A la par, el gobierno de Noboa busca una consulta popular para convocar  a una Asamblea Constituyente y elaborar una nueva Constitución a su medida. El No a la consulta popular ya está presente en las consignas de las diversas protestas de un Paro Nacional descentralizado, expandido en distintas ciudades y que sigue su cocina a fuego lento.

Por Ana Acosta –  @yakuana (Publicado originalmente en Wambra) | Fotos: Wambra

La convocatoria al paro

Una mujer indígena, con falda, botas de caucho levanta su mano frente a un pelotón de al menos treinta militares armados y protegidos con escudos, cascos y máscaras, en una carretera en Imbabura. Un joven con la bandera de Ecuador baila sobre el techo de una parada de transporte público, en Quito, mientras otros y otras cantan. Una movilización de más de 100 mil personas recorre las calles de Cuenca, como un río: “el quinto río”, lo llamaron, en defensa del agua y en contra de la minería en Kimsacocha, una reserva de agua de la tercera ciudad más grande del país. Indígenas y campesinos con poncho rojo caminan en Latacunga para decir que “si sube el diésel sube todo” y que el trabajo de las manos del campo no van a “subsidiar a los de arriba”. En la Amazonía, mujeres indígenas levantan su palabra y le dicen al gobierno que la selva no está en venta.

Desde el 19 de septiembre de 2025, Ecuador vive varios vórtices de protestas, en distintas ciudades del país y con diversas demandas contra el gobierno de Daniel Noboa. El activador fue el decreto 126, que elimina el subsidio a diésel, firmado el 12 de septiembre, con el que el precio del galón pasó de 1,80 a 2,80 dólares, y podrá subir o bajar dependiendo del costo del barril de petróleo West Texas Intermediate, WTI, que el gobierno adoptó, cuyo valor fluctúa diariamente debido a la oferta y demanda de petróleo o a factores geopolíticos.

La medida de Noboa cumple con los planes requeridos por el Fondo Monetario Internacional, FMI, para el desembolso de un nuevo préstamo de 4 mil millones de dólares, el tercero entregado a Ecuador en los últimos seis años. Medida que ya la intentaron cumplir dos gobiernos anteriores.

En 2019, Lenín Moreno y, en 2022, Guillermo Lasso emitieron decretos para eliminar este subsidio. Sin embargo, en las dos ocasiones, un Paro Nacional y un Levantamiento Indígena sostenido por la Confederación de Nacionalidades Indígenas, CONAIE, y otras organizaciones sindicales, campesinas, de mujeres, feministas, disidencias, estudiantes, trabajadores, detuvieron la medida. Noboa vuelve a implementar la misma receta, y, como era de esperarse, las protestas vuelven a surgir. Pero en esta ocasión, hay varias cosas que marcan una diferencia, tanto para el gobierno como para la organización social.

Militarización y criminalización de la protesta en un contexto de autoritarismo

Militares en los exteriores de la Universidad Central del Ecuador, el miércoles 01 de octubre durante manifestación de estudiantes y artistas. foto: Wambra medio comunitario.

Ecuador no es el mismo de 2019 y 2022. Desde enero de 2024, con el llamado “conflicto armado interno” que el gobierno de Daniel Noboa declaró mediante decreto 111, el país se embarcó en un camino sinuoso que combina una política de militarización de la seguridad, un creciente autoritarismo que ha decantado en graves violaciones a derechos humanos y un aumento de la desigualdad.

Como dice el informe de Amnistía Internacional, del 23 de septiembre de 2025,  Son militares, yo los vi: Desapariciones forzadas por las fuerzas armadas en Ecuador : “Las autoridades ecuatorianas han apostado por la militarización de la seguridad pública, a pesar de que esto contraviene estándares y normas de derecho internacional y que ha dado lugar a denuncias de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional, tales como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura y otros malos tratos”.

