Por Gabriela Franchini | Foto: Bastian Baltazar

A partir de la pandemia, algunas personas con conciencia socio- ambiental, comenzaron a preguntarse cómo se ve afectada en su salud; el modo en que se vive y sobre todo en relación a la naturaleza. En las últimas semanas, a partir de manifestaciones exigiendo #LeyDeHumedalesYA, la exigencia pudo llegar a trascender los ámbitos especializados.

Fue así que, dos novedades recientes hablan de la necesidad imperiosa de contar con un marco normativo o regulatorio que proteja a los humedales de nuestro país. Por un lado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) emitió una medida cautelar, en la que ordena construir un Comité de Emergencia por los incendios de los humedales; y por el otro, se volvió a discutir un Proyecto de Ley de Humedales en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación.

En el primer caso, es un fallo amparado en la CN, en la Ley General de Ambiente y la Ley de Bosques, entre otras, destinado a buscar la conservación del Delta del Paraná ante el modelo de producción ecocida y la emergencia pública de la lucha de los movimientos ambientales. En el segundo, un intento más que esperemos llegue al objetivo ya que no es la primera vez que se discute; ya se hizo en 2013, 2015 y 2018. En las dos primeras obtuvo media sanción pero luego perdió estado parlamentario. Ahora se propone la incorporación de una vision de género, para poner en valor los conocimientos y el protagonismo de las mujeres en la defensa del ambiente.

El Estado debe imponer su poder de regulación por encima de los intereses sectoriales, ya sean extractivistas o inmobiliarios.

Escuchá la columna sobre ecofeminismo, original en “Mares hambrientos”:

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Después de la muerte de dos sin tierra en la tarde del jueves (7), en el municipio de Quedas do Iguaçu, en la región central del estado de Paraná, el Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (MST pide la investigación y la condena de los responsables por el crimen. De acuerdo con el movimiento, pistoleros y seguridad privada contratada por la maderera Araupel participaron de la acción, junto con la Policía Militar (PM), dependiente del gobierno estadual. La empresa alega ser propietaria del área ocupada por los sin tierra; sin embargo, la Justicia Federal reconoce a las tierras como federales.

Las víctimas, Valmir Brodim e Loenir Orback – que tenían entre 20 y 30 años-, eran militantes del MST e trabajaban en la organización del campamento. Valmir era casado y padre de tres hijos, y Leonir dejó a su esposa embaraza de nueve meses.

En la nota pública lanzada por la dirección estadual del MST describen la situación de la siguiente manera: La emboscada ocurrió cuando aproximadamente 25 trabajadores Sin Tierras circulaban de camioneta, a 6 kilómetros del campamento, dentro del perímetro del área decretada pública por la justicia, cuando fueron sorprendidos por la política y la seguridad privada atrincherada. Al ver que se dirigían hacia el vehículo, los trabajadores Sin tierra corrieron en dirección al campamento, para protegerse y huir de los disparos que no cesaban”.

De acuerdo con el abogado de la comarca de Quedas do Iguaçu, Claudemir Torrente, que acompañó de cerca la situación, “todas las víctimas fueron baleadas por la espalda, lo que deja claro que estaban huyendo y no en confronto con la policía”.

Además de las muertes, la emboscada –que había sido organizada por la policía Militar, según el MST*, dejó por lo menos siete sin tierra heridos. Ningún política presentó heridas.

Por aproximadamente dos horas después de los hechos, el área del acontecimiento fue aislado por la policía Militar, impidiendo la aproximación de familiares de las víctimas, abogados y medios de comunicación. Hay denuncias de abogados presentes en el local de que la policía removió los cuerpos y objetos de la escena del crimen, sin la presencia de Instituto Médico Legal (IML), encargado de las pericias.

Los heridos fueron socorridos dos horas después y llevados por el Servicio de Atendimiento Móvil de Urgencia a dos hospitales de la región, acompañados de un coche del equipo de Rondas Ostensivas Tácticas Metropolitana.

