Por Camila Parodi

Durante las últimas semanas se conoció la noticia en la que más de 700 personas habían sido hospitalizadas por intoxicación en la ciudad de Presidencia Roca de la provincia de Chaco. El empresario Eurnekian, de la Estancia “Don Pacos”, había fumigado ilegalmente el territorio ignorando la medida cautelar del 2012 que limita la fumigación en la región y sin haber contemplado siquiera los factores climáticos.

Por su repercusión y las denuncias realizadas por la población, se realizó una medida cautelar dictada por el juez de garantías de General San Martín, Luis Allende. Hoy se realizará una audiencia pública entre las partes. Para profundizar en los hechos, hablamos con el ingeniero zootecnista Mauricio Tinari integrante de “El Futuro está en el Monte” una fundación que trabaja acompañando a las comunidades qom y wichi de la zona del Impenetrable en Chaco.

Hace unos días resonó en algunos medios la noticia de que más de 700 personas de Chaco habían sido internadas debido a la intoxicación por fumigaciones aéreas ilegales en la zona de Presidencia Roca… ¿Cómo lo vivieron?

El pasado Lunes 25 de octubre, la estancia “Don Panos” del empresario Eurnekian decidió fumigar una parte de sus cultivos con Acetoclor (un herbicida) y con 2 derivados de la Cipermetrina (insecticidas). Al tratarse de una estancia de 4.000 Ha. deciden pulverizar desde un avión, pero sin las condiciones climáticas para hacerlo, ya que ese día había viento sur y eso ocasionó mucha deriva del producto. El líquido llegó al pueblo de Presidencia Roca y alrededores produciendo infinidad de problemas.

Se quemaron cultivos enteros de tabaco y verduras de pequeños productores y productoras de la zona, se quemaron árboles enteros del pueblo, se perdieron las frutas de los cítricos y, además, se enfermaron al menos 700 personas que fueron al hospital con signos claros de intoxicación por agrotóxicos (dolor de cabeza, vómitos, diarrea, sarpullidos y hasta algunos dificultades respiratorias). Se calcula que solo un 10% de las personas afectadas concurrieron al hospital, el resto se curó con remedios caseros con plantas medicinales pero manifestaron el malestar. Cabe aclarar, que estas plantas también se encontraban fumigadas,  ya que la población ignoraba ya que no se hizo pública la denuncia sino hasta varios días después de lo ocurrido. Además, la gran mayoría de las personas no tiene acceso al agua de red por lo que toman agua proveniente de los aljibes que también se encontraba contaminada con el químico.

¿Es la primera vez que se denuncia una fumigación de este tipo?

No es la primera vez, desde hace más de 25 años en la Estancia “Don Panos” se realizan fumigaciones y desmontes ilegales. Cuando compró la estancia, tuvo la primera demanda al realizar un desmonte ilegal de 4.000 hectáreas en una zona donde no estaba autorizada. Al año siguiente, en 1996, se hacen las primeras fumigaciones y ya hay personas que fueron intoxicadas desde ese momento. Esta situación se va a repetir aproximadamente unas 10 o 15 veces hasta el momento de la fecha. Esta última fumigación tuvo un impacto mediático un poco más fuerte por tratarse de que hubo más de 700 personas hospitalizadas y con condiciones mucho más fuertes que las veces anteriores donde el efecto había sido mucho menos.

¿Hubo también daños materiales?

Sí, eso es a nivel pueblo, pero también la gente que está en el campo se vio afectada. Principalmente los productores de tabaco y algunos productores hortícolas grandes, con quienes la empresa fue y arregló directamente pagándoles $50.000 a los productores de tabaco por hectárea y $20.000 a los productos hortícolas. Un número que es bajísimo y que no llega a cubrir ni siquiera los gastos de la implantación de los cultivos. Pero bueno, mucha gente decidió arreglar así por el miedo a que la justicia después les haga algo. 

¿Qué respuesta organizada están desarrollando desde el territorio?

Por ahora, las medidas que se han tomado fue incentivar a las y los habitantes para que hagan la denuncia individual principalmente por la situación de los niños y niñas que las afectó de sobremanera. En ese sentido, se comunicó a todas las personas intoxicadas que vayan al juzgado y denuncien si perdieron cultivos o las enfermedades que tuvieron en los últimos días como para poder tener un registro de eso y después se va a hacer una denuncia colectiva. Sin embargo, sabemos que hay muchas personas que tienen miedo de denunciar por tratarse de un pueblo pequeño y quedar expuestas.

¿Cuáles son los pasos legales que se están llevando a cabo?

Por el momento lo que se logró es una cautelar para que dejen de fumigar. La denuncia formal la está llevando a cabo la organización Carrillo, la abogada Alejandra Gómez y el abogado Sánchez. Este miércoles 17 se realizará una audiencia pública entre las partes y para el 25 de noviembre se está programando una asamblea barrial en la plaza central de Roca para ver qué recaudos tomar para que esto no vuelva a suceder. Y bueno, así es como estamos avanzando por ahora en el pueblo de Presidencia Roca con la ayuda de la organización de mujeres, quienes fueron las que fueron articulando todo este proceso.