En esta política, el gobierno de Noboa sostiene que hay una guerra con “enemigos internos” y como respuesta anunció la implementación del llamado Plan Fenix, pero hasta ahora, los indicadores de inseguridad no dejan de subir. Según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, en el primer semestre de 2025, Ecuador registró 4.619 homicidios  intencionales, esto representa un incremento del 47% respecto al mismo  periodo en 2024. “La cifra de homicidios semestral es la más alta  registrada en la historia reciente de Ecuador.” dice el informe.

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en su informe «Desapariciones forzadas en contexto de la militarización en la costa en Ecuador», registra 33 personas detenidas desaparecidas por patrullas militares durante el 2024 en provincias de la costa, 7 de ellas son menores de edad. Además se conoce de 9 personas detenidas desaparecidas registradas por la Defensoria del Pueblo del Ecuador, que estarían en investigación por parte de la Fiscalía. Es decir, serian 42 personas detenidas desaparecidas por militares.

Siguiendo la misma política de gobierno por decreto, Noboa declaró el estado de excepción en siete provincias de Ecuador, por 60 días, con medidas que incluyen la suspensión de la libertad de reunión y la participación de militares en el control de la protesta. A esto se sumó, el  trasladó la sede del ejecutivo a Latacunga, y la sede de la vicepresidencia a Imbabura. Dos provincias con mayor población indígena y dos de los puntos de mayor convocatoria de las movilizaciones de 2019 y 2022. Latacunga, además, es la cuna de Leonidas Iza, ex presidente de la CONAIE, y uno de los más sólidos liderazgos de izquierda anticapitalista dentro del movimiento indígena y social. Mientras que Otavalo, en Imbabura, es la ciudad natal de la actual vicepresidenta de la CONAIE, Ercilia Castañeda. La estrategia buscaba neutralizar los puntos políticos del movimiento indígena y mantener a la capital, Quito, alejada de las acciones de hecho; sin embargo, el efecto fue diferente: la protesta se descentralizó y se expandió a otros territorios.

En este contexto, cuando la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, anunció un Paro Nacional, el 19 de septiembre, y las protestas se activaron en distintas ciudades, el gobierno de Noboa buscó establecer una relación entre los grupos de delincuencia organizada y narcotráfico, con las organizaciones indígenas, campesinas y defensoras de la naturaleza y los derechos humanos que convocaron a la protesta. Esta narrativa tampoco es nueva.

Guillermo Lasso y su ministro de gobierno, Patricio Carrillo, durante el Paro de 2022, afirmaron que las protestas fueron financiadas por el narcotráfico, sin poder probarlo. Lasso dejó la presidencia después de la llamada “muerte cruzada” con varias acusaciones de corrupción en su contra. En 2024, Danilo Carrera, su cuñado y  ex directivo del Banco de Guayaquil, fue sentenciado por la Fiscalía a diez años de prisión por el delito de “delincuencia organizada” en el Caso Encuentro. Carrera también fue relacionado con uno de los narcotraficantes de la mafia albanesa, Rubén Cherrez.

Patricio Carrillo, en cambio, en 2023, fue censurado en un jucio político por incumplimiento de funciones durante el Paro Nacional de junio de 2022 por la falta de seguridad en el país, la crisis carcelaria y el femicidio de María Belén Bernal, quien fue asesinada por su pareja, Germán Cáceres, un Policía en servicio activo, dentro de una Escuela Policial, en 2022.

