La semana pasada confluyó el paro docente por 72 horas y el histórico Paro Internacional de Mujeres, lesbianas, trans y travestis. En este artículo, abordamos la relevancia que adquiere esta relación en la actualidad.

“Las escuelas están en cada lugar del país y no tienen fecha de vencimiento. Los que sí tienen fecha de vencimiento están en la Casa Rosada”. Con esas palabras, la Secretaria General de CTERA, Sonia Alesso, culminaba el acto que se llevó a cabo en Plaza de Mayo, en un nuevo paro nacional con marcha y movilización de miles de docentes de todo el país. Desde la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina se convocó a un paro de 72 horas que inició el 6 de marzo y confluyó con el Paro Internacional de Mujeres Trabajadoras, el 8 de marzo. Desde hace varios años ya que el inicio de clases, tensionado por la profundización del recorte en educación, viene tejiendo redes con el 8M. Y esto no es casual.

Según el Censo Nacional del Personal de los Establecimientos Educativos (CENPEE) realizado por la Secretaria de Innovación y Calidad Educativa en 2014, el 75,7% del personal que trabaja en establecimientos educativos, 8 de cada 10 personas son mujeres.

Desde sus orígenes y hasta el siglo XIX, la profesión docente se trató de una actividad predominantemente masculina. Esta feminización de la docencia se remonta a los tiempos de la creación del sistema educativo nacional que retomó el discurso político- pedagógico sobre la importancia de las madres biológicas y espirituales en la educación de les niñes originario de la Europa del siglo XVIII.

Según Silvia Cristina Yannouls, autora de la investigación Educar: ¿una profesión de Mujeres?, “Asociada a la idea riqueza de la nación, la maternidad biológica de todas las mujeres asumió un sentido político y público anteriormente desconocido”.

La conformación heteronormativa y patriarcal de los Estados Nación dejó pocas alternativas para las mujeres en el mercado laboral formal: la docencia es una de ellas. Y esto, sólo bajo la condición de mostrarse como “un ejército de soldaderas anónimas, sin clase, sin raza, sin sexualidad y sin emociones, simplemente misioneras de una identidad nacional que también sumergió a los ciudadanos en el anonimato de lo homogéneo”, expresa Yannouls. Del otro lado, siempre nos esperó el trabajo más forzoso no remunerado: el doméstico. Y aquí también el Estado parece mirar para otro lado siempre.

Según el informe del Banco de Desarrollo de América Latina, en primer lugar, las mujeres dedican una mayor cantidad de horas al trabajo doméstico, independientemente del nivel socioeconómico al que pertenezca el hogar. En segundo lugar, mientras que la cantidad de tiempo que las mujeres dedican al trabajo doméstico es decreciente en el ingreso, la dedicación de los hombres a esas tareas no muestra diferencias entre los distintos niveles socioeconómicos. En consecuencia, la brecha de género (mujeres menos hombres) en el tiempo destinado a los quehaceres domésticos y cuidados no remunerados es mayor entre los hogares más pobres. Esto sugiere que los hogares más ricos disponen de otros recursos (otras personas en el hogar, servicio doméstico, tecnología, etc.) que reemplazan a las mujeres en las tareas domésticas y de cuidado. Ciertamente lo que no está sucediendo es que parte de esas tareas las estén asumiendo los hombres en los hogares más ricos. En resumidas cuentas: con mucha o poca plata en el bolsillo, el trabajo hogareño siempre queda en las mismas manos.

¿Cómo hacemos las miles de mujeres, que somos docentes y muchas veces madres, jefas de hogar, para bancar laburo y crianza? Sin nosotras, mujeres; sin nosotras, trabajadoras docentes y domésticas el sistema capitalista y el sistema educativo en particular, entran en jaque. Somos nosotras quienes siempre los hemos sostenido, con nuestro trabajo remunerado y sobretodo con el no remunerado, que nos ha privado de llegar a mejores puestos laborales, relegados a la población meramente masculina.

“Esta es una conquista de los últimos años: reconocer que los reclamos de la docencia y de las y los trabajadores en general entroncan directamente con los reclamos del movimiento de mujeres”, opinó Romina Del Plá, diputada y Secretaria General de SUTEBA La Matanza en diálogo con Marcha. Para la referenta sindical, el 8 M “va adquiriendo en los últimos años el anclaje donde debiera estar: el Día Internacional de la Mujer Trabajadora como una jornada de lucha”. Tanto el reclamo del Aborto Legal Seguro y Gratuito, como la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral, como que se aplique la interrupción voluntaria desembarazo para casos de niñas y mujeres violadas, forman parte de reclamos que tienen que ver con lo que cotidianamente las docentes vemos, sufrimos y tenemos que ver en nuestras alumnas y a la vez el reclamo contra el ajuste de Macri, los gobernadores y el FMI”.

Durante los tres días de huelga, faltando nuevamente a la obligación por Ley, el gobierno no se ha tomado el trabajo de convocar a ninguna reunión de paritarias con los referentes sindicales docentes. “Están tratando de hacer que el conflicto se disipe, no darle un solución a los reclamos”, sostuvo.

El presupuesto: un signo de época

Para este año, el presupuesto educativo del Estado Nacional argentino es el equivalente al 1.24% del Producto Bruto Interno del país, lo cual implica una pérdida comparativa del 22% de su participación en el PBI nacional. Además, “se destinará 3.3 pesos al pago de  la deuda externa por cada peso destinado a la educación”, resalta el docente de escuela media y miembro del Instituto Nacional de Formación Docente, Manuel Becerra. El dato da una idea de la prioridad del gobierno. “Tomó deuda que se destinó a la fuga mientras en la escuela seguimos con problemas de infraestructura”, sostiene Becerra, que agrega que “a partir de la crisis económica empezamos a tener más problemas sociales que ingresan en la escuela y no tenemos infraestructura para sostenerlo. Los equipos de Orientación Escolar son muy pequeños, no tenemos psicología clínica, no tenemos abogados ni trabajadores sociales. Hay algunos programas por fuera del Estado pero que también están muy solos o no funcionan. Hay un montón de cosas que no funcionan y son necesarias para que nosotros podamos garantizar el derecho a la educación que no dependen de la escuela y evidentemente este Gobierno da claramente prioridad a otras cosas. Se destina el triple de pesos a la deuda que a la educación”.

En relación a esto, Del Plá observa que “ahí vemos más que nunca cómo las mujeres, como trabajadoras, sufrimos una doble opresión: con bajísimos salarios, con la falta de jardines maternales para dejar a nuestros niños, con la falta de las licencias adecuadas para atender tanto a nuestros hijos como otros familiares cuando en las mujeres recae, por regla general, las tareas de cuidado en la familia”.

Enfrentar el ajuste con organización

Esta política de ajuste y de ataque a los ingresos de las y los trabajadores de la docencia se  manifiesta en la falta de infraestructura educativa en muchos aspectos: la falta de nombramiento de cargos, el ataque a las ramas y modalidades con los cierres de carreras y cursos. El recorte en educación recayó también en los distintos programas relacionados directamente con las políticas de inclusión y sostenimiento de las trayectorias escolares como el plan Progresar. “Por su nivel de cobertura, el volumen de la transferencia monetaria y, con esto, la magnitud de la inversión social involucrada, el Progresar constituyó desde sus orígenes en 2014 como la principal política de ingresos destinada a los jóvenes de la Argentina”, expresó María Laura Lombardía, socióloga autora del informe del Centro Estudios de la Ciudad (CEC), dependiente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.

Según la investigación elaborada por el CEC en 2015, el análisis de los datos relevados  muestra una fuerte presencia femenina en el Progresar: más de 6 de cada 10 (61,9%) de las integrantes del programa son mujeres, dato que condice con la mayor participación relativa de las mujeres en la educación a nivel general. La actualización en 2017 de esa misma investigación detalla que “La última vez que se actualizó el monto del Progresar fue durante el primer trimestre de 2015, cuando pasó 600 a 900 pesos mensuales: allí la prestación obtuvo el máximo valor real de la serie. A partir de ese momento fue perdiendo poder adquisitivo de manera drástica, y el valor real que representa en la actualidad es un 47 por ciento menor que en el primer trimestre de 2015 y un 41 por ciento inferior al del último trimestre de ese año.”

En este tipo de hechos se plasma la política antipopular y misógina del gobierno de turno. Para Manuel Becerra esto forma parte del ajuste blando que realiza el machismo: no  mata las escuelas de un tiro certero, las deja heridas solas a la intemperie.

