Por Eduardo Giordano | Fotos: Luis Carlos Ayala

El próximo mes de agosto concluye el período presidencial de Iván Duque en Colombia. Será sustituido quien gane elecciones del 28 de mayo, o bien, en su defecto, el que triunfe en la segunda vuelta del 19 de julio. Previamente, el 13 de marzo, se celebran las elecciones al Congreso. 

La mayor parte del pueblo colombiano pone pésima nota a la presidencia de Iván Duque, con un índice de rechazo superior al 70 % en enero de 2022, mientras que solo dos de cada diez de las personas consultadas aprueba su gestión. Su gobierno será recordado como un período de retroceso general del país, tanto por el deterioro de los indicadores socioeconómicos como por su falta de cintura política y el fracaso de su estrategia de seguridad.

A lo largo de estos casi cuatro años aumentaron la pobreza y la desigualdad por encima de la media histórica, ya de por sí muy elevada. Según las estadísticas oficiales, 21 millones de colombianos y colombianas viven por debajo del nivel de pobreza. A pesar de la recuperación económica del último año, el desempleo se sitúa en el máximo de los dos últimas décadas y Colombia aparece ahora, por primera vez, en los informes de organismos internacionales (FAO) entre los países americanos con riesgo alimentario extremo, junto a Honduras y Haití, a pesar de sus formidables recursos en tierras para uso agrícola.

Mientras caen los principales indicadores sociales, aumenta la violencia en todo el país. En estos años de gobierno de Duque se ha multiplicado el número de masacres y asesinatos de líderes y lideresas sociales, dirigentes de comunidades indígenas y poblaciones negras, ex guerrilleros suscritos al acuerdo de paz, miembros de colectivos LGTBI u opositores políticos. Uno de cada tres lideresas o líderes ambientales asesinados en el mundo encuentran la muerte en Colombia, así como la mitad de las y los defensores de Derechos Humanos. Por no hablar de las recientes masacres de juventudes urbanas perpetradas por la fuerza pública y paramilitares durante las marchas de protesta del Paro Nacional.

Bajo el ala de Uribe: “mermelada” y ñeñepolítica

Iván Duque Márquez inició su actividad política en 2001 como funcionario estatal en Washington. Durante 13 años fue representante de Colombia ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), lo que le da un perfil eminentemente tecnócrata. Más tarde participó en el gobierno de Juan Manuel Santos durante un breve período, pero muy pronto se desvinculó del mismo para sumarse al nuevo partido creado por el ex presidente Álvaro Uribe, el Centro Democrático (CD), ideológicamente opuesto a las negociaciones de paz con la guerrilla y obsesionado con ganar la guerra por la vía militar.

Duque se presentó a las elecciones presidenciales de agosto de 2018 respaldado por Uribe y, a diferencia del presidente saliente, Juan Manuel Santos -quien también fue aupado por Uribe pero se desmarcó con una agenda propia-, Duque se mantuvo casi siempre fiel a las indicaciones de su mentor. Ganó las elecciones en segunda vuelta con el 54 % de los votos, después de una campaña muy enconada contra su principal rival, el progresista Gustavo Petro (Colombia Humana). La victoria de Duque en 2018 permitió visibilizar la permanencia de una amplia base social conservadora, muy polarizada con respecto a “la izquierda” y que adhiere a las políticas de seguridad (uribistas) contrarias a los acuerdos de paz.

La gran promesa electoral de Iván Duque fue acabar con la llamada “mermelada”, es decir, con la corrupción de políticos y empresarios que actúan mancomunadamente para conseguir prebendas. Las y los congresistas, cuando legislan para favorecer los intereses del grupo en el poder, reciben a cambio la famosa “mermelada”, que consiste en obtener cargos públicos para sus amigos y parientes o sustanciosos contratos para sus empresas. Esa promesa fue incumplida y el balance en este aspecto también es negativo, ya que destacados miembros del partido CD, ministros de su gobierno y amigos del presidente fueron investigados por sobornos, financiación ilegal y otros delitos característicos de la vieja política del contubernio. 

Por otra parte, hay indicios de que la campaña electoral de Iván Duque habría recibido financiación de un conocido empresario de la región Caribe, conocido como “Ñeñe” (José Guillermo) Hernández, muerto en Brasil en misteriosas circunstancias. El Ñeñe, ganadero y narcotraficante, habría sido una figura clave en la financiación de la campaña electoral del CD en algunos departamentos del Caribe, tales como La Guajira y César, que el uribismo consideraba imperioso disputarle a Petro. El Ñeñe aparece en múltiples fotografías posando familiarmente con Duque en plena campaña, una proximidad promiscua que dio lugar al término ñeñepolítica.

En diciembre de 2020, a partir de numerosos audios de conversaciones telefónicas, el Consejo Nacional Electoral (CNE) llamó a declarar al gerente de la campaña presidencial de Duque, Luis Echeverri, así como a María Claudia Daza, asesora de máxima confianza del entonces senador Álvaro Uribe.  La Corte Suprema de Justicia reactivó este proceso en enero de 2022, citando a declarar a la ex asesora de Uribe y a otros políticos implicados en la trama, hasta determinar si cabe citar también al ex presidente.

Un balance de la presidencia de Duque

En términos generales, la política económica del gobierno de Duque ha profundizado el neoliberalismo latifundista y extractivista en beneficio de los propietarios del agronegocio y las multinacionales mineras y petroleras. Esto es lo que se ha llamado la cogobernabilidad corporativa o captura corporativa del Estado, que se expresa en priorizar el diálogo y los acuerdos con los grandes empresarios en detrimento de otras instancias de la ciudadanía.

El proyecto estrella del gobierno, la reforma tributaria del ministro Alberto Carrasquilla (un ex ministro de Hacienda de Uribe), fue el detonante que desató el Paro Nacional iniciado el 28 de abril de 2021, el más prolongado de la historia reciente. Duque tuvo que retirar finalmente la reforma y aceptar la renuncia de su ministro. Pero lo hizo cuando ya se habían documentado al menos 26 asesinatos por disparos de la fuerza pública. El paro continuó por otras reivindicaciones, pero ante todo como medida de fuerza de la población -y en particular de la juventud- contra la terrible represión de las movilizaciones.

La política económica de Iván Duque, además de haber dejado a gran parte de las y los colombianos en condiciones de vulnerabilidad extrema frente a la pandemia, profundizó el deterioro de los términos del intercambio de los bienes agrícolas que produce Colombia, favoreciendo las importaciones, con un efecto perverso para la producción nacional de alimentos. Según un informe de Greenpeace, Colombia importa actualmente un 30 % de los alimentos que consume. Pero el 75 % de las importaciones de alimentos y productos agropecuarios (un total de 8.000 millones de dólares anuales en 2021) se podría sustituir por producción nacional.

Hay pocas dudas de que el principal producto de exportación de Colombia es la cocaína. El dinero negro del narcotráfico insuflado a la economía redunda en un aumento exponencial de las importaciones, que superan los 40.000 millones de dólares anuales, con resultado siempre deficitario de la balanza comercial por el estancamiento de las exportaciones (27.000 millones de dólares en 2020).

Entre las exportaciones que oficialmente quedan registradas como tales, la principal fuente de ingresos del país corresponde a las exportación de combustibles fósiles. En un complejo contexto geopolítico regional, Colombia llegó a exportar 13.000 millones de dólares en petróleo en 2019, incluso más que Venezuela (12.200 millones), aunque sus reservas en comparación son ínfimas. En conjunto con la exportación de carbón, ambos combustibles fósiles aportaron ese mismo año el 46 % de los ingresos en divisas. 

A pesar de la recuperación económica de 2021, el desempleo fue aun mayor que en 2019. El trabajo informal es la única posibilidad de empleo para un 60 % de la población, mientras que al menos uno de cada tres jóvenes está desocupado, convirtiéndose así en carne de cañón para su reclutamiento por parte de las organizaciones criminales. El mayor lastre de la presidencia de Duque en el plano político es no haber hecho nada por garantizar la seguridad de la población colombiana ante los ataques de los grupos armados, o incluso de la represión de la propia fuerza pública.  

En respuesta a esta dramática situación económica y de emergencia social, durante todo el gobierno de Iván Duque se mantuvo la protesta en la calle, con una serie de movilizaciones que culminaron en el primer Paro Nacional, de noviembre de 2019, violentamente reprimido por la policía. Durante el año 2020, a pesar del inicio de la pandemia, las protestas sociales fueron subiendo de tono: la Minga indígena se movilizó desde el Cauca hasta Bogotá para protestar por los asesinatos y masacres de la población indígena, campesina así como a lideresas y líderes sociales; hubo una marcha de ex combatientes de las FARC en repudio a los asesinatos de sus compañeros y compañeras firmantes del acuerdo (más de 300 desde la firma del acuerdo); un nuevo Paro Nacional en noviembre de 2020 contra la violencia política y el inmovilismo del gobierno en materia social, y, finalmente, el Paro Nacional iniciado el 28 de abril de 2021 contra la Reforma Tributaria y otras políticas de Duque que se prolongó durante más de dos meses por la negativa del gobierno a negociar con las y los huelguistas. El accionar de represión y violencia sistemática hablan de la consolidación de un (narco)paramilitarismo que ha proliferado sin control durante su gobierno. 

Todos estos crímenes de lesa humanidad, cometidos muchas veces con implicación de funcionarios del Estado, le han pasado factura al presidente tanto en el interior del país como cuando viaja al exterior. Por ejemplo, cuando Iván Duque acudió a la toma de posesión del presidente Luis Arce, en Bolivia, fue interpelado por algunos de los asistentes, que lo acusaron de complicidad con los asesinatos de líderes y lideresas sociales increpándolo al grito de ‘¡paramilitar!’. Y en las contadas visitas del presidente a las zonas donde se producen masacres, Duque suele recibir el repudio de la población local, que le reprocha la interminable repetición de la violencia, la falta de protección y la escasa presencia del Estado. 

El gobierno admite no haber dotado al Estado de los medios necesarios para resolver estas situaciones. La ministra del Interior, Alicia Arango, uribista de primera hora, afirmó: “No podemos negar la débil presencia y capacidad del Estado en resolver estos desafortunados asesinatos, y estas desafortunadas amenazas y riesgos que corre la vida de los defensores de derechos humanos, líderes, lideresas sociales, así como los reincorporados”, dijo entonces.

Además, durante dos años consecutivos (2019 y 2020), Colombia encabezó el listado de los países con más lideresas y líderes ambientalistas asesinados en todo el mundo. Según la organización internacional Global Witness, 65 de los 227 homicidios de líderes medioambientales que se registraron en el mundo durante 2020 tuvieron lugar en Colombia, casi un 30 % del total. Durante ese año el país perdió 170.000 hectáreas de bosque (un 8 % más que el año anterior) y el 64 % de esa pérdida se concentró en la Amazonia. Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), afirma que una tercera parte de esa superficie puede haber sido devastada por responsabilidad de los campesinos (con los que ahora hay acuerdos), pero que al menos dos terceras partes (cerca de 100.000 hectáreas) son incendiadas por obra de acaparadores de tierras y apropiadores ilegales. Es imposible resolver un conflicto como la deforestación, muy ligado al acceso y el derecho a la tierra, sin un enfoque rural integral que aborde este problema estructural de la sociedad colombiana.

El gobierno de Iván Duque ha sido incompetente en controlar la situación de violencia en los territorios. No ha existido una política de seguridad territorial capaz de poner freno a la desestabilización y el éxodo de los habitantes, que es permanente en las áreas rurales. La falta de protección estatal expone a las poblaciones campesinas e indígenas a desplazarse y abandonar una y otra vez sus hogares, huyendo de las confrontaciones armadas y escapando de las masacres.

El incumplimiento de los acuerdos de paz

La política de seguridad del gobierno de Duque está signada por la herencia de Uribe, y consiste básicamente en militarizar la guerra contra el narcotráfico, sabotear los acuerdos de paz, permitir las masacres de la población indígena y campesina a través de sicarios, así como asesinar líderes sociales y ex miembros de las FARC incorporados a la vida civil tras la firma de los acuerdos de paz. Los ejecutores de estas últimas acciones son grupos paramilitares que actúan impunemente en los territorios que deberían vigilar las fuerzas de seguridad. Exista o no un plan sistemático de ejecuciones extrajudiciales, el gobierno de Duque es responsable de estas prácticas cuando menos por omisión.

Tras los primeros cinco años del acuerdo de paz, entre noviembre de 2016 y noviembre de 2021, se produjeron 299 asesinatos de ex guerrilleros de las FARC-EP, es decir, de firmantes del acuerdo de paz que se habían reincorporado a la vida civil. La mayor incidencia de estos crímenes perpetrados por sicarios se produjo en 2019 (77 homicidios) y 2020 (76), en pleno gobierno de Iván Duque. A estos asesinatos se suman los de centenares de líderes y lideresas sociales y defensores/as de derechos humanos, así como las masacres de población civil.

Según la organización no gubernamental Indepaz, en todo el año 2020 hubo 91 masacres, con 381 víctimas mortales; en 2021 hubo 96 masacres, con 338 víctimas, y durante los primeros 23 días de enero de 2022 ya se habían perpetrado 10 masacres con 29 víctimas.  Aunque algún ministro del gobierno de Duque intentó quitar dramatismo a las cosas llamando a estos hechos ‘homicidios colectivos’, pero recibió toda clase de críticas por parte de organismos defensores de derechos humanos. Se considera masacre el asesinato simultáneo de al menos tres personas.