El gobierno de Noboa volvió a levantar la misma narrativa para deslegitimar las protestas. El ministro de defensa, Gian Carlo Loffredo, en una entrevista en Radio Centro, vestido con chaqueta de camuflaje militar lo dijo: “Cualquiera que atente contra las fuerzas del orden, sea policías y militares, están atentando contra la seguridad nacional”. Ante la pregunta del periodista “¿ustedes van abatir al enemigo?”, el ministro respondió: “no es abatir o no abatir, sino neutralizar al enemigo y sacarlo de circulación, porque las calles son para la gente de bien y la cárcel para los malos. La forma es entregarles a la justicia por los actos de terrorismo que están causando”

En la misma línea, después de la detención de 13 personas en las protestas de Otavalo, el presidente Noboa publicó un tuit en el que relacionó, sin colocar pruebas que lo demuestren, a los manifestantes con las mafias: “Quedaron en evidencia: financiados y rodeados por criminales del Tren de Aragua.” Esto porque una de las personas detenidas es de nacionalidad venezolana. La organización “Corredores Migratorios” denunció que William Rojas es migrante de Venezuela, padre de una hija y antes de su detención trabajaba como vendedor de boletos en unos juegos mecánicos. La organización denunció, además, que su hija, Deysimar, de dos años, quedó sola.

William es parte de los 13 detenidos en las protestas de Otavalo a quienes la Fiscalía los acusa de “terrorismo” y busca responsabilizarlos por la quema de vehículos policiales y del Comando y la Policía Judicial de Otavalo. Este delito está tipificado con hasta 30 años de prisión. Los otros detenidos son jóvenes indígenas, comuneros y campesinos. A ellos se suma Gina Cahuasquí,  una joven indígena que fue detenida cuando pedía a los policías que no lanzaran más bombas lacrimógenas. Gina fue liberada pero continúa judicializada, mientras los 12 detenidos fueron trasladados a cárceles en otras provincias, lejos de sus familias, en Portoviejo y Esmeraldas, donde ocurrió una masacre con 17 personas fallecidas, esto a pesar de que las prisiones se encuentran militarizadas desde enero del 2024.

No son los únicos. La Fiscalía ha accionado denuncias penales contra de una diversidad de líderes sociales. Defensores del agua de la Federación de Organizaciones Campesinas del Azuay, FOA, fueron notificados por el delito de “asociación ilícita”. Nohelia Ochoa, dirigente estudiantil de la Universidad de Cuenca, fue denunciada por “paralización de servicios públicos”. Leonidas Iza, ex presidente de la Conaie, fue acusado por “instigación” en el Paro, esta denuncia se suma a otras por “secuestro” y por “terrorismo”.

Frente a esto, las personas movilizadas impulsaron la campaña para decirle al gobierno: “Somos campesinos, no terroristas; somos estudiantes, no terroristas”

Bloqueo de cuentas bancarias y suspensión de medios comunitarios

El gobierno de Noboa no sólo desplegó la Fuerza Pública como si las protestas de sectores sociales significaran una declaración de guerra, sino que también puso en acción a organismos de control y vigilancia estatal, cuyos fines eran controlar a las mafias.

Desde el 19 de septiembre, líderes sociales denunciaron el bloqueo de cuentas bancarias. El gobierno usó un artículo de la llamada Ley de Fundaciones, aprobada por la Asamblea Nacional para controlar el flujo de dinero ilícito y el lavado de activos. Sin embargo, la ley no se usó para las mafias, ya que el ministro de gobierno, John Reimberg,  aceptó que lo usaron para controlar el “financiamiento de la protesta”. La Fiscalía abrió una investigación a 58 personas por el delito de “enriquecimiento privado no justificado”. Entre las personas que bloquearon sus cuentas está el presidente de la CONAIE, Marlon Vargas; defensores del agua de Cuenca; la viceprefecta de Imbabura, defensores del bosque de Intag, líderes amazónicos; ex dirigentes y dirigentas de la CONAIE, ECUARUNARIA, CONFENIAE y de Pachakutik, la directora de Fundación Pachamama, entre otros.

A esto se sumó el hostigamiento a medios de comunicación comunitarios y alternativos. El 23 de septiembre, la Agencia de Control de las Telecomunicaciones, ARCOTEL, suspendió la señal del canal 47 UHF TVMICC, la televisión comunitaria del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi. En la resolución dice que esto se hace “con el fin de precautelar el orden público y la seguridad nacional”. TVMICC es la primera televisión comunitaria de Ecuador y realizó las coberturas de las movilizaciones que indígenas y campesinos de Latacunga realizaron para rechazar la presencia del presidente Noboa en la gobernación de Cotopaxi.