De acuerdo con Elcir Zen, abogado que asesoran al MST en la región de Cascavel, la policía también impidió el acceso de la familia y abogados de las victimas al hospital. “La orden de los coroneles era de que ningún de los abogados podría conversar con los heridos. Además de mí – abogado de la familia de Henrique Gustavo Souza Prati- , había otras decenas de abogados voluntarios del Cetro de Derechos Humanos de Cascavel. Después de haber sido vencidos por el cansancio, la policía llevó escribanos para escuchar a las victimas durante la madrugada, sin nuestra presencia”, afirmó Zen.

En un video grabado por el abogado, dentro del Hospital Universitario de Cascavel, Henrique tranquiliza a la familia: “Llevé un tiro en la pierna, y mañana a la mañana [viernes] salgo de la cirugía. Pretendo volver a casa los más rápido posible”.

Tensión

Las muertes reflejan un clima de tensión proliferado en la región por lideres políticos, de seguridad pública y por los medios de comunicación local, desde la instalación de dos campamentos del MST en tierras federales de dominio público, pero que la empresa maderera Araupel alega ser propietaria. Otras denuncias sobre las amenazas de muerte sufridas por líderes del movimiento ya habían sido notificadas al Ministerio Público y a la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Paraná (Alep), el año pasado.

En virtud del conflicto, el dia 1° de abril, el jefe de la Casa Civil del gobierno de Paraná, Valdir Rossoni se reunió con el secretario de Seguridad Publica, Wagner Mesquita, en Quedas do Iguaçu. En el encuentro, también estaban el subcomandante del al Policía Militar de Paraná, el coronel Arildo Luix Dias, el delegado general de la policía Civil, Julio Reis, y el delegado del policía del interior, Valmir Soccio, entre otros representantes de la cúpula de la policía de Paraná.

Según el material divulgado por la Agencia Estadual de Noticias, se anunció un “refuerzo en las acción policiales y la ampliación de la fiscalización de los órganos estaduales em Quedas do Iguaçu y la región”.

Lea la nota completa, lanzada por el MST:

NOTA DEL MOVIMIENTO DE LOS TRABAJADORES RURALES SIN TIERRA

Policía Militar y pistoleros atacan familias Sin Tierra, y asesinaron dos trabajadores del MST en Paraná

En la tarde del jueves (7/04), familiar del Movimientos de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), organizadas en el Campamento Dom Tomas Baluino, en el municipio de Quedas do Iguaçu, región del centro del estado de Paraná, fueron víctimas de una emboscada realizada por la Policía Militar del Estado y por seguridad privada da empresa maderera Araupel.

O campamento, cuya ocupación tuvo lugar en mayo del 2015, posee aproximadamente 1,5 mil familias. Está localizado en el inmueble Rio das Cobras que fue apropiado fraudulentamente por la empresa maderera. La Justicia declaró, en función del fraude, que las tierras son publicas y pertenecen a la Unión, y deben ser destinadas para la reforma agraria.

La emboscada ocurrió cuando aproximadamente 25 trabajadores Sin Tierras circulaban de camioneta, a 6 kilómetros del campamento, dentro del perímetro del área decretada pública por la justicia, cuando fueron sorprendidos por la política y la seguridad privada atrincherada.

Al ver que se dirigían hacia el vehículo, los trabajadores Sin tierra corrieron en dirección al campamento, para protegerse y huir de los disparos que no cesaban.

En el ataque dos Sin Tierra fueron asesinados, siete resultaron heridos – aunque el número exacto aun no fue confirmado-, y dos fueron detenidos para declarar y ya fueron liberados. El local donde ocurrió la emboscada fue aislado por la policía, impidiendo a los familiares de las víctimas, abogados y periodistas, amenazando a las personas que se aproximaban. Tal actitud permite a la policía destruir prueba que pueden esclarecer el grave hecho.

La Policía Militar creo un clima de terror en la ciudad de Quadas do Iguaçu, tomando las calles, cercando la comisaria y los hospitales de Quedas do Iguaçu y Cascavel para donde fueron llevados los heridos, impidiendo cualquier contacto de las victimas con familiares, abogados y el periodismo.

El ataque de la Policía Militar a los Sin Tierra, ingresando en área federal, aconteció días después de la visita del Secretario de la Casa Civil, Valdir Rossoni, y el representante de las cúpulas de la policía de Paraná, el día 01 de abril a Quedas do Iguaçu, donde se determinó el envió de un contingente de más de 60 policiales para el municipio.

El MST está en la región hace casi 20 años, y siempre actuó de forma organizada y pacífica para avanzar en la reforma agraria, reivindicando que la tierra cumpla su función social. Solo en el gran latifundio de Arapuel fueron asentados más de 3mil familias.

El MST exige:

-Inmediata investigación, prisión de los policías y personal de seguridad privada, y la condena de todos los responsables –ejecutores y mandantes- por el crimen contra los trabajadores Sin Tierra.

– El apartamiento inmediato de la policía militar y la retirada de la seguridad contratada por Araupel.

– Garantizar la seguridad y protección de las vidas de todos los trabajadores acampados del Movimiento en la región

– Que todas las áreas fraudulentamente apropiadas por la empresa Araupel sean destinadas para la Reforma Agraria, asentando  las familias acampadas.

¡Luchas construir Reforma Agraria popular!

Dirección Estadual Del MST

Traducion: Maria Julia Gimenez

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Paraná será sede durante este fin de semana de la reunión plenaria de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, articulación que desde hace 10 años exige a los gobiernos modifiquen la legislación restrictiva que criminaliza a las mujeres por decidir sobre sus cuerpos.

“Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”. Con ese lema, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, articulación política federal que reúne a feministas activistas y organizaciones alrededor de la demanda, se reúne este fin de semana en plenaria en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, para debatir sobre las mejores estrategias de incidencia para que las mujeres dejen de morir y ser criminalizadas a través de una legislación que configura un Estado restrictivo para los Derechos Humanos.

De la reunión plenaria de la Campaña participarán alrededor de 100 activistas quienes, de forma horizontal, debatirán e intercambiarán experiencias y estrategias sobre cómo llevar adelante la lucha por el derecho al aborto, no solo en relación al poder legislativo nacional sino también a los provinciales en un paradigma gubernamental de ajuste económico y represión política.

Es que a fines del año pasado, en Entre Ríos, una avanzada antiderecho, a cargo del senador provincial Cesar Melchiori, pretendió hacer retroceder la legislación –y los derechos- en relación al protocolo de atención de abortos no punibles –legales-, aduciendo argumentos públicos tales como que “una persona dirá que fue violada por Pedro, se le hará un aborto más allá de que haya sido violada o no”, o que “por lo general a una chica de 13 años es muy difícil que la maten a palos para violarla”, o que “son muy pocos los casos en los que el embarazo es producto de una ‘violación violenta’. Si los violadores son familiares cercanos ´no es violación violenta´”.

De los debates del activismo y la coyuntura nacional

Para Karime Kandalaft, activista feminista e integrante de la Campaña en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, “esta plenaria va a ser intensa, con largos debates”, enfocados “en la autonomía de nuestros cuerpos con capacidad de gestar” y “fuertemente sobre el derecho a decidir que cada una tiene sobre su cuerpo”. “Tenemos que ser las más combativas”, dice Karime, porque “difícilmente el proyecto llegue al Parlamento”. “A este gobierno de derecha no le importa nuestro reclamo y si nosotras no avanzamos con una pisada fuerte ponemos en riesgo los derechos conquistados”.

“Tenemos que acorralar al patriarcado para que no pueda avanzar sobre nuestros cuerpos nunca más”, sostiene Karime, quien esta semana y como si las y los antiderechos anticiparan la plenaria, fue violentada con pintadas que la agraviaban, “hay una derechización en el país y el mundo, un retroceso en cuanto a nuestros derechos que se está dando en lugares donde pensamos que todo estaba conquistado, y por eso, si el mundo está cambiando, nuestro rol como activistas también debería cambiar”. Afirma que “la Campaña es un movimiento de vanguardia que encabeza todas las luchas rompiendo límites, fronteras y despertando conciencias”, “no me imagino la lucha feminista de otra manera”.

La Campaña surgió en el Encuentro Nacional de Mujeres de Rosario de 2003 y constituye una estrategia federal y feminista destinada no sólo a adecuar las leyes a las prácticas sociales en búsqueda del reconocimiento de los derechos y las decisiones de las mujeres sino también a disputarle poder político al heteropatriarcado capitalista. Mujeres pobres y jóvenes siguen muriendo por causas evitables en toda Nuestra América y el aborto clandestino sigue siendo un negocio con muchas complicidades a pesar de la fuerza con la que se articula la demanda.

“El desafío alrededor del proyecto de la ley de aborto es aggiornarse y debatir sobre quien es protagonista político del derecho al aborto, ha habido avances en cuanto a la ley de identidad de género, se han reformulado toda una serie de conceptos, por ejemplo, la utilización del término ´personas con capacidad de gestar´ con el compromiso de dar el debate sobre quienes somos las que abortamos”, sostiene Karime. “Las personas que abortan ya no son solamente mujeres sino que las lesbianas y los trans también abortamos y estamos todas por el derecho a decidir”.

Para la activista, el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) de la Campaña, presentado en el Congreso sucesivamente desde 2007, tiene que estar “en la línea de fuego”, y afirma que el activismo tiene que “ser progresivo y revolucionario como siempre fue el movimiento feminista”.

Según sostiene, el proyecto de la Campaña es más que un texto legal, es una herramienta política que ha permitido a la sociedad hablar de aborto pero también de salud y educación sexual integral, reclamar y denunciar las faltas y fallas que puede llegar a tener el sistema sanitario hegemónico y patriarcal y hasta exigir el estado laico. “Debemos asumir el compromiso de superar nuestros logros y de acostumbrarnos a que cada escalón que subimos nos pone un poco más arriba, un poco más cerca de nuestro objetivo” y por eso, “tenemos que tomar el Parlamento con un documento que sea revolucionario”.

Diez años de Campaña, diez años de activismo e incidencia

“Nuestra ley siempre fue la punta de lanza para abrir otros espacios de diálogo, siempre fue una ley visionaria, progresiva, que reclamaba derechos y luchas que, si bien son históricas, hasta hace poco tiempo, eran un tema tabú”, sostiene la integrante de la Campaña, “hace 10 años ni hubiéramos pensado que se podía hablar (de aborto) en la universidad, un aula o nuestros propios trabajos”.

“La sociedad avanzó y el gobierno retrocede”, afirma, “en estos 10 años se ha instalado la decisión del aborto, con libertad podemos charlarlo a plena luz del día, sin necesidad de escondernos”, “el aborto lentamente está saliendo de la clandestinidad y se está configurando como un derecho”.

Las consecuencias de que los Estados criminalicen las acciones de las mujeres que no quieren ser madres, que no quieren adecuar sus conductas a las normas hegemónicas, redundan en la postergación del reconocimiento de los Derechos Humanos de las humanas. “Aunque nos escrachen o nos tiren con el protocolo anti piquetes tenemos que seguir con nuestro activismo, en el Parlamento y en las calles”, concluye Karime, “lo que siempre nos permitió avanzar como feministas es la ley de aborto”.

En Argentina más de 100 mujeres mueren anualmente por causas relacionadas a abortos inseguros. Desde hace más de 20 años, los abortos practicados en condiciones de riesgo son la primera causa de mortalidad materna y representan un tercio del total de esas muertes. Se realizan en nuestro país entre 486.000 y 522.000 abortos clandestinos al año. La mortalidad por esta causa se registra mayoritariamente en mujeres pobres y de escasos recursos.

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