Sobre la restitución de tierras, los datos empujan al pesimismo. Por ejemplo, de la meta de entregar a campesinos 3 millones de hectáreas que establece el acuerdo de paz se ha cumplido menos del 1 %. Un alto consejero presidencial de Duque, Emilio Archila, rechazaba que existiera inmovilismo del gobierno en la implementación de este punto del acuerdo de paz, y para demostrarlo aseguró que se han devuelto 50.000 hectáreas, en beneficio de “22.674 víctimas de despojo y desplazamiento forzado”. Una cantidad exigua después de cuatro años, teniendo en cuenta el número de afectados y la ambiciosa meta establecida.

La Corte Constitucional condenó en enero de 2022 al Estado colombiano por violación masiva del Acuerdo de Paz, admitiendo los argumentos de los ex guerrilleros reincorporados que interpusieron tutelas en las que habían alegado falta de garantías de seguridad en los territorios, entre otros incumplimientos. La magistrada Cristina Pardo, ponente de la propuesta de resolución, explicó así la sentencia adoptada: “Consideró la Corte que, en efecto, los derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal y a la paz fueron desconocidos. La Corte Constitucional, además, considerando el alto número de firmantes del Acuerdo final de Paz que han sido víctimas de homicidio y el bajo nivel de implementación de las normas sobre garantías de seguridad para los desmovilizados, también decidió declarar el estado de cosas inconstitucional y expedir órdenes estructurales generales para el cumplimiento de lo establecido en las normas del Acuerdo en lo relativo a las garantías de seguridad”. Además de dejar al desnudo las insuficiencias de todo tipo del gobierno, la Corte formuló más de diez directrices para corregir la situación.

El presidente Duque reaccionó inmediatamente con una trasnochada alusión a las restricciones que impuso esa Corte a las fumigaciones con glifosato: “¿Esos grupos de qué se nutren?, se nutren del narcotráfico y para vencer el narcotráfico hay que tener todas las herramientas. Entonces, por un lado, se limitan las herramientas para enfrentar el narcotráfico y, por otro lado, se está diciendo ahora que están asesinando los líderes y que ese fenómeno es responsabilidad estatal. No, señor”. El texto en cursiva casi no requiere comentarios sobre la falta de empatía de Duque con los familiares de las víctimas.

Yesid Arteta, escritor colombiano residente en Barcelona, resume así la evolución de los últimos años: “La violencia en Colombia se ha venido extendiendo. En el ámbito territorial estamos en una situación mucho más complicada que la que teníamos cuando existía una guerra más o menos reconocida por la comunidad internacional e incluso por algunos agentes nacionales”. El responsable de esta situación no es solo el gobierno, sino también buena parte de su entorno político, dado que el Congreso, “que tenía la misión de reglamentar los acuerdos de paz, ha fallado”, entre otras cosas por no haberles dado representación a las víctimas.

El abandono de la población rural

El cumplimiento del acuerdo de paz requiere una transformación profunda de las áreas rurales del país, donde la presencia del Estado siempre fue insuficiente. La consecución de la paz implica generar condiciones que faciliten la concreción de experiencias locales concretas, en los contextos específicos de las comunidades. La paz no es (solo) el resultado de un acuerdo, sino también la garantía plena de su implementación. Pero el gobierno de Colombia no ha afrontado los problemas y dinámicas socioeconómicas que originaron el conflicto. En gran medida, la expansión de las disidencias y otras fuerzas insurgentes es consecuencia de no haber realizado una reforma rural integral según lo acordado en La Habana.

Al abandono de la población rural por parte del gobierno, se suma el impacto negativo que tiene la política económica neoliberal sobre los territorios rurales y selváticos, basada en la extracción de recursos naturales como el petróleo y el oro para su exportación, o en la deforestación de la selva amazónica para la siembra de palma africana o ampliar las fincas ganaderas. 

Los territorios de frontera de 13 departamentos (un total de 77 municipios) sufren de manera especial la ausencia del Estado.  El investigador Wilfredo Cañizares, de la Fundación Progresar Norte de Santander, ha estudiado la paradoja de estas regiones con grandes potencialidades socioeconómicas y culturales que, sin embargo, sufren “una tasa de desempleo cinco veces mayor que la media nacional” y una informalidad laboral superior al 80 %. Además, los municipios de frontera tienen un índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) del 53 %, cuando el promedio nacional es de 28 %.

En estas zonas aisladas de los centros urbanos se ha generalizado el modelo económico extractivista basado en el desarrollo de proyectos mineros, energéticos, agroindustriales, biotecnológicos y turísticos, que necesitan “garantías de seguridad y control territorial”, con la consiguiente “militarización del territorio a través de la fuerza pública, el uso de grupos paramilitares o el apoyo de fuerzas extranjeras”.

Además, las características demográficas de estas zonas son un agravante, ya que estos fenómenos “ocurren en regiones eminentemente rurales y mal comunicadas, con territorios colectivos de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas afectadas por una eterna crisis migratoria.” En línea con sus antecesores, el gobierno de Duque ha considerado estos problemas como un asunto de orden público, un enfoque que lo ha llevado a “aplicar en el ámbito interno, de manera permanente, planes de lucha contra el terrorismo y el narcotráfico”, concluye el investigador.

Un claro ejemplo de este prolongado abandono de las periferias rurales por parte del Estado puede verse en el departamento de Arauca, limítrofe con Venezuela, donde la violencia política causó la muerte de más de 50 personas en enero de 2022. La inexistencia de comunicaciones viarias en este departamento dificulta desde siempre la presencia de las instituciones, facilitando el accionar guerrillero y de grupos narcoparamilitares. Aunque el gobierno de Duque anunció en abril de 2021 la realización de obras viales de intercomunicación regional (el llamado Pacto Bicentenario), de las obras presupuestadas se ha ejecutado hasta fin de año menos del 1 % y la inauguración del primer tramo de 50 km está prevista para el año 2030.

Mientras tanto, indígenas de la comunidad kogui de la Sierra Nevada de Santa Marta, del departamento fronterizo de la Guajira, sufrieron a fines de enero de 2022 la quema de sus viviendas (50 bohíos) y lugares sagrados por parte de grupos armados que los obligaron a abandonar su tierra. Este no es un incidente aislado, ya que se suma a otros cuatro casos similares que fueron denunciados en diciembre de 2021, cuando “indígenas kankuamos denunciaron la quema, también por parte de hombres vestidos de civil, de cinco centros sagrados entre los departamentos del Cesar y La Guajira. Todos ellos dentro del perímetro de la Sierra Nevada de Santa Marta”, donde operan   a sus anchas los comandos narcoparamilitares.

Por otra parte, el presidente ha dejado desfinanciada la administración de justicia local y rural, un proyecto impulsado por él mismo, pero al que nunca dotó de los recursos necesarios para su funcionamiento. 

El Estado colombiano está ausente en la articulación del espacio rural, pero su presencia es también insuficiente para resolver los problemas que aquejan a la población de los núcleos urbanos. Por ejemplo, no se han realizado las necesarias obras de infraestructura para prever los daños que ocasionan los fenómenos naturales cada vez más intensos que se producen en todo el país, como consecuencia del cambio climático y de los desplazamientos demográficos vinculados a la guerra y la pobreza. Un claro ejemplo es el de las ciudades de la costa Caribe, tales como Cartagena de Indias, que sufren inundaciones cada vez más devastadoras (las aguas anegaron el 70 % de Cartagena en 2020 y hubo 150.000 damnificados) por la falta de concreción de los planes de drenaje fluvial previstos desde la década de 1980.áLa mayor parte de la sociedad colombiana, que aparece estratificada en los registros oficiales con un sistema comparable al de castas -con rangos que van del 1 al 6 en función de sus ingresos y hábitat-, no se ha visto beneficiada por el crecimiento económico general del país. Este solo revierte en producir mayores beneficios para las capas más altas, los estratos 5 y 6. Un ejemplo es el recurso a la exportación de petróleo, que aporta un tercio de los ingresos en divisas pero no tiene casi ningún impacto sobre el empleo, y a pesar de esta contribución de las energías sucias a equilibrar la balanza comercial del país, esta resulta de todos modos deficitaria, en gran parte por la importación de 12 millones de toneladas anuales de alimentos, que representa un 30 % del consumo total.

Este desajuste estructural de la economía colombiana es uno de los resultados del proyecto neoliberal extractivista, acompañado de exclusión social, que se ha consolidado en los últimos años con las acciones y omisiones del gobierno de Iván Duque. Un dilema que se definirá en las próximas elecciones es si Colombia seguirá ‘contaminando’  con más extracción de carbón y petróleo para pagar sus alimentos, o aprovechará su maravillosa naturaleza para hacer los cambios estructurales que su sociedad necesita, tanto en la distribución del suelo agrícola como en la protección ambiental de los territorios acosados por las empresas extractivistas.

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Por Maru Waldhüter

Iván Cepeda Castro es Senador de Colombia por el Polo Democrático Alternativo y cuenta con una reconocida trayectoria en defensa de los derechos humanos que encuentran origen en su historia familiar. Su padre, Manuel Cepeda, político de izquierda y senador por la Unión Patriótica fue asesinado en 1994 por agentes del Estado en complicidad con grupos paramilitares. El hecho fue denunciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en 2010 el tribunal determinó la responsabilidad del Estado colombiano por la violación de múltiples derechos. 

En agosto del año pasado la Corte Suprema de Justicia de Colombia luego de ocho años de proceso judicial resolvió detener al ex presidente Álvaro Uribe Vélez por su relación con grupos paramilitares y la manipulación de testigos. Las denuncias que dieron origen a  esa investigación fueron presentadas por Iván Cepeda al senado y durante todos esos años el derrotero judicial y las maniobras de Uribe buscaron invertir las acusaciones para responsabilizar a Cepeda. El ex presidente del Centro Democrático permaneció bajo arresto domiciliario dos meses pero la causa aún continúa en curso.

En la actualidad Colombia lleva más de dos meses de Paro Nacional y movilizaciones en todo el país. El accionar represivo desplegado por el gobierno de Iván Duque acumula denuncias por la violación sistemática de derechos humanos por parte de las fuerzas policiales, militares y paramilitares. Las imágenes de la violencia estatal en Colombia quedaron a la vista de la comunidad internacional, el “teatro de operaciones militares” como lo caracterizó Cepeda, ya no se puede ocultar ni naturalizar. 

El 28 de abril de 2021 abrió un acontecimiento político histórico para el pueblo colombiano. Era necesario parar para avanzar y derrumbar los símbolos de la opresión para iniciar, tal como lo manifestó el pueblo indígena Misak, un camino hacia la reparación de la memoria histórica y nuevas prácticas de re-existencias. 

El senador Iván Cepeda dialogó con Marcha y se refirió a estos meses de manifestaciones y los desafíos que quedan por delante y la perspectiva hacia las elecciones presidenciales de 2022.

– Senador Cepeda, desde su perspectiva, ¿qué balance se puede hacer de estos dos meses de paro nacional y movilizaciones?

Yo considero que Colombia ha experimentado en estos dos meses un hecho sin lugar a dudas de un gran significado histórico. Nunca en nuestra historia contemporánea una movilización, que ya no es simplemente una protesta, ha durado más de dos meses en medio de condiciones muy adversas, pero también con una gran decisión política de la ciudadanía. Destaco, no solamente la duración de este proceso de indignación ciudadana, sino también, el hecho de que ha quedado claro que hay una conciencia nueva desde el punto de vista político en muchos de los sectores que se han movilizado y especialmente en los jóvenes de las barriadas populares en los grandes centros urbanos y, particularmente ha ha sido en la ciudad de Cali pues, en en ese lugar del país se han desarrollado luchas sociales desde hace mucho tiempo y con una experiencia de resistencia de gran intensidad.

La movilización pacífica ha tenido un salto de calidad y de expresión política en estos meses y también destacaría que ha emergido un nuevo movimiento social. Este sería un tercer rasgo que me parece fundamental puesto que, hemos visto aparecer nuevas expresiones de movilización y de resistencia. Las llamadas primeras líneas de los jóvenes en distintos puntos de la ciudades, el acompañamiento de las misiones médicas y de derechos humanos, el periodismo alternativo que ha estado permanentemente transmitiendo en tiempo real lo que acontece, la expresión del feminismo y el papel, sin lugar a dudas, protagónico de las mujeres en en estos procesos de movilización. En fin, toda una gama de nuevas expresiones organizadas de la ciudadanía y de los movimientos sociales que se conjugan con las más tradicionales: el movimiento sindical, el movimiento indígena, las organizaciones campesinas y afrodescendientes, los estudiantes universitarios, el magisterio, los docentes, etc.

Y por último, destacaría que en estos dos meses el movimiento social ha demostrado que sí es posible hacer que retrocedan leyes oprobiosas, que renuncien funcionarios de alto nivel. Han tenido que dejar el gobierno varios ministros y otros funcionarios por efecto de la movilización y ese es, a mi modo de ver, un claro ejemplo de lo que se llama el poder constituyente que tiene efectos jurídicos legislativos y políticos por parte de las multitudes.

– Vemos con mucha preocupación el tratamiento bélico a la protesta social y el accionar de civiles armados como si hubiera un “enemigo interno” ¿Cómo resguardar garantías democráticas y constitucionales en este contexto, pensando también en las próximas elecciones de 2022?