La muerte de Efraín y el uso de armas letales

Un video de cámaras de seguridad muestran a una persona tirada en el piso. Varios manifestantes se acercan a auxiliarla, pero un camión con militares armados llega. Solo un manifestante se queda junto al cuerpo y lo abraza. Militares se acercan, lo patean, lo golpean con sus armas, a él y al cuerpo de su compañero herido, hoy sabemos, de muerte.

Efraín Fueres murió durante las protestas en Pinsanquí, Imbabura, el domingo 28 de septiembre. Tenía 46 años, padre de dos niños, artesano y maestro de construcción, comunero indígena y líder comunitario de Cuicocha, comunidad Inguintzala perteneciente a la organización UNORCAC. Dayuma Amores, abogada de INREDH, participó en el levantamiento del cadáver y cuenta que Efraín muere por el impacto de una bala de arma letal que entró por su espalda, esto, para ella, demuestra que las Fuerzas Armadas no están haciendo el uso progresivo de la Fuerza para controlar las protestas:  “Hemos visto, sobre todo en el caso de Efraín, que las armas de fuego fueron la regla general, disparando sin ninguna contemplación a los manifestantes y puede ser eso, ya lo determinarán las investigaciones, pero podemos presumir que por eso el disparo de Efraín entra por su espalda, porque los manifestantes están corriendo desprotegidos, desarmados y que reciban un disparo por la espalda muestra que el uso de la Fuerza no fue progresivo, fue letal y fue con la intención de causar un daño letal”.

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Marcha en Quito durante las jornadas del Paro Nacional. Foto: Wambra medio comunitario

Marcha en Quito durante las jornadas del Paro Nacional. Foto: Wambra medio comunitario

La Alianza de Derechos Humanos, en su monitoreo de vulneraciones del Paro 2025, con corte del 28 de septiembre, documenta 109 reportes de vulneraciones a derechos humano. La organización registra 63 personas detenidas y al menos 48 personas heridas, 6 personas detenidas desaparecidas y 1 persona fallecida “todos estos hechos se han dado en el marco de las acciones de intervención de miembros de la fuerza pública.” Hasta el momento no existen cifras oficiales actualizadas, incumpliendo con ello la obligación estatal de proporcionar información oficial oportuna y transparente. La última cifra que entregó el Ministerio del Interior de fecha 26 de septiembre fue de aproximadamente 100 personas detenidas.” dice el informe.

Una Consulta Popular y el deseo de una Asamblea Constituyente a la medida

Como si de una máquina acelerada se tratara, días después del decreto de eliminación del diésel, Noboa emitió el decreto 148, para una Consulta Popular que apruebe la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Al igual que lo hizo con el Derecho Internacional, cuando invadió la embajada mexicana, Noboa buscaba pasar por encima del control de la Corte Constitucional y que el Consejo Nacional Electoral, CNE, incluyera la pregunta sobre la constituyente dentro de la Consulta Popular ya aprobada.

Según la Constitución ecuatoriana toda propuesta de consulta popular debe pasar por la revisión de la Corte, quien debe analizar la constitucionalidad de las preguntas y emitir un dictamen favorable o no. En la noche del viernes 19 de septiembre, Noboa emitió el decreto y el CNE convocó para las ocho de la mañana para sesionar sobre el inicio del proceso electoral. Pero la Corte sesionó en la noche para pronunciarse sobre la inconstitucionalidad del decreto. Esa noche, policías rodearon la Corte y obligaron a las y los jueces a salir por una supuesta amenaza de bomba. Esto fue visto como una forma de presión y hostigamiento a la Corte para que no emita una resolución.