“Nosotros realizamos capacitaciones todo el año con la oferta que nos da el Estado y estamos todo el tiempo discutiendo pedagogía, estamos discutiendo el futuro de los pibes que tenemos en el aula, estamos todo el tiempo preguntándonos si lo que hacemos le va a servir a los chicos para desarrollarse después en el trabajo, como ciudadano. Y eso no sale en ningún lado. Solamente se habla de algo así cuando aparece lo de Global Teacher Prize. Y se le pone énfasis a un docente que desarrolló un trabajo como si fuera algo aislado que se puede hacer en cualquier parte. En casi todas las escuelas del país hay intervenciones muy buenas y eso no sale en ningún lado. Solamente hablamos de educación cuando tenemos un conflicto paritario, y sólo hablamos de educación con Baradel en el medio como figura demonizada. Nunca se nos da la oportunidad de discutir educación en otro contexto. Y no es algo que nosotros no estemos capacitados o dispuestos para debatir. Pero simplemente nos ponen una cámara y un micrófono cuando hay un conflicto paritario”.

Los gobiernos nacionales y provinciales se embanderan en el discurso que desnaturaliza el carácter de trabajo remunerado de la actividad docente: los docentes tienen que estar en las aulas enseñando. Y aquellos que reclaman son tildados de enemigos de los niños, a quienes dejan sin clases. Para Becerra, “el Gobierno hizo un análisis acertado de contradicciones discursivas que están en la sociedad. Comunicacionalmente ha sido muy efectivo y esta efectividad tiene que ver con saber leer algunos discursos que están dando vueltas en el sentido común. No operan sobre el vacío. El Gobierno logra anudar cuestiones que parecen y son contradictorias: un discurso meritocrático con un discurso de castigo a las y los docentes por reclamar un mejor salario, para algo que supuestamente es lo más importante de la política pública: la educación.

Las mismas construcciones patriarcales que operan el sentido común de la distribución de los quehaceres domésticos, fomentan la idea antagónica entre el docente vocacional que va a dar clases sin importar el contexto en contraposición al docente combativo.

“Con esa vocación no se carga la sube, no se compran las milanesas ni el arroz. Podemos tener toda la vocación del mundo pero si la heladera está vacía vamos a reclamar salario. El Gobierno apela a una idea de vocación absolutamente desinteresada y desprovista de todo atravesamiento material, de toda carnadura de lo real  y puramente articulado desde lo espiritual”, agrega Becerra.

Si volvemos sobre las cifras que arrojan una amplia mayoría de trabajadoras de la educación mujeres, todos estos discursos, recortes y represión se vuelven directo contra nuestros cuerpos. “Hay una situación de opresión y sobrecarga sobre las mujeres que se ve reflejada en cómo crecientemente vamos participando en la lucha del movimiento de mujeres, y la docencia pasa a ser un elemento fundamental de ella”, concluyó Del Plá.

No somos acetas que vivimos del aire. Efectivamente, hay que desarmar esa contradicción ambulante de meritocracia y castigo. Y está en manos de las mujeres hacerlo.

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A través de una resolución, el presidente Macri reacomodó las partidas presupuestarias y recortó fondos los fondos de Educación y Ciencia, entre otros, para destinarlos al Ministerio de Seguridad. Los gremios docentes, que realizan un paro de 48hs, cuestionaron la medida del Ejecutivo.

El gobierno cambiemita modificó el Presupuesto 2018, alteró las partidas y cambió el destino de millones de pesos que pertenecían al sistema educativo para reforzar las arcas de la Policía Federal, Gendarmería y las Fuerzas Armadas, todo mediante la firma de una simple resolución. “Resulta necesario incrementar el presupuesto del Ministerio de Seguridad”, advirtió el comunicado del gobierno publicado el lunes 10 de septiembre de 2018.

El anuncio, que apareció en el Boletín oficial, señalaba que “el incremento citado en el considerando precedente se financia con una reducción de los presupuestos del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología”. El recorte también afectará a “la Secretaria de la Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social”. La información, difundida unas horas antes de conmemorarse el Día de los Maestros y las Maestras, desató la furia de los gremios docentes.

“Muchos gobiernos probaron con ajustar en tizas e invertir en balas. Y la verdad que es más caro porque siempre es mejor invertir en tizas para así evitar balas. Pero lamentablemente el macrismo vuelve a repetir las recetas de las dictaduras y de todos los procesos de derecha, que es reducir el presupuesto en Educación para aumentar en balas y palos para las fuerzas de seguridad”, alertó Eduardo López, titular de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) y referente de CTERA.

La resolución administrativa 1605/18, firmada por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, permite que el dinero cambie de manos como por arte de magia, sin el aval del Congreso y mucho menos con la aprobación de los trabajadores y trabajadoras.

“Se amplían los créditos vigentes de la Policía Federal (…) a fin de atender el pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y el pago del servicio de policía adicional que presta la citada Fuerza de Seguridad”, detallan en uno de los puntos más controvertidos.

“Son coherentes con lo que piensan. Ellos prefieren abrir cárceles antes que abrir escuelas”, agregó Roberto Baradel, Secretario General de SUTEBA, gremio mayoritario de la provincia de Buenos Aires.

En las plantillas anexas, se puede ver que el Fonid se reduce en 27 millones de los cuales 25 millones van a formación de la Policía Federal y otros 1.7 millones de pesos al Instituto Superior Enseñanza Radiofónica (ISER), que depende del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). Desde la Alianza Cambiemos dieron una confusa explicación oficial al aclarar que esa transferencia en particular “se realiza regularmente cada año, para enviar a las instituciones educativas del Ministerio de Seguridad el monto correspondiente al Fonid”.

Día de las y los maestros en lucha

Los gremios SUTEBA y UTE, de provincia de Buenos Aires y Capital Federal, convocaron a un paro de 48 horas a partir de hoy miércoles 12 de septiembre. En la segunda jornada de paro, la del jueves 13, se sumarán a la medida de fuerza convocada por la Ctera a nivel nacional.

La huelga de la segunda jornada incluirá una movilización desde el Ministerio de Educación al Congreso, donde las y los maestros pedirán la sanción de cinco proyectos de ley para destrabar el conflicto docente. Frente al Parlamento pedirán una ley que derogue el decreto que eliminó la paritaria nacional, otra para garantizar condiciones mínimas de infraestructura en las escuelas y otras tres por el presupuesto universitario, las becas de las universidades y los profesorados y el incentivo docente.

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La defensa de la Universidad y la educación pública sigue generando movilizaciones masivas a lo largo y ancho de toda la Argentina. Es que las muestras de apoyo a las instituciones en el marco de una fuerte restricción presupuestaria y el respaldo a la lucha de los docentes por el destrato del Gobierno nacional al ofrecer un aumento salarial que apenas llega a la mitad de la inflación proyectada, crece día a día.

A los multitudinarios abrazos a las universidades del Conurbano, particularmente afectadas por el ajuste, se le sumaron movilizaciones que colmaron las calles de los principales centros urbanos.

El miércoles pasado unas 100.000 personas marcharon en Córdoba para visibilizar el conflicto y el jueves varias decenas de miles hicieron lo propio en Rosario. La imagen se repitió en Villa Mercedes, en Santiago del Estero, San Luis, en la Universidad de Cuyo, en Mar del Plata y en muchos otros puntos, incluyendo la propia Ciudad de Buenos Aires y La Plata.

“Con una inflación que se proyecta por arriba del 35%, que el Gobierno, luego de tres meses de no reunir la paritaria, nos proponga un 10.8% y en cuotas, es más que un desinterés en la educación pública, ¡ya es una provocación!”, denunció Ileana Celotto, secretaria general de AGD-UBA, gremio docente de la Conadu Histórica.

En ese contexto y para darle mayor difusión a una rebelión que parece imparable, el viernes la AGD llevó las clases a las puertas de la Casa Rosada. En paralelo la Conadu Histórica y la Conadu, gremios mayoritarios de la actividad, preparan una gran marcha nacional universitaria para el 30 de agosto, en la que piensan reunir cientos de miles en reclamo de mayor presupuesto para las instituciones y una paritaria digna para las y los docentes.

Frente a esto, el Gobierno convocó a “continuar con el diálogo”, “con el objeto de encontrar soluciones a la situación planteada”.

Paran docentes bonaerenses por 3 días

En la novena reunión de la Mesa Paritaria 2018, el Gobierno Provincial siguió sin modificar la estructura del salario docente. Propone llegar a un supuesto 20,7% a cobrarse en septiembre, con sumas no remunerativas, que incluyen $ 210 en concepto de material didáctico, y proseguir con una nueva reunión recién en octubre.

La propuesta fue rechazada porque no se traduce en un aumento salarial real y no prevé la aplicación de la cláusula gatillo. Por otra parte, denunciaron que las cifras depositadas en forma unilateral no conforman salario y no se computa en los ítems antigüedad, aguinaldo, escalafón, etc.

En las escuelas tampoco se realizan las inversiones y obras reclamadas por el Frente de Unidad Docente Bonaerense, que viene realizando presentaciones acerca del deplorable estado de los establecimientos escolares que cobró las vidas de Sandra y Rubén en la EP Nº 49 de Moreno.

Por lo tanto, decidieron retomar el Plan de Lucha con un Paro de 72 horas los días martes 28, miércoles 29 y jueves 30 de agosto.

El ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, sostuvo que al igual que en los paros anteriores, se descontarán los días. En ese marco explicó que en los próximos días analizarán una nueva propuesta para presentar a los gremios.

Después de la represión, que para la Gobernadora no fue tan brutal, hubo reunión con los trabajadores del Astillero Río Santiago

El viernes al mediodía funcionarios del gabinete de María Eugenia Vidal volvieron a reunirse con los representantes gremiales del Astillero Río Santiago (ARS), por primera vez tras la multitudinaria movilización realizada el miércoles en repudio a la represión sufrida por las y los trabajadores el día anterior.

Según relató el secretario general adjunto de ATE Ensenada, Pablo Rojas, los funcionarios ratificaron sus declaraciones públicas en las que afirmaron que no se cerrará ni privatizará la fábrica, y que tampoco habrá despidos. Sin embargo, no presentaron aún un plan para reflotar la empresa, semiparalizada por la falta de financiamiento y ausencia de contratos para la construcción de nuevos barcos, por lo que la incertidumbre sigue en pie para los 3.300 trabajadores del astillero.

Acerca del descuento salarial que el gobierno resolvió realizar unilateralmente, quitando un concepto del Convenio Colectivo de Trabajo que los astilleros cobran desde hace más de 25 años, y la amenaza de eliminar las licencias gremiales, los funcionarios Villegas y Lacunza postergaron una definición para esta semana y la reunión terminó ahí.

Los trabajadores del Astillero Río Santiago mantendrán esta semana una carpa en la Plaza San Martín, frente a la Casa de Gobierno bonaerense en La Plata, a la espera de la reunión con funcionarios provinciales que debería producirse el próximo viernes.

La decisión se tomó en un masivo plenario con 2.000 delegados en la localidad de Punta Lara y con decenas de dirigentes sindicales de primera línea con intenciones de confluir en medidas de acción concretas en los próximos días.

Además, se anunció un paro provincial de 48 horas de todos los gremios que componen la CTA Autónoma para el martes y miércoles de esta semana, que confluya con la huelga de 72 horas que ya había convocado el Frente Gremial Docente. Además, se ratificó el paro nacional de ATE para el Día de la Industria Naval, el 12 de septiembre, que será acompañado por cortes de ruta, según acordaron realizar varias de las organizaciones presentes en el plenario.

Mientras tanto, María Eugenia Vidal defendió el accionar de los efectivos policiales el martes pasado y negó que la represión haya sido “brutal”.

Finalizan paro de 72 horas las y los trabajadores de la Secretaría de Agricultura Familiar

En el tercer día del paro activo de 72 horas, las y los trabajadores de ATE de la Secretaría de Agricultura Familiar realizaron el viernes una jornada de protesta en el Ministerio de Agroindustria. De esta forma, los delegados y las delegadas solicitaron una audiencia con la máxima autoridad de este Ministerio para exigir la reincorporación de los despedidos, la retracción por escrito de los anuncios de nuevos despidos y el consecuente desmantelamiento de Agricultura Familiar.

Cabe recordar que la medida surgió ante la amenaza de 600 despidos en las delegaciones de la SAF de todo el país. Sin embargo, las y los trabajadores denuncian desde hace meses que la política implementada por el Gobierno Nacional va en desmedro del sector de los pequeños y medianos productores agropecuarios, campesinos e indígenas, que producen el 65% de los alimentos que consume la población, y favorecen a las grandes empresas agroexportadoras. Entre esas políticas de ataque al sector señalan los despidos en todos los organismos dependientes de Agroindustria, el consecuente desmantelamiento de la SAF y la quita del Monotributo Social Agropecuario.

Vaciamiento y destrucción de Fabricaciones Militares

El jueves pasado, trabajadores y trabajadoras de las fábricas militares de Fray Luis Beltrán, Villa María, Río Tercero, Azul y Jáchal, junto a compañeros y compañeras de la Sede Central, se convocaron frente al predio ferial de La Rural, en la Ciudad de Buenos Aires, desde donde marcharon hacia la Dirección General de Fabricaciones Militares, para realizar un multitudinario acto en rechazo a los 150 despidos conocidos en los últimos días en las tres delegaciones de Córdoba y Rosario, y contra la política de vaciamiento que encabeza la intervención del organismo en sintonía con el ajuste general que el Gobierno Nacional impone en todas las áreas del Estado.

Una delegación de trabajadores y dirigentes de ATE ingresó al edificio para mantener una reunión con el Sub Interventor Ricardo Casal. Al salir, el Secretario General de la Asociación Trabajadores del Estado, Hugo Godoy, explicó que Casal se negó a dar respuestas a los reclamos de las y los trabajadores y anticipó que habrá nuevos despidos en Sede Central.

Al finalizar la jornada se votó la realización de un Paro Nacional con cortes de ruta, para el próximo 12 de septiembre -Día de la Soberanía Nacional- que será ratificado en una reunión de Consejo Directivo Nacional.

Resoluciones Asamblea General de SiPreBA realizada en Télam a 60 días de paro y permanencia

-Realizar el miércoles 5 de septiembre en horario a determinar una marcha nacional de prensa al CCK -con cese de tareas en las empresas- en caso de que el directorio de Télam incumpla el fallo judicial que ordena la reincorporación de los trabajadores y trabajadoras de la Agencia bajo la consigna “Todxs somos Télam”.

-Repudiar el intento patronal de armar un servicio paralelo en Tecnópolis y reafirmar la voluntad del conjunto del gremio de prensa y de trabajadorxs de Télam de impedir cualquier tipo de medida que vaya en contra de lo votado por su Asamblea. Reforzar la visibilización de la lucha de las y los compañeros de Télam invitando a lxs colegas a mencionar en cada cobertura -antes de formular la primera pregunta- que en dicho lugar está faltado un cronista de la Agencia Nacional de Noticias y Publicidad Télam.

-Participar el lunes 27 de agosto de la Jornada Nacional #SalvemosLaRadio, junto con FARCO, ARUNA, AMARC, Radios OnLine, rurales, de pueblos originarios, micro pymes, familiares, cooperativas, socioeducativas, entre otras, a concretarse con una transmisión radial entre las 11 y las 13 frente al ENACOM, Perú al 200, CABA.

-Adherir a la marcha de las Universidades Nacionales convocada para el 30 de agosto en defensa de la Universidad y la educación públicas.

-Trabajar para la concreción de un paro nacional activo, coordinado con los distintos sectores de la sociedad civil.

Participaron de la Asamblea General trabajadorxs de más de veinticinco empresas de comunicación, entre ellas Telefé, América TV y A24, Artear (TN y Canal 13), Infobae, Editorial Perfil, AGEA Clarín, Página 12, Ámbito Financiero, La Nación, Editorial Atlántida, los medios públicos Canal 7 y Radio Nacional, medios autogestivos como Barricada TV, La Caterva y La Retaguardia, entre otros.

¿La CGT despertará de la larga siesta?

Luego de varias idas y vueltas, la CGT formalizó la convocatoria a un plenario de secretarios generales en el que se discutirá la coyuntura actual y el posicionamiento de la central obrera en ese contexto.

Los gordos, independientes y aquellos dirigentes a los que se les suele llamar moyanistas sin Moyano, decidieron trocar el Congreso extraordinario previsto para agosto por un Plenario de secretarios generales. El cambio no fue menor porque se pasó de un órgano con capacidad de decidir desde una renovación de autoridades hasta la elaboración de un plan de lucha por un plenario que no es otra cosa que una mera asamblea de jefes sindicales.

Sin embargo, entre los grupos que no se sienten representados por el triunvirato crece la idea de no participar de la reunión del miércoles. Por caso, el Movimiento de Acción Sindical Argentino (MASA) y los más de 60 gremios que conforman el llamado Grupo Lezica decidirán el martes si participarán o no. La mayoría piensa que no es conveniente seguir convalidando un triunvirato que no responde a las necesidades que exige la coyuntura y que lo ven corriendo desde atrás de los hechos. Por caso, el mismo día que los trabajadores de Astilleros Río Santiago eran ferozmente reprimidos, los principales referentes de la conducción de la CGT se reunían y se fotografiaban, salvo Juan Carlos Schmid, sonriendo con la delegación del Fondo Monetario Internacional.

Frente a los “Gordos”, que apuntalaron la idea de sostener las negociaciones con el oficialismo, quienes se mostraron más duros fueron los gremios del transporte. De hecho, ya adelantaron que propondrán una nueva huelga general para el mes próximo, sin movilización.

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Se cumple una semana de toma pacífica del ministerio de educación chubutense. Una toma que se suma a la batería de medidas que viene llevando adelante la mesa de unidad sindical en Chubut. El reclamo principal se enfoca en la apertura de paritarias, pero incluye una lista de derechos demorados, en los que se encuentran reformas edilicias urgentes en escuelas de toda la provincia, pase a planta de los trabajadores precarizados, la actualización del Transporte Educativo Gratuito (TEG), la normalización de las prestaciones de la obra social (SEROS) y el aumento de asignaciones familiares. Mientras tanto el gobierno provincial también usa la crisi para flexibilizar la resistencia a otros negocios millonarios como la megaminería. 

Un campamento se instaló alrededor del Ministerio de Educación chubutense el pasado miércoles 30 de mayo. Cuerpos y carpas soportan la toma y soportan el frío y la lluvia otoñal que no dan tregua y por las noches rozan los 10 grados bajo cero.

Lejos quedó la última mesa de negociación. Desde el calor del febrero de 2017 a este invierno anticipado que las autoridades no abren las puertas a una paritaria. Desde aquella lejana fecha, solo hubo un aumento que correspondió al 16,6% del salario, cifra que daña a la lógica y daña al bolsillo, más aún cuando las estimaciones oficiales señalan que la inflación acumulada desde aquella época a hoy supera el 35%.

La propuesta del gobierno chubutense para este año es tan fría como el clima: tres mil pesos no remunerativos a pagar en tres cuotas a partir de agosto y apertura de paritarias a partir de octubre, exactamente un año después de lo acordado. De la apertura de paritarias, que debió ocurrir en octubre pasado, a un bono de tres mil pesos en tres cuotas y en negro, sin beneficiar a los y las trabajadoras jubiladas, hay un trecho que ningún trabajador debería cruzar.

A su vez, a la falta de dialogo se suman una serie de reclamos y de derechos postergados que el gobierno no viene acatando. El invierno se anticipó y hay escuelas en las que no funciona la calefacción, obligando a los y las estudiantes a cursar soportando las inclemencias climáticas, a la vez que mantienen suspendido el sistema de boleto estudiantil TEG. Por otro lado, los y las empleadas estatales están cobrando sus salarios en forma escalonada, con atrasos de hasta un mes, tienen suspendida la obra social (SEROS) y el cobro del aguinaldo se encuentra amenazado.

La toma

La toma del ministerio de educación se condensa como la última medida de fuerza y visibilización de un reclamo que suma siete meses de conflicto. Nadia Soto, docente, explica que “las medidas de fuerza comenzaron el 05 de marzo con paro y movilizaciones. Siguió con actividades culturales para convocar a la comunidad educativa y a los vecinos”. Los distintos gremios, agrupados en la mesa de unidad sindical, acumulan más de 75 días de acampe frente a la casa de gobierno y distintos cortes en los principales accesos de la capital.

Los y las docentes permanecen en el ministerio de educación en forma pacífica. Desde el momento de la toma se resguardaron todos los bienes muebles, se sostienen las condiciones de seguridad e higiene y las puertas permanecen abiertas a todos los y las trabajadores del ministerio, para el desarrollo normal de sus jornadas.

En las inmediaciones, se instalaron decenas de carpas que sostienen la toma e invitan a cualquier interesado a acercarse y participar. Se organizan ollas populares para llenar la panza, se encienden fogones para apaciguar el frio y darles calor a los reclamos y se sostienen actividades culturales para niños, niñas, adultos y adultas. Durante el día se acercan docentes, estudiantes, padres, trabajadores y trabajadoras de todos lados, que tejen y fortalecen relaciones, ofrecen resistencia y donan a la lucha, mate, café, víveres o leños. En unidad se sostiene la toma y se espera pacientemente la respuesta del gobierno.

Actualmente, aparte de la toma del ministerio de educación, se encuentran tomadas las delegaciones administrativas de las localidades de Sarmiento, Esquel y Comodoro Rivadavia, el área programática de salud en Esquel y la delegación del área de Golondrinas, se sostuvo una huelga general de 48hs y se sostiene un corte en la ruta 3 en el acceso a Puerto Madryn protagonizada por 600 cuerpos.

El silencio del gobierno

En más de 75 días de acampe frente a la casa de gobierno reclamando la apertura de paritarias y el no descuento de días de paro, la única respuesta que supo dar Graciela Cigudosa, ministra de educación, es que no puede dar una respuesta. Frente a una inflación del 35% y una paritaria de 0%, la respuesta de la ministra es el silencio. Mientras tanto son los y las docentes y los y las trabajadoras estatales quienes tienen que soportar un salario que desde hace un año se viene desgastando y que cada mes se cobra más tarde.

Si nos movemos un escalafón más alto, nos encontramos con el gobernador Mariano Arcioni, quien frente a los medios hegemónicos de comunicación se muestra como una persona abierta al diálogo, pero que no se presentó a ninguna de las mesas que se convocaron con los sindicatos. De todos modos, puertas adentro ya había adelantado que este año no se puede hacer ningún tipo de aumento a empleados estatales, cargando en sus espaldas el peso de la inflación y los tarifazos.

Un teléfono descompuesto que termina con el tono de llamada y con los docentes soportando la intemperie.

Una situación parecida a la que sucedió durante 43 días en la provincia de Neuquén con un conflicto educativo invisibilizado en el resto del país.

Un negocio millonario

Frente a la crisis económica nacional como crisis general, y a la provincial como particular, aparece un superhéroe que promete solucionar todos los problemas. Explica Nadia Soto que “la crisis chubutense se muestra como un contexto favorable para avalar la megaminería en la provincia y mostrarla como la solución exitosa a todos los problemas”. Al freno y rechazo popular impuesto a la megaminería impulsado por el movimiento “No a la mina” y otras manifestaciones, el gobierno utiliza la crisis para impulsar este negocio millonario como la solución a los problemas económicos.

Mientras los y las docentes soportan el frio y la lluvia, el gobierno hace agua. Del frio del silencio oficial al calor de la lucha, traspasando el cerco mediático, se puede seguir y apoyar la lucha desde las redes en Trabajadores en Lucha de Chubut .

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El gobierno se enfrenta no solo al contagioso canto contra el presidente, que ya excedió las fronteras futbolísticas; sino también al paro docente y de estatales, a los que se le suman la defensa de los planes sociales por parte de los movimiento populares.

El secretario general del sindicato de árbitros (Sadra), Guillermo Marconi, aseguró el martes pasado que evalúan “suspender los partidos cuando los hinchas insulten al Presidente”. Hoy los referís están habilitados para frenar los encuentros cuando aparezcan agresiones o actos de discriminación contra las comunidades de Bolivia y Paraguay.

Lo mismo sucede cuando cantan contra la comunidad judía. Al comienzo Cambiemos supuso que estaban únicamente ligados al fútbol. Pero las voces de las multitudes se expandieron. Primero fueron los repudios en los estadios de River y San Lorenzo. Luego la figura del Presidente fue vituperada en dos recitales: el de Dancing Mood en el Centro Cultural Konex y en el de Los Guasones. Por una interrupción momentánea en la Línea D de subterráneos, un grupo de pasajeros embistió contra Macri en la estación Callao. Se volvieron a repetir en los estadios de Independiente, Chacarita, Gimnasia y Huracán. En este último caso por un corte de luz bastante prolongado. También en Lanús, Unión y en un estadio del ascenso, el del Club Mitre, de Santiago del Estero, del Nacional B.

Entonces, el Gobierno tomó la decisión de habilitar la discusión parlamentaria por la legalización del aborto que provoca millares de muertes evitables. Pero el cálculo político no empaña lo esencial: diputados y senadores finalmente afrontarán una discusión largamente demorada a pesar de la exigencia de la calle. Como seguramente será la del próximo 8 de Marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que tuvo su origen en un hecho de 1857, cuando cientos de mujeres de una fábrica textil de Nueva York marcharon contra los bajos salarios. La jornada terminó con 120 muertas por la brutal represión policial.

5 y 6 de marzo: paro nacional de estatales y docentes

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) paró lunes y martes en reclamo de la reapertura de la paritaria nacional –que el Gobierno derogó por decreto– y de negociaciones sin techo salarial.

Además, hicieron una movilización al Congreso nacional y harán un nuevo cese de actividades el jueves 8 en adhesión al Paro Internacional de Mujeres.

Si bien pocos distritos ya comenzaron las clases, son 21 provincias donde el inicio del ciclo lectivo estaba programado para el lunes 5.

El Gobierno que conduce María Eugenia Vidal salió a la ofensiva y adelantó que descontará el presentismo a los docentes que se sumen a la huelga.

En la Ciudad de Buenos Aires, en los últimos 7 años la partida para educación ha caído un 8,9 % según el informe elaborado por docentes de la zona sur de la Asamblea Unificada del Distrito 21°, que abarca las escuelas ubicadas en los barrios de Villa Lugano y Villa Riachuelo.

Esta zona es la que precisamente más se vio afectada con la falta de vacantes (12.000). A esto hay que sumar el anuncio de hace una semana atrás, donde el gobierno porteño anunció el cierre de 13 sedes del Plan FinEs dejando a 80 docentes sin trabajo y alrededor de 500 estudiantes que no podrán terminar sus estudios secundarios.

“En cada lugar donde haya despidos, hay luchas que van a multiplicarse”, aseguró el titular de ATE Nacional, Hugo “Cachorro” Godoy, al anunciar un nuevo paro de 48 horas de los trabajadores estatales de todo el país.

La medida de fuerza será el 5 y 6 de marzo, y coincidirá con la huelga que convocó la Ctera a nivel nacional.

Ante los medios y rodeado de otros dirigentes nacionales, provinciales y sectoriales, Godoy explicó: “Los trabajadores en general, y los trabajadores estatales en particular, estamos atravesando los momentos más tremendos de nuestras vidas, nos está pasando lo peor. Ya son más de 3.000 los despedidos y despedidas del Estado Nacional. El Gobierno Nacional no ha dado una sola muestra de intención de generar un espacio de discusión para resolver estos problemas. Están cerrando fábricas, como en FANAZUL, terminando emprendimientos productivos, como la mina y la usina de Río Turbio, transfiriendo funciones del Estado al ámbito privado, como sucede en SENASA y en INTI”.

En la misma línea, el secretario general de ATE reclamó la reapertura de paritarias, expresó el rechazo al “techo del 15 % de aumento que pretende imponer el Gobierno” y pidió “la reincorporación de todos los trabajadores y trabajadoras despedidos” en el sector público.

De esta manera, los dos gremios mayoritarios de cada una de las CTA, Autónoma y de los Trabajadores, protagonizarán jornadas de lucha que se prevén masivas.

Los trabajadores de Río Turbio, que siguen apostados en la boca de la mina 5 de manera pacífica, denunciaron que el Gobierno nacional ordenó movilizar un escuadrón de 125 gendarmes asentados en Bariloche.

Contra los movimientos sociales: Planes sociales por programas de empleo

El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación anunció el desmantelamiento de los últimos programas de empleo que le quedaban sin desfinanciar. El Programa “Argentina Trabaja” y el Programa “Ellas Hacen”.

El Gobierno de Mauricio Macri desde hace dos años ha avanzado en la descooperativización de los programas eliminando el requisito de organización cooperativa al beneficiario del programa de empleo, anulando y suprimiendo matrículas de Cooperativas de trabajo, e impidiendo a las mismas acceder a la obra pública.

El Gobierno de Mauricio Macri ha vuelto a implementar los planes sociales en la Argentina. Ha creado y masificado un plan social que no tiene contraprestación alguna por parte del beneficiario, que no exige su registración en el monotributo, ni requisito de capacitación alguna a quien lo perciba.

“Los Movimientos Populares en la Argentina no queremos planes sociales. Pretendemos conservar la capacidad creativa de planificar la organización colectiva del trabajo de las compañeras y compañeros que han quedado excluidos del modelo económico que profundiza el Gobierno de los patrones”, señalan en una declaración el Frente Barrial CTA, la CNCT (Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo) y el Frente por el Trabajo y la Dignidad Milagro Sala.

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Con el aval del multimedio que incluye a Radio Mitre y Clarín, el gobierno de Cambiemos habla del conflicto docente con términos como “batalla” o “guerra”. El discurso y la acción de la mano, y lejos del diálogo prometido.

En declaraciones a Radio Mitre, Mauricio Macri aseguró que la postura tomada por María Eugenia Vidal frente al conflicto docente es “una batalla (sic) por todos los argentinos”.

El domingo 9 de abril, a fuerza de empujones con sus escudos plásticos, de patadas y de gas pimienta, personal de policía de la Ciudad rompió el cordón humano con el que las maestras y los maestros custodiaban pacíficamente la estructura metálica que estaban armando para inaugurar el lunes por la mañana una “escuela itinerante” en Plaza Congreso.

Tras la represión, el Ministro de Medio Ambiente porteño emitió un escueto comunicado que al terminar manifestaba: “Se labraron actas de infracción por el uso indebido del espacio público. También se hizo presente personal policial y se les sugirió el desarme”.

“Ya evaluamos y vimos lo mal que nos ha ido en los últimos 10 años, que la mitad de los que empiezan primer grado terminan el colegio; y que, de esa mitad, solo el 30% va a conseguir un buen trabajo”, señaló el Presidente el martes pasado en el Centro Cultural Kirchner.

Y agregó: “Tenemos gremios docentes que en vez de reconocer el mal resultado (de la educación pública) y hacer alguna autocrítica y sentarse en una mesa, radicalizan la defensa de lo que han hecho”. […] Y encima que violan las normas, como (la Ciudad) reacciona, hacen paro”.

Con estas palabras, Mauricio Macri releva al Estado de toda responsabilidad frente a la crisis del sistema educativo, que achaca a las y los docentes, desconociendo que lo que está en discusión es el salario y no la reforma general de la educación, y que además el paro no fue en defensa de lo hecho sino por la represión sufrida.

También avisó, en una línea que ya caracteriza a Cambiemos, que el Gobierno no va a ceder en su postura de no convocar a una paritaria nacional, desconociendo el fallo de la jueza Dora Temis que ordenó al gobierno nacional a que lo hiciera, que no solo apeló sino a quien recusó por considerar que hubo “prejuzgamiento”.

Una educación que sigue su curso

No obstante, alrededor de las 19.30 del martes pasado, comenzó a montarse nuevamente la carpa itinerante, donde desde el día siguiente se desarrollaron clases públicas. La primera fue precisamente sobre las paritarias, con participación de abogados laboralistas. Luego hubo un festival de música.

Aunque estaba previsto que la estructura se retiraría el próximo 19 de abril, recién lo decidirán “en las próximas 48 horas”, dependiendo de los resultados de las mesas de negociación salarial. Hasta ayer había sido visitada por 50.000 personas.

Sin embargo, a pesar del apoyo, la postura dura del gobierno es acompañada por medios como Clarín, que también adoptó el lenguaje de guerra. En el editorial firmado por Eduardo van der Kooy el miércoles pasado, calificó a la instalación de la carpa itinerante de “mini-batalla”, aunque advirtió: “A la gobernadora (María Eugenia Vidal) le queda el último tramo para terminar de ordenar el pleito docente. Pero estaría obligada a transitar por un desfiladero. El problema no sería la medida de fuerza en agonía. El dilema consiste en cómo continuará su relación con Baradel, jefe de Suteba. El sindicalista viene desflecado por el plan de lucha en el cual se embarcó. La propia Vidal logró cercarlo.  Pero lo necesitaría para el futuro de pie. No porque lo quiera. Baradel disputa en mayo la conducción del gremio contra la trotskista Romina del Plá. Si perdiera, ese sería quizás para la gobernadora peor que la presente enfermedad”.

Ayer hubo una nueva reunión en la provincia de Buenos Aires. El gobierno anticipó que llevará un esquema que permita un “acuerdo educativo” que incluirá ítems como la reducción del ausentismo, el control de licencias, fortalecer el sistema de calificación y capacitación a los docentes. Desde los gremios mantienen que antes de comenzar a discutir 2017 o cualquier acuerdo se debe reconocer la pérdida del poder adquisitivo de 2016.

Aunque admitió que es “poco”, Alicia Kirchner ofreció a los docentes santacruceños un aumento de 3%. En respuesta, Adosac resolvió parar por 120 horas y coordinar acciones conjuntas con el resto de los gremios que integran La Mesa de Unidad Sindical, que concentra a los trabajadores de la administración pública, para enfrentar la grave crisis política y social en la provincia.

Los Secretarios Generales de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) aceptaron la propuesta del Gobierno y vuelven las clases.

Con 1943 votos positivos, 1721 en contra y 25 abstenciones, el gremio docente aprobó el ofrecimiento de aumento salarial y puso fin a 24 días de paro.

El acuerdo incluye una suma fija de seis mil pesos, que se efectuará en dos pagos tres mil antes de finalizar fin de mes y tres partes de mil en los meses sucesivos, con los salarios de abril, mayo y junio. Esto también alcanzará a los jubilados y pensionados.

Además, se ofreció una recomposición salarial del 8% para paliar la pérdida del salarial por inflación de 2016, que se abonará en dos partes: una retroactiva a enero y la otra en abril, en dos cuotas de un 4%.

Finalmente, el aumento salarial se realizará en forma trimestral sobre los salarios a la fecha de enero de 2017, a través del IPC neuquino y será incluido en el sueldo básico. Estas actualizaciones serán en julio, octubre y enero.

El acuerdo completo compone un 31% de aumento y destruye el techo salarial contra el que batallan los docentes de todo el país.

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El ataque integral hacia el reclamo docente en particular, y el intento por desprestigiar a las organizaciones sindicales en general, la represión y detención de docentes hace unas horas pueden servir para pensar el tipo de composición del bloque en el poder que expresa Cambiemos.

Anoche, docentes intentaban instalar una “Escuela itinerante”: habían aclarado que si bien se levantaban los paros iban a seguir el plan de lucha. La policía de la Ciudad de Buenos Aires llegó a la Plaza de los dos Congresos con escudos, gas pimienta y reprimió a las y los docentes. Sin medios hegemónicos presentes, llevaron adelante el operativo con rapidez.  Al cierre de esta nota, cuatro estaban detenidos en la “primera Comisaría de la Metropolitana en zona sur”, en Chutro y Zavaleta, Parque Patricios; y se realizaba una numerosa asamblea en la Plaza para analizar y definir cómo continuar. En las líneas que siguen, recorremos los días de conflictos, los imaginarios que pone en juego el gobierno de Cambiemos en alianza con los grandes medios comerciales, y las estrategias que pasan de la acción en redes sociales, el ninguneo de la escuela pública, el desprecio del trabajo docente, a -más directamente- la represión.

El pasado fin de semana, los medios masivos de comunicación se regodearon al afirmar que la gobernadora Vidal le había ganado la pulseada a los gremios docentes. Haciendo una lectura muy capciosa de la consulta que los gremios hicieron en sus bases, el diario La Nación consignó que más del 70% de las y los docentes no quiere seguir haciendo paros. Sin embargo, Sergio Romero, secretario general de la UDA dijo que según los resultados de la encuesta, más del 80% votó por continuar haciendo algún tipo de paro. María Laura Torre, secretaria gremial del Suteba, admitió que los paros entraron en un impasse, pero que de ningún modo cesó el plan de lucha, sino que continúa y que se están evaluando los futuros métodos.

Es por eso que el conflicto aún no terminó. Además, días atrás una jueza laboral falló a favor de las docentes, obligando al gobierno a convocar a la paritaria nacional. También semanas atrás, otro fallo judicial le indicó al gobierno que debía devolver los días descontados por huelga del año pasado, lo que constituye un sólido antecedente para revertir los descuentos por paros que están teniendo lugar este año.

No obstante, también es un dato real que, al menos en la provincia de Buenos Aires, el conflicto muestra actualmente un hondo desgaste de las medidas de lucha. Más allá del tipo de lectura que se haga de los resultados de las encuestas de los gremios, método por otra parte de dudosa fiabilidad, fuentes de confianza que hacen vida en los gremios docentes bonaerenses confirman que el clima en las bases de las escuelas muestra un decaimiento en cuanto a la perspectiva de continuar con los paros. El clima social general respecto de que las y los docentes continúen con las huelgas también parece sombrío.

Analizar lo que ocurrió, pensar lo que sucede

Claro que no es la primera vez que existe un prolongado conflicto docente. En la provincia de Buenos Aires en 2014 los gremios realizaron 17 días de paro, y terminaron logrando una mejor recomposición salarial. Es probable que las marchas docentes de este año hayan sido más numerosas que las de 2014 y, aunque no lo fueran, es innegable que actualmente muchos dirigentes sindicales de extracción kirchnerista tomaron con mayor fuerza el reclamo, comparado con el de aquel año: hoy tienen un enemigo políticamente mucho más nítido a quien enfrentar, más allá de las reivindicaciones gremiales concretas. Es decir que, a priori, los paros de este año contaron con mayor potencia y estructura gremial que aquellos. De ser así, entonces sería más llamativo aún que el clima social se volviera hoy más hostil a los reclamos educativos.

Una hipótesis que podría explicar este escenario sería que, en el sector docente, hay muchos votantes de Cambiemos, mientras que en los paros de marzo de 2014 aún resonaban los ecos de la derrota del Frente para la Victoria en las legislativas del año anterior. Es decir, se trataría de dos escenarios con gobiernos con fortalezas dispares. Si así fuera, hoy podría estar vigente aún la apelación a ‘darle tiempo al gobierno’, mecanismo que en 2014 ya no tenía vigencia. Pero aunque algo de esto esté operando, ¿son éstos los únicos elementos que explican por qué el conflicto docente actual se muestra menos fortalecido que aquel?

Claro que aventurar una respuesta a esta pregunta puede sonar pretencioso. Sobre todo porque nunca un escenario tan complejo se explica a partir de una sola causa; pero aquí va un intento por aventurar otra hipótesis, complementaria con la anterior: el actual conflicto docente estaría más debilitado también por el nivel inusitado de agresividad que dispensó el bloque en el poder hacia el reclamo docente.

Las actuales estrategias de Cambiemos

La actual alianza política que expresa Cambiemos implica el advenimiento a la gestión estatal de un sector duro del empresariado, que logró hacerse con las principales carteras ministeriales en el plano nacional. La llamada CEOcracia llegó en modo desembozado y nítido a reducir lo que ellos llaman los ‘costos laborales’, y a poner en agenda una serie de políticas regresivas para los derechos de las mayorías trabajadoras, como lo es el intento por una nueva flexibilización laboral, cuyo primer globo de ensayo se cerró en el sector petrolero. Cuentan para esto con la anuencia de algunos sectores sindicales y con la pasividad de otros, como los del triunvirato cegetista, quienes recurrieron a un paro general al verse desbordado por las bases sindicales.

Este bloque en el poder viene desplegando una política de desprestigio de los reclamos gremiales que, en el caso docente, se expresa puntualmente en algunas iniciativas:

En primer lugar, la avanzada inédita desde el gobierno por presionar a los jueces que fallan a favor de los reclamos gremiales, como en el caso de Jorge Triaca, quien inició en febrero un pedido de juicio político para los jueces que avalaron la paritaria bancaria. Recientemente Triaca declaró que también van a recusar a la jueza Dora Temis, quien ordenó al gobierno bonaerense devolver lo descontado por los días de paro del año pasado.

En segundo lugar, el pedido de la gobernadora María Eugenia Vidal de suspender la personería gremial del Suteba, solicitud a la que la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales dio curso, forzando al gremio a hacer su descargo dentro de los próximos cuatro días. En ese sentido, Roberto Baradel afirmó ayer en Página/12 que esto “no había pasado nunca en democracia, sólo en dictadura”.

En tercer lugar, y en medio de las medidas de fuerza, la policía bonaerense se presentó en distintos establecimientos escolares de La Matanza y Benito Juárez para tomar los nombres, apellidos y datos de afiliación gremial de quienes se encontraban de paro, rememorando imágenes –nuevamente– propias de la dictadura militar.

En cuarto lugar, desde el gobierno nacional y sus medios de comunicación aliados se lanzó una feroz campaña de personalización y estigmatización de Roberto Baradel, orientada a desprestigiar el reclamo en general. Mientras el titular de Suteba recibía  amenazas de muerte por correo, en medio de la apertura de las sesiones legislativas el presidente la Nación afirmaba: “No creo que Baradel necesite que nadie lo cuide”. Días después, durante un prime time televisivo, un programa oficialista llegó a mostrar en primer plano una gigantografía con las fotos de los hijos del titular de Suteba.

Estos elementos sugieren que, actualmente, el ataque desde el gobierno hacia la comunidad educativa es frontal e integral. Este ataque puede haber debilitado la legitimidad del paro en la sociedad en general. Como se ve, desde el gobierno, sectores policiales y medios de comunicación, se llevó a cabo un ataque agresivo no solamente contra Baradel, sino contra el imaginario de la huelga como método para conquistar derechos, el cual se repitió hasta el extremo en el marco del paro general de la CGT del jueves pasado.

Todo este ataque a la docencia en particular, pero a las formas de organización colectiva de trabajadores y trabajadoras en general, le permite al actual gobierno reforzar de una manera muy cruda lo peor del sentido común anti sindical que anida en nuestra sociedad, sin exceptuar desde ya la contribución a dicho sentido común efectuada por algunos nefastos referentes sindicales como Omar “Caballo” Suárez, dirigente marítimo preso por corrupción.

Más allá de las equivalencias

En la apertura de las sesiones legislativas de 2012, la entonces presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, dedicó fuertes descalificativos hacia la docencia: “Trabajan 4 horas y tienen 3 meses de vacaciones”, y concluyó: “Cómo es posible que sólo tengamos que hablar de salarios y no hablemos de los pibes que no tienen clases”. Dos años más tarde, en marzo de 2014, y en medio de un conflicto docente, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, dijo que no podía ofrecer mayores aumentos porque la provincia no tenía fondos, y denunció “un trasfondo político” en el paro docente.

Durante el pasado mes de marzo, el presidente Mauricio Macri, quien se destaca por una sólida y coherente trayectoria educativa en el sector de gestión privada –del colegio Cardenal Newman a la Universidad Católica Argentina–, también tuvo declaraciones despreciativas hacia la educación pública, como cuando afirmó que algunos pueden elegir ir a la escuela privada mientras que otros “tienen que caer en la escuela pública”. Por su parte, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, además de pedirles a las y los docentes “que digan si son kirchneristas”, afirmó que la provincia está quebrada, denunció que se trataba de un “paro político” y comenzó a descontar los días de paro a quienes adhirieron a la medida de fuerza.

Todo este rejunte de declaraciones puede llevar a la tentación de establecer un cuadro de equivalencias entre las declaraciones pretéritas y las actuales. Sin embargo, esas equivalencias muestran sólo un aspecto de un cuadro más complejo. El antropólogo Pablo Semán sugiere que “no se puede reducir al otro a su peor frase”; esta interesante apelación sirve para ver más allá de las declaraciones agresivas hacia la educación de gobiernos anteriores y actuales.

Con el escenario planteado más arriba, poco sirve pensar si Scioli era más o menos amigable que Vidal. Lo interesante es pensar si la correlación entre las fuerzas que luchan por reclamos gremiales y las fuerzas desde el poder que se le oponen tuvieron y tienen la misma magnitud en su enfrentamiento, y ofrecieron u ofrecen la misma perspectiva al momento de alcanzar derechos.

Las estrategias lanzadas desde el poder político tienen gran capacidad de influenciar en el humor colectivo de la sociedad. Hoy en día gran parte de los conflictos políticos parecen definirse, entre muchas otras variables, también por lo que dicta el humor social. Si bien este clima es difícilmente aprehensible, parece fácil concluir que hoy en día Cambiemos sigue sin ceder en una mejor oferta salarial, porque tiene consenso general para hacerlo.

Para comprender como se configura este humor, es importante contemplar no solamente las declaraciones, sino también las iniciativas concretas que lanzan los gobiernos. Respecto de Cambiemos, algunas de sus medidas más agresivas hacia el imaginario de conquista de derechos gremiales, fueron reseñadas más arriba. Este cocktail de iniciativas, tendientes a desprestigiar los reclamos paritarios, permite comprender mejor los estrechos márgenes en los cuales se mueven las negociaciones salariales en la actual coyuntura.

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Cien mil docentes marcharon en todo el país durante el que hubiera sido el primer día de clases. Mientras tanto, el Presidente inauguró el inicio del ciclo lectivo trunco en la provincia de Jujuy, donde ya se siente local. La palabra de un docente y la mirada de muchas y muchos más.

Es difícil poner en palabras lo que se sintió hoy en las calles de la Argentina, particularmente, y en nuestro caso, en el centro de Buenos Aires, donde se convocó la comunidad educativa no sólo para reclamar por la apertura de paritarias o defender la educación pública, sino para pararle la mano al gobierno de Cambiemos. Más que hablar de una movilización masiva, podríamos decir que fue contundente: con 70 mil personas en la Ciudad de Buenos Aires, la marcha se extendía desde el Palacio Pizurno, en la calle Paraguay, hasta Congreso; esto es más de 10 cuadras repletas de gente, de familias, de trabajadoras y de trabajadores.

Movilización contundente decíamos ¿Por qué? ¿Solo por su número? Creemos que hace mucho no se veía una movilización tan terminante no solo en la cuestión cuantitativa, sino en la cuestión cualitativa. Creemos que en esto no es menor el rol que jugaron los gobiernos nacional y provinciales: desde el rechazo del ministro de Educación, Esteban Bullrich, a realizar la legítima apertura de paritarias, hasta las amenazas de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires de descontar los días de paro. Si a esto le sumamos el constante intento por deslegitimar la lucha docente con los grandes multimedios a la cabeza y el ejército de trolls que operan en la redes sociales, el resultado fue contrario, ya que el 85% de las y los docentes se plegaron al paro en todo el país.

Mientras el Presidente Macri intentaba tapar el sol con la mano, haciendo una puesta en escena de inauguración del ciclo lectivo en la provincia de Jujuy -donde el acatamiento a la huelga fue del 95%, por lo que superó la media nacional-, la que gobierna su aliado radical, Gerardo Morales, y donde elige presentarse cada vez que quiere huir del rechazo que se genera en CABA. Ese mismo rechazo que se vislumbró en las calles, en una movilización unitaria de todos los gremios docentes, tanto de privados como públicos, de organizaciones sociales, sectores estudiantiles y otros sectores de la clase trabajadora. En ese sentido, uno de los momentos más emotivos fue cuando la larga fila pasó por el Hotel recuperado Bauen, que ya es un símbolo, donde sus trabajadores y trabajadoras se asomaron por las ventanas, aplaudieron, saludaron, y cantaron con nosotras y nosotros mientras nos reconocíamos mutuamente.

Detrás del pedido del Presidente de que “vayamos por el camino de sentarnos en una mesa a dialogar”. Detrás de esa frase que repite mientras las decisiones de decretos y de silencios suelen ser unilaterales, recordemos algunos números concretos que enmarcaron este día: el gobierno ofreció un aumento del 18%, cuando el año pasado el sector docente tuvo una paritaria que cerró en 32% mientras que la inflación fue del 40% o más. Este año se prevé un 30% más de aumento, casi el doble del ofrecimiento gubernamental. Por eso es que las y los trabajadores de la educación piden entre un 35 y 40% de aumento. Además, se suma la defensa de la educación pública, en el marco de un gobierno que ya conocemos desde hace años en CABA y que se dedicó sistemáticamente a vaciarla, en beneficio de una educación privada y de elite. La falta de materiales, el mantenimiento edilicio y cuestiones curriculares son, también, reclamos que se suman desde hace años.

Hoy no fue un día más, mañana y pasado tampoco lo serán. En nuestra propia vida escolar hemos tenido momentos que nos marcan. Pruebas de fuego, enseñanzas cotidianas que no tuvieron que ver con contenidos académicos, sino de valores para una vida digna.

Hoy las clases no las dieron las y los voluntarios que agitaron las redes pero no pudieron detener el grito multitudinario. Hoy las clases las dimos las y los docentes en la calles. No sólo en lo que se refiere a la educación, sino en la movida contundente de parar los abusos, decretos y arremetidas de un gobierno neoliberal que busca correr los límites cada día.

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Hoy es el comienzo de una serie de movilizaciones, que se esperan masivas, para enfrentar los sucesivos avances del gobierno nacional contra el pueblo trabajador. Recorremos los diferentes escenarios y dejamos una inquietud abierta: ¿Será el principio de un límite en la avanzada macrista?

El 2017 empezó con dificultades para Cambiemos. Los datos económicos, sociales y la seguidilla de escándalos y negociados que involucran a Macri ponen en descubierto los malabares del Presidente para no perder su credibilidad e imagen.

El Monitor Sociolaboral de Opinión Pública, realizado por el CETyD e Ibarómetro, registró “un importante incremento” en los niveles de incertidumbre laboral entre los trabajadores y las trabajadoras en relación al de fines de 2016. Según los últimos datos del Indec, el año pasado la economía cayó 2,3 por ciento.

Los escándalos de corrupción como los Panamá Papers, el vínculo de Odebrecht con Calcaterra y Arribas, la venta de Avianca y la batahola que produjo al intento de condonar la deuda de Correo Argentino, entre otros, plantean un panorama complejo y de difícil recuperación para el Gobierno en las elecciones de octubre.

La conflictividad también se acentuó: protestas de las y los docentes, de los despedidos de Atanor, de los movimientos sociales, de los científicos y los movimientos de migrantes. En el conurbano bonaerense, tras los sucesivos vetos de María Eugenia Vidal a las expropiaciones sancionadas en la Legislatura, también se multiplicaron las protestas de trabajadores por el cierre de fábricas recuperadas.

Frente a este escenario, Macri profundiza su antagonismo con el kirchnerismo. Tal como planteó en una nota reciente Alejandro Bercovich: “El cuco puede funcionar con el tan mentado ‘círculo rojo’ o con el núcleo duro de votantes del PRO, cuya confianza en Macri quedó herida por el escándalo que generó la condonación de deuda del Correo Argentino al holding de su familia. De ahí los anuncios de decretos contra los conflictos de intereses, antes de que Avianca y los peajes de la Panamericana viren también en escándalo. Pero difícilmente alcance para retener al resto de sus adherentes”. Efectivamente, la política de Cambiemos va encontrando sus límites ante el ascendente malestar y descontento social, que se expresa en las y los trabajadores, producto del deterioro de las condiciones de vida, el aumento en las tarifas de agua, electricidad, la modificación en las jubilaciones son todas medidas que reviven la mirada de que Macri y su equipo de CEOs, gobiernan para los ricos.

Docentes: entre las amenazas y los voluntariados

El conflicto del gobierno con los maestros y maestras de todo el país llegó a un punto de tensión que hasta el Presidente se refirió a Roberto Baradel, el Secretario General de SUTEBA. En la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación, con un imponente despliegue de seguridad y vallas para evitar movilizaciones, Macri reiteró su discurso de la pesada herencia y polarizó con el kirchnerismo pero agregó que “Baradel no necesita que lo cuiden”, en lo que fue considerado una amenaza velada al referente gremial que ya ha recibido amenazas contra su familia en reiteradas ocasiones.

Tras la propuesta del 18% de techo salarial (sólo un 10% de abril a octubre) y de la negativa a la paritaria nacional, la CTERA anunció para hoy y mañana paro docente y su adhesión al Paro Internacional de Mujeres el 8. De esta forma, las y los docentes instalaron en la agenda pública el debate de las paritarias.

Vidal también profundizó el conflicto. Si bien anunció que “merecen ganar mejor”, ratificó que descontarán los días de paro a las maestras y los maestros que adhieran a la medida de fuerza, y fue una de las impulsoras de la implementación de “voluntarios” La campaña #VoluntarioDocenteNoAlParo, puesta en marcha por el “call center PRO”, buscó “reemplazos” para las y los docentes que paren, apelando al desprestigio, la descalificación y desmoralización en plena negociación salarial, profundizó la adhesión de docentes, la comunidad educativa y todo un sector de la población que como en las épocas más duras de neoliberalismo, supo ponerse las causas de la educación pública al hombro.

Marzo en las calles

Los movimientos populares van poniendo sus esfuerzos en intentar favorecer la mayor unidad de acción posible en las calles, sin ocultar matices y diferencias con las diversas convocatorias y acciones.

El eje está puesto en los reclamos comunes, que los aglutinan y permiten acciones multitudinarias para intentar marcar un límite a la ofensiva del capital, que se expresa con toda crudeza y, al mismo tiempo, ir generando una referencia alternativa para miles de trabajadores y trabajadoras que viven con temor a perder el trabajo, a no encontrarlo los que están sin empleo o simplemente, a que se empeore su precarización.

La agenda para marzo condensa un conjunto de acciones que se preveen de gran masividad y con el protagonismo de distintos sectores que vienen siendo afectados por la ofensiva del Gobierno. Hoy y mañana habrá paro de docentes y estatales con una alta adhesión en todo el país.

Mañana la movilización convocada por la CGT, que contará además con la participación de la CTA de los trabajadores y la CTA Autónoma, distintos sectores políticos, sociales y gremiales, tendrá su punto central en el Ministerio de Producción. Esto se debe a que la rama más afectada es la que se relaciona con la apertura de las importaciones: calzado, textil, indumentaria y los trabajadores de estos sectores han sido los más castigados.

Quizás la medida más anunciada y multitudinaria de todas sea la que convoca el movimiento de mujeres para el 8 de marzo: el paro internacional de mujeres, las calles tomadas por un movimiento que viene creciendo, contra la inacción del Estado por combatir la violencia machista, pero que también viene fortaleciéndose a nivel mundial y en potencialidad, creatividad, con gran capacidad de interpelar e involucrar a grandes y diversos sectores sociales y una significativa adhesión de los países de América Latina.

Por otro lado, el lunes 13 será el turno de diversos movimientos sociales que vienen reclamando la implementación de la Ley de Emergencia Social, compromiso que el Gobierno iba a poner en marcha a mediados de enero y que, hasta ahora, brilla por su mero enunciado y su ausencia.

Este mes también, ante un nuevo aniversario del último golpe de estado en la Argentina, se realizará el 24 de Marzo la histórica Marcha por Memoria, Verdad y Justicia. Se espera que la convocatoria sea mayor que años anteriores, ya que viene atravesado por las declaraciones de diversos funcionarios del macrismo que, cuestionando la memoria histórica, desempolvaron de la derecha más rancia de la Argentina: la teoría de los dos demonios. En ese sentido, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, saldrá fuertemente posicionado: Fueron 30.000 y fue un genocidio.

Para fines de marzo hubo algunos pronunciamientos desde la cúpula cegetista que reiteraron que “si no hay modificaciones del rumbo económico” se podría “convocar a un paro de 24 horas” ¿Se concretará el paro tantas veces anunciado o será solo una nueva disputa discursiva, entre funcionarios del gobierno y dirigentes de la Central?

El escenario económico y social amerita un primer paro nacional. El intento del gobierno de sosegar las protestas sociales en las calles viene fracasando a la par que crece el descontento social. De cara a este mes tan con tantos reclamos y tan conflictivo para el Gobierno nacional, habrá que ver si las movilizaciones y los reclamos masivos permiten ir generando mejores condiciones para enfrentar la avanzada macrista.

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A una semana de comenzar las clases estalló el conflicto docente. Hay varios actores implicados: el gobierno nacional y los provinciales, las y los trabajadores de la educación, los sindicatos docentes, los medios de comunicación hegemónicos y la sociedad en su conjunto.

El gobierno empezó con un traspié –en lo que hace al arreglo de paritarias–, ya que fue aceptado por la Justicia el acuerdo del 24,3% entre los trabajadores bancarios y las cámaras empresariales bancarias (con cláusula de gatillo -que asegura un aumento en caso de que la inflación crezca más que lo previsto) y retroactivo a enero (entre otros puntos). Esto le valió un juicio político a los jueces que avalaron este acuerdo, siendo querellante el mismísimo Ministro de Trabajo, Jorge Triaca. Un gran acto de avasallamiento sobre los derechos de las y los trabajadores (paritarias libres) y sobre el supuesto papel independiente de la Justicia.

Ahora el gobierno enfrenta una segunda batalla decisiva de cara al escenario electoral de 2017. Y esta batalla la enfrenta nada más ni nada menos que frente al sector docente.

La importancia para el gobierno de las paritarias docentes es de partida doble: Por un lado son “paritarias testigo”, es decir, lo que se arreglen en ellas sirven para las negociaciones de otros gremios. Por otro lado, son momentos clave ya que este año hay elecciones de medio término (diputados y legisladores) y cada acción que toma el gobierno puede dejarlo mal parado, o bien acumular imagen positiva y así lograr mejores condiciones en el escenario parlamentario.

En el segundo duelo, el gobierno tomó la decisión de no negociar paritarias a docentes a nivel nacional sino que esto se haga en cada provincia, lo cual recuerda a las épocas del más oscuro neoliberalismo y de la Ley Federal de Educación, donde las provincias más pobres (con menor PBI) acordaban paritarias menores a las provincias “más ricas”. Esto es un golpe durísimo sobre una conquista y un derecho de las y los trabajadores. Aspecto esencial para no perder poder adquisitivo en una economía dependiente como la de Argentina, donde la inflación suele ser una constante. Amén de ese gravísimo ataque hacia la Educación, el gobierno muy cínicamente puso un techo salarial de 18% (cuando la inflación del año pasado se comió los acuerdos generados en las paritiarias de principio de año generando una caída en el poder adquisitivo de los docentes y cuando se prevé que la inflación para este año será mucho mayor al 18% -tomando en cuenta la aceleración con la que se están encareciendo los precios-).

Frente a este escenario se realizaron movilizaciones, jornadas de discusión, asambleas en las escuelas, y recientemente el Congreso de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), con representantes de todo el país, donde se acordó entre otras cuestiones:

“Paro de 48 hs. el lunes 6 y 7 de marzo. El 6 de marzo con movilización nacional docente y el 7 de marzo acompañando la marcha de la CGT y CTA por “Educación y trabajo; Adherir activamente al Paro Internacional de las Mujeres del 8 de marzo, con la modalidad que determine cada provincia y participara de todos los actos en las provincias; En la segunda semana de marzo acciones en las provincias con la Comunidad Educativa: clases públicas, abrazos a las escuelas, jornadas de difusión, radios abiertas, etc: En caso de continuar sin respuesta por parte del Gobierno Nacional mandatar a la Junta Ejecutiva de CTERA a determinar fecha en la tercer semana a un Paro Nacional Docente de 48 hs. con Marcha Federal Educativa a Plaza de Mayo(…)”.

Voluntariados pagos

Hace pocos días el director General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Finocchiaro declaró que los gremios docentes “están en acción de guerra”. Estas y otras expresiones similares por parte de distintos funcionarios del gobierno (en todas sus jurisdicciones y niveles) con ayuda de los “trolls” que instalan en las redes sociales el discurso de que los docentes no tienen el derecho de parar (luego recogidas e irradiadas exponencialmente por los medios de comunicación hegemónicos), van permeando en el sentido común de la sociedad en su conjunto, hasta el punto tal de ver en las noticias gente que se ofrece de “voluntario” para dar clases en caso de que se realice un paro docente. Quien inició esta campaña sucia de desprestigio a la lucha legítima docente fue Bronenberg Mariano, miembro del sanguinario Batallón de Inteligencia 601 del Ejército Nacional durante la última dictadura cívico-militar.

Además de su propuesta intransigente, el gobierno logro obtener un fallo de la Justicia que aprueba el descuento a docentes por participación al paro. Cuestión grave por vulnerar el Estatuto Docente y el derecho a huelga explicitado en la Constitución.

Si las y los docentes están en acción de guerra, queda preguntarse quién es el responsable de la sistemática subejecución del presupuesto, de la precarización de las y los laburantes, de deterioro en la infraestructura de las escuelas y del achicamiento en el presupuesto para los comedores escolares.

Estos avances del gobierno no son contradictorios, ni espontáneos, tampoco son a modo de prueba y error; sino que responden al modelo neoliberal del gobierno de Cambiemos. El ataque no es sólo sobre la educación, sino también sobre la salud, la vivienda, el transporte, etc. Una prueba de este “ataque en todos los frentes” lo podemos ver en este video difundido hace poco tiempo, donde el ministro de Educación Nacional, Esteban Bulrich, se presenta como un gerente de recursos humanos, donde revela sus tácticas para fragmentar y desorientar al sector docente entre otras cuestiones.

La lucha en unidad en la calle y en el aula, la solidaridad entre todos los y las trabajadores y la organización son las herramientas con las que cuentan las y los trabajadores de la educación para mostrarle al gobierno y a la sociedad en su conjunto que “docente luchando, también está enseñando”,

*Docentes y militantes del FPDS

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