En efecto, en estos meses de movilización hemos visto que se han acentuado los rasgos autoritarios, el terrorismo Estado, la criminalidad del Estado como una forma de intentar eliminar o acabar la movilización social. Y eso tiene que ver no solamente con una reformulación del la vieja idea del enemigo interno convertida, en este caso, en la expresión de una posición contra determinados sectores que se catalogan, prácticamente como  terroristas, como una especie de redefinición del terrorismo en términos urbanos que se expresa también esa concepción violenta frente a la movilización a través de un tratamiento de la protesta y la movilización pacífica como si se tratara de acciones bélicas. Es decir, el tratamiento de la movilización ciudadana como una especie de teatro de operaciones militares y también por un conjunto de acciones que, sin lugar a dudas, se pueden catalogar de criminales. El uso de armas de fuego por parte de miembros de la Policía Nacional, el uso de armas que son denominadas de baja letalidad pero que se utilizan de tal forma que sean letales, la tortura, el abuso sexual, la desaparición forzada, las detenciones arbitrarias, la estigmatización pública de quiénes se movilizan, toda una serie de acciones que conforman una especie de nueva doctrina de carácter militar y policial contra la movilización pacífica. De otra parte, el Gobierno se ha negado a dialogar y prácticamente ha intentado primero, engañar al país a la comunidad internacional con un diálogo que no conduce ninguna parte y luego abiertamente ha rechazado la posibilidad de dialogar con sectores y organizaciones que han estado encabezando y dirigiendo la movilización como el Comité Nacional del Paro y las propias organizaciones juveniles que han estado en muchas partes del país haciendo diálogos que sí han tenido resultados con autoridades locales. Todo eso en el contexto también de la promulgación de leyes y decretos que van dándole una forma jurídico legal a esta nueva doctrina de la que estamos hablando. El Gobierno ha promulgado en estos dos meses distintas disposiciones tendientes a militarizar las grandes ciudades, a poner en marcha una serie de dispositivos represivos para reforzar la acción de la policía, e incluso a he tenido una actitud tolerante frente a las expresiones del paramilitarismo urbano, así que aquí se conjugan no solamente acciones de carácter militar y policial, sino también el rediseño institucional y también la formulación de un nuevo marco legal y jurídico para legitimar este estado de represión generalizado y de criminalidad de Estado. 

La única manera de contrarrestar ese cuadro de acciones de persecución es la movilización misma. No hay ningún otro camino diferente a seguir desarrollando, la resistencia, la movilización pacífica, la búsqueda del apoyo y el acompañamiento internacional. El trabajo de documentación e información a través de los medios alternativos y las redes sociales de lo que está ocurriendo, el acompañamiento en terreno de las organizaciones, de las expresiones sociales de todo este gran movimiento. Esa es la esa es la vía y también la pedagogía política para que esta movilización se traduzca también en resultados de cambio político a través de las elecciones que tendrán lugar en marzo y en junio del año 2022.

– ¿Qué desafío encuentra la política tradicional luego de este proceso social y político que trajo el Paro Nacional?

Una de las características de esta movilización es que ha logrado expresar un enorme descontento, una enorme indignación de la ciudadanía con el uribismo es decir, con la extrema derecha, con su gobierno, con el caudillo de esa corriente política que es una bancarrota, una debacle política e ideológica que difícilmente pueda ser revertida. Hay un sentimiento muy arraigado, especialmente en los jóvenes, que tiene que ver con rechazar el legado y las prácticas del uribismo y que tiene que ver con la clara identificación de su responsabilidades en lo que ha pasado en el país, no solo desde el punto de vista económico y social, la agudización de la pobreza, todo lo que tiene que ver con el manejo del orden público y también los crímenes de Estado que se han perpetrado en estas últimas dos décadas particularmente, los mal llamados falsos positivos que son crímenes contra la juventud en Colombia (ejecuciones extrajudiciales a manos del ejército nacional que asesinó jóvenes y los hizo pasar como bajas en combate) . Entonces todo eso se ha convertido en un sentimiento que trasciende ya simplemente la oposición política y los sectores inconformes y que se comienza a convertir en un estado contra hegemónico, que se expresa a través de encuestas y de una sensibilidad y un estado de opinión muy claro en contra de la extrema derecha. Ahora, qué está intentando hacer como respuesta el uribismo a estas circunstancias, bueno una especie de política de camuflaje y una táctica camaleónica, intenta ahora el partido de Uribe deslindarse del Gobierno. Quiere aparecer como si fuera un partido oposición y no de Gobierno; se está lavando las manos de las peores decisiones que ha tomado el presidente Iván Duque aplica, por supuesto, una una serie de iniciativas de carácter populista, intenta abanderarse de la reivindicaciones y las exigencias que han hecho precisamente quienes están en la movilización y quienes hemos criticado severamente al gobierno. Pero nada de eso es convincente, hay que decirlo, nada de eso oculta lo que ha ocurrido en el gobierno de Duque y que ha sido pues, una caja de resonancia de lo que quiere y a lo que aspira Uribe, es claramente responsable de haber atacado el proceso de paz, de haber conducido el país a una situación de pobreza extrema en medio de la pandemia, de haber acabado con las posibilidades de un desarrollo nacional, por lo menos en esta etapa, y que ha tenido una política que a los únicos que beneficia es a un círculo cercano de personajes muy poderosos que tienen capitales muy acaudalados y a la clase política tradicional y privilegiada. Todo eso está claro y por lo tanto, el gran debate hacia las elecciones de 2022 será precisamente entre el intento de simular o de simulación de esta extrema derecha para intentar restaurarse y obviamente los planteamientos, el programa de las fuerzas progresistas y democráticas por un cambio histórico.

Informe de la CIDH

Al cierre de esta nota la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)  presentó al Estado colombiano el informe con las observaciones y 41 puntos con recomendaciones al gobierno.

A un mes de la visita en la que se relevaron más de 100 testimonios en ciudades como Bogotá, Cali y Popayán, entre otras, la CIDH “ha podido constatar que en reiteradas ocasiones, así como en diversas regiones del país, la respuesta del Estado se caracterizó por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, en muchos casos, incluyendo la fuerza letal”. Además, anunció la creación de un nuevo dispositivo de seguimiento. El informe señala que “resulta extremadamente preocupante el alto número de muertes y personas lesionadas, así como las graves denuncias de personas desaparecidas, violencia sexual y utilización de perfilamiento étnico racial”. También advirtió la presencia “en algunos departamentos del Valle del Cauca, personas civiles armadas”.

El Centro Democrático, partido de gobierno liderado por Álvaro Uribe, afirmó en un comunicado que “el informe refleja sesgo ideológico”. Por su parte, el presidente Iván Duque sostuvo que “nadie puede recomendarle a un país tolerar la criminalidad”.

Finalmente, la CIDH considera que no se puede prohibir la realización de bloqueos, cuestionó el decreto de “asistencia militar” en el Valle por no tener fecha límite de ejecución y sugiere la separación de la Policía Nacional del Ministerio de Defensa.

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Por Maru Waldhuter | Foto: Lisbeth Montaña

Tal vez la distancia nos lleva a pensar que no nos podíamos imaginar desde aquí lo que sucedió luego del 28 de abril ¿Pero cuál es tu impresión al día de hoy y después de todos estos días en la calle. Te imaginabas todo lo que trajo aquel 28 de abril?

No estaba en los cálculos de nadie, incluso la jornada del 28 con la que iniciaba el paro nacional se creía que iba a ser una jornada de movilización, no con la magnitud de la que vivimos y no estaba en los cálculos de ninguna organización, ni en los cálculos personales estaba. Esta explosión social que se desarrolló tampoco estaba en los cálculos de nosotres que la movilización continuara después del 1º de mayo. Esto ha sido una sorpresa agradable desde lo político, desde lo social, desde lo cultural, es tremendamente maravilloso ya que desde hace muchos años, los acumulados, las acciones de las organizaciones sociales, de los movimientos apuntaban a que se diera en algún momento esta explosión pero no nos imaginábamos que iba a ser este año, en medio de semejante situación de pandemia, de miedo, con todo lo que mediáticamente implicaba los mensajes de no salir a la calle, de no reunirse, no aglomerarse y sin embargo, la gente no le importó nada de esto y salió a movilizarse. No estaba entre los cálculos. 

Mucho se habla de la juventud como un sector protagónico del paro ¿Qué tiene de particular esta juventud que hoy es uno de los principales actores políticos?

En los años 80′ y 90′ asistimos a la destrucción del sujeto político que era el obrero, en los 2000 alcanzamos a ver en Argentina, en México, en Bolivia, como otros sujetos eran llamados a la lucha, donde se habían dado también una serie de peleas, piqueteras, zapatistas y en Colombia llegamos un poco tarde a eso y gracias a las Mingas indígenas en el 2008, a la creación del Congreso de los Pueblos en 2010, de la Marcha Patriótica, esas nuevas creaciones de estos nuevos movimientos que llamaban a determinar o a crear otra subjetividad en relación al campo político de quién debía ser el sujeto pues ya no se apelaba al obrero y resulta que todas estas luchas que surgieron en el 2010 hacia adelante han permitido que se reconfigure el sujeto popular, entonces vimos que en el 2011 salieron estudiantes a movilizarse durante tres semanas, en el 2013 un gran paro nacional, en el 2016 también las mingas indígenas, y el 21 de noviembre (21N) de 2019 vemos que hay también una gran explosión, yo creo que es el punto de quiebre donde empezamos a asistir y vemos como la reconfiguración del sujeto. Es un sujeto joven, en su mayoría, que tiene como mezcla de las tradiciones clásicas de la izquierda pero además, con corrientes renovadas de resistencia, y además, es un sujeto que quizás está organizado y otros quizás no tan organizados, pero esas corrientes renovadas de resistencia son el feminismo, el ambientalismo, todas estas luchas que antes se veían como pequeñas, entonces se mezclan con estas resistencias tradicionales de la izquierda. Hoy vemos jóvenes en las calles, en su mayoría están no organizados asistiendo a los 31 puntos de bloqueo, pero son jóvenes que son feministas, que están peleando contra la brutalidad policial, gente que se reconoce con algunas tradiciones de izquierda, pero digamos que ímpetu juvenil le mete la chispa para poner el aguante en la primera línea. 

¿Pensás que se le terminó de caer la máscara a la derecha, especialmente al uribismo?

Hay una ruptura con la hegemonía conservadora. Esa hegemonía que era pasiva, que no se metía con los problemas de nadie, esa generación que creía que era un caudillo el que nos tenía que venir a salvar, esa generación que creía que era un mesías el que tenía que venir a salvarnos, hay una ruptura. El sujeto que está en las calles es una persona que cree en lo diverso, en lo multisectorial, amplía la lucha pero además la radicaliza, y su forma de incidir y participar políticamente se amplió en las calles. Entones, las personas que están en las movilizaciones están discutiendo los problemas políticos de la nación en forma colectiva, inclusive, la lucha que hoy están dando las y los jóvenes pasó de ser reivindicativa a ser una más política. Hoy se está discutiendo el modelo, no simplemente que no tenemos agua, bueno, no tenemos agua pero es por culpa de los malos gobiernos que hemos tenido. Hay otra forma de pensar las luchas. 

Nombrabas los feminismos y el ambiente ¿Siguen los proyectos extractivistas en Colombia?

Dentro de las agendas que se vienen construyendo de la negociación del Paro, inclusive de lo que ha salido de las distintas asambleas que hay en los distintos puntos de bloqueo, tanto lo rural como lo urbano, lo que viene avanzando son proyectos extractivistas y de hidroeléctricas y la gente está pidiendo que cese. No solo fueron las reformas que, ese fue el otro salto que dimos después del 1º de mayo que cuando dijeron que se quitaba la reforma tributaria, con eso pensaban que iban a parar a la gente, pues pasó que no, porque la gente tiene una agenda mucho más profunda para resolver, entonces la gente dijo bueno, cómo va a ser este tema de la privatización del agua, cómo va a ser este tema de las agroindustrias que tienen tan jodidos a los campesinos y las campesinas, cómo va a ser este tema de la acaparación de tierras, el tema del extractivismo que nos tiene tan pobres.

Hoy las elites en Colombia están preocupadas más porque no puede salir el carbón del cerrejón en la Guajira y no preocupadas porque la gente tiene hambre en la Guajira. Entonces fíjense en las contradicciones, eso es lo que hoy le está diciendo el Comité Nacional de Paro y también en las asambleas populares que se están dando en los distintos puntos, es que se discuta también ese modelo, el de vender los recursos naturales, esa creo que es una de las agendas más importantes porque los territorios rurales se están movilizando por la defensa del agua, por la defensa de la vida, por no al extractivismo, y por la reforma agraria, la distribución de la tierra, porque en Cali, por ejemplo, en el Valle del Cauca, la acumulación de tierra por parte de los grandes empresarios para el cultivo de caña de azúcar es una acumulación exhorbitante, entonces tanto indígenas, como población rural y urbana están peleando también por el tema de la distribución. O sea, lo medioambiental es un punto central dentro de las agendas de pelea del paro.

La mañana del 28 de abril comenzó con la imagen del derrumbe del monumento de Sebastián Belalcazar por parte del pueblo indígena Misak. El monumento del opresor cayó, fue derribado ¿Te parece que ese acto destituyente trae consigo una suerte de promesa constituyente, no solo de la memoria sino también de nuevos lazos sociales después de tantos años de una política de la muerte?

Yo creo que lo que han hecho los indígenas sobre todo, inclusive lo que nos han aportado dentro de la movilización ha sido muy importante. Atreverse a destruir las estatuas, las imágenes de los colonizadores también nos obliga, inclusive a los movimientos sociales de izquierda a destruir esas imágenes del pasado sobre cómo construimos también las políticas. A veces los movimientos de izquierda como que replicamos pensamientos colonizadores, entonces los movimientos indígenas lo que nos han llamado es a construir una nueva política de otra forma, una política más colectiva, una política mucho más aterrizada. Ellos nos han obligado a esto que denominan “caminar la palabra”, entonces eso lo han transmitido en todas las movilizaciones, en todos los puntos que han ido. Y esto de destruir a los colonizadores, no solo destruir solamente la estatua sino fracturar nuestro pensamiento. Es fracturar también la hegemonía de las familias poderosas de acá de Colombia que son las que han puesto esas estatuas para también demostrar su hegemonía sobre nuestro pensamiento. A quienes más les ha dolido, si una se fija en las intervenciones de los medios de comunicación, es a las clases poderosas que hoy estén bajando sus ídolos y, según ellos, sus ejemplos a seguir, por dónde nos debiéramos guiar la sociedad colombiana, pues ha resultado para ellos supremamente violento. Para nosotres es una forma de empezar a romper esos esquemas con los cuales nos habíamos formado y hoy los mártires de a pie en realidad son los que están saliendo a flote, los líderes y lideresas con capucha que no sabemos quiénes son, desde el anonimato aportándole a los acumulados. Detrás de todo este paro hay un montón de anonimatos que más bien se han sumado a la colectividad y la colectividad ha sido la protagonista.

De esta juventud pensamos en las niñas y las más jóvenes que hoy son el blanco móvil del terrorismo sexual del Estado y también en las madres de la primera línea ¿Qué significa que las calles estén llenas de ellas a pesar del terror?

El Estado colombiano, la policía y el ejército ha utilizado la violencia sexual como una forma de aterrorizarnos y no salir a las calles, pero creo que el ejemplo de Argentina, el ejemplo de Uruguay, eso nos ha permitido dar un salto organizativo y cualitativo muy importante en la lucha feminista. Lo que decía una madre de la primera línea “nos han quitado tanto que nos han quitado hasta el miedo”, y que “no parimos hijos para la guerra, no tenemos hermanos para la guerra” y por eso las mujeres están en la primera línea, siempre hemos estado en la primera línea desde el cuidado, haciendo todo para transformar la sociedad, y hoy desde las barricadas también estamos en la primera línea, así que ahora invitarlas a todas a seguir destruyendo esos miedos que este sistema neoliberal nos ha metido. No estamos solas, yo creo que ese es el mensaje más importante que me ha quedado, el internacionalismo ha sido una expresión de solidaridad y amor hacia el pueblo colombiano muy grande y es decir, a todas las compañeras y compañeres que nos están escuchando, es que no estamos solas y aquí estamos dando la pelea. La pelea de Colombia no es solo la pelea de Colombia, sino esto es un aporte también para América Latina. Estamos en pie de lucha por el continente entonces, aquí estamos. Ustedes también hacen parte de este movimiento, yo me siento en la pelea con ustedes. No nos hemos sentido solas, ustedes saben tanto lo que está pasando acá que las siento igual de cerca y eso ha sido muy importante.

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Por Sasha Yumbila Paz

Las obras digitales de este ibaguereño de 29 años de edad (Ibagué ‘Capital Musical de Colombia’) han acompañado la inconformidad de los jóvenes ante un sistema deshumano, publicadas en revistas de expresión cultural, redes sociales y murales. Porque como él mismo dice “la situación de los jóvenes es crítica no tenemos oportunidades, ni de estudio, ni de trabajo y la única forma es expresar el inconformismo de todas las maneras posibles para tocar un sentimiento nacional y así allanar un camino en el que podamos tener un futuro más claro”.

Cizañero, cumple una función representativa o interpretativa de la problemática político social de Colombia, sus ilustraciones críticas están cargadas de un valor connotativo especial.

Los inquisidores de la lengua como la RAE y Oxford Languages definen la Cizaña como “cosa que hace daño a otra” y que “lo hace con frecuencia” ¿Por qué firma sus ilustraciones como Cizañero?

El seudónimo nace precisamente de esta definición que da la RAE y Oxford Languages, lo que busco realmente es dañar y destruir a los políticos que creo son un obstáculo para el cambio real de la nación y para resguárdame de posibles ataques y amenazas que ya me sucedieron, además de darle un poco de misticismo e intriga por saber quién está detrás de las ilustraciones.

¿Qué lo motiva a hacer ilustración digital?

Son muchas las motivaciones, pero en especial la injusticia social en el país y los medios masivos de desinformación que por su forma de operar tienen en un estado de catalepsia a la población que consume estos canales y en especial sus noticieros, esto me induce a crear, realizar y mostrar imágenes de la cruda realidad actual, además de poner mi granito de arena por un mejor país desde una visión crítica.

¿Cómo define su trabajo; humor, crítica u otra cosa?

Mi trabajo se puede definir como activismo, sátira política, sarcasmo e ironía, pero también lo realizo con una carga poética por generar conciencia del país.

¿Por qué enfocado hacia la política?

Creo que la política tradicional de derecha “moderada” y fascista nos han entregado un país en ruinas y todos debemos hacer algo para quitarnos de encima esta caspa que tanto daño ha causado.

¿Hace investigaciones previas y contrasta información para hacer las ilustraciones?

Claro, me remito siempre a los portales independientes, columnistas y periódicos del país para contrastar información y hacerme una idea general de lo que está pasando, de ese trabajo previo sale mucha inspiración para crear piezas nuevas.

¿Qué quiere lograr con sus ilustraciones?

Tratar de sensibilizar y abrirle un poco los ojos y la mente a la gente del común que ve mí arte; que a la hora de elegir tengan bases para votar bien. Esto significa que de alguna manera piensen, evalúen y saquen un análisis crítico que transgreda la normalidad. El final detrás de cada ilustración es hacer una pedagogía tal vez un poco agresiva, pero contundente. Me motiva un sentimiento de transformación para el país.

¿Qué tipo de técnica utiliza?

Son dos, una es ilustración digital realizada en un programa que se llama Illustrator y la otra es fotomontaje que se realiza acoplando varias imágenes para lograr un poco más de realismo y se hace en el programa de Photoshop.

Intercambiemos sobre las ilustraciones…

¿Por qué define a Colombia como la fosa común más grande del mundo?

En esa ilustración quería mostrar la catástrofe que ha sido el legado uribista dejando a su paso una estela de los mal llamados Falsos Positivos, masacres y desaparecidos son muchas las cifras que se han revelado a lo largo del tiempo y siempre serán insuficientes para tener con certeza un dato claro de todas las muertes causadas en el Conflicto Armado colombiano. Desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016 hasta el 10 de diciembre del 2020 han sido asesinados 1.088 líderes sociales y personas de Defensoras de DD. HH., cifra catastrófica que nos da Indepaz esto son los datos en tan solo cuatro años largos, ahora pensemos cuantos muertos más han sucedido a lo largo del conflicto de casi 60 años, el país que tiene fosas comunes a lo largo del territorio lo hace acreedor al título de la ‘fosa común más grande del mundo’.

Una de sus ilustraciones dice “si nos van a matar que sea luchando” ¿Cómo sería esa lucha?

En las calles protestando de manera pacífica y sostenida, la referencia a la muerte la hago porque la policía en las marchas nunca ha sido garante de la vida. En cada movilización su escuadrón de la muerte cobra la vida de algún manifestante y siempre quedan impunes sus crímenes; recordemos la muerte de Nicolás Neira, Dylan Cruz, Javier Ordóñez y ahora Santiago Murillo. Pasaron casi 16 años para que juzgaran a rangos inferiores de la policía en la muerte de Nicolás Neira, como siempre no se juzga ni se condena a alguien de alto rango de la policía o responsable político. Incluso con la muerte rampante en las protestas, estamos parados firmes defendiendo nuestros derechos y libertades a riesgo que la muerte nos alcance.

José Félix Lafaurie un buen disecado ¿Cuál es el contexto, de qué se trata esta ilustración?

El contexto de esa publicación se generó por una disputa entre el presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan) patrocinador de grupos paramilitares en el pasado, no sabemos si en la actualidad también, con Ariel Ávila reconocido escritor columnista e investigador; en esa disputa obviamente estamos con Ariel y sugerimos como en su momento lo hizo el ex-presidiario con el comentario de “un buen muerto” por “un buen disecado” para que se fuera al retiro en un anaquel de su casa y no jodiera más.

Fabián Sanabria maestro de antropología de la Universidad Nacional afirma que los de la extrema derecha “no merecen nuestro odio, nuestro desprecio, nuestro humor, nuestra ironía, porque son unos arrabaleros que ni siquiera tienen la dignidad de déspotas ilustrados” [1]. En varias de sus ilustraciones los protagonistas son estos personajes ¿Qué opinión le genera la afirmación del maestro?

La opinión del profe Sanabria es excelente como todo su pensamiento, pero ante años de gobiernos que carcomen el país con la corrupción y los crímenes de Estado se hace vital exponerlos, mostrar todos sus delitos y dejar un reporte gráfico de todo su prontuario delictivo; además, mi contenido va dirigido hacia la gente, no hacia ellos, me importa más que me vea el colombiano de a pie que es el que elige y en ellos es donde hay que enfocar los esfuerzos para que aprendan el valor de cada voto.

Es recurrente observar en caricaturas, mamarrachos, memes, etc. especialmente los artistas que tienen tendencias progresistas o de izquierda de nuestro país, hacer comparaciones sobre los gobiernos de Colombia y Venezuela sin tener en cuenta que son posiciones e intereses políticos diferentes; a Maduro se le opone toda la derecha mundial mientras que a Duque lo apoya toda la derecha mundial. ¿Hacer este tipo de ilustraciones no es seguirles el juego a los intereses de la derecha mundial?

No es seguirle el juego a la derecha, es ridiculizarle el argumento que usan todos los días sobre el castrochavismo que obviamente no existe, hacer esa analogía destruye su concepto vacío.

Tras la perfidia a los Acuerdo de Paz y la construcción del montaje judicial por parte de la DEA en connivencia con la mafia que gobierna Colombia, a Jesús Santrich quien fuera uno de los jefes de la Segunda Marquetalia no le quedó otra opción que seguir la lucha política armada ¿Por qué insistir en las acciones conjuntas (matriz mediática, narrativa de medios oficiales, gobierno, FF.MM.) que defender la vida incluso con la política de las armas a una guerra impuesta es darle vida al uribismo?

Se firmó un Acuerdo de Paz y muchos de la extinta Farc asumieron el compromiso de esta firma, Jesús Santrich fue víctima de un complot que todo el mundo se dio cuenta, estuvo detenido un tiempo largo, pero gracias al mismo Acuerdo de Paz y la Justicia Transicional no pudo ser extraditado; además la Corte Suprema tomó posición en defensa de Santrich basada en argumentos legales fuertes y después de ver la tramoya que había causado el exfiscal Néstor Humberto Martínez en conjunto con la DEA, pero luego de esto salió huyendo y dándole la espalda junto con Iván Márquez y varios miembros firmantes; a los que creímos en esa firma del Acuerdo esta situación fue golpe certero en la credibilidad de la Jurisdicción Especial y esto le dio voz y vida al uribismo criminal.

Policarpa Salavarrieta, Camilo Torres, Jaime Bateman Cayón y Carlos Pizarro personajes históricos que hicieron uso de las armas para responder a una violencia primera. ¿Por qué hacer memoria de esos personajes, si la narrativa de la corriente reformista invalida la violencia revolucionaria, los sataniza e invisibiliza?

Son tiempos diferentes antes no podían ser escuchados ni podían mostrar su pensamiento sobre el país y se alzaron en armas para ser escuchados, ahora tenemos diferentes plataformas digitales para masificar la información y el pensamiento, no creo que tengamos que satanizarlos, sino aprender de esa lucha que ellos dieron y reinventar en otras formas de luchas más acordes al tiempo en el que vivimos. Nos cansamos de vivir en una guerra perpetua.

Este contexto de Paro Nacional nos ha demostrado que algunos de los instrumentos que nos permite expresarnos pacíficamente como es el Muralismo, las tendencias en redes sociales etc. los han censurado; si salimos y nos manifestamos en la calle pacíficamente nos asesina y reprime el terrorismo de Estado, como es el caso de Lucas Villa en la ciudad de Pereira y los más de 50 en el resto del país ¿No cree que en estos tiempos aún seguimos sin ser escuchados?

En un Estado dictador y autoritario en el que estamos censurar los murales, las redes, asesinar y violar va a seguir sucediendo, pero aun así logramos masificar la información: El 12 de mayo día en el que la policía asesinó a Santiago Murillo fue muy doloroso escuchar a la madre llorar y gritar por la muerte de su hijo.

Inspirado en este suceso hice la imagen de Colombia llorando lágrimas de sangre, imagen que le dio la vuelta al mundo. No alcancé a divisar la magnitud, solo cuando vi que Alejandro Sanz publicó la imagen en Twitter me di cuenta del alcance de las redes y logramos unir a todos los colombianos en el mundo en una sola voz que grita: #SOSColombia; además muchos órganos internacionales se pronunciaron en contra del Gobierno ante la escalada criminal, a la fecha el dictador de Duque no ha recibido apoyo de ningún país y por esto creo que sí nos hicimos escuchar.

¿Cómo definiría usted lo que representa el progresismo?

El progresismo sería el cambio que necesita Colombia, esté se define por fomentar un Estado del bienestar, la defensa de los civiles, la participación ciudadana y una redistribución del capital en la sociedad; considero que es la esperanza de un cambio democrático liderado por los jóvenes y una nueva clase política.

En la Colombia Humana se habla mucho de un progresismo que no reniega del capitalismo, sino que lo acepta dentro de su modelo, incluso algunos senadores como Gustavo Bolívar y simpatizantes como Margarita Rosa de Francisco han hablado de un “capitalismo humano” ideas por las que una gran parte de la izquierda se mofa de ellos. ¿Consideras que se puede efectuar ese “cambio que necesita Colombia”, como dices, bajo un modelo que no reniega del capitalismo?

Gustavo Petro ha dicho en varias ocasiones que en Colombia no existe el capitalismo sino el feudalismo, concepto que es cierto, él ha propuesto desarrollar políticas conjuntas capitalismo- progresismo para darle una solución al país, puesto que tenemos que entender que el país en su mayoría todavía es muy conservador por eso pienso que no se puede renegar del todo de ese sistema económico, por el momento…

¿Cuál es la visión de Cizañero sobre la Paz?

Mi visión de Paz debe tener tres componentes básicos, sería que todos y todas pudiéramos acceder de manera gratuita a la salud y capacitarnos educativamente en lo que se desee, además de poder tener una vivienda digna. En fin, vivir dignamente. ¡Porque hay que reivindicar la palabra dignidad!

¿Qué opiniones y reacciones le genera a la gente que se acerca a su trabajo?

Muchos se impresionan por lo explícito del mensaje, otros tal vez miran la calidad, conexión con la imagen, digamos que he crecido rápido, en el sentido de tratar de conectar con los sentimientos que cada persona tiene, para generar ese feeling con la gente (cada vez está más indignada). Nuestra actualidad política me da mucha inspiración para generar ilustraciones que han gustado bastante. Digamos que he sabido leer e interpretar el contexto.

¿Cuánto tiempo le dedica para crear una ilustración?

Es muy relativo. Surge una noticia de connotación nacional, se hace la búsqueda de información y seguido pienso en una idea o imagen mental que represente de la mejor manera la noticia para que cale en todos los colombianos, esto es lo más demorado, seguido me pongo a trazar el dibujo y en cuestión de una hora o dos ya tengo el arte final.

En cuanto las ilustraciones, ¿tiene algún proyecto en especial a futuro?

La verdad yo comencé a ilustrar por la impotencia de ver tantas cosas en mi país y sentí que mi deber era mostrarlo, nunca pensé que tuviera tanto despliegue una imagen y que pudiera conectar con tanta gente, este es el pago más brutal. Después de darme cuenta del alcance que tiene quiero dedicarme solo a ilustrar y si fuera posible vivir del arte.

¿Los lectores dónde pueden encontrar sus ilustraciones?

En Twitter me pueden encontrar como @Cizanaparatodos, en Instagram: @cizanaparatodos y en la red social Facebook: @CizaÑero – @Cizanero.ilustrador 

En estos momentos de estallido social quiero hacer un reconocimiento a todas y todos los artistas de las diferentes disciplinas que han participado en las actividades del Paro Nacional visibilizando y denunciado los crímenes de lesa humanidad cometidos contra quienes usando el legítimo derecho de la Protesta Social manifiestan su inconformismo.

En memoria a las víctimas del terrorismo de Estado, a las y los que siguen de pie en las calles por una vida digna.

1: Jeisson García. —No está, lo mató el terrorismo de Estado —dijo Cali.

2: Cristian Alexis Moncayo Machado. —No está, lo mató el terrorismo de Estado —dijo Cali.

3: Pol Stiven Sevillano Perea. —No está, lo mató el terrorismo de Estado —dijo Cali.

4: Charlie Parra Banguera. —No está, lo mató el terrorismo de Estado —dijo Cali.

5: Michel David Reyes Pérez. —No está, lo mató el terrorismo de Estado —dijo Bogotá.

6: Brian Gabriel Rojas López. —No está, lo mató el terrorismo de Estado —dijo La Virginia.

7: Marcelo Agredo Inchima. —No está, lo mató el terrorismo de Estado —dijo Cali.

8: Miguel Ángel Pinto Molina. —No está, lo mató el terrorismo de Estado —dijo Cali.

9: Dadimir Daza Correa. —No está, lo mató el terrorismo de Estado —dijo Yumbo.

10: Daniel Felipe Azcárate Falla. —No está, lo mató el terrorismo de Estado —dijo Cali.

11: Einer Alexander Lasso Chará. —No está, lo mató el terrorismo de Estado —dijo Cali.

12: Maria Jovita Osorio. —No está, lo mató el terrorismo de Estado —dijo Cali.

13: Edwin Villa Escobar. —No está, lo mató el terrorismo de Estado —dijo Cali.

14: José Augusto Ortiz Cortés. —No está, lo mató el terrorismo de Estado —dijo Cali.

15: Kevin Yair González Ramos. —No está, lo mató el terrorismo de Estado —dijo Cali.

16: Jesús Flórez. —No está, lo mató el terrorismo de Estado —dijo Pereira.

17: Rosemberg Duglas. —No está, lo mató el terrorismo de Estado —dijo Cali.

18: Yinson Andrés Angulo Rodríguez. —No está, lo mató el terrorismo de Estado —dijo Cali.

19: Santiago Andrés Murillo. —No está, lo mató el terrorismo de Estado —dijo Ibagué.

20: Brayan Niño. —No está, lo mató el terrorismo de Estado —dijo Madrid.

21: Jefferson Alexis Marín Morales. —No está, lo mató el terrorismo de Estado —dijo Medellín.

22: Santiago Moreno Moreno. —No está, lo mató el terrorismo de Estado —dijo Cali.

23: Jhonatan Arlex Quiñones. —No está, lo mató el terrorismo de Estado —dijo Cali.

24: Andrés Angulo. —No está, lo mató el terrorismo de Estado —dijo Cali.

25: N.N. Hombre en el Parque de Jovita sin identificación. —No está, lo mató el terrorismo de

Estado —dijo Cali.

26: Kevin Antoni Agudelo Jiménez. —No está, lo mató el terrorismo de Estado —dijo Cali.

27: Nicolás Guerrero. —No está, lo mató el terrorismo de Estado —dijo Cali.

28: José Emilson Ambuila. —No está, lo mató el terrorismo de Estado —dijo Cali.

29: Harold Antonio Rodríguez. —No está, lo mató el terrorismo de Estado —dijo Cali.

30: Mauricio González Escobar. —No está, lo mató el terrorismo de Estado —dijo Cali.

31: N.N. barrio La Luna. —No está, lo mató el terrorismo de Estado —dijo Cali.

32: N.N Aparece en vídeo en Siloé. —No está, lo mató el terrorismo de Estado —dijo Cali.

33: Wenceslao Solis. —No está, lo mató el terrorismo de Estado —dijo Yumbo.

34: Javier Uribe. —No está, lo mató el terrorismo de Estado —dijo Cali.

35: Héctor Morales. —No está, lo mató el terrorismo de Estado —dijo Pereira.

36: Elvis Vivas. —No está, lo mató el terrorismo de Estado —dijo Madrid.

37: Dylan Fabriany Barbosa León. —No está, lo mató el terrorismo de Estado —dijo Bogotá.

38: Daniel Alejandro Zapata. —No está, lo mató el terrorismo de Estado —dijo Bogotá.

39: Lucas Villa Velásquez. —No está, lo mató el terrorismo de Estado —dijo Pereira.

40: Luis Hernán Ladino Bañot. —No está, lo mató el terrorismo de Estado —dijo Cali.

41: Sebastián Quintero Múnera. —No está, lo mató el terrorismo de Estado —dijo Popayán.

42:     Jhon Alexander Yotengo Chaguendo. —No está, lo mató el terrorismo de Estado —dijo Yumbo.

43: Michael Joan Vargas López. —No está, lo mató el terrorismo de Estado —dijo Yumbo.

44: Maicol López Cano. —No está, lo mató el terrorismo de Estado —dijo Yumbo.

45: Angie Johanna Valencia Ordóñez. —No está, lo mató el terrorismo de Estado —dijo Cali.

46:     Julián Vallejo. —No está, lo mató el terrorismo de Estado —dijo Tuluá.

47: Cristian David Orozco. —No está, lo mató el terrorismo de Estado —dijo Tuluá.

48:     Vladimir Steven. —No está, lo mató el terrorismo de Estado —dijo Cali.

49: Johan Ricardo Idrobo. —No está, lo mató el terrorismo de Estado —dijo Cali.

50: John Erick Larrahondo. —No está, lo mató el terrorismo de Estado —dijo Cali.

51: Breiner Chud Arango. —No está, lo mató el terrorismo de Estado —dijo Candelaria. [2]

Asesinados por la Doctrina de Seguridad Nacional de Colombia en el marco del Paro Nacional que empezó el 28 de abril de 2021.

***

[1] Fabián Sanabria. Las2Orillas – #PelandoElCobre : ¡Uribe : Pilatos!.

[2]http://www.indepaz.org.co/victimas-de-violencia-homicida-en-el-marco-del-paro-nacional/

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Por Camila Parodi, Laura Salomé Canteros, María Paz Tibiletti y Maru Waldhüter 

“Que tu privilegio no nuble tu empatía”. La frase se lee en la calle y es expresión de las movilizaciones sociales que acompañan el Paro Nacional que comenzó el 28 de abril en Colombia en contra de la reforma tributaria propuesta por el gobierno de Iván Duque. “Hay un pueblo dispuesto a luchar, y eso me llena de esperanzas”, dice nuestra entrevistada; atenta, cálida, sensible y decidida a sentir como propia cada injusticia. “Soy porque somos”, afirma en cada mensaje en sus redes sociales, palabras que nos recuerdan a la campaña que llevó a Marielle Franco a ser autoridad en Brasil. Y la empatía, de repente, es llama encendida como la resistencia del pueblo colombiano que lleva una semana.

Francia Márquez Mina es defensora medioambiental, activista de Derechos Humanos, ganadora del premio Goldman —al igual que Berta Cáceres— y candidata a la presidencia de Colombia. Es de las que portan  un liderazgo a la altura de la historia de su pueblo —y es consciente de ello—. Afro-descendiente, está dispuesta a repetir las veces que sean necesarias que a la política de la muerte se la enfrenta con las propuestas feministas y comunales para la vida digna. Sostiene que los cambios llegan “desde abajo”, y que los “malos gobiernos” están en la memoria. Por eso, evoca a aquellas luchadoras anónimas y a sus ancestras; a las que parieron la libertad y la dignidad para que hoy pueda ser candidata.

Dialogamos con ella, en exclusiva, para FM La Tribu, LatFem y Marcha Noticias sobre la actualidad en Colombia, la lucha popular contra el gobierno patriarcal, racista y clasista de Iván Duque, y el desafío de construir una alternativa feminista en el país cafetero.

***

— ¿Qué reflexión realiza sobre el Paro Nacional contra la reforma tributaria?

Lo primero que tengo para decirles es que es evidente dónde están los jóvenes: en la calle, expresándose con mucha impotencia, dolor y tristeza de todo lo que está pasando. Este gobierno los ha hecho trizas; ya no se trata sólo de la paz, sino también de los sueños, las esperanzas de la gente. Lo que ha hecho la pandemia no es generar la crisis, sino visibilizar el verdadero rostro de esa crisis que ya estaba. Tengo muchos sentimientos encontrados porque, por un lado, está la gente cansada con dolor gritando, pero a la vez, la posibilidad de encontrarnos y ser tantos millones en las calles.

En las ciudades, desde las diversas regiones y desde las periferias, hombres y mujeres —también niños y niñas—, están saliendo a las calles a demandar sus derechos. Eso llena de mucha esperanza. Hay un pueblo que no está dispuesto a que lo asesinen, a seguir con esta política de la muerte que sigue expropiando nuestra condición humana, dignidad y libertades. La gente está luchando y eso es muy importante. En la calle encontraba a muchos jóvenes que venían y me cogían las manos y me decían: “Francia, gracias por estar aquí”, y se ponían a llorar diciendo “sentimos que no hay esperanza, que no tenemos derecho”. Y a mí me duele mucho eso. “Yo ya estoy cansado”, me decían esos jóvenes. Es duro en términos de las emociones y de la impotencia; ver cómo ese Estado patriarcal, racista y clasista se sigue imponiendo con su política de muerte.

Y una va por la calle diciendo “lo último que tenemos que hacer es perder la esperanza, hay que seguir adelante”, pero cuando llegué a mi casa estaba destrozada. Ver a tantos jóvenes que habían judicializado, tanta gente llorando y gritando. Eso me dolió mucho y, pues, lloré mi rato también pensando en tanto dolor punzante; tanta tristeza y no ver un cambio posible. Pero si una es líder social, si una se ha hecho con el pueblo, con la gente, pues toca sacar fuerzas de donde no hay para seguir llenando de esperanza a este país y a la humanidad. Y eso es lo que intentamos hacer: sacar fuerzas de lo más profundo de nuestro ser para que el miedo no siga imponiéndose y no se pierda la esperanza. 

— Durante estos días, leímos en algunos de los carteles del Paro Nacional que el pueblo salió a las calles a pesar de la pandemia ya que está en juego la vida de todas formas, pero la resistencia está en las calles…

El “quédate en casa” no es una opción, porque para muchos, si se quedan en casa un día, sus hijos van a aguantar hambre. Son las comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas las que están en los territorios; y para ellos, quedarse en su casa no es una opción porque los actores armados los están sacando, los están desplazando forzosamente, los están desterrando.

Ayer en la noche escuché a un periodista, Néstor Morales, en una entrevista con un gobernador indígena porque ayer se tumbó la estatua de esa ciudad (el monumento a Sebastián de Belalcázar en Cali), que es un símbolo de la opresión, la muerte y la deshumanización de los pueblos. Primero me llegó el mensaje y pensé que era un juego, pero cuando vi la noticia yo estaba feliz. Sentí que estábamos avanzando en la libertad, pero para ellos son unos vándalos. Se olvidan de que los criminales realmente están en ese Estado manejado por esos hombres blancos privilegiados que históricamente nos han gobernado. Ellos realmente son los criminales que representan ese pensamiento colonial, racista, clasista. Y ese señor les respondía con tanta dignidad que yo también sentía mucho orgullo: no todo está perdido, sí hay mucha esperanza y hay mucho por hacer, la gente se está levantando a la opresión. Y eso es lo importante en este camino.

Si hemos tenido un mal gobierno, hay que cambiarlo. Y yo también, siendo una mujer que vengo de territorio, que tengo la tierra en mis manos, creo que hay que hacer un cambio estructural. Nuestros hijos no se lo merecen. Después que nuestras mamás y nuestras abuelas liberaron nuestros vientres, después de la esclavitud —a propósito, este año se cumplen 200 años de la ley de libertad de vientres y yo tengo la memoria y hemos encontrado los archivos históricos de mujeres negras de nuestro territorio que fueron quemadas vivas por demandar la libertad y no sólo para ellas, sino para su gente, para su pueblo, para sus hijos—. Y ahora, ¿qué hizo el Estado patriarcal, racista y clasista? Pues condenó nuestros vientres y nos puso a parir hijos para una guerra que no nos pertenece. Son los hijos e hijas de las mujeres negras, indígenas y campesinas los que van a la guerra; somos nosotras quienes estamos poniendo los muertos y nuestros vientres, nuevamente esclavizados por ese sistema de muerte que tenemos que cambiar. Y desde ahí nos vamos a levantar con toda nuestra fuerzas para empujar.

— Esto también lo escuchamos en la Convención Nacional Feminista y que fue el escenario de presentación de las precandidaturas presidenciales. ¿Por qué una candidatura feminista para Colombia? ¿Es posible pensar en una unidad dentro los feminismos y las izquierdas para disputar contra la derecha?

La unidad, tanto al interior del feminismo como la unidad al interior de los movimientos sociales es el verdadero desafío; y pasa por reconocer que hay diferencias, sí, y que hay una diversidad en medio de esa colectividad. De todas formas, de esa unidad que hay que reconocer y hay que pararse de ahí. Y el mensaje que yo coloco es de Angela Davis, que dice que a nosotras, las mujeres negras, nos dicen que hay que romper el techo de cristal, ¿pero quién es la mujer que hoy representa que ya está a punto de romper el techo de cristal? Hillary Clinton, dice ella. Entonces, no. Yo el feminismo lo voy a hacer con esas mujeres que no tienen voz, con esas mujeres que la historia no les ha permitido que sus vidas y luchas se cuenten, que la historia las ha borrado y ha negado. Y yo creo que hoy estoy en el mismo lugar. El feminismo tiene que reconocer que las mujeres viven opresiones diferenciales y que es necesario romper, en términos no solo geográficos; no son las mismas condiciones de las mujeres que viven en la capital, que abren el grifo y le cae el agua, que las mujeres que viven en la zona rural que a sus hijas les están dando agua con mercurio. Entonces, si reconocemos esa diferencia, podemos caminar juntas. 

Sí todas sentimos que estamos caminando juntas y que estamos empujando la puerta a la misma vez, cuenten conmigo. Cuando unas mujeres tienen que ponerse atrás para que otras mujeres puedan pasar, ahí yo no estoy. Y yo creo que ahí hay que reconocer las condiciones de privilegio. Si yo reconozco que, aún siendo una mujer afrodescendiente que vivió múltiples violencias, hoy tengo una condición de privilegio en relación a las mujeres negras de mi propia comunidad —por la lucha que he hecho, por supuesto, eso no ha sido un regalo—, porque mi voz resuena más que la voz de ellas, yo tengo que usar esa condición de privilegio para que la voz de ellas también se escuche y sea escuchada. Eso será lo que nos permitirá abrir camino y cerrar brechas de injusticia histórica. 

¿Y el feminismo? Yo creo que hay que pensarnos en comunidad, en colectivo. Hoy tenemos que hacer un feminismo donde los hombres asuman su responsabilidad de transformar el patriarcado que nos ha dañado a nosotras desproporcionadamente, pero ese mandato de masculinidad —como dice Rita Segato— ha dañado también a los hombres. Y lo digo porque en mi casa tengo hermanos y dos hijos, y eso de “ustedes no saben nada de feminismo, hágase en pa´allá” para mí no, señor. “Venga, siéntese aquí en la mesa. Reconozca que hay situaciones en las que cuando usted se para y yo me paro, usted tiene un privilegio mayor que yo”. Entonces, tienen que poner su privilegio de macho, de hombre, para que todos podamos caminar juntos hacia una vida que nos permita vivir en condiciones dignas como humanidad y no que su condición de privilegio signifique la expropiación de mi dignidad humana. Es parte del camino que tendremos que hacer y aprender.

He tenido compañeros negros que me han dicho “Francia, yo quiero que nos juntemos; yo quiero que ustedes nos enseñen, que ustedes nos ayuden a quitar esas prácticas que efectivamente son dañinas así como erradicar racismo”. Es una responsabilidad de la humanidad. Cómo podemos hacer para que esas prácticas patriarcales sean también una responsabilidad, no sólo ustedes, las mujeres, sino en nosotros, y eso para mí. Yo creo que ya es un avance en que haya un hombre dispuesto a hablar de eso honestamente. Estamos obligadas a revisarnos como humanidad y eso no lo vamos a hacer de la noche a la mañana. Pero hoy estamos abriendo un paso y, por ejemplo, de esta candidatura cuando estamos en la discusión, se quedan callados. Y eso es importante. Algunos han querido imponerme cómo se hace la política no se hace así y la política tal, y es que la política es esto y lo otro. Lo mismo la lucha que tenemos que hacer como movimientos sociales. Porque el hecho de ser progresista no quiere decir que no seas patriarcal y que no seas racista y que no seas clasista también. El gran esfuerzo es reconocer que dentro de nuestras sociedades estamos atravesados por esos sistemas de opresión. Sí, y a todos nos ha dañado y todos hemos tenido que desaprender y aprender una nueva forma de hacer la vida. Y a mí me ha tocado también desaprender muchas cosas y empezar a reconocerme primero como una mujer afrodescendiente. Y desde ahí reconocer la virtud y la capacidad que cada una tiene para construirse y construir colectivamente con las otras, con los otros. No será fácil. Pero yo creo que ahí vamos. 

— El año pasado, justamente después de la masacre de Llano Verde, anunciaste tu intención de ser candidata a la presidencia. ¿Qué significó ese día? ¿Fue un punto de inflexión en el que dijiste de acá en adelante hay que cambiar de manera radical?

Sí, sin dudas. Ya veníamos hablando como pueblo negro —una vez que tenemos el sueño de algún día atrevernos a acceder al poder— de que como mujeres también tenemos que pensarnos en el poder. Y es que los pueblos de abajo tenemos que juntarnos entre todos, porque el cambio no va a venir de arriba; el cambio viene de acá abajo, porque a los que están arriba pues no les interesa despojarse de sus privilegios obtenidos por la muerte. Y entonces venía ya en ese diálogo, ¿no? Y yo sí veía a muchas personas me decían cosas como Francia, nosotros la vemos a usted como la esperanza de nuestro pueblo y me lo decían como gente negra, porque es el lugar de enunciación desde donde me paro. Y yo decía bueno, pues vamos a ver, pero yo lo pensaba para más adelante y no tan rápido. Sin dudas la masacre de Llano Verde fue un punto de inflexión. En esa misma semana yo había perdido un sobrino que había sido asesinado en esta ciudad —le dieron unos tiros por la espalda—. Entonces, el lunes yo había ido a enterrar a mi sobrino y el martes llega la noticia de los jóvenes de Llano Verde. Apenas llegó la noticia y yo me fui pa’ allá, al barrio. Cuando llegué, las mujeres, esas mamás que habían ido a buscar sus hijos allá, estaban de una manera que no tengo palabras para explicar, pero verlas ahí también me dio mucha fuerza, mucha fortaleza. Yo tenía mucha rabia, me sentía con mucha impotencia. Esa noche no pude dormir pensando en mis hijos porque tengo dos hijos jóvenes, como los niños que mataron allí, imaginando el dolor que significaría si me mataran un hijo mío. Y a la mañana siguiente tuve una clase y hablando de la situación —hasta la profesora estaba llorando con nosotras, de dolor, de impotencia y todas diciendo que esto es una locura, que esto no puede ser— y en eso pensé en el discurso de Martin Luther King: yo tengo un sueño. Y pensando en ese discurso, pues yo no sé si fueron las ancestras o qué, pero me empujaron a escribir un trino y lo coloqué (en las redes) y después me di cuenta de lo que escribí. Y me empezaron a llamar y en un grupo de WhatsApp que tenemos con las compañeras empezaron a coger de Twitter los mensajes que la gente empezó a escribir en respuesta a eso y pensé ay, dios mío, qué hice. Me asusté pero fui con tranquilidad, pues yo soy una mujer que asume retos. Y después mucha gente me empezó a decir —y sobre todo en las comunidades por las que yo trabajo y de las cuales las hago parte— “Francia, yo creo que hay que asumir eso”. Fueron las ancestras que me movieron y me empujaron a hacerlo, sentí la fuerza espiritual y aquí estamos asumiendo este desafío y esperando que ojalá sea una realidad.

Quiero ser Presidenta de este país.
Quiero que nuestra gente se sienta libre y digna.
Quiero que nuestros pueblos puedan ser desde sus diversidades culturales.
Que nuestros territorios sean espacios de vida.
Que nuestros niñ@s puedan andar sin miedo de ser asesinados.

— Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) August 15, 2020

No ha sido fácil para mí, me ha tocado aguantar muchos ataques, agresiones, muchas violencias verbales, todo, porque el privilegio que se ha obtenido con la muerte siempre busca cómo mantenerse y la forma en que busca mantenerse es usar la violencia. La he vivido y ha sido duro, sobre todo escuchar esa violencia a veces que viene de mí misma comunidad, de mujeres negras o de mujeres en general. He visto a nuevos movimientos sociales que tienen los intereses de llegar a la política —pero también colocando a candidatos hombres— que ven en esta candidatura una amenaza, incluso me han vinculado con el uribismo —¡sería un absurdo que yo sea uribista!—, que soy una infiltrada  y que me han pagado para hacerle el favor al uribismo, pero yo sigo. Esto que estamos haciendo es el sueño de las ancestras por parir la libertad y la dignidad para este país. Y vamos a seguir caminando, les guste o no.

Por supuesto que eso no quiere decir que no vamos a articularnos, que no vamos a juntarnos. Pero como le dije a los del pacto histórico, que me han hecho varias invitaciones, que me dicen que creen que mi lugar no debe ser la presidencia, que debo ir pa’ el Congreso, yo defino cuál es el lugar que quiero ocupar. Siempre han definido históricamente el lugar que debemos ocupar en la sociedad y es el lugar de la inferioridad, como mujeres, como pueblos excluidos y marginados. Estamos cambiando la narrativa de este país mostrando que estamos y estoy tranquila, porque si mañana no logramos este camino, esta apuesta colectiva de resistencia, de dignidad desde abajo, por lo menos empujamos la puerta juntos y juntas para que nuestras hijas e hijos, nuestros nietos y nietas, las próximas generaciones —los renacientes, como decimos nosotros— la puedan abrir. Ese es el propósito: abrir la puerta de la dignidad y de la vida para que puedan soñar y no tener miedos; porque nos han quitado hasta el derecho a soñar.

— ¿Qué significa ser defensora ambiental y de los derechos humanos en un país como Colombia?

La situación de los defensores y las defensoras es lamentable, sí, y es lamentable porque no es un Estado garante de derechos, si somos de una de las sociedades más desiguales del mundo. Entonces, eso hace que tengamos que alzar la voz. Y como quienes han impuesto esa política de muerte la han impuesto usando la violencia, usando el miedo, usando el terror, han obtenido sus ganancias. La política en este país ha obtenido sus ganancias de la muerte, de la sangre derramada. Entonces, esa gente siempre está dispuesta a todo lo que se le ponga en el camino, a quitarlo como sea. Y han usado muchas formas. A mí me han intentado comprar, me quieren manipular usando las necesidades de mi comunidad o las propias necesidades en las que he estado. Eso que hacían conmigo es lo que hacen con los pueblos cuando van y le dicen bueno “tome una libra arroz y vote por mí”. Ya hacen que la gente, por la necesidad, cambie sus ideales, su corazón, sus valores humanos, por un plato de lentejas. Es por la necesidad que esa mamá dice “bueno, yo tengo que darle el plato caliente a mi hija si total el mañana será incierto”, y eso es una práctica constante la corrupción política en este país.

Entonces, el liderazgo social siempre se ha eliminado o se ha intentado eliminar por un lado, o si no se logra acotar y son inquebrantables, pues usan otros métodos como la violencia, las amenazas reiteradas, el desplazamiento forzado o atentados contra nuestra vida. Y cuando eso no funciona, viene el desprestigio y usan cualquier situación humana para desprestigiar. Son todas las estrategias que usan cuando usted representa una amenaza para la institucionalidad, usan toda la forma de dañar y hay que mantenerse firme pero no es fácil. Pues he pensado mucho también en mis hijos; y entonces, para una mamá, siempre los hijos van a ser su punto débil, una siempre ahí se limita. 

Cada vez que un líder o lideresa decide alzar la voz, piensa también en si vale la pena someterse a eso. Yo cuando me tocó salir con mis hijos fue duro, porque mi hijo mayor me decía “si usted no se hubiera metido en eso, no teníamos que haber salido del colegio, estaríamos allá en casa con su familia, y ahora estamos encerrados en cuatro paredes”. Pero bueno, ya han reconocido que si no hubiera hecho eso y no hubiéramos defendido la tierra, no sólo nosotras hubiéramos salido, sino toda la comunidad. Eso es terrorífico. Saber que en los territorios nuestros asesinan a la gente. Y los que deciden sostener su liderazgo y la voz, es porque ya no tenemos otra opción que decir. Si callamos nos matan y si hablamos también, pues hablamos. Otra opción no hay, vamos a enfrentar eso y vamos a transformarlo. Hacer nuestro esfuerzo para que esto cambie. Así que el liderazgo, tanto ambiental como social, en favor de la vida, de los derechos, no es fácil para nadie en un país que da la espalda a la gente. A veces en la ciudad, la gente no reconoce que hay otras situaciones mucho más complejas en el campo y sus periferias.

— Francia, así como nos hablaba recién de la política de muerte, en varias ocasiones hemos escuchado que lo relacionaba justamente al modelo de desarrollo económico, que tiene hoy en el país también un correlato con lo ambiental…

El modelo extractivista es el reflejo de ese modelo estructural de desarrollo, de esa política de la muerte, porque “el desarrollo” no lo hemos vivido para la gente que en tantos territorios todavía tiene el sueño de tener agua potable; esa la utopía. Todavía el sueño de que le llegue internet o le llegue energía es una utopía o es sueño acceder a la salud, de entrar por las puertas de una universidad. Sí, porque hasta las esperanzas de pensar qué podemos, que esos espacios son para nosotros, pues nos lo han quitado. Ahí es bien complejo poder visionar, pensar, construir propuestas. 

Igual, nada está perdido tampoco, está la resistencia también. Y el pueblo nos ha enseñado bastante de eso, de cómo hay que seguir la resistencia, de cómo hay que seguir luchando y hacemos lo que podemos. Pero ese modelo extractivista, que se vende como el desarraigo, no sólo en este país sino en la humanidad, favorece solamente los privilegios de unos poquitos. Fue por el desarrollo que hoy no solamente tienen riesgo de vida los pueblos, sino la vida en este planeta, en esta casa grande. Por tanto, empujar más allá no es si llegamos a la presidencia o no, es empujar la necesidad de una transformación del modelo económico en este país y es una necesidad imperante. No será fácil porque en la visión de la estructuración de este Estado, se ha desarrollado de esa manera, esclavizaron a los ancestros y ancestras en nombre del desarrollo y del progreso. Y ese mismo modelo de desarrollo es el que sigue imperando y ahora saca a la comunidad de sus territorios, a los descendientes de esclavizados, a los descendientes de de los abuelos que fueron, digamos, colonizados también.

— En ese sentido, nos interesa conocer tu opinión en torno al Acuerdo de Paz, teniendo en cuenta que se van a cumplir diez años y que hacemos la misma relación directa sobre la evidente criminalización hacia las defensoras y el deterioro de la situación en vez de lo que se esperaba o lo que se promulgó en ese momento.

Los pueblos, las mujeres, los indígenas, los afro y campesinos que han vivido en carne propia la guerra entendíamos que era un paso necesario para poder avanzar en la construcción de la paz en este país que tanto se anhelaba. Sin embargo, llegó este gobierno nuevo donde el propio partido hizo campaña por el “no a la paz”. Si este es el único país donde se hace campaña en contra de la paz. Hay un odio muy grande, con maña, con mentira, con engaño. Ciertamente así es la política aquí y la gente ingenua que le cree a todos los medios de comunicación que los usaron. Pero la religión también,  porque esta gente ha hecho un papel muy importante y es que ellos han hecho su tarea bien. Este es un país muy conservador así que usaron a toda esa gente primero. Esa fue la estrategia que usaron para tumbar el plebiscito por la paz. Y, principalmente, con el tema de la comisión de género en la discusión del acuerdo, entonces de que empezaron a decir que nos íbamos a volver gay, que íbamos a ser lesbianas, que la familia se iba a pervertir, a dañar, mejor dicho, el acuerdo era el diablo que venía en persona. 

Entonces, la ultraderecha que le gustaba y necesitaba mantenerse en el poder de alguna manera, utilizó a la insurgencia como una excusa para ello, para mantener la guerra, porque la guerra genera miedo y frente al miedo está entonces la posibilidad de vender seguridad. Y eso fue lo que Uribe hizo, vendió “seguridad democrática” a la gente. Entonces usted no tiene que caerse muerto, pero la seguridad democrática es importante para proteger los bienes privados, para proteger que usted ya puede salir libremente. Pero los paramilitares no se detenían y aún así la gente creyó todo eso y por eso perdimos el plebiscito. Por eso, el “no” ganó y después ganó que hizo campaña con el “no” y prometió hacer trizas las posibilidades de la paz.

Ahora lo estamos viviendo en los territorios con las masacres. Todos estos asesinatos de excombatientes, de líderes sociales, el desplazamiento forzado que está viendo el territorio, la confrontación armada que no ha parado. La gente está viendo una crisis humanitaria terrible en muchos lugares del país. Los mismos lugares que gritaron sí a la paz. Es como si nos estuvieran castigando por haber dicho que queríamos ese derecho constitucional reconocido como un principio fundamental de la Constitución, que es la paz.

¡Es urgente escucharla! Poner la vida en el centro: un diálogo con Francia Márquez

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Por Eduardo Giordano | Fotos: Luis Carlos Ayala

La impopular reforma tributaria del gobierno de Iván Duque, defendida a sangre y fuego por la policía y el ejército en las calles, finalmente fue retirada por el presidente colombiano. A pesar de su altísimo costo en vidas humanas, esta es una victoria de la movilización popular celebrada por las organizaciones sociales y que, a un año de las elecciones presidenciales, revela el enorme deterioro del sistema de poder que ha gobernado Colombia durante las últimas dos décadas. 

El  Paro Nacional del 28 de abril contra la reforma tributaria se prolongó más de una semana y se saldó con la represión masiva de manifestantes y el asesinato por disparos de la fuerza pública de 31 personas en los seis primeros días. Solo en la ciudad de Cali, uno de los grandes focos de la protesta, más de 20 personas fueron asesinadas por disparos policiales durante los primeros tres días. Los organismos de Derechos Humanos de la región del Valle del Cauca recibieron denuncias de hasta 14 muertos por disparos entre el 27 y el 30 de abril.

El gobierno y sus aliados políticos clamaron desde el primer momento por la militarización de las ciudades. Impusieron el toque de queda en Cali desde las 15 horas del primer día de paro, pero aun así no consiguieron doblegar la voluntad de protesta de la población. Ninguna medida disuadió a los ciudadanos de salir a las calles a expresar su repudio al gobierno y la represión fue brutal. La ONG Temblores registró en cinco días de paro hasta 940 casos de violencia policial, 672 detenciones arbitrarias, 92 casos de violencia física o tortura policial y cuatro víctimas de violencia sexual por parte de la fuerza pública. En el sexto día del Paro Nacional, la Defensoría del Pueblo dio a conocer que hasta ese momento habían fallecido 19 personas en el marco de la protesta, de los cuales 18 son civiles y uno es un policía (muerto por arma blanca al tratar de impedir un saqueo).

El jefe político del Centro Democrático, el partido gobernante, incitó abiertamente a la fuerza pública a reprimir disparando contra los manifestantes. El ex presidente Álvaro Uribe legitimó con sus trinos (tuits) la actuación de las fuerzas represivas: “Apoyemos el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad y para defender a las personas y bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico”. Un ministro del gobierno de Duque había advertido que los bloqueos de calles y carreteras se considerarían actos terroristas. Después de recibir muchas quejas de usuarios, la red social Twitter exigió a Uribe que eliminase el mensaje: “tomando en cuenta el contexto de la situación actual en Colombia”, ese trino “viola nuestras políticas con respecto a la glorificación de la violencia”. 

Foto: Luis Carlos Ayala

No es la primera vez que Uribe se pronuncia de este modo, intentando naturalizar las masacres de manifestantes. En noviembre de 2019, con motivo del primer paro nacional contra el gobierno de Duque, Uribe fue aún más expresivo en su trino: “Si la autoridad, serena, firme y con criterio social implica una masacre es porque del otro lado hay violencia y terror más que protesta”. En esa ocasión hubo un joven muerto que se convirtió en símbolo contra la represión; pero un año más tarde, durante el siguiente paro nacional, la muerte de 14 personas por disparos y actuaciones de “la autoridad” en Bogotá y otras localidades próximas fue una masacre anunciada.

Las organizaciones de derechos humanos denuncian que se siga dando un trato militar a la protesta pacífica. Admiten que en algunas zonas de Cali hubo saqueos, pero piden que esto se contextualice en una situación de penuria, agravada por la pandemia, entre una población con necesidades básicas insatisfechas. La pobreza se incrementó en Santiago de Cali en 375.000 personas durante el gobierno de Duque, y ahora alcanza a un millón de habitantes, algo menos de la mitad de la población. El núcleo urbano, capital del departamento, sufre las consecuencias de la violencia rural, ya que atrae a los desplazados y expoliados por las bandas de narcotraficantes y paramilitares que operan en las zonas montañosas y selváticas sin control estatal.

La Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes, que coordinó la información de Cali conformando una mesa con otras ONG, divulgó que durante las protestas hubo motos policiales con las placas ocultas que se dedicaban no solo a disparar, sino también a robar a los manifestantes. En videos que circularon por redes sociales y que más tarde difundió la prensa se ve a una tanqueta policial arrollando deliberadamente a un grupo de personas que caminan pacíficamente en una marcha. La tanqueta los arrolla por la espalda, aumentando la velocidad después de aplastar los primeros cuerpos. Mientras esto se ocurría en la calle, la gobernadora departamental y el alcalde repetían de manera incesante que todo estaba bajo control y que a ellos solo les constaba la existencia de un muerto.

La reforma tributaria de Duque proponía crear un nuevo IVA para los productos básicos de la canasta familiar, la gasolina y los servicios públicos, así como ampliar la base de cotizantes para aumentar los ingresos fiscales por el impuesto a la renta. Aunque estuviera adornada con la supuesta asignación de recursos a los más vulnerables, la reforma era una bofetada en la cara de los sectores más castigados por la crisis. Colombia ya es uno de los países con mayor desiguadad del mundo y durante el gobierno de Duque la pobreza aumentó hasta alcanzar al 42 % de la población, según cifras oficiales. La situación social es tan dramática que hasta su propio mentor y aliado incondicional, Álvaro Uribe, se desmarcó públicamente de ese proyecto, aun compartiendo su filosofía neoliberal, por temor a un rechazo social que influyera negativamente en la campaña electoral del año próximo. 

Dada la magnitud del paro, el 1 de mayo el presidente tuvo que aceptar que no se aplicaría el IVA a los alimentos y servicios públicos y se mostró conciliador y dispuesto a debatir otros aspectos impopulares del proyecto. Aun así el Paro Nacional se mantuvo y, al día siguiente, Duque tuvo que renunciar por completo a su reforma tributaria. 

Tristemente para llegar hasta aquí fue necesario mantener un pulso con la ciudadanía de varios días que derivó en un baño de sangre. El dirigente del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) Feliciano Valencia resumió en un breve mensaje la situación agónica del gobierno de Duque: “Si la desconexión del Gobierno con el país es total, el país también se desconectó del Gobierno. Mientras el país se incendia @IvanDuque continúa con su show de variedades en televisión. Nadie lo escucha, porque él tampoco escucha a nadie.” El CRIC convocó a una nueva minga de las comunidades indígenas del Cauca, una de las zonas más afectadas por la violencia paramilitar.

Mientras el presidente se aferra al poder ordenando masacrar a los manifestantes, los grupos paramilitares y el Ejército prosiguen e intensifican sus prácticas de exterminio social. La última matanza se produjo durante el paro nacional, en el Valle del Cauca, donde el 2 de mayo seis personas que estaban departiendo tranquilamente en un local social fueron asesinadas por un comando con armas largas. En lo que va de año 2021 ya hubo más de 30 masacres con cerca de 120 víctimas mortales, que se suman a las 91 masacres de 2020. Además, bajo el gobierno de Duque se incrementaron las masacres en las zonas rurales, contra la población campesina, indígena y afrodescendiente abandonada a su suerte por el Estado colombiano y con frecuencia sometida a las leyes implacables del narcoparamilitarismo. 

Así mismo, durante el año 2020 se documentaron 64 asesinatos de firmantes del acuerdo de paz, si bien la semana del 14 al 21 de abril fue la más letal para los antiguos guerrilleros de las FARC, ya que siete de ellos fueron asesinados (a razón de un muerto diario), engrosando el total de 280 ex combatientes acogidos al proceso de paz y acribillados por bandas paramilitares desde 2016. La organización Indepaz registra además el asesinato de 310 líderes sociales o defensores de derechos humanos durante el año 2020. En los primeros cuatro meses de este año ya fueron asesinados 50 líderes y lideresas sociales. Todo ello a pesar de que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, recomendó al Estado colombiano tener “como primera prioridad” para el año 2021 la de “asegurar la protección y seguridad de excombatientes, comunidades afectadas por el conflicto, líderes sociales y los defensores de los derechos humanos”. 

La degradación del gobierno de Iván Duque y de la coalición de partidos derechistas que lo sostienen es cada vez más palpable. La represión de la protesta urbana adquirió magnitud de masacre en Bogotá, durante el paro nacional de noviembre de 2020, cuando hubo 14 muertos por disparos e intervenciones policiales. En las recientes protestas de Cali y otras ciudades la cifra de muertos por disparos de la fuerza pública podría ser muy superior, ya que los datos afloran con cuentagotas.

La sociedad urbana de Bogotá, Medellín o Cali, que en otros tiempos sufrió la violencia atroz del narcotráfico, estuvo durante mucho tiempo de espaldas al ejercicio sistemático de la violencia militar y paramilitar en las lejanas zonas rurales. Los medios de comunicación concentrados en grupos de poder propiciaron esta desconexión. La profunda degradación del sistema democrático ha facilitado que ahora, también en las ciudades, las diferencias se diriman ejecutando a tiros a los disidentes, masacrando a la población urbana y en particular a los más jóvenes. Aunque la militarización de la protesta social no consiguió amedrentarlos, su valentía tuvo un altísimo costo en vidas humanas.

Al sexto día de protestas, el alcalde de Cali tuvo que lamentar que uno de los jóvenes asesinados por disparos de la fuerza pública fuera Nicolás Guerrero, un hijo de su primo que participaba en una vigilia nocturna de oración. La disputa social ha adquirido una nueva dimensión de conflicto generacional al interior de las élites urbanas y empieza a desgarrar la conciencia de algunos de sus miembros, que deberán optar entre desvincularse de un régimen que se resquebraja o sacrificar incluso a sus hijos para mantener los privilegios.

La retirada de la reforma tributaria fue una derrota estrepitosa del gobierno de Iván Duque. También fue una advertencia para el uribismo y la derecha política: los sectores progresistas, ahora nucleados en torno al Pacto Histórico, ya pueden presentar batalla y ganarla con el apoyo de las movilizaciones sociales. Este es un nuevo escenario, con un equilibrio de fuerzas que ha llevado al régimen a recular por primera vez y que pone en evidencia que la fuerza bélica del país más militarizado de América Latina resulta insuficiente para acallar a una población muy indignada. Derrotada la reforma tributaria, el Paro Nacional prosigue con un nuevo pliego de exigencias de cambios estructurales por parte de sindicatos y organizaciones sociales, agrupados en un Comité Nacional de Paro que convoca a la ciudadanía. Mientras tanto, el gobierno de Iván Duque sigue flotando a la deriva y sin dar respuesta al clamor de los colombianos, que reclaman una vida digna y el final de la violencia estatal y paraestatal.

(*) Publicada originalmente en El Salto Diario

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Por Lisbeth Montaña

La injusta reforma fue discutida con esos mismos que se han beneficiado de los recursos públicos en esta pandemia, esos mismos que han desviado los recursos del Estado para financiar sus emporios bancarios y grandes empresas, mientras la gran mayoría del país se sumía en situación de extrema pobreza 42,6%.  De los pocos negocios con los que la gente ha sabido levantarse ante la ausencia del Estado fueron cerrando, 3 millones de empleados/as -en su mayoría tercerizados/as- fueron echados a la calle sin garantías mínimas, pues al no estar organizados/as en sindicatos, nadie respondía por sus derechos.

Las políticas públicas totalmente ausentes y el gobierno de turno jugando al bueno con algunos subsidios para los sectores más empobrecidos, demeritando la discusión y la necesidad de instaurar una renta básica universal que beneficiaria a 7,4 millones de familias o 30 millones de personas. Sin embargo, como era de esperar, el debate fue archivado.

La reforma tributaria se presentó en una rueda de prensa el pasado 14 de abril, todo el documento es un evidente golpe a la economía de los sectores populares y la mal llamada clase media, en los cuales se evidencia los siguientes cambios:

1. Aumento y cobro de impuestos a la clase media: Todas las personas que ganan a partir de los 1080 USD mensuales, en 2023 sería a partir de los $781 USD; y en 2024 a partir de los $673 USD mensuales
2. Impuestos a los servicios públicos del 19%
3. Cobro de impuestos a los productos y alimentos básicos de consumo
4. Aumento del precio de los combustibles: esto implica, necesariamente, un aumento al servicio transporte público
5. Desfinanciación al sector cultural
6. Congelamiento de los salarios de las y los empleados públicos por dos años
7. Instauración de peajes internos dentro de la ciudades
8. Aumento de  impuesto a la pensiones
9. Impuestos a los servicios funerarios

La excusa del gobierno para proponer esta reforma se centra en que para al año 2021 y 2022 es necesario recaudar 23,4 billones de pesos para poder cubrir los gastos que ha generado. Sin embargo, tras los hechos que se han podido evidenciar, es que el gobierno actual ha utilizado los recursos público para seguir ampliando su arsenal de guerra, ya que en medio de esta pandemia pretendía comprar 24 aviones caza de referencia F-16 Bloque 70, a un precio de 14 billones de pesos, casi la mitad del presupuesto de lo que hoy el gobierno está intentando arrebatarle a la clases más empobrecidas a través de impuestos  y reformas.

Entre 2019 y 2020 Colombia fue el país el segundo con mayor gasto militar en América Latina, lo que muestra esta cifra es que el afán de intensificación de la guerra es la prioridad sigue siendo la tarea más importante de este gobierno. En distinta regiones del país, tal como se han escrito en otros artículos,  el conflicto armado se ha intensificado en forma indiscriminada. El último asesinato se dió el día 20 de abril en la región del cauca donde sicarios, cegaron la vida de Sandra Liliana Peña Chocué, una líder indígena que por años había luchado por abrir espacios de participación para las mujer a la vez que había resistido a la guerra. En su  funeral, con la indignación de la guardia indígena que se encontraba, a su vez, en medio de un proceso llamado Minga hacia adentro^[1], decidieron ir a buscar a esos que la habían asesinado: fueron 33 las personas heridas porque los asesinos de Sandra Liliana empezaron a disparar en retaliación a los y las indígenas organizados,. Sin embargo, 23 de ellos fueron detenidos y juzgados por la justicia indígena que les permite su autonomía como pueblos indígena, ya que las justicia del Estado nunca brinda resultados.

El 28 de abril, la sociedad colombiana salió a las calles masivamente, el día anterior a través de una sentencia de la corte pretendía coartar el libre derechos de los pueblos a protestar, nunca se había visto tal despropósito y esa fue la gasolina que le faltaba a este incendio.  La gente salió con más fuerza, todos los sectores de la sociedad, desde los mismo votantes de este actual gobernante hasta los críticos y rebeldes a este estatus. salieron a las calles desde la madrugada ya se empezaban a dar el derrumbamiento de monumentos de esclavizadores como la masiva salida de la gente a las calles con apuesta culturales, con carteles para hacerse sentir.

La situaciones de violencia, esta vez, no se podían controlar ¿Qué puede ser más violento que un gobierno obligue a ciudadanos y ciudadanas a marchar en medio de una pandemia para que no nos meta una reforma? Antes de morir arrodillados, como aplica la sentencia la gente prefirió salir y exponerse a cualquier contagio pero no sin antes mostrarle a este gobierno lo equivocado que está y lo alejado que se encuentra de la realidad del pueblo colombiano.

El escenario de la calle se convirtió al mediodía en un escenario confrontativo y las caras de quienes estaban a esa hora en el enfrentamiento con la policía, eran las caras de las y los jóvenes esos mismos que sienten que no hay futuro en un país como este, quienes están encerrados, desempleados, en situación de pobreza, las y los ignorados, olvidados y que en la oscura realidad a donde los arrinconan esta actual situación económica, aguarda la rabia de un pueblo enardecido. Ayer no importaba nada, la humanidad de muchas y muchos de ellos estaba puesta en primera línea, tratando de no dejar perder lo único que le queda a este pueblo colombiano: la dignidad.  La rabia, la indignación terminó de hacerse sentir en la noche, ya que el día culminó con un cacerolazo eterno en miles de barrios de las ciudades principales, esperemos que este sea el campanazo final que haga retroceder estas reformas de la miseria.

^[1] ver: https://www.colombiainforma.info/que-es-la-minga-indigena-hacia-adentro/

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Por Colombia informa

Dilan fue impactado en la tarde del sábado durante una movilización que se llevaba a cabo en el centro de la capital colombiana. Los testigos afirman que un agente del Esmad disparó al joven desde una distancia de diez metros, aproximadamente.

#23NParoNacional | Atención. A esta hora cuerpo médico brinda primeros auxilios y reanimación a joven que fue agredido brutalmente por el #Esmad de la @PoliciaColombia, en #Bogotá. @DefenderLiberta @DefensoriaCol pic.twitter.com/0maYxrwYsE

— Colombia Informa (@Col_Informa) November 23, 2019

Luego de haber ingresado con un trauma craneoencefálico penetrante y un paro cardiorespiratorio, Dilan pasó tres días en cuidados intensivos, tuvo varias cirugías y un coma inducido; sin embargo, esta tarde los médicos del Hospital aseguraron que se encontraba en «estado crítico e irreversible». Apenas unas horas después anunciaron la muerte del joven.

Durante los tres días, los alrededores del hospital estuvieron ocupados por personas que deseaban su recuperación y expresaban la indignación frente a este hecho.

#ProtestaSostenida25N| Continúan las muestras de solidaridad con el joven #DylanCruz, de 18 años de edad y herido gravemente por la policía colombiana. #EsmadAsesinos pic.twitter.com/Yyk6WrkRaA

— Colombia Informa (@Col_Informa) November 26, 2019

El asesinato de Dilan es el primero que se registra en el marco del Paro Nacional con el cual los colombianos rechazan las políticas económicas, sociales, ambientales, etc, de Iván Duque.

Dilan murió apenas a una semana de graduarse del colegio. Para poder estudiar administración debía pedir un crédito al icetex, motivo por el cual, como miles de jóvenes, exigía una educación pública y de calidad.

Histórico de la represión

Según la ONG ‘Temblores’, a lo largo de los 20 años de existencia del Escuadrón Móvil Antidisturbios -Esmad-, habían sido asesinadas 20 personas. A pesar de eso, no hay cifras exactas acerca de la cantidad de agresiones por parte de este Escuadrón hacia manifestantes, estudiantes, campesinos.

Su accionar, enmarcado en el supuesto «restablecimiento del orden público», ha reprimido la protesta social desde 1999. Así, distintas organizaciones sociales y de derechos humanos han exigido en reiteradas ocasiones el desmonte del Esmad, debido a que se contrapone al derecho constitucional a la protesta.

Ahora Dilan es el número 21. Dilan es Nicolás, Juan Camilo, Bertha y es las otras 17 personas que han sido asesinadas por el Esmad. Dilan fue víctima de un Estado que insiste en reprimir al pueblo y es la rabia de quienes permanecen en las calles abanderando la vida ante un gobierno que practica el terrorismo de Estado.

Ante esta noticia, el Paro continúa con mayor fuerza; se han convocado manifestaciones para mañana en distintas ciudades del país. Su rostro materializa la indignación.

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Por Colombia Informa

En Bogotá el Esmad golpeó, lanzó gases, aturdidoras y recalzadas a las personas que se encontraban marchando. A esta hora continúan los enfrentamientos en distintos puntos de la ciudad y se denuncia la presencia de la fuerza pública al interior de la Universidad Nacional.

En Cali la represión también fue constante; la administración local decretó toque de queda desde las 7 pm; misma hora en la que comenzaron a sonar cacerolas por toda la ciudad.

Tanto en Pasto como en Medellín, la movilización se llevó a cabo de manera pacífica y fue al final que el Esmad atacó a los manifestantes.

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En la capital antioqueña, por ejemplo, cientos de manifestantes que se encontraban descansado, sin bloquear vías ni generar desmanes, se vieron acorralados por el Esmad en intermediaciones del Parque de los Deseos. Allí se realizaron capturas arbitrarias sin la presencia de organismos de derechos humanos.

A pesar de la campaña de terror desatada en contra del Paro Nacional, la asistencia a las movilizaciones de hoy fue masiva; sin embargo, la represión y violaciones de derechos humanos por parte de la fuerza pública fueron recurrentes y dan cuenta de las políticas guerreristas implementadas por el gobierno de Iván Duque hacia la protesta social.

Por este motivo, en varias ciudades del país se convocó un cacerolazo a partir de las 8:00 pm, con el que miles de personas que salieron hoy a las calles continúan expresando su inconformidad frente al gobierno y a las políticas que atentan contra la vida de los colombianos. El Paro continúa, la indignación se mantiene.

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