El domingo 21 de septiembre, el CNE, sesionó y dio inicio al proceso electoral con las preguntas ya aprobadas por la Corte sobre si se permite la instalación de bases militares extranjeras, algo que hoy prohíbe la Constitución; y una pregunta sobre la eliminación del financiamiento estatal a partidos políticos, algo que busca desfinanciar a los partidos y movimientos opositores. Mientras que sobre la pregunta referente a la Constituyente, el CNE solicitó a la Corte que se pronuncie.

Organizaciones internacionales de derechos humanos y sociedad civil expresaron su preocupación frente “al clima de hostigamiento y presión” contra la Corte y advirtieron que esto se suma “a un contexto de presiones externas que incluyen interrupciones en el normal funcionamiento de la Corte, campañas de estigmatización pública contra sus integrantes y la reducción de medidas de seguridad previamente otorgadas”.

Ya para el 24 de septiembre, la Corte Constitucional emitió un dictamen favorable y dio paso a la Consulta Popular para preguntar al pueblo ecuatoriano si quiere o no una Asamblea Constituyente que elabore una nueva Constitución. El CNE anunció que la consulta será el 16 de noviembre y tendrá un costo de 59,7 millones.

El No a la constituyente ya está presente dentro de las consignas y carteles en las diversas protestas en todo el país en un Paro Nacional que se sostiene a fuego lento. La CONAIE  presentó diez demandas donde ya hizo un llamado para votar no en la consulta como una forma de rechazar al gobierno de Noboa y sus medidas de ajuste.

Es así que el Paro de 2025 tal vez no logre que el gobierno dé marcha atrás en el decreto de aumento del diésel; sin embargo, el crecimiento del descontento,  la negativa al diálogo y los ataques a múltiples organizaciones están configurando una articulación anti Noboa que pueden tener un efecto en los resultados de la consulta popular y detener el anhelo de una Constitución a la medida del autoritario de Carondelet.

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Por María Eugenia Waldhüter y Camila Parodi | Foto: Ana María Buitrón para La Periódica

Ecuador transita 14 días de Paro Nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador  (CONAIE) y otras organizaciones originarias y campesinas. Estudiantes, feministas, la clase trabajadora y otros sectores del país se encuentran movilizados resistiendo la respuesta del presidente Guillermo Lasso que fue recrudecer la represión. 

Mientras, mujeres y disidencias convocaron a una movilización para pedir que Lasso pare la masacre contra el pueblo y se organiza una jornada mundial en solidaridad con la lucha de los pueblos del Ecuador. En este contexto, conversamos con Alejandra Santillana Ortiz, integrante de Ruda Colectiva Feminista y parte de la Asamblea Transfeminista de mujeres y disidencias, sobre la lucha del pueblo ecuatoriano en el marco de este Paro Nacional. 

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– ¿Cuál es el orígen de este Paro Nacional y en qué situación se encuentran?

En estos 13 días hemos estado caminando, recorriendo las calles y también sosteniendo la llegada de hermanos y hermanas indígenas que desde sus distintos territorios de pueblos y nacionalidades han concluido en Quito, la capital del Ecuador, para exigir al gobierno de Guillermo Lasso que cumpla con la posibilidad de un diálogo, y que acepte los 10 puntos sintetizados por la CONAIE. 

Recordemos que cuando hace un año el gobierno de Lasso asumió la presidencia del Ecuador, prometió que iba a haber una serie de cambios y de reformas para beneficiar al conjunto de la población, sin embargo, a nombre de la crisis, el relato de las élites, el típico relato de las élites que sirve para justificar las políticas de ajuste estructural, el gobierno de Lasso en este año ha empobrecido aún más al pueblo ecuatoriano y ha favorecido a las élites, sobre todo agroexportadoras financieras y bancarias que son las que siempre han estado beneficiadas con la riqueza producida por la clase trabajadora de este país. 

En este año, las cifras en el Ecuador son alarmantes y sumamente preocupantes y dolorosas, el 78% de la población económicamente activa, es una clase trabajadora sobre todo joven que en este momento del país no tiene empleo adecuado. Eso quiere decir que no accede al salario mínimo, que no le alcanza para cubrir la canasta básica y que tampoco tiene posibilidades de Seguridad o de Protección Social. Ese 78% de la clase trabajadora tiene que encontrar uno, dos, tres empleos para sobrevivir. El salario mínimo en el Ecuador es de menos de 500 dólares, ese 78% ni siquiera accede al salario mínimo, a la canasta básica del Ecuador que en este momento es la más cara de la historia del país y es de casi 800 dólares. Como podemos ver ese 78%, no accede al salario mínimo y es imposible que pueda cubrir sus necesidades más vitales y pueda tener mínimos de dignidad en un país que produce tanto alimento y en el que podríamos estar medianamente bien. Esa clase trabajadora se ha visto precarizada y empobrecida por el conjunto de políticas anti laborales, anti trabajadoras de este gobierno que ha favorecido a los empresarios para que aumenten sus ganancias exponencialmente. 

– Entre los 10 puntos de las peticiones sintetizadas por la CONAIE está la necesidad de congelar los precios del petróleo y de establecer precios justos. ¿Cuál es la situación cotidiana de las familias campesinas? 

Es terrible la situación que vive el campo ecuatoriano, mientras todo sube en la canasta básica, los precios agrícolas han decrecido enormemente. Si antes los pequeños productores de banano podían vender la caja a 6, 40 dólares, en este momento tienen que verse obligados a regalar prácticamente su caja de banano a 1 o 2 dólares. Ese comportamiento de los precios agrícolas podemos verlo en casi todos los productos que en este país son abastecidos por pequeños y medianos productores, es decir por el campesinado compuesto fundamentalmente por pueblos y nacionalidades indígenas. Mientras todo sube, los precios de los productos agrícolas están a la baja, si a eso sumamos que los fertilizantes que son necesarios para producir en este país han aumentado en un 300%, de 20 dólares hemos pasado a 60 dólares, estamos viendo cómo el campo ecuatoriano que es el que sostiene la alimentación de este país, está siendo empobrecido porque no hay políticas de justicia social, de redistribución, de créditos sin tasas de interés, de políticas que tengan que ver con las necesidades del campesinado. 

En ese sentido, si vamos viendo también por sectores, vemos que parte de las políticas de ajuste estructural y del relato de la crisis ha significado que, básicamente a nombre de la crisis se reduzca el presupuesto para las áreas sociales, las y los maestros no han podido acceder durante largos periodos al pago de sus salarios que se han visto mermados, no ha habido incrementos. En el caso de estudiantes, muchísimas y muchísimos jóvenes no han podido acceder a las universidades porque no pueden acceder al sistema de educación universitario y se ven obligados a trabajar, ellas y ellos son de los sectores más empobrecidos en este país, que tiene que ver cómo resuelve la vida porque no puede acceder a la universidad y que tiene que salir a trabajar en dos, tres cuatro empleos donde les pagan una miseria y no acceden a ninguno de los derechos laborales. 

-El Paro comenzó con la detención inmediata del referente de la CONAIE, Leónidas Iza, ¿qué lectura se puede hacer de esa respuesta del gobierno al Paro?

La respuesta del gobierno ha sido una respuesta inepta, incapaz, que no se ha condolido por un segundo con lo que pasa con las y los más empobrecidos de este país y lo que ha hecho es aumentar el presupuesto nacional para el pago, profesionalización y equipamiento de la policía y de los militares. Es un gobierno que se ha negado a sentarse al diálogo a pesar de las enormes propuestas en varios espacios que se ha intentado desde las organizaciones, desde la CONAIE y no ha atendido ninguno de los planteamientos y propuestas que los diferentes sectores del país han hecho en este contexto. Es por eso que las organizaciones han hecho un llamado a este Paro Nacional que empezó en los territorios de pueblos y nacionalidades y que, debido al error político de este gobierno que ordenó la captura del presidente de la CONAIE Leónidas Iza, aceleró definitivamente la respuesta de los pueblos y nacionalidades que después ese apresamiento vinieron para Quito. Los primeros días del Paro fueron días de relativa calma, en Quito las mujeres y disidencias nos agrupamos en una asamblea transfeminista que fue haciendo piquetes, movilizándose y organizándose en diferentes puntos de la ciudad con el objetivo de pedagogizar, de contar y mostrar lo que estábamos viviendo en este momento y que otros sectores de la ciudad puedan acceder y entender por qué estamos movilizadas y por qué estamos levantadas. Pero posteriormente a la absurda, ilegal, arbitraria e ilegítima detención de Leónidas Iza y de todos los vicios y vulneraciones de derechos que ocurrieron en su detención, de los intentos por mostrar que Leonidas Iza era una especie de terrorista, todo el despliegue militar que hubo alrededor de eso implicó que en las propias asambleas de los territorios haya una decisión, definitiva y determinante de venir hacia Quito, la capital simbólica y política. 

En este espacio de exigencia en donde hay un pueblo que está dividido también por términos racistas, porque en Quito están también los fascistas y los racistas que no quieren saber nada de sus raíces indígenas que desconocen, de los pueblos y nacionalidades y que creen que este país es su hacienda y su empresa. Pero también hay un pueblo solidario, un pueblo antirracista que toda la vida cada vez que ha habido levantamientos ha estado ahí con los pueblos y nacionalidades para ofrecer comida, atención, cuidado, universidades, sumarse a las movilizaciones, prestar todo el apoyo y sumarse a esa gran Minga del Paro Nacional. En esa medida, en estos 13 días la presencia de pueblos y nacionalidades ha sido masiva, hay miles de compañeros, de compañeras que han venido a la ciudad de Quito para exigir este justo reclamo de que se cumplan los 10 puntos sintetizados por la CONAIE y que es una invitación al resto de sectores sociales para sumar los otros puntos que se necesitan para construir unos mínimos de un país más justo. 

-El viernes habló Lasso al país. Lejos de contener la situación y aceptar el diálogo afirmó que iba a recrudecer la represión.

El gobierno de Lasso después de capturar y apresar a Leónidas Iza y de instaurar una serie de medidas, absolutamente ilegales y arbitrarias pasó inmediatamente a decretar un estado de excepción en algunas de las provincias del Ecuador, un estado de excepción que además habilita la presencia de los militares, que habilita el uso de la fuerza progresivo y que básicamente ha sido el detonante de muchas de las situaciones graves en términos de violaciones de derechos humanos que hemos vivido en estos últimos cinco días. Ya hay varios muertos en el Ecuador, hay detenciones arbitrarias, hay desapariciones, hay denuncias de tortura, hay niños y niñas que no encuentran a sus padres producto de la violencia y de la fuerza policial. Es así que se han ido posicionando una serie de ideas por parte de la policía y por parte del Estado ecuatoriano, por parte del gobierno de Guillermo Lasso que quiere construirnos como narco terroristas, que quiere plantear que este Paro ha sido financiado por el narco y que somos unos vándalos, violentos ya ha desplegado una estrategia de guerra que ha implicado el asesinato de varios de los compañeros, todos de pueblos y nacionalidades y todos compañeros que han salido a las calles a protestar y a ejercer su legítimo derecho a la resistencia. 

– ¿De qué habla Lasso cuando busca vincular el Paro al narcotráfico?

Este panorama se completa con la presencia cada vez más fuerte de los dueños de la droga y de los dueños de las armas, del gran peso del narcotráfico de los carteles que están articulados con la policía y con los militares. No es posible entender cómo un gobierno como este y un Estado como este no ha hecho nada en relación a toda la violencia generada por el narcotráfico, esa violencia que básicamente construye también un capitalismo ilegal como lo han dicho varias de las compañeras que trabajan con los sectores más empobrecidos de callejizados. Mientras tanto tenemos a los dueños de la droga y a los dueños de las armas coludidos con el Estado, con la policía y con los militares, al mismo tiempo las políticas de empobrecimiento obligan y arrojan a que miles de jóvenes, miles de sectores empobrecidos y despojados tengan que ser utilizados como fuerza de mano de obra en todo este capitalismo ilegal y el control de las drogas y el control de los narcos en varios de los territorios del Ecuador. 

– Nos comentaste acerca del rol de los feminismos en la participación activa de este Paro, la contención y los cuidados. ¿Qué más nos podes contar acerca de las asambleas transfeministas?  

Las mujeres, que somos las que sostenemos la vida y sostenemos este mundo con nuestro trabajo no remunerado, hemos sido las más empobrecidas y despojadas y además somos las más violentadas. Vamos en lo que va del año, 118 feminicidios en el Ecuador y los niveles de las violencias machistas contra las mujeres y disidencias han aumentado. Por eso, se han ido instalando a la par asambleas populares, asambleas de los pueblos, asambleas transfeministas, asambleas de varios espacios, de los estudiantes, que todos estos días hemos tomado decisiones tanto en términos de cómo cuidarnos y cómo sostener el paro materialmente pero al mismo tiempo, hemos estado en las discusiones políticas y logrado hablar como mujeres y disidencias planteando también los puntos que hemos venido discutiendo y que hemos ido construyendo colectivamente. 

Planteamos una declaración de emergencia por toda la violencia machista que vivimos, un sistema Plurinacional de cuidados, el aborto libre en todas sus causales, el reconocimiento de los trabajos que no están contemplados por las centrales sindicales y tampoco por este gobierno, el trabajo no remunerado, los trabajos autónomos, los trabajos precarizados y ambulantes. Finalmente, también se ha planteado la necesidad de construir una forma de organizaciones anti racista pero también anti xenofóbica contra quiénes vienen de otros países y que están aquí, porque este es un país de migrantes.

– ¿Cuál fue el planteo de la asamblea transfeminista en este contexto?
Nuestro planteamiento como Asamblea ha sido también recuperar la dignidad de los privados y privadas de libertad, no es posible que los dueños de las armas y del narco, los dueños de las drogas sean quienes administren esta pobreza y generen y obliguen a que la población tenga que meterse y tenga que vincularse con el capitalismo ilegal para poder sostenerse. Denunciamos esta relación de colusión y de complicidad por parte del Estado ecuatoriano. En esa medida, todos esos puntos han sido discutidos de forma colectiva, hemos llamado y hemos también invitado a otras mujeres y a otras organizaciones a que se sumen y hemos estado en todos los espacios. Hoy sábado se convocó a una marcha de mujeres que logró plantear entre varias voces desde las compañeras indígenas hasta las compañeras que también son mestizas de la zona urbana pero que somos antirracistas, se ha planteado este la necesidad de exigirle al mundo que este gobierno pare la masacre, hacemos un llamado a todas las organizaciones, a todos los espacios de Derechos Humanos, a todos los gobiernos que se pronuncian frente a lo que el gobierno de Guillermo Lasso está haciendo. Necesitamos que levanten su voz y exijan que paren de masacrarnos, que paren esta represión, que paren con el dolor que están generando al pueblo ecuatoriano. Es este pueblo digno el que ha salido a protestar por mínimos de justicia social, no somos narcoterroristas, no somos vándalos, no somos violentos, somos un pueblo que cree que es necesario construir un país más justo y que ya no puede más con tanta asfixia de política neoliberal, exigimos que el gobierno de Lasso pare la represión y comience a entender que este país no es posible de construir si los pueblos y nacionalidades, sin la clase trabajadora, sin nosotras las mujeres y todos los otros sectores sociales que somos los que sostenemos día a día el Ecuador.

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