Si este hecho hubiera ocurrido en otra ciudad del país o con otra población posiblemente hubiera sido la principal noticia de los medios de comunicación ¿Qué lectura hacen al respecto?

En la provincia del Chaco vivimos muy dispersos, tanto físicamente como organizativamente. Esta realidad nos trae todo tipo de problemas a la hora de hacer denuncias de manera colectiva. Al tratarse de pueblos tan aislados y alejados de los centros donde se toman decisiones parecería que nuestra vida vale menos. Si este conflicto hubiese ocurrido en CABA la respuesta hubiera sido otra, se hubiese prohibido el uso de agrotóxicos a nivel nacional.

Si bien existe una cautelar para frenar esta situación en particular esta historia no nos habla de un hecho aislado sino hace parte de un complejo escenario de avance del agronegocio sobre el territorio y sus comunidades ¿Cuál es la situación del territorio chaqueño?

Ya se hicieron varias denuncias con respecto a los desmontes en la provincia, y al día de hoy hay una cautelar para que no se otorguen más permisos de CUS en la provincia hasta que se actualice el OTBN. Pero lo cierto es que estamos en “la franja de gaza de la agricultura”: El agronegocio busca avanzar sobre los suelos más marginales utilizando tecnologías e insumos de lo más avanzados y la expansión de la frontera agrícola está acabando con nuestros bosques nativos. 

El bosque Chaqueño es el segundo bosque más grande después de la amazonas y el  bosque xerofítico (seco) más grande del mundo. Estamos en la latitud de los grandes desiertos a nivel mundial, pero tenemos un monte (bosque) que protege el suelo y regula la humedad. Está en toda la ciudadanía la decisión de cuidarlo y respetar a las comunidades que viven en él, o de continuar dándole lugar al negocio de unos pocos empresarios a cambio de una dádiva para que el gobierno nacional pueda pagar su deuda obscena y criminal.

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Parece ponerse en evidencia que las políticas públicas, lejos de considerar a la vida como prioritaria, privilegian el agronegocio y a las ganancias de las corporaciones por encima de la vida de las personas. La designación del presidente de la Sociedad Rural al frente del Ministerio de Agricultura no deja dudas. Crecen las iniciativas organizadas para ponerle freno a la destrucción de la vida.

El 3 de diciembre fue el Día internacional de lucha por el No uso de agrotóxicos. En nuestro país la situación parece crítica, ya que somos el primer consumidor mundial de agrotóxicos, y se registran envenenamientos del suelo, lecho de los ríos, frutos de la tierra y de personas, cercanas a los lugares de fumigación pero también de aquellas que viven en las ciudades y no tienen ningún contacto.

A la deriva

Deriva es la denominación técnica del fenómeno que sucede, tras una aplicación técnica o terrestre, con el movimiento de plaguicidas en el aire. Esto es lo que sucede cotidianamente en los pueblos fumigados de nuestro país. Así coinciden en describirlo los docentes de la Red Federal de Docentes por la Vida. Frente al riesgo al que queda expuesta la vida presentaron un recurso ante la Defensoría de la Nación en defensa de la vida.

Las y los docentes expresan entre los considerandos del recurso presentado: “Cada vez resulta más evidente que, tal como se afirma en las conclusiones del 3·º Congreso de Médicos de Pueblos fumigados en septiembre de 2015 Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA): ‘El sistema de producción agrícola vigente en el país contamina el ambiente y los alimentos de los argentinos, enferma y mata a las poblaciones humanas de las zonas agrícolas’ y las docentes de esta red podemos dar fe de ello, ya que somos testigos diariamente de la aplicación de un sistema productivo, basado en transgénicos y venenos, que evidentemente no tiene en cuenta el ‘costo humano’, al punto de exponer a alumnos , docentes y comunidad en general, a un grave riesgo de salud, por el solo hecho de concurrir a una escuela rural como docente o alumno , o vivir y/o trabajar en comunidades rurales”.

La Defensoría, en una resolución de septiembre de 2014 (Nº 00029/14), reconoce el “impacto sobre la salud de las prácticas agrícolas actuales, que afecta a las comunidades educativas rurales, y en particular a los niños que asisten a escuelas rodeadas o cercanas a campos cultivados en los que se aplican agroquímicos”. Sin embargo pasados tres años, la realidad no se ha modificado, y ha empeorado en muchos casos. Tal como enfatiza la Red: “Siguen sin respetarse las distancias, se realizan las aplicaciones sin previo aviso y en pleno horario escolar, las escuelas y su población escolar siguen expuestas a las derivas de los venenos aplicados en el modelo productivo vigente”.

