas asesinaron a un joven indígena de 26 años que participaba de las movilizaciones. El incumplimiento de los acuerdos firmados por el presidente Santos y el modelo de despojo, entre los reclamos centrales de la Cumbre Agraria Campesina y popular.

Willington Quibarecama Nequirucama tenía 26 años. Participaba, junto a comunidades indígenas del Paro nacional iniciado por la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, que nuclea cientos de movimientos sociales de Colombia. En la Delfina, suroccidente de Colombia, integrantes del  Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) avanzaron con tanques sobre los manifestantes atropellando a Willington, quien falleció al llegar al punto de salud. Otros indígenas se encuentran desaparecidos.

En otros puntos del territorio colombiano, las amenazas y la represión policial también se hicieron sentir. Reprimieron una movilización en Bogotá y en el departamento de Cauca un artefacto explosivo dejó 3 heridos graves, uno perdió su visión y entre ellos había un menor de edad.  En algunos casos los manifestantes fueron amenazados y tuvieron que recorrer a pie durante más de 20 horas para llegar a los puntos de protesta.

Frente a esto, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) solicitó “la presencia de los organismos institucionales encargados de velar por los respetos de los derechos humanos” y el “cese inmediato” de las “acciones represivas y asesinas”.

Este nuevo paro nacional tiene como antecedente la protesta del 2013 y 2014 donde se planteó el rechazo al modelo de despojo de tierras, la ausencia de políticas sociales y la necesidad de que haya participación de la sociedad civil en la solución política al conflicto armado.

1100 horas de diálogo

Desde el Ministerio del Interior  aseguraron que son muchas las horas de diálogo que tuvo el gobierno con las organizaciones populares y la voluntad de dar respuestas, al tiempo que lamentó la decisión de avanzar con un paro.

Sin embargo desde la Cumbre Agraria la visión es diametralmente distinta.  Fernando Suárez, líder campesino y vocero de uno de los puntos de Arauca, en Banadias aseguró: ” Estamos mamados (cansados) de que nos tomen el pelo. Llevamos años esperando respuestas. Yo ya no sueño verlas, pero al menos espero que mis hijos puedan tener un futuro digno”.  Allí, a metros de la subestación de petróleo los campesinos y campesinas iniciaron hoy el corte en plena carretera, uno de los más de cuarenta puntos que estarán bloqueados en el paro nacional.

Voces de resistencia

En Saravena, departamento de Arauca el paro nacional comenzó con fuerza. Esta zona, considerada por algunos gobernantes como “un manchón en el mapa” es territorio de lucha y resistencia.

Así lo cuenta una de las jóvenes campesinas que vino desde Santander. “Nosotros también somos colombianos, pero el gobierno piensa que esta zona es un manchón en el mapa. No tenemos carreteras, nuestros hijos no pueden llegar a la escuela por falta de transporte, es un territorio olvidado”.

En el punto araucano de concentración de Royota, confluyen movimientos campesinos, indígenas y de mujeres. Allí, en plena distribución de tareas de comida, limpieza, organización y prevención, uno de los líderes del pueblo U´wa José Perico, explicó que su comunidad se sumó al paro por la defensa del territorio y contra la explotación petrolera. “Las comunidades somos desplazadas de nuestras tierras. El gobierno desconoce nuestra cultura y nuestra identidad. Sin territorio no somos nada. Por eso luchamos”.

En la misma línea, Claudia Vera, de la Asociación Amanecer de Mujeres por Arauca denunció la falta de políticas para la población. “En Arauca la presencia del Estado en los territorios es la saturación militar. No hay inversión en lo social pero cada vez hay mayor presencia policial”.

El negocio gubernamental de la paz

El viceministro del Interior, Guillermo Rivera calificó al paro de injusto y contradictorio por realizarse en paralelo al diálogo por el proceso de paz en Colombia.

Sin embargo, los movimientos populares rechazaron esa acusación. “Nos dicen que no hagamos paro porque hay un proceso de paz. Pero la resolución de conflicto armado no resuelve las necesidades del pueblo colombiano. Tienen que escuchar al pueblo, a las comunidades indígenas, campesinas, afrodescendientes, afirmó Perico.

En tanto, Pedro Camargo, líder del movimiento campesino de Arauca, afirmó: “Nos alzamos contra la ley de Zidres que viene a acabar con el movimiento campesino. El gobierno nos habla de un proceso de paz con el ELN y las FARC pero los sectores sociales del país vemos un proceso de paz sin justicia social.  Santos quiere paz para las trasnacionales, que se vienen a quedar con nuestros recursos naturales. Es una paz que no llega al pueblo de nuestro país, ni al campo ni a la ciudad”.

Después del primer día de paro nacional agrario y campesino, los movimientos colombianos volvieron a colocar en el debate público las deudas sociales, políticas  y económicas del gobierno. Un paro nacional, por tiempo indeterminado que promete seguir hasta que haya respuesta para las comunidades.

*Integrante de la Articulación Continental de Movimientos Sociales hacia el ALBA

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Un nuevo paro nacional de ATE se cumplirá el 19 de abril. En esta ocasión, coincide con la Marcha contra el Hambre, donde las organizaciones sociales de las izquierdas protagonizan desde sus construcciones territoriales. Una mirada sobre expectativas y sensaciones desde adentro.

La Ciudad de Buenos Aires será este martes geografía de movilizaciones, cortes, asambleas y actos. Por el lado de las cúpulas de ATE, no está clara la realización de una acción conjunta, ya que las concentraciones de ATE Nacional y ATE Capital se dan en puntos distintos. Los miles de despidos en la administración pública ordenados por Macri y ejecutados por el ministro-gerente de Recursos Humanos, Andrés Ibarra, están teniendo una respuesta fragmentada desde las direcciones del único gremio estatal que, al menos, sale a enfrentarlos. El papel de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), con Andrés Rodríguez a la cabeza, es lamentable y equiparable a lo que ya hizo en los años noventa durante el menemismo.

El plan de despidos de Cambiemos es cruel por donde se lo mire. En los últimos días se cobró la vida de al menos cuatro compañeros/as estatales. Una de ellas, Melisa Bogarin del ProHuerta Chaco, tenía apenas treinta años y dejó una hija que acaba de cumplir un año. La beba quedó a cargo del marido de Melisa, que está despedido por el Ministro de Agronegocios, Ricardo Buryaile. La compañera, que trabajaba en el área de comunicación con campesinos y pequeños productores, sufrió un paro cardíaco en medio de una reunión con funcionarios del INTA, cuando trataba de explicarles la angustia e incertidumbre que sentía por escuchar que sólo le renovarían por tres meses su precario contrato. La vida de Melisa y la de los demás compañeros laburantes de la Biblioteca Nacional, la SRT y auxiliares de escuela, necesita un homenaje de lucha y unidad que estamos empujando desde la bases estatales.

De los dichos a los hechos

En los días pasados, por ejemplo, auxiliares docentes de ATE Sur se movilizaron a La Plata para exigir el reintegro de los (muchos) días descontados por hacer huelga, descuentos que Cambiemos aplicó a todos los auxiliares de la Provincia de Buenos Aires. La respuesta de la gobernadora María Eugenia Vidal fue vallar el predio y apostar numerosa cantidad de policías de la maldita bonaerense, pero la bronca de las compañeras avanzó sobre las fuerzas represivas. Finalmente, ingresaron a las dependencias, donde obligaron a los funcionarios a cargar en el sistema el reintegro de los descuentos.

Por otra parte, en varios ministerios nacionales –entre los que se destacan el de Trabajo y el de Economía–, la lucha por la reincorporación de quienes fueron despedidos/as está alcanzado importantes niveles de masificación y participación. Tanto el Ministro de Hacienda, Prat Gay, como el de Trabajo, Triaca Jr., están sufriendo el rigor de cientos de estatales que decidieron en asambleas y comisiones de despedidos: “Si no hay reincorporación no van a poder gestionar”. Ambos ministerios estuvieron ocupados por sus trabajadores y trabajadoras, y con los accesos bloqueados durante días, con actos multitudinarios que desbordaron los operativos de seguridad dispuestos por la ministra Patricia Bullrich. Incluso, al mismo Prat Gay se le complica diariamente el ingreso a su propia oficina y Triaca Jr. sufrió un escrache cuando cenaba en Puerto Madero en una convención de gerentes.

El ajuste ortodoxo de Macri tiene en el plan de despidos sólo una de sus expresiones. Y creemos que es tarea de las organizaciones del campo popular enfrentarlo íntegramente. Por eso el paro nacional de ATE es un punto relevante, pero debe evitarse el corporativismo.

En ese sentido, las cinco centrales sindicales se han limitado a hacer declamaciones legislativas y mostrarse preocupadas, lo cual claramente no alcanza para frenar al PRO. Tengamos en cuenta que más de 100.000 laburantes del sector público y privado están en la calle y la inflación está triturando los salarios; mientras se hacen públicas las cuentas offshore del presidente, Mauricio Macri, y de otros miembros de Cambiemos, lo que no hace más que afirmar obscenamente su pertenencia a lo más especulativo de la clase dominante. Lo que parecía que iba a ser un acto testimonial frente al monumento al trabajo el 29 de este mes, protagonizado por dirigentes de la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), puede convertirse en algo más fuerte y de envergadura… ¿Quizás el primer paro nacional contra Macri? Con sus características diferenciadas, los jerarcas sindicales que encabezan las centrales buscarán apaciguar las cosas para resolver sus negocios y problemas económico-políticos, algunos con discurso progresista, otros con matices marcadamente burocráticos. Pero la presión social, el borboteo permanente de la bronca se siente e incluso se expresa en luchas ejemplares, toma nombres y apellidos de dolor como el de Melisa Bogarín.

El martes 19 mucha de esa bronca estará en la calle, no toda contenida por las cúpulas sindicales. Hay luchas que desbordan y se escurren, hay triunfos y experiencias que sacuden las consciencias de los acostumbrados, que hacen tambalear el statu quo sindical, bastante ajeno a la necesidad de unidad y los métodos de la democracia de base que nos legara –entre otros y otras– Agustín Tosco. El miércoles 20 se seguirán organizando asambleas, ollas, batucadas y ocupaciones… desde abajo. De ahí somos, desde ahí miramos las cosas.

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Con múltiples reclamos, miles de personas se movilizaron este jueves en Colombia en el primer paro nacional del año. A la convocatoria de las centrales sindicales se sumaron diversas organizaciones sociales y estudiantiles para decir basta al “modelo neoliberal regresivo” de Juan Manuel Santos.

Las y los colombianos no dan más. El gobierno vendió la hidroeléctrica más importante del país, los acuerdos pasados con los indígenas y campesinos no han sido cumplidos, la salud y la educación cuesta cada día más, la minería transnacional envenena el agua y destruye ecosistemas. En materia de paz se recrudece el conflicto con el ELN, al mismo tiempo que siguen los asesnatos de militantes populares. Por su parte, Santos y Obama hacen lobby en Estados Unidos hablando del financiamiento del llamado “posconflicto”.

Un operativo militar con cuatro camionetas sin identificación, dos carros blindados de la policía y 50 agentes. ¿El objetivo? capturar a siete estudiantes que realizaban un mural en la biblioteca de la Universidad Nacional en Bogotá en apoyo a la jornada de movilización de este 17 de marzo. Con esta noticia inició la jornada de ayer, un paro cívico que movilizó  al menos 40 mil personas en todo el país, en un momento en el que el presidente no sabe qué hacer para subir los índices de popularidad que llegan al 73% de rechazo, según recientes encuestas. Se presentaron algunos enfrentamientos con la Policía en Bogotá, con un saldo de una persona judicializada y otras nueves llevadas a un centro de detención temporal.

El Comando Nacional Unitario de las centrales obreras convocó la movilización que pretende ser indefinida si no se cumple con los 15 puntos de exigencia. Juan Manuel Santos ha brillado por su silencio en este tipo de coyunturas; en el año 2011 quiso firmar una reforma a la educación superior forzadamente, decisión que tuvo que reversar por la movilización masiva de 600 mil estudiantes en todo el territorio nacional. En 2013, durante el paro agrario, se le fue la lengua diciendo que “el tal paro nacional agrario no existe”. Esto llevó a campesinos y habitantes de las ciudades a manifestar la solidaridad con jornadas de movilización prolongadas y bloqueos de vías por varios días. Murieron 12 personas víctimas de la represión policial, se registraron cuatro desapariciones y al menos 512 detenidos. Más de 400 personas resultaron heridas con balas y golpes del Escuadrón Móvil Anti Disturbios -ESMAD-.

Dentro de las exigencias se encuentra el rechazo a las decisiones gubernamentales en el marco de un “modelo neoliberal regresivo”, como afirma la carta enviada por la coalición de centrales obreras al presidente Santos, criticando además el aumento del salario mínimo por debajo de la inflación y el deterioro del patrimonio nacional con la venta de la generadora de energía Isagen. Por si fuera poco, hay hambrunas y muertes de niños por desnutrición en varias regiones y el derecho a la salud y a la jubilación están plagadas de corrupción. Igualmente, hace unos días se conoció el plan para vender a Ecopetrol, la principal empresa petrolífera  del país.

No se sabe qué le depara a Colombia en el futuro, lo que sí es claro es que persiste un agotamiento generalizado por la violación diaria a los derechos humanos y un descontento popular con una institucionalidad que ha dejado ver lo que ocurre por dentro: redes de narcotráfico, prostitución y trata de personas dentro de la Policía Nacional; las macabras consecuencias vislumbradas con los TLC; un Gobierno que es de paz en retórica, pero de guerra en la práctica. Mientras le pide al ELN que se siente a negociar el cese del conflicto armado, le manda varios batallones para asesinarlos.

Sin duda se espera más de este paro, pero el Gobierno está ausente del debate y se limita a ser cordial permitiendo el “derecho a la protesta siempre y cuando sea civilizadamente”. Esperemos que el aguante sea tan arduo como el del paro cívico de 1977, pero sin la represión. Parece que las protestas pacíficas no tienen el mismo eco en cuanto a exigencias políticas. Mientras Colombia pide en la calle trabajo, salud, dignidad, paz y educación, para la prensa amarilla siempre será vandalismo, desorden público, un problema de movilidad o lavados cerebrales ocasionados por terceros.

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