Las y los docentes continúan enumerando algunos de los innumerables casos, y entre los más resonantes, que han tomado estado público mencionan: “Las muertes de Nicolás Arévalo, José “Kily” Rivero y el daño a Celeste Estévez, niños de la ciudad de Lavalle, Corrientes o Rocío Pared de la ciudad de Mburucuya, también de la provincia de Corrientes, que murió al ingerir una mandarina con veneno-carbofuran. Melisa Núñez, de 19 años, vecina de Quequén, murió por un derrame de agrotóxicos en un depósito ilegal de la empresa de fumigaciones Shipinsuarence SA: el negocio de los agrotóxicos también le arrebató la vida”. Si se elabora la lista de afectados, podría ser infinita. Un suceso continuamente desoído por las autoridades.

Al mismo tiempo señalan en otros focos de intoxicación a los silos de acopio de cereales, que se encuentran en los pueblos rurales. Una situación que expone a la población a la deriva de las pulverizaciones que también allí se realizan sobre el cereal. A ello se suman otras situaciones como la que se está produciendo en Mendoza para combatir la polilla de la vid, que prioriza una vez más, la renta económica por sobre la salud de la población y el ambiente, sin buscar otras alternativas posibles, saludables y afectando así a las escuelas y al resto de la población rural aledañas a las zonas fumigadas.

Por la vida

Los Docentes por la Vida solicitan a la Defensoría del Pueblo de la Nación:

• Recomiende al MINISTERIO DE EDUCACIÓN, EN SUS NIVELES NACIONAL Y PROVINCIALES, incluya el tema en la agenda del CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN, como así también que en cada Región y Distrito Educativo las Inspectoras Regionales, Distritales, Areales y de los distintos Niveles Educativos. Un pedido que hace hincapié en la necesidad de crear conciencia en el ámbito educativo a la vez que pide que sea difundido un Protocolo de denuncia como una herramienta para los Consejos Escolares y Gobiernos Municipales.

“Porque somos educadores y creemos profundamente en la educación como motor de cambio, solicitamos asegurar en los Diseños Curriculares como los libros de textos que manejan los alumnos de los diferentes niveles de Educación, se incluyan todos los temas que aporten a crear conciencia sobre las problemáticas ambientales de nuestro país y del mundo actual, y su impacto sobre la salud humana, dándole un prioritario lugar a estos contenidos en la formación de nuestros niños y adolescentes, para educar ciudadanos conscientes que a futuro no repliquen estos modelos de producción contaminantes”.

• Recomendar a las autoridades políticas de todos los niveles (municipal, provincial y nacional) arbitren los medios necesarios para que los alumnos , docentes y no docentes de las escuelas rurales dejen de ser sometidos a la violencia constante que implican las fumigaciones con agrotóxicos, ampliando esto a toda la población que se viera afectadas por las derivas, atentos a su deber de asegurar el cumplimiento de la Constitución Nacional, La Declaración Universal de los Derechos del niño y el adolescente y La Ley Nacional de Educación Nº 26.206 que , como ciudadanos, sabemos nos amparan frente a este flagelo.

Además peticionan recomendar al MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA DE LA NACIÓN, “fomentar la reconversión productiva hacia modos alternativos que eviten el uso de agroquímicos” Para finalizar apelan a nuestra ley suprema la Constitución Nacional y piden que se cumpla con el artículo 41 que dice:

Artículo 41: Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales. Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos.

Múltiples iniciativas

El lanzamiento oficial de la Red Federal de Docentes por la Vida, se realizó en el marco del 8º Encuentro de Pueblos Fumigados de la provincia de Buenos Aires el pasado 19 de agosto. Allí se nuclean los docentes de distintas escuelas de los pueblos afectados por las fumigaciones con agrotóxicos.

Frente al avance del envenenamiento con auspicio público, se multiplican las iniciativas, silenciadas en los medios masivos, pero que se replican para rechazar y repudiar las políticas oficiales que privilegian los negocios. Hoy, 7 de diciembre, la Multisectorial Paren de Fumigarnos está participando activamente en la movilización hacia la ciudad de Rosario en defensa de la Ordenanza que prohíbe al glifosato en todo el distrito y que un grupo de Corporaciones del Agronegocio quieren modificar en su beneficio. “Decimos que ¡Ya basta de cáncer, infertilidad, malformaciones, abortos, intoxicaciones y una multiplicidad de afecciones a la salud acreditados por otros tantos científicos honestos! Nuestros hijos no son ratas de laboratorio. Decimos basta de glifosato”.

También en la próxima Cumbre de los Pueblos, que se organiza contra la presencia de la OMC, (Organización Mundial del Comercio) se pone en agenda la economía de los pueblos donde se organizan deliberaciones entre organizaciones nacionales y globales para enfrentar a los poderes destructivos del capitalismo y lograr la soberanía alimentaria preservando la vida.

A lo largo y ancho del país las personas se organizan para hacer crecer las acciones mancomunadas y creativas destinadas a preservar la vida, sin la cual no hay negocio